Opinión
¡Cada dificultad, trae grandes oportunidades!
Por Óscar Villamizar Meneses*.-Las nuevas teorías de la administración hablan que en el siglo XXI el reto de las empresas privadas y públicas es ser cada día más dinámicas; la población hoy día quiere estar más actualizada, laboralmente estable, tener calidad de vida y bienestar social, siendo el Gobierno un actor principal en este proceso y en la nueva economía
El actual escenario a causa de la crisis de salud por el Covid-19 nos está poniendo de manifiesto dos de los factores claves, no solo para implementar a corto plazo, sino también del futuro paradigma económico y formativo resultado de esta crisis mundial: el teletrabajo y la tecnología.
El teletrabajo sin mediar preparación frente a un escenario empresarial fue necesario implementarlo como única solución para proteger la vida de los trabajadores y permitir un desarrollo del objeto social de cada una de las organizaciones públicas y privadas logrando la continuidad en sus actividades.
De igual manera, vemos como las tecnologías marcan la diferencia ante los movimientos inesperados, permiten a nivel de salud y sectores productivos conocer la situación en tiempo real y tomar decisiones oportunas; son ellas una herramienta importantísima en la superación de las crisis, en conjunto con el talento de las personas que día tras día viven actualizándolas e innovando.
Es así, como vemos cada día con más claridad conforme avanza el desarrollo, que aquellos países que más han invertido en tecnología tienen mayor competitividad frente a situaciones difíciles como la actual, por tanto una vez pasada esta crisis tendremos y tenemos que capacitar, innovar e implementar en gran porcentaje el teletrabajo y desarrollar acciones basadas en gestión y disponibilidad de recursos para tecnificar nuestros campos, empresas y brindar mejores oportunidades laborales en aras de disminuir la informalidad laboral y empresarial que sobrepasa el 64%.
Sigámonos preparando en materia tecnológica. La salida de esta terrible crisis, nos da la bienvenida a un futuro virtual que debe ser impulsado por los gobiernos con políticas de capacitación, preparación, actualización y aumento de las coberturas para que no solo se quede en los centros urbanos, sino también en las zonas rurales de nuestro territorio, para aplicar la tecnología al desarrollo del campo.
Oscar Villamizar Meneses
Primer Vicepresidente Cámara
Abril 27 del 2020
Por Guillermo García Realpe*. –En época de pandemia son muchos los que le quieren sacar provecho a la contingencia, desde carteles que acaparan todos los elementos básicos de protección, hasta quienes ponen las ambulancias al servicio público de pasajeros para evadir la norma, también los especuladores de los precios en los productos básicos de la canasta familiar y así en muchos otros sectores. Lo que refleja sin duda, corrupción a gran escala.
En el caso del nivel institucional, pues el panorama no es distinto. Muchos corruptos están de fiesta en varias regiones del país, contratando millonarios recursos para diferentes programas sociales encaminados a atender la crisis, pero en medio de su “esfuerzo” aprovechan para planillar mercados con sobrecostos, para beneficiar de ayudas a personas que no lo necesitan, y ni qué decir de los millonarios recursos que se invierten en los Programas de Alimentación Escolar –PAE-, muchos de esos recursos terminan dilapidándose y quedándose en los bolsillos de unos pocos inescrupulosos que juegan con el erario haciendo un festín con los recursos públicos que son de todos.
Pero en este escenario de la contingencia, también encontramos muchas empresas de servicios públicos que hoy juegan con la necesidad de la gente, abusando de las tarifas e incluso anunciando que van a promediar el pago de las mismas con meses donde no teníamos contingencia, afectando así a muchos sectores que hoy no tienen la misma capacidad de pago que en tiempos de normalidad. Especialmente me refiero a las empresas del servicio de energía, que han cometido muchos abusos en Colombia e incluso en estas circunstancias de la pandemia.
No solamente las hidroeléctricas han abusado del cargo de confiabilidad, también hace un par de años ocurrió la misma situación con las termoeléctricas las cuales obtuvieron recursos superiores a los $16 billones.
En medio de la crisis ciertas empresas como CELSIA en el Tolima aprovecharon la interpretación del artículo 146 de la Ley 142 del 93 de Servicios Públicos; para tratar de abusar con los comerciantes, con los hoteleros, con los restaurantes y en fin con la gente que se dedica a la prestación de servicios turísticos muy importantes en el sur oriente del Tolima, como Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Prado, etc, y que haciendo pretexto con el tema de que no podían revisar los consumos con personal presencial de la empresa, les iban a aplicar promedios de los últimos meses, es decir, en el mes de marzo querían calcular promediando con meses de temporadas altas, cuando los establecimientos no tienen ocupación hotelera, ni los restaurantes la clientela habitual y así querían cobrarles tarifas con promedio correspondientes a los meses de diciembre y enero que son de altísima ocupación. Ese abuso no lo toleró la gente y por eso, junto a varios dirigentes del Tolima impulsamos un debate en la última semana en la Comisión Quinta del Senado para exponer está y otras situaciones a la Ministra de Minas, a la Superintendente de Servicios Públicos, y al Director de la CREG.
Pero no sólo CELSIA en el Tolima, muchas empresas en Colombia han abusado con la trepada de las tarifas en los recibos de servicios públicos, constantemente recibimos quejas de situaciones similares en departamentos como el Cauca, el Huila, el Meta, en fin en muchas más regiones donde las tarifas por estos días llegan por las nubes sin que haya poder humano para regular esas situaciones. Por eso instamos a los organismos correspondientes a controlar y sancionar las alzas en el servicio de energía que se vienen presentando y denunciando a lo largo y ancho del país y por supuesto también que se apliquen los subsidios correspondientes a los estratos 1, 2 y 3.
Temas como el incremento en el valor del cargo fijo o en el valor del kilovatio que en muchas regiones prácticamente se ha doblado el precio, sin duda alguna tiene que sancionarse. Muchas familias que antes pagaban, por ejemplo, en promedio 80 o 90 mil pesos mensuales, ahora el valor del servicio se les duplicó y según la Resolución 058 del 2020, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario, a menos que sean diferidos posteriormente.
En el caso de la compañía CELSIA, pues ya entró al radar del control del Ministerio de Minas, de la Superintendencia de Servicios Públicos , de la CREG y del Congreso de la República, y hoy esa empresa tiene que empezar a rectificar y ofrecer mejor servicio, pero servicio de calidad, sin abusos y con tarifas justas.
Estaremos muy atentos a hacerle seguimiento a este y otros temas de interés nacional, porque no es justo que hoy muchas personas, muchas empresas oportunistas se aprovechen del difícil momento de la gente para darles un golpe de gracia a sus bolsillos y debilitando aún más la precaria situación económica de las familias colombianas.
Bogotá, D. C, 27 de abril de 2020
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.- Estamos empezando a ver -ante la emergencia de la crisis del coronavirus- una manera de presentar las cuentas fiscales que puede tornarse contraproducente, a pesar de la mejor buena voluntad con que se les maneje. Inclusive puede volverse en contra de la misma credibilidad de las cifras.
Veamos con un poco de perspectiva lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas.
Cuando estalla la pandemia la primera reacción del Ministerio de Hacienda fue anunciar que la inesperada situación podría manejarse sin necesidad de recurrir a nuevos endeudamientos. Es decir, que las cosas podrían seguir transcurriendo dentro de las aguas tranquilas de un déficit público que no excediera el 2,2% del PIB.
Pocos días después se declara la emergencia económica, y mediante el famoso decreto 444 de 2020 se arbitran unos recursos para atender los primeros fogonazos fiscales de la emergencia (cerca de 14 billones de pesos). Esto se hizo a través de una operación interna consistente en que el Gobierno central tomaba prestados a los municipios y departamentos recursos que éstos tenían ahorrados en sus cuentas de estabilización del fondo de regalías y del fondo pensional.
Esta operación (que, recuérdese, está aún sujeta a revisión por la Corte Constitucional) fue un ingenioso mecanismo que se ideó de afán el Ministerio de Hacienda para financiar más gasto público sin aumentar el déficit. Y comenzar así a atender los primeros gastos públicos que demandaba la pandemia.
La extraña figura que ideó en el decreto 444 del 2020 no perece ser, a primera vista, en un incremento del endeudamiento público. El Gobierno central cambia un recurso líquido por un pagaré que le extiende a las territoriales. Y éstas, a su turno, canjean un recurso liquido como son las reservas pensiónales y de estabilización del fondo de regalías por un pagaré a cargo del Gobierno central. Formalmente parece ser una operación fiscal neutra, con la cual se financia más gasto público a través de un cruce de cuentas al interior de la contabilidad agregada del Estado.
El decreto 444 lograba entonces la maravillosa alquimia de arbitrar recursos para financiar más gasto público sin incrementar el déficit.
Pero rápidamente los hechos desbordaron la alquimia. Se convocó de urgencia a la comisión asesora de la regla fiscal la cual, utilizando la flexibilidad que permite la ley 1473 de 2011 amplía el déficit fiscal autorizado del 2,2% al 4,9%, lo que le permite al Gobierno endeudarse en 27 billones adicionales sin quebrantar la sacrosanta regla fiscal.
Pero este cupo adicional de $ 27 billones ya parece también estar comprometido y desbordado. El ex ministro Mauricio Cárdenas escribió, por ejemplo, en El Tiempo del 18 de abril lo siguiente: “Para tener un orden de magnitud, el mayor déficit fiscal autorizado será de 27 billones de pesos, según lo preliminarmente comunicado por el comité de la regla fiscal. De este monto se tendrán que pagar gastos adicionales para la salud (que ya van en 7 billones de pesos), las transferencias a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (5 billones de pesos) y la capitalización del Fondo de Garantías (3,2 billones).Si a esto se le suma la pérdida de ingresos tributarios- que la misma Dian estima en 20 billones-, podemos afirmar que ya no queda espacio fiscal disponible. Por el contrario, el gobierno necesitará una segunda sentada del comité para subir el cupo en varios billones de pesos y poder acomodar lo ya comprometido”. Tal como lo advirtieron algunos miembros del comité por lo demás.
La regla fiscal es útil y genera credibilidad en los mercados si ella se le percibe como un ancla sólidamente afianzada al lecho de las aguas tormentosas por las que estamos navegando. Pero si se convierte en una simple boya que va flotando y acomodándose a las cambiantes necesidades del gasto público, pierde su razón de ser.
Y es que faltan muchísimos gastos por contabilizar en esta emergencia. Para no ir muy lejos: todos aquellos que habrá que realizar para recuperar la economía y generar más empleo en un verdadero plan Marshall criollo luego de la postración general en que va a dejarnos el coronavirus
Los países de la Unión Europea, en vez de estar cambiando las restricciones legales del déficit a medida que van saliendo noticias sobre la gravedad de la crisis, optaron por algo más sabio: pusieron en el congelador sus reglas fiscales hasta cuando se llegue a aguas más tranquilas. ¿No deberíamos hacer lo mismo, en vez de estar cambiando cada nada los porcentajes de los déficit autorizados?
La regla fiscal no puede convertirse en un modelaje de plastilina. Pues en tal caso pierde lo que le es más importante: su credibilidad.
Bogotá, D. C, 26 de abril de 2020
*Abogado y Economista, Exministro de Estado.
Por: José Félix Lafaurie Rivera.*.-Imaginar futuros azarosos a partir de la lectura del presente, es el ámbito de las distopías; y cuando veo la lluvia de mezquinos golpes contra el presidente, en medio de la angustia de un pueblo, se me ocurre mi propia distopía sobre la Colombia de pasado mañana.
Mediados de 2021. Con victoria de China termina la carrera por encontrar la vacuna contra la COVID-19, que se crea muy cerca de Wuhan, se produce y se paga masivamente, aunque su distribución, a pesar del “clamor” solitario de la OMS, se demora para los países pobres y “medianos” como el nuestro.
En Colombia, por fin, arranca la reactivación plena, porque en su capital, que es el 26% de la economía, la alcaldesa, en abril de 2020, enfrentó la decisión del Gobierno de una apertura progresiva y decidió, con el argumento populista de la salud a ultranza, que “la cuarentena en Bogotá se levanta cuando haya vacuna”, sin reparar en la quiebra de los empresarios, en sus empleados despedidos, ni en los millones de informales.
No estaba sola. Su socio de otras épocas, el senador Petro, trinaba incesante que “No debe salir ni la manufactura ni la construcción; no es vital que salga su fuerza laboral”. Era paradójico: los supuestos defensores de los trabajadores no los querían dejar salir a trabajar con rigurosos protocolos, pero ellos, desafiando la enfermedad y empujados por el hambre, protestaban sin protección en las calles.
Llega 2021 y, con la economía a media marcha, todos los sectores, las regiones, las etnias, siguen pidiendo ayudas al Gobierno, que se había aplicado con coraje a preservar el sistema de salud y las ayudas a los pobres en el pico de la crisis, pero ahora sus arcas están vacías. Los bancos, que para abril de 2020 habían reestructurado deudas por más de 125 billones, hicieron un mayor esfuerzo a pedido del Gobierno, mientras las “barras bravas” de la oposición exigían condonación total y emisión, para pagar con “papeles” la continuidad insostenible de las ayudas, al estilo del sátrapa vecino, atornillado con el apoyo de la izquierda continental.
En medio del desastre, a Colombia no le fue tan mal y la economía empieza a repuntar, pero el país, que meses atrás le reconocía al presidente su enorme esfuerzo, está fracturado políticamente, por el ataque sistemático y mezquino de la oposición: Cepeda, el partido Farc y el centro-santismo, viudo de poder y contratos, en lugar de unir durante la crisis, se dedicaron a bombardear a Duque, y ahora arrecian sus ataques, incitando a la lucha de clases y la protesta callejera, permitida pero todavía peligrosa.
Se acerca una segunda Navidad a medias, y se acercan también las elecciones. Claudia, impedida, con ansias de sucesión apoya al candidato institucional de los verdes, mientras Petro se lanza, pero a la calle primero, con sus huestes de la CUT y Fecode, para acogotar al Gobierno y a Claudia, de paso, y deslegitimar cualquier opción que no sea la suya: el Socialismo Bolivariano salvador.
Volvamos a 2020. ESTO NO PUEDE SUCEDER. Con una economía golpeada, un fisco menguado, indicadores sociales desmejorados y una sociedad convaleciente, no podemos dejar la recuperación del país en manos de la izquierda criolla aliada de Maduro. Debemos cambiar la realidad desde hoy: Apoyo decidido a Iván Duque en sus decisiones para preservar la salud y reactivar la economía, y rechazo a quienes buscan sembrar pánico e inconformidad, para erigirse en salvadores con promesas populistas.
El futuro lo construimos hoy, distópico o promisorio. Como en la batalla contra el coronavirus: está en nuestras manos.
Bogotá, D. C, 26 de abril de 2020
Presidente de Fedegan
@jflafaurie.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las situaciones extremas, como la guerra o la pandemia del coronavirus enfrentan a las personas a tremendos dilemas éticos que cuestionan los principios y valores que regían la vida en circunstancias ordinarias. Y la economía política tiene mucho que ver con esos dilemas.
El dilema más dramático es el que han enfrentado los médicos en el norte de Italia, en New York o en otros sitios donde la capacidad hospitalaria se ha visto desbordada por el número de contagiados y, como dice el dicho, no hay cama para tanta gente y, lo más crítico, no hay suficientes ventiladores que les permitan a todos los pacientes respirar y vivir.
Imagine la escena y piense usted que haría. Tiene dos o tres pacientes esperando una cama en la UCI y un ventilador, porque sus pulmones están colapsados, pero solo hay uno disponible. En sus manos está la decisión de quién va a morir y quién va a vivir. ¿A quién se lo asigna?
¿Con qué criterio tomar la decisión? ¿Por orden de llegada y entonces es casi la suerte la que decide? ¿Por razones médicas, y se lo da al menos grave porque tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿Por puros criterios financieros y le toca al que tenga la mejor póliza de seguro? ¿Al más joven porque los ancianos de todas maneras van a morir pronto? Muy complicada decisión.
Tiene consecuencias igual de graves el dilema de un comerciante que vende desinfectantes o tapabocas. O una farmacéutica que descubra el remedio contra el virus.
La demanda por su producto es altísima y según la ley de la oferta y la demanda debería subir el precio. ¿Se puede enriquecer a costa de la salud de los demás, o irse al otro extremo de reducir el precio para que más personas salven sus vidas?
Otro dilema en un escenario muy diferente. Una madre cabeza de familia con tres hijos que se ganaba la vida vendiendo aguacates en la calle. Se quedó sin ingresos y sus niños lloran de hambre. Es cristiana, observa los mandamientos y siempre ha sido honrada pero su única posibilidad de conseguir comida es robarla en el mercado. ¿Usted respetaría la propiedad privada aún a costa de la vida de sus hijos?
La economía tiene mucho que ver en estos dilemas. Porque estos son consecuencia de decisiones políticas anteriores sobre la distribución de recursos. Los médicos no tendrían que decidir a quién permiten vivir si el sistema de salud y los hospitales hubieran recibido recursos suficientes; si el Estado planificara que las fábricas hubieran producido más ventiladores y menos Nintendos, así no fueran tan rentables.
Bogotá, D. C, 26 de abril de 2020
*Filósofo y Economista.Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- El pasado 9 de abril, por fin, tuvo lugar la tan anunciada cumbre virtual de la Organización de la OPEP +. Se trataba de deshacer los pasos de la confrontación a la que había conducido el desencuentro entre Arabia Saudita y Rusia, que había provocado una guerra de precios que los había llevado a mínimos históricos de US $22.71 el barril de la referencia BRENT el 31 de marzo, su más baja cotización desde noviembre de 2002, un descenso del 69% en los últimos 12 meses.
Pero esta no fue la única causa de la destorcida de los precios del crudo, sino que la trifulca entre la OPEP y Rusia se vino a sumar a la menor demanda de crudo a consecuencia del freno al crecimiento de la economía global que se derivó de las medidas draconianas que tuvieron que tomar los países para enfrentar la pandemia del COVID-19. Tanto más en cuanto que las previsiones sobre el crecimiento de la economía global en lo que resta de este año y el entrante son muy pesimistas; lo ha dicho la Directora del FMI Kristalina Georgieva, “hemos entrado en una recesión igual o peor que la del 2009”.
En un hecho sin precedentes, el precio del petróleo WTI, se hundió hasta situarse por debajo de su piso, cotizándose a – US $37.63, experimentando una caída de US $55.90 con respecto a su cotización el pasado viernes. El Acuerdo alcanzado llegó tarde, porque la guerra de precios declarada entre la OPEP y Rusia, tras la ruptura del Pacto de cuotas contraído con antelación, había dado lugar a una inundación del mercado de crudo.
Como era de preverse, a pesar de retirar del mercado a partir del mes de mayo 10 millones de barriles/día, que podrían llegar a ser 20 millones de barriles/día si sumamos lo que restan Venezuela, Irán y Libia, más lo que por la inercia de los precios está dejando de exportar EEUU, cuya oferta en un 52% depende del fracking, los precios no iban a detener su curso hacia abajo marcado por los fundamentales del mercado.
En efecto, el año anterior el cartel de la OPEP + había logrado sostener artificialmente los precios del petróleo de la referencia BRENT hasta cerrar el año alrededor de los US $64 el barril, mediante un recorte de su oferta. Pero, ahora el escenario es otro, la virtual parálisis del aparato productivo a nivel global, a consecuencia del confinamiento dispuesto por las autoridades para contener la pandemia del COVID 19 ha reducido la demanda en 30 millones de barriles/día, razón por la cual después de haber acordado restringir la oferta los precios en lugar de subir bajaron.
Pero, lo acaecido con los precios del crudo de la referencia WTI no tiene antecedentes ni parangón en la historia de la industria del petróleo, por primera vez desde que se llevan registros los productores han terminado pagándole a sus clientes para que retiren el petróleo. Son varias las razones que explican tan inusitado escenario. En primer lugar la sobreoferta persiste, en segundo término el anuncio del FMI de su previsión de una recesión de la economía global este año del 3% desalienta aún más la demanda, los depósitos en tierra y mar de crudo están rebosados y los contratos de futuro de WTI que sirven de referencia para la formación del precio del Texas vencían esta semana para entrega en mayo.
Es de anotar que los “barriles de papel”, que es como se denominan los volúmenes que se transan en los mercados de futuro en las bolsas de los commodities, superan ampliamente la producción real y sus precios son los que sirven de referencia. A diferencia del crudo de referencia BRENT, que “sólo” había bajado hasta los US $25.59, el desplome del WTI lo precipitó el rebosamiento de la capacidad del terminal de Cushing (Oklahoma, sur de EEUU), que no da abasto para almacenarlo. Según la Agencia Internacional de Energía el Medio Oriente, lo mismo que Europa, tienen limitaciones de almacenamiento de crudos, pero todavía tienen margen de maniobra.
Por lo demás el vencimiento de los contratos a futuro del BRENT sólo vencen en junio, cuando se espera que el desacople entre la oferta y la demanda sea menor. A pesar de todo, el precio del crudo WTI arrastró en su caída al precio del BRENT, el cual cayó hasta los US $20.36 el barril, su más bajo precio desde 2001; pero, de no haber una señal de una pronta reactivación de la economía global, podría repetirse con el BRENT lo acaecido con el WIT.
Volviendo a los precios del crudo WTI, esa caída del 305% del precio con respecto al pasado viernes es algo que nunca se había visto, en donde las empresas poseedoras de los contratos a futuro que se vencen, para desencartarse, le pagan a sus clientes para que retiren el crudo desde sus campos de producción, porque le resulta más costoso almacenarlo, dada la especulación por parte de quienes tienen contratada la capacidad de almacenamiento. Prefieren rematarlo porque a corto plazo no se vislumbra un repunte de la demanda, toda vez que también las refinerías tienen sus depósitos en el límite.
De todos modos, en perspectiva, los precios del crudo WTI y del crudo BRENT correrán la misma suerte, afectados como están y van a estar por largo rato por el letargo de la economía global y en el mediano y largo plazo la suerte está echada, toda vez que la tendencia a la baja se mantendrá, esta vez por cuenta la mayor contracción de la demanda que traerá consigo la Transición energética desde las energías de origen fósil, contaminantes del medioambiente, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Se estima que la participación del petróleo en el consumo total de energía pasará del 37.5% actual al 22% en 2050. Por lo pronto, Colombia tiene el consuelo que el precio de referencia de la canasta de crudos que exporta es el BRENT y no el WTI, pero el futuro es incierto.
Cota, abril 25 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Enrique Robledo*.- En 2008 escribí: “Otra manera de ilustrar la importancia del acceso a la comida, importancia que algunos no entienden porque ingenuamente creen que los alimentos siempre estarán a la mano, es una reciente decisión que incluso se refiere al riesgo de que desaparezcan las propias semillas. Promovido por la ONU y la FAO, el Fondo Mundial de Diversidad de Cultivos, once importantes instituciones agrícolas y setenta países decidieron construir en Noruega unos silos subterráneos y blindados para depositar en ellos tres millones de semillas de diversas especies, con el propósito de precaver a la humanidad en caso de guerra nuclear, impacto de asteroides, atentado terrorista masivo, pandemia, catástrofes naturales o cambio climático acelerado, fenómenos que más que riesgos tienden a constituir certezas, si se mira en el largo plazo” (bit.ly/2S6Pfhb).
Años después, Barack Obama defendió su propuesta de prepararse para una pandemia de salud como la que hoy azota a su país y a la humanidad: “No es solo un seguro, sino el conocimiento de que esto va a pasar, particularmente en un mundo tan globalizado”. Y su gobierno promovió la creación de la Unidad de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa de Estados Unidos, institución que Donald Trump, en error garrafal, desmanteló (bit.ly/2S6Pfhb).
En tres ocasiones, el ministro de Álvaro Uribe que tramitó el TLC con Estados Unidos me dijo que no importaban los daños que ese Tratado le provocara a la producción de alimentos en Colombia, porque podían reemplazarse con comida extranjera que pagaríamos con las exportaciones de petróleo. Y en otra ocasión agregó: “Mil y mil gracias por los subsidios (agrícolas extranjeros), porque nos permiten, por ejemplo, comprar trigo barato” (La Patria, May.16.04), ideas que han sido las de todos los gobiernos desde 1990 y que hoy nos tienen ante esta dolorosa realidad: importamos 14 millones de toneladas de productos agrícolas que podemos producir, no hay petróleo en abundancia y con los precios por el suelo y los alimentos son caros por la devaluación del peso.
Y a pesar de la pandemia, ningún neoliberal ha renunciado a las falacias con las que han justificado los inmensos daños al agro –e incluso peores a la industria–, en momentos en que las importaciones están estrangulando la leche y el arroz, cuya producción debe reducirse a poco o desaparecer, por tarde, en 2027 y 2031, respectivamente, suerte a la que también tienen sentenciados al huevo, el pollo y el cerdo y amenazados a otros productos.
Para ilustrar la gravedad de lo que ocurre, si por cualquier razón se cerraran las importaciones a Colombia de maíz, trigo y otros productos, nos quedaríamos sin pan y sin pastas y sin huevos, carne de pollo, cerdo y cerveza, porque producirlos depende de los insumos agrícolas importados. Así está de perdida la seguridad alimentaria nacional.
El Coronavirus hizo trizas entonces la tesis obtusa de que los colombianos debemos ver nuestra seguridad alimentaria no como un problema nacional sino global, suponiendo, contra la evidencia, que siempre tendremos algún producto minero con qué pagar las importaciones y que, más obtuso aún, siempre se producirá la comida en algún sitio del mundo dónde comprarla y nunca se interrumpirán los flujos comerciales de abastecimiento. Pero esta doctrina, llamada de las ventajas comparativas, no la aplican las potencias que nos arrebatan la seguridad alimentaria nacional. No solo no la aplican, y ahora menos que nunca, sino que apertrechan con retórica deleznable a los importadores criollos, que se enriquecen con ella, y a sus teóricos. ¿Sí notaron que varios países desarrollados se negaron a exportar los bienes industriales que otros necesitábamos para enfrentar la pandemia?
Lo único positivo que puede quedar del desastre de salud, económico y social que provocará el Coronavirus consiste en lograr cambios democráticos de diverso tipo, empezando por las relaciones internacionales de mula y jinete que padecemos. No para que se acaben los intercambios internacionales, sino para que los países como Colombia puedan adentrarse en la modernidad a la que estamos lejos de pertenecer. Y este puede ser un gran propósito nacional, que incluya incluso a quienes tienen contradicciones objetivas, como ocurre con los trabajadores y los empresarios, pues a los dos les interesa crear riqueza y empleo.
Bogotá, 24 de abril de 2020.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Fabio Cifuentes*.- En esta pandemia hemos visto que el gobierno no ha escatimado nada para declarar emergencias y expedir decretos que permitan neutralizar la propagación del Covid-19, pero en la práctica las ayudas no están llegando oportunamente.
No cuestiono la buena intención del señor presidente y su afán de soluciones rápidas, pero lo cierto es que nos estamos quedando en cifras y teoría mientras que millones de colombianos pobres comienzan a desesperarse con el aislamiento.
Lo mismo le pasa a gobernadores y alcaldes que hacen proyecciones y anuncios con mucha claridad pero en la práctica surgen los problemas.
Se entiende que montar una logística para llevar ayuda a todos los que están necesitados no es fácil pero es ahí donde se necesita que nuestros gobernantes designen personas con capacidad gerencial a toda prueba.
Se necesita un gerente nacional que conozca muy bien la calle, que se haya untado de pueblo y tenga claridad de cómo hacer llegar las ayudas de manera rápida y alejada de la politiquería.
Las Juntas de Acción Comunal deben jugar un papel importante porque son las que realmente conocen las necesidades de sus vecinos.
Los organismos de control deben trabajar hombro a hombro con las autoridades gubernamentales para garantizar que la corrupción no se robe el pan de los pobres.
Este desorden en la entrega de ayudas nos puede llevar a una grave crisis de orden público. Además de las personas con hambre hay mucho oportunista que aprovechan la ocasión para incendiar al pueblo y provocar acciones vandálicas.
Podría decir, sin exagerar, que el Gobierno debería pedir a los mejores gerentes del país que lo apoyen en esta crisis. Vemos que están llegando recursos, donaciones millonarias, pero no saben cómo ni a quien entregarlas oportunamente.
Además están descuidando a los campesinos del país, quienes están produciendo los alimentos. Se tiene que garantizar protección sanitaria para los miles de trabajadores del campo.
El sector agropecuario debe tener garantizados los recursos y ayudas necesarias para seguir produciendo porque ahí está el éxito de la cuarentena, que no falten los alimentos.
A eso se le suma la falta de autoridad. Desafortunadamente quedó demostrado que la irresponsabilidad de muchos colombianos, de todos los estratos, no tiene límite y ante esa situación no queda otra salida que comparendos y capturas.
Tiene que aplicarse la mano dura. No hay tiempo para educar y resocializar a nadie, cada hora que se pierda en esta cuarentena se traduce en más contagiados y muertos.
Se tienen que militarizar las caminos rurales, por donde están saliendo y entrando miles de personas de las grandes ciudades, especialmente de Bogotá.
El aislamiento se debe mantener por unas semanas más pero es necesario comenzar a levantarlo en el sector productivo en un porcentaje pequeño para que puedan recibir algún ingreso y evitar que las industrias se quiebren, aumentando así el desempleo.
La única vacuna que hoy tenemos contra el Covid-19 es el aislamiento y el lavado de manos, cumplamos estas medidas y salvemos vidas.
Estoy seguro de que los alimentos les van a llegar a todos. De la mano de Dios superaremos esta pandemia.
Bogotá, 24 de abril de 2020
*Asesor en Estrategia de Comunicaciones. Se ha desempeñado como subsecretario de prensa de la Presidencia de la República, jefe de prensa de la Campaña Presidencial Juan Manuel Santos y Periodista Caracol Radio.
Por Gabriel Ortíz*.- La mano corrupta de una dirigencia integrada por ¨ratas de alcantarilla¨, como las denominó el Presidente Duque, salió en defensa del infame primer lugar mundial que ostentamos dentro de la corrupción. Se había pensado que el tremendo castigo que ha traído a nuestra población el covid-19, era suficiente penitencia. Pero existe una maraña que no da tregua, que persigue hasta el ultimo centavo de los dineros públicos, de los apoyos de la ciudadanía, del sector privado y de la caridad internacional.
Estamos acostumbrados a lo ajeno, al pillaje y a toda suerte de depravación. No había aparecido la generosidad, cuando la corrupción había introducido sus podridas manos. Mientras nuestras clases más necesitadas sentían el ingreso de coronavirus en sus cuerpos con los latigazos de la fiebre, la diarrea y la asfixia, ya la descomposición llevada de la mano por la política, gozaba del dinero y las donaciones.
Esto se presenta en todos los niveles. Uno de ellos sucedió con los dineros gubernamentales para el agrocampo. El 90 por ciento, con los más bajos intereses, se entregó a los grandes capitales y propietarios; el 8% a los medianos y un miserable 2% a los pequeños. El expresidente Samper en declaraciones para el nuevo Canal Notisúper, expresó la necesidad de destinar abundante crédito a los pequeños, que son los mejores pagadores. Y así ha venido sucediendo con los créditos de todo el sistema financiero, especialmente con aquellos que tienen ayuda estatal.
Y no se diga lo que viene ocurriendo en los departamentos y municipios. Como estamos a pocos meses de iniciados los gobiernos regionales, aparecieron como por encanto los políticos de quienes dependen, e hicieron su agosto. Enlatados de $2.800 se cobraron a $25.000 y más.
El Invima, apresuradamente apruebó el medicamento ¨hidroxicloroquina¨, producido por un laboratorio en el que tiene intereses el Presidente Trump, como lo denunció en Univisión el periodista colombiano Gerardo Reyes. Este fármaco, solo sirve como sustento para pacientes de malaria, artritis y lupus, más no para el covid-19.
Estas son muestras de las acciones de las ¨ratas de alcantarilla¨, con los dineros de las víctimas del covid-19, en nuestra nación en la que existen dirigentes, empresarios y gentes que quieren apoyar las acciones del gobierno en su lucha contra la pandemia. Tanto el Nobel Santos y el expresidente Samper, están listos a colaborar, aunque este último urge por una mayor inversión social, especialmente para los industriales, comerciantes y agricultores, más pobres.
Colombia y otras naciones, urgen medidas para enfrentar al covid-19 y evitar las tragedias que como un tétrico manto se tiende sobre nuestro futuro. El hambre, la extrema pobreza, la parálisis y el pillaje, se suman al deterioro de una salud cuya privatización la lleva en caída libre. El Presidente Duque, tiene en sus manos la solución.
BLANCO: Los 1.000 empleados que busca Amazon en Colombia.
NEGRO: Las encuestas sobre popularidad van a enloquecer a los mandatarios regionales.
Bogotá, D. C, 23 de abril de 2020
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Por causa de la rapidez y la facilidad de contagio del virus Covid-19, particularmente cuando hay contacto físico o proximidad entre las personas, la situación en las cárceles -en especial las colombianas, en razón del hacinamiento- es sumamente grave. Lo cierto es que, quizá por las muchas excepciones y el alto número de quienes quedaron recluidos, no se logró a plenitud el objetivo que se buscaba (la protección de los reclusos y guardianes, ante el inevitable peligro de contagio) con las medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitorias adoptadas por Decreto Legislativo 546 del 14 de abril de 2020.
La Corte Constitucional, cuando nadie imaginaba que ocurriría lo que hoy ocurre por razón del Covid-19, advirtió al Gobierno sobre el hacinamiento en las prisiones (Sentencia T-153 de 1998. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz):
“Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos…”.
A lo cual añadió:
“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida.”.
Han pasado los años desde esta y sentencias anteriores de la Corte Constitucional sobre el tema. Los gobiernos, al respecto, han sido improvidentes e incapaces. El hacinamiento es peor cada día. Y la situación actual muestra que el estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión colombianos continúa, y no solamente continúa, sino que se ha agravado -y mucho- hasta llegar a una verdadera crisis humanitaria, que -Dios no lo quiera- puede cobrar muchas vidas por causa del coronavirus.
Bogotá, D. C, 23 de abril de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
