Opinión

Por Amylkar D. Acosta M* .- De los proyectos de ley o de actos legislativos que tramita el Congreso de la República se suele decir a menudo que se sabe lo que entra pero no se sabe lo que sale al final para sanción presidencial. El proyecto de acto legislativo de la reforma política no ha sido la excepción. Tirios y troyanos coinciden en que lo aprobado es una verdadera colcha de retazos. Y entre retazo y retazo, entre los escombros de la demolición a la que quedó reducida la propuesta de Reforma Política y Electoral  propuesta por parte de la Misión Especial que se derivo del Acuerdo final con las FARC, se coló un artículo mediante el cual se crea el Fondo de Inversiones de Iniciativa Congresional.

Este proyecto fue aprobado en volandas al filo de la media noche del pasado 16 de diciembre, el último día y hora del primer período de la primera legislatura que expiraba. El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, embebido en el trámite del bodrio en que terminó convertido el proyecto de ley de financiamiento, prefirió mirar para otro lado, siendo aprobado a los pupitrazos el proyecto de acto legislativo de la reforma política en su primera de dos vueltas.

La iniciativa partió de la Senadora del Centro democrático Paloma Valencia y en virtud de la misma el Congreso y los congresistas recobran la iniciativa del gasto que les esta vedada, pudiendo presentar y aprobar proyectos de inversión específicos, previo visto bueno del DNP, hasta la concurrencia del 20% del presupuesto anual de inversiones de la Nación. Las criticas no se hicieron esperar, dado que con ello se estarían reviviendo los execrados “auxilios parlamentarios” que tanto se abominan.  

El más remoto antecedente de este endriago nos remite a la administración de Eduardo Santos, cuando siendo Ministro de Hacienda el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, este, en su Memoria fechada en 1942, reprochaba el hecho de que el Congreso asumiera “año por año unas facultades de iniciativa que no les confiere la ley orgánica. Así, se introducen nuevos gastos, en forma desordenada, en un proceso complicado de inflación presupuestal, de reajustes, de repartos por diputaciones, de transacciones sobre las cantidades que a cada miembro de la comisión de presupuesto corresponde distribuir. Y ese proceso no solo es ilegal, sino arbitrario, caprichoso, anticientífico”. Añadía él que “la reforma más necesaria es, sin duda, la supresión de la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos”.

Años después, ya como Presidente de la República, con el propósito de promover y aupar la disciplina fiscal, así como la eficiencia y eficacia del gasto público, a través de la reforma constitucional de 1968 le quitó al Congreso de la República la iniciativa del gasto. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad, pues para que se la aprobaran le dio vida al engendro de los vitandos “auxilios parlamentarios”, los cuales devinieron en fuente de corrupción.

La Constituyente de 1991 quiso cortar por lo sano, para evitar que la gangrena de la corrupción corroyera el parlamento y proscribió los auxilios parlamentarios a través del artículo 355 de la Constitución Política. Pero, a poco andar, el lugar de los “auxilios parlamentarios” lo vinieron a ocupar los denominados “fondos de cofinanciación” y el “Fondo Interministerial”, lo más parecido a una vieja y funesta práctica en el Congreso de los EEUU y de otros países de habla inglesa, en donde los congresistas pueden acceder para su manejo discrecional a partidas del presupuesto conocidas con el remoquete del “barril de los cerdos”. Posteriormente los “fondos de cofinanciación” y el “Fondo Interministerial” mutan y se convierten en los “cupos indicativos” o los “recursos por regionalizar”.

Además de la distorsión presupuestal que han significado estas distintas modalidades de injerencia del Congreso y los congresistas en la asignación del presupuesto de inversión pública, ahora motejada como “mermelada”, tienen como hilo conductor la falta de transparencia y probidad en la ejecución de tales recursos. Lo que se censura no es el hecho mismo de que los parlamentarios gestionen recursos para que estos sean invertidos en sus regiones, sino la relación incestuosa entre gobierno y Congreso y el entramado corrupto al que han dado lugar. 

La Corte Constitucional, en su Sentencia de exequibilidad de los “cupos indicativos” (C – 1168 de 2001), si bien considera que “no vulneran en sí mismo la Constitución, ya que constituyen legítimas partidas de desarrollo regional y no configuran entonces auxilios parlamentarios”, deja en claro que “no deben constituir instrumentos de desviación de poder”, que es justamente lo que se ha venido dando. De allí la reacción contra la “mermelada tóxica” en que se han convertido por parte de la ciudadanía y el desprestigio del Congreso de la República, que se debe en gran medida a los escándalos recurrentes que los han rodeado.

Ello explica el airado rechazo que ha recibido la aprobación por parte del Congreso de este Fondo, que revive los “auxilios parlamentarios”, so pretexto de que con él, según la Senadora Paloma Valencia, dizque “se garantiza el manejo transparente de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, elimina los auxilios parlamentarios y la mermelada y le devuelve al Congreso una de las funciones principales, que es el poder incidir en la manera como se gastan los recursos que pagan todos los colombianos” .

Ello va a contrapelo de la que sostuvo el Presidente Iván Duque con motivo de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2019: “con el apoyo del Congreso de la República se aprobó un presupuesto, en el que no hay ni un solo cupo indicativo; lo que demuestra que pueden llegar los recursos transparentemente a las regiones de Colombia” . Con lo que se acaba de aprobar por parte del Congreso de la República se está borrando con el codo por parte del partido de gobierno y del Congreso en pleno lo que el cándido Presidente Duque intenta hacer con la mano. 

 Bogotá, diciembre 22 de 2018

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Jos Felix Lafaurie*.- Se acaba 2018 y, al son de los villancicos, el Gobierno no escapa al ojo crítico de los balances decembrinos, alimentados por la realidad recortada de los medios y formadores de opinión.

El país estaba acostumbrado al pulso entre poderes para negociar apoyos por prebendas; al pago de favores con las instituciones y los bienes del Estado; a la gobernabilidad por complicidad en el negocio sucio de la mermelada.

Hoy vuelve a la colaboración armónica y al respeto entre poderes; hoy las instituciones vuelven a ser de los colombianos; ya no Fonade de “los ñoños”, el Sena de los Verdes, Planeación de unos y Agricultura de otros. Hoy los contratos de alimentación no son recurso de campaña ni de enriquecimiento.

Pero el cambio se enfrenta a la mezquindad de los interesados en deslegitimar. La Ley de Financiamiento es un ejemplo.El gobierno presentó un proyecto, como corresponde, para que el Congreso hiciera lo que le corresponde: debatirlo en democracia. Nunca antes se habían discutido tantas propuestas, y aunque con menos recursos, la de Financiamiento es un ejemplo de lo que debe ser una ley.

Pero claro; venimos de la mermelada y el fast track. Claro que repartiendo ministerios y contratos el Gobierno habría sacado avante su proyecto, pero a costa de la transparencia. Entonces el aporte de todos los sectores es calificado de “Frankestein”, y la ausencia de mermelada de “falta de liderazgo” del presidente y sus ministros.

Si la reforma a la justicia se cayó por enésima vez, es porque a la ministra del ramo le faltó “liderazgo” con las Cortes y a la del Interior “manejo” con el Congreso. Falso. Se cayó porque la justicia no ha mostrado voluntad de transformarse.

Esta sociedad está enferma y el tratamiento empieza con el ejemplo. Si Duque mantiene su talante, de no ceder a la mafia de la mermelada, de colaboración antes que “manejo”, de respeto a la oposición y a la protesta, de firmeza contra la corrupción y la violencia, su gobierno será histórico y este país veleidoso, comenzando por los medios, terminará valorando esa “revolución ética”.

Bogotá, D. C, 23 de diciembre de 2018

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por Jorge Enrique Robledo*.- Sin Estado no existiría el capitalismo. Porque además de su papel de gendarme –fuerza pública, soberanía nacional, Justicia…–, es un imperativo del desarrollo económico y especialmente del empresarial. Sin el respaldo del Estado, en los tiempos corrientes las economías se anquilosan, y en las crisis, que son inevitables, colapsarían los países. ¿Empresas sin el aporte oficial a la educación pública, la seguridad social, los servicios públicos, las vías, los puertos y los subsidios y sin controles al capital financiero ni incidir en las tasa de interés y de cambio? Aunque quisiera, el neoliberalismo no elimina la intervención del Estado en la economía. No puede. Lo que hace es ponerla al servicio de los poderes globales que impiden el verdadero progreso de países como Colombia.

En la economía de mercado resulta inevitable financiar el Estado con impuestos. Y estos no deben estrangular a las empresas, porque ellas son la principal fuente del ahorro, el progreso técnico y el mejor empleo, de lejos de mayor calidad que el de la informalidad. Pero los impuestos tampoco deben despojar de sus ingresos a los sectores populares y a la clase media. Por razones de justicia social y porque –ojo, empresarios– las empresas se quedan sin compradores. El salario no debe verse entonces solo como un costo de la economía, dado que también es la capacidad de compra de una nación, pilar de las ventas de todo tipo.

Lo que dificulta para ponerse de acuerdo en el debate tributario, ya en concreto, son los intereses individuales de dos tipos: las miopías que llevan a pensar que todo lo que sea bueno para mí también lo es para el país y el mayor poder de quienes han logrado separar su suerte personal de la Nación y, a conciencia, actúan contra el progreso de Colombia. Y todos ellos han montado su propuesta tributaria sobre falacias.

Falacia uno. “Muy pocas empresas, las mayores, pagan todos o casi todos los impuestos nacionales”. La verdad es que más de la mitad son indirectos (IVA, aranceles, combustibles), regresivos por definición al castigar, principalmente, a los pobres y a las clases medias. En renta también aportan las empresas pequeñas y medianas y la clase media asalariada y por cuenta propia. Y el monto de los pagos de las megaempresas no debe extrañar, porque obtienen el 80 por ciento de las ganancias empresariales. Falacia dos. “El impuesto sobre la de renta de las empresas es del 70 por ciento”. Otra fábula. Su renta nominal es del 33 por ciento, la actual reforma la rebaja al 30 y la real es bastante menor de lo que dicen las normas. La tasa en renta de las pequeñas y medianas y las grandes es igual, cuando debe ser inferior para las dos primeras, que además no gozan de las exenciones de las mayores. Falacia tres. “Si se rebajan los impuestos empresariales, el progreso nacional se disparará por añadidura”. Ojalá fuera tan fácil. Otro truco para tapar las causas principales del subdesarrollo del país.

Si algo evidencia el estilo marrullero con el que se gobierna a Colombia, es que no existe un cuadro oficial, refrendado por entidades respetables aceptadas por todos, que señale cuánto paga en impuestos, de verdad, cada sector de la economía, para que, a partir de esas cifras, pueda debatirse con seriedad sobre cómo debe ser la estructura tributaria.

Si bien el reclamo ciudadano impidió que se ampliara el IVA a más bienes de la canasta familiar, de todas maneras la reforma es regresiva. Porque más IVA a cervezas y gaseosas, que son artículo de consumo básico, castiga a pobres y clase media y porque esta pagará más impuesto de renta, aumento que se suma al muy fuerte de la reforma de Santos de 2016. Y porque a las megaempresas les mantendrán las numerosas exenciones y, como si fuera poco, les reducirán la renta en diez billones de pesos, cifra que Carrasquilla, violando la Ley 819/03, le ocultó al país.

Si se analiza la reforma no solo en 2019, además se evidencia la irresponsabilidad de Duque y Carrasquilla. Porque generará nuevos ingresos por siete billones en ese año, pero la renta se reducirá en diez billones desde 2020, aumentando el déficit fiscal, faltante que, como ya anunciaron, atenderán recortándoles los subsidios a los pobres, hasta alcanzar cinco billones de pesos al año (Enlace 1).

Bogotá, 21 de diciembre de 2018.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

Por Gabriel Ortiz*.- Con secreta mermelada que camuflaron como fondo congresional en la aplazada reforma tributaria y un pupitreo acelerado, vertiginosamente pasó la ley de financiamiento -la finacio y miento-. Un Senado soñoliento con David Barguil como ministro ad-hoc, y en la mañana siguiente una cámara apenas desperezándose, Colombia recibió un 19 de diciembre con el más confuso remedo tributario de su historia. Retardatario como los de siempre. Con premios para los ricos y sacrificios antitécnicos para la clase media y la pobreza.

El verdadero titular de hacienda estuvo en la penumbra para eludir aquello de los bonos de agua y ciertos negocios en Panamá.

La cacareada mermelada hizo su agosto en diciembre, con el fondo congresional, que entrega el 20% del presupuesto a merced de los parlamentarios del gobierno, de los independientes y de la oposición, para repartir a su manera. ¡Resucitaron los auxilios parlamentarios!

¿Será correcta la utilización de ese dinero? ¿Tendrá manejo legal y vigilado por el nuevo gobierno Duque, que tanto condenó esa forma de gastar los dineros del pueblo?

La confusa ley y la nueva mermelada se anuncian como una obra maestra, a un país que creyó en un gobierno y en un congreso que acaba de elegir.    

Tanta bulla y tantas expectativas, para lograr la mitad de la mitad. Pero nos sacarán a los más pobres 8 billones de pesos, mientras los bonos de agua siguen intactos.

 Por lo pronto, se han anunciado serias demandas a esta reforma, por inconstitucional y por vicios en todos sus trámites. Una de ellas fue anunciada por el excandidato Germán Vargas Lleras.

Entre tanto, el Presidente Duque sigue y seguirá defendiendo los nuevos impuestos y sacando su retrovisor para justificar la necesidad de 6 billones más para cubrir el faltante de 14 billones que nadie ha podido explicar o justificar.

Este jefe de Estado, en quien todos tenían puestas sus esperanzas, ha recibido, en estos cien días, palo de todos los sectores. Lo regana el jefe, quien con su tradicional arrogancia lo llama al orden. Lo conminó a enderezar su rumbo, para salvar al país.

Con la tradicional alevosía que exhiben los parlamentarios del CD, la senadora Cabal y su colega Gaviria, le ordenaron cambiar la cúpula militar y ahora le exigen una crisis de gabinete, porque no les sirven los ministros que acompañan a Duque. Es claro que son jóvenes e inexpertos en política, pero van aprendiendo.

El CD quiere acorralar a Duque por el resultado de las ultimas encuestas, como si fuera el único culpable. El jefe y cada uno de los miembros de ese partido deben responder por la impopularidad. Todos deben rodearlo. Otra actitud los convierte en simples oportunistas, que buscan prebendas y mermeladas para adquirir más poder en las elecciones del próximo ano. Duque debe asumir el poder y sacudirse de todos esos falsos seguidores que lo engañan.

BLANCO: El entierro “temporal” de la Ley TIC.

NEGRO: La negativa de la justicia norteamericana de liberar a Andrés Felipe Árias, porque puede “volarse”.

Bogotá, D. C, 21 de diciembre de 2018

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper

Por Horacio Serpa Uribe*.- Se terminó el año y en materia de salud seguimos lo mismo, más para atrás que para adelante. Los hospitales públicos quebrados, las EPS en proceso o a punto de ser intervenidas y liquidadas; los afiliados al sistema, especialmente los subsidiados, sin servicio adecuado y de tumbo en tumbo, las urgencias llenas, las consultas con especialistas dilatadísimas, los médicos mal pagos, el resto de empleados en precarias condiciones, el sistema de las cooperativas deficientes y con un personal reprimido y mal atendido, las tutelas en auge y la gente pobre y de clase media en agonía o esperando la muerte. Es apenas un retrato parcial.

¿Qué se hace la plata de la salud? El presupuesto aprobado para el año entrante es altísimo. Si dentro del sistema todo el mundo le debe a todo el mundo, nadie paga a tiempo, cada quien, privado o público vive denunciando y reclamando; si no se entregan los medicamentos; si ya nadie le quiere fiar a nadie; si todos rechazan a los enfermos cuyos medicamentos son costosos; si hay que rogar y tener palanca para conseguir una UCI o una operación especializada de urgencia; ¿en que se gastan tan cuantiosos recursos? Alguien tiene que responder, en alguna parte se evapora el dinero.

No niego la buena intención de todos los gobiernos ni la positiva actitud de los legisladores de siempre sobre este aspecto vital. Pero el sistema “no da pie con bola”. Con tantos años de reformitis lo evidente es que el enfermo no se cura, vive en estado comatoso, muchos de sus órganos están atacados por virus resistentes a los medicamentos normales, las cirugías a las que lo han sometido no han dado satisfactorios resultados, las enfermedades terminales lo agobian y lo cierto es que si continúan los tratamientos y los galenos de siempre no quedará más remedio que aplicarle la extremaunción.

En eso se está y es una irresponsabilidad mayor esperar al velorio. Se requieren medidas drásticas, de urgencia, para atacar la calamitosa situación de hoy y un plan para ir regresando a la normalidad. En suma, se necesita un nuevo sistema nacional de salud.

Es difícil porque cada quien opina distinto y porque nadie, solo, se atreve a meterle la mano a fondo al problema, que es el más delicado de todos. Por eso es que se requiere consolidad un propósito común por la salud, convenir un pacto nacional integrado por el gobierno nacional, con el Presidente de la República a la cabeza, los Alcaldes y Gobernadores, el Congreso Nacional, los Partidos Políticos, las comunidades científicas, los sindicatos y organizaciones que representan a trabajadores, clínicas y hospitales, todas las entidades que tengan directa relación con el tema, para concebir y luego  ejecutar un sistema de salud moderno, integral, ético, equitativo, de cobertura universal, que saque a los colombianos de tremendo atolladero.

Sin duda el acuerdo base debe ser entre gobierno y partidos. Es urgente, es lo primero, se puede lograr. Lo otro será seguir con los remiendos y las desgracias. 

Bogotá, D. C, 20 de diciembre de 2018

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.     

Por Mario Ramírez Arbelaez*.- En el área de la seguridad mundial, actualmente existen graves problemas causados principalmente por el enfrentamiento entre los EE. UU/ los países de la OTAN  y Rusia, el deterioro de las relaciones entre los estados y los conflictos en curso en varias regiones. La razón principal de la confrontación, la alienación y el conflicto, es que después del final de la Guerra Fría, no fue posible crear un sistema de seguridad integral que incluyera a todos los países.

Esa falta de unidad ha originado la reanudación de la rivalidad entre las grandes potencias, en cuyo contexto Estados Unidos está desafiando un cambio en el orden mundial, lo que implica la multipolaridad y la presencia de varios  centros de poder.

 La rivalidad geopolítica se intensifica debido a la colisión de una amplia variedad de conceptos de valor, a partir de los valores tradicionales familiares y las diferencias en los enfoques de las cuestiones de género y terminando con las cuestiones de la religión y el gobierno.

Este conflicto es sistémico, aunque es diferente de los conflictos de la guerra fría. Esta confrontación es más evidente en Europa. Esencialmente, porque aunque  Rusia se compromete a garantizar que su estructura sociopolítica interna y los intereses de seguridad nacional pueden ser plenamente reconocidos, los países europeos creen que esto socava el sistema de seguridad colectiva de Europa, que está centrado en la OTAN y construido desde el final de la Guerra Fría bajo la dominación de los Estados Unidos.

Washington insiste en que el bloque de la OTAN, debe ser la piedra angular del sistema de seguridad internacional en Europa, mientras que Moscú se centra en crear condiciones que les permitan resolver colectivamente los problemas existentes, teniendo en cuenta las diferencias de opinión. Rusia está preocupada por el proceso de transformación de la Alianza y por atraer nuevos estados y territorios a su zona de responsabilidad. Según Moscú, los países europeos que son miembros del bloque de la OTAN no pueden ser neutrales, son participantes secundarios en el conflicto.

Por ejemplo, la OTAN está expandiendo activamente el territorio para implementar el concepto de "Cielo Único Europeo", adoptado por la Unión Europea en 2000. Recientemente, han estado tratando de unirse a Azerbaiyán, Armenia y Georgia para el programa. Esto se debe en gran parte al deseo de acceder al espacio aéreo de las repúblicas transcaucásicas para observar las actividades militares de Rusia e Irán en el Caspio. A su vez, esto puede provocar que Moscú tome otras medidas de represalia, incluso en el marco de sus acuerdos de cooperación militar con Abjasia y Osetia del Sur. 

El número de fuerzas estadounidenses, así como las capacidades de combate de los sistemas de armas desplegadas a lo largo de la nueva línea de demarcación entre Rusia y los países de la OTAN, aún son moderados, pero es probable que aumenten. Esto ya está confirmado por el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles de EE. UU. en Polonia y Rumania, el despliegue de adicionales fuerzas militares y los medios de la Alianza en la UE y los estados bálticos.

Otro aspecto negativo de las relaciones internacionales modernas, es que los  medios  informativos están creando permanentemente fantasmas, cocos, que asustan donde no los hay, y por eso en esta época forjan  una imagen negativa de Rusia a través de su constante acusación de todos los problemas posibles, sus propios fracasos y pecados. Y no hace mucho tiempo, a pesar del éxito en los últimos Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, no permitieron que la opinión pública mundial, tuviera una imagen distinta y real del país, al que rocían constantemente, con barro y fake news- 

En muchos aspectos, precisamente por esta razón, también se producen malentendidos entre Occidente y Rusia. El hecho de que Washington o Londres crean o hagan conjeturas sobre algo inexistente, como lo es  la reactivación del "imperialismo ruso" o el "espíritu de la KGB" es visto por Moscú como medidas necesarias para defender los intereses nacionales. 

Sin embargo, a pesar de que el diálogo es primordial y necesario para el mundo entero, desafortunadamente, no existe, no hay vías de comunicación sinceras y estables, aunque  Rusia propone iniciar una conversación constructiva,  Occidente no abre sus puertas para que se cree un clima de entendimiento ,de tranquilidad de protección mutua y de no agresión . Y hasta que esto suceda, es difícil esperar una mejora significativa en las relaciones entre Rusia y los países occidentales. 

Bogotá, D. C, 20 de diciembre de 2018 

*Abogado y Periodista

Por José G Hernández*.- Los medios informaron que el 16 de diciembre, tras la final del fútbol y la novena de aguinaldos, y al tiempo con elección de Miss Universo, fueron aprobados en segundo debate en el Senado colombiano varios actos legislativos reformatorios de la Constitución; que, por tanto, ya se surtió la primera vuelta de tales reformas y que  faltan los cuatro debates de la segunda vuelta, los cuales comenzarán a tramitarse desde el 16 de marzo del año 2019.

Eso es cierto desde el punto de lo que dirá el acta correspondiente, pero, si vamos al fondo, ella no refleja lo que pudo verse en esa extraña sesión nocturna del Senado, convocada para el domingo con premura y llevada a cabo en medio de la angustia, sin que al menos fueran leídos los textos de los artículos que harán parte de la Constitución Política; sin discusión; sin que los senadores pudieran hacer uso de la palabra de manera razonable -como debería ocurrir-, y declarando en cada caso suficiente ilustración, que era precisamente lo que no se configuraba. El último de los textos por considerar fue votado sin lectura, sin debate; sin estudio alguno, faltando un minuto para las doce de la noche. Todo, para decir que "pasaron las reformas", modificando nada menos que  la Constitución precisamente de la manera como no se debe reformar ni el más insignificante texto normativo. Con independencia de si uno está de acuerdo o no con los textos votados, en su contenido, lo cierto es que el trámite dejó mucho que desear, por autoritario e irresponsable.

La Sentencia C-222 de 1997 de la Corte Constitucional señaló algo que ojalá recuerde la actual Corte si ante ella se demanda lo anoche aprobado:

"Algo muy importante, derivado de la exigencia constitucional de un cierto número de debates es el imperativo de llevarlos a cabo, es decir, de agotarlos en su totalidad para que pueda entenderse que lo hecho es válido, de modo tal que, si llegare a faltar uno de los debates exigidos, o si se surtiere sin los requisitos propios del mismo, según la Carta Política o el Reglamento, queda viciado de inconstitucionalidad todo el trámite y así habrá de declararlo la Corte en ejercicio de su función de control". (...) "Será de cargo del respectivo presidente garantizar que la discusión se lleve a cabo antes de la votación en cada debate, permitir las intervenciones de todos los integrantes de la comisión o cámara, dentro de lo que establezca el Reglamento, introduciendo, si es necesario, restricciones razonables en asuntos tales como la extensión de cada intervención, siempre que, al aplicarlas, se cumpla estrictamente lo anunciado y de la misma forma para todos, sin discriminación ni preferencias".

En síntesis, según la Corte -también en las leyes, pero particularmente en el caso de las reformas constitucionales-,  sin discusión no hay debate. Aquí no hubo discusión, y ni siquiera verificación de quórum, luego no hubo auténtico debate. Fue el cuarto de ocho “debates” pero...sin debate.

Claro que congresistas y gobierno están tranquilos, porque, pese al flagrante desconocimiento de la Constitución y de la jurisprudencia, si algún ciudadano acude a la Corte para demandar las normas así aprobadas, los actuales magistrados inadmitirán la demanda “por falta de suficiencia” en el argumento.

Bogotá, D, C, 20 de diciembre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Clara López Obregón*.- El movimiento estudiantil logró un avance significativo en beneficio de la educación superior pública que merece ser resaltado.

Ante la incomprensión de muchos, la represión policial y una insistente movilización, estudiantes y profesores de las 35 universidades públicas lograron que el gobierno nacional accediera a presupuestar los $ 4,5 billones exigidos para los próximos cuatro años.

El primer logro consistió en hacer entender al gobierno que el diálogo por sí solo no era suficiente. Que era menester negociar un acuerdo en el cual cada parte debía ceder. De ahí que el acuerdo contenga dos elementos esenciales: los recursos y la conformación de una mesa dónde se discutirá la política pública educativa y se le hará seguimiento al cumplimiento de lo pactado.

Respecto de la política educativa, son muchos los temas que se estarán abordando: la reforma del Icetex y el crédito educativo que tiene ahorcados a tantos estudiantes y sus familias, la reforma del régimen de regalías y de la Ley 30 en lo atinente a la fórmula de la financiación de la educación superior pública, entre otros.  Con tantos paros que se levantan a cambio de compromisos que luego se incumplen, la mesa técnica con participación de estudiantes y docentes estará atenta para verificar que los $ 4,5 billones se incorporen al Presupuesto General de la Nación y que esta vez sí se avance en los temas sustanciales del acceso y la calidad de la educación y su compromiso con el desarrollo social y democrático del país.

En este punto se podrá a prueba el compromiso expresado por el presidente Iván Duque en su discurso de posesión cuando aseveró: “Tenemos que devolverle el valor a la palabra del Estado;” máxime que personalmente suscribió el acuerdo con los estudiantes en la Casa de Nariño. No se equivocaron los estudiantes cuando respaldaron el acuerdo sobre la base de la buena fe y su capacidad de movilización como prenda del cumplimiento de los acuerdos.

El gran lunar en este proceso ha sido el retroceso en el manejo del orden público durante las marchas que se vivieron en varias ciudades del país, incluidas Bogotá, Cali y Popayán, sin que los alcaldes hayan tomado las riendas de la situación como les corresponde. Las tomas de la televisión dan fe de unas marchas multitudinarias,  pacíficas, alegres y rodeadas de la solidaridad de padres de familia y de amplios sectores sociales.

En ocasiones, cuando encapuchados interferían la protesta, el Esmad los aisló y protegió a los marchistas. Pero en otras instancias, el Esmad buscó disolver las marchas mediante el uso de gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y persecución de estudiantes ajenos a los desórdenes, con grave perturbación del derecho que debían proteger, en vez de agredir. A ello se sumó la insinuación del ministro de Defensa de que habría financiación ilegal de las protestas, que sumado a su propuesta de regularlas para que sirvan solamente a los intereses de las mayorías, se constituye en una clara violación de los derechos ciudadanos.

Si algo caracterizó a las marchas estudiantiles fue su carácter masivo y pacífico. No obstante, por el exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía, terminaron con la trágica pérdida de su ojo izquierdo al estudiante Esteban Mosquera. Estamos ante un movimiento estudiantil que superó con madurez y realismo la vieja táctica del tropel y la reemplazó por la deliberación y movilización democrática, pluralista y disciplinada.

Los métodos de deliberación utilizados por las organizaciones estudiantiles favorecen el consenso, las decisiones se toman con base en argumentaciones razonadas y su liderazgo colectivo ha logrado lo impensable, la unidad del movimiento, a pesar de las diferencias naturales que se expresan en su interior. Son ejemplo de la nueva generación y sus nuevas formas de participación activa alrededor de causas que se entrelazan entre sí. Son una nueva ciudadanía en plena formación y desarrollo.

Bogotá, D. C, 19 de diciembre de 2018

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

@claralopezobre

Concluye el año 2018 con dos movimientos sociales muy significativos y que, cada uno por su lado, logró movilizar a millones de personas fuera de las convocatorias políticas y lejos de los mezquinos personalismos de organizaciones sindicales; pero también culmina dejándonos la desastrosa cifra de casi 350 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.

Cuando hablo de los movimientos sociales me refiero a la consulta anticorrupción y la movilización estudiantil que, organizados y coordinados en el caso de los estudiantes, protestaron contra la ceguera gubernamental de mantener la educación pública al margen de los designios del país condenándola a la pobreza presupuestal y a la mala calidad.

Estos dos movimientos sin partidos ni representatividad política, lograron despertar en el país una conciencia que venía anestesiada por las promesas y las mentiras de un estamento político ineficaz y deficiente.

Además de acumular diatribas contra la corrupción que carcome a la sociedad colombiana, los resultados de la consulta anticorrupción con cerca de 12 millones de votos ponen de presente el descontento de una sociedad que cree en la democracia, pero que lamenta la incapacidad, inacción e inoperancia de quienes la administran. Refleja sin duda la desconexión entre el estamento político tradicional y le abre la puerta a un nuevo escenario político que puede verse reflejado en las elecciones regionales de 2019.

Por los lados de la movilización estudiantil, las universidades públicas demostraron que la calle es un buen escenario de presión y lograron, en un acuerdo histórico, concertar con el gobierno Duque una millonaria financiación para el bloque educativo superior que depende de la financiación del Estado. Creativos y con propuestas en mano, obligaron al gobierno a negociar pensando en futuro de país. Estas marchas estudiantiles fueron ejemplo para los ‘chalecos amarillos‘ en Francia que también forzaron al gobierno de Macron a negociar pensando en los franceses. Estos hechos pusieron en evidencia tanto allá como acá en Colombia que el sindicalismo como grupo de presión ha perdido espacio y que su corporativismo solo los lleva al descreimiento en que los tienen los jóvenes que hoy se la juegan con propuestas más universales y de cara al desarrollo de la sociedad.

En lo político y en lo social sin duda el país creció y en los años venideros la sensación de la política será otra porque no se puede seguir engendrando un neoliberalismo basado en el libre mercado sin entender que la sociedad en la democracia occidental reclama el liberalismo de verdad fuera de los cánones conservadores en lo cultural, en la garantía de unos servicios sociales eficientes y con el acceso debido, además de que conduzca a la sociedad a unos escenarios más equitativos lejos de la morbosa concentración de la riqueza.

Ahora, un lunar pone en entredicho estos avances lentos pero significativos y es el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Ya son cerca de 350 líderes que han perdido la vida sin que desde el gobierno se diseñe una política de protección seria. Esto que digo se ha dicho de todas las maneras y en todos los escenarios, pero es inconcebible que se desconozca la sistematicidad de estos crímenes que obedecen a una especie de “plan pistola” diseñado por organizaciones paramilitares auspiciadas y financiadas por grupos de interés que no están de acuerdo con los programas de restitución de tierras y la implementación de los acuerdos de La Habana.

No hay una respuesta efectiva y contundente a este tema por parte del presidente Duque, a quien parece diluírsele la administración del Estado en sus inexpertas manos, amén de la sensación de desgobierno entre los colombianos que se mantiene en un estado de latencia preocupante que en cualquier momento le puede explotar.

Este año que termina nos deja un sabor agridulce pero esperanzador en lo político, veo en el país un cambio cualitativo, sin embargo, no así en el respeto por la vida: un país que es indiferente a los asesinatos de sus líderes sociales y defensores de derechos humanos, nos deja la degustación amarga de que aún no somos capaces de construir una sociedad más tolerante y democrática.

Bogotá, D. C, 18 de diciembre de 2018

*Periodista y Analista Político

@jairotevi 

LOS acuerdos de paz que están en su último hervor en La Habana asumen que sus grandes protagonistas serán los territorios. No será una paz ejecutada solo desde Bogotá. Se apoyará fundamentalmente en lo que acontezca en las regiones. O sea: en los departamentos y los municipios.

De allí que establecer cuál es el estado financiero de las entidades territoriales  resulta crucial para determinar el músculo fiscal con que podrán encarar el descomunal compromiso que se les viene encima.

De la misma manera que subsisten serios interrogantes sobre la capacidad del presupuesto nacional para cumplir con los compromisos adquiridos del posconflicto, no menos inquietante resulta la situación por la que atraviesan departamentos y municipios.

Si a la fecha las finanzas del Gobierno nacional están gravemente deterioradas, también lo están las de departamentos y municipios. Un estudio reciente de la Contraloría General de la República estableció, por ejemplo, que las regalías se han mermado para las entidades territoriales durante el bienio 2015-2016 en 3,6 billones de pesos. Suma gigantesca.

El esquema tributario de departamentos y municipios está sumido en una monumental anarquía. Sobre todo en los primeros, los departamentos, la situación luce especialmente inquietante. Mientras el producido de los impuestos municipales se incrementó entre el 2000 y el 2013 del 1,3% al 2,5% del PIB, los departamentales se encuentran prácticamente estancados. Durante la última década no han logrado superar el 1% del PIB. En el año 2000 el monto de los tributos municipales equivalía a 1,7 veces el de los departamentos, al paso que este rubro se incrementó a 2,7 veces en el 2013.

La atomización de tributos territoriales es escalofriante. En la actualidad existen 13 impuestos de carácter departamental, 20 municipales y 105 estampillas, que es un tributo antitécnico pues lo que produce se pierde por mayores valores que se recarga en los contratos públicos. A menudo hay doble tributación en industria y comercio. Y el predial está gravemente rezagado. En otros casos se trata de tributos que vienen del siglo XIX en los que la administración vale más que el recaudo.

Este año expira el régimen de transición que la Constitución había previsto para las transferencias dentro del sistema general de participaciones. Por ese solo hecho, y a partir del año entrante, la situación fiscal de las entidades territoriales estará aún más comprometida.

Es pues apremiante que la próxima reforma tributaria estructural, de la que tanto se ha hablado pero que no se conoce aún, incluya un capítulo sobre modernización de la tributación de las entidades territoriales. Como lo recomienda la misión de expertos que rindió su informe hace poco. Este punto es especialmente relevante tratándose de municipios y departamentos frágiles desde el punto de vista fiscal. Y no es reviviendo el fracasado modelo de la ley Páez que se anuncia, el cual se prestó a todo tipo de abusos, como se solucionarán las cosas.

Hace treinta años no se efectúa en Colombia una modernización de la tributación a nivel territorial. Ahora, cuando coinciden el inicio del posconflicto -en el cual están llamados a jugar un papel estelar departamentos y municipios- y la próxima presentación de una reforma tributaria estructural, sería el momento para repensar a fondo los tributos locales. Estos no pueden seguir siendo la cenicienta de las finanzas públicas.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar