Opinión

Por Clara López Obregón*.-El último día del año viejo, Samuel Hoyos, el novel candidato del uribismo a la alcaldía de Bogotá, hizo su presentación ante los medios de comunicación. 

Propone convocar una coalición para derrotar el populismo y la corrupción que según él representan los 12 años de gobiernos de izquierda en la capital de la república, haciendo gala de un facilismo que ahorra pensar. 

El profesor Wasserman escribió una interesante columna en la que delinea las normas básicas de la deliberación democrática. La primera consiste en ser capaz de replantear el argumento del contrario de tal manera que pueda afirmar: “Yo no lo habría podido decir mejor.” La segunda, sacar de ese esfuerzo alguna lección o aporte a la posición propia. Representan el principio de honestidad intelectual tan necesaria para el debate en el foro público. La tercera regla exige a los interlocutores argumentar con hechos, razones y datos verídicos para ofrecer al público una visión completa, sin distorsiones, que permita a cada cual decidir por sí mismo, sobre bases ciertas y sin ser presa de la desinformación, las falsas noticias y el miedo. Encarna el principio del respeto al elector. 

Es de lamentar que un joven debute en el debate electoral con las viejas mañas de sus mayores. La deliberación democrática requiere ideas y propuestas en lugar de la repetición de noticias falsas convertidas en consignas para promover la estigmatización como la que se generalizó tan peligrosamente en el gobierno del expresidente Uribe. En ese prolongado mandato se dieron las escuchas ilegales conocidas como “chuzadas,” así como las provocaciones y las descalificaciones desde los servicios secretos del Estado y de la voz del propio primer mandatario, contra sus contradictores y las cortes que se atrevieron a no hacer su mandar. ¿Cuántas vidas costó esa intemperancia y cuánta desinstitucionalización?  

Sin lugar a dudas, en el gobierno de Samuel Moreno se produjeron serios hechos de corrupción que la justicia ha examinado a fondo. Pero ni la generalización de que la izquierda es toda corrupta, ni la contraria, que el uribismo es prístino y pureza, resisten el examen de veracidad. Lo que está fuera de lugar es defenderse de la justicia acusándola de incurrir en persecución política, cuando se trata de copartidarios, y pretender enlodar a colectivos enteros de gente honesta con estigmas que les roban su individualidad y honra. 

Con algo de exageración, el senador Jorge Enrique Robledo expresó en su momento: en la izquierda la corrupción es la excepción, en los partidos tradicionales, la regla. Yo aclararía, para no incurrir en lo que critico, que la corrupción es prevalente en la vieja política de los viejos y nuevos partidos tradicionales, como lo han mostrado los escándalos de la parapolítica y la mermelada que ahora el Centro Democrático busca constitucionalizar en la reforma política. También, que los partidos de izquierda deberíamos ser más autocríticos sobre la corrupción. Este cáncer es un fenómeno que la sociedad toda debe eliminar de su seno con el apoyo comprometido de todos los partidos.

Respecto del populismo, el debate también es de fondo. Yo diría que lo que distingue a la democracia de la demagogia es la sostenibilidad fiscal y, desde luego, los resultados. En 2011, cuando fui designada alcaldesa para terminar el periodo de Samuel Moreno, cuando iban ocho años de izquierda, Bogotá obtuvo grado de inversión y calificación AAA en sus finanzas. En ese contexto de finanzas sanas, los gobiernos de izquierda lograron la gratuidad en la educación pública, el mínimo vital de agua potable para los más vulnerables, un nuevo y completo esquema de vacunación, entre otros logros sociales que contribuyeron a una mejora sustancial en la calidad de vida de la población. 

En efecto, en esos 12 años de izquierda, la pobreza en Bogotá se redujo a menos de la tercera parte: del 32,1 por ciento en 2003 al 10,1 por ciento en 2015. La tendencia a la baja se revirtió en el gobierno Peñalosa que cuenta con el respaldo del Centro Democrático. Para 2017, en solo dos años, ya se había elevado al 12,4 por ciento de los bogotanos. 

Despachar semejante mejora social como populismo, es por decir lo menos, deshonesto intelectualmente. No. Así no es la cosa.

Bogota, D, C, 2 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Por Amylkar D. Acosta M*.-“Colombia es mucho más que vidas perdidas y oportunidades desaprovechadas” David Bushnell.

Colombia es una país de marcados contrastes, en donde las estadísticas más parecen una contabilidad por partida doble de nuestra pungente realidad. Excepción hecha de la recesión económica del año 1999 cuando el PIB cayó -4.5%, la economía colombiana, a diferencia de otros países de la región, ha crecido de manera sostenida. No obstante, después de llegar a crecer por encima del promedio histórico (4%) y de su crecimiento potencial (4.5%) durante el auge del sector minero-energético (2003 – 2012), con la descolgada de los precios de los commodities el crecimiento del PIB se desaceleró, a tal punto que el crecimiento potencial se redujo, ahora es de sólo 3.5% y, lo que es más grave, en los últimos tres años ha crecido por debajo de este crecimiento potencial .

Si bien entre 2010 y 2017 la pobreza monetaria absoluta bajó sensiblemente, al pasar del 37.2% al 26.9%, según la OCDE Colombia es el país más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo (¡!). La tasa de desempleo en los últimos diez años, según el DANE, pasó de dos dígitos en el 2008 (10.8%) a un solo dígito en 2018 (8.8%), pero, más de 2 millones de colombianos siguen sin encontrar empleo y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad laboral en Colombia es la más alta del mundo con el 61.3%.

En cuanto al ingreso percápita de los colombianos, este ha crecido pero menos de lo que ha crecido en la región; el mismo deja mucho qué desear, al punto que los US $6.056 anuales que se perciben están muy por debajo del promedio en Latinoamérica (US $8.562) y representa el 50% del ingreso percápita de Chile y la novena parte del de EEUU (¡!). No obstante, merece destacarse el hecho que en la última década se haya duplicado la clase media en el país, como también el haber logrado reducir la desnutrición infantil de una generación a otras del 25% al 10%, que aunque no cumplió con la meta del Milenio representa un avance significativo.

Según la Fiscalía General de la Nación, la tasa de homicidios de 2017 fue la menor en los últimos 42 años con 11.781 crímenes; pero, al mismo tiempo, según la Directora de Incidencia Política para Colombia de la organización internacional Save the Children Luz Alcira Granada, Colombia ocupa el tercer lugar entre 175 países, con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo.

No hay que olvidar que Colombia estuvo al borde del abismo. Según el Índice de Estados fallidos de la revista Foreign Policy, elaborado por el centro de investigación Fund for Peace, una especie de calificación del riesgo sobre la calidad de los estados, en el 2004 Colombia se situó en el puesto 14 y en el 2005 en el 27 entre 178 países clasificados, en la “zona crítica”. Afortunadamente, en el 2006 salimos de la “zona crítica” y entramos a la “zona de riesgo” al ocupar el lugar 33 y hoy en día, como uno de los dividendos de la Paz, debido al fin del conflicto armado con las FARC, que se prolongó más de cincuenta años, Colombia está en el puesto 71, alejándose de los estados más vulnerables, aunque todavía se mantiene en alerta naranja.  

Al propio tiempo, según la más reciente encuesta de Gallup la percepción que tienen los colombianos sobre su futuro no es alentador. A la pregunta de si consideran que “las cosas en Colombia están mejorando o empeorando”, un 72% responde que está empeorando y sólo el 15% responde que está mejorando. Pero, más preocupante que la cifra misma es la tendencia que muestra la encuesta, pues sólo cinco meses atrás el 23% respondió que las cosas estaban empeorando y un 59% que estaba mejorando. Es de anotar que en una encuesta realizada conjuntamente por Gallup y el Centro Nacional de Consultoría en enero de este mismo año, el 46% de los encuestados se mostraba optimista con respecto a las perspectivas de mejora y sólo el 26% tenía malos augurios y esperaba que las cosas iban a empeorar.

Otro indicador que es motivo de preocupación es el de la confianza del consumidor. Según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de FEDESARROLLO el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que venía teniendo un buen comportamiento desde el cuarto trimestre de 2017, esta tendencia empezó a revertirse desde julio de este año, hasta registrar en noviembre de este año un balance de -19.6%, su valor más bajo desde marzo de 2017. Es de anotar que la demanda en Colombia tiene un peso específico en el PIB de Colombia del 65%, razón de más para preocuparse por la incidencia negativa que puede llegar a tener en el crecimiento de la economía esa pérdida de confianza del consumidor, ralentizándolo. Por su parte el Índice de Confianza industrial (ICI), Según la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), por tercer mes consecutivo, en noviembre se muestra a la baja y por primera vez en terreno negativo desde diciembre de 2017 y registró el -4.3%.

Pese a todos estos nubarrones, según la más reciente encuesta de Gallup International, Win y el Centro Nacional de Consultoría de enero de 2018, mientras el Índice de Optimismo Latinoamericano pasó del 37% al 16%, en Colombia, al contrario sensu, pasó del 18% al 20%, dos puntos porcentuales más. Es más, según la misma encuesta 59 de cada 100 colombianos se sienten felices, lo que le mereció a Colombia ocupar, nuevamente, el segundo puesto en el mundo, con un puntaje de 88 puntos sobre 100, apenas superada por una isla perdida en el Pacífico sur  llamada Fiyi, que obtuvo 92 puntos sobre 100, en el barómetro de la felicicidad. Es decir que, en Colombia, como se dice coloquialmente, vivimos felices y contentos o mejor, como se dice coloquialmente, jodidos pero contentos (JPC).

Bien dijo el decano de los Colombianistas norteamericanos David Bushnell, que “los colombianos han demostrado su capacidad para recuperarse de situaciones peligrosas y terribles y continuar sus actividades cotidianas en circunstancias que al observador extranjero parecerían desesperadas”. La resiliencia que han mostrado y demostrado los colombianos frente a las más adversas circunstancias no tiene par en el mundo.

Medellín, diciembre 29 de 2018

www.amylkaracosta.net

Por Guillermo García Realpe.-En la primera entrega de nuestro balance legislativo hice un amplio recuento de las iniciativas que hoy son Ley de la República y que se sacaron adelante con ponencias nuestras en sendos debates en la comisión Quinta y la plenaria del Senado. De la misma forma de varias gestiones en temas sociales que hoy se traducen en brindar mejor calidad de vida a miles de familias de nuestro país. 

En esta nueva entrega de nuestro informe de rendición de cuentas, conocerán de una serie de proyectos que, hacen su tránsito en esta legislatura con miras a también convertirse en Ley de la República y cuyas ponencias tengo a cargo, todas de gran interés nacional. 

Dentro de las más importantes destacamos las siguientes: 

Proyecto de Ley 196 de 2018 “Por la cual se autoriza la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras-productoras y de reserva forestal de la Ley 2 de 1959, sin sustracción y se dictan otras disposiciones”, este Proyecto tiene por objeto autorizar a la Agencia Nacional de Tierras, para que en el marco de sus funciones, otorgue el uso o adjudique los bienes baldíos que se encuentran al interior de las reservas forestales protectoras, sin que sea necesario adelantar el trámite de sustracción señalado en el artículo 210 del Decreto-Ley 2811 de 1974, con base en varios lineamientos. 

Tanto el otorgamiento de uso como la adjudicación se harán con el fin que se adelanten proyectos productivos, asociados al manejo forestal sostenible, para contribuir al cierre de la frontera agropecuaria. 

Proyecto de Ley 201 de 2018 “Por la cual se regula lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política, relativo a los proyectos de inversión que se financiarán con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías”. 

Este proyecto tendrá un Régimen de transición. Es decir, los programas y proyectos que se pretendan financiar con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, que al momento de la expedición de la presente ley se encuentren registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), tendrán un plazo máximo de seis meses, contados desde la promulgación de la presente ley, para su viabilización, priorización y aprobación por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión. Esta iniciativa será de gran ayuda para las regiones colombianas con miras a fortalecer la innovación, la ciencia y la tecnología. 

De la misma manera avanzamos en un proyecto de suma importancia para preservar el Medio Ambiente y la vida marina en el Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina e Islas menores, para prohibir el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en ese departamento. 

Es así como el Proyecto de Ley 210 de 2018 está a un debate de convertirse en Ley de la República. 

También avanzamos en el penúltimo debate del Proyecto de Ley 251 de 2018 “Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento, cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia”, esta es una muy importante iniciativa que pretende impulsar una política nacional mediante la cual se vele por la conservación de las abejas y otros polinizadores, y de esta manera promover el desarrollo apícola en el territorio nacional y la producción agrícola sostenible y de paso garantizar la seguridad alimentaria. 

Según la estadística oficial, el 34 por ciento de las colmenas se han perdido en el país y es hora de diseñar políticas que propendan por su cuidado y preservación. 

En la Comisión Quinta también se logró aprobar, en primer debate, el proyecto de Ley 97 de 2018 que crea medidas para fomentar la restauración de ecosistemas con especies nativas, por esta vía pretendemos que el país restaure entre tres y cuatro millones de hectáreas para hacerle frente a la feroz deforestación, flagelo que en el último año devastó 220 mil hectáreas en el país. 

En materia de control político, logramos realizar el debate sobre la crisis de Hidroituango, ese megaproyecto eléctrico que puso en vilo a todo el país desde el pasado 28 de abril y que por fortuna hoy ha sido superado de forma gradual. 

Logramos que los actores que tienen que ver con la crisis de esta mega obra confluyeran a la Comisión Quinta, y fueron escuchados el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, de igual forma el Presidente de EPM, Jorge Londoño de La Cuesta y así mismo la Ministra de Minas, María Fernanda Suárez, ANLA, entre otros. 

En marzo próximo, cuando el Congreso regrese a sus sesiones seguiremos liderando estás y muchas más iniciativas en defensa de nuestro Medio Ambiente, de los derechos de las minorías, de los animales, de la Paz y la reconciliación nacional. 

¡PAZ CON LA NATURALEZA! 

Bogotá, d. C, 2 de enero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Carlos Bocanegra Chacón *.- Hoy despedimos el año, reflexionamos sobre lo vivido, lo que hicimos y dejamos de hacer. También como lo dicta la tradición, de diferentes maneras pensamos en nuestros deseos y compromisos para el 2019. Se puede decir que es un día especial en el cual podemos hacer un reconocimiento del periodo que se acaba y lo que esperamos del que se avecina. 

Recordando un poco, en materia deportiva fuimos testigos de un 2018 lleno de éxitos. Caterine Ibargüen fue elegida la mejor atleta mujer del año.  La selección de fútbol femenina del Atlético Huila ganó la Copa Libertadores de mujeres. En boxeo, el antioqueño Eléider Álvarez se convirtió en campeón mundial en la categoría semipesado y, con la misma jerarquía, nuestros deportistas cosecharon decenas de medallas de oro, plata y bronce en patinaje, natación y gimnasia en las competencias internacionales que participaron. 

Para nuestro orgullo cucuteño, el gimnasta Jossimar Calvo ganó dos medallas de oro y dos de plata en los Juegos Sudamericanos y tres más de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La tenista juvenil María Camila Osorio ganó también varios torneos y continúa ascendiendo en el ranking mundial de este deporte. De igual importancia, celebramos con euforia la destacada e histórica participación del Cúcuta Deportivo en el Torneo Águila y su regreso a la máxima categoría del fútbol profesional. 

En el ámbito político nacional, los escándalos estuvieron a merced del día a día. La corrupción de Odebretch, la investigación de Álvaro Uribe por los falsos testigos, el video en el que aparece Gustavo Petro recibiendo fajos de dinero, las pechugas de 40 mil pesos que eran contabilizadas por algunos contratistas para robarse la plata de los refrigerios de los niños en escuelas colombianas, entre otras, fueron varias noticias que padecimos este año. 

Sin embargo, debemos ser conscientes que a raíz de momentos difíciles experimentados, se generaron actos de responsabilidad y apoyo ejemplares. Los colombianos cansados de las injusticias percibidas por el sector público, salieron masivamente a votar en una consulta anticorrupción que, si bien no alcanzo el umbral necesario para ser aprobada, obtuvo el respaldo de más de 11 millones de ciudadanos. Una votación sin precedentes teniendo en cuenta que fue un ejercicio sin maquinarias políticas. 

De la misma manera, debo señalar la importancia que tuvo el Congreso de la República al frenar la reforma tributaria que pretendía gravar con impuestos a toda la canasta familiar. Sabemos que nuestros congresistas no gozan de la mejor popularidad, no obstante, unidos en bloque y en una verdadera representación de la sociedad, tumbaron los impuestos que iban en contra de las clases bajas y medias del país y otras cargas tributarias que el Gobierno quería imponer con el fin de financiar un déficit presupuestal que, aún hoy, el ministro de Hacienda no ha podido explicar con claridad. 

A nivel local, Cúcuta siguió soportando la crisis migratoria venezolana, se aprobó en el Concejo un impuesto de seguridad que fue rechazado por toda la comunidad, la internación de vehículos sigue en pie y continuamos esperando la tan anhelada ayuda del Gobierno nacional para mitigar la crisis socioeconómica que padecemos. 

Es verdad que este año no fue sencillo para los cucuteños, pero revisando las cosas buenas y no tan buenas, aplaudo que reemplazamos la xenofobia por una conciencia de solidaridad hacia nuestros hermanos venezolanos. Pese a que hemos sido agraviados por las distorsiones que generan las malas políticas públicas planteadas para la ciudad, el motor empresarial que tenemos y la admirable clase trabajadora que corre por las venas de la Perla del Norte, hacen de esta región una fuerza viva que nunca se rendirá. 

Ahora, el próximo año es extremadamente importante. Volvemos a participar en unas elecciones locales de las cuales debemos ser protagonistas. Somos nosotros los llamados a cambiar el rumbo de la ciudad y tenemos que entender que no es el Gobierno el que nos dará soluciones. Las soluciones vendrán de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra honestidad y de nuestra dedicación, y en el ejercicio de la política, queridos lectores, esto significa que debemos elegir bien. Tenemos la oportunidad para actuar unidos y votar por aquellas personas que tengan procesos colectivos y profesionales de desarrollo real para los problemas locales existentes. 

Yo veo una Cúcuta con sed de justicia y grandeza, doy gracias a todas las personas que construyen ciudad y les deseo para este 2019, que juntos hagamos historia.

Bogotá. D. C, 31 de diciembre de 2018

*Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

*

Por Juan Camilo Restrepo Salazar *.- Un amigo me ha enviado las siguientes predicciones de lo que puede suceder en los años venideros en materia tecnológica; las transcribo para que usted juzgue amable lector y aprovecho para desear a todos un Feliz 2019.

1- Talleres de reparación de automóviles desaparecerán.

2- El motor de gasolina/diésel tiene 20,000 piezas individuales.

Un motor eléctrico tiene 20.

Los automóviles eléctricos se venden con garantías de por vida y solo los reparan los concesionarios.

Solo lleva 10 minutos retirar y reemplazar un motor eléctrico.

3- Los motores eléctricos defectuosos no se reparan en el concesionario, pero se envían a un taller de reparación regional que los repara con robots.

4- La luz de mal funcionamiento de su motor eléctrico se enciende, por lo que conduce hasta lo que parece un lavado de autos, y su automóvil es remolcado mientras toma una taza de café y sale su automóvil con un nuevo motor eléctrico.

5- Las bombas de gasolina se irán.

6- Las esquinas de la calle tendrán aparatos que dispensarán electricidad. Las empresas instalarán estaciones de recarga eléctrica; de hecho, ya han comenzado en el mundo desarrollado.

7- Los principales fabricantes de autos ya han designado dinero para comenzar a construir nuevas plantas que solo construyen autos eléctricos.

8- Las industrias del carbón desaparecerán. Las compañías de gasolina/petróleo se irán. La perforación para el petróleo se detendrá. ¡Así que dile adiós a la OPEP! El Medio Oriente está en problemas.

9- Las casas producirán y almacenarán más energía eléctrica durante el día y luego la utilizarán y la venderán a la red.

La red la almacena y la distribuye a las industrias que consumen mucha electricidad.

¿Alguien ha visto el techo de Tesla?

10- Un bebé de hoy solo verá autos personales en museos.

El futuro se acerca más rápido de lo que la mayoría de nosotros podemos manejar.

11- En 1998, Kodak tenía 170,000 empleados y vendió el 85% de todo el papel fotográfico en todo el mundo.

En tan solo unos años, su modelo de negocio desapareció y quebraron. ¿Quién hubiera pensado que eso sucediera alguna vez?

12- Lo que sucedió con Kodak y Polaroid ocurrirá en muchas industrias en los próximos 5 a 10 años... y la mayoría de la gente no lo ve venir.

13- ¿Pensaste en 1998 que tres años después, nunca volverías a tomar fotos en una película?

Con los teléfonos inteligentes de hoy, ¿quién tiene una cámara en estos días?

14- Aun cuando las cámaras digitales se inventaron en 1975.

Las primeras solo tenían 10.000 píxeles, pero seguían la ley de Moore. Así que, al igual que con todas las tecnologías exponenciales, fue una decepción por un tiempo, antes de que se volviera superior y se convirtiera en la corriente principal en solo unos pocos años.

15- Ahora volverá a suceder (pero mucho más rápido) con Inteligencia Artificial, salud, automóviles autónomos y eléctricos, educación, impresión 3D, agricultura y empleos.

16- Olvida el libro, "Choque de futuro", bienvenido a la 4ta Revolución Industrial.

17- El Software ha penetrado y continuará penetrando la mayoría de las industrias tradicionales en los próximos 5-10 años.

18- ¡Uber es solo una herramienta de software, no son propietarios de ningún automóvil y ahora son la mayor compañía de taxis del mundo! Pregúntele a cualquier taxista si lo vio venir.

19- Airbnb es ahora la mayor compañía hotelera del mundo, aunque no son propietarias de ninguna propiedad.

Pregúntele a los hoteles Hilton si vieron eso venir.

Bogotá, D. C, 30 de diciembre de 2018

*Abogado, Economista y Exministro de Estado

Por Gabriel Ortiz.- Colombia es un país de contrastes que difícilmente pueden entender los habitantes de muchas naciones que le siguen la pista al Proceso de nuestra Paz.

No habíamos logrado celebrar el cuarto aniversario de los acuerdos de La Habana, cuando ya un plebiscito quiso enterrarlo. Por fortuna antes de rubricar el documento, se le habían aplicado los blindajes necesarios para que los enemigos de la paz no lo volvieran trizas.

Terminado el conflicto con las Farc, ese grupo hizo entrega de 10 mil armas de guerra, que se convirtieron en el primer monumento a la paz, elaborado por la artista Doris Salcedo, con unas lozas en acero pacientemente martilladas por mujeres victimas de los 50 anos de violencia que ha sufrido nuestro país. Son diez mil armas que han salido de nuestro territorio.

Pero ¿hacia dónde vamos? El presidente Duque ha revivido la entera libertad para adquirir armas y portarlas. El decreto, mediante un “mico”, da facultades al Ministerio de Defensa para expedir las autorizaciones especiales que requieren los compradores. Es decir: se va a   armar a la gente gente, sin mayores restricciones. Marcharemos hacia la conformación de ejércitos privados -antes los llamaban paramilitares-. Se desconocen las razones por la cuales Duque dio a conocer, previamente el decreto en cuestión, al expresidente Uribe y a otras personas no menos cuestionables.

Mientras se acaban las guerrillas, aparecerán grupos iguales o peores a los que actuaron en esa época del terror.

La medida gubernamental, con mínimas condiciones, legalizará el suministro y porte de armas. Volverá el olor a pólvora y muerte. En Texas, Estados Unidos, cualquier persona que demuestre buen comportamiento, puede adquirir cuantas armas quiera. Pero algo debe exhibir. En nuestro medio, según el decreto serán mínimas las condiciones y a discreción del Mindefensa. Sabemos la facilidad y el billete que compran certificados.

La delincuencia que nos acosa en barrios, pueblos, ciudades y campos, tiene bajo su mando grupos terroristas y sicariales que la sostienen.

Hay mafias que alquilan pistolas y ametralladoras para que los asaltantes y criminales puedan cometer sus crímenes. La reinante corrupción, soborna y extorsiona a ciudadanos, autoridades, honrados comerciantes y pudientes campesinos, porque quienes la ejercen, son conocidos personajes, con ejércitos de guardaespaldas armados hasta los dientes.

El decreto presidencial, ha debido ir de tajo contra esas organizaciones y el enjambre de delincuentes que con toda suerte de armas blancas y de fuego, siembran el pánico entre las gentes de bien que deben tomar un bus, un taxi, el Transmilenio, la bicicleta, las calles, acudir a un cajero, un banco, o simplemente dar un caminata por un centro comercial.

El rechazo a la consultada y aplicada medida del Presidente Duque, ha sido casi unánime, porque hay sectores y “señores” que añoran esta guerra que estamos superando.

BLANCO: El paso de Jeyson Murillo al Barcelona.

NEGRO: La acusación de Uribe a la Corte de quererlo encarcelar.   

Bogotá, D. C, 27 de diciembre de 2018

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper

Por Clara López Obregón.- Una cadena de decisiones adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene a sus aliados y contendores en vilo y a muchos expertos en temas de seguridad proclamando que el mundo es hoy menos seguro, por los virajes y el estilo impulsivo del Presidente que las produce.

El presidente Trump ha antagonizado a sus socios de la OTAN y al Gobierno de Corea del Sur exigiendo que asuman una mayor proporción de los gastos en seguridad, bajo la amenaza de retirar las tropas estadounidenses. Tomó la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalen, sin obtener ningún compromiso hacia la solución del conflicto palestino israelí y se retiró del acuerdo atómico con Irán en contra del criterio de sus principales aliados europeos quienes insistieron e insisten que desconocer el acuerdo que esta funcionado solamente conduce a exacerbar las tensiones internacionales.

Tal vez una de las decisiones más polémicos ha sido el anuncio de retirarse del Tratado de armas nucleares intermedias, INF, por su sigla en inglés, que de llevarse a cabo podría desencadenar una nueva carrera armamentista, con nuevos actores como China, Irán, Corea del Norte, India y Paquistán. Más aun, algunos funcionarios de la administración estadounidense han manifestado que otro tratado de limitación de armas nucleares, el New Start Treaty, puede dejarse expirar sin solicitar nueva renovación en 2021. No es de poca monta un comentario hecho por el Presidente Trump que alguno de sus asesores filtró a la prensa: Para qué tenemos armas nucleares si no es para usarlas.

Los últimos días han registrado una escalada de críticas por la intempestiva renuncia y salida de James Mattis, el Ministro de Defensa, considerado uno de los últimos, sino el último, funcionario de la administración Trump que podía refrenar las decisiones impulsivas del Jefe de Estado. Su salida fue motivada por la orden de retiro de las tropas estadounidenses de Siria y la reducción a la mitad de las que operan en Afganistán, sin aviso previo a los aliados y mucho menos una estrategia para afrontar las consecuencias. Alemania, Gran Bretaña y Francia ya han manifestado su desacuerdo y en Estados Unidos, incluso, voces autorizadas de su propio partido han cuestionado la medida.

Con motivo de la crisis con Corea del Norte del año pasado, el senador republicano de Tennessee, Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, había afirmado que las amenazas de Trump podrían desencadenar la tercera guerra mundial. “Dependemos de Rex Tillerston (Secretario de Estado), Jim Mattis (Secretario de Defensa) y John Kelly (Secretario General de la Presidencia) para ayudar a separar a nuestra nación del caos,” dijo en ese momento.

Esa palabra “caos” ha aparecido estos días en boca de comentaristas y exfuncionarios refiriéndose al proceso de toma de decisiones en la Casa Blanca. También la preocupación de que la decisión de usar las armas nucleares reposa exclusivamente en manos del Presidente de los Estados Unidos. En la actualidad, ninguno de esos tres hombres de contención continúa al servicio del Gobierno.

Quien sí está, es el asesor de seguridad nacional, John Bolton, de quien un editorial del New York Times afirmó: “Sí, John Bolton sí es así de peligroso”. Con treinta años de carrera, su talante es bien conocido. Tiene poco respeto por la diplomacia y los compromisos internacionales y favorece soluciones unilaterales, como su jefe. En lo que atañe a nuestro vecindario, apoya la intervención militar en Venezuela que el presidente Trump promovió durante reuniones con varios presidentes latinoamericanos y que no descartó cuando fue abordado por un periodista.

El mundo puede estar llegando a un punto de inflexión en materia de seguridad global. Los acontecimientos recientes en la Casa Blanca son un mal augurio, tanto para la paz mundial como para la regional. La chispa que prenda la pradera puede producirse en cualquier parte, incluso en la frontera colombo-venezolana. No hay duda, el mundo es más inseguro hoy que en cualquier momento de la Guerra Fría. 

Bogotá, D. C, 26 de diciembre de 2018

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Por José G Hernández*.- El respeto debido a las decisiones de la Corte Constitucional, no impide que se discrepe de ellas, particularmente cuando, desde el punto de vista jurídico -como ha venido ocurriendo en los últimos meses-,  autos y fallos presentan inconsistencias, contradicciones o deficiente motivación. En tales casos, no solamente se tiene el derecho sino el deber de formular la crítica correspondiente, como contribución de la academia -en una democracia participativa- a la preservación de los valores y principios fundamentales, a la vigencia efectiva de la Constitución y a las rectificaciones a que haya lugar, en bien de la jurisprudencia y la doctrina.

La función que fue asignada por el Constituyente a la Corte Constitucional no consiste en apoyar o en atacar, desde el punto de vista político, las decisiones oficiales o las políticas de los gobiernos, ni tampoco en valorar la mayor o menor  conveniencia y la oportunidad de las normas sometidas a su examen, sino en velar por la intangibilidad, la integridad y la supremacía de la Constitución, mediante el estudio y la confrontación  jurídica, objetiva e imparcial de dichas disposiciones -inferiores en la jerarquía normativa-  con los principios y reglas de nivel constitucional. 

Cuando el artículo 4 de nuestra Constitución proclama que ella es “norma de normas”, está subrayando el postulado de supremacía o supralegalidad que la caracteriza en cuanto proveniente del poder originario y soberano –poder constituyente-  del cual es titular el pueblo, y que siempre debe prevalecer sobre los preceptos dictados por los órganos constituidos.

 Estos últimos -Congreso y Gobierno, por ejemplo- fueron creados por la Constitución, y fue el Constituyente, por medio de ella, quien, dentro de ciertas reglas y en determinadas materias, les otorgó facultades -que de otro modo no tendrían- para expedir normas jurídicas exigibles a los gobernados.

Por ello preocupa que, hoy por hoy, se observe una cierta tendencia de la Corte a debilitar el control de constitucionalidad y a obstruir, invocando formalistas y caprichosos criterios, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos.

La Corte permitió que el Congreso -cuyo poder de reforma estaba sometido a reglas- las modificara mediante el  “fast track” (procedimiento de reforma abreviado); que sustituyera al pueblo en la refrendación del Acuerdo de Paz; que sustituyera la Constitución en cuanto a la estructura de la justicia transicional. Y ha flexibilizado en grado sumo el rigor en  la exigencia de sujeción de las leyes a la Carta Política, generando un creciente desorden institucional. Véase, por ejemplo, la manera irregular como se tramitan normas legales y hasta constitucionales en el  Congreso, sin siquiera leer los textos, sin publicación oportuna, sin cumplir el reglamento  y sin debate, todo lo cual -si se aplica el actual criterio de control constitucional- será avalado por la Corte.

Resulta, entonces,  imperativo retornar a conceptos como los puestos en vigor desde 1920 por Hans Kelsen, y en Colombia por el Acto Legislativo 3 de 1910, por la Constitución de 1991 y por la jurisprudencia de los primeros años de su vigencia. Hay que fortalecer el sistema de control de constitucionalidad.

Reflexionen sobre esto en diciembre, señores magistrados.

Bogotá, 26 de diciembre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El Gobierno ha anunciado que en este año presentará su propuesta para el ajuste del salario mínimo durante el curso mismo de las negociaciones. Es una propuesta novedosa, pero ¿será útil?

Históricamente todos los gobiernos han jugado en la mesa de concertación del salario mínimo un papel de mediadores, es decir, no se juega ni con patronos ni trabajadores; permite que estos negocien, y solamente en el evento de que no haya acuerdo se fija el salario mínimo por decreto gubernamental.

Ahora el Gobierno ha anunciado que cambia de jurisprudencia. Y se juega desde mas temprano con un porcentaje específico. Hasta el momento la Confederación Nacional de Trabajadores (CGT) planteó un 10% de ajuste, la central unitaria de trabajadores (CUT) habló de un 12%, y el Concejo gremial planteó un 4%. A su turno los empresarios plantearon un 4% para comenzar las negociaciones. Entre tanto, Planeación Nacional indicó que el índice de productividad para el año fue de 0.52%, al paso que la inflación de los últimos 12 meses se ubica en 3.27%.

Así las cosas queda por responder la siguiente pregunta: ¿qué utilidad tendrá que el Gobierno renuncie a su tradicional función de mediador en el proceso de negociación del salario mínimo? Si el porcentaje que anuncia es muy alto y se acerca más al de los trabajadores, se le percibirá inmediatamente como haciéndole el juego al sector trabajador; y si es muy bajo se le señalará como alineado con las pretensiones empresariales. En cualquiera de esos dos extremos la propuesta gubernamental no va a ser aceptada por la parte que se sienta desconocida, y la fijación del salario mínimo desembocará, como ha sido tradicional, en un decreto.

Otro riesgo que se corre con este innecesario anuncio del Gobierno consiste en que éste, el Gobierno, se entusiasme más de la cuenta con un determinado porcentaje tal como irresponsablemente lo ha hecho el gobierno español este año. Los socialistas conjuntamente con el grupo Podemos, pactaron un ajuste del salario mínimo español para el 2019 del 21%. Cifra pasmosamente alta que le va a generar todo tipo de desarreglos a la economía española. Igual ha sucedido en México donde el nuevo gobierno se estrenó con un ajuste del 16% en el salario mínimo.

De otro lado la fijación del salario mínimo colombiano para el 2019 se enfrenta a otro escollo: el proyecto de ley que cursa en el Congreso según el cual deberán pagarse 15 días de salario a los trabajadores que devenguen hasta 3 salarios mínimos en dos desembolsos que se harían en marzo y septiembre, y que según el observatorio laboral de la Universidad del Rosario tendrá un costo de 4 billones de pesos para los empleadores.

La pregunta que queda flotando es: ¿ésta prima será tenida en cuenta al hacer los cálculos del salario mínimo? Pues los sobrecostos que acarrea para el sector empresarial son evidentes. No tiene lógica  que dentro de la Reforma Tributaria se estén bajando las tasas impositivas de las empresas, pero que de otro lado se estén elevando sus costos con esta prima, cuyo trámite ya va muy avanzado en el Congreso. 

¿Qué va a decir el Gobierno de todo esto? ¿Va a tirar línea en su anuncio de ajuste para el año entrante?

Lo que es cierto es que la utilidad de la nueva figura por virtud de la cual el Gobierno abandona su tradicional función de mediador para pasar a ser juez y parte, no tiene, a primera vista, una justificación clara.

PD: Ya escrito este artículo se anuncia que el salario mínimo para el 2019 se ajustará en un 6%. El gobierno hizo bien en no anunciar durante las reuniones de concertación cual era su propuesta. De esta manera el gobierno echó atrás en su anuncio de haberse convertido en juez y parte, pero preservó su papel tradicional de mediador en las negociaciones tendientes a establecer el salario mínimo del año siguiente. Tal como se argumenta en este artículo.

Bogotá, D. C, 23 de diciembre de 2019

*Abogado y Economista y Exministro de Estado.