Opinión
Por José G. Hernández*.- Han llegado al país los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya visita tiene como objeto considerar la situación generada por posibles formas de vulneración de derechos humanos en nuestro territorio, particularmente en el curso de las protestas sociales.
En este momento, cuando hay numerosas denuncias sobre excesos de la fuerza pública, capturas ilegales, armas en manos de civiles, un número indeterminado de muertos y desaparecidos y, a la vez, bloqueos indefinidos que también vulneran derechos y causan enorme daño a la economía y a la colectividad, lo que la Comisión pueda concluir y recomendar al Gobierno es muy importante.
En todo caso, vale la pena recordar: la garantía del respeto y la efectiva protección a los derechos esenciales de todas las personas, sin discriminaciones, son obligaciones del Estado y de las autoridades (artículos 1, 2, 5, 13 y 93 de la Constitución, entre otros). Deberían ser verdaderas políticas de cualquier gobierno, y tan evidentes en la vida real que no se requiriera una verificación como esta, ni gran esfuerzo probatorio para demostrarlas, ni para probar que no hay violaciones de los derechos y las libertades.
Anuncia el presidente de la República, con miras a la garantía de los derechos humanos: "Le he dado una instrucción al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional para que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional para fortalecer la política de defensa, protección y tutela de los derechos humanos". No se ha señalado el contenido de las posibles reformas -salvo el cambio de color en los uniformes, que serán azules-, pero caben algunas respetuosas observaciones:
Un decreto -cuya expedición compete al Presidente, no al ministro, aunque lo debe firmar con él (Art. 115 C.P.), ni al director de la Policía- no es el instrumento para reformar la estructura orgánica de dicha institución. El artículo 218 de la Constitución dispone: “La ley organizará el cuerpo de policía”.
Por otra parte, más allá del color de los uniformes -que es lo de menos-, en lo que se debe pensar es en el fondo de los problemas y en las posibles soluciones y reformas, con toda precisión sobre lo que se quiere conjurar, y ojalá con participación de la comunidad y la academia.
Desde luego, si ya el Gobierno habla de introducir reformas a la Policía a raíz de lo que viene ocurriendo, debe ser por considerar que hay irregularidades y entender que deben ser superadas. En ello estamos de acuerdo, pues se debe preservar y reivindicar a la Policía Nacional, que tantos servicios ha prestado al país en el pasado. Lo que hayan hecho algunos de sus miembros -que deben ser investigados y sancionados, como lo anuncia el Presidente- no debe llevar al desprestigio de la institución.
Por último, es increíble que, en medio de una crisis tan grave como la actual, el Gobierno y el Comité del Paro suspendan las negociaciones porque ni siquiera han podido coincidir acerca de algo tan elemental como saber si un documento firmado es un borrador o un acuerdo. Se requieren con urgencia soluciones oportunas y pacíficas.
Bogotá, D. C, 9 de junio de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Cristina Plazas*.-Desde hace varios meses hemos escuchado los requerimientos de la federación en contra de los niños Fecode, para el regreso a clase de manera presencial. Su principal exigencia ha sido que los maestros sean vacunados; incluso exhortaron a que los niños mayores de 10 años también lo fueran, siendo este un imposible puesto que la vacuna no está autorizada para este rango de edad.
Pues bien, esta semana, luego del anuncio del gobierno que a mediados de este mes todos los maestros estarán vacunados, el señor Nelson Alarcón, presidente de Fecode, salió a decir que esto ya no era suficiente, demostrando una vez más que no tienen disposición alguna de cumplir con la Constitución que establece la prevalencia de los derechos de los niños y de su educación.
Qué tal el descaro y el cinismo de esta gente; amenazan al país con el no retorno a clases por el riesgo de adquirir el virus, pero son los primeros en la fila de las manifestaciones y conciertos donde los hemos visto uno encima del otro. Esto, por supuesto ha generado el rechazo de miles de colombianos que ya entendieron las verdaderas motivaciones de esta federación, que no es otra que beneficiar sus intereses personales.
La Corte Constitucional en sentencia T-423/1996 señaló que:
“Es dable entender que dentro de los objetivos fundamentales de la actividad del Estado y las finalidades sociales inherentes a éste, encaminadas al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable, constituyen servicios públicos esenciales de regulación constitucional... enfrentados el derecho de reunión y asociación con el de educación, resulta palmar decir que el de la educación tiene prevalencia, y es ese el punto por el cual procederá la confirmación de la sentencia, pues resulta indudable que el hecho de la suspensión de labores de los educadores atenta contra el derecho a la educación, pasando por alto el artículo 67 superior y dándole alcance a una actividad que tiene reglamento, como es el derecho de reunión para vulnerar los derechos de otros”.
Si esto es tan claro, ¿dónde están los organismos de control? ¿Por qué la Procuraduría no ha sancionado a los maestros que no han dictado clase, ni siquiera de manera virtual?
¿Por qué los jueces no están fallando las tutelas concernientes a este tema? Un ejemplo de esto es la tutela presentada por Red Papaz ante el Tribunal Superior de Bogotá que a la fecha no ha sido resuelta, cuyos términos se vencieron el 7 de mayo. ¿Será que para ellos este tema no es prioritario? ¿Se les olvidaría el art. 44 de la Constitución? Señores magistrados: no les den la espalda a los niños.
Llegó la hora de perderle el miedo a Fecode. Las autoridades deben actuar de inmediato. ¡Dejen de ser cómplices! No podemos permitir que estos “señores” sigan marchitando el futuro de miles de niños.
Bogotá, D. E, 9 de junio de 2021
*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por Rodrigo Villalba Mosquera*.- Siendo la protección a la propiedad intelectual y las patentes muy propias del sistema capitalista, es digno de admirar la posición de EE.UU en cabeza de su presidente Joe Biden, de apoyar la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para hacer universal su uso, y permitir el acceso a los países pobres y en vía de desarrollo. Con esta posición se abrió el debate de si es conveniente o no esta medida, y si contribuye o no a conjurar la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19. La Organización Mundial de Comercio será renuente, pero habría que buscar consensos.
La polémica por supuesto no se hizo esperar, donde las farmacéuticas y más en EE.UU han respondido duro, dicen que una decisión en ese sentido sembraría confusión entre los socios públicos y privados, debilitaría aún más las ya tensas cadenas de suministro, y fomentaría la proliferación de vacunas falsificadas. Otros, que si se libera las patentes se frena la investigación, y hoy hay 100 vacunas en fase clínica y varias en estudios, desincentiva a los que investigan y crean incertidumbre en la comunidad científica. Pero también los amigos de la propuesta se han pronunciado diciendo que no impulsar la liberación, es mantener el actual ritmo lento de vacunación, privilegiando el monopolio.
Lo cierto es que, en las circunstancias actuales, debe primar el derecho a la salud por encima de otros derechos, y también la solidaridad global permitir que todos tengan acceso a la vacunación como mecanismo hacia la inmunidad de esta pandemia del covid-19. Evidentemente la producción de vacunas en cabeza de quienes hoy tienen la patente, no da abasto frente a la demanda mundial, permitiendo precios altos y posición dominante de mercado de las farmacéuticas con patente.
El gobierno de Colombia debería dar instrucciones a nuestros delegados en la Organización Mundial del Comercio para apoyar la posición de Biden, frente a la liberación de patentes, quien por los estragos que está haciendo la pandemia en India y América del Sur ha expresado, “el gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero apoya la renuncia a esas protecciones para las vacunas del covid-19 en servicio de poner fin a esta pandemia”. Y refuerza el argumento con: “esta es una crisis mundial de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del covid-19 exigen medidas extraordinarias”.
Es claro que en tiempos de crisis, y más ésta que es global se tienen que tomar medidas audaces y excepcionales. Si buscamos antecedentes, los encontramos recientemente en los Tratados de Libre Comercio, que alrededor de esta misma crisis humanitaria, muchos países no cumplieron lo pactado para proteger a sus productores, de manera excepcional.
Neiva, 9 de junio de 2021
*Senador del Partido Liberal
Por Cecilia López Montaño*.- No es una exageración afirmar que los colombianos en general viven momentos en donde la confusión prima y por ello es necesario tratar de aclarar algunos puntos que ayuden a dar luces sobre el futuro inmediato. Para empezar una cosa es el paro nacional y otro la protesta social. Sobre el primero se requiere un fin pronto porque se ha paralizado la vida nacional pero la segunda seguirá sin duda porque su respuesta, aunque debe empezar de inmediato, seguirá en el tiempo dada su compleja naturaleza. La razón es obvia, se trata de la mayor convulsión social que ha vivido este país y que debe llevar a un serio replanteamiento de la forma cómo ha evolucionado su desarrollo. Esta es la contribución inmensa de una juventud mucho más informada, mucho más valerosa, mucho más valiente que generaciones anteriores. A estos jóvenes se les deberá la construcción de una sociedad más justa, más transparente, más solidaria, pacifista y mucho más ajustada a las verdaderas necesidades del siglo XXI.
Pero el paro tiene que encontrar una rápida salida y van más de 40 días, muchos de ellos de negociaciones entre el gobierno y el comité del paro, y solo se ven contradicciones. Aunque el comité no representa a todos los que están en las calles, por algo el gobierno se ha sentado con ellos. Se afirma por un lado que ya hay 16 puntos de acuerdo para empezar, óigase bien, para empezar a negociar, pero al mismo tiempo Emilio Archila dice que no hay acuerdos. Por favor. Independientemente de las culpas, lo que debe quedar claro es que el que tiene el costo político es el Gobierno porque su función es asegurar de manera pacífica la solución de los conflictos de esta sociedad. Y la verdad es que solo se ve en sus actitudes un interés perverso: dilatar y dilatar que se sabe es el interés de quien no debe estar gobernando este país, el expresidente Uribe. Él es en este momento un simple ciudadano sin ninguna responsabilidad de hacer cumplir la Constitución.
Es este sentido que el presidente Duque, alejado de este inmenso compromiso y dedicado a dar declaraciones internacionales que profundizan la confusión, debería ejercer la autoridad y no militarizando medio país. Es el gobierno el que debe encontrar las vías para salir de este momento y esto implica dos acciones que no está realizando. Con el comité del, paro sentarse día y noche, sin interrupciones hasta encontrar la salida. Así es que se negocia en el gobierno. Pero además, una metodología para que el gobierno nacional y los gobiernos locales se sienten con los grupos ya definidos de los jóvenes en distintas partes del país y empiecen a identificar demandas para avanzar en estrategias de corto, mediano y largo plazo. Claro que tanto el comité como los grupos regionales de jóvenes tienen una responsabilidad, pero el costo político de no avanzar es del gobierno. Así de sencillo.
Si tanto el comité como los jóvenes ven decisión del gobierno de encontrar salidas, lo que me perdonan, pero no es evidente, responderán porque lo que buscan son soluciones, respuestas y no seguir viviendo en este mar de contradicciones.
Bogotá, D. C, 9 de junio de 2021
*Exministra de Estado
Por Simón Gaviria*.- Las manifestaciones son masivas, los cacerolazos generalizados. No hacen falta saqueos ni daños a propiedades. El descontento con el modelo socio-económico y alto costo de vida está en las calles. Las noticias de abuso de poder y corrupción deslegitiman la democracia. Se exige la renuncia del Presidente, la educación gratuita, reforma a salud y pensiones. Avanzan mociones de censura contra los ministros y se pide una reforma estructural a la policía. Más que todo la bandera anticorrupción proclama mayores penas a los corruptos y la reducción de salarios estatales. Tras echar para atrás el motivo de la marcha se intensifican mucho más. Esta cronología cuenta la historia del estallido social en Chile. El malestar de Colombia no es un fenómeno único.
Por mucho tiempo, se asumió que el crecimiento de la clase media traería estabilidad política. Recientes episodios como la Primavera Árabe o Black Lives Matter en EEUU, muestran lo contrario. Más clase media es más educación y más exigencia de derechos. Lo óptimo sería resolver estas tensiones en las urnas, ahorrarnos un año de paro. A falta de esta opción, el camino es intentar el diálogo.
Frente a su crisis, Chile supo escuchar y convertirla en una oportunidad. Está en un proceso constituyente y de reformar su policía. Eso sí, en el camino hay 34 muertos, 2.000 policías lesionados, 3.400 civiles hospitalizados, y más de 8.800 presos. Con daños económicos por US$3.300 millones, se perdieron cerca de 200 mil empleos. Ojalá los paros en Colombia no tengan que durar doce meses para lograr algo constructivo.
El gobierno y el comité del paro están lejos de ponerse de acuerdo. Por la reacción y el costo fiscal del pliego de peticiones esto será un arduo proceso. La petición de educación universitaria gratuita, no es un logro, el gobierno ya la había aceptado en las marchas pre-Covid. Seis semanas después del inicio de la revuelta, ni siquiera hemos empezado a conversar. El gobierno está exigiendo se levanten los bloqueos viales. El comité que el gobierno deseche ciertas herramientas constitucionales para defender la ley.
Las marchas son altamente descentralizadas, el comité del paro desde Bogotá no ejerce control y mando para levantar todos los bloqueos especialmente en zonas cocaleras. Además de ser ilegales, según CNC, 67 % de los colombianos creen que los perjudican. Quiebran empresas, destruyen empleo, y sufren familias. El comité del paro puede temer que al ceder pierdan ventaja en la negociación, pero lo que les da fortaleza es la masiva convocatoria de manifestaciones pacíficas. El mero pronunciamiento del comité de pedir levantar bloqueos debería ser suficiente para empezar hablar. Eso sí, manteniendo la facultad de extinción de dominio sobre actos ilegales.
El mosaico del paro tiene diferentes promotores en diferentes zonas. Siempre está el riesgo que lo más oscuro aproveche el alzamiento. Grave que la red de narcotráfico “La inmaculada” haya utilizado el paro para quemar pruebas contra sus miembros en el palacio de justicia de Tuluá. No está bien que justos paguen por pecadores, la protesta social es legítima y no puede ser manipulada. Las marchas no ocurren porque todo está bien. Pronto deberíamos empezar a caminar hacia la solución. Por lo menos, que todo esto sirva para algo.
Bogotá, D. C, 9 de junio de 2021
*Expresidente de la Cámara de Representantes
Por Adriana Matiz*.- Próximos al año electoral, la expectativa del elector y la iniciativa de los candidatos solo pueden estar dirigidos hacia un tema fundamental para el país: el rápido pero real empobrecimiento de los colombianos. Poco o nada se ha escuchado, estamos más bien concentrados en los nombres y no en las propuestas.
El 2020 fue un mal año para todos los sectores económicos, cada día de cierre, cada limitación a la movilidad y, por encima de esto, el miedo natural causado por algo desconocido, sumado al instinto de supervivencia, hicieron que la economía entrara en una recesión que no para de dar resultados pésimos.
Muchos de quienes se precian de haber sobrevivido a la crisis, lo hacen más porque aumentaron sus deudas, no su riqueza. Esto también pasará su factura más adelante.
Los ciudadanos han preferido desatender los consejos de cuidados y han salido a la calle a buscar cómo recuperarse económicamente. Pensar hoy en nuevos cierres no cabe en la cabeza de nadie, menos cuando el mundo está abriendo; fortalecer las medidas y recomendaciones de autocuidado es algo que no está dando los efectos esperados. De nuevo, la balanza de vida o economía nos pone en jaque a los colombianos. Escoger entre morir por el virus o por el hambre se convierte, otra vez, en el acertijo que nos imponen los tiempos actuales.
Con un casi 7% de colombianos más pobres en lo corrido del último año, las propuestas de campaña deben enfocarse en cómo salir de esa situación, cómo mejorar la calidad de vida de tantas personas que no están llegando a las dos comidas diarias, en cómo proporcionar salud y educación con dignidad a más ciudadanos pero, por sobre todo, cómo generar esperanza y confianza en las gentes como única forma de salir de este contexto calamitoso.
Lo que debe quedar claro es que las luchas y odios partidistas, porque ni siquiera son programáticas o de soluciones, no son la forma de mejorar todo esto. Entre más se polarice el país con nombres, más lejos estaremos de las soluciones y más miseria y pobreza llegarán a los hogares de millones de colombianos. Solo un pacto nacional, o una pausa a los odios, nos darían posibilidades reales de entre todos proyectar el país que necesitamos, porque tal y como vamos solo peores tiempos vendrán y más desgobierno, sin importar a quién se elija.
Desde ya se debe plantear y socializar las reformas estructurales que va a requerir el país, en especial la tributaria, pues no debería ser solo la inclusión de más impuestos o la modificación de tarifas o aumento de exenciones. Debe ser una transformación total de la estructura impositiva en el país, que permita apostar por crear empresas y generar empleos y, a la vez, contribuir en el gasto social en el que debe embarcarse el Estado de cara a lo que se viene. En los tiempos difíciles se conocen los verdaderos líderes y hoy solo quienes unan y propongan podrán generar las soluciones que claman nuestros connacionales.
Ibagué, 7 de junio de 2021
*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador
Por Guillermo García Realpe*. – Recientemente la plenaria del Senado aprobó una proposición nuestra para pedirle al Departamento Nacional de Planeación, la revisión del actual SISBEN, que se denomina SISBEN IV, por la gravísima afectación que hoy tienen muchas familias que fueron excluidas de los beneficios de subsidios, etc, pero por la pandemia y otras crisis, prácticamente están en iguales o peores circunstancias de antes de levantar el nuevo censo de este SISBEN.
Por eso, solicitamos al Gobierno Nacional, en particular, al DNP, que se sirva ordenar la revisión del actual SISBEN IV, en razón a que las circunstancias sociales, económicas y de vida, de millones de familias de colombianos que, se han deteriorado por efecto de la pandemia y de la crisis social que vive el país, hoy ya no tienen las condiciones y las realidades para estar calificadas con altos puntajes en el SISBEN, como los que tuvieron en su debido momento, a pesar de que hubo una sobre calificación, donde hubo muchas injusticias a lo largo y ancho de Colombia, que lo han manifestado las comunidades, también los gobernadores y alcaldes de Colombia.
Se solicita, por ende, revisar el actual SISBEN, para consultar la verdadera realidad que hoy viven millones de familias colombianas, en estado ya absolutamente vulnerable, incluso, en peores circunstancias a las de aquellos tiempos del estudio el DNP a través de sus diversos canales de análisis e investigación.
Como consecuencia de esto, la gente que ha sido eliminada de algunos subsidios como Familias en Acción, gas, o de servicios públicos vuelvan a restablecer esta condición, restituyéndose en los respectivos censos de beneficiarios, hoy, de extrema vulnerabilidad de pobreza, incluso, de circunstancias de verdadera hambruna que viven los colombianos y colombianas en muchas regiones. El senado conformará una Comisión Accidental de diferentes partidos para verificar el cumplimiento.
El Sisbén, es un instrumento de medición independiente de los programas sociales que permite ordenar a la población mediante un resultado de acuerdo con las condiciones socioeconómicas para identificar los potenciales beneficiarios de la oferta social del Estado. El 74% de los registros no se actualizaba desde el año 2011 y por eso la transición del SISBEN III al IV tardará por lo menos 16 meses, como lo aseguran las entidades encargadas del proceso, ceñidos, desde luego al documento CONPES 3877 de 2016.
El nuevo SISBEN debe ser acertado en muchos frentes, como, por ejemplo, en sus programas de transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas), inclusión productiva, mejoramientos de condiciones de habitabilidad y acompañamiento familiar y comunitario. Es decir, el sistema debe implementar una trazabilidad confiable, evitando que haya avivatos que quieran “colarse” entre los beneficiarios, ya hemos visto muchos casos en el que la gente se aprovecha para sacar ventaja de los programas sociales.
Pero la oferta social como ruta para la superación de la pobreza, debe estar diseñada para contribuir con la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la empleabilidad, el emprendimiento individual y colectivo y la generación de ingresos sostenibles. Tal como lo aseguran desde el Departamento de Prosperidad Social. Por eso reiteramos, todo esto que suena bonito desde un escritorio en Bogotá, tienen que llevarlo con eficacia y eficiencia a los territorios, donde están las verdaderas necesidades, donde hay miles y miles de ciudadanos esperando la mano amiga y generosa del Estado, para superar su difícil situación de pobreza y de hambre que se viven por estos tiempos.
Según el DNP, ya se ha encuestado a más de 23,5 millones de personas en el país y con las nuevas herramientas digitales se espera que se optimicen los procesos, permitiendo hacer la georreferenciación de los hogares encuestados para llevar las ayudas sociales a las familias que más las necesitan. Ojalá podamos tener un SISBEN IV bien focalizado, donde se clasifiquen bien a las personas de acuerdo a su capacidad para generar ingresos y calidad de vida y donde los más vulnerables sean priorizados de manera urgente.
Pasto, 7 de junio de 2021
Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Martha Patricia Moreno Moreno*.- El otro día Sogamoso se despertó con los noticieros aturdidos de fallecidos, cifras, contagios Covid, y con la tormenta de un muerto vivo, dizque muy parecido al marido de alguien que lo daba por desaparecido; mientras en redes muchos dedos inmisericordes le daban cuerda a los rumores, exponiendo el oprobio público; a la maña de las noticias falsas, que de tanto repetirlas se vuelven verdad.
Siempre he dicho que es de infames, hacer el mal desde el anonimato. La OMS habla de “infodemia” la propagación de fake news o rumores que tratan de engañar, confundir, desprestigiar y desinformar a la opinión pública. Así, miserablemente a un clik de reenvió, se despacha a la horca mediática algún prójimo, mientras que el culpable de la ignominia, se ríe escondido detrás de su computador. ¿vivirá en el paraíso de los cobardes?
Volviendo al muerto, como en este pueblo, pasó mayo con sus flores blancas y el desempleo, y llegó junio con su lluvia de restricciones y la resurrección del muerto, quien lleno de vida y contento le dijo a todo el mundo, que se habían equivocado de muerto, que por desgracia la sobredosis de rumores sobre su conducta inapropiada, hizo que la casi viuda no le perdonará las deudas; ella ya no lo quiere, ni las cenizas honrar no, no quiere vivir con muertos, y es que no hay mujer por perversa que haya sido, que no se merezca varios años de viudez.
Uno de los aspectos más desconsoladores, de este negro episodio es que las redes nos dejan el estómago empalagado de información sin contexto. La voz de la red no es la voz del pueblo; quizá sirva para desmantelar dictaduras, pero nunca para fortalecer libertades. Las multitudes siguen a quien da fuerza a sus propias perversiones.
No sé cuántos lectores me habrán seguido hasta estas alturas del pasaje. Pero si aún sigue, les digo que viva por siempre el relato de autor, cuyo impreso le pone la cara al texto, y como el sol, no se deja ver, pero lo hace ver todo.
Punto y aparte: Aquí la salud es otro episodio oscuro; los manejos equivocados de las EPS, nos tienen rezando para no ir por allá, y en tiempo pandemia hago el viacrucis, para que el benignísimo se concentre y no se le envolate mi asunto. Listo el brazo para la vacuna, no quiero morir de mentiras.
Sogamoso, 7 de junio de 2021
*Magister en educación- comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.
Por Juan Manuel Galán *.- El pasado 2 de junio la fiscalía general de la Nación emitió resolución de acusación contra dos Generales retirados y un exdetective, como presuntos responsables de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio por el asesinato de Luis Carlos Galán, del exconcejal de Soacha César Peñalosa y del escolta Santiago Cuervo. Los implicados son el entonces subcomandante de la Policía de Cundinamarca, Argemiro Serna Arias; el exdirector de la DIJIN, Oscar Peláez Carmona; y el exdetective Héctor Ernesto Muñoz.
El primero, Argemiro Serna Arias, en ese momento teniente coronel, tenía que garantizar la protección de Luis Carlos Galán, pero hizo todo lo contrario, ya que no dispuso las medidas de seguridad necesarias. Incluso, horas antes del homicidio, retiró del municipio a un grupo de contraguerrilla integrado por 14 personas. El segundo, Óscar Peláez Carmona, junto al General (r) Miguel Maza Márquez -condenado por este magnicidio-, desvió la investigación impulsando operativos de captura contra personas que años después fueron declaradas inocentes. Por último, Héctor Ernesto Muñoz, hizo parte del plan que organizó el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha para el asesinato de Galán, entre otras acusaciones.
Lo anterior demuestra una vez más, que la muerte de Luis Carlos Galán fue un plan minucioso, en el que miembros de la policía, del ejército y DAS, narcotraficantes, paramilitares y políticos, se organizaron para acabar con su vida y su partido. No hay duda de que el exterminio del Nuevo Liberalismo, fue una política generalizada y sistemática que también les costó la vida a decenas de personas y sepultó la esperanza de todo un país.
Agradezco los avances de la fiscalía en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. El esclarecimiento de este crimen es una garantía de no impunidad para los millones de personas que querían ver un mejor país, pero también es una esperanza de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para más de nueve millones de víctimas registradas en el registro único nacional de víctimas de la unidad nacional de víctimas.
Es importante y merecido, hacer un reconocimiento a los fiscales y procuradores del caso, a jueces y magistrados de las altas cortes que han impartido justicia, a costa de presiones, amenazas y de inclusive poner en riesgo su seguridad y la de sus familias. Este titánico esfuerzo, en medio de las dificultades y fragilidades de nuestro sistema judicial, es un caso inédito en el mundo entero. No conozco otro magnicidio perpetrado en país alguno, que haya alcanzado el nivel de verdad y justicia obtenido por el crimen de Luis Carlos Galán. Aun después de 31 años de investigación, de desviaciones, obstrucciones y falsos positivos judiciales, la justicia poco a poco ha encontrado su camino.
Deseo que todas las víctimas en nuestro país, sin distingo alguno, tengan esta valiosa oportunidad de esclarecimiento para una de las páginas más dolorosas en nuestra historia. “A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no, en cambio cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas.” Luis Carlos Galán
Bogotá, D. C, 7 de junio de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El problema es el desempleo. La pobreza, el hambre y la miseria son la consecuencia de no tener un trabajo decente. La protesta de los jóvenes es el reclamo airado por un futuro que se les niega por no tener estudio ni empleo. La Renta Básica o el Ingreso Solidario son necesarios pero no suficientes pues a los jóvenes solo les dan presente, mientras que el trabajo les da futuro y sobre todo dignidad.
Generar empleo digno es el camino de solución a la crisis social. Y no estamos hablando de unos cuantos miles, pues son 3.6 millones los desempleados en Colombia (el 15,1% de los que buscan trabajo).
La situación en el Valle del Cauca es todavía peor. La tasa de desempleo en Cali es del 18,8%, con 271.000 desempleados es decir 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Los jóvenes son los más afectados con una tasa de 27,1%.
El programa nacional de empleo de emergencia que propuse hace unas semanas puede empezar con un programa regional para crear 100.000 empleos en el Valle y el norte del Cauca. Organizar un programa de este alcance requiere la intervención coordinada del gobierno nacional, los mandatarios locales y el sector privado.
El papel del gobierno nacional es aportar los recursos para el programa. Pagando el salario mínimo, su costo anual sería de unos $1.4 billones (menos de 0.2% del PIB). El gobierno si tiene la capacidad de conseguir estos USD 450 millones acudiendo a créditos de entidades multilaterales y ayudas internacionales.
El aporte primordial del sector privado (empresas y las ONG) no es la plata, pues sus recursos para estos propósitos son más limitados que los del gobierno, sino su capacidad gerencial y organizativa, que es indispensable para el manejo de la entidad que se debe crear para administrar el programa y su logística.
La plata no es el principal obstáculo para la implementación del programa, sino el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 100.000 trabajadores: ¿Quién los va a proveer de dotación, alimentación o transporte¿ ¿Quién les va a dar las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras?. Es el sector privado quien debe asumir esta labor gerencial como lo hizo en el programa de reconstrucción del eje cafetero.
Los mandatarios locales tienen que definir los trabajos que realizarían estos jóvenes. En general se trata de construir bienes públicos: en el campo la reforestación y recuperación de cuencas, construcción de vías terciarias o redes de acueductos rurales. En la ciudad, reparación y mantenimiento de la malla vial o de la infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.) y servicios tales como comedores comunitarios o escuelas de deporte.
El dinero invertido en este programa impulsará la demanda en la economía, con lo cual las empresas privadas tendrán el incentivo para contratar nuevos trabajadores y el programa se podrá desmontar.
Cali, 6 de junio de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
