Opinión
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Prácticamente todas las entidades que hacen pronósticos económicos han publicado recientemente vaticinios pesimistas para el año entrante. El 2019 será, entonces, más difícil que el 2018. Tendremos que ver qué repercusiones trae esto sobre la economía colombiana.
Por ejemplo, la OECD estima que el crecimiento mundial para el año entrante será apenas del 3.5% en vez de el 3.9% que venía calculando. Agrega que habrá una importante desaceleración en el crecimiento de la China como consecuencia de la guerra comercial; que el alza en las tasas de interés que ya viene practicando el Banco de la Reserva de los Estados Unidos afectará no sólo a aquel país sino a quienes tienen altos endeudamientos como es el caso de Argentina, Turquía y Brasil. Y para la zona Euro apenas pronostica un magro crecimiento del 1.8% para el año entrante.
El Fondo Monetario Internacional a su turno reduce el pronóstico para el crecimiento mundial a 3.7% (0.2% menos que lo estimado en abril); para la China estima que el crecimiento será del 6.2% en vez del 6.6% con que venía trabajando; y la guerra comercial declarada por el Señor Trump comienza a tener efectos nocivos tanto sobre el conjunto como sobre las economías regionales individualmente consideradas.
¿Frente a este telón de fondo qué podríamos decir sobre la economía colombiana?
Lo primero que hay que tener muy en claro es que la Reforma Tributaria apenas rasguña pero no constituye una solución de fondo a los problemas fiscales del país. Más aún: entidades serias como Fedesarrollo consideran que, si acaso, la Reforma Tributaria que se discute actualmente en el Congreso tendrá un leve efecto positivo sobre los recaudos en el 2019 y en el 2020, pero que a partir de allí se nos agota la gasolina fiscal y la posibilidad de nuevas reformas tributarias aparece en el horizonte.
Sólo quiero citar un ejemplo para ilustrar porqué la Reforma Tributaria es apenas un “mejoral” para la debilidad estructural de nuestras finanzas públicas. Si no aparece el socio privado que se está buscando afanosamente para Electricaribe, el Estado tendría que hacer una inversión directa del orden de $7 billones, cifra ésta, ella sola, equivalente al 50% del recaudo todo que pensaba lograrse con la versión original de la Reforma Tributaria hoy gravemente peluqueada. Mientras que los faltantes de las cuentas de la salud, de las pensiones, de la educación siguen vivos. Y lo seguirán estando aún con la aprobación de esta zarandeada Reforma Tributaria.
¿Cuál es la moraleja de todo esto? que el margen para nuevas inversiones del sector público en los años venideros, o para ejecutar cabalmente el plan de desarrollo, o para que no se nos quede a medio camino la financiación del posconflicto en los años venideros, es supremamente estrecho. Por no decir inexistente.
Al gobierno del Presidente Duque le van a tocar 4 años de estrechez y no de bonanza. Y todo esto acompañado de una altísima conflictividad social como ya la vemos aflorar con las marchas y paros que se anuncian por todos lados.
En los años venideros los flujos de capital hacia la región van a disminuir notablemente. La elevación de las tasas de interés en Estados Unidos actuará como una aspiradora de capital y de inversiones hacia la unión Norteamericana. El abultado flujo de migrantes venezolanos que ya sobrepasa 1 millón le pasará una cuenta fiscal a Colombia que no estaba presupuestada, y que según estimativos recientes del Banco Mundial puede ascender a 0.5% del PIB anual.
El desplome tremendo que han tenido los precios internacionales del petróleo en los último días, y que denotan un exceso de oferta sobre la demanda, golpeada ésta última por la guerra comercial y por la baja en las perspectivas de crecimiento, no deber hacernos caer en falsos optimismos sobre el petróleo como proveedor de grandes ingresos fiscales hacia adelante.
Abrochémonos pues los cinturones y preparémonos para atravesar una zona de cúmulos mimbus.
Bogotá, D. C, 3 de diciembre de 2018
*Abogado, Economista y Exministro de Estado
Por Jose Felix Lafaurie*.- “Vamos a acompañar la protesta estudiantil, vamos a acompañar a los camioneros, vamos a acompañar a los maestros y vamos a acompañar a todos los sectores que tienen contradicción en este momento con el Gobierno”. Esta proclama, que parece de agitador profesional, o bien, la de Petro, que prometió ser opositor “desde la calle…”, es la de un señor que dice representar a los agricultores; el mismo que, con el apoyo de Petro y los agitadores, armó “el tal paro” con muertos y pérdidas al país y a los agricultores que decía defender, antes de que Santos lo neutralizara con un “Pacto Agrario” de un billón de pesos que nunca apareció.
No imagino a un campesino “acompañando” la protesta universitaria, cuando su hijo apenas va a la escuela; pero ese es el tono de las marchas “contra todo” que hoy se promueven. No discuto la validez de la protesta estudiantil, pero resulta sospechoso que, después de años de silencio, los asalte la preocupación por el evidente abandono de la universidad pública; me parece inconsistente que persistan en la protesta callejera cuando, como nunca antes, el Gobierno abre espacios de diálogo y responde con un incremento histórico de los recursos.
Resulta sospechosa esa suma de “contradictores”, comenzando por FECODE, un gremio politizado, petrista y que también extorsionó a Santos con el paro, logrando que la evaluación del magisterio pasara de “innegociable” a postergada una vez más.
Los transportadores no podían faltar. Igual extorsionaron a Santos, porque tienen cómo paralizar a un país con una deuda absurda con el ferrocarril, auspiciada, por supuesto, por los mismos transportadores. Tienen modernas carreteras, pero no quieren pagar por utilizarlas; quieren combustible barato, pero también subirle a los fletes; y se oponen a una chatarrización que no se ajuste a sus exigencias.
Asistimos a “la suma de todos los paros”. Cómo se ve que Petro está cumpliendo su promesa -¿amenaza?- posderrota. Cómo se ve que, detrás de motivaciones legítimas, subyace la estrategia de manipularlas para boicotear la gobernabilidad de lván Duque.
Imagino que los estrategas del caos ya tienen haciendo cola a la USO y a Asonal Judicial, otros dos sindicatos de izquierda y con capacidad de paralizar dos aspectos críticos para el país: las exportaciones petroleras y la administración de justicia.
Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2018
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Felicia Saturno Hartt*.- La historia del mundo de los últimos 100 años ha tenido en el cine italiano un testimonio cierto. Aun cuando la ficción cinematográfica crea historias y personaje, ellos pertenecen a un contexto.
Ese entorno, psicológico, social, cultural, político e ideológico fue el escenario para la creación de un nutrido de cineastas italianos, sin comparación, pero con muchos aciertos inolvidables.
En esa tradición, se inscribe ese guionista, productor, poeta y polemista que acaba de partir, a sus 77 años, en su casa del Trastevere romano, no sólo a lo invisible, sino a la posteridad, Bernardo Bertolucci.
Para los que amamos el Cine de Italia o Cinemá, Bertolucci representa una perspectiva diferente en la cinematografía mundial. Porque este hijo de Parma, de la Emilia Romania roja y partisana, vivió un mundo preñado de tendencias, presentes en su formación y en sus referentes de época.
Ser amigo de Pier Paolo Pasolini, defensor a ultranza del Partido Comunista y ávido lector de los fundamentos del marxismo y el psicoanálisis, ser un sediento admirador de las innovaciones de la Nouvelle Vague francesa, parte y testigo de los cambios sociales y políticos de los 60 y 70, de ese Mayo Francés que llevó a la pantalla, entre otras influencias, no es nada desdeñable.
Bertolucci aprendió a ver la realidad y a reportarla con la crudeza y la belleza de su mundo interior y paradigma del cine. Por ello, siempre estuvo en la polémica y rompiendo con la doble moral que se viste de conservatismo, hipocresía y populismo burgués.
No hubo en su cine estudios ni aprendizaje técnico. Al principio, vio hacer a Pasolini, renunció incluso a actores profesionales y flirteó con las corrientes experimentales.
Desde su primera película, Cosecha Estéril, hasta la última de 2012, Tú y yo, supo magistralmente atrapar y retratar con maestría y con nitidez extraordinaria a los desheredados de este mundo, a los seres en descomposición, en soledad, orfandad y peligro y, a un cierto tipo de burguesía, en pleno descubrimiento o con cierta tendencia a la locura.
Decir que película me gusta más es difícil. Todas tienen una poderosa fuerza de interpretación de la realidad de sus contextos. Incluso la más criticada, por sosa e imposible de creer, el Pequeño Buda (1993), es un filme que encanta en ese discurso seductor de Bertolucci, que arropa con el manejo privilegiado del lenguaje, la imagen, los diálogos perfectos y la dirección impecable.
Indudablemente que muchos hablarán que no condené a Bertolucci por el Último Tango en París, en esta crónica cercana a mi afición por el cine de mis ancestros italianos. Ya fue suficiente el alboroto y la polémica, la prohibición y las miradas bajo llave de ese film magnífico, que retrata la soledad, la hipocresía, el miedo y sus consecuencias. Además es inolvidable la actuación de Brando y la banda sonora del Gato Barbieri.
En una sociedad doblemoralista, que vuelve a los autoritarismos, que consume drogas de diseño y pornografía infantil en internet y le importa muy poco la trata de seres humanos, condenar una película es más fácil que asumir su complicidad con el horror.
Extrañaré a Bertolucci. Porque como dice Alexandro Baricco, el cine nos enseña a contar y vivir historias.
Maracay, 1 de diciembre de 2018
* Politóloga Venezolana, Analista Político y CEO en Arquiluz.
Por Gabriel Ortiz*.- En pánico deben estar muchos colegas y personajes colombianos, ante los desarrollos que vive el país, con ocasión de los contratos de la Ruta del Sol II.
Con espanto se ven transcurrir hechos y acontecimientos que sobresaltan a esta polarizada sociedad que trata de esquivar las amenazas, falsas noticias y censuras, provenientes de todos los ángulos, pero muy especialmente del Fiscal Néstor Martínez Neira, quien abusa del excesivo poder que tiene su despacho.
Nadie entiende los nexos entre contratistas, adjudicadores, controladores y auditores, cuando se trata de licitaciones públicas.
Atravesamos por uno de los más desagradables y bochornosos escenarios que recuerde nuestra historia: un arrogante todopoderoso fiscal defendiendo intereses y actuaciones, en torno a un negocio, en el que está involucrado su ex cliente -Grupo Aval- uno de los más grandes contratistas del país y socio de Odebrecht, considerado como el campeón mundial del soborno.
Tres senadores denunciaron al Fiscal, con documentos y grabaciones, actos corruptos que afloraron tras conversaciones entre él y el Controler de Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, muy ligeras de vocabulario, pero con elevado acervo probatorio.
NHM acudió al ataque para defenderse. Mostró supuestas grabaciones sin imágenes ni audio, para eludir sus responsabilidades. Ni senadores, ni televidentes pudieron escuchar algo. Martínez, con desprecio y cinismo, leyó supuestos textos que según él correspondían a lo que nadie percibió. Mostró cartas y textos de documentos, que calificó de auténticos. No existió comprobación de la identidad de los mismos. Dejó escuchar un audio -según él- de una conversación entre Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI y el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, para denunciar una campaña de ambos para desprestigiarlo en los Estados Unidos… Moreno es un personaje serio, íntegro y respetable, para acudir ese tipo de argucias. Martínez exhibió toda suerte de documentos, para escurrir el bulto a cada acusación.
Cada argumento que exhibía para responder a las acusaciones, tenía la impronta de falsos positivos, fake news y subestimaciones. Así se burló de un parlamento y un país que querían conocer la verdad.
Paloma, la fiel senadora uribista, quiso debilitar la lluvia de acusaciones contra Martínez, con un viejo video que sacó de la nada -lo atribuyen a seguimientos que la fiscalía hizo a Petro años atrás- en el que aparecía el dirigente político recibiendo 20 millones de pesos.
El pánico embarga y abruma a este país ante el excesivo poder de un fiscal que olvida la ética y adopta las funciones de investigador investigado.
El diario español El País, se sumó a los millones de colombianos y demócratas del mundo que piden la dimisión de Martínez Neira.
Entre tanto, quienes se han atrevido entrar en este escenario, tiemblan porque los ojos de la fiscalía estarán sobre ellos. Por lo pronto parece que habrá Fiscal Ad Hoc.
BLANCO: Con cemento colombiano de Argos, se ampliará el centro espacial francés Kourou en Guyana.
NEGRO: La pretensión del senador Uribe de aplicar la censura al formidable documental “La Negociación” de Margarita Martínez.
Por Clara López Obregón*.- La negativa a cumplir los acuerdos, ya sea expidiendo leyes que los contrarían, ejecutando políticas públicas que los desconozcan o simplemente dejando los compromisos de lado, constituye una afrenta al derecho interno y también internacional.
El 24 de noviembre se cumplió el segundo aniversario de la firma del Acuerdo del Colón, el nuevo acuerdo de paz negociado para incorporar las glosas del No que superó por pocos votos al Sí en el Plebiscito. Esa circunstancia explica por qué, en vez de bombos y platillos, la celebración de la efeméride fue lánguida a pesar de tratarse de un hito de la mayor significación.
No solamente se puso fin a un conflicto armado de medio siglo, sino que después de que las Farc entregaran las 42 toneladas de armas, Colombia tuvo en 2018 las elecciones más pacíficas y participativas de la historia, como bien lo resaltaron en comunicado conjunto, Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para la Paz. Mucho cabría esperar de la implementación de los acuerdos en los territorios azotados por el conflicto y de avanzar hacia la normalidad en todas las esferas. Pero la realidad de hoy es otra, en gran medida por la insistente negativa de sus detractores a aceptar los acuerdos, hoy bastante diezmados.
De una parte, sigue en ascenso el homicidio selectivo con más de 360 líderes sociales y 84 excombatientes de las Farc asesinados que dan muestra de la resistencia de grupos ilegales a aceptar la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la reincorporación a la vida civil de los miembros de las antiguas Farc, convertidas en partido político legal con firme voluntad de seguir adelante y afrontar los serios desafíos que les esperan. En el acto de conmemoración convocado por la FARC, su Presidente Rodrigo Londoño, antes Timochenko, reafirmó esa voluntad de paz, repitiendo con firmeza: “¡No volveremos a las armas!”
De otra parte, desde la institucionalidad, los opositores del proceso de paz insisten en erosionar la letra y el espíritu del Acuerdo. La JEP ha sido un blanco reiterado. Primero la Corte Constitucional, en decisión que se apartó de lo pactado, excluyó a los terceros civiles y funcionarios de la obligatoriedad de comparecer a contribuir a la verdad. Mediante, el reglamento el Congreso buscó la insólita salida de prohibir a sus magistrados la práctica de pruebas para el caso del pedido de extradición de Jesús Santrich. Después pretendió armar Sala aparte, con reglas distintas, para los militares, todo ello dirigido a deslegitimar la justicia transicional que el Acuerdo diseñó para abrirle paso a la reconciliación a través de la verdad para las víctimas, todas las víctimas y no solo las de la guerrilla.
El Fondo de Tierras que debe entregar tres millones de hectáreas a campesinos cuenta con apenas 517 mil y el catastro multipropósito para formalizar 7 millones más se hundió en el Congreso. La ley de desarrollo rural integral zozobró desde el anterior gobierno, la reforma política que se discute es un pálido reflejo de la que se proyectó para ampliar los espacios de la participación democrática y las 16 curules transitorias de paz para los territorios subrepresentados, tampoco pudo hacer tránsito.
La sustitución social de cultivos quedó congelada a las 97.084 familias inscritas hasta el 7 de agosto. Dicho programa ha demostrado tener mejores resultados y a menor costo que la fumigación y la erradicación forzosa por las que ha optado el nuevo gobierno, en contravía de lo pactado en el acuerdo de paz.
Las nuevas mayorías parecen olvidar que los acuerdos son para cumplirse, una de las máximas del principio de legalidad que hace parte del eslogan del Gobierno Duque. Lo pactado entre el Gobierno Nacional y las Farc es de obligatorio cumplimiento pues se trata de un acuerdo de Estado que fuera ratificado por el Congreso, validado por la Corte Constitucional y depositado ante la comunidad internacional, tanto en Berna como en las Naciones Unidas.
La negativa a cumplir los acuerdos, ya sea expidiendo leyes que los contrarían, ejecutando políticas públicas que los desconozcan o simplemente dejando los compromisos de lado, constituye una afrenta al derecho interno y también internacional. Pasamos de tener la paz en nuestras manos a cuestionarnos si se nos va a esfumar como el agua que pretendió cargar Simón el Bobito en un cedazo.
Bogotá, D. C, 28 de noviembre de 2018.
*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por José G Hernández*.- Si algo caracteriza una democracia es la posibilidad real -para cualquier ciudadano- de acceder a los cargos públicos, en especial los de elección popular. Traducido ese principio esencial a términos jurídicos, tal posibilidad -que debe ser efectiva- se constituye en un derecho inalienable que el Estado debe garantizar y que implica, a la vez, todo un conjunto de derechos que le son conexos e indispensables, como los de conformar partidos y movimientos políticos, entrar y salir de ellos libremente, sufragar, elegir y ser elegido, desempeñar cargos públicos, vigilar y verificar la pureza y transparencia de los procesos electorales, oponerse al gobierno en ejercicio, protestar contra él, ofrecer públicamente alternativas políticas e ideológicas, votar en plebiscitos, referendos, consultas populares, revocatorias del mandato, y en general, en cualquiera de los mecanismos de participación popular. Sin una plena garantía institucional, que de verdad asegure el libre ejercicio de los derechos políticos, no se tiene una auténtica democracia.
Todo eso está garantizado en las constituciones políticas y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque la libertad política hace parte de ellos.
Parte muy importante de las garantías que las instituciones deben ofrecer a los ciudadanos consiste en excluir toda posibilidad de que quien ejerce el poder goce de facultades para obstruir, obstaculizar, bloquear o impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. Se quiere evitar que, con el pretexto de imponer el orden, de sancionar transgresiones o de deducir responsabilidades, el gobernante o sus subalternos, prevaliéndose de su autoridad, bloqueen de modo arbitrario las opciones políticas contrarias o diferentes, coartando las libertades. Así que, como principio esencial de la democracia, una persona no puede ser despojada de sus derechos políticos, ni le pueden ser suspendidos por determinaciones de autoridades administrativas. Sólo a los jueces se confía de manera exclusiva la atribución de suspender los derechos políticos, previo un debido proceso y mediante sentencia. Lo dice el artículo 98 de nuestra Constitución, según el cual el ejercicio de la ciudadanía -y por tanto de tales derechos- "se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley".
La Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a Colombia y prevalece en el orden interno (Art. 93 C.P.) establece en su artículo 23 que solamente un juez competente, en proceso penal, puede privar a un ciudadano de sus derechos políticos, entre ellos el de ser elegido en votación popular y el de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El 27 enuncia los derechos políticos entre aquellos que ni siquiera en estado de guerra pueden ser suspendidos, como tampoco las garantías para su protección.
Téngase presente todo ello en el caso del senador Petro, a quien se quiere despojar de su curul -asignada por norma constitucional (Art. 112 C.P.)-, a partir de una multa exorbitante, desproporcionada e impagable.
En una verdadera democracia no son admisibles estos trucos para sacar del juego político a un ciudadano, sea cual fuere su ideología. Las opciones electorales, ni la política, pueden quedar en manos de funcionarios administrativos de segundo o tercer nivel, menos si están sub-judice.
Bogotá, D. C, 28 de noviembre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por: Guillermo García Realpe*.- Como si fuera poco con la cascada de nuevos impuestos que se ven venir con la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria del gobierno Duque, ahora se pretende, desde otro frente, desde el Plan Nacional de Desarrollo, cercenar varias conquistas sociales logradas por las gentes de nuestro sur del país y por los campesinos del Macizo Colombiano.
En el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del actual gobierno, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en su página 541, capítulo Pacto por la Calidad y la Eficiencia de Servicios Públicos, el gobierno nacional manifiesta que en los próximos cuatro años revisará todo lo relacionado a los subsidios a los combustibles líquidos en Colombia.
También los costos que asume el Estado colombiano en materia de transporte de los combustibles líquidos y también, de manera grave, una conquista de los departamentos del Sur de Colombia, especialmente, los departamentos del Macizo Colombiano que, están en el programa de sustitución de leña y el carbón con gas GLP; para prevenir la grave deforestación de los cinco departamentos como Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo y próximamente sur del Huila.
Ante esta grave amenaza y riesgo de las conquistas sociales por pertenecer a zonas de frontera de los departamentos en nuestro país, como Nariño, Putumayo, Amazonas, Arauca, La Guajira, Cesar, y Norte de Santander, tenemos que unir esfuerzos para evitar que se eche para atrás lo ya logrado con tanto esfuerzo.
Por eso, desde ya prendemos las alarmas y hacemos el anuncio para que los movimientos sociales, los movimientos comunitarios, las autoridades regionales y locales nos movilicemos y denunciemos esta grave afectación que va contra la lucha comunitaria de muchos años.
Importantes conquistas sociales han representado el subsidio al gas GLP, el precio especial de frontera a los combustibles, y la compensación de transporte de los combustibles a las zonas fronterizas, por lo tanto, desde nuestra curul, desde el Senado de la República, hoy estamos denunciando ante el país y haciéndole un llamado al gobierno a que retire esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, la de revisar los subsidios del GLP y de los combustibles en las zonas fronterizas.
No podemos aceptar que echen para atrás estas importantes conquistas de la gente de las fronteras, de las gentes del Sur de Colombia y de los campesinos del Macizo Colombiano.
No podemos permitir tampoco que se le quite ese derecho, del subsidio al gas GLP, al cilindro de gas que, hoy tienen más de 342 mil familias de estratos 1 y 2 de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo.
¿Será que el gobierno nacional quiere que la tala de bosques y la deforestación a gran escala vuelva a aparecer en el Macizo Colombiano, a ese gran territorio donde está el recurso hídrico que aporta el 70% del agua dulce que consumimos los colombianos?, ¿será que prefieren que las enfermedades respiratorias reaparezcan en las familias campesinas y principalmente en las amas de casa prácticamente obligándolas a cocinar con leña y carbón, en medio del humo durante días enteros?
Ya estudios muy serios han venido haciendo un seguimiento estricto desde el año 2013, fecha en la que se empezaron a aplicar los subsidios al GLP en el sur del país, y los resultados más que positivos para nuestro medio ambiente y para la salud de las familias campesinas arrojan cifras bastantes alentadoras al respecto.
Por ejemplo, tan sólo en el año 2017, se deforestaron en Colombia 220 mil hectáreas, algo realmente muy grave, que está acabando con vastas zonas de bosques, sobre todo de la Orinoquía y Amazonía.
En contraste con esto y desde la perspectiva ambiental, se ha demostrado que los subsidios al gas en cilindro, han contribuido a reducir la deforestación en el sur de Colombia, donde el uso de leña pasó de un 25% a 1,14% evidenciándose una reducción significativa, entre tanto el uso de carbón pasó del 4% al 0,04%, algo extraordinario, sobre todo si se tiene en cuenta que beneficia directamente la salud de los usuarios beneficiarios del GLP y por supuesto a la contribución de la protección ambiental.
Todo esto demuestra que la gente más pobre de nuestros centros urbanos y rurales del sur del país, necesitan que el Estado les ayude a mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que sigan accediendo a un combustible amigable con el Medio Ambiente que permita seguir reemplazando el uso de leña y carbón en la principal fábrica de agua dulce de nuestro país.
Bogotá, D. C, 26 de noviembre de 2028
*Senador de la República
Por Amylkar D. Acosta M*.- Las polvareda que levantó el sólo anuncio de gravar con la máxima tarifa del IVA a toda la canasta familiar concentró la atención de los expertos y de la opinión pública, distrayendo la atención sobre otros aspectos peliagudos, como lo son la multiplicidad de beneficios contemplados para las empresas que tienen un costo fiscal incalculable. Esta es la procesión que va por dentro. Veamos.
El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se estrenó con este anuncio: “necesitamos darle alivio a la excesiva carga tributaria que tienen las empresas en Colombia”. Consistente con la promesa de campaña del Presidente Iván Duque, el Ministro carrasquilla arguye que “tenemos una estructura tributaria que castiga severamente el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema”. La fórmula para “arreglar ese problema” ya la había anticipado el Presidente Duque en campaña, cuando afirmó que “las empresas están asfixiadas con tanta carga tributaria…debemos bajar impuestos para que puedan generar más y mejor empleo”.
Cabe preguntarse qué tan “asfixiadas” están las empresas “con tanta carga tributaria”. Recordemos que en los últimos 26 años se han aprobado 14 reformas tributarias y la constante en todas ellas ha sido aliviarle la carga impositiva a las empresas. Huelga decir que lo que dejaron de pagar las empresas fue asumido por parte de la Nación con cargo al Presupuesto General. A guisa de ejemplo sólo por cuenta del beneficio que le reporta el nuevo régimen a las zonas francas el Estado deja de recaudar entre $5 y $8 billones anuales.
Además, reforma tras reforma, se ha venido reduciendo la tasa impositiva sobre la renta de las empresas. Hoy está en el 33% y ahora se propone bajarla aún más, de tal forma que, de prosperar la propuesta del Gobierno, pasarían a pagar 32% en 2019, 31% en 2020 y 30% a partir del 2021. Pero, hasta aquí estamos hablando de la tarifa nominal, de la cual hay que descontar las exclusiones, deducciones, exenciones y descuentos tributarios, las cuales, según reporte de la DIAN le abren un boquete al fisco nacional del orden de los $60 billones anuales, de los cuales $13 billones corresponden a impuesto de renta.
No es de extrañar, entonces, el hallazgo de FEDESARROLLO según el cual dicha tasa efectiva es del 29.5% y el de los economistas del banco de la República Martha Delgado Rojas y Hernán Rincón Castro, para quienes la tasa efectiva neta sobre capital es del 21.4%. En uno y otro caso se equiparan con lo que pagan en promedio las empresas en los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 25%. Es una falacia, entonces, comparar la tarifa de impuesto a la renta que pagan las empresas en los demás países con los que compite Colombia con la tarifa nominal, que se ha llegado a tasar en el 69.9% (¡!) al sumar otras contribuciones distintas a las de renta y no con la tarifa real, que es la que en pagan.
Por ello preocupa sobremanera que en el tal Proyecto de ley de financiamiento no sólo se descarta de plano la posibilidad de revisar y hacer más selectivos estos beneficios tributarios, sino que se propone ampliarlos aún más, sin importar las afugias fiscales que agobian al país. En efecto, entre los nuevos beneficios para las empresas se cuentan los siguientes: deducción del IVA que se pague por la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos, disminución gradual de la tarifa de renta presuntiva de 3.5% actual a 3% en 2019, 1.5% en 2020 y 0 en 2021. Además, el descuento de 50% del cobro del Impuesto de Industria y Comercio contra el impuesto de renta a partir del 2020 y un descuento similar del 4 X 1.000 contra el impuesto de renta a partir de 2019, amén de la exención del pago de impuesto de renta a la inversión en el sector agrícola por 10 años y para la inversión en la denominada economía naranja por 5 años. Se estima que de aprobarse estos beneficios, sumados a la reducción del impuesto de renta, tendrían un costo de $10 billones (¡!), sólo por la deducción del IVA se dejarían de recaudar el 0.8% del PIB.
Si se llegara a aprobar esta nueva rebaja de impuestos a favor de las empresas, sobre todo de las grandes, el país asume el riesgo de quedarse con el pecado y sin la gracia, puesto que no está probado que dicha medida se traduzca en mayor competitividad, como alega el Ministro Carrasquilla y en la generación de más y mejor empleo como lo planteó el Presidente Duque, resultados estos que se consideran axiomáticos. No pasa de ser un espejismo afirmar, como se dice en la exposición de motivos, que se baja la tasa impositiva y se le dan todas esa gabelas a las empresas “para volver a una senda de crecimiento económico alto, como el que se dio en el marco del boom minero-energético de la pasada década”, a sabiendas que el boom fue el determinante de ese mayor crecimiento. Concluimos diciendo con Albert Einstein que “locura es hacer lo mismo una y otra vez…y esperar resultados diferentes”. Así de claro!
Bogotá, noviembre 25 de 2018
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo Salazar *.- El melancólico desenlace que está teniendo la Reforma Tributaria demuestra que todo lo que comienza mal termina mal. Veamos.
Se dijo inicialmente que se le iba a presentar al país una Reforma Tributaria que se necesitaba con apremio; después, durante la asamblea de Confecámaras, el Gobierno aclaró que no iba a ser una Reforma Tributara tradicional sino una Ley de Financiamiento de las que trata el Artículo 347 de la Constitución, cuando los presupuestos iniciales se presenten desfinanciados.
Cuando todos creíamos que el gobierno tenía lista la Reforma y que la iba a presentarla desde el mismísimo 7 de agosto, resulta que no la tenía lista; y durante cerca de dos meses comenzó la danza de los anuncios a cuenta gotas sin que nunca se conociera la visión de conjunto.
Después vinieron las informaciones fragmentarias y poco convincentes de cuanto era exactamente el déficit que había que cubrir. Se habló de $25 billones, de $18 billones, y por último se aterrizó en la cifra de $14 billones.
El pecado capital con que nació esta mal diseñada y peor explicada Reforma radica en que se creyó que el país iba a aceptar que de golpe y porrazo se pudiera elevar de 0 al 18% el IVA al 50% de los bienes y servicios hoy exentos o excluidos. Gigantesca ingenuidad. Nunca en la historia fiscal del país se había planteado un alza del IVA con esta desmesura. El único intento que se había hecho, en 2003, para extender el IVA al conjunto de la canasta familiar consistió en elevar pudorosamente la tarifa del 0% al 2%. Pero nunca al 18% de un golpe.
El mecanismo planteado para devolver el IVA a los estratos 1, 2 y 3 era, a ojos vistas, algo improvisado que iba a generar un gigantesco problema administrativo.
Siempre que se habla de una Reforma Tributaria se subraya la importancia de eliminar exenciones y tratamientos de privilegio. El proyecto que agoniza está plagado, por el contrario, de más regímenes de privilegio. Pensemos no más en las llamadas “mega- inversiones” y en los fracasados contratos de estabilidad tributaria, que tanta inflexibilidad le incorporaron al régimen fiscal en el pasado, y que ahora se reviven.
Por todos lados el proyecto está saturado de propuestas de exenciones o minoraciones odiosas, que no se cuantifican.
Sin que se necesitara y sin que nadie lo estuviera pidiendo, se propuso reducir la tarifa general del IVA del 19% al 17%, con un gigantesco costo fiscal.
Se dice querer combatir la evasión, y, sin embargo, se plantea la eliminación de la renta presuntiva, instrumento importantísimo para la lucha contra la evasión. Tal como lo señaló en su momento la misión que entregó sus conclusiones en diciembre de 2015.
Fue tal la descoordinación con que se preparó este proyecto que en el artículo 83 se vuelve a crear el Fondo para la estabilización de los precios de los hidrocarburos que existe hace más de 10 años.
Y hace pocos días, lo que denota también inexcusable improvisación, el presidente Duque tuvo que salir en público (lo cual ya de por sí es sorprendente) a pedirle al Ministro de Hacienda que por favor no olvidara su protegido “sector naranja”, que había quedado gravado con todo tipo de impuestos en la versión original de la disparatada propuesta original.
Como lo han señalado entre otros Fedesarrollo y un reciente estudio de académicos de la Universidad Nacional (“sumas y restas tributarias en el proyecto de ley de financiamiento” de Javier Ávila y Jorge Armando Rodríguez) el proyecto de ley no cubre más allá del 2020 las necesidades fiscales del país. O sea, las orejas de nuevas Reformas Tributarias a partir del 2020 asoman en el horizonte.
En apresuradas reuniones que han tenido lugar esta semana en el Ministerio de Hacienda con los parlamentarios ponentes se le ha hecho una despiadada trasquilada al Proyecto de Ley. El primer mechón que se ha recortado fue el del IVA al 18% a los alimentos, sin que nadie derramara por supuesto una lágrima en su memoria.
Sí, todo lo que comienza mal termina mal.
Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2018
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Mauricio Cabrera Galvis *.- El segundo argumento ecológico contra el petróleo es que su exploración, producción y transporte causan desastres ambientales. Es más contundente que el primero (su impacto sobre el calentamiento global) porque si bien, como en el caso de las drogas ilícitas, el problema lo causa la demanda y no la oferta y un país pequeño productor no tendría que asumir los costos de suspender la producción, si debería hacerlo si la misma producción causa daños ambientales.
La respuesta es que la producción de petróleo puede hacerse sin generar desastres ambientales. El riesgo existe y hay casos catastróficos como el naufragio del Exxon Valdes en Alaska o la explosión de la plataforma marítima Deep Horizon en el Golfo de México; pero las mismas compañías petroleras cada vez adoptan tecnologías y protocolos más estrictos de seguridad ambiental, y hasta se convierten en activas protectoras del medio ambiente. De otra parte, hay que recordar que hay muchas otras industrias que contribuyen al calentamiento global, como la ganadería, y a nadie se le ocurre prohibirlas.
La industria petrolera ha avanzado mucho en este campo y hoy dedica grandes recursos a prevenir daños ambientales. Diría Adam Smith que no es por su benevolencia sino por su propio egoísmo, porque saben que las prácticas medioambientales limpias les ahorrarán mayores costos de reparación y limpieza.
En Colombia son altos los estándares de mitigación del riesgo ambiental. Ecopetrol opera más de 15.000 pozos en el país, y se cuentan con los dedos de la mano los casos anuales de derrames de petróleo. La percepción puede ser distinta porque los pocos que hay se magnifican como una fake news en los medios y las redes sociales como sucedió con el reciente caso del pozo Lizama, que fue calificado como el mayor desastre ambiental de la historia.
La realidad es que en Lizama afloraron 20.000 barriles de crudo, pero el esfuerzo y la pericia de los técnicos controlaron el daño, recuperaron la mayoría y solo 500 barriles acabaron contaminando el ecosistema. Contrasta este mínimo impacto con el causado por los atentados terroristas contra los oleoductos, que han derramado 3.5 millones de barriles. Ese sí es el mayor desastre ecológico de Colombia, así las redes sociales no lo divulguen.
Cali, D. C, 25 de noviembre de 2018
*Filósofo. Economista y Consultor.
