Opinión
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Entre 2015 y 2019, el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, pagó ¡787.000 millones de pesos! por concepto de siniestralidad de la cartera del Crédito de Fomento, en una tendencia creciente y acelerada, desde 54.000 millones en 2015, hasta 252.000 millones en 2019
En 2019, el 85% de esos incumplimientos, equivalente a 215.000 millones, correspondió a créditos fallidos de pequeños productores, casi igualando la cifra de nuevas garantías otorgadas a ese segmento durante el año, por 219.000 millones de pesos.
¿Qué está pasando? ¿Acaso los pequeños productores se embarcan en cuantías exorbitantes? No. Ese no es el problema. Los 215.000 millones reclamados al FAG durante 2019 por incumplimientos de pequeños productores, corresponden a 41.000 créditos, lo cual arroja un promedio simple que apenas supera los 5 millones de saldo impagado por deudor.
¿Acaso los campesinos son “malas pagas”? Tampoco. El problema no es de cultura de no pago. Por el contrario, el campesino tradicional, en medio de su sencillez y su pobreza, es devoto del valor de la palabra empeñada y el cumplimiento de sus compromisos.
La respuesta la expresé al desgaire en el planteamiento inicial: se trata de créditos fallidos, o mejor, de “proyectos fallidos” desde su origen; huérfanos de Asistencia Técnica Integral que garantice su viabilidad como criterio de aprobación, y su posterior ejecución exitosa.
Para muchos productores, la asistencia técnica se surte, cuando mucho, con una precaria visita de control de inversión, y listo. Así ocurre en la cartera de redescuento, administrada en un 79% por el Banco Agrario y refugio de los pequeños. En la sustitutiva, a los bancos no les interesa y a sus clientes menos, pues en su mayoría no son productores rurales.
Durante cinco años, FEDEGÁN desarrolló un proyecto exitoso de “Gestión Crediticia” bajo el concepto de “Asistencia Técnica Integral”, con colocaciones que alcanzaron los 180.000 millones de pesos; un verdadero “acompañamiento” al productor, desde una caracterización inicial, diseño del proyecto productivo, estructuración del crédito cuando fuera necesario, control de inversión y seguimiento del proyecto hasta volverlo rentable. Así pues, mi convicción sobre este tema no es solamente conceptual, sino experiencial.
Y ¿cuál es el objetivo de la Asistencia Técnica Integral?: El inmediato es el aumento de la productividad. ¿Para qué?: para que el productor mejore su rentabilidad y su ingreso, pero no solo con la finalidad de que le alcance para pagar la deuda, sino con una de profundo sentido social, el verdadero objetivo: mejorar sus condiciones de vida y, para el caso del pequeño, convertirse en palanca para superar la trampa de pobreza y acceder al bienestar que le ha sido esquivo.
La Asistencia Técnica Integral, ligada al crédito de fomento, debe ser obligatoria y un servicio tercerizable a través de los gremios de la producción, como primer contacto con el productor, sin menoscabo del papel de las Empresas Prestadoras del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (EPSEA). Así concebida, está llamada a jugar un papel clave en la transformación del campo a través de la modernización productiva desde sus bases: los pequeños y medianos productores.
Es importante fortalecer el FAG y crear un Sistema Móvil de Garantías Agropecuarias, como instancias de aseguramiento frente a la ocurrencia de un siniestro; pero la mejor garantía para un crédito, y el mayor beneficio para el productor, es una Asistencia Técnica Integral que evite la ocurrencia del siniestro y le permita un mejor futuro.
Un proyecto viable financiado con crédito de fomento no es aquel que logra pagarle al banco; es aquel que logra transformar la vida del deudor.
Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2020
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- La excelente primera columna de Daniel -el viejo- en ¨Los Danieles¨, -los jóvenes- ha servido para poner a reflexionar, a la Colombia que estudiaba, cavilaba y razonaba.
Algo más avieso tiene esa proteína envuelta en grasa, que apareció como una corona conducida por un virus que aterra al mundo.
Covid-19, encegueció a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes y a los falsos líderes que manejan las cosas a su antojo. Hizo florecer, aparecer y fortalecer el desprecio, el odio y la inquina con que se maneja la paz, para depositarlos sobre los ancianos, viejos y abuelos, que aún, y quien sabe por cuento tiempo más, no han pasado a ¨chupar gladiolo¨.
Ese numeroso grupo poblacional colombiano, el que tanta gloria le ha dado a este país, en las letras, la honesta política, las sanas costumbres, la justicia, la equidad y la sociabilidad, fue confinado a cuatro paredes, so amenaza de lanzarlo a las garras de la corona.
Son más de 5 millones de compatriotas los que no han vuelto a ver el sol. Fueron condenados a las chancletas y a la ropa alcanforada que salió de los anaqueles.
Antiguamente a los mayores de 60, se les trataba con respeto. Existía un vocablo que desterraba los falsos títulos que frecuentemente hoy usurpan sin mérito, los hijos de los ¨prohombres¨. Nadie reclamaba el mote o remoquete de ¨doctor¨, que con furia exigen quienes a duras penas han cursado un pregrado.
Señor o señora, eran los títulos que la hidalguía y el abolengo le confería a los viejos, abuelos o adultos mayores.
Recuerdo mis encuentros con Iván Duque Escobar, cuando acudíamos al Rochester, donde Juan Pablo Aljure nos entregaba las notas de nuestros hijos, educados en tan laureado claustro. Por estas calendas, al exministro, lo hubieran condenado a las cuatro paredes que merecemos los mayores de 60. Eran otras épocas que los ¨muchachos de hoy¨, no han vivido, pero que en el 2050, harán parte del 14 por ciento de los viejos, abuelos o adultos mayores colombianos, con amigos ausentes a los que llamarán ¨finados¨.
Hasta hace muy poco, esos vejestorios, garantizaban rectitud en la justicia, en los altos cargos, las letras, el deporte y la cultura. Eran miembros imprescindibles de foros y ¨Grandes Comisiones¨, que analizaban profundas decisiones de Estado. Eran miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores, para evitar erróneas decisiones que últimamente nos han costado prestigio y seriedad.
Hoy son estorbos, a los que solo les preguntan: ¿de qué me hablas viejo?
BLANCO: El apoyo que se merece nuestra aviación, si queremos turismo.
NEGRO: Las lanchas que se llevó el rio para Venezuela.
Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2020
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Guillermo García Realpe*.-A medida que crece la pandemia en Colombia, crece con ella las preocupaciones de muchas regiones, las mismas que han estado en el más completo olvido estatal y que ante la crisis su situación se agudiza en todos los frentes.
Departamentos fronterizos hoy están en la mira del covid-19 y ciudades importantes como Leticia, Amazonas y en Nariño, Tumaco e Ipiales son epicentro de la propagación del virus, sin que haya un muro de contención en materia sanitaria que lo contenga.
Por si fuera poco estás regiones son escenario de miles de migrantes que proceden de otras latitudes, especialmente de países como Brasil, Ecuador o Perú, naciones que hoy registran las más altas tasas de contagios en la región, y eso es muy preocupante, en primer lugar, porque no hay controles efectivos por parte de las autoridades, ni sanitarios en el nivel requerido por los organismos de salud correspondientes. Entonces, esa combinación de factores tiene hoy expuestos a grandes territorios del sur del país, sin que medie alguna acción efectiva por parte del Gobierno Nacional.
La frontera Sur es sumamente riesgosa, porque Nariño y Putumayo están limitando con un país en un altísimo riesgo que es el Ecuador, el país más complicado en Latinoamérica después de Brasil.
En nuestra frontera con el Ecuador, tenemos el más grande problema en Tumaco e Ipiales que tiene el mayor número de contagiados, con 136 y 106 casos respectivamente, incluso contagiado el Batallón Militar del grupo Cabal de Ipiales. En total hoy (domingo 10 de mayo) Nariño tiene 300 casos y la cifra tiende a elevarse con el paso de los días y lo que vemos es que no estamos preparados para enfrentar un nivel de contagio a gran escala.
Ahora, en el caso puntual del Amazonas, prender las alarmas por las circunstancias críticas que vive ese departamento, hoy tiene el índice más alto por cada 10 mil habitantes de personas con contagios y solamente tiene dos camas UCI disponibles para atender la emergencia de más de 527 contagiados (a cifras de domingo 10 de mayo) en medio de una frontera complicada con Tabatinga y Manaos que se puede convertir en el Brasil lo que es Guayaquil en el Ecuador.
Todo lo que ocurre en nuestro sur del país en temas de salud lo hemos puesto en el contexto nacional, lo hemos dicho en múltiples ocasiones y las preocupaciones de la gente transmitidas ante las más grandes instancias, pero vemos que no hay una respuesta que contribuya a solucionar lo que hoy las regiones piden a gritos.
Por ejemplo, es inaudito e inadmisible que en todo el Pacífico nariñense y caucano, en un millón de habitantes no haya una sola unidad de cuidados intensivos, entonces ¿qué cobertura en salud es esta? Es una cobertura teórica, que no corresponde a la realidad.
No hay dotación suficiente en nuestros hospitales, no se ha incrementado ningún ventilador, ni mucho menos UCI en estos departamentos del litoral nariñense y caucano. Tampoco se ha pagado un solo peso de la ley de punto final en estos dos departamentos, tampoco en Caquetá y para rematar, además de la salud que está en crisis se vive otra que es la alimentaria, esa otra pandemia de hambre que debemos evitarla.
Ante la crisis expreso toda mi solidaridad a estas regiones, en particular al sector médico y todo el personal de salud que son los que han sacrificado hasta su vida, hoy ellos están en una situación muy precaria, trabajando prácticamente como reza el dicho popular con las uñas, exponiéndose de frente a éste enemigo silencioso y exponiendo también a sus familias.
Espero que el Gobierno Nacional tome acciones oportunas, reales, palpables para las gentes de estos territorios que hoy sufren por partida doble, haciéndole el quite al virus y por el otro lado luchando para garantizar su seguridad alimentaria, con las cuales se han cometido abusos por parte de gobernadores y alcaldes que los ha denunciado la Contraloría General de la República, ojalá más temprano que tarde logremos superar esta crisis y volver a renacer cono Nación, nuestro país no aguantaría una nueva tragedia.
Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Jorge Enrique Robledo*.- Entre las frases más equivocadas que se recuerden está la de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez agrediendo a quienes reclaman que el Estado los respalde mejor en la crisis del Covid-19: “Esto acá no es atenidos a ver qué hace el gobierno por cada uno de nosotros”, afirmó, sin nunca rectificarlo a cabalidad.
Ese “atenidos” a lo que les dé “el gobierno” tiene la connotación de definir a los necesitados –incluidos a sectores empresariales– como una especie de zánganos que si sufren más por la pandemia, es por su exclusiva culpa, en tanto –sugiere– los no “atenidos”, como ella y otros pocos a quienes les va de maravillas, no piden que el Estado haga algo a su favor.
Todo lo que existe en Colombia es, así no se entienda o se niegue, el fruto del esfuerzo de toda la Nación: de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los informales, las clases medias y el empresariado, con cada uno jugando su papel, en la casi totalidad de los casos en un puesto que no escogió sino que le impuso la sociedad. Como se pregunta Claudia López, ¿habría podido ser alcaldesa de Bogotá si hubiera sido la hija de una mujer negra y cabeza de familia, nacida en una población remota del Chocó?
La posición democrática frente a la vida empieza por entender esta realidad y asumir una actitud de consideración y respeto por quienes no pudieron ubicarse en mejores ocupaciones en un país que además ofrece tan pocas oportunidades porque, antes de esta crisis, ya tenía a muchísimos entre desempleados y rebuscadores, más otros cinco millones ganándose la vida, ¡como excelentes trabajadores que son!, pero en otros países.
Si alguna pregunta debe responderse en Colombia, es por qué hay otros países de economía de mercado en los que sus pueblos no sufren las condiciones ignominiosas que sí padece un número tan grande de nuestros compatriotas. Por qué en ellos la crisis del coronavirus, que también los golpeará, no cae sobre una Nación tan débil ni agravará los altísimos niveles de sufrimientos que ya se padecían aquí, pregunta que no tiene si dos respuestas posibles: porque hemos sido tan mal gobernados, que ni siquiera ha existido un sueño de modernización inspirado, realmente, en los países más exitosos, o porque, muy acordes con la doctrina de los atenidos, se le da una explicación racista y clasista al cada vez mayor fracaso del desarrollo nacional.
La teoría de los atenidos, palabra que significa que “les gusta vivir a costa de los demás”, no se les puede aplicar a los colombianos en general por la simple razón de que aquí a los pobres y a las clases medias nunca nadie les ha regalado ni les regala nada. Y no solo por lo ya señalado sobre su aporte insustituible a la construcción del país, sino también porque ellos, mediante impuestos indirectos como el IVA, regresivos por definición, contribuyen con más de la mitad del recaudo de la Dian, además de la renta que pagan la clase media empleada y la que trabaja por cuenta propia. Que no crea la alta burocracia, a la que podría calificarse de mantenida por las gabelas oficiales de las que disfruta –calificativo que no uso contra nadie–, que no se nota que los planes asistencialistas, tan útiles para arrear electores a las urnas y tapar el mal gobierno, en buena medida consisten en echarles a las gentes en un bolsillo lo que, antes, les sacaron del otro.
También hay que entender que ni en Colombia ni en ningún país del mundo, se ha creado un solo patrimonio privado, ni grande ni pequeño, sin el aporte de toda la Nación y sin el respaldo del Estado financiado por ella. ¿Sin la educación pública, el sistema eléctrico, la policía y la Justicia, los bancos serían lo que son? ¿No se sabe que su gran éxito lo han diseñado entre ellos mismos y los ministros de hacienda, el Banco de la República y los jefes de Estado? ¿Existiría el comercio nacional e internacional sin las vías que hemos pagado entre todos? ¿No fue la Ley 100 la que les entregó a las EPS, que poquísimo aportaron de sus bolsillos, el derecho a ganarles plata a 40 billones en pesos de hoy? ¿No son las altas tarifas de los servicios públicos domiciliarios el producto de unas fórmulas oficiales que nadie entiende pero que sí les aseguran ganancias exageradas?
Si algo está confirmando la crisis de la pandemia, es que la economía de mercado no es antagónica con la intervención del Estado en la economía –el capitalismo de Estado es su nombre–, porque sin ese respaldo no podría desarrollarse y caería en el caos en las crisis que periódica e inevitablemente la afectan. Luego el único y verdadero debate que hay es si ese capitalismo de Estado se pone al servicio del subdesarrollo de los países o de su desarrollo, de modernizarse realmente, empezando por respaldar en serio la industria y el agro, la ciencia y la educación y las mejores condiciones de vida y de trabajo de sus habitantes, luego de renunciar a unas doctrinas calculadas para servirles a otros pero no a nosotros.
Bogotá, 8 de mayo 2020.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- A riesgo de ser crucificado por las redes sociales debo decir que para el país es necesario que Avianca siga operando. A pesar de que su residencia fiscal sea Panamá y sus actuales dueños no sean colombianos, a pesar del mal manejo de la huelga de los pilotos, a pesar de los miles de reclamos de sus usuarios, a pesar de que abuse con los precios de sus pasajes. Pero rescatar a la empresa es muy distinto a salvar a sus dueños.
Avianca moviliza a más de la mitad de los pasajeros aéreos en este país de geografía accidentada, con carreteras deficientes y sin tren; además es la principal conexión del país con el mundo. Los costos económicos y sociales de una eventual desaparición de Avianca serían enormes, y no solo para los 15.000 empleados que quedarían en la calle y los miles empleados de proveedores que le prestan servicios.
En todo el mundo se consideran las aerolíneas nacionales como un activo estratégico del país y ante la crisis financiera que enfrentan por la pandemia, están recibiendo multimillonarias ayudas con recursos públicos, aún algunas que están al borde de la quiebra. En Estados Unidos, las 10 principales aerolíneas recibirán USD 25.000 millones; en Europa y Asia, los gobiernos han destinado miles de millones de dólares para empresas como Lufthansa, AirFrance, Alitalia, Singapore Airlines, Thai Airlines, JAL y ANA. Unas como préstamo, y la mayoría como aportes de capital, es decir que el Estado se convierte en accionista, a veces mayoritario. Si el Gobierno tomara la decisión de rescatar a Avianca deben cumplirse ciertos requisitos y condiciones que se derivan de la necesidad de proteger los recursos públicos cuando sean utilizados para ayudar a empresas privadas, además del obvio de que debe volver a tener residencia fiscal en Colombia.
El primero y más importante es que se trata de salvar a la empresa y sus empleados, y no a sus dueños. Por eso no puede ser un crédito preferencial ni con garantía pública, sino una inyección de capital, lo que implica que los actuales accionistas se diluyen y pierden participación y el control de la compañía. No se trata de una nacionalización forzosa, pues los accionistas pueden rechazar la ayuda. Segundo, tampoco se trata de salvar a los acreedores ni utilizar recursos públicos para pagar créditos que hoy no tienen posibilidad de recuperación, de manera que los bancos prestamistas también tienen que contribuir al rescate, bien sea reduciendo el valor de sus créditos o capitalizándolos. Tercero, debe haber un compromiso de evitar al máximo el despido de personal; pero bajo el principio de todos ponen los trabajadores también deberán aceptar que para salvar sus empleos puede ser necesario reducir, así sea temporalmente, sus ingresos. Cuarto, el mecanismo que se diseñe debe ofrecerse en iguales condiciones a todas las aerolíneas colombianas que también han tenido que paralizar sus operaciones y enfrentan dificultades financieras.
Cali, 10 de mayo de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Los aforos que se han venido haciendo y rehaciendo vertiginosamente durante los últimos días sobre los costos fiscales que tendrá el coronavirus pueden apreciarse en el título de este artículo: ya van en 53 billones de pesos
Veamos cada una de los componentes de esta sumatoria y su significado para las finanzas públicas del país.
Cuando estalla la crisis a comienzos de marzo, el ministro de Hacienda declara que el Gobierno cree poder manejar la inesperada situación sin necesidad de recurrir a nuevos empréstitos. Es decir, a cero costo.
Vana ilusión: quince días después se reúne la comisión técnica de la regla fiscal y amplía el margen de déficit autorizado al Gobierno del 2,2% al 4,9% del PIB. Esto en buen romance significaba que ante la gravedad de las circunstancias era tolerable un endeudamiento adicional de 27 billones de pesos.
En esa misma reunión, un grupo de los miembros de la comisión opinaron que probablemente un endeudamiento adicional de 27 billones no iba a ser suficiente para atender las necesidades de la inmensa crisis. Y que por lo tanto sería prudente agendar una nueva reunión para ampliar el déficit fiscal autorizado. Y así ocurrió, tal cual.
Pocos días después se decreta la emergencia económica al amparo de la cual se expide el decreto 444 del 2000 en virtud del cual se arbitran mediante operaciones de endeudamiento internas del Gobierno central con las entidades territoriales por 14 billones.
Para atender lo que pudiéramos denominar los gastos “de primeros auxilios” de la emergencia (transferencias no condicionadas a los sectores más desvalidos, giros a los hospitales, etc).
Y el lunes de esta semana se reunió nuevamente la comisión asesora de la regla fiscal como se había solicitado y autorizó aumentar el déficit tolerado de 4,9 al 6,1% del PIB. Lo que significa un nuevo ensanchamiento del déficit en12 billones de pesos.
Y ahí vamos...es decir: O+14+27+ 12 = 53 billones de pesos. “Así va el costo fiscal por la pandemia”
Y esto sin contar lo que puedan requerir las grandes municipalidades del país, comenzando por Bogotá. La Alcaldesa en reunión que sostuvo con el Presidente Duque habló, por ejemplo, que esperaba recibir apoyos del Gobierno central por 30 billones para ejecutar su plan de desarrollo, ahora centrado en inversiones de infraestructura y de carácter social para reconstruir la maltrecha situación laboral de la capital. Bogotá va a salir al mercado también con un ambicioso programa de colocación de bonos.
O sea: por el solo lado del Gobierno central ya vamos en requerimientos para financiar el programa de gasto público contra cíclico de la pandemia en 53 billones de pesos.
No sería sorprendente que esta cifra a la postre resulte siendo mayor, si sigue agravándose la situación laboral del país con el confinamiento. Y si se resuelve aumentar el subsidio a las nóminas con cargo al presupuesto nacional. Los inactivos están creciendo como espuma. La última encuesta del Dane dio cuenta que en el último mes, sin tomar en cuenta todavía abril que es el mes más duro, los inactivos habían subido en 1.600.000.
En la segunda emergencia declarada el jueves de esta semana se dio un primer paso, al subsidiar directamente las nóminas con $ 350.000 por cada trabajador y por tres meses en aquellas empresas cuyas facturaciones se hubieran caído un 20% durante el confinamiento.
Los aforos -vía más endeudamiento- van, pues, en 53 billones hasta la fecha. Suma inmensa pero que no debe hacernos perder la calma. Todas las grandes crisis y las guerras en la historia se han financiado inicialmente con enormes endeudamientos públicos. Endeudamiento que luego, cuando pasa la emergencia, se van recogiendo con nuevos tributos y con el simple crecimiento de la economía cuando las aguas retornan a orillas más tranquilas.
Mientras tanto, y habiendo desechado por el momento una reforma tributaria, hay que iniciar una tarea intensa de consecución de créditos para financiar ese gran programa de 53 billones de gasto contra cíclico para la reconstrucción de la economía de la pospandemia. El Gobierno está en eso, y ya comenzó la tarea ante el FMI y el BID y seguramente lo está haciendo también ante el Banco Mundial y la CAF. Así manejamos la crisis en 1998-1999: comprometiendo con ayudas crediticias a todas las entidades multilaterales.
La posibilidad de tocar la puerta el Banco de la República es, por último, una opción que debe quedar abierta si lo que se obtenga con las multilaterales no fuere suficiente .Es una opción que se justifica en las circunstancias actuales. Y la contempla la Constitución Nacional, precisamente para emergencias mayúsculas como la que estamos afrontando.
Bogotá, D. C, 10 de amyo de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Amylkar D. Acosta M*.- La actual crisis por la que atraviesa el país y el mundo tiene tres aristas, la de la salud, la de la economía y la social, interrelacionadas entre sí, de modo tal que la una sigue la suerte de las otras. El premio Nobel de Economía Amartya Sen lo ejemplifica muy bien: “si bien la presencia del virus mata gente, la ausencia de sustento también lo hace”. Dicho de otra manera, sin vida no hay economía y la plata para salvar vidas sale de la economía, son dos variables de una misma ecuación!
Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, “están en juego muchas vidas y muchos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el COVID – 19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso.
Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco, “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de las desastradas economía y las finanzas públicas, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia del COVID-19.
Pero, la pandemia sólo sirvió de detonante y catalizador a la vez, toda vez que la economía global no había terminado de reponerse de la honda crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre tanto, las economías de Latinoamérica estaban en plena resaca, después de embriagarse con el largo ciclo de precios altos de los commodities, 2003 – 2012, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo. De allí que, después de muchos años durante los cuales el promedio de crecimiento de la economía de la región se situaba por encima del crecimiento promedio de la economía global, se invirtieron los papeles y desde entonces su crecimiento ha estado por debajo de dicho nivel.
Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en la región. En Colombia particularmente, para el año 2003, casi el 59 % de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en el 2016 este porcentaje disminuyó al 39,6 %. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, en el año 2008 se revirtió esta tendencia al pasar del 26.9% en 2017 al 27% en 2018, 190.000 habitantes cayeron en la trampa de la pobreza. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31%, superara el porcentaje de pobreza, el 40% de ella se tornó vulnerable, con un pie en la clase media y el otro pie en la pobreza.
En muy buena medida este retroceso en los indicadores sociales se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9% en 2011 al 3.3% en 2019; además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5% en 2012, a poco andar cayó al 3.5%. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los tratados de libre comercio (TLC) que se firmaron a troche moche, a tontas y a locas, el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos pasó del -3.3% en 2013 al - 4.3% en 2019.
Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de desempleo de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5%, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del 47% (¡!). Según el DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4% de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90% de las empresas se clasifican como MIPYMES.
El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo de que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en el 2016 a 15.7% del PIB, en contraste con el 19.2% del PIB del gasto público. Esta brecha de casi 4 puntos porcentuales se agiganta sin remedio dado que según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Ello explica el déficit fiscal estructural crónico que acusa la Nación, el cual pasó de - 1.8% del PIB en 2014 a - 2.5% en 2019.
Cota, mayo 9 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera.- El acceso al crédito es una de las mil caras de la inequidad que afecta al campo colombiano. A nivel macro, el sector agropecuario aporta el 6,2 % del PIB y recibe el 4,9 % del crédito, aunque solo 1,2 % llega a los productores rurales.
La industria aporta el 11,9 % del PIB, mayor capacidad de generación de riqueza que obedece, en gran medida, a que recibe el 20 % del crédito. Solo así se entiende que el sector rural participe apenas con el 2 % de la Formación Bruta de Capital Fijo, que no es otra cosa que ausencia de tractores, equipos de ordeño, riego y un largo etcétera. Mejor dicho, trabajamos con las uñas, mientras la industria se lleva el 26,1 % de la capacidad de equipamiento.
A nivel micro las cosas no pintan mejor. El Censo Agropecuario de 2014 encontró que, de dos millones de productores, 1,7 eran residentes rurales y, de ellos, 1,5 millones, ¡el 88 %! eran pequeños, una situación que no ha variado sustancialmente. Por eso no es extraño que, de 2,7 millones de unidades productivas, menos del 10 % tenía acceso al crédito y solo el 16% construcciones, maquinaria y asistencia técnica.
En ese escenario de baja cobertura, y sin desconocer los esfuerzos de Finagro, es poco significativo que más del 80% de los créditos corresponda a pequeños productores, si además el recurso está mal repartido, pues el 3 % de los créditos se lleva el 71 % del valor y, por si fuera poco, sabemos que el 75 % se desplaza hacia los eslabones de transformación, comercialización y servicios de apoyo.
Son evidentes las fallas del mercado del crédito agropecuario. De nada sirve que haya recursos por $1,2 billones disponibles para crédito de redescuento, si los bancos le tienen “pereza” a esa modalidad y, sobre todo, al productor ligado a la tierra y los animales, pero con mayores niveles de riesgo, menor capacidad de garantías y, por ello, privado de acceso efectivo al crédito.
“La garantía”, además de ser una de las principales barreras de acceso al crédito, una vez constituidas las hipotecas, se convierte en un “cerrojo” que encierra al productor “de por vida” en el cerco estrecho de un solo banco, amparando muchas veces deudas irrisorias durante años. Las hipotecas, por sus altos costos de constitución y de traslado a otra entidad, impiden la movilidad al dejar amarrado y sin alternativas al deudor frente a nuevas necesidades de crédito.
Desde Fedegán hemos propuesto un Sistema Móvil de Garantías administrado por Finagro, como administrador del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Será a Finagro, y no a los bancos, a quien el deudor hipoteca sus activos; y será Finagro, como administrador, quien expida títulos hipotecarios de primer grado y de fácil aceptación por los bancos, una vez el demandante del servicio compare tasas, plazos y demás condiciones, hasta encontrar las de su conveniencia en un mercado libre del crédito, con el valor agregado de que una sola hipoteca podrá amparar préstamos con diferentes entidades.
Tomo prestado el título del memorable libro de los esposos Friedman, “La Libertad de elegir”; para marcar esa gran diferencia. El productor no saldrá a la faena casi humillante de “pedir” crédito, sino al mercado a escoger a quien “le ofrezca” mejores condiciones dentro de una abierta competencia.
Pasaremos de un mercado de compradores “sin alternativas” ante los bancos, a uno de vendedores compitiendo por clientes de crédito, con garantías disponibles y, sobre todo, con “libertad de elegir”. No dudo del impacto transformador de esta propuesta en la urgente capitalización del campo.
Bogotá, D. C, 10 de mayo de 2020
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie.
Por José G. Hernández*.- Es muy grave lo que ha revelado la revista Semana sobre interceptaciones y seguimientos ilícitos y sin orden judicial contra periodistas nacionales e internacionales, políticos de oposición y magistrados, mediante el uso indebido de los mecanismos técnicos de la inteligencia militar.
La libertad de prensa, según lo que se informa, está siendo vulnerada. La FLIP afirma que “en esta ocasión el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones”. Y, además de los periodistas, afirma Semana que han sido “perfilados” políticos, magistrados y defensores de derechos humanos.
Eso es inaceptable en un país que se supone democrático y constitucional, en cuyo ordenamiento jurídico están garantizados los derechos básicos, la libertad de pensamiento y opiniones, la libertad de expresión, el derecho a la información, la crítica, la oposición política, la defensa de los derechos humanos, el ejercicio autónomo de la administración de justicia, el derecho a la intimidad de magistrados, políticos y periodistas.
Con razón preguntan numerosos periodistas en carta dirigida al presidente de la República: “¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?” (…) “¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?” (…) “¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?”.
El artículo 20 de la Constitución garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. El 112 dispone que la oposición puede ejercer libremente la función crítica frente al Gobierno, plantear y desarrollar alternativas políticas. Según el 15, "la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley". Resaltemos: se trata de orden judicial. No militar, política ni administrativa.
La interceptación ilícita de comunicaciones no puede ser función del Ejército. La inteligencia militar no puede ser usada para coartar la libertad, ni para espiar a quien investiga, juzga, informa, critica, protesta o se opone. Eso no es propio de una democracia, ni se admite en un Estado de Derecho.
Es claro que estamos ante la comisión de delitos que deberían ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. Delitos que, además, están afectando el prestigio y el reiterado reconocimiento nacional que merece el Ejército. Por lo cual, es indispensable que se investigue pronto y a fondo y que se establezca quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, de modo que la dignidad de la institución sea preservada.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo.- Nada más preocupante que un nuevo escándalo en las instituciones militares, en semejante crisis que estamos viviendo como es la pandemia. Es la denuncia por seguimientos y perfilamientos ilegales desde la inteligencia militar, de manera ilegal y sin que se sepa por orden de quién, para qué y con qué intención se estaban haciendo.
¿Qué clase de intereses ocultos hay detrás de todo esto?
¿Para qué se estaban haciendo seguimientos a distintas personas pertenecientes a medios de comunicación nacional e internacional, líderes políticos, defensores de derechos humanos y hasta funcionarios del alto gobierno?
¿Qué se pretendía con los llamados perfilamientos que estaban haciendo, que más bien, por lo menos en un caso según se ha sabido, parecerían hechos por un estudiante de primaria?
Todo en este país es como para un nuevo libro de García Márquez. Hasta un alto funcionario que fue seguido por la inteligencia militar y tiene experiencia en el Ministerio de Defensa y otros importantes cargos, sale en declaraciones radiales a decir que la inteligencia y contra inteligencia del Ejército dependen de una misma persona, afirmación que al oírla, todo el que sepa de estructura de Estado y más habiendo trabajado en esa área del gobierno, sabe que sería una locura que sea así.
Minutos después fue rectificado por el Comandante General de las Fuerzas militares quien dijo que sería un absurdo si así fuera.
Entonces, ¿es falta de información de este alto funcionario?
No podemos en Colombia continuar con escándalos permanentes en nuestras Fuerzas Armadas.
Es muy grave las acciones cometidas por parte de varios oficiales que trabajaban en la red de inteligencia del Ejército, pero es aún más grave es que nadie diga qué oficial dio esa instrucción.
No puede ser que como se está expresando en algunos escritos que están circulando se trate de una competencia de poder entre quiénes tienen la responsabilidad actual en los distintos cargos de las Fuerzas Armadas y quienes ya salieron, pero que continúan con vínculos en el interior de las fuerzas. Si esto fuera cierto hay que poner toda la fuerza del Estado para que los responsables no sólo paguen con las medidas de sanción a que haya lugar, sino también con la responsabilidad penal que tendrían sus responsables.
No se puede permitir que el compromiso, tanto militar como de la policía de lealtad, honor y disciplina que deben guardar sus integrantes se rompa. Uno de los grandes problemas que se han venido presentando es la pugna y conflictos en las distintas instituciones armadas entre altos oficiales. Si se deja que continúen estas actitudes los problemas se ahondaran y casos como el de los seguimientos que ahora se han presentado continuarán.
Por último, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía deben actuar con rapidez y dar a conocer tanto los resultados de sus investigaciones ante estas situaciones, como las decisiones y sanciones que cada una deba tomar en cumplimiento del objetivo para los cuales fueron creadas.
Ya el Ministro de Defensa comunicó las determinaciones que el Gobierno tomó. Ahora necesitamos claridad y justicia en las investigaciones, tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2020
*Excomisionado de Paz
