Opinión

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Ya estamos en el umbral de una decisión que cambiará no sólo la historia de nuestro país, sino el devenir del mundo contemporáneo.

Colombia vive, tal vez, el momento histórico más importante de su historia, porque decidir terminar o no la propuesta de los Acuerdos de La Habana, tiene implicaciones en todos los órdenes de la vida nacional e incluso repercusiones en la esfera global.

No fue un ardid electoral el apoyo de la Comunidad Internacional a las negociaciones, ni sus contribuciones al complejo proceso posterior, el de Postconflicto. Menos aún la entrega de los menores y el comienzo de la entrega de las armas. Son hechos que ya han anunciado y corroborado la seriedad del proceso de paz.

Más de medio siglo de conflicto representa la pérdida de un verdadero desarrollo sostenido y el desgarro del tejido social. Colombia tiene más de 8,3 millones de víctimas del conflicto armado registradas desde enero de 1985.

Si ya tenemos inmensas dificultades para reparar a esas víctimas, de no terminar la guerra vamos a seguir produciendo víctimas. En 50 años, tendremos 8 millones de víctimas más, por la sofisticación de la violencia.

Los contradictores del proceso de paz han perdido la perspectiva. Ninguna negociación es perfecta, pero si dos adversarios lograron dirimir sus diferencias en pos de una salida negociada, es posible, a posteriori, optimizar el acuerdo.

Porque el problema es perder la oportunidad histórica. La incomprensión de la naturaleza de la negociación puede llevarnos a un mayor conflicto. Claro está que la guerra tiene su valor agregado, pero a largo plazo, sólo habrá perdedores.

Vivir en paz y asumir el desafío del después de la guerra, es una tarea titánica. Es algo que los colombianos no conocemos.

Vivir en paz es conjugar otros procesos sociales. Procesos de inclusión, respeto, aceptación, convivencia e integración. Procesos que tocan los intereses individuales y de las élites, de todo tipo y abren posibilidades de democratización.

Por ello, como senador invito a todos a votar por la Paz, por ese sí que nos llevará al reto de hacer una Colombia más equitativa, más incluyente, más humana. No será fácil, es un desafío a nuestra creatividad, a nuestra capacidad de diálogo, a nuestra habilidad de manejar conflictos y resolverlos, a nuestra obligación de reconstruir el tejido social colombiano, herido de guerra e injusticia, que espera reparación y no repetición.

Votemos Sí, para vencer la guerra y ganar todos. 

Por Juan Fernando Londoño.- El próximo 2 de octubre ganará el Sí. Pero del margen de esa victoria dependerá no sólo el éxito de la implementación de los acuerdos, sino el futuro de la democracia en los años venideros.

Ya el Uribismo anunció que si pierden no se van a prestar para acuerdos políticos, sino que lucharán para conseguir el poder en 2018 y reversar así lo acordado. Lo de ellos no es, nunca ha sido y por lo pronto, tampoco será, la búsqueda de acuerdos que permitan que Colombia disfrute los beneficios de la paz. El reto de las fuerzas democráticas y pacifistas es resolver como lidiar con el reto que implica esta situación.

La tentación inicial es empezar a actuar como ellos. Decir mentiras, exageraciones y verdades a medias de forma consistente, desparpajada y sistemática. El problema de esta vía es que actuar como ellos es empezar a darles la razón. Cuando todos somos mentirosos desaparece no sólo la verdad sino la convivencia misma. El ojo por ojo no produce a un tuerto como rey sino una comunidad de ciegos. De ciegos que se odian.

Caer en su mismo juego no nos convertirá en el mejor país que queremos quienes luchamos por la paz, sólo en un país igual de mediocre pero con menos muertos. Esa no es la vía.

Esta división no fue producto del plebiscito, como señalan algunos. La fractura de nuestra sociedad estaba allí, ha estado allí y permanecerá allí mientras algunos insistan que no hay espacio para que la izquierda pueda gobernar el país. Antier fue la derecha laureanista, ayer el paramilitarismo y hoy el Centro Democrático, siempre una fuerza política dispuesta a mantener el estatus quo, sostener los privilegios y negarle el derecho a quiénes están en el otro lado del espectro político a competir o siquiera aspirar a gobernar. Por supuesto, hay que reconocer que son mejores las mentiras de Zuluaga que la moto sierra de Castaño, en eso hemos avanzado. Mejor Uribe buscando ganar en 2018 que los enemigos agazapados de La Paz de los ochenta entrenando paramilitares en el Magdalena Medio. No hay que perder eso de vista.

Pero la falta de espíritu democrático para respetar y acoger los resultados del plebiscito tiene que prender las alarmas sobre una fuerza con escasa vocación democrática y de convivencia. En este escenario el reto del posplebiscito es mantener unida la coalición por la paz que ha surgido para la votación de octubre. Esa coalición deberá expresarse en el trámite de los proyectos para implementar los acuerdos y así cumplir la voluntad popular.

Pero el verdadero desafío es construir un pacto para que sus candidatos tengan el compromiso de honrar la votación popular y mantener la ruta de construcción de paz establecida en los contenidos del acuerdo aprobados por los ciudadanos. De manera similar a la coalición que en Chile se enfrentó al pinochetismo y logró mantener la ruta de la democracia, debe surgir una coalición por la paz para mantener la ruta de reconstrucción y la convivencia.

No será fácil, especialmente porque a mediados del próximo año estaremos ya en campaña y los políticos estarán más preocupados por arreglárselas para ganar la elección presidencial, pero justo por eso es tan importante quiénes están con la hoja de ruta de los acuerdos y quienes por su derogatoria.

Para enfrentar este escenario lo curioso es que una sola fuerza, el Uribismo, tiene un exceso de candidatos: Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Juan Lozano, luchando por ser el ungido del ex Presidente Uribe. Del otro lado, lo contrario, muchos partidos: La U, los liberales, el conservatismo, los verdes, el Polo, las minorías, la fuerza que surja de las FARC, y solo un par de candidatos viables: de La Calle y Sergio Fajardo. Y en el medio de todos, Vargas Lleras con su Cambio Radical. Lo paradójico es que este último puede terminar siendo el fiel de la balanza, pues una alianza suya con la derecha uribista igualaría las fuerzas, mientras que su presencia en la coalición de paz garantizaría a ésta la ventaja.

No será fácil, de verdad. Ganar el plebiscito es sólo la cuota inicial de construir la paz. La polarización va a continuar, pero la presencia de unas FARC desarmadas, en la vida civil y cumpliendo los acuerdos puede ser la mejor garantía de que las fuerzas reaccionarias no alcanzarán el poder. Cuando los hechos desmientan al Uribismo, es posible que los colombianos recapaciten y opten por castigar a los que han hecho de la mentira y el engaño en esta campaña su principal arma de lucha.

Veremos entonces si como dijo el Maestro Estanislao Zuleta, “una sociedad madura para el conflicto es una sociedad preparada para la paz”.

Por Gemma Casadevall/ DW.-¿Se le puede decir no a la paz?, es la pregunta recurrente ante el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre en Colombia.

La paz es buena, es la respuesta en su versión más infantilizada de las infinitas variantes que difunde la campaña por el “sí”. Quienes respaldan el “no” argumentan que el “sí” significa dejar impunes el horror, la delincuencia y las masacres sembrados por la guerrilla durante 52 años.

“Hacemos pedagogía por la paz, no entramos en campaña”, afirma el incansable Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado para la Paz, tras semanas recorriendo Colombia y llamando al voto a los 34,8 millones de colombianos habilitados para ejercer ese derecho. El gran peligro es la abstención, pecado capital en cualquier comicio colombiano.

Zonas rurales, las más golpeadas

Paz es la palabra omnipresente en el país del realismo mágico. Pero el acento es distinto si se está en Bogotá, en Cúcuta o en algún punto junto a los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. En la capital, la guerra de las FARC dejó de sentirse hace tiempo; las zonas rurales fueron las más golpeadas por el conflicto. Cúcuta, con 650.000 habitantes, vuelve a ser un hervidero desde que se reabrió a mediados de agosto el Puente Internacional Simón Bolívar que la une a la venezolana Ureña -tras un año de cierre por decisión del presidente Nicolás Maduro-.

Todo el departamento del Norte de Santander, del que es capital, sigue siendo zona caliente -no solo por sus asfixiantes 38 grados de temperatura-, sino por ser punto etiquetado de violencia extrema entre la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y todo tipo de contrabando. Más que realismo mágico, lo que se respira en la región es la arraigada cultura de la ilegalidad.

En las áreas urbanas, donde se concentra más del 80 por ciento del voto, se apoya el “sí” con cierto escepticismo, que se relaja algo ante argumentos como el impulso económico que traerá la paz en una Colombia con balances anuales de crecimiento del PIB del 3 por ciento, en 2015. El fin del conflicto consolidará ese despegue y también el turismo hacia uno de los países más bellos del mundo, sostienen los del “sí”.

Una campaña desigual

Ha sido una campaña desigual, la del “sí” y la del “no”. Cada paso del Presidente Juan Manuel Santos se convierte en un mitin por el “sí”. También su anuncio de la visita del papa Francisco en 2017. La mesa de diálogo con las FARC quedó formalmente instalada en octubre de 2012 en Oslo, la capital noruega donde se anuncia cada año el Nobel de la Paz, como ocurrirá el viernes siguiente al plebiscito. Su sola mención también alimenta el “sí”.

El jefe oficial de campaña del “sí” es el ex Presidente César Gaviria -mientras que la del “no” la lidera el asimismo ex Presidente Álvaro Uribe-. La apuesta por el “sí” domina el panorama de modo casi invasivo, pero nadie, ni en Bogotá ni en cualquier otro punto, se atreve a descartar el “no”.

Luciano Marín Arango, alias Ivan Márquez, jefe negociador de las FARC, ha hecho en esta recta final su propio maratón, en su caso para pedir perdón a las víctimas en lugares marcados por masacres de la guerrilla, como lo fue Bojayá, en mayo de 2002.

¿Y si gana el “no”?

Pocos colombianos se habrán leído las 297 páginas del acuerdo firmado en Cartagena el pasado lunes. Pero apenas nadie lee tampoco los programas de los candidatos ante unos comicios presidenciales. Para difundir sus aspectos esenciales está el incansable Jaramillo. De pedir perdón a las víctimas, no en el escenario internacional de Cartagena, sino en los pueblos de las masacres, se encarga Iván Márquez.

El plebiscito marcará un antes y después del titánico proceso de paz. Si gana el “sí”, se abrirá una larga etapa que ocupará a más de una generación. Los 180 días previstos para la dejación total de armas bajo supervisión de la ONU es apenas un aspecto. Le seguirán grandes retos de compleja aplicación, como la justicia transicional o la restitución de tierras a los desposeídos. Si gana el “no”, nadie sabe exactamente qué ocurrirá. Si se vuelve a la guerra. O si se reabre la negociación.

Por Diego González.-El derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo y además implica una incorporación automática del mismo al ordenamiento interno nacional, es así, como  el bloque de constitucionalidad está constituido por todas las normas que sin figurar explícitamente en el texto constitucional, son utilizadas como medida del control de constitucionalidad de las leyes, toda vez que han sido normativamente integrados a la Constitución por diferentes vías y mandato expreso de la misma.

Un ejemplo de ello es el Estatuto de Roma, que señala expresamente que ninguna de sus disposiciones sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado Colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectué de conformidad con la Constitución Política y los principios y normas de derecho internacional aceptados por Colombia.

La Corte Constitucional ha señalado que  la paz no debe ser entendida como la ausencia de conflictos sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente, por tal razón no le compete al Estado social de derecho negar la presencia de los conflictos que se suscitan de la vida en sociedad, y en relación con los conflictos armados, el deber del Estado es prevenir su ocurrencia, estableciendo mecanismos que permitan que los diferentes conflictos tengan espacios institucionales para su pacífica resolución, es allí en donde se configura el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica.

lo acordado será incluido en la Constitución política colombiana, pues “se impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio”.

“Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”, acordaron las partes.

lo acordado será incluido en la Constitución política colombiana, pues “se impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio”.

“Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”, acordaron las partes.

Este tema cobra la mayor importancia en la actualidad,  toda vez que para poder brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final firmado entre el Gobierno y las FARC, se adelantaran los diferentes mecanismos institucionales y democráticos para introducir dichos acuerdos al ordenamiento jurídico Colombiano, conforme al derecho interno e internacional.

Lo anterior significa que si el próximo 02 de octubre el voto por el SI al  Plebiscito supera el umbral esperado, el acuerdo ingresará automáticamente y en estricto sentido al bloque de constitucionalidad y este será tenido en cuenta por el Congreso de Colombia durante el periodo de implementación del mismo, como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final.    

Por Jairo Gómez.-  Sí, fue muy emocionante escuchar desde la sabana del Yarí a la cúpula de las FARC decir: “¡se acabó la guerra!”. Y, desde Cartagena, ofrecer “perdón por el dolor causado a las víctimas del conflicto”.

FARC anunciaron que para ello se instituirán en una fuerza partidista. Pero mirado el anuncio desde la profundidad de los llanos del Yarí, la incertidumbre embarga. La incertidumbre, dicen las gentes que los habitan, está implícita en la necesidad de construir un nuevo pensamiento e incorporar otras formas de vida.

En efecto, en esas regiones apartadas de los centros de poder hay evidencia de que la sociedad colombiana aún vive una crisis cultural, política y económica que se ha acentuado con el paso de los años y en medio del conflicto. No se vislumbra solución alguna a los problemas locales pese a los múltiples intentos por parte del Estado para solucionarlos, como la pretendida descentralización del manejo de recursos. Las buenas intenciones las absorbe el hueco oscuro de la corrupción.

Desde ésa realidad territorial aflora un gran debate a propósito de los Acuerdos de paz suscritos en La Habana: por un lado, se necesita más Estado en el posconflicto para apuntalar una “paz estable y duradera” de manera tal que la llegada del aparato estatal implique superar la actual crisis institucional, y por el otro se deben armonizar los compromisos con el Plan Nacional de Desarrollo que impone una incuestionable estrategia neoliberal contraria a los objetivos del acuerdo de cara a la paz territorial.

Parece una sutileza política de fondo, pero no lo es. Esas dos posiciones antagónicas ponen en aprietos al gobierno ante la evidente precariedad institucional que subyace en los desequilibrios regionales y sociales. ¿Cómo definir las prioridades? Ése es el reto de quienes deben orientar el postacuerdo.

¿Cómo adaptarnos a estos retos que trae la paz? Es importante tenerlo claro porque vamos a experimentar un país peligroso, inestable y explosivo. Así lo evidencian la mayoría de los procesos de paz en el mundo, pues la correlación de fuerzas emergentes dará pie a que, por un lado, algunos grupos busquen mantener sus privilegios mientras, por el otro, distintas fuerzas presionarán los cambios que Colombia necesita para consolidar la paz y no dar un paso al cadalso.

Eso esperan los habitantes de regiones olvidadas, casi vírgenes de la llegada del Estado, que aún viven de lo que provee el nuevo amanecer. También lo esperan los guerrilleros desde sus cambuches del Yarí en donde a diario se paran a deshojar la margarita mientras sus fusiles, ya silenciados, penden de los arbustos que mantienen en pie sus refugios.

La verdadera paz comenzará el próximo 2 de octubre cuando los colombianos digamos Sí, y con ella cobren vida los genuinos retos que impliquen cambios esperanzadores.

Por Diego Fonseca. Tomado del New York Times en Español.- En julio, poco antes de la Convención Nacional Demócrata, uno de los explicadores oficiales de Donald Trump, Newt Gingrich, se sentó con CNN a discutir las estadísticas de crimen en Estados Unidos. La presentadora recordó que las cifras mostraban una tendencia a la baja pero Gingrich defendió su idea de que, en realidad, las personas se sienten más amenazadas. “Lo que yo digo es igualmente verdadero”, dijo, con la misma porfía de su jefe político. “Yo voy con lo que la gente siente; usted vaya con los teóricos”.

Gingrich es un sofista pero tiene razón: Trump ha demostrado que la realidad es una ficción que solo precisa de la fe de sus seguidores para convertirse en verdadera. Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad, definió al realismo mágico como un hecho rigurosamente cierto que parece fantástico. La campaña de Trump funciona al revés: su “magia realista” consiste en fantasías que parecen ciertas a ojos de sus creyentes. Tal vez por eso las frases que Trump más reitera sean llamados a la fe. “Confíen en mí”. “Créanme”.

Como si alguna vez hubiera leído a Kant, Trump crea una realidad con su palabra, pero es una realidad turbia. En la doctrina trumpiana no hay revelación sino ocultamiento, abunda la manipulación, escasea el sentido común. Predomina la forma sobre el fondo.

La campaña de Trump es un ejercicio de credulidad carismática, una estafa masiva. Está dirigida a las emociones de sus creyentes, no a la razón. Por eso cada vez que la prensa y Hillary Clinton procuran comprender la lógica de su juego de timo, Trump se ríe en sus caras: “They still don’t get it”.

Las ideas de Trump parecen provenir del universo bizarre. En su campaña no hay espacio para fórmulas, métodos, políticas: solo la promesa de un fin sin importar los medios. Allí está la idea de repatriar casi 5 billones de dólares de ganancias corporativas y hacer crecer el país a casi 4 por ciento cada año para crear 25 millones de nuevos empleos, algo si no imposible al menos improbable. Es un proyecto mesiánico donde el líder todo lo sabe y no se discute. “No me pidan que les diga cómo los llevaré allí”, dijo recientemente. “Nada más déjenme llevarlos”.

Y el engaño funciona. Al decir de Gingrich, los seguidores sienten a Trump y él sabe cómo hablarles: simple, al nervio y a la sangre.

Pero si la ausencia de razón puede ser audaz, el delirio suele ser fatal. “Yo soy su voz”, dijo Trump en la Convención Republicana, ante el rugido de la masa. “Yo puedo arreglar esto solo”.

Trump no es un político bondadoso sino un demagogo brutal, adorado por la derecha más retrógrada del país. ¿Qué puede pasar cuando el mayor ejército del mundo quede al mando de un mesías inestable que se cree infalible?

América Latina tiene una larga tradición de líderes portadores de verdades reveladas. Vengo de un país, Argentina, que en 2016 cumple setenta años marcado por una fe política, el peronismo, que parece inagotable. Desde el primer gobierno de Juan Perón, en 1946, su movimiento se erigió como una fuerza mística que resistió persecuciones y perduró estirando sus fronteras ideológicas. Ya cadáveres, Perón y Evita se volvieron figuras de culto. Algo similar sucedió en la última reencarnación peronista, el kirchnerismo. Cuando murió Néstor Kirchner en 2010, sus sucesores montaron a su alrededor una religión de consumo rápido, bautizaron calles y escuelas con su nombre y hablaron de él como un ánima presente.

Es común en América Latina afirmar que nuestros dirigentes pueden hacer de cada nación un lugar más iconoclasta que Macondo pero Trump ha demostrado que también hay caudillos en la Quinta Avenida de Manhattan.

“Los gringos nos han ganado”, me dijo hace unos días Alberto Trejos, el ministro de Costa Rica que negoció el último tratado de libre comercio latinoamericano con Estados Unidos. “En Cien años de soledad, García Márquez inventó diecisiete Aurelianos Buendía con una cruz de ceniza en la frente, pero Trump supera toda ridiculez”.

En algún punto, no somos tan distintos los americanos y los latinoamericanos. Mientras en América Latina los nacionalismos de izquierda movilizan a los crédulos con una pasión patriótica sobreactuada —una cierta fe—, en Estados Unidos, todavía una sociedad puritana, la credulidad religiosa es consubstancial a la política. De hecho, la Constitución misma postula que los hombres son iguales porque “el Creador” lo dispuso, así que en tiempos desesperados la sociedad estadounidense suele ver a su presidente como un mesías capaz de salvar la integridad nacional. Sin ir muy lejos, Oprah Winfrey, sacerdotisa de la iglesia catódica, dijo que Barack Obama era “the one”.

El peligro de Trump es su egolatría descontrolada que no reconoce dogma, institución o límite. Los valores son secundarios: Trump pide que no crean en ideas sino en él, como si fuera la síntesis de la sabiduría, rey o dios. En América Latina sabemos cómo es dejar en manos de caudillos incontrolables el destino colectivo. Y lo sabían también los Padres Fundadores de Estados Unidos cuando decidieron eliminar la figura del derecho divino de los reyes de la Constitución. “Virtud o moralidad son resortes necesarios del gobierno popular”, escribió en esos años George Washington. El problema: ni virtud ni moralidad habitan la fe de Donald Trump.

Por Baltazar Garzón. Tomado de El Pais.- El día 26 de septiembre en Cartagena (Colombia) es uno de esos días en los que uno se encuentra con sensaciones contradictorias. La paz se firma en unas horas y sin embargo la alegría no es plena entre la ciudadanía colombiana. No hay unidad política ni unidad frente a un evento que debería unir a todos en el esfuerzo común de construir un país que es de todos y a cuyo fin todos deberían contribuir.

Cincuenta y dos años de violencia sostenida en el conflicto armado interno más antiguo de Latinoamérica deberían ser suficiente argumento para que nadie apostara por su mantenimiento ni un segundo más. Sin embargo las discrepancias existen y quien defiende la negación de la evidencia del nuevo futuro que se abre agarrándose a postulados neoconservadores, se equivoca.

Los acuerdos firmados entre el Gobierno colombiano, con el Presidente Juan Manuel Santos a su cabeza y las FARC distan mucho de ser lo que las víctimas, la ciudadanía y los juristas, hubiéramos querido. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no se conseguirán en su plenitud, ni siquiera en una parte suficientemente satisfactoria, pero se ha logrado un acuerdo que parecía imposible y que muchos oscuros augúres pronosticaban imposible de alcanzar. Es decir, se ha llegado precisamente hasta donde ha sido posible, y, este mínimo es inclaudicable; se ha obtenido ese punto de equilibrio necesario, presente en todo proceso de justicia transicional.

Los retos que esta decisión compartida supone han de conseguirse a partir del día 2 de octubre con el apoyo afirmativo al proceso abierto. Es seguro que no es el mejor acuerdo, pero ha sido el único real hasta la fecha. Después de décadas de intentos frustrados, de dolor y sufrimiento de las víctimas, quienes han firmado con seguridad han tenido en cuenta esa renuncia de aquellas y por ello no pueden permitirse el incumplimiento de una sola línea de ese acuerdo que ayuda a avizorar un final de paz sostenible y justa.

No estoy de acuerdo con quienes afirman que este acuerdo sacrifica la justicia en favor de la paz, como tampoco con los que sostienen que la justicia tradicional retributiva (una determinada cantidad de años de cárcel) sea la única alternativa posible. Si fuera así, jamás acabaría el conflicto y eso se debe decir alto y claro por quienes defienden el no.

Por el contrario, la justicia restaurativa, en la que tampoco está ausente la retribución a las víctimas a través de la verdad y las garantías de no repetición, garantizará la responsabilidad de los perpetradores y su sanción. Por ello la verdad es imprescindible y, la condena a quienes no contribuyan a la misma, cierta y definitiva.

La justicia, desde la perspectiva de las víctimas no solo se define por el número de años a imponer a los perpetradores, sino por la certeza de que estos reconozcan sus crímenes, sufran una sanción que, al ser proactiva, será más gravosa para quien la sufra que mantenerse simplemente en una celda a la espera de que se cumplan los años de reclusión. Tendrán que reconocer sus acciones delictivas, mirar a las víctimas y aceptar el reproche de los inocentes, deberán contribuir a construir la paz, trabajarán en favor de la comunidad... y si no lo hacen, que cumplan pena en una cárcel ordinaria.

Pero además, este acuerdo debe servir para lograr conquistas sociales en Colombia. Tanta desigualdad en esta sociedad no puede soportarse por más tiempo. Las élites no deben decidir por la ciudadanía. Es decir, la paz no puede ser para el pueblo, pero sin el pueblo, a modo de paz ilustrada. A la gente se nos llena la boca de buenas palabras, pero quienes han sufrido tanto y que tienen la generosidad del perdón deberían ver el resultado de la paz en la igualdad, en un sistema de impuestos redistribuido, en las mismas oportunidades para los sectores del campo que para los industriales, para los ricos de la city y los pobres y abandonados campesinos e indígenas, con un sistema de salud universal, una educación asegurada, una renta mejorada, con inversiones que repercutan en el bienestar general... y que ese hermoso anfiteatro de paz que se ha visto en Cartagena se funda con las miles de velas prendidas anoche en esta ciudad caribeña por las victimas caídas, y que no quede reducida a un reparto de posiciones políticas y económicas que traicionarían la fe de un pueblo que lucha por esa felicidad que nace de las entrañas de cada uno de nosotros.

Por todo ello, es posible una paz justa para Colombia, y como presidente de FIBGAR, seguiremos trabajando para que la paz no sea la historia de una ilusión desvanecida.

Por Jaime Enrique Durán Barrera.  Este lunes 26 de septiembre comienza un nuevo tiempo para Colombia, porque el logro de un consenso entre dispares,  implicó trabajar las diferencias y asumir el reto de mirar al futuro y edificar un mejor destino para los colombianos.

La firma de la Paz es uno de los acontecimientos que cambiará la cara de la Política en el país, no sólo porque la insurgencia reemplazó las armas por la participación política directa en los escenarios públicos, sino, porque su expresión concreta y real, hacer la paz,  enfrentará a todos los problemas supeditados a la prioridad de la guerra. Es decir, que la gran excusa para postergar la solución a los necesidades sociales, ya no serán de las guerrillas y sus actos.

A partir de este 26S se abre la posibilidad de construir nuevos espacios y escenarios sociopolíticos, pero desde la Colombia Profunda, donde están aún las causas de más de 50 años de conflicto, latentes y urgentes, exigiendo la iniciativa y la presencia del estado colombiano, de la sociedad civil y de la academia, para superar, en mediano plazo, las necesidades y exigencias de un país diverso y plural, que merece progresar.

Indudablemente que viviremos en una nuevo tiempo. Y tendremos que aprender a vivir en paz, con todo lo que requiere esta convivencia, con otras  reglas de juego:  respeto, consulta, iniciativa, tolerancia y evaluación, porque el valor de la paz, requiere del consenso y eso sólo es posible con el diálogo permanente.

También será un proceso de decisiones contundentes, por ingente necesidad de construir la equidad, para vencer las profundas diferencias sociales y económicas que viven los colombianos, sobre todo de las regiones y lograr la igualdad de derechos, para superar las consecuencias de la guerra e integrar a todos en un proyecto de país realmente democrático, donde quepamos todos.

Y definitivamente, será el momento de las regiones, de esa geografía humana y territorial, intrincada y diversa, que describe a Colombia y es un desafío para la clase política. Porque la Paz exige participación, diálogo, consensos, negociación y evaluación, prácticas realmente que forman parte del desarrollo de la democracia.

Para la construcción de una Colombia en Paz requerimos una verdadera democracia. Para ello, tendremos los retos de superar los vicios presentes en las instituciones y organizaciones del estado, como el uso abusivo de la burocracia, el nepotismo, la corrupción, etc. y la integración de la sociedad civil y del sector privado, a través de la responsabilidad social. Sin ello, no habrá paz duradera.

Por Amylkar Acosta.-A quienes se aterran y tratan de aterrar a los demás por el nuevo apretón de manos   entre el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenco, para sellar el Acuerdo final y así ponerle fin a una confrontación armada de más de 52 años, queremos recordarle uno de los episodios poco conocidos de la gesta de nuestra independencia, cuando Bolívar el Libertador se dio la mano y se abrazó con Pablo Morillo el pacificador, ni siquiera para terminar la guerra sino para “regularizarla”, el 26 de noviembre de 1820 en Santa Ana de Trujillo, territorio ocupado por las tropas realistas. Y posteriormente, en una ceremonia parecida a la que tiene lugar este lunes 26 de septiembre en la Ciudad Heroica para ratificar el Acuerdo final al que se arribó, Bolívar y Morillo ofrecieron solemnemente un “brindis por la paz”. Y, con ocasión de este, Bolívar, alzando la copa, en presencia de Morillo, exclamó: “Odio eterno a los que deseen sangre y la derramen injustamente”.

Este evento tiene lugar en momentos en los que ya estamos en la ruta crítica de la refrendación del Acuerdo final, para dar paso a su implementación. Se trata nada más ni nada menos de decidir si le damos o no un giro de 180 grados al rumbo de nuestra Nación, para enrutarla hacia un nuevo país en el que quepamos todos, en el que el que el sol brille para todos y no para unos pocos. Sin hipérboles, podemos afirmar con el ex presidente español Felipe González que el paso que está a punto de dar Colombia es “comparable con la caída del muro de Berlín y la capacidad que tuvo la reunificación alemana para aunar a todo un país frente a un proyecto común”.

Este es al Acuerdo Final al que los negacionistas invitan a votar NO el próximo 2 de octubre, cuando usted, yo y todo(a)s lo(a)s colombiano(a)s tendremos la oportunidad, que no nos dieron antes (como sucedió con los acuerdos con los paramilitares) para expresar ya sea nuestro asentimiento o disentimiento con el mismo. Este es, como lo ha repetido hasta la saciedad el Jefe del equipo negociador por el Estado Colombiano Humberto De la Calle,  “el mejor Acuerdo posible”, al que se le quiere contraponer otro “mejor” acuerdo, que no pasa de ser una utopía. Con la entelequia de la “paz” como mascarón de proa (“votar por el NO en el Plebiscito para defender la paz”), el Centro Democrático pretende embaucar a lo(a)s colombiano(a)s con la treta de que si se impone el NO, al día siguiente el Gobierno estaría sentado con las FARC, que ya desparecieron como grupo armado, renegociando lo acordado, corrigiéndole la plana a quienes se tomaron casi cuatro años para llegar a este Acuerdo final.

La pregunta que tenemos que hacernos es si serán ellos, que por no ser Gobierno sino oposición al mismo, los que se sentarían a renegociar lo acordado. Y, la otra pregunta es con quién se va a renegociar, porque para ello se requieren dos y lo acaba de decir con todas sus palabras Carlos Antonio Lozada, uno de los negociadores de las FARC, en el marco de la X Conferencia de esta:  “no existe la más mínima posibilidad de que lo acordado con el Gobierno sea renegociado. Lo acordado, acordado está y no existe esa posibilidad”. Este es sólo el garlito, a través del cual se trata, de engatusar a los sufragantes que  ingenuamente creen en su genuino interés por la paz.

La verdad verdadera es que el Centro Democrático y su Jefe, el ex presidente Uribe, no sólo no están de acuerdo con lo negociado sino con la negociación misma. Para llegar a esta conclusión basta con recordar que ellos nunca han aceptado que en este país existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista y, por consiguiente con las FARC no se puede negociar porque son una organización terrorista. Ellos no se han retractado, no han cambiado de opinión, para ellos es un imposible moral sentarse con las FARC para negociar o renegociar una salida a este conflicto armado que se niegan a reconocer que existe. O acaso estará dispuesto el ex presidente Uribe y el Centro Democrático a sentarse con los voceros de las FARC, catalogados ellos como vulgares narcotraficantes y su organización insurgente como el “cartel más grande del mundo”. Será que se atreven o están cañando. 

No vayamos nosotros a caer en esa trampa, atraído por los cantos de sirena de quienes le prometen que votar NO “es iluminar el camino del progreso social a través de la seguridad”, lo cual no pasa de ser un espejismo más.    

Bogotá, septiembre 25 de 2016

www.fnd.org.co

Por Jorge Enrique Robledo.-A días del plebiscito del 2 de octubre, esta columna busca contribuir con el debate ilustrado para que la decisión de cada uno de los ciudadanos sea la más objetiva, aunque sé que no es fácil porque los dramas de medio siglo pueden complicar, aunque no hacer imposible, pensar con cabeza fría.

Tras analizar las críticas a los acuerdos de La Habana –incluidas las que he expresado–, no me da que todas ellas sumadas pesen más que la inmensa ganancia que significa el inmediato fin de una violencia que nada bueno nos produjo a los colombianos. Si no fuera cierto, parecería mentira que cuando está por cumplirse el sueño de toda la vida de acabar con este conflicto armado, se nos pida que no lo terminemos inmediatamente porque dicen tener una idea “mejor”, idea que no pueden demostrar como realizable ni para cuándo, pero que con certeza sí crea un riesgo enorme de volver a tiempos ya superados.

Lo que se votará no es si nos gusta el gobierno de Juan Manuel Santos, porque si así fuera este senador y los polistas seríamos los líderes del No. La verdadera pregunta es si queremos desarmar, inmediatamente, a las Farc, que están a semanas de entregarle sus armas a la ONU para destruirlas. Se equivocan quienes proponen castigar a Santos con el triunfo del No, pues en realidad se castigarían a sí mismos y a los demás colombianos, que de lejos seremos los principales ganadores con el fin de este conflicto.

También debe saberse que Santos presentará una reforma tributaria regresiva gane el Sí o gane el No, porque a eso se sometió ante la OCDE, que los acuerdos no modifican negativamente los derechos de los pensionados a favor de las Farc y que en ellos el gobierno se reservó el derecho a fumigar desde aviones los cultivos ilícitos.

Que las Farc se tomaron el poder, dicen. Y pueden decirlo, pero no probarlo. Porque, primero, si son ellas las que abandonan sus prácticas originales, en tanto en el acuerdo reconocen al Estado con su Constitución, leyes e instituciones y su monopolio sobre las armas, ¿cómo creer que fueron las Farc las que quedaron al mando? Segundo, aunque no es el caso del Polo, puede estarse en desacuerdo con darles representación en el Congreso. Pero lo que no se puede demostrar es que se aprobarán las leyes que se les antojen, en razón de que nadie con menos del cuatro por ciento de las curules tiene poder suficiente para decidir en el Congreso.

Asimismo afirman –aunque tampoco lo demuestran– que se acabará o reducirá a poco la propiedad privada sobre la tierra rural. Porque hoy existen, con respaldo constitucional, cada una de las fuentes del fondo de tierras y porque la expropiación por interés público con indemnización aparece en la Constitución desde antes de este acuerdo. Es más, según lo pactado en La Habana, “la Reforma Rural Integral –que no la Reforma Agraria– se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado…”.

Que en el acuerdo aparece un cuerpo para, señalan, perseguir a los partidarios del No. Pero si se leen los apartes 3.4.4 y 3.4.5 queda claro que es “un cuerpo élite en la Policía Nacional”, como parte de una Unidad Especial de Investigación, “por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz” y dentro de “la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía”, con el objetivo de enfrentar las organizaciones criminales “que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.

Tampoco resiste análisis usar como prueba reina contra los acuerdos sindicar a Santos de Castro-Chavista. ¡Si Santos fue ministro de Gaviria, Pastrana y Uribe y gobierna con el programa económico, social y político que el último le dictó en 2010 para elegirlo presidente, programa que, exceptuando el proceso de paz, viene cumpliendo a pie juntillas. ¿Sí será que Estados Unidos, con el Pentágono, la CIA y sus dos mayores partidos, las potencias europeas y asiáticas y los gobiernos de América Latina, más los banqueros del mundo y las trasnacionales, todos los cuales respaldan el proceso de paz, ignoran quién es el “verdadero” Santos, cosa que solo saben poquísimos? ¡Por favor! Si se trata de clasificarlo por su posición frente a los poderes extranjeros, la verdad verdadera la expresó él mismo: “Yo soy proestadounidense”, le confesó a la revista Semana el 12 de febrero de 2011.

Bogotá, 23 de septiembre de 2016.

Reflexiones sobre el Sí y el No

Por: senador @JERobledo http://bit.ly/2cN8M1A

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