Opinión

Por Jairo Gómez.-Es interesante el aporte de Gustavo Petro a la izquierda colombiana en esta campaña presidencial: la sacó definitivamente del clóset.

Acostumbrada a hablar pasito, con un lenguaje vergonzante, hoy se expone ante los colombianos como una alternativa de poder real, con verdaderas intenciones de cambio, un lenguaje fresco y seductor más allá de su propuesta de inclusión que es lo que la sociedad reclama a cántaros. Mientras la derecha, representada en todas sus versiones, se hunde en la mentira, la exclusión, la corrupción y un sistema de impunidad que se hizo para favorecer a los poderosos, la propuesta de Petro abre la esperanza para que esos delincuentes de cuello blanco vayan a la cárcel.

No hay que ignorar que senadores como Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, y Alex López han puesto su grano de arena desde el Congreso con sus atrevidos debates de control político que han puesto en evidencia el sistema corrompido que gobierna Colombia.

La izquierda ya no es el demonio que va aniquilar la nación y sus instituciones, al contrario esas instituciones las aniquilaron hace muchas décadas quienes las han usufructuado. No saben qué inventarse, no saben de qué artificio echar mano para seguir engañando al pueblo. No hay tal, el coco son ellos no la izquierda (Petro). Mejor ejemplo no puede haber: Uribe es lo más parecido a la inmovilidad, quiere llegar al poder para perpetuar ese orden y regresar el país al siglo XIX, por ello recorre pueblo a pueblo incendiando voluntades con un discurso “castrochavista” trasnochado, tratando de sembrar el miedo sin ningún tipo de lealtad intelectual.

Desde los medios se acude a la opinión como estrategia para atajar a Petro y debilitar a Fajardo. Dos sendas columnas del pasado domingo en El Tiempo son muy reveladoras, en ellas, Rueda y Vargas, critican a Sergio Fajardo (qué coincidencia) con la clara intención de  afectar la imagen del candidato de los Verdes y El Polo para que caiga en las encuestas y, de contera, crecer a Vargas Lleras. Pero no les va a alcanzar, como tampoco sirvieron las falaces y manipuladoras proyecciones de una firma encuestadora.

Qué creíble puede ser un establecimiento político que dice cosas como estas. Va la primera: el candidato Germán Vargas Lleras ya le notificó a la maquinaria que lo acompaña: “Cero corrupción en mi gobierno. Ya les notifiqué a los congresistas (maquinaria) que me apoyan, que se acabó la robadera”. Va la segunda: “Voten antes de que los cojan presos”, les dijo el expresidente Uribe a sus parlamentarios afectos para sacar adelante sus atrocidades legislativas, como la reforma laboral que hoy nos tiene pariendo a los trabajadores colombianos.

Sin embargo, esas fuerzas negligentes y dañinas que han plagado el país de fosas comunes y de asesinatos de líderes sociales a diario sin consecuencia alguna, hoy, increíblemente, mantienen la primera opción de gobernar. Pero no todo está perdido también surge como una alternativa la izquierda capaz de romper este farragoso círculo vicioso que por muchas décadas ha menoscabado la sociedad colombiana.

@jairotevi

Por: Guillermo García Realpe. @ggarciarealpe.- Lo que será el proyecto eléctrico más grande del país concebido hace más de cinco décadas y cuya ejecución empezó hace ya ocho años como un sueño de la empresa privada y de unos pocos poderosos, hoy presenta otra realidad.

Hidroituango se desploma como las grandes montañas adyacentes al imponente río Cauca que se resisten a ser inundadas en una represa que abarcaría 220 metros de altura  y un embalse que coparía 70 kilómetros de largo, con capacidad para contener hasta 2.720 millones de metros cúbicos de agua.

Los expertos que diseñaron el megaproyecto fallaron en sus cálculos, el proceso ha tenido grandes falencias, poca concertación con las comunidades afectadas de la zona y ni qué decir de las graves consecuencias ecológicas y medio ambientales. Hay decenas de familias desplazadas y mucha resistencia por parte de organizaciones sociales que se oponen al proyecto.

El amo y señor de la obra es Empresas Públicas de Medellín –EPM-, que según las comunidades de la zona se convirtió en la última palabra, campesinos denuncian que el nuevo Estado con sus tres ramas del poder público se llama EPM y esa “suplantación” -dicen ellos-, hace imposible que hayan garantías  de Derechos Humanos, ambientales, económicos, políticos y sociales. Lo que sin duda se convierte en un hecho ¡bastante grave!

Lo sucedido en Hidroituango es la segunda tragedia provocada por una hidroeléctrica, el país recuerda hace cerca de tres años cuando por poco hay un nuevo apagón por cuenta de un incendio en la hidroeléctrica de Guatape (también en Antioquia) que produjo directamente afectaciones en las centrales de San Carlos y Playas.

Se reclama entonces más presencia de los organismos de control que ayuden a ser veedores y garantes de los derechos de las gentes que son afectadas por este mega proyecto, pero por supuesto, que también hace falta responsabilidad social empresarial de EPM que al parecer sigue siendo nula con las comunidades afectadas. 

Nadie hasta el momento ha escuchado el clamor de los ciudadanos, se denuncia que  han perdido seres queridos que hasta hoy no aparecen y nadie les da respuesta, al igual que muchos bienes materiales de humildes familias campesinas y lo más delicado, se han producido asesinatos de líderes sociales en la zona.

Pero si la tragedia social ha sido inmensa, ni que decir de la tragedia ambiental. Muchas especies de animales han tenido que abandonar el bosque para salvar sus vidas, miles de árboles talados, de los cuales muchos corren por las turbias aguas del río Cauca generando otra dificultad más.

Hace algunos días otro problema se presentó en Hidroituango, grandes derrumbes pusieron en riesgo la millonaria inversión del megaproyecto, la empresa afirmó en un escrito enviado a la Procuraduría General que “tal situación, presentada desde el día 28 de abril de 2018, fue generada a causa de una condición geológica que ocasionó el desprendimiento de roca y tierra”; situación está que dicen los campesinos no es del todo cierta, teniendo en cuenta que históricamente ese territorio es zona de falla geológica.

Semejante situación generó que EPM tomara la decisión de inundar el cuarto de máquinas para mitigar el grave daño que podría formar –incluso- una gran avalancha aguas abajo del río Cauca.

Quedará entonces el país sometido en el corto tiempo a la potencia energética antioqueña que quiere llegar a dominar el 70% de la capacidad total energética de Colombia, basada únicamente en el componente económico de utilidades y ganancias sin importar el componente social y ambiental que en muchos casos queda en el olvido esperando una compensación que en la mayoría de los casos se queda corta, como se ha visto en otras regiones, como el Huila y el caso de El Quimbo. ¡En Antioquia no cabe un proyecto hidroeléctrico más, están generando energía a costo de la vida de la gente!

Y es que Antioquia sí que le bota corriente a este tema, saben que quien domina  la producción energética tiene garantizado su desarrollo, no obstante aspiran seguir dominando el mercado nacional, pues su capacidad  hidroeléctrica de toda la región es de 5.585 megavatios, muy superior  a la del centro del país considerada en 2.939 megavatios.

El Grupo EPM tiene 25 centrales de generación hidroeléctrica en el departamento que suman una capacidad instalada de 2.836 megavatios, siendo Porce III la central con mayor generación.

También Isagén es un actor importante en Antioquia, sus tres generadoras: San Carlos, que es la central de mayor capacidad instalada del país con 1.240 MW y que tiene la infraestructura necesaria para instalar otras dos unidades adicionales; Jaguas, central que produce 170 Megavatios y Calderas, con una capacidad instalada de 26 Megavatios.

Por lo pronto Hidroituango, el principal proyecto energético que tendrá el país en el corto plazo, seguirá esperando ver la luz al final del túnel.

Por Amylkar D. Acosta M.-“Es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”: José Manuel Marroquín. La Perrilla.                                                               

Todo el país sigue de cerca la contingencia que se presentó en Hidroituango, la mayor central hidroeléctrica del país, cuando estaba a punto de iniciar el llenado de su embalse y tenía previsto poner a generar energía la primera de sus tres unidades, que sumadas tendrán una capacidad instalada de 2.400 MW, equivalente al 17% de la demanda nacional,  en el mes de diciembre de este año.

De pronto, cuando nadie se lo esperaba, un alud de tierra taponó el túnel de desviación que permitiría que el Río Cauca, que alimentará la presa, siga su curso y a consecuencia de su obstrucción se ha producido un represamiento aguas arriba y una sensible reducción del caudal aguas abajo. El represamiento entraña un riesgo inminente de una avalancha súbita que amenaza a la población ribereña y el bajo caudal está perjudicando a los pescadores. Y de contera se ha infligido un severo daño ambiental en el área de influencia de este macroproyecto, afectando a la flora y a la fauna.

Está por establecerse la causa última de esta contingencia, que en principio se atribuye a una falla geológica y los técnicos tienen la palabra para establecer si la misma pudo o no preverse por parte de quienes trabajaron los diseños y/o por parte de la firma interventora. Mientras ello se precisa, lo primero es lo primero: se trata de conjurar un daño mayor en la población asentada en las orillas del río y así lo ha venido haciendo las empresas públicas de Medellín (EEPPMM), la dueña de este proyecto.

Sin parar en mientes y sin medir sus costos, las directivas de la empresa, encabezada por Jorge Londoño de la Cuesta, tomaron la decisión extrema de inundar la Casa de máquinas y así evacuar el agua represada, tanto mayor, en cuanto que las lluvias continúan, evitando una posible avalancha, poniendo a salvo la población de los 12 municipios de su área de influencia. Primero está la gente y así lo ha entendido EEPPMM!

La empresa ha dejado en claro que, pese al atraso de su entrada en operación a consecuencia de este imprevisto, estará en condiciones de cumplir con su compromiso de entrega de energía en firme al Sistema Interconectado Nacional (SIN) gracias al respaldo con que cuenta, dada la disponibilidad de su otra Central, Termosierra, de los 2.91 millones de kilovatios diarios de los 2.97 millones de kilovatios al día (1.085 gigavatios/hora/año) a los que está obligada entre diciembre de 2018 y noviembre de 2038.

Todavía es muy temprano para establecer los costos y las pérdidas que le significará a EEPPMM este siniestro, el que por lo demás está amparado, como lo ha asegurado la empresa, por pólizas de seguro que lo cubren. EEPPMM tiene bien ganada su reputación, estamos en las mejores manos, su idoneidad, competencia y capacidad para sortear este impasse está fuera de duda y por ello estamos seguros que pronto lo superará. No se puede bajar la guardia!

Aunque aún no se puede dar un parte de tranquilidad, puesto que todavía los moradores de la zona siguen con el credo en la boca, en situación de peligro y la empresa empeñada en morigerar el impacto y en disipar los riesgos inherentes a este desafortunado evento, lo que sí se puede asegurar, como lo hizo la Presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN) Ángela Montoya y el Presidente de Asociación Nacional de Generadores (ANDEG) Alejandro Castañeda, es que no está en riesgo la garantía del suministro de energía al país.

Es bien sabido que el SIN está soportado en una capacidad instalada de potencia en energía eléctrica de 16.800 MW, cuando la demanda máxima, en su pico más elevado, no supera los 10.000 MW. De ello se sigue que contamos con una capacidad para abastecer el mercado que excede la demanda en 7.656 gigavatios hora/año para diciembre de 2018, de 5.387 para el 2019, de 3.065 para el 2020 y de 882 gigavatios para el año 2021. Huelga decir, que otros proyectos de generación importantes están en marcha, entre ellos los de fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), que ya recibieron el banderazo!

Medellín, mayo 11 de 2018

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Por Jorge Enrique Robledo.- En Colombia se puede ser alcalde o gobernador con cualquier porcentaje de los votos mientras supere el de sus competidores y aunque sea inferior a la mitad más uno de los sufragios. Por ejemplo, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa ganaron en Bogotá con el respaldo de un poco más del 30 por ciento de los votantes. En contraste, solo se puede ser Presidente con el apoyo de más del 50 por ciento de los electores, sea que se obtenga en la primera o en la segunda vuelta. Para estos efectos, ganar en la primera vuelta pero perder en la segunda puede considerarse una victoria pírrica, figura que se usa desde el rey Pirro, quien triunfó en una batalla con tantas pérdidas que exclamó que otro éxito como ese sería su derrota definitiva. 

La historia de Horacio Serpa ilustra hacia dónde se dirige esta columna. Como se sabe, su imagen positiva fue lo suficientemente alta para permitirle disputar la Presidencia en tres ocasiones, cargo que nunca ganó. Porque su imagen negativa también fue siempre tan grande –sin importar si era justa o injusta la valoración de los colombianos– que ella siempre le impidió llegar a la Casa de Nariño. 

De ahí que sea un deber principal de los estrategas políticos tratar de escoger al adversario que se prefiere en la segunda vuelta, es decir, el que se considere más fácil de derrotar. Y la debilidad depende de las simpatías que genere cada candidato, pero además y de manera determinante, de las resistencias que produzca, porque si en la primera vuelta se vota por el que más se estima, en la segunda se tiende a votar en contra del que más se detesta o se teme. Se equivoca quien vota en la primera vuelta sin considerar lo que pueda pasar en la segunda, que es la que define, en especial si se considera como lo peor que pueda sucederle al país el triunfo de cierto candidato. 

Dichas realidades están en la base de los ataques y calumnias orquestados por las demás campañas contra Fajardo, incluso contradiciéndose entre ellas, porque unas lo presentan como miembro de un espectro político y las otras como del otro. Y con frecuencia lo hacen dentro de concepciones y ataques canallas, que compiten entre sí para ver quién actúa como el peor, pero, eso sí, para elegir a quien presentan como “el mejor”. Parecido al que reconoce que se corrompe para ganar el poder político, al tiempo que jura que gobernará con suma pulcritud. 

Estos ataques tienen origen en que todas las mediciones señalan a Sergio Fajardo como el candidato con la mayor imagen positiva y la menor negativa, combinación que lo pone en condiciones de derrotar en la segunda vuelta a cualquiera con el que le toque competir. De acuerdo con el Gallup Poll más reciente, Fajardo goza de 61 por ciento de imagen positiva contra 18 por ciento negativa, en tanto Duque-Uribe tiene 57-37, respectivamente, y Petro padece por el muy mediocre 41-53, cifras que nos ponen en el serio peligro de que vuelvan a la jefatura del Estado quienes ya han gobernado, y muy mal, a Colombia. 

Las excelentes cifras de Fajardo salen de su hoja de vida y de sus propuestas: a mano limpia, les ganó la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia a una clase política que se decía invencible y gobernó sin recurrir al clientelismo y la corrupción. A pesar de las complejidades de esta campaña presidencial, se ha mantenido fiel a sus convicciones de no actuar indebidamente y su programa de gobierno se inspira en la idea de unir a los colombianos –de todo origen político y sectores populares y clases medias y empresariales– para derrotar la corrupción, cumplir con acierto las normas del proceso de paz, darle gran importancia a la educación en todos sus aspectos, generar un millón y medio de nuevos empleos formales a partir de crear más riqueza en el agro y la industria, reducir la desigualdad social y la discriminación y cuidar y proteger el medio ambiente. 

Como Fajardo puede vencer a cualquier otro en la segunda vuelta, el mejor futuro del país depende, apreciado lector, de que superemos la prueba de las elecciones del 27 de mayo.

Por Gabriel Ortiz.- Los diez y seis días que faltan para una primera vuelta electoral dejan muy en claro que en Colombia se perdió cualquier ideología política, porque la corrupción, la violencia y los débiles y dóciles dirigentes la derrotaron. Esta población carece de doctrina, convicción, filosofía e ideas políticas.

Antes existían partidos con principios y fortaleza en ideas, líderes y dirigentes con convicciones, con ideales, con fundamentos, con garra, con honestidad.

El Frente Nacional sirvió para recuperar la democracia y limar asperezas entre las dos principales colectividades que manejaban la política colombiana con hegemonía. Subía un partido y temblaban hasta los porteros. Se introdujo la paridad.

Antes los ganadores permitían a los contendores participar burocráticamente, a regañadientes. Más los partidos sostenían su filosofía y sus principios. Las dos colectividades de entonces, y un incipiente partido de izquierda, mantenían su pensamiento, mentalidad, consciencia y honor. Solo el propósito de lograr lo mejor para los habitantes, impulsaba sus tesis y fundamentos.

El Frente Nacional duró 16 años repartiendo el poder entre las dos colectividades y manteniendo la paridad de funcionarios.

El fermento de la violencia nos privó de dirigentes de gran valía y trayectoria que fueron vilmente asesinados. Uno, por cuenta del narcotráfico, cuando estaba en la antesala de la presidencia y otro, que bordeaba ese umbral, por negarse a participar en una conspiración para generar un golpe de estado.

A pesar de todo, los partidos políticos se mantuvieron fieles a sus principios y firmeza ideológica, hasta que un presidente que había militado en el liberalismo, en el poder popular de Samper y en otros movimientos con esas ideologías, tomo las banderas de la extrema derecha, para darle el puntillazo final a los partidos tradicionales.

Por ello hoy estamos en vísperas de que algún grupo sin marcada ideología pueda llegar a la presidencia de Colombia. Ese alud nos ha conducido a la más grave y desastrosa polarización que ha servido para entronizar los partidos de garaje sin ideología, que hoy disputan posiciones y mandatos. Aflora el todo vale para ganar votos. Unos puestos o corruptos contratos convierten los agravios en abrazos.

Nunca antes se había visto tal cantidad de movimientos ávidos, hambrientos y anhelantes de pisar la Casa de Nariño.

En esas estamos. Quienes nos convencían con rectos principios, hoy bajo otras banderas, rodean al que más ofrezca. La corrupción, la violencia y la docilidad y sumisión de los líderes, han destruido nuestros partidos políticos. Un parcializado Consejo Electoral, las falsas promesas de candidatos, las “bodegas” virtuales y caninas disciplinas, manejan política y votaciones.

El populismo, la carencia de ideología y los azotes a un proceso que nos ha sembrado la convivencia, impedirán que podamos avanzar por senderos de progreso y prosperidad que garanticen a los próximos dirigentes eliminar los desequilibrios y la brecha, que impiden la justa repartición de nuestras riquezas.

BLANCO: El firme precio del crudo y el sostenimiento de la calificación del país.

NEGRO: La obstinación de Peñalosa por metro elevado y transmilenios chimenea.

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Por José G. Hernández.-Es verdaderamente lamentable que en nuestro medio no se haya abierto paso una cultura de respeto a la vida humana, y que, por el contrario, se incrementen los casos de muertes, inclusive por móviles tan bajos como el robo de un celular o de una bicicleta. Lo peor es la tendencia de la sociedad colombiana a tomar el fenómeno como algo normal. Y que las autoridades se contenten con comparaciones de cifras entre un año y otro, indicando que los crímenes han disminuido, y que por lo tanto “vamos por el camino correcto”, frase ésta que, como la relativa a las “investigaciones exhaustivas” o aquella otra según la cual “sobre los responsables (no encontrados) caerá todo el peso de la ley”, se ha convertido en símbolo de mediocridad e indolencia. Todo el mundo sabe que esas frases se pronuncian, a más no poder, como por decir algo, y que son mentirosas, pero el público las acepta.

Asesinaron en el sur del país a los periodistas del diario “El Comercio”; no se han podido rescatar ni siquiera los cadáveres para que sus familias les den cristiana sepultura, y dos personas más permanecen secuestradas, a la espera -quiera Dios que no- de su sentencia de muerte.

Son muchos los policías asesinados en el país en ejecución del llamado “plan pistola”, y miembros del Ejército y la Armada Nacional también han sido víctimas de las organizaciones criminales.

Los casos de sicariato son, de nuevo -como en la época de Pablo Escobar-, cada vez más frecuentes, en distintas ciudades y municipios colombianos. La Defensoría del Pueblo registró entre enero de 2016 y el 27 de febrero de este año un total 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Hace pocos días fue secuestrada y asesinada en Arauca la líder comunitaria María del Carmen Moreno, y al día siguiente del hallazgo de su cadáver, la personera de Arauquita informó que aparecieron los cadáveres de dos individuos que, todo indica, fueron los asesinos.

Respecto a esta ola criminal, y con toda razón, se han declarado sorprendidas instituciones internacionales como la Unión Europea (UE), los gobiernos de Noruega y Suiza, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todos muestran su preocupación por los ataques y asesinatos de estas personas, a la vez que el Estado, más interesado en proclamar ante el mundo que en nuestro territorio todo es paz y reconciliación, ha perdido control y autoridad; y no ha asumido en serio su papel, claramente plasmado en el artículo 2 de la Constitución: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Miles de mujeres han sido asesinadas por sus parejas; y todos los días se da cuenta de los crímenes cometidos en Colombia contra los niños, inclusive los de pocos días de nacidos; otros caen en medio de cruces de disparos o por balas perdidas.

En fin, no hay respeto alguno a la vida humana, ni a la dignidad de las personas. Y, a la vista de muchos, eso es perfectamente normal. ¿Habrá algo en los programas de los candidatos presidenciales al respecto?

Por Jairo Gómez.- Cuando la política se sumerge en la incoherencia, o estamos perdidos o es cuando necesariamente el país reclama un cambio de protagonistas en el poder, para no hablar de modelo. La sociedad no puede seguir, como ha ocurrido durante siglos, bajo el desatino de unos incompetentes cuyas promesas incumplidas redundan en pobreza, abandono y más violencia.

A esa lógica de la política, la de la vieja sociedad bipartidista que ya tocó fondo así se  esmeren en reencaucharla, la gente ya no le come cuento. Veamos el caso de la excandidata presidencial, Viviane Morales, otrora antiuribista, que producto de su incoherencia política decidió arroparse con las banderas del Centro Democrático (CD) cuyo líder e inspirador es el expresidente y Senador Uribe, de quien hizo su blanco predilecto para sus vehementes críticas por oponerse a las negociaciones de paz.

Cunden los ejemplos. Decía Morales, en un debate sobre las negociaciones en Cuba (Senado 29 de Septiembre de 2015), que “del tamaño de la verdad que construyamos en este proceso, será el tamaño de la paz que tendremos los colombianos”. Cómo conciliar esa posición pública con la del exmandatario antioqueño que propone eliminar la Justicia Especial para la Paz (JEP), que no es otra cosa que aniquilar la verdad y la justicia restaurativa; pero más aún, cómo coincidir con Iván Duque, “el que dijo Uribe”, que anuncia, de ser presidente, hacer “trizas” el acuerdo de paz.

Pero las diferencias eran aún más de fondo. Un punto neurálgico en la JEP es el tratamiento a los miembros de la Fuerza Pública que Duque rechaza porque, según él, los equipara a “los terroristas de las Farc”, y para la exsenadora era un instrumento idóneo porque advertía que “las salidas jurídicas (propuestas) por el Centro Democrático (sobre el juzgamiento de los militares) son salidas que no habrían resistido un minuto el escrutinio de los ojos de los organismos internacionales de justicia. (Por eso) hay que reivindicar la salida jurídica de los militares dentro de la sombrilla de estas negociaciones de paz”.

Cómo conciliar esas posiciones con su nuevo mejor amigo, puso a Morales en aprietos para tratar de  justificar su adhesión al candidato del CD y para hacerlo, acudió a un argumento retórico y rebuscado: “Creo que el principio de ética pública sostenido por mí se encarna en el principio de legalidad que el doctor Iván Duque pretende restablecer en nuestro país”. Es decir, ¿el Acuerdo de paz que defendía, hoy es ilegal? ¿De qué principio de legalidad y ética pública habla la excandidata, cuando lo que pretende el aspirante Duque, es todo lo contrario: desconocer la legalidad del Acuerdo de Paz?

La incoherencia hecha política, qué desfachatez. Y pensar que todo esto tiene origen, entre otros, en el desprecio que la exsenadora Viviane Morales le profesa hoy al Presidente Santos, a quien no le perdona que públicamente le hubiera hundido el referendo xenófobo que pretendía imponerle, a los colombianos.

Y, para terminar, no le queda bien al uribismo enrostrarle al Candidato de la Decencia Gustavo Petro, su pasado en el M-19, cuando en sus filas ya suma tres notables integrantes de esa agrupación que también tuvieron una responsabilidad con los hechos del Palacio de Justicia: Eberth Bustamante, Rosemberg Pabón y ahora el esposo de la liberal-cristiana-uribista, Carlos Alonso Lucio, quien desde los púlpitos político-religiosos hará votos celestiales porque su nuevo aliado Álvaro Uribe, llegue a la presidencia de la república por interpuesta persona.

@jairotevi

Por Amylkar D. Acosta M.- Colombia no es un país minero, porque son modestas sus reservas probadas de carbón, oro y níquel, que son sus principales renglones de producción y exportación del sector minero, pero tiene un enorme potencial por desarrollar. De los recursos naturales no renovables podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. 

Y los necesitamos, prueba de ello es que el Gobierno central pasó de recibir $29 billones provenientes de la actividad extractiva en 2013 a cero pollito el año pasado, con lo cual se abrió un enorme hueco fiscal, de tal tamaño que la reforma tributaria aprobada en 2016 fue solo un paliativo y los recortes presupuestales no se han hecho esperar. Eso ha significado menos recursos para invertir en infraestructura y para el financiamiento del gasto social, porque no hay a la vista a corto plazo otra fuente de ingresos que pueda suplir los que se dejaron de recibir por la caída de los precios del petróleo, del carbón, el oro y el ferroníquel, que solo desde el año pasado empezaron a reaccionar.

No hay actividad humana que no tenga un impacto económico, social y ambiental y la actividad minera no es la excepción. De lo que se trata, entonces, es de que se minimice dicho impacto, se mitigue y se repare, cuando hay lugar a ello. Y eso es posible con la Minería bien hecha, esto es que no sea depredadora del medio ambiente y se impongan las buenas prácticas operacionales, cumpliendo con los estándares más exigentes y el buen relacionamiento con las comunidades del entorno, que deben ser las primeras beneficiarias.

En los últimos años se ha venido dando un escalamiento del enfrentamiento de las comunidades con las empresas mineras que operan en sus territorios, poniendo en riesgo la actividad extractiva. Son varios los factores que han exacerbado la conflictividad en las zonas en donde se desarrolla la actividad minera, principalmente la falta de un ordenamiento del territorio, lo cual da lugar a un conflicto de usos y de ocupación del territorio, la ambigüedad sobre las competencias propias de la Nación y las de las entidades territoriales, así como la falta de reglamentación tanto de las consultas previas como las consultas populares[1]. A ello se vienen a añadir los vacíos jurídicos que dejo la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la Ley 1382 de 2010 que reformaba la Ley 685 de 2001 y la renuencia del Gobierno y el Congreso de tramitarla nuevamente, como se lo pidió la Corte, para lo cual les dio dos años de plazo, sin que se mosquearan siquiera para hacerlo.

Estos vacíos en el ordenamiento legal, así como la colisión de competencias entre la Nación, los departamentos y municipios, han dado pábulo para el activismo judicial. Lo reconoce el propio Presidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, cuando afirma que “quien debe definir el tema, para mi, es el Congreso de la Republica. Al final del día, los jueces resolvemos los problemas porque nadie más los resuelve. Lo ideal sería que el Congreso saque una Ley orgánica para ver cómo se concilian los interésese de la Nación sobre el subsuelo versus los intereses de las regiones y de los municipios sobre el uso del suelo”.

Un reciente fallo de Tutela de la Corte Constitucional en contra de CMSA, empresa esta que explota el níquel hace más de 30 años en el Departamento de Córdoba, tiene alarmado al sector minero, por el precedente que se ha sentado y por la inseguridad jurídica que significa cambiar las reglas de juego en la mitad del partido que se está jugando. En la misma se ordena a la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior que, en un plazo máximo de un año se realice una Consulta previa para seguir operando. Es decir, a posteriori. Y se dice en el fallo que la misma tendrá por objeto “establecer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental”, las que son inherentes al Plan de Manejo Ambiental (PMA), que es de la órbita de la competencia del Ministerio de Ambiente y no del Ministerio del Interior.

Se ordena además, se supone que a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), expedir “una nueva Licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes”. Cabe preguntarse si al momento de expedirse la Licencia anterior la autoridad ambiental pretermitió el cumplimiento de la norma Constitucional. Y, como si lo anterior fuera poco, según este fallo CMSA deberá crear un fondo especial de etnodesarrollo para “reparar a las víctimas desde una perspectiva colectiva y étnica”, que es lo más parecido a una caja de pandora.

Este es un ejemplo patético e ilustrativo de los constantes choques de trenes a los que ya estamos acostumbrados, los cuales dan lugar a una inseguridad jurídica para todas las partes involucradas y no sólo para las empresas y los empresarios, pues, en tales condiciones, nunca saben ni sabrán a qué atenerse[2]. En el entendido que el Estado es uno sólo y por ello mismo entre las tres ramas del poder y entre las distintas instancias de gobierno debería existir, como lo establece la Constitución Política, un alineamiento y una colaboración armónica entre ellas, que hoy no existe. Y ello sobre la base de que se cumpla el adagio popular, cada loro en su estaca.

Buscarle una salida a estos desencuentros es un imperativo, tanto más en cuanto que la reforma del régimen de regalías mediante el Acto legislativo 05 de 2011, que afectó sensiblemente los ingresos de las regiones en donde se desarrolla la actividad extractiva, ha servido de catalizador del descontento de las comunidades, que no están conformes con la nueva distribución, dado que el porcentaje que le asignan de las regalías no compensa el impacto económico, social y ambiental de los cuales son sujetos pasivos. Y para ello no hay otro camino que propiciar un gran Acuerdo Nacional, que comprometa al Gobierno Nacional, a las altas cortes, a los organismos de control, a las entidades territoriales, a la empresas y a las propias comunidades. Sólo en la medida que las políticas públicas sean políticas de Estado, que comprometan a unos a cumplirlas, a otros a hacerlas cumplir y los restantes a velar por su cumplimiento, será como podremos salir de este embrollo en el que está metido este sector tan importante de la economía nacional. Para luego es tarde!

Bogotá, mayo 6 de 2018

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Por Mauricio Cabrera.-En lo corrido del año el precio del dólar ha caído de forma acelerada. La revaluación del peso llegó a ser del 10% a mediados del mes pasado y, aunque se ha recuperado un poco, Colombia ha vuelto a ser el campeón mundial en materia de revaluación. La explicación general que se ha dado es la subida del precio del petróleo.

La correlación entre petróleo y tasa de cambio es válida para explicar las tendencias de largo plazo, pues en la medida en que ingresan más dólares por las exportaciones de hidrocarburos cae el precio de la divisa. Sin embargo este año hay otros factores a tener en cuenta.

Desde principios del siglo los hidrocarburos han ganado protagonismo en el comercio exterior colombiano, llegando a representar hasta las dos terceras partes de nuestras exportaciones. Aún hoy, cuando quedó atrás el pico de la bonanza, representan un poco más de la mitad de las ventas al exterior.

No es de extrañar que en el período 2002-2018 el coeficiente de correlación entre el precio del petróleo y la tasa de cambio haya sido muy alto (84%), lo cual es la causa inmediata de la funesta enfermedad holandesa. Cuando la tasa de cambio sube por factores externos como el precio internacional de una exportación, los demás sectores productivos salen perjudicados porque se abaratan las importaciones y se reciben menos pesos por las demás exportaciones.

Sin embargo, aunque el precio del petróleo ha subido 11% en este año, hay hechos que indicarían que la revaluación del mismo período tiene otras causas. El primero es que, a pesar del aumento del valor de las exportaciones de hidrocarburos, el monto efectivo de dólares que han entrado por este concepto es muy bajo.

Según las cifras de la balanza cambiaria del Banrepública, hasta el 20 de Abril los ingresos de divisas por petróleo solo habían sido 51 millones de dólares, un monto demasiado bajo para generar una presión bajista en el precio del dólar.

Lo que ha aumentado significativamente son los ingresos de capitales golondrina, es decir los capitales extranjeros que vienen al país a hacer inversiones de corto plazo, en TES, bonos o acciones, y que en cualquier momento pueden decidir volver a salir creando una delicada situación de vulnerabilidad.

Por Gabriel Ortiz.- “La paz es objeto de burlas y vejaciones”.

Como acertadamente lo denunció el candidato Humberto De la Calle, los espadachines, cabalgadores y picadores de siempre, se están tirando la paz. Hay disparos de todas partes. Cualquier hecho se convierte en una noticia falsa, que invade las redes sociales y periódicos como el Wall Street -fake news- Journal, para desconcertar y confundir a la opinión pública.

Esta campaña electoral ha sido aprovechada por los enemigos de la paz, del proceso que por fin se ha logrado en Colombia, para pescar votos en este río revuelto de la política mal orientada y maliciosamente dirigida a mantenernos en guerra y corrupción. Felones líderes se niegan a perder los beneficios disfrutados durante estos últimos 60 años.

La paz lograda en Irlanda del Norte cumplió esta Semana Santa 20 años desde su firma y 24 desde el cese el fuego. Ha superado los embates de felones que como los nuestros, “quisieron tirársela”.

Aparecen consejas por todas partes para aturdir a los colombianos y sacarlos a votar engañados y “emberracados” este 27 de mayo, como ocurrió con el plebiscito. Se siembra el miedo y se fabrican fantasmas para aterrar a las gentes con toda suerte de mentiras.

Ya los medios tradicionales, como los partidos, movimientos políticos y dirigentes  leales, rectos y justos, han desaparecido. Ahora todo vale. Todo se aprovecha maliciosamente. Todo se utiliza contra la paz, a la que le han fallado el Congreso, el Gobierno, los guerrilleros, los ciudadanos y hasta las víctimas. Se combate la Jep, los fondos, las ayudas.

La paz es objeto de burlas, humillaciones y vejaciones. Si se asesinan testigos, líderes y militares, si se amenazan candidatos, convierten la paz en amenaza nacional, mientras nuestra democracia agoniza. A todo se acude. No hay arista que se salve, porque no importa sacrificar un mundo para ganar prebendas y mantener la corrupción que se logra con los votos de una sociedad confusa, turbada y despistada.

Este proceso electoral está viciado porque busca posiciones utilizando el desconcierto y el engaño de una sociedad que ha perdido la brújula ante las prácticas de unos dirigentes que, acuden a lo que sea para lograr el poder que les devuelva la supremacía perdida.

Se batalla con la aterradora deportación de actores para impedirnos conocer la verdad, como sucedió con el paramilitarismo. Maliciosamente se utilizan las páginas del WSJ, para difundir falsas acusaciones que desdibujan la realidad. Estamos en una intemperie, en la que cualquier hilacha es trinchera, si se de atropellar se trata, para ganar dinero, poder, o recuperar prestigio.

Aún es tiempo de despojarnos del yugo que quieren aplicar a un país, a una sociedad y a unos compatriotas que quieren conservar y fortalecer la paz.

BLANCO: La valiente decisión de Bancoldex y su presidente Mario Suárez, para impedir que nos llenemos de chimeneas “transmilenias” que quiere instaurar Peñalosa en Bogotá.

NEGRO: Los paros como el del Catatumbo. Otro escollo para la paz estable y duradera.

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