Opinión

Otra vez muere la ilusión de cambiar el sistema electoral colombiano, que es una de las raíces donde se alimenta la corrupción que carcome el país. Creíamos que esta vez sí iba a ser posible. Porque 12 millones de ciudadanos votamos contra la corrupción; porque el mismo Presidente la apoyó; porque al Congreso llegaron caras nuevas y jóvenes con ganas de cambiarlo; porque seguíamos esperando contra toda esperanza. Pero no contábamos con la astucia de esos gatopardos especialistas en cambiar todo para que nada cambie, y que paso a paso en los trámites parlamentarios fueron recortando el alcance de la reforma, introduciendo micos que empeoran el sistema político y eliminando los verdaderos cambios que podían empezar a sanear la corrupta democracia representativa que tenemos. ¿Cuáles eran esos cambios que se hundieron en la Cámara de Representantes? Listas cerradas en lugar del voto preferente; la reforma de la circunscripción nacional para el Senado; la prohibición de la financiación privada a las campañas electorales; la sustitución del inútil Consejo Nacional Electoral y la exigencia de Paridad de Género en las listas de candidatos.

El mecanismo electoral que más propicia la corrupción es el voto preferente, porque convirtió las elecciones a Congreso, Asambleas y Concejos en una costosa competencia de caciques electorales que tienen que amarrar los votos con promesas de puestos públicos o ingentes cantidades de dinero que luego buscan recuperar con recursos públicos mediante la asignación de contratos a sus financiadores. El carácter nacional de las elecciones al Senado empeoró la situación pues hizo más costosas las campañas para esta corporación, incrementando la cantidad de recursos públicos que debían ser escamoteados para repagarlas.

El reemplazo del voto preferente por listas cerradas rompería el vínculo entre la compra del voto y el beneficio personal del comprador; es difícil que algún contratista arriesgue su dinero para financiar no a un candidato al que después le puede exigir contratos, sino a una lista de un partido sin garantía de que su patrocinado salga elegido. Por supuesto, es indispensable que se fortalezcan los partidos y se impongan reglas de transparencia y democracia interna para que el voto preferente no se traslade a la conformación de las listas cerradas.

Por Mauricio Cabrera Galvis

Por Amylkar D. Acosta 

Primero se dijo por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia del 2019 había quedado desfinanciado en $25 billones; luego, sin mayores explicaciones, se redujo a $14 billones el déficit y de allí que el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso de la República ascendía a dicha suma. Pero, en vista de que se le cayó por inviable su propuesta de ampliar la base del IVA del 53% al 80% de la canasta familiar, con la cual se esperaba recaudar $11.3 billones de los $14 billones, se tuvieron que conformar con sólo la mitad de ésta que era la meta.

Mientras esto ocurre con el PGN, para sorpresa de todos, el Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) cuyo proyecto para el bienio 2019 – 2020 se había aforado por parte del Gobierno en la suma de $19 billones, finalmente se terminó aprobando, a pedido del Ministro Carrasquilla, con un monto de $ 24 billones, para un incremento del orden del 80.8% (¡!) con respecto al bienio anterior (2017 – 2018). Para ello se adujo que el Presupuesto inicial había tomado como base un precio del crudo para este año de US $65 el barril y para el año entrante de US $67 y según la proyección del Banco de la República el precio promedio para este año será de US $72 el barril.

Pero, lo que se predica para el Presupuesto del SGR es válido también para el PGN, por ello se puede prever que entre mayores impuestos que pagarán las empresas petroleras y mayores dividendos que le girará ECOPETROL a la Nación se pueda enjugar el déficit para el 2019. No obstante, para la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF) y para los investigadores de la Universidad Nacional Javier Ávila y Jorge Armando Rodríguez a partir del 2020 la situación fiscal se tornará cada vez más difícil y la Regla fiscal estará en un grave predicamento, asumiendo el riesgo de perder la calificación de Inversión para la deuda soberana de la Nación.

Y mientras la Gobierno Nacional se verá en calzas prietas para cuadrar sus cuentas y empezará a saltar matones a partir del 2020 hasta el término de su período en 2022, el Ministro de Hacienda persiste e insiste en mantener en el proyecto de ley de financiamiento y por lo visto los ponentes también todo un cúmulo de gabelas impositivas para las empresas, so pretexto de que estas “puedan generar más y mejor empleo”, como lo ha sostenido el Presidente Duque. Las mismas se han convertido en inamovibles para el Ministro de Hacienda y para el Gobierno. Tales beneficios y la conveniencia de los mismos no han sido materia de discusión, la cual se ha centrado en el IVA primero y luego en cómo tapar el hueco que el mismo gobierno está abriendo al mantener y ampliar las gabelas impositivas al gran capital. Con razón, a esta reforma  tributaria, que se ha disfrazado de Ley de financiamiento, la ANIF la ha catalogado con mucha propiedad como Ley de desfinanciamiento. Ello es muy cierto, porque lo que se está es abriendo un hueco para tapar otro y a la postre el recaudo del Estado se reducirá del 14% actual, como porcentaje del PIB, que según la Comisión del gasto y la inversión pública resulta insuficiente, a cerca del 13% en 2022. Así no se puede!

Y así, a la chita callando, debate tras debate en el Congreso y en los medios, allí sigue solapadamente la proliferación de beneficios tributarios para las grandes empresas y digo que para las grandes empresas porque, como lo acota el analista de la Red de Justicia tributaria Mario Alejandro Valencia, “según ACOPI, el 52% de las utilidades empresariales están en el 0.73% de las empresas. Así que los beneficios serán para menos de 10.000 empresas de las 1´300.000 que hay en Colombia”.

Como lo dice el Presidente de FASECOLDA y actual Presidente del Comité Intergremial Jorge Humberto Botero, “como regla general son inconvenientes las gabelas sectoriales, en especial si no se las justifica con anterioridad con sólidos argumentos y se omite computar el sacrificio de ingresos fiscales que comportan”. No puedo estar más de acuerdo con Botero, pues ni lo uno ni lo otro se ha hecho y los contribuyentes no pueden tragar entero. Es de anotar, que mientras los mayores ingresos que le reportará a la Nación esta Ley sólo resuelven el déficit del PGN para el 2019, en contraste los beneficios para las empresas que se aprueben tendrán un carácter permanente.

De aprobarse esta Ley, como está concebida, se sigue que para el próximo año por esta misma época estaremos lidiando con otra reforma tributaria para arbitrar los recursos necesarios para solventar el déficit de los años subsiguientes. Bien dice el ex director del DNP y ex director de ANIF Armando Montenegro, al referirse a “la fuerte rebaja de los impuestos y creación de generosos incentivos tributarios a las empresas”, que “numerosos estudios y la experiencia internacional, sin embargo, no confirman estos planteamientos y, más bien, muestran que estas políticas únicamente incrementan el déficit fiscal. Si el costo de esas medidas es el desorden financiero y la pérdida de confianza en la economía, el efecto neto sobre las empresas, inicialmente beneficiadas de las rebajas tributarias, seguramente será negativo” y, de contera, ello van a contrapelo del compromiso adquirido por el Presidente Duque de que “la equidad sea el gran objetivo” de su gobierno “y el gran objetivo de todos”. Así de claro!

Bogotá, diciembre 16 de 2018

Por Gabriel Ortiz*.- Fueron muchas las enseñanzas que nos dejó el ex presidente Belisario Betancur al partir hacia el Olimpo, desde donde nos sigue con su mirada, cuidando que seamos capaces de seguir sus valiosos consejos y ejemplos.

A los cuatro años ya sabía leer, escribir, pensar profundamente y observar con detenimiento, porque el aguijón del periodismo ya lo había acicateado.

Era un docto culto e iluminado que raciocinaba y reflexionaba con propiedad sobre la diversidad de ideas que cruzaban su imaginación o la de los demás.

Contrariamente a las actuaciones de ciertos dirigentes, pensadores y cabecillas, veía en el periodismo y en los periodistas a los defensores de la democracia, formadores de opinión y valiosos apoyos de una sociedad formada o en formación.

Cuando en mi calidad de Director Ejecutivo del Premio Nacional de Periodismo CPB, lo invité a acompañarnos en el acto de entrega de los galardones a los mejores colegas en febrero del 2017. Ese día dejó plasmada en una carta con su impecable caligrafía, su inquebrantable máxima frente a la libertad de expresión: “Siempre fue mi presea fundamental la actividad enaltecedora de periodista. Y mi filosofía en tal calidad, fue siempre la de que prefería una prensa libre y creadora aunque tuviera desbordamientos, que una prensa censurada, la cual no cabía en mis ejercicios profesionales en ningún caso”. Y agregó: “Sé que esa es la insignia de ustedes, sé que ese es su escudo. Sé que esa es su filosofía, que nos enorgullece a todos los colombianos”.

Qué palabras más oportunas para momentos en que surgen destellos funestos para la libertad de expresión, de reputados dirigentes que se buscan ocultad la verdad que destapan documentales, informes, estudios e investigaciones periodísticas.

Fue el ex presidente un visionario, cuya voluntad inquebrantable era alcanzar la paz durante su gobierno, porque como lo expresó en su momento, prefería el dialogo con la guerrilla al tratamiento militar. Prefería el “poder de la palabra, en lugar de seguir disparando” y así logró los primeros acuerdos con las Farc, que fracasaron por la inmadurez del movimiento guerrillero, como ellos mismos se lo dijeron al Presidente. Él y Colombia sabían, que el país estaba cansado de guerras; y la misma guerrilla también.

Nunca desmayó y estuvo inmerso en los diálogos de La Habana y en los acuerdos, porque era un convencido de que a Colombia le llegó la hora de la reconciliación. Dejó como sentencia un agradecimiento a quienes lo iluminaron en todos sus esfuerzos por lograr la paz, “la paz de La Habana y lo que seguirá que será más arduo, pero tenemos que tomarlo como tarea todos los colombianos”.

Y afirmó, que no se puede dejar escapar este momento estelar que vive nuestro país.

Y realmente sus palabras son sabias, porque se logró desarmar a las Farc, a esa guerrilla; pero no se ha podido alcanzar un desarme de los espíritus. Paz en su tumba señor Periodista Presidente.

BLANCO: La Fundación Compaz que lazó el ex presidente Santos.

NEGRO: La falta de credibilidad en Medicina Legal.

Bogotá, D. C, 13 de diciembre de 2018

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por Juan Carlos Bocanegra *- “La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que, en el curso de siglos, han permitido al hombre ser menos esclavizado”: André Malraux. 

Cuando tenía 14 años tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos con el fin de aprender inglés. Me encontraba en la ciudad de Bend, estado de Oregon, y recuerdo con especial precisión el día que un amigo de la familia, también de Cúcuta, fue de visita por motivos laborales. 

Luego de un recorrido turístico fuimos a comer, y mientras hacíamos la fila para ordenar nuestro pedido, mi amigo asombrado y algo orgulloso me dijo que la mujer de adelante le estaba “echando los perros”. Al preguntarle porque creía eso, me explicó que en dos ocasiones cuando por casualidad habían cruzado miradas, ella lo había saludado con una sonrisa muy amable.

Después de reírnos un rato por aquella situación, le dije que algunas veces me había ocurrido lo mismo, pero la realidad era que la gente en esa ciudad saludaba afectuosamente a todo el mundo, incluso a los desconocidos. Le comenté que Bend era un sitio agradable con gente respetuosa y, de acuerdo con los indicadores socioeconómicos de aquel país, una de las ciudades más prosperas para vivir.

18 años después, reflexionando sobre esta anécdota, estoy convencido que esos detalles culturales en las personas, entre otros, pueden cambiar el destino de una sociedad. Un saludo amable, una palabra cordial, un gesto de confianza o un acto de respeto hacia los demás; pueden generar externalidades positivas en un territorio.  

En el mundo existen varias teorías por las cuales unas regiones se desarrollan más que otras, diferentes puntos de vista económicos, geográficos, políticos y sociales podrían profundizar extensamente estos temas. Sin embargo, hay comportamientos culturales que por más ventajas que tenga una sociedad, pueden llegar a ser puntos de quiebre para condenarlas al fracaso.

Cúcuta es una región encantadora y admirable, con hechos históricos inigualables para Colombia, su gente es luchadora, emprendedora y resiliente. No obstante, hemos padecido las consecuencias de una crisis fronteriza ajena a nosotros que, si bien nos brindó riquezas en el pasado, nos acostumbramos al auge económico que fácilmente nos llegaba de los venezolanos e individualmente aprovechamos las utilidades comerciales que se generaban. No formamos industria, no fortalecimos nuestros lazos empresariales internos ni con el resto del país y, peor aún, nos moldeamos a la “ley del más vivo” para salir adelante.

El padre del mercadeo moderno, Philip Kotler, expuso enérgicamente que las asociaciones y alianzas son esenciales para hacer crecer cualquier empresa. Pero nosotros tenemos un pensamiento desconfiado, estamos convencidos que si tenemos un socio es para problemas y en cualquier momento alguno de los dos tumbaría al otro. Bucaramanga es un gran ejemplo de confianza empresarial, jamás vamos a olvidar lo que ellos sí pudieron hacer al agremiarse en la gran industria del calzado; pequeños talleres que unieron sus recursos económicos y humanos para crear una de las ciudadelas empresariales más importantes del país.

Son los lazos de cooperación los que fomentan las redes de desarrollo, el bienestar y el crecimiento económico. Debemos cambiar el chip, y si retiramos nuestra cultura a veces egoísta e inmediatista podríamos explotar todas las ventajas que tenemos como cucuteños. Esto no es culpa de la economía si como empresarios no podemos unir esfuerzos, no es problema de los políticos locales si como ciudadanos votamos por intereses individuales y no colectivos. Debemos entender que nos encontramos en una crisis muy seria, y si no construimos una sociedad colaborativa y respetuosa donde ganemos todos, siempre estaremos recogiendo las migajas de lo que nuestro individualismo ocasionó. 

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018

*Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

Por Guillermo García Realpe*.- En la madrugada del pasado domingo dos de diciembre, dos líderes indígenas padre e hijo, pertenecientes a la comunidad AWÁ fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron al término de su Asamblea en el municipio de Ricaurte, Nariño, en hechos sucedidos en el resguardo El Palmar de Imbi, tal como lo señalan varias organizaciones indígenas del país. 

En estas acciones violentas perdió la vida Braulio Arturo García, de 28 años de edad y recién elegido gobernador del resguardo, y también su padre Héctor Ramiro García, fundador desde 1986 de la organización indígena Camawari, quien además era uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia, para evitar en sus territorios los proyectos minero-energéticos, la presencia del narcotráfico, y de los grupos armados ilegales. 

Además, como consecuencia de lo sucedido resultaron heridos de gravedad cuatro indígenas más, José García, Coordinador de la Guardia indígena, Gilberto Nastacuas, Gerardo Nastacuas y Juvenal Torres. 

Ante el exterminio sistemático del cual viene siendo víctima el pueblo AWÁ y ante la extinción física y cultural tal como lo promulgó la Corte Constitucional en el auto 004 del año 2009, el auto 174 de 2011, en el que señala que el territorio es declarado con medidas cautelares, esto no es prenda de garantía absoluta porque los violentos siguen asesinando a nuestros indígenas, siguen vulnerando sus Derechos Humanos, sin ninguna seguridad para ejercer su gobierno propio y autónomo. 

Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ¿qué está pasando, quién los está matando, por qué no hay responsables, por qué no hay una política clara de protección, qué es lo que pretenden al dejar a los pueblos indígenas sin sus líderes, por qué los callan? Estos y muchos otros interrogantes esperan una respuesta inmediata por parte del Gobierno. 

Ya incluso el relator de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michel Forst, de visita reciente a Colombia pudo evidenciar de primera mano la grave situación que sobre el particular se vive en las regiones, y su conclusión es que el panorama “es realmente dramático”, le preocupa además las cifras de impunidad y advierte adicionalmente que no está muy convencido de los resultados y de las cifras presentadas por la Fiscalía. 

Y es que las cifras son alarmantes, según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, de los cuales, 198 fueron hombres y 28 mujeres. 

Señala, ese mismo informe, que quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, 105 en total. Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40). 

Por tal motivo y ante este grave panorama que, parece no tener solución a la vista,  nos sumamos a voces como la de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para exigirle al gobierno nacional, que ejecute la implementación de lo ordenado en el auto 174 de 2011, para que haya protección individual y colectiva de todos los miembros del pueblo AWÁ. 

A las demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación para que realice de manera inmediata y prioritaria las investigaciones que conlleven a dar con el paradero de los responsables tanto intelectuales como materiales de estos asesinatos. 

Y a otras instancias del gobierno nacional como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, para que tome acciones de fondo que permitan garantizar de manera colectiva la seguridad del pueblo AWÁ y de todas las 102  comunidades indígenas de Colombia que hoy son blanco por parte de diversos actores que se resisten a que los nativos gocen de la Paz que ya muchas regiones respiran en el país. 

A las familias de las víctimas, toda nuestra solidaridad y condolencias. Desde nuestra curul seguiremos alzando la voz para que se garantice la supervivencia de todos los pueblos indígenas de Colombia y para que cese de una vez, todo el exterminio del que vienen siendo víctima. 

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018            

*Senador Liberal de Colombia

@GGarciarealpe

Por José G Hernández*.- Tuve el honor de trabajar en el gobierno de Belisario Betancur, en el Ministerio de Desarrollo Económico y en el de Hacienda. Bajo su dirección, al lado de juristas como Liliam Suárez y Guillermo Salah, participé en la redacción del Decreto Ley 222 de 1983 -estatuto de contratación estatal- y de los decretos con fuerza de ley que establecieron límites a los cánones de arrendamiento de inmuebles.

Los recuerdos que tengo del ex presidente son los de un gobernante amable pero exigente; madrugador, puntual y exacto; escuchaba con atención todas las inquietudes de orden jurídico y práctico que surgían en el curso de las reuniones de trabajo que él mismo presidía, en las que participábamos los funcionarios de distintos ministerios y departamentos administrativos. Siempre procuraba aportar, más que imponer, y cuando no estaba de acuerdo con alguna idea, propuesta o texto, exponía de manera tranquila las razones de su discrepancia, y así esperaba que nos comportáramos. La suya no era la actitud autoritaria de quien se considera superior a todos sino la disposición del profesor acostumbrado a estimular con paciencia debates serios, razonables y fundamentados.  

Ha fallecido un demócrata convencido, un intelectual y un político respetuoso del Derecho, que, con honestidad y buen criterio, trabajó incansablemente por la paz de Colombia. No la pudo cristalizar pese al “Acuerdo de La Uribe” de 1984.  

Infortunadamente, durante su período de gobierno (1982-1986) Betancur debió enfrentar situaciones muy graves, de enorme dificultad, que han marcado la historia reciente del país. Basta recordar el fracaso del proceso de paz que lideró; la actividad criminal del narcotráfico; el sacrificio de su ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y el posterior atentado contra el también ministro Enrique Parejo, a manos del narcotráfico; los crímenes cometidos contra jueces, magistrados, testigos y funcionarios; los secuestros;  la toma y la retoma del Palacio de Justicia; y catástrofes como el terremoto de Popayán y la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

Especialmente compleja fue la situación que enfrentó el ex mandatario en la dolorosa jornada del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando fueron asesinados los más respetables magistrados y muchas personas más. Horrible episodio sobre cuya verdad aún se desconocen muchas cosas. Por lo que respecta al entonces Jefe del Estado, siempre le oímos decir -ojalá lo haya hecho- que dejaría memoria de lo acontecido, para ser divulgada tras su muerte.

Pero a los personajes de la Historia -de la cual ya hace parte Belisario-, que al fin y al cabo son seres humanos -por tanto, falibles-, se los debe juzgar más por sus aciertos, logros y buenas ejecutorias que por sus errores, omisiones o actos negativos. En el caso específico de Betancur, pensamos que actuó de buena fe, aunque -como lo reconoció de manera expresa y pública- se haya equivocado. Fue un humanista y un patriota que pensó siempre en el bien de Colombia. Contribuyó de manera decidida y clara, en todos los cargos que desempeñó y en su actividad política, a la vigencia efectiva de la democracia. Hizo mucho por la cultura. Y, con prudencia inigualable, al dejar la presidencia, se retiró de verdad. Descanse en paz.

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Clara López Obregón*.- El pasado fin de semana, fueron asesinados dos líderes indígenas más en el Cauca y una gobernadora de la etnia awá sufrió un atentado en el departamento de Nariño. El lunes, otro líder campesino, miembro de la UP, también fue muerto en el Cauca.

En lo corrido del año hasta el 17 de noviembre, habían sucumbido ante las balas de grupos armados ilegales 226 defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales en 112 municipios. El número es escalofriante y, más aún, el aumento de 43 por ciento frente a 2017 y de 133 por ciento respecto de 2016.

No estamos presenciando hechos aislados o un simple brote de violencia sin mayores proyecciones. La historia se repite. Las cifras muestran que se reproduce como la metástasis de un cáncer antiguo, la misma dinámica del genocidio de la Unión Patriótica que arrancó lentamente hasta que culminó con la destrucción de toda una generación de inconformes, no solo de la UP, sino también del movimiento sindical, del comunal, del afro, del indígena y de las comunidades étnicas y religiosas.

A Michel Forst, relator especial de derechos humanos de las Naciones Unidas, las comunidades que visitó en los sitios afectados por la violencia le refirieron que se sentían más seguras con las Farc que ahora por los grupos que rápidamente coparon los territorios después de la desmovilización. No hay la menor duda de que el mayor reto del Gobierno es la seguridad de esos territorios y de los líderes que allí buscan restablecer los derechos de las comunidades. El gobierno ha expresado su compromiso de afrontar esta grave crisis humanitaria, pero hasta la fecha, las políticas de prevención y protección han demostrado ser insuficientes. Lo dicen las estadísticas y también el relator especial de Naciones Unidas.

La intolerancia, la resistencia al cambio y la falta de respeto por quienes reclaman los derechos que la paz les debe devolver están en la raíz de la violencia que se extiende en los territorios victimizados por el conflicto armado. Se acabó la guerra, pero no sus causas. Bien lo analizaba el expresidente Belisario Betancur cuando tomó la valerosa decisión de buscar la paz mediante el diálogo. No basta con el silencio de los fusiles. Deben abordarse las causas objetivas y subjetivas del conflicto armado para aclimatar la paz y la reconciliación.

En la Colombia de hoy, la construcción de paz y la defensa de vida de los defensores y líderes sociales y políticas pasa por la implementación de los acuerdos suscritos entre el gobierno y las Farc. Esperan cumplimiento el capítulo de la reforma rural integral, con la garantía de acceso a la tierra de campesinos sin tierra o con poca tierra y la formalización de 7 millones de hectáreas, la continuidad del programa de sustitución social de cultivos y el respeto real a la protesta social, hoy todavía estigmatizada con señalamientos de grueso calibre por parte de altos funcionarios del gobierno.

También se hace necesario continuar desactivando viejos y nuevos actores de conflicto. El gobierno debe abrir espacios de diálogo para reasumir negociaciones con el ELN y el ELN debe entender que abandonar el secuestro no es una concesión al gobierno sino una obligación de humanidad. Tampoco debe echar el gobierno en saco roto la posibilidad de un sometimiento a la justicia de grupos ilegales como el Clan del Golfo que en el pasado ha mostrado intenciones de someterse a la justicia de manera concertada.

Finalmente, la política de protección y prevención estatal de los líderes debe complementarse con una decisión consciente - manifestada pública y reiteradamente-  de parte de los más altos representantes del Estado y de la sociedad toda, en dirección a la legitimación de la labor de los defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, líderes indígenas, afrodescendientes y demás dirigentes de la comunidad en la defensa de sus derechos y territorios. De eso se trata el afianzamiento de una democracia pluralista que finalmente es la única vía para erradicar la violencia como instrumento para hacer política.

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Por Jairo Gómez*.- Uno no sabe si tratar el caso del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia como una epidemia.

Es tal el proceso de aniquilación sistemática que hoy se dice una cifra de asesinados y tres días después cambia abruptamente.

En Google definen la epidemia de dos maneras:

Uno. Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo.

Dos. Daño o desgracia que afecta a gran número de una población y que causa un perjuicio grave (a la sociedad).

Sin duda la definición dos es la que más se sitúa en la realidad colombiana. La crítica situación de los derechos humanos es la espada de Damocles que pende sobre este país. Es tan alarmante el suceso que según el último dato de Naciones Unidas en Colombia han sido asesinados 343 (hoy ya pudo haber aumentado la cifra) líderes sociales y defensores de DD.HH. en los dos años anteriores.

A pesar de los compromisos institucionales para garantizarle la vida a estas personas, los hechos se repiten y todas las declaraciones comienzan de la misma manera: “9 de diciembre de 2018, panadería sobre el paradero de vehículos  que cubren la ruta interveredal al corregimiento Los Andes, cerca de las 12:30 de la tarde, un individuo se acercó al compañero Gilberto Antonio Zuluaga Ramírez, y le disparó con un arma de fuego en la cabeza”. Esta escena ocurre en las barbas de policías y militares que ineficaces e incompetentes no actúan, mientras los municipios y veredas del país se siguen inundando de sangre inocente.

Todos los relatos que arropan cada cuerpo inerte de un defensor de derechos humanos o un líder social asesinado, obedecen a una misma narrativa: “Era una defensora o defensor de los derechos de sus comunidades, un  reclamante de tierras, un líder social, un indígena o un negro que luchaba por sus justas causas”. Y esto a las autoridades no les dice nada. No existe línea de investigación alguna que asocie las causas de estos crímenes con grupos criminales organizados. Según el ministerio de Defensa son líos de faldas o ajuste de cuentas del narcotráfico.

“…Los mismos defensores no saben (de dónde provienen los tiros). Quizás sicarios; pero no sabemos quién es el cerebro detrás de estos sicarios”, dijo Michael Fort, relator de la ONU para los derechos humanos, tras anunciar que elaborará un informe que le será entregado al Secretario General de la ONU.

Este alto funcionario de la ONU visitó recientemente el país y habló para medios internacionales*. Visiblemente “preocupado por el creciente asesinato de los defensores de derechos humanos y líderes sociales”, no dudó en etiquetar estos hechos como un “plan sistemático” del cual participa “una multiplicidad de autores: fuerzas de seguridad, la Policía, exparamilitares, terratenientes y otros grupos armados, incluidos exfarc”*.

Lo que ocurre a diario contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados es una masacre en cámara lenta, gota a gota, y la sociedad, impávida y pasiva, sucumbe ante la violenta arremetida, según los denunciantes,  de grandes propietarios de tierras, de despojadores que hicieron del desplazamiento la estrategia para apoderarse de los bienes de los campesinos y de quienes con nostalgia aún evocan los cañones de la guerra.

Setenta años después de la declaración universal de los Derechos Humanos, las autoridades en Colombia no dan traza de querer garantizarle la vida a los activistas y siguen repitiendo la letanía de siempre: detrás de estos crímenes están las fuerzas oscuras. Es la mejor manera de escurrirle el bulto a una responsabilidad que lacera la imagen de Colombia ante el mundo.

Bogotá, D. C, 11 de diciembre de 2018

*Declaraciones  al noticiero de la DW

@jairotevi

Por Horacio Serpa*.-Todos coinciden en decir que el doctor Belisario Betancur fue un buen expresidente. Para mi tengo que también fue un buen Presidente de la República. Ganó las elecciones con el ahora recordado “si se puede”, pero también con la posición que asumió cuando su contrincante, Alfonso López Michelsen, propugnando por la convivencia, presentó su campaña diciendo que “la paz es liberal”. El doctor Betancur le respondió: “la paz es nacional”.

A buscar la paz con enorme compromiso nacional se dedicó el doctor Betancur. Propuso a los insurrectos un proceso de reconciliación, convocó a las diferentes organizaciones guerrilleras, se reunió con algunos jefes del M-19 en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, creó la Comisión Nacional para la Paz, solicitó la solidaridad internacional y abrió conversaciones  con las Farc, el Epl y el M-19, habiendo sido imposible dialogar con los elenos. Presentó al Congreso un Proyecto de Ley decretando una amnistía general, el cual fue aprobado en diciembre de 1982.

Tuve la satisfacción de colaborar con el proceso de paz del doctor Belisario, tanto en la Cámara de Representantes como en las Comisiones de Verificación y de Diálogo Nacional. Además,  cumpliendo instrucciones del Presidente participé en conversaciones informales y misiones acompañando al doctor John Agudelo Ríos, Consejero Presidencial para la Paz, y Bernardo Ramírez, Ministro de Comunicaciones, una especie de segundo Comisionado para lograr la paz.

Con las Farc se hicieron muchas reuniones. Las principales, en Casa Verde, al sur del país, donde se firmó un acuerdo de “cese al fuego, tregua y paz” y también se dio inicio a la Unión Patriótica, que luego fue exterminada. Por fallas de parte y parte, en lo institucional por falta de apoyo en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, del empresariado y de los Partidos Políticos, no se pudo culminar exitosamente el proceso.

El Epl se retiró cuando fue asesinado su máximo dirigente Oscar Willian Calvo, quien siempre reclamó la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Con el M-19 hubo muchos tropiezos. Viví directamente el enfrentamiento a tiro limpio entre el Eme y el Ejército Nacional, cuando con Bernardo Ramírez, Monseñor Castrillón y Laura Restrepo tratábamos de ayudar a la paz. Estuve en Corinto cuando se firmó la paz que luego se rompió, en un episodio en el que resultaron heridos Carlos Pizarro y su compañera Laura. Participé en conversaciones con Pizarro en Guarumales en medio de agudo enfrentamiento tratando de salvar el acuerdo y fui delegado del gobierno para dialogar con Antonio Navarro en Los Robles.

Menciono estos esfuerzos por la paz con el M-19, porque Gustavo Petro se dolió de haber sido torturado en el gobierno del doctor Betancur. Lamentable de verás, pero soy testigo del esfuerzo del doctor Belisario por la paz y del celo con que buscó lograrla con esta guerrilla. El doctor Betancur fue un humanista, un hombre de alma delicada, un demócrata, y nunca pudo estar de acuerdo con persecuciones, represión o violencia. Belisario Betancur fue un gran hombre y un Presidente de Paz.  

Bogotá, D. C, 10 de diciembre de 2018

Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Amylkar D. Acosta M*.- “La verdad oficial: una administración prudente de la falsedad” : José Ortega y Gasset.

Nunca se sabrá a ciencia cierta cuantos muertos por cuenta de la cruel y cruenta de la insania y la vesania juntas, esa horrible alba del 6 de diciembre de 1928, hace 90 años, en que las armas de la soldadesca, que le fueron puestas en sus manos para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para defender a los colombianos, fueron puestas al servicio de los intereses de la multinacional United Fruit Company (UFC), se emplearon para cegarle la vida a inermes trabajadores de las plantaciones de banano en la Estación de la plaza de Ciénaga (Magdalena). Se ha hablado de miles, de centenares, de sólo 9 según la versión oficial e incluso se ha llegado a afirmar que “la masacre de las bananeras es un mito histórico”. Pero, los hechos son los hechos, los “hechos alternativos”, que se inventó la Consejera del Presidente Trump Kellyanne Conway, son sólo un ardid para negar u ocultar los hechos, que son tozudos.

Cobijados por la sombra de la noche del 5 de diciembre, en tinieblas porque ni luz había, sigilosamente arribó la tropa desde Barranquilla, que más parecía un pelotón de fusilamiento, a la plaza, bajo las ordenes del tristemente célebre General Carlos Cortés Vargas, en donde entre arengas y pancartas se apostaban los trabajadores, agremiados en la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM), que habían votado la huelga general el 11 de noviembre de 1928, debido a la intransigencia de la UFC. Se estima que el número de trabajadores oscilaba entre los 25.000 y los 30.000, provenientes de muchas regiones del país atraídos por la fiebre del banano que abrazaba a la zona.

Su pliego petitorio no iba más allá de la exigencia de las mínimas condiciones para un trabajo digno: mejores condiciones salariales, 8 horas de trabajo 5 días a la semana, la abolición de los comisariatos de la empresa en donde se veían obligados a redimir los cupones con los que se les pagaba el jornal por su trabajo a destajo. La empresa, que hacía alarde de su poder avasallador, acolitada y alentada por la obsecuencia de las autoridades, se negó a negociar el pliego alegando que no estaba obligada a ello. Era una lucha desigual.          

Nuestro laureado  con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez describe en su obra cumbre Cien años de soledad aquel momento a través de José Arcadio Buendía: “la huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento”.

En efecto, el Presidente Miguel Abadía Méndez había anticipado a expedir la Ley Heroica el 30 de octubre, una especie de Ley marcial a través de la cual se declaraba turbado el orden público y le daba carta blanca para reprimir los brotes de protesta o inconformidad. Siendo Ministro de Gobierno Enrique Arrázola y Ministro de Guerra Ignacio Rengifo, designaron a Cortés como Jefe civil y militar de la zona, no sin antes declarar el Estado de sitio en la zona bananera y al amparo del mismo se prohibieron las manifestaciones públicas e incluso se declaró el toque de queda para sofocar la huelga.

En la madrugada de ese aciago 6 de diciembre, los trabajadores agolpados en la plaza con sus familias desde el día anterior a la espera de la anunciada visita del Gobernador José María Núñez Roca, que nunca llegó y quien supuestamente iba a interceder ante la empresa para encontrarle una solución pacífica al conflicto laboral, sucedió lo peor. El piquete de soldados seguían en la plaza en actitud desafiante. De un momento a otro los trabajadores fueron sorprendidos por el ruido ensordecedor del redoble de un tambor que anunciaba la lectura de un bando notificando el toque de queda y la orden perentoria de disolverse. Pero nadie se movió ni dispersó.

El intimidante redoblar de tambores fue seguido de tres toques de clarín y la amenaza por parte del inefable General Cortés de abrir fuego contra la multitud si no despejaban la plaza. Las ráfagas de las ametralladoras Schwarzlose y  las detonaciones de las balas asesinas de los fusiles Mauser ahogaron en sangre el justo reclamo de los trabajadores.

Lo demás es historia, se consumó un crimen dantesco a mansalva de personas humildes e indefensas, que pagaron con sus vidas la osadía de defender sus derechos laborales, sin que el Gobierno nacional moviera un solo dedo para evitar la masacre. En un sonado debate en el Congreso de la República, el caudillo Jorge Eliecer Gaitán denunció esta execrable matanza y concluyó diciendo que “en este país el Gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. El Gobierno de Abadía Méndez impidió con sus mayorías que el Congreso designara una Comisión para que investigara los hechos y así terminó echándole tierra al asunto.

Para concluir, citemos a Gabo en Cien años de soledad: “en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando nada, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz” y según la última Encuesta de Gallup Internacional sigue siendo el segundo país más feliz del mundo con un puntaje de 82 sobre 100 (¡!).

Bogotá, diciembre 6 de 2018

*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado

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