Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como bien dijo el Papa Francisco, “prepararnos para el después es importante”, lo urgente no nos debe llevar a obnubilarnos y a desentendernos de lo importante. Es entendible que no estuviéramos preparados para afrontar y enfrentar esta contingencia, como no lo estuvo ningún país, pero sería imperdonable que una vez superada la pandemia no lo estemos. Tenemos, entonces, que prepararnos para el día después, que no será estar de vuelta al ayer, que quedará atrás con toda su pesadilla y su pesadumbre.

Lo ha dicho claramente la Directora del FMI Kristalina Gueorguieva, “gasten todo lo que puedan, pero guarden las facturas, pues más adelante hay que pagarlas”. El Ministro Carrasquilla anunció la reforma tributaria que será necesaria para pagar la factura, lo dijo muy claro: “esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia…Será necesaria una reforma tributaria”.

Así el Presidente Iván Duque lo desautorizara, por considerar su declaración políticamente incorrecta en este momento, diciendo que “pensar en cómo aumentamos los ingresos no solo es inconveniente sino inviable”. Bien dijo Benjamín Franklin, que lo único seguro es la muerte y los impuestos y ante la encrucijada que se abre con la postpandemia, la única forma de servir la creciente deuda pública será mediante el aumento del recaudo. Ello se predica tanto para los tributos nacionales como para los territoriales.

Ahora bien, de lo que se trata es de establecer cómo se repartirán las cargas impositivas entre los contribuyentes. Al país se le ha venido tomando del pelo hace muchos años, cada vez que se presenta al Congreso de la República por parte de los gobiernos de turno su proyecto de reforma tributaria se dice que esta será “estructural”, sin embargo todas terminan siendo más de los mismo, crear nuevos impuestos y/o aumentar las tarifas de los que están vigentes para aumentar el recaudo y así tapar el hueco fiscal, sin lograrlo. Y no se ha podido corregir el déficit fiscal, ni siquiera se pudo o se quiso aprovechar para lograrlo el largo ciclo de precios altos y el gran auge de los commodities (petróleo, carbón, oro y ferroníquel, entre otros), por la erosión de la base impositiva, la cual se debe al cúmulo de gabelas impositivas (descuentos, deducciones, exclusiones y exenciones) a favor, como diría Jacinto Benavente, de los intereses creados.

Por lo tanto, la reforma estructural pendiente es aquella que permita que el Sistema tributario cumpla con lo que manda la Constitución: que sea equitativo, eficiente y progresivo y ello sólo se puede lograr empezando por el desmonte de todos los beneficios tributarios injustificados. Y, de esta manera tendremos un Estatuto tributario más justo, equilibrando las cargas, que contribuya a ir cerrando la enorme brecha de desigualdad que agobia a la gran mayoría de los colombianos y se puede obtener un mayor recaudo en la medida en que los que más tengan contribuyan más. A ello contribuiría también el combate sin tregua, sin esguinces y sin contemplaciones a la evasión y a la elusión tributaria, la cual, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se estima en niveles cercanos al 30% del recaudo total, una verdadera tronera. Esta es de tal magnitud que el costo fiscal de la evasión en la última década, que alcanzaría la suma de los $365.000 millones, equivalente a 24 veces de lo que costará la primera línea del Metro de Bogotá (¡!).

En lo que hace relación a los tributos territoriales, el país está en mora de revisar, ajustar y actualizar el Estatuto tributario territorial. Como lo dijo el ex constituyente Carlos Rodado Noriega, “en nuestro país no se ha optado por una descentralización fiscal genuina, es decir, aquella que les permitiría a los gobiernos subnacionales recaudar sus propios impuestos para financiar sus gastos, sino que el énfasis se ha colocado en una descentralización espuria, en la que el gobierno central recauda los impuestos más importantes y dinámicos y luego transfiere una porción de ellos a los entes territoriales que tienen la obligación de ejecutar un libreto prediseñado. Al supeditar la autonomía local a los recursos del nivel central se mantiene prácticamente inmodificado el modelo centralista que ha prevalecido desde la colonia”.

Es de destacar que en el transcurso de los últimos 29 años (1990 – 2019) se han aprobado 17 reformas tributarias, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y en ninguna de ellas se previó un mayor recaudo en favor de las entidades territoriales. Ello explica la enorme e irritante concentración del recaudo de impuestos en Colombia, de tal suerte que mientras de cada $100 que se recaudan la Nación se queda con $83.50 (¡!), los 1.103 municipios participan con $11.90 y los 32 departamentos con sólo $4.6 (¡!).

No hay derecho para tanta concentración de los recursos en un país en donde la Constitución política consagra los principios de la descentralización y la autonomía territorial. Enhorabuena, la Ley 1943 de 2018 le ordenó al Gobierno Nacional integrar una Comisión de expertos para presentarle al Congreso de la República una propuesta de reforma del Estatuto tributario territorial. Esta será la oportunidad para balancear las cargas entre Nación y territorios. Esta iniciativa es tanto más urgente como pertinente, ahora que la afectación a las finanzas de las entidades territoriales se les ha infligido tan duro golpe, sin que se vislumbre una mejora en el recaudo en el corto ni el mediano plazo. 

Cota, mayo 30 de 2020

Expresidente del Congreso, Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Durante cuatro semanas he opinado sobre las distorsiones del Crédito Agropecuario, que desvirtúan su misión de “fomento” a la producción rural, tan necesario y urgente, no solo por la importancia estratégica del sector para la seguridad alimentaria y por sus proyecciones exportadoras, sino por su alta vulnerabilidad en el entorno de abandono, ilegalidad, violencia y pobreza en el campo colombiano.

Concluyo este ciclo con un tema que, a pesar de su importancia, ha sido relegado por la política pública agropecuaria, dejándoselo, cuando mucho, a la generosidad filantrópica de la cooperación, ni siquiera de las grandes instituciones multilaterales, sino de una variopinta gama de ONG internacionales. Me refiero a LA ASOCIATIVIDAD.

La política pública debería responder a una realidad evidente y sobrediagnosticada. ¿Por qué se asocia un productor rural? Porque es pequeño, porque compra insumos “de a poquitos” y muy costosos, porque no tiene acceso al mercado y su esfuerzo se lo queda un intermediario. ¿Para qué se asocia? Para comprar insumos baratos, para tener garantía de compra de su producto a buen precio, para que le den crédito y asistencia técnica; en suma, para no sentirse tan pequeño, ni tan solo, ni tan desprotegido.

Esa realidad tiene cifras: 11 millones de colombianos viven en el campo y el 38 % son pobres. De algo más de 2 millones de productores rurales, 1,5 millones son pequeños. El Censo Agropecuario de 2014 encontró que, de 2,7 millones de unidades productivas, menos del 10 % tenía acceso al crédito y solo el 16 % construcciones, maquinaria y asistencia técnica.

Pero a pesar de la alarmante necesidad de los pequeños por asociarse para dejar de serlo, asociarse no es fácil, es costoso, no hay una entidad visible del Estado que promueva la asociatividad rural, que haría más fácil, entre otras cosas, un verdadero Programa Nacional de Asistencia Técnica.

La política pública, sin embargo, no favorece esa necesidad. Para la muestra un botón: De los 19,24 billones de crédito Finagro en 2019, solo el 13 % llegó a pequeños productores, y si alguien piensa que así fue porque existe una política para incentivar la asociatividad a partir del crédito de fomento, pues se equivoca, porque en el mismo año solo se aprobaron ¡13 créditos! para pequeñas asociaciones por 20 mil millones; un porcentaje que no registra mi calculadora.

¿Por qué las pequeñas asociaciones, que las hay muchas, no llegan a Finagro y prefieren opciones como las cooperativas de ahorro y crédito? Porque si asociarse no es fácil, conseguir un crédito “asociativo” lo es menos, pues tampoco son del gusto de los intermediarios del crédito Finagro y los trámites son dispendiosos, a lo que se suma que la garantía solidaria de los asociados, además de sobregarantizar el crédito, es una amenaza para el precario patrimonio de un pequeño productor.

Sobra decir que ese aparente desconocimiento de la realidad no está desconectado del debate demagógico sobre la tierra y del “negacionismo” de la dramática situación de minifundio rural y de pobreza.

Según el IGAC hay 48,5 millones de hectáreas de propietarios privados, y según catastro 4,4 millones de predios rurales, para un promedio de 11 hectáreas por predio. ¡Cuál latifundio! Claro que hay producción empresarial que sobrepasa ese promedio, para fortuna de la seguridad alimentaria, el empleo rural y las posibilidades exportadoras, pero lo que predomina es la producción minifundista, enaltecida con intereses populistas, pero sufrida por el que la sufre.

A ese pequeño productor que no quiere serlo, porque nadie quiere ser pobre, hay que ayudarle a superar la pobreza a través de asociatividad como política de Estado.

Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortíz*.- Colombia, al igual que otros países del mundo utilizaban la calle para expresar sus descontentos, cuando una alucinante corona irrumpió al iniciarse el 2020.

Coronavirus recibió la más apabullante y monstruosa divulgación, montada en diminuto y grasiento germen que ha convertido al mundo, en universal prisión.

Parte de los dueños aprovecharon al infinito para ocultar culpas, errores, abusos y corrupción y apoderarse de la mal repartida riqueza; de lo visible y lo invisible. El resto, los hidalgos benefactores de bata blanca, confinados junto con la generalidad del ser humano, se dedicaron a buscar en los tubos de ensayo y sus cuerpos como conejillos de indias, una contra segura y tranquilizante.

Colombia y el mundo entero quieren impedir la hecatombe final. Lo que por años habían edificado puede cambiar hasta de nombre. Lo están experimentando, lo ven pasar. Hoy solo el sol aparece gratuitamente, pero se les niega a los niños y a los viejos.

Los cultores del turismo, para poner un ejemplo bien preocupante, ven como se arruina esa actividad, al igual que inmensas inversiones y abundante empleo.

Colombia es uno de los países de esta parte del mundo, en donde empezaba a florecer. Se trabajaba activamente en fortalecer la llamada industria sin chimeneas. Sitios, infraestructura y servicios han sido abandonados por quienes organizan la reactivación del país en la poscovid.

Contabilizan más de dos meses de parálisis, sin crédito amigable, sin apoyo gubernamental, tratando de mantener empleo, infraestructura y experiencia, con la esperanza de un despertar que ven cada vez más lejano.

Colombia había logrado que la paz firmada por el Nobel Santos atrajera abundantes turistas y visitantes que querían apreciar este fascinante proceso, atenuado ahora por modificaciones a los acuerdos, petardos y asesinato de líderes.

Los líderes de la industria turística luchan más que nunca por sostenerla y fortalecer la atrayente paz.

Tenemos magníficos alojamientos, excelentes restaurantes, transporte envidiable. Pero la angustiosa pausa, producto del covid-19, la falta de atención por parte de quienes programan la reapertura, la angustia financiera, ausencia de apoyo oficial, caja para compromisos laborales, suspensión de vuelos internacionales, tienen en vilo al sector que genera parte importante de las divisas que requiere nuestro país para superar la crisis económica que dejará la pandemia.

Ante la ausencia de un Estado protector, nace el ¨trapo rojo¨, al que urge atender, antes que reaparezcan calles y cacerolazos, con todas sus secuelas y sin coronavirus.

BLANCO: Carrera séptima sin Transmilenio.

NEGRO: Los ¨cambios de fondo a la paz¨, que anuncia mindefensa.

Bogotá, D. C, 30 de mayo de 2020

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- No hay duda acerca de la existencia de un virus que en la sociedad colombiana, viene minando a los que, hasta hace poco, eran los postulados básicos del Derecho. Afortunadamente, no es un virus mortal; se ataca mediante la educación -que es la vacuna- en las facultades de Derecho y en los medios académicos, y puede haber muchos recuperados.

¿En qué consiste el virus y de dónde proviene? Es un mal que afecta a muchos abogados -no a los juristas-, y que a veces -no siempre- contagia a jueces y magistrados. Consiste en la complicación de los conceptos jurídicos, so pretexto de novedosas interpretaciones, generalmente para conseguir ciertos efectos prácticos, o con el propósito de eludir una responsabilidad, hasta lograr su desfiguración o desaparición. Y proviene de las falencias en la formación de los abogados; del abandono de materias antes insustituibles como la filosofía, en especial la lógica y la teoría del conocimiento; del desprecio hacia la historia en general y hacia la del Derecho; de la falta de lectura; de carencias en la función docente, muchas veces incapaz de formar el criterio jurídico del estudiante; en la deficiente formación moral y ética de muchos abogados. No son pocos los que se gradúan y comienzan a ejercer convencidos del malévolo concepto según el cual “el fin justifica los medios”, lo que conduce necesariamente a la corrupción, que no falta en muchos despachos judiciales y administrativos.

Por eso, no es difícil encontrar -inclusive en altos tribunales- providencias carentes de todo fundamento jurídico, en que se acude a la supuesta “interpretación” del Derecho cuando en realidad se plasma la argumentación que más conviene a la finalidad buscada. Así, dentro de la facilista tendencia de la actual Corte Constitucional a no tramitar o fallar sino las acciones de inconstitucionalidad que se quiere, resulta muy cómodo -para no llenarse de trabajo, y puesto que el fin justifica los medios- inadmitir la solicitud del ciudadano o dictar fallo inhibitorio –por ineptitud sustancial-, alegando -con subjetivo criterio- que la demanda no es clara, específica, pertinente, subsistente, eficiente o suficiente (arbitrarios conceptos que no están en norma alguna, ni en la Constitución ni en la ley), lo que lleva en la práctica a la “tecnificación” de algo tan sencillo que estuviera al alcance de cualquier ciudadano. Flagrante violación del derecho político; inadmisible distorsión de la acción pública y de las atribuciones del tribunal obligado a guardar la Constitución.

En el seno de la sociedad, principios cardinales del Derecho, como, por ejemplo, la presunción de inocencia -nadie puede ser condenado sino por el tribunal judicial competente, mediante sentencia, previa garantía de defensa, prueba y debido proceso-, son desconocidos por muchos, y resultan pisoteados mediante las modernas modalidades de comunicación que, lejos de lo que ocurre, deberían ser usadas con criterio razonable y respetuoso de la dignidad humana.

El concepto de interpretación del Derecho se ha desvirtuado por completo, y se lo ha sustituido por la creencia de que a una norma jurídica -inclusive a la propia Constitución- se le puede hacer decir lo que se desee que diga. No lo que consagra. Sin seguir las exigencias de la hermenéutica, otro concepto que parece haberse evaporado.

Bogotá, D. C, 29 de mayo de2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- En el mundo estamos afrontando la grave pandemia del coronavirus que inició en Asia y se ha venido trasladando a los demás continentes del mundo.

Es importante tener en cuenta que en Asía y Europa el coronavirus llegó, en el primer caso, cerca de cinco meses antes y en el otro, tres meses antes que en el continente americano, lo que hace que lo más grave de la denominada curva de infección está por llegarnos en los próximos 20 o 30 días. Pero de las cifras analizadas en el caso colombiano, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno y respetadas por la ciudadanía, no ha llegado el virus con la fuerza que habría podido llegar; caso contrario es lo que ha venido sucediendo en los Estados Unidos, Brasil y México.

No podemos descuidarnos y debemos tener ‘conciencia’ que en manos de cada cual está tomar las acciones aconsejadas por el Gobierno, como las de usar las protecciones indicadas y tener el cuidado de mantener la distancia prudente entre las personas, el lavado de manos y la desinfección posible.

La apertura paso a paso de las distintas áreas de la economía es esencial para poder dinamizarla y así hacer menos dura la situación financiara de las empresas, el empleo perdido y el futuro de nuestro desarrollo. Sin esta apertura de las distintas áreas económicas, estaríamos expuestos a la quiebra de muchas empresas y a profundizar el hueco fiscal, lo que nos pondría en circunstancias muy graves para nuestro futuro, más aún, cuando el Gobierno tendrá que seguir tomando medidas de salvamento económico, tanto a las familias como a las empresas colombianas que están en serias dificultades como consecuencia del coronavirus.

La incertidumbre que hoy tenemos en las distintas actividades y decisiones empresariales es muy grande. No es para menos. Nadie en el mundo hasta hoy ha podido descubrir una respuesta clara y eficiente para poder combatir el coronavirus y tampoco tenemos, hasta ahora, el descubrimiento de una vacuna que permita dar una solución real a esta pandemia. Por tanto, no sabemos hasta cuándo tendremos en el mundo este virus, lo que hace que todos nos tengamos que acostumbrar a vivir con él y paralelamente recuperar el positivismo y optimismo

La incertidumbre se volvió un elemento tan grave o más que el mismo coronavirus.

Los países después de esta pandemia vivida no estarán en las mismas condiciones de crecimiento y desarrollo con la velocidad que veníamos; si analizamos el tema político, tenemos que tener cuidado que surjan ideas populistas y líderes demagogos traten de aprovechar los acontecimientos que estamos viviendo, en provecho de sus ideas y sus propios intereses.

Todo lo vivido también nos ha dado una serie de lecciones que no debemos olvidar. Ejemplo de ello son la protección que debemos dar a nuestra naturaleza, el cuidado del medio ambiente, la buena y equitativa distribución de nuestra riqueza e ingresos, la adecuada infraestructura y buena atención a la salud de todos los seres humanos, la sólida educación que debemos darle a todos, la recuperación de los valores (tanto éticos como de costumbres morales), la pronta y adecuada justicia, la guerra total a la corrupción, el crecimiento y desarrollo con equidad y el respeto por la libertad de expresión en el marco de un Estado de derecho. Todas ellas son el camino que debemos construir y defender.

En un próximo artículo me propongo reflexionar lo que pondría ser el nuevo contrato social.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Clara López*.- El diario clandestino de Víctor Klemperer, filólogo judío que sobrevivió al nazismo por la valentía de su mujer, refiere desde la experiencia lo que denominó el lenguaje del Tercer Reich, LTI, por su sigla latina Lingua Tertii Imperii. Para describirlo, reformula capítulo tras capítulo el verso de Friedrich Schiller: “El lenguaje que escribe y piensa por uno”. En línea con los propagandistas de todos los tiempos, aspiraban a convertir el lenguaje en un mandato sobre el pensamiento, especialmente, el pensamiento crítico.

Al ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, se le atribuye la frase de que una mentira repetida suficientes veces se convierte en verdad. Es el más profundo deseo de quienes pretenden reescribir la historia, negar metódicamente las posiciones que se desprenden de sus actos o rechazar realidades científicamente comprobadas. En Colombia, tenemos nuestra versión criolla -tal vez alguno conoce el LTI – pues al igual que en la Alemania del Tercer Reich, han pretendido resignificar palabras que definen en su excepcionalidad la nobleza de personas como Atanasio Girardot, Policarpa Salavarrieta, José Antonio Galán o Manuela Beltrán.

Me refiero a las palabras “héroe” y “víctima”. Habíamos aprendido que héroe o heroína nombraba a una persona de valores extraordinarios y proezas de destacable valentía y sacrificio. En la literatura clásica esa denominación se reserva para personas fuera de lo común, ejemplos a emular y admirar. Desde el gobierno del expresidente Uribe, la palabra “héroe”, víctima de la hipérbole, ha sido trivializada al extremo de que toda persona, por el solo hecho de portar el uniforme de la fuerza pública, se convierte automáticamente en merecedor de esa distinción, independientemente de sus cualidades y ejecutorias.

Según esta novel acepción propia de la neolengua orwelliana, Colombia, país singular, cuenta con no menos de quinientos mil héroes. Claro que hay héroes entre ellos, pero ¿cómo distinguirlos si todos lo son? También hay villanos como quienes cometieron las desapariciones forzadas con fines de homicidio que la prensa bautizó con otro eufemismo, “falsos positivos”, que mimetiza la degradación a que descendieron sus autores.

No es inocente la atribución generalizada de “héroe” a toda una categoría de personas pues ha servido para inmunizar del escrutinio ciudadano a la institución en su conjunto. Inoculados por su condición de “héroes de la patria”, muchos oficiales y las propias fuerzas armadas se convirtieron en intocables.

El resultado es manifiestamente adverso. Cuando el gobierno de Colombia fue invitado a la Otan, se le exigió adelantar una operación limpieza que tomó la forma de la Operación Bastón, inexplicablemente suspendida cuando tomó el mando la cúpula militar del Gobierno Duque. Lo que aquí se tapaba con la versión lingüística de la táctica del avestruz, allá se conocía por el elevado número de escándalos sin consecuencias. Tan es así que lo que descubrió esa operación de contrainteligencia salió a la luz por cuenta de la revista Semana y no de los órganos de control responsables, que tenían engavetadas las denuncias de corrupción.

La extensión y gravedad de los señalamientos va desde beneficios indebidos en la contratación, venta de información y salvoconductos a los grupos armados ilegales, el seguimiento y hostigamiento de líderes de la oposición, magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y hasta denunciantes dentro de las mismas filas, en hechos que involucran a no menos de 16 generales y 250 oficiales más.

La palabra víctima va por el mismo camino. Se ha vuelto muy común escuchar que “todos somos víctimas” para invisibilizar a las verdaderas víctimas y hasta para justificar nombrar en la Dirección de Víctimas al hijo de alias Jorge 40 quien se autocalifica de “víctima” y atribuye a su padre el calificativo de “prisionero político”, con lo cual cohonesta sus múltiples crímenes.

Efectivamente, “con el lenguaje que piensa y escribe por uno”, buscan cambiar la percepción de la realidad a través de la tergiversación del sentido de las palabras en contravía de la fuerza de los hechos. Pero cómo sostenía Abraham Lincoln: "Se puede engañar a algunas personas todo el tiempo, y toda la gente parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

Por Guillermo García Realpe*.- Para nadie es un secreto que la economía global pasa por un momento extraordinario de crisis debido a la pandemia que afecta al mundo entero, Gran Depresión que los países no vivían desde la crisis de 1929. 

Paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de producción y ventas fue lo que sucedió para aquella época, situación nada distinta a la que hoy vive el mundo por cuenta de un enemigo invisible que tomó fuerza y que tiene en cuidados intensivos la economía, pero también la salud del mundo. 

En Colombia es preocupante lo que está sucediendo, la economía se desploma, el desempleo crece a pasos agigantados, la producción de la grande, mediana y pequeña empresa está paralizada, todos los sectores productivos están en crisis, y ni qué decir  del comercio, el transporte terrestre y aéreo, el turismo,  todas las actividades asociadas que lo complementan como los restaurantes, el sector hotelero y muchos más que se ahogan por la falta de oxígeno financiero. 

Sabemos que vendrán días difíciles, al virus aún le queda mucho por delante, el número de contagios en nuestro país aún no llega a su pico, se calcula que hacia finales de junio y principios de julio llegaremos a ese máximo. Por lo pronto nos toca seguirle haciendo frente a la situación mientras superamos esta contingencia. 

Sabemos que de las grandes crisis también surgen las grandes oportunidades y tan pronto pase esta horrible noche el país tendrá que reinventarse en muchos frentes, tenemos que entre todos salvar la economía nacional, tratar de ayudar a los sectores más golpeados, tenemos que recuperar la productividad, y los puestos de trabajo perdidos durante la contingencia. Ya con creces los colombianos hemos demostrado nuestra resiliencia en momentos difíciles, nos hemos sobre puesto a la violencia durante décadas, al narcotráfico que azoto al país en los años 80”s, hemos resistido al accionar indiscriminado de múltiples actores armados ilegales, en fin, superar esta tragedia nos costara tiempo, pero al final lo lograremos. 

Ahora bien, tenemos que generar una política nacional de fortalecimiento a la pequeña, mediana y gran empresa, que logre posicionarlas de nuevo en su productividad y empleabilidad y para que ello se dé, los colombianos debemos apoyar la industria nacional, comprar lo nuestro, promover lo nuestro y hacer uso efectivo de lo que se produce y fabrica en Colombia. 

Tenemos que avanzar en crear la marca país, que nos identifiquemos con ella, que sea símbolo de orgullo nacional, que seamos un país regionalista, donde apoyemos al productor nacional, a la industria del calzado, de textiles, donde generemos una política efectiva de empleo rural, en fin, son múltiples las tareas de los colombianos en el corto y mediano plazo. 

El país tiene que redoblar esfuerzos en combatir a fondo el contrabando, controlar también sus importaciones y a su vez, tendrá que revisar varios acuerdos comerciales y emprender una cruzada que nos conllevé a la recuperación total de la economía nacional, debemos romper paradigmas y aprovechar este mal momento para convertirlo en una oportunidad de desarrollo y crecimiento. 

Tenemos que volver definitivamente a la reindustrialización, a la agro industrialización, a fortalecer la industria del turismo que aporta el 8% del empleo nacional. En el sector agropecuario, necesitamos que definitivamente volvamos al campo, lo tecnifiquemos, que le demos recursos a esos doce millones de compatriotas, hombres y mujeres que habitan esa gran ruralidad colombiana, que los volvamos empresarios del campo, con más innovación, ciencia y tecnología para que se logre una verdadera transformación rural. Ya tenemos las herramientas legales para hacerlo, pongamos en práctica por ejemplo la Ley 1876 del 2018 y generemos desarrollo en el sector agropecuario. 

Tenemos que ser propositivos, debemos repensar el país, reconstruirlo entre todos, identifiquemos oportunidades, cambiemos ese chip y saquemos a Colombia adelante. Recuerda ¡colombiano, compra colombiano!

Bogotá, D. C, 25 de mayo de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Son efectivas las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el impacto económico de la pandemia del Covid-19, en particular en lo que se refiere a la protección del empleo y el ingreso de la población? ¿Han sido suficientes y oportunas? ¿se hubieran podido, o debido, tomar medidas adicionales?

Es complejo evaluar las políticas adoptadas frente a una crisis de características y magnitud sin precedentes; ningún país tiene en su historia reciente parámetros para medirlas. Lo que sí es posible es la comparación entre lo que han hecho los diferentes países para no emitir juicios basados en modelos teóricos sino en realidades y experiencias prácticas.

En general se puede afirmar que las medidas adoptadas en Colombia han sido acertadas y van en la dirección correcta: primero ayudas a los más pobres, luego a los informales y vulnerables y finalmente a los empleados formales, junto con apoyos crediticios a las empresas. Sin embargo también se debe decir que han sido insuficientes y, en algunos casos tardías.

En cuanto a la magnitud de la intervención del Estado para conjurar la crisis, Colombia está muy rezagada frente a lo que han hecho otros países. Como informó el diario Portafolio el estímulo fiscal colombiano llegará a 2.8% del PIB, muy lejos de algunas naciones europeos que han dedicado más del 20% de su PIB, o Estados Unidos con el 13%.

Pero no solo los países desarrollados. En nuestro vecindario, en Perú el paquete fiscal anticrisis llegará al 12%, en Brasil al 9.5% en Chile al 6.6% y en Argentina a 5.6%. Y todo financiado con mayor deuda pública. El famoso gradualismo colombiano, que ha dado buenos resultados en otros campos, en este caso no parece ser la receta adecuada.

Por esta inoportuna prudencia fiscal el monto de las ayudas ha sido exiguo e insuficiente. Para los más pobres que perdieron todos sus ingresos al no poder salir a las calles a rebuscarlo, los $160.000 mensuales que se adicionaron a Familias en acción, tan solo compensa una pequeña parte que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Lo mismo sucede con el programa de Ingreso Solidario, destinado a los informales no cubiertos con otros subsidios estatales a los que asignaron $240.000 para tres meses. Es una lástima que un programa tan novedoso y bien diseñado por el DNP aporte una suma tan pequeña que no alcanza ni para el mercado.

En cuanto a la protección al empleo formal (PAEF), además del monto tan pequeño ($350.000 por empleado), tiene otros dos problemas. El primero, que se anunció muy tarde casi dos meses después de iniciada la crisis, cuando ya muchas empresas habían tenido que recortar la nómina o suspender contratos de trabajo, de manera que esos desempleados ya no reciben el subsidio. Hay que recordar que desde finales de marzo varios analistas y académicos plantearon que este subsidio debería ser por lo menos de un salario mínimo.

El segundo inconveniente del PAEF es que estableció un límite demasiado bajo para clasificar: solo una reducción de 20% en sus ingresos. Una empresa que logró el 80% de sus ingresos normales, tiene con qué pagar la nómina, así tenga que hacer algunos recortes en otros gastos. La fórmula adecuada hubiera sido un punto de corte más alto (por ejemplo, reducción de ingresos del 40%) y un pago de un SMLV por cada trabajador).

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.- De “cicatera” califican algunos la estrategia financiera y presupuestal del Gobierno para hacerle frente a la crisis del coronavirus. Anotan que como proporción del PIB estamos invirtiendo mucho menos que otros países latinoamericanos.

El director de crédito público, César Arias, en excelente entrevista que concedió al portal “Primera Página” (mayo 18) explica, con mucho detalle, cuál es la estrategia financiera que desde el Ministerio de Hacienda se está desplegando para atender los costos en los que ya se ha incurrido y los que están por venir.

A mi modo de ver esta entrevista de Arias es la explicación más completa que hasta ahora ha divulgado el Gobierno para entender el delicado predicamento fiscal al que nos enfrentamos.

La entrevista está dividida en dos partes. En la primera explica cómo se va a financiar el déficit del 6,1% del PIB en el 2020, que es lo que hasta el momento se le ha autorizado incurrir al Gobierno, vía mayor endeudamiento, por la comisión de la regla fiscal.

En la segunda parte explica cuáles son las que él denomina “líneas de defensa”, que no son otra cosa que lo que habría que hacer en el evento de que los costos de la pandemia lleguen a exceder el límite del endeudamiento autorizado al Gobierno, o sea, el 6,1% del PIB. Límite que se descompone en tres fuentes:

La primera es el incremento de endeudamiento que por 2,7% del PIB protocolizó el decreto 444 del 2020 de la primera emergencia económica, en virtud del cual el Gobierno le tomó dineros prestados a departamentos y municipios (pensiones, fondo de estabilización de las regalías) así como la inversión forzosa que se le impuso a los bancos.

El siguiente tramo del 2,2% del PIB es el que se venía contabilizando hasta antes del estallido de la pandemia. Este déficit básicamente se había venido financiando con emisiones de TES en el mercado interno.

El tercer tramo del déficit (1,2 % del PIB) corresponde a la caída de recaudos de la Dian en este año, que se está calculando en $12 billones frente a lo originalmente estimado. Este tramo del déficit se estará financiando con créditos ya contratados con multilaterales que ascienden a US$ 3.000 millones.

Ahora bien: ¿qué va a pasar si los costos de la pandemia, a la hora de la verdad, exceden la barrera del endeudamiento autorizado del 6,1% del PIB? hipótesis que algunos consideramos como la más probable. La fuerza de los hechos llevará al Gobierno a traspasar la barrera que él mismo se ha señalado para su endeudamiento.

Si se supera esta barrera, el director de Crédito Público señala -con lenguaje guerrero- lo que denomina cuatro “líneas de defensa”. A saber:

Primera, utilizar la línea contingente de crédito que el Gobierno tiene en el FMI, que asciende a US$10.800 millones. Segunda línea de defensa, recurrir al mercado local de deuda colocando bonos cuyos plazos podrían ascender -dice el director del crédito público- a 20, 25 o 30 años. La tercera línea es lo que Hacienda denomina “reacomodación” del presupuesto, que consiste en recortar gasto público por $6 billones de pesos. Y, una última línea, sería utilizar más créditos de multilaterales, aunque su costo, dice el Dr Arias, son altos. Y la estrategia toda parece estar diseñada para incurrir en los menores costos financieros posibles.

Por el momento no parece estar en el radar del Gobierno tocar las puertas del crédito del Banco de la República ni tampoco utilizar, al menos en una primera instancia, recursos de origen tributario a través de una nueva reforma impositiva.

Lo que es cierto es que al país le va a terminar costando más, mucho más, de lo que está previendo la lucha contra la pandemia y la recuperación de la economía.

Si se tiene en cuenta que 2,2% del déficit que analiza el director de crédito público obedece a endeudamientos prepademia, habrá que concluir que para esta emergencia solamente se han comprometido hasta la fecha 4% del PIB (40 billones en cifras redondas) que no es cicatero pero luce insuficiente. Y obedece a una óptica de gradualismo homeopático muy propia de los colombianos.

De manera que el recurso a las “líneas de defensa” que menciona el director de crédito público parece ineludible. Quedan muchos gastos no contabilizados aún, que no caben dentro del endeudamiento máximo autorizado hasta la fecha pero en los que se terminará incurriendo, así: ¿Se ayudará más a las empresas? ¿Habrá subsidios más generosos para paliar el aterrador desempleo que ya se vislumbra? ¿Habrá un plan de gasto presupuestal contra cíclico que privilegie la recuperación económica con un gran programa de obras públicas y de apoyo a la vivienda en la pospandemia? ¿El desplome de los recaudos de la Dian este año será mayor de los muy conservadores $12 billones que está calculando el Gobierno? ¿Habrá un programa de ayuda a departamentos y municipios a los cuales también se les han ido al suelo los recaudos?

Son muchas las preguntas que quedan flotando, ninguna de las cuales tiene respuesta fiscal dentro de la autorización para endeudarse hasta por 6,1% del PIB. Ese cupo tendrá forzosamente que ampliarse. Y no sería irresponsabilidad hacerlo. La crisis es de tal magnitud que no podemos engolfarnos en un gradualismo válido para otras épocas, pero que los tozudos hechos están desbordando.

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como la de las entidades territoriales se encuentran entre la espada y la pared. De un lado está la salud en cuidados intensivos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, cuyo tratamiento y contención demanda ingentes recursos, con los cuales no se contaba. Del otro lado está la economía, que se contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo que se han tomado al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica y social. Por tal motivo, la actividad económica y comercial se ha visto abocada a una virtual parálisis, afectándose gravemente la oferta y la demanda tanto a nivel agregado como sectorial, el crecimiento, empleo y el ingreso.

La prolongación de esta crítica situación, que se ha visto agravada con el desplome de los precios internacionales del petróleo, llevó al Ministerio de Hacienda y Crédito público a revisar su previsión de crecimiento del PIB este año desde el 3.7% al -5.5%. Por su parte el Comité consultivo de la Regla fiscal, se vio precisado a flexibilizar, aún más de lo que ya lo había hecho, la Regla fiscal, elevando el techo del déficit fiscal desde el - 2.5% del PIB proyectado hasta el - 6.1% del PIB. Es más, el propio Ministro Carrasquilla ha reconocido que la deuda pública de la Nación va a subir desde el 50.3% actual a más del 60% al cierre de este año. Y no era para menos, dado que, según las proyecciones de la DIAN, se estima que el recaudo de impuestos se disminuirá en $15 billones, aproximadamente, al tiempo que se prevé un mayor gasto para este año, por lo pronto, de $25 billones.

Al igual que la Nación, los departamentos, municipios y distritos han visto reducir sus ingresos al tiempo que la atención de la crisis planteada, en lo que les corresponde, demanda un mayor gasto, no previsto. Ellos cuentan con tres fuentes de ingresos, a saber: los ingresos corrientes de libre destinación, que son los recursos propios, que básicamente provienen del recaudo de impuestos y contribuciones. En el caso de los 32 departamentos, estamos hablando de los impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, el impuesto a los vehículos, registro y anotación, las estampillas y la sobretasa a los combustibles. En cuanto a los 1.103 municipios y distritos, estos  disponen de los recaudos por el impuesto de industria y comercio (ICA), el impuesto predial y la sobretasa a los combustibles.

Las dos principales fuentes de ingresos de los departamentos son los que provienen de las transferencias por parte de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, que representan el 47% y los recursos propios que participan con el 35%. Adicionalmente, los recursos provenientes del Sistema General de Regalías complementan sus ingresos con un promedio del 6%. Pues bien, según la Federación Nacional de Departamentos, los ingresos propios de estos cayeron en el mes de abril el 45%; se prevé que las regalías, a consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el carbón, caerán por lo menos en un 40%. Y, como si lo anterior fuera poco, el monto de las transferencias del SGP se verá reducido drásticamente, toda vez que la base de cálculo y liquidación de las mismas son los ingresos corrientes de la Nación, que como ya quedó dicho se han visto seriamente impactados.

Por las razones anteriormente expuestas, tanto los departamentos como los municipios y distritos se están viendo en calzas prietas.  A guisa de ejemplo, citemos al Secretario de Hacienda del Distrito capital Juan Mauricio Ramírez, quien da cuenta que el mismo dejará de recaudar $1 billón anuales por cuenta de la pandemia. Además de tener que frenar sus planes y proyectos de inversión, empiezan a tener inconvenientes para cubrir el pago de sus gastos de funcionamiento, empezando por la nómina de sus servidores.

De allí el S.O.S que le lanzó la Federación Nacional de Departamentos, a través de una comunicación enviada por su Director ejecutivo Carlos Camargo, al señor Presidente de la República, mediante el cual le solicitaron su intervención con el fin de que las entidades territoriales puedan solventar su situación financiera y se pueda garantizar su sostenibilidad fiscal. Ello es tanto más urgente, habida cuenta que aspectos tan vitales y sensibles como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, son su responsabilidad y el riesgo de desfinanciamiento de los mismos es inminente. Por lo demás, no basta con facultar a los gobernadores y alcaldes para reorientar el gasto en función de la atención con prioridad del que demande la emergencia, como quedó establecido en el Decreto 461 del 22 de marzo.

Por ello, respaldamos a los gobernadores y a los alcaldes en su justa petición al Presidente Iván Duque para que se flexibilizara la Ley 617, de la misma manera que la Comisión Asesora de la Regla fiscal la flexibilizó para abrirle espacio fiscal al mayor gasto en el que tendrá que incurrir el Gobierno Nacional. Así lo entendió el Gobierno y a través del decreto 678 del 20 de mayo dispuso que “no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento de los límites de gasto definidas en esta Ley y en la Ley 819 de 2003”.

No obstante, este Decreto, aunque les permite que “para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez…las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería”, cabe preguntarse qué banco en las actuales circunstancias le va a dar crédito a las entidades territoriales sino cuentan, como si cuentan las empresas, con garantía de la Nación hasta el 90%. De lo que se trata es de aplanar la curva de contagios del COVID-19 hacia abajo y de aplanar en simultánea la curva de los ingresos territoriales hacia arriba.

Cota, mayo 23 de 2020

*Expresidente del Congreso de Colombia y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net