Opinión

Por Juan Fernando Londoño.- Uno de los argumentos de los promotores del No en el plebiscito es la supuesta entrega de 16 curules territoriales a las FARC como complemento de las 10 directas que ya tienen aseguradas. Los críticos parecen reconocer a las FARC una fuerza electoral extraordinaria a costa de revictimizar a las poblaciones que han sido los principales damnificados por el conflicto. Tal como en el pasado lo hicieron los paramilitares, quienes así piensan caen en el error de creer que todos las personas de esos territorios son aliados o simpatizantes de las FARC, pero eso está por verse.

Durante las 5 décadas de Conflicto Armado cientos de miles y miles de colombianos se vieron privados de sus derechos políticos como consecuencia de tener la (mala) suerte de vivir en los territorios de disputa entre los grupos armados o controlados por organizaciones ilegales, incluidas las FARC. Jamás pudieron ejercer los derechos que la Constitución les reconocía como colombianos. Fueron desplazados, asesinados, reclutados, desaparecidos, abusados, maltratados y vilipendiados.

Durante los períodos electorales las FARC (y luego los paramilitares) impedían que los ciudadanos pudieran expresar sus preferencias libremente mediante quema de urnas, ataques a la organización electoral, declaratoria de paros armados, asesinato de líderes y periodistas, y todas las formas posibles de coacción y coerción. La situación de guerra contra el Estado colombiano llevó a las FARC a suprimir la democracia en sus zonas de influencia e impedir lo que para ellos no era más que una forma burguesa de dominación: las elecciones.

Los territorios donde se vivió esta situación fueron lentamente abandonados, incluso por los partidos tradicionales, cuyos líderes optaron por cuidar su vida y dejaron de hacer campaña en esas zonas. Algunos, como la Familia Turbay Cote no tuvieron esa opción y fueron asesinados por las FARC. El resultado de ese abandono ha sido también la desafección de esos colombianos y por tanto resarcir sus derechos no sólo es una reparación y compensación para su sufrimiento y abandono sino una forma de recuperar la legitimidad del Estado en esas regiones.

Para revivir la democracia en lugares donde la única ley acatada ha sido la del más fuerte se crearon las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz. Mediante ellas los habitantes de los territorios más afectados por la guerra podrán recuperar su condición de ciudadanos colombianos y por primera vez tendrán las garantías necesarias para expresar sus opiniones y preferencias electorales. Creer que como consecuencia de ello los pobladores van a salir a recompensar electoralmente a quienes por años han sido sus verdugos es un exceso de optimismo por parte de las FARC y de pesimismo del Centro Democrático.

La prohibición a los partidos nacionales de presentar candidatos en esos territorios no significa que no puedan hacer campaña, sino que sean respetuosos de la necesidad de reconstrucción de las identidades políticas de esas comunidades. Los partidos podrán apoyar los candidatos que surjan de las organizaciones sociales con presencia en las zonas, así que también es una oportunidad para ellos de cambiar su relación clientelar con los ciudadanos y asociarse más a la representación de intereses. 

Ya veremos si las FARC, desarmadas, consiguen el mismo nivel de apoyo que tenían cuando portaban fusiles. Como decía Maquiavelo, el Príncipe debe hacerse querer o temer. Las FARC se han hecho temer, vamos a ver si son capaces de hacerse querer.

Por Diego González.- Uno de los retos más grandes para el gobierno nacional y principalmente para el aparato Judicial del estado en el Postconflicto, será garantizar que el fenómeno de los falsos testigos no termine incriminando injustamente a los miembros de las Fuerzas Militares,  dirigentes políticos o empresarios, en procesos penales cimentados en falsos testimonios de los desmovilizados.

Tal como ocurrió en el pasado cercano, con laley de Justicia y Paz que fue diseñada para garantizar la desmovilización de más de 30.000 paramilitares, en donde se estableció que podrían pagar un máximo de ocho años de prisión  por los crímenes cometidos, también se les dio la opción de reducir su sentencia por delatar a sus superiores políticos o militares, lo que provocó que se proliferarán los testigos dispuestos a mentir a cambio de reducir varios años de prisión y mejorar sus condiciones de reclusión.

El testimonio de paramilitares desmovilizados llevó a los investigadores a formular cargos contra más de cien congresistas por tener presuntas alianzas con grupos al margen de la ley, sin embargo sólo un tercio de ellos fueron condenados y a la fecha se tienen dudas de muchas de esas condenas porque se ha demostrado que esos testigos fueron inducidos o han sido tachados de falsos en diferentes procesos.

Esta clase de temores resulta legítimo en un país como el  nuestro en donde la justicia se ha desacreditado perdiendo credibilidad y confiabilidad, ahora nuestros fiscales y jueces se preparan para investigar y juzgar una avalancha de casos derivados de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, y deberán garantizar que se aclaren los asesinatos, secuestros y crímenes de guerra entre el Ejército y las FARC y la participación  de los diferentes sectores políticos y privados.

De acuerdo con la estadísticas de la Fundación Defensa de Inocentes,  con base en la información de la Fiscalía, son por lo menos 20 mil personas las que han sido procesadas por cuenta de los falsos testigos y la Fiscalía adelanta investigaciones contra más de 3 mil 500 testigos falsos que actúan en diferentes procesos.

Es difícil calcular el viacrucis que deben atravesar las víctimas de los falsos testigos, quienes en su mayoría resultan ser políticos o miembros de las Fuerzas Militares, que no solo deben afrontar la condena, el matoneo y el juicio mediático que sirven para ambientar una posible condena, sino que deben someterse a desmentir versiones de perversos testigos que con oscuros intereses contribuyen al linchamiento moral de los implicados y sus familias.

Por Luis Fernando Rosas.- Este dos de Octubre el proceso de Paz se reafirmará con el resultado en las urnas del plebiscito, prueba electoral en la cual los Colombianos de diferentes tendencias diremos SÍ para reencontrarnos con el más bello espectáculo, como lo es cerrar este capítulo sangriento e incomprendido en nuestra historia.

Para la implementación del proceso de paz las estructuras políticas y sobretodo la opinión no se pueden equivocar, quienes se subieron al bus del proceso a última hora o no lo apoyaron no garantizan el éxito, para una nueva etapa que debe comenzar con un cambio urgente de gabinete Ministerial acorde a los nuevos escenarios posibles y así como el M 19 ocupó Ministerios y responsabilidades se deben abrir campos de acción a representantes de nuevas tendencias y del nuevo esquema que surja después del plebiscito que oxigenen el espectro político y que orienten al país al posconflicto. Llegó la hora de un equipo de Gobierno representativo con peso, capacidad de convocatoria real y de “altura”  que al presentarse signifique Paz y cambios para la nueva etapa democrática.

A las Farc, les corresponde con su nueva personería jurídica, demostrar que no se ha quedado en el pasado con su discurso, para ello tendrán financiación estatal equivalente al 10% del fondo del estado que  serán 7.000 millones al año, y es lógico el sector empresarial no  se meterá la ¨mano al dril” para financiarlos como hacen hoy con los partidos legalmente reconocidos. Además hasta 2026 no tienen las exigencias de mínimo de umbral, tendrán además televisión estatal y lo que más les preocupa seguridad. A partir de 2018 tendrán y por dos períodos 5 curules en Cámara y Senado, se someten al sistema electoral actual pero si no logran estos cupos de todas maneras el estado se las otorga. En lo que no pueden fallar es como entrar en el juego amplio de la Política Nacional.

La mayor garantía de seguridad y de éxito para la implementación, son los acuerdos especiales, con base en el artículo 93 de la Constitución, busca que el acuerdo de Paz con  su contenido prevalezca en el orden interno y se agregue al “bloque de Constitucionalidad”; ya internacionalmente las Naciones Unidas y su carta de derechos; la Convención Americana de Derechos Humanos de San José  Costa Rica suscrita en 1969 los establecen, y sobre todo el Derecho internacional Humanitario, tesis bien expuesta por reconocidos expertos, por este hecho muchos enemigos del proceso se asustan porque por sus posiciones extremistas hacen que los deje el “tren de la historia” los Acuerdos especiales son verdadero “blindaje”.

Los amigos del proceso de Paz no podemos equivocarnos, el acierto es Unir al país no dividirlo más después del plebiscito, quienes pretendan implementar a nombre de sectas o grupúsculos al interior de los partidos dejándose llevar de encuestas Bogotanas, no de realidades concretas, allí están equivocados, se debe convocar un “Arca de Noé” donde quepamos todos y no los que se quieren asegurar y perpetuar en el poder a nombre de la Paz  “roscas” dañinas y excluyentes  maltratando a quien no está de acuerdo con los métodos y buscando una paz partidista y no nacional.

SÍ revisamos nombres de aspirantes Presidenciales, algunos pertenecen a fracciones políticas, muchas desgastadas que quieren implementar para sus amigos y no para el país, dependen de encuestas y otras cosas, si es así la Paz perderá una gran oportunidad para convocar las diferencias y abrazar con amor republicano a todos los Colombianos sin distingos, el gran reto es reconciliar al país, yo estoy seguro que el gran soporte de la Paz serán unos medios pluralistas ,una opinión pública libre para el debate y una justicia que no persiga con tintes políticos. Los invito a pensar no partidistamente en quien puede implementar con carácter participativo y que hayan sido protagonistas de este gran logro.

Por el Comité Editorial de The New York Times en Español.-  La vida de todo colombiano ha sido marcada, en cierto sentido, por la violencia. El gobierno ha estado en guerra con grupos guerrilleros de tendencia marxista durante más de cinco décadas, un ruinoso conflicto cuyas raíces provienen de periodos de violencia de mitades del siglo XX.

Esta semana, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el grupo guerrillero más grande del país, llegaron a un acuerdo según el cual los rebeldes se comprometen a deponer las armas e incorporarse al sistema político y a la legalidad.

Si el acuerdo de paz es ratificado por los colombianos en un plebiscito que se celebrará el 2 de octubre, Colombia tendrá la oportunidad de alcanzar todo su potencial después de sufrir décadas de violencia, en las que se ha generado una arraigada desigualdad y una institucionalidad débil.

Es una oportunidad que los colombianos deben aprovechar.

El documento incluye reformas estructurales radicales e inversiones sociales que podrían transformar al país en una sociedad más próspera y equitativa. También incluye una reforma agraria integral, lo que reduciría la desigualdad histórica entre los centros urbanos de Colombia y el campo, empobrecido y abandonado. Las Farc se han comprometido a acabar con su participación en el tráfico de drogas, una actividad que potenció el conflicto durante las últimas décadas. Una mayor presencia estatal en las regiones donde se cultiva y trafica la cocaína facilitaría enfrentar ese flagelo de una manera eficaz.

Según las condiciones del pacto, los miembros de las Farc le entregarán sus armas al personal de las Naciones Unidas y revelarán la naturaleza de su participación en el conflicto ante un tribunal especial que incluirá a juristas nacionales e internacionales. Aquellos que admitan delitos graves como secuestros —y ejecuciones— estarían sujetos a períodos de restricción de movilidad de cinco a ocho años, durante los cuales se espera que realicen servicios comunitarios. Los que han cometido delitos menos graves —como el tráfico de drogas— recibirían amnistía.

Esta disposición no es ideal, ya que inevitablemente dejará muchos crímenes sin castigo. Pero con un buen manejo, podría permitir que muchas víctimas vean a sus agresores juzgados y se lograría que los criminales de guerra —incluyendo a los miembros de las fuerzas armadas— asuman responsabilidad, en cierta medida, por las peores atrocidades de la guerra.

El acuerdo también permitiría que los miembros de las Farc puedan postularse para las elecciones legislativas de 2018 y les otorgaría un mínimo de cinco curules en la cámara de representantes y cinco en el senado. Muchos colombianos se oponen a esto pues dicen que da la impresión de que la insurgencia es una estrategia legítima para entrar a la política.

Pero vale la pena recordar que las Farc y otros grupos guerrilleros se formaron durante una época en la que varios segmentos de la sociedad se sentían excluidos ante un sistema político que parecía impenetrable para todos, excepto para las élites. La construcción de un sistema político más incluyente reduciría el riesgo de que las comunidades marginadas consideren a la violencia como el medio más eficaz para lograr un cambio.

Como una paz duradera comienza a parecer cada vez más viable, los arquitectos de este proceso merecen ser reconocidos por su visión y tenacidad. El presidente Juan Manuel Santos y su equipo de negociadores siempre han tenido el norte claro y han sido infatigables y claros a lo largo de las prolongadas negociaciones, que han polarizado a Colombia. Las Farc, que aceptaron negociar después de sufrir reveses en el campo de batalla, parecen haber negociado de buena fe y cumplieron un cese al fuego durante más de un año.

Las víctimas del conflicto, muchas de las cuales han apoyado fervientemente el proceso, también merecen un reconocimiento por su disposición a perdonar. Al sentarse a dialogar con un enemigo al otro lado de la mesa de negociación, fijan un ejemplo digno de reconocer, justo cuando muchos de los conflictos armados en el mundo parecen imposibles de conciliar.

Le han dado a una generación de colombianos más jóvenes la oportunidad de empezar a relegar esta guerra a los libros de historia.

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Colombia al buscar una salida negociada del conflicto armado, más largo de la historia de América Latina, no sólo abrió la puerta a la oportunidad de vivir en un país sin violencia, sino de plantear un consenso político válido para todos los colombianos.

De ahora en adelante, seremos un ejemplo para  la humanidad, de lograr una salida, que permitiese ir más allá de una amnistía o un indulto y diese pie a un sistema de justicia, basado en la verdad, que logrará no sólo juzgar los delitos cometidos, sino que no se queden impunes.

El conflicto armado ha sido un problema que sólo ha tenido perdedores y víctimas. A más de medio siglo se puede afirmar que son incontables las consecuencias que ha producido en la población: desplazamientos forzosos, empobrecimiento, pérdidas humanas, materiales y sociales, además del cuantioso costo económico.

Según cifras del Banco Mundial, Colombia es el país de América Latina  de mayor gasto militar en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB). Y Diego Otero, ExViceministro de Minas ha calculado que el Estado Colombiano ha gastado aproximadamente 179 mil millones de dólares en el abordaje del conflicto desde el punto de vista militar.

Dineros que han podido invertirse en áreas estratégicas para el desarrollo y el abordaje definitivo de los problemas estructurales del país, pero que se utilizaron en tratar de resolver el conflicto.

Un estudio realizado por el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) concluyó que el Producto Interno Bruto (PIB) se duplicaría cada 8,5 años sin el conflicto armado en Colombia y no cada 18,5 años, como ha pasado.

Por otra parte, en el estudio "Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia"" de la Universidad de los Andes, se obtuvo un escenario similar: el país ha tenido una pérdida, en los últimos años, del 4,4 por ciento de su PIB.

Este estudio explica que “dado que la tasa de crecimiento anual de Colombia, entre 2000 y 2009, ha estado alrededor de 3,8 por ciento, el conflicto armado le ha costado a Colombia más de 100 por ciento de su tasa de crecimiento anual promedio en este período”. Cifras que hablan por sí solas de la necesidad de asumir esta oportunidad histórica en pos del futuro de los colombianos.

Por ello, creo firmemente que votar por el Sí en el Plebiscito de la Paz es la mejor decisión, porque es preferible trabajar con determinación y compromiso por un proyecto de país donde todos estemos incluidos que sostener un conflicto armado que sólo reporta pérdidas.

Todos sabemos que el Postconflicto será un proceso de gran complejidad y de decisiones y acciones de gran envergadura, pero también es el proceso de construcción más importante que viviremos, en función de superar las brechas que harán que nuestra democracia sea real y no un enunciado.

Por Juan Carlos Torres. - No importa qué religión profesas, finalmente todas conducen a Dios; sin embargo, el proceso de Paz ha dado lugar a una variedad de interpretaciones sobre las Sagradas Escrituras en función de una decisión frente al Plebiscito. Mientras la Iglesia católica a través del Sumo Pontífice y sus Párrocos se ha pronunciado a favor del Sí, los cultos cristianos están divididos entre el Sí y el No. Entre los últimos hay quienes aducen que decirle Sí a la Paz representa la apertura de las puertas del infierno y que Santos es el anticristo, evidenciando lo que sería una disidencia del cristianismo que adoctrina según sus intereses y asalta la buena fe de muchos feligreses.

Nos han enseñado que no todos contamos con la excelsitud de poder interpretar la palabra de Dios; sin embargo resulta  fácil deducir, que de ésta se extracta el amor, la paz, el perdón y la reconciliación. El proceso de Paz con las Farc pudiera ser la respuesta de Dios a las millones de veces que nos humillamos de rodillas y pedimos el fin de la guerra; o sobre el tratamiento al problema de las drogas ilícitas al que se refieren en los acuerdos, pudiera ser la respuesta a nuestras plegarias por nuestra juventud y sociedad sumida en las drogas. Nos enseñaron también que Dios se manifiesta de la forma que cree conveniente y no cómo nosotros pretendemos. ¿Quiénes somos los cristianos para reprochar o desobedecer lo obvio de los designios de Dios?

En la viña del señor hay de todo, y no todo el que carga la Biblia debajo del brazo es cristiano. No por casualidad el Senador Uribe oficializó  la campaña por el No en la sede principal de la Misión Carismática Internacional en Bogotá, templo que ha hecho campaña política con él, de propiedad del Pastor Jorge Villavicencio, tristemente célebre por el escándalo de recibir su iglesia, de predios expropiados a las mafias del narcotráfico caleño durante la presidencia de Uribe.

Otros de los fieles devotos del Centro Democrático es el Pastor Miguel Arrázola de la Iglesia Cristiana Ríos de Vida, amigo personal de Uribe que desde su púlpito hizo campaña a favor de Oscar Iván Zuluaga en las últimas elecciones presidenciales y fue promotor en Cartagena de la marcha del pasado 2 de abril convocada por el Uribismo. Es el mismo Pastor, que en el 2010, guiado por el espíritu santo, según él,  invitó a votar por Santos y hoy inspirado por el mismo espíritu santo nos profetiza que Santos es el anticristo. Aberrante  dicotomía de este líder religioso. Desde la presidencia de Uribe unas trescientas iglesias cristianas hacen abiertamente política con él.

Otro sector del cristianismo argumenta que votará No porque las penas para los guerrilleros no son suficientes; muchos de los que nos han evangelizado sobre creer en la justicia divina y hoy fungen de jueces terrenales, quizás poseídos por los deseos de la carne de apedrear a quienes como muchos cristianos también se equivocaron y hoy requieren de una nueva oportunidad, así como otros parroquianos ex criminales, drogadictos, violadores y prostitutas que concurren a estos templos en busca de la salvación. ¿Quién estará más cerca de encontrar a Dios, el que pide perdón y se arrepiente o el que concurre sagradamente a la Iglesia y aún no ha aprendido a perdonar?

El tercer bloque del cristianismo que dice No al plebiscito, es el asaltado en su buena fe, por una supuesta promoción de la ideología de género en los acuerdos de La Habana, una propaganda negra para ganar adeptos por el No; entre sus grandes exponentes el Pastor youtubers Oswaldo Ortiz, quien con claras posturas homofóbicas en una campaña perversa denominada “contra el Lobby Gay” de manera mal intencionada extrajo del discurso de Humberto De La Calle sobre enfoque de género, cinco segundos y los adhirió a sus sermón bufón , sinistrofóbico y de rechazo a la comunidad LGTBI; rumores que él bien conoce engranan en una sociedad mayoritariamente religiosa.

Sobre el video de Humberto De La Calle consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SG8X50uyz2w   es pertinente hacer las siguientes precisiones: para contextualizar, el jefe del equipo negociador del gobierno expresa el respeto a las diferencias como posibilidad de vivir en armonía y se refiere a la vinculación de un enfoque de género con reconocimiento de derecho. En el minuto 6:11 De La Calle parafrasea a Simón Deborah: “No se nace mujer, se llega serlo”y señala: “y hoy podríamos agregar también: no se nace hombre, se llega a serlo”, previamente manifiesta que se tratan de reflexiones personales y que no comprometen  a la delegación, son acercamientos de carácter personal que decidió compartir.

En los acuerdos nunca se habla del “espanto” de ideología de género, ni una sola vez; y la palabra LGTBI se menciona cuatro veces (páginas 31,73,76 y 78) todo para hacer promoción de: i)  al pluralismo político de la organizaciones y movimiento sociales que incluyen mujeres, jóvenes y población LGTBI en el debate democrático, ii) el diseño de una estrategia para identificar patrones de actividad criminal que atentan contra las mujeres, los niños, adolescentes y la comunidad LGTBI, y iii) implementación de planes de investigación especializados contra la victimización de mujeres, niños, adolescente y población LGTBI.

De lo que sí se habla en los acuerdos múltiples veces es del principio del enfoque de género, que en los acuerdos se refiere según su definición explicita en la página 10 y que para efectos de las 297 páginas significa lo mismo: “Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos con acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres…”, definición que incluye para la protección con enfoque de género a niños, niñas y adolescentes afectados por organizaciones criminales (página 70).

Queda claro que los acuerdos de Paz no pretenden la imposición de la ideología de género que el Pastor youtubers sugiere a través de su campaña del miedo de Nicolás Maquiavelo, para ganar adeptos en contra del proceso de Paz.

Resulta más sensato para los cristianos leer los acuerdos para no ser asaltados en su buena fe y  orarle mucho a Dios para que les de claridad sobre su decisión y no quedarse únicamente con las sugerencias del Pastor quien es humano, débil, pasional y que en algunos casos tienen profundos intereses y terminan siendo lobos vestidos de ovejas adoctrinando en provecho de sus embestiduras de la fe.

Twitter: @soyjuanctorres

Por Jorge Enrique Robledo.-  En días pasados hice mi quinto debate sobre Saludcoop y las demás fallas y corruptelas del pésimo sistema de Salud, en el que se sufre y se muere por males que la medicina sabe curar. Su detonante, dije, fueron las escandalosas declaraciones del Fiscal Perdomo de que no había decidido al respecto porque no podía demostrarse la corrupción en Saludcoop, porque los $1,4 billones de la sanción de la Contraloría eran el seis por ciento de esa suma y porque no había claridad jurídica sobre los recursos de la salud (http://bit.ly/2cLm8yl).

En el debate controvertí al Fiscal recordando que Saludcoop había sido sancionada por la Superintendencia de Salud por 627 mil millones de pesos –con el respaldo del Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado–, por la Contraloría por 1,4 billones de pesos y por la SuperIndustria como parte del cartel de la salud. Que la Procuraduría multó y sancionó con 18 años para no ejercer cargos públicos a Carlos Palacino. Informé de dos decisiones recientes de la Contraloría por fraudes con sobreprecios de medicamentos y recobros al Fosyga, por 42.591 y 50.914 millones de pesos, contra Cafesalud y otras EPS. Que el CID de la Universidad Nacional demostró sobreprecios en medicamentos del Grupo Saludcoop por 800 mil millones de pesos y que en la Fiscalía duerme una denuncia por ocho mil cheques, por 27 mil millones de pesos, que la EPS le cobró al Fosyga pero que no pagó.

Expliqué que la base del desastre es la Ley 100/93, que convierte en ganancias de las EPS lo que debería ir a médicos, medicamentos y procedimientos y sus gerentes tienen como primer deber, no la salud de las personas, sino las ganancias de sus accionistas. Detallé cómo de lo peor de la Ley son sus criterios y normas como para ángeles, que le impiden al Estado controlar y facilitan robarse la plata de la salud. Y rechacé que Alejandro Gaviria no hubiera cerrado el boquete del saqueo de los recursos con el pretexto de su administración, a pesar de lo ordenado por la Ley 1438 de 2011 y por la Corte Constitucional.

Demostré el fracaso del Ministerio de Salud como administrador de Caprecom, Saludcoop y Cafesalud, cuyas quiebras han dejado a millones de colombianos con un pésimo servicio de salud, deudas enormes con las IPS públicas y privadas e innumerables maltratos a sus trabajadores. Advertí que Cafesalud puede generar una crisis sistémica en el sector porque su patrimonio negativo va en un billón de pesos y las pérdidas mensuales en 56 mil millones. Y citando al presidente de esa EPS, expliqué los descaros de varias corruptelas.

Recordé que los interventores oficiales de Saludcoop actuaron como Palacino, pasándole ilegalmente a la EPS 700 mil millones de pesos de la salud, e intentaron tumbar, demandándola, la sanción de 1,4 billones de pesos de la Contraloría. E informé que esa suma se perdió porque el liquidador de Saludcoop, contra la ley, les negó su naturaleza parafiscal y porque la Unidad Nacional y el Centro Democrático cambiaron la ley aplicable por la 1797 de 2016, poniéndolos como deuda quirografaria, de quinta categoría.

Expliqué que la inacción de la Fiscalía tuvo origen en los contratos por 4.953 millones de pesos de Eduardo Montealegre con Saludcoop, que crearon una ruta jurídica –inaceptable, según las autoridades– para convertir en privados los recursos públicos de la salud.

Denuncié que desde 1993 el verdadero ministerio de salud son las EPS, que someten a tantos con los 39 billones de pesos de la UPC de la salud. Y señalé los vínculos con las EPS de Alejandro Gaviria y de su esposa y de Juan Carlos Echeverri, Sergio Díaz-Granados y Enrique Vargas Lleras, quien fue abogado de Palacino y directivo de Cafesalud prepagada, es contratista de Saludcoop y Cafesalud por 5.505 millones de pesos y preside la junta directiva de la Nueva EPS (http://bit.ly/2c6oy8n).

¿Y saben cómo respondió el ministro Alejandro Gaviria? Increpándome, descalificándome de plano, por decir lo que dije, en vez de elogiarle sus supuestas grandes ejecutorias. Qué cómo me atrevía a denunciar estos hechos, que no refutó, en vez de postrarme ante las medallitas que brillan en su pecho… y que se pone él mismo (http://bit.ly/2cKPzPD).

Coletilla: en el plebiscito no se votará si nos gusta Santos. Si así fuera, los polistas votaríamos no. Lo que decide es si se desarma ya a las Farc, dándole fin a una violencia que nada bueno le dejó al país. Castigar a Santos votando no es castigarse a sí mismo.

Bogotá, 9 de septiembre de 2016.

Por Amylkar D. Acosta M.-  El pasado 7 de los corrientes mes y año se publicó por parte del diario económico Portafolio una crónica titulada “consumo de aguardiente sufre un declive difícil de parar”, en la cual se llama la atención sobre el comportamiento de la demanda de licores en Colombia, particularmente en lo que hace relación al aguardiente que produce la industria nacional de licores que, según su análisis cayó el año pasado el 32.7%.

Llama poderosamente la atención que quien enciende las alarmas sea la Asociación Colombiana de Importadores de Licores (ACODIL) y no la Asociación Colombiana de la Industria de Licores (ACIL), que es la que produce el aguardiente. Como dice el adagio popular, afana más el velón que el dueño de la olla.

Es la Presidenta de ACODIL Martha Patricia Gonzalez la que llega a esta preocupante conclusión, para sacar como corolario que “si la ley que modifica el impuesto a los licores pasa su cuarto y último debate en el Senado, la situación empeorará, no solo para los importados sino para los nacionales, como el aguardiente”. Según ella, “el recaudo para las regiones decaerá por el contrabando y por la reducción del consumo”, a consecuencia del aumento de la tasa impositiva prevista en el proyecto de ley de licores que está a un solo debate en plenaria del Senado de su aprobación.

Se trata de magnificar la caída de la demanda y, por consiguiente del recaudo, para disuadir a los senadores después de que estos lo aprobaron en la Comisión III. Se abstiene la Presidenta de ACODIL, deliberadamente, de advertir que el estudio realizado por el Ministerio de Hacienda que soporta la propuesta que cursa en este momento tuvo en cuenta la elasticidad – precio de la demanda (1.4) y arrojó como resultado que dicha propuesta le significará un mayor recaudo por concepto de impuesto al consumo de los licores entre un 18% y un 20% a los departamentos. Y, en cuanto al contrabando y a la adulteración de licores, se prevén en la ponencia medidas drásticas a ser implementadas para combatirlos eficazmente.

Huelga decir que en todas partes del mundo la tendencia es a aumentar los gravámenes a los licores para evitar su excesivo consumo por considerarlo nocivo para la salud. En Europa están yendo más lejos aún, al fijar precios mínimos de venta para desincentivar el consumo de los licores por la misma razón. 

Las cifras, para su mejor entendimiento e interpretación, deben analizarse en su contexto y es lo que pretendemos hacer en esta nota. Es importante señalar que si bien se dio una reducción del 27.57%, no del 32.7%, en el número de botellas de aguardiente vendidas entre 2014 (87.075.165) y 2015 (63.070.134), ello fue coyuntural, pues en el primer semestre del año en curso se evidenció un incremento del 12.22% en relación con el primer semestre del año anterior. Además, concomitantemente con la caida de la demanda de aguardiente entre 2014 y 2015 se dio un incremento en las ventas de ron, también producido por las fábricas nacionales,  del 5.19%. Adicionalmente, en este primer semestre de 2016 se dispararon el 50.3% (¡!) con respecto al primer semestre del año anterior. Luego la situación no es tan dramática para las fábricas de licores nacionales como lo aparentan las cifras agregadas. 

En el caso de los licores importados, las cifras no mienten. Según información suministrada por el Fondo Cuenta de la Federación Nacional de Departamentos, se dio un incremento del 6% en los recaudos por concepto de licores importados, esto si se le compara con la totalidad recaudada por los 32 Departamentos entre el periodo 2014 ($261.482.106.000) y 2015 ($277.958.319.400). Igualmente, existe un incremento del 28.45% entre el periodo comprendido entre enero y agosto de los años 2015 y 2016 ($143.731.648.400 y $184.629.335.000, respectivamente).

Es bueno también tener en cuenta los factores determinantes del comportamiento de la demanda por licores en el país, varios de ellos exógenos, entre los cuales se destaca la adulteración y falsificación de marcas de licores, así como el contrabando. Si bien el consumo de las bebidas nacionales no ha disminuido tanto, sin embargo, el alcohol adulterado ha aumentado su participación en el mercado. El estudio realizado entre la Universidad EAFIT y la FND, registra que del total de licores nacionales que consumen los colombianos, el 24% es alcohol ilegal; destacándose que el porcentaje más alto corresponde a alcohol adulterado (17%) en relación con el licor de contrabando (7%). De acuerdo con el análisis efectuado por las autoridades competentes, le es más rentable al delincuente adulterar que ingresar de contrabando licores al territorio colombiano, convirtiéndose en una actividad que ha aumentado en los últimos años pese a la lucha de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para contrarrestar este flagelo.

Bogotá, agosto 9 de 2016

www.fnd.org.com

Giovanni Décola.-Celebro que el Consejo de Estado haya declarado la nulidad de la elección del Señor Procurador Alejandro Ordoñez, para un segundo mandato al frente del Ministerio Público.

Deploro que el garante de la sociedad civil haya hecho uso de todas las artimañas posibles, para dilatar el decurso del proceso, que según las voces de nuestra Constitución Política, tiene un término de seis meses para ser fallado cuando se trata de una sola instancia, como es el presente caso. Duró cuarenta meses.

Lamento que Alejandro Ordoñez pretenda hacer ver su separación del cargo como una consecuencia de los acuerdos de la Habana, asociada a presiones indebidas del Gobierno y de las FARC.

Se va, porque su elección estuvo atada a maniobras torticeras de quienes lo nominaron en la terna para Procurador en clara contravía con el Artículo 126 de nuestra Carta Magna, que reza que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados.

Eso fue precisamente lo que hicieron tres Magistrados de la corte Suprema de Justicia, que a pesar de tener familiares trabajando en la Procuraduría, votaron a favor de la postulación de Ordoñez, lo cual fue determinante para lograr la mayoría calificada de 16 Magistrados.

Igual ocurrió con numerosos senadores, pero como obtuvo 80 votos de 102, los mismos no tenían la capacidad para mutar el resultado electoral, por tal razón, no prosperó éste cargo.

En términos coloquiales, su elección fue producto de la corrupción y su separación del cargo, nada tiene que ver con presiones del Gobierno y menos de las FARC, que hasta donde se sepa, no tiene ninguna influencia en el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En hora buena se ha ido, quien convirtió su cargo en trinchera de la oposición uribista y arbitrario perseguidor de quienes pensaban distinto a sus retrogradas visiones del Estado. Jamás fue capaz de separar sus ortodoxas orientaciones religiosas con la objetividad e imparcialidad que debe ostentar quien presida el Ministerio Público.

Fue un grosero y pendenciero contradictor del Presidente de la República a quien por obvias razones le debía respeto y consideración.

Fue un frágil investigador de quienes profesaban las tesis uribistas o conservadoras, pero impecable perseguidor de los personajes de la izquierda democrática.

No fue un defensor de la familia, sino un activista de proclamas tercermundistas, que la Corte Constitucional ha equilibrado con sensatos y modernos criterios constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de personas naturales que tienen una opción sexual diversa, y que por cuya orientación, jamás pueden ser discriminados.

No fue un gestor de paz como se lo ordena la Constitución; fue un prende fuegos de odios y rencores que en nada ayudan a la paz y reconciliación nacional.

Usó el cargo público de manera descarada, no solo para  intervenir en  política a favor de su partido Conservador y el Centro Democrático, sino para hilvanar su propia candidatura presidencial; en donde se dio el lujo de inhabilitar a posibles contendores (Gustavo Petro, Piedad Córdoba. Etc) y exonerando a los posibles aliados o adherentes como Vargas Lleras y un sin número de parapolíticos.

Por: Ivan Diaz Mateus.- Quienes tienen reparos a los acuerdos de la Habana cuestionan principalmente la participación política, la justicia transicional y el tribunal de paz, y los beneficios económicos para los guerrilleros desmovilizados. Quienes defienden los pactos se aferran a la convicción de que la paz es un bien superior y una aspiración legítima de toda sociedad, mientras la guerra es inútil desgarradora y costosa.

No cabe duda acerca de que, en caso de implementarse los acuerdos, las Farc  se convertirán en un partido político que verá la luz con condiciones bastante favorables: cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara de Representantes.

Lo que si no está claro y genera dudas son las circunscripciones especiales que en el papel no van dirigidas directamente a las Farc pero parecen ser un espacio que solo ellos podrán copar, de ser así  asegurarían 16 curules adicionales en la Cámara; igualmente su partido accederá al 10% de la financiación estatal que se presupueste y está decidido que podrán manejar 31 emisoras comunitarias. En términos sencillos son prebendas políticas que recibirán a cambio de cesar la violencia.

Preocupa la justicia transicional que no es un tema extraño a otros procesos de paz, pues el riesgo de que delitos graves puedan quedar en una impunidad total o ser castigados con unas penas disfrazadas, se supone un mal precedente para las generaciones presentes y futuras cuyo temor a la ley y su respeto dependen de la capacidad del estado para sancionar los infractores.

De otra parte la creación de un tribunal especial que reemplazará la justicia ordinaria en lo penal y será conformado de una manera sui generis, con magistrados postulados por diversas instituciones, no refleja claridad en cuanto a sus competencias, su funcionamiento, su duración y el alcance de las decisiones que ha de tomar. Sacrificar justicia para obtener paz puede ser válido, pero suplantar justicia para consolidar paz deja muchas dudas.

Para muchos resulta difícil entender que el estado deba acoger a personas que antes se dedicaron a ejercer la violencia en todas sus expresiones (secuestro, asesinato, extorsión, narcotráfico), perdonarles sus delitos y además pagarles un sueldo durante un tiempo determinado, siempre y cuando no tengan otro trabajo remunerado, esto con el fin de que se reincorporen de manera amable y con alguna seguridad económica a la vida normal. Otro costo de la paz difícil de entender.

Solo esas tres cosas le bastarían a cualquiera para pronunciarse en contra de los acuerdos. Pero como en todo hay que hacer un balance, si la paz se consolida y resulta estable y duradera nos ahorraremos mucho más de lo que nos cuesta en vidas humanas, personas mutiladas e incapacitadas, tierras improductivas, destinos turísticos imposibles de visitar, inversiones foráneas que no llegan, hombres y mujeres armados en la defensa del estado, estigmatización internacional por cuenta del narcotráfico y la violencia, dotaciones, municiones y equipos de guerra, ingobernabilidad en muchos lugares de Colombia, desconfianza para crear empresa, y en general todo lo que significa que una guerrilla, con los métodos más impredecibles y sangrientos, esté amenazando a diario a toda la población indefensa e impotente que soporta casi siempre las consecuencias de la barbarie y la irracionalidad.

En esto llevamos 50 años. Si usted como yo considera  que ésta es una buena ocasión de parar vote SI al plebiscito, muy a pesar de que muchas cosas como las acordadas nos causen desazón. Todos merecemos una oportunidad y dársela a  la paz probablemente sea difícil y arriesgado, pero hay que hacerlo.