Opinión

Por: Martha Patricia Moreno Moreno*.-Dicen que el optimismo debe ser la lectura de un periódico, mientras que el pesimismo es el territorio de la novela, y para no apenar su domingo intentaré dejarlo a término, para contarles que las protestas de los comerciantes en Sogamoso, tuvieron su eco en este semanario. El gobernante local dio reversa a sus delirantes decretos que viernes tras viernes expide, y que por su puesto debe firmar en contra de su voluntad lacerada por tanta injusticia, y la urticaria que le producen los medios de comunicación, no obstante, hay que reconocer que un personaje así, es importantísimo en una democracia.

Los males, dice la sabiduría popular, no vienen solos, y la pandemia como en tantas dificultades, son la excusa de los dioses. Ya nadie sabe qué hacer con los pobres, pues mayo ha sido una suerte de mes espantoso para los habitantes de la ciudad del sol y su habitual desempleo de 16,7%, donde los sectores con mayor pérdida en puestos de trabajo, corresponde al comercio, en razón que el 86.5 % de las empresas son organizaciones de familia, entre las que caben los centros de educación para el desarrollo. Aquellos Institutos que han capacitado por años la fuerza laboral de esta región, y que del estado solo recibe destemplados y cortantes decretos de prohibición. Nunca un auxilio.

¿Un decreto de suspensión del plan de alternancia? …. Que deja pálidos cómo relámpagos a los 33 directores de los institutos, que funcionan en Sogamoso, pues entre Academia en técnicos en Diseño de modas, la que conozco muy a mi talla, y otros institutos de belleza, enfermería, informática, criminalística, soldadura, secretariado, panadería, automovilismo, cocina y electrónica tendrán que cerrar, y como los treinta y tres clavos de cristo, desaparecer, gracias al folclor oficial. Como dijo el crucificado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

¡Por los clavos de Cristo!  Absurda suspensión del plan de alternancia, para las Academias que tienen grupos burbuja con aforos de ocho estudiantes; el modelo concertado en tiempos de Covid por la UNESCO que propone la escuela abierta, como la medida de conciliación laboral familiar, por cuanto lo que tenemos es que aprender a vivir con el virus.

Con un sistema de salud tan pobre y su versión que todos van a contagiarse, lo más fácil es: “Cerrar, confinar prohibir”. En situaciones desesperadas, medidas desesperadas. No hay desgracia que no se sufra, cuando el populismo es un atajo que acaba en el despeñadero.

Queda dicho señor mandatario, que a veces la vida se descarrila en un parpadeo; que los periodistas son “viceraligeros”, y que la única disciplina de los periodistas es que no tienen ninguna. Concédales la gracia de su voz hecha pascuas, pues la palabra es la única arma, que existe para derrumbar muros.

Punto aparte: El cierre no tardará en llegar, y cuando llegue, a nadie le dolerá, solo a los vecinos de siempre, a los de toda la vida, porque agarrarán sus condados, bajaron las rejas, quitarán sus avisos y hasta nunca, mientras que sus empleados en la calle, cubrirán los andenes de la mendicidad, para retorcerse   en el suelo de la impotencia.

Sogamoso, 1 de junio de 2021

*Magister  en educación-  comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.

Por Cristina Plazas*.- Un amigo que se reunió con un grupo de jóvenes de las comunas de Cali me manifestó su profundo dolor al escuchar los relatos de la vida trágica que muchos han vivido. La mayoría de esos muchachos no tienen nada que perder; y por eso están convencidos en seguir luchando así se encuentren con la muerte.

Llevo muchos años trabajando con niños y con jóvenes y lo que he visto es aterrador. Le he dedicado muchas líneas a los múltiples problemas que afrontan. Soy la primera en reconocer las deudas infinitas que tienen con ellos el estado, la familia y la sociedad.

Sé que muchos han vivido una vida llena de violencias que han dejado unas marcas imborrables en el corazón. Reconozco sus exigencias necesarias y legítimas para salir del hueco en que se encuentran. Soy la primera en replicar su voz.

Desafortunadamente la protesta legítima, por culpa de unos terroristas, perdió su razón de ser; y hoy, en lugar de construir un país más justo, más equitativo, se está destruyendo lo poco que nos dejaron los corruptos que tanto critican en sus arengas.

Fueron muchos los que alentaron las protestas y los que celebraron los triunfos de aquellos que tuvieron la valentía de alzar la voz. Pero de esa manifestación ya no quedó nada. Lo que empezó como una protesta pacífica se convirtió en una ola de violencia desbordada al punto que ya nadie ve salida a este caos sin precedentes.

La pregunta que deben hacer lo jóvenes es si continuar en la calle es la solución. ¿Será que lograr unos compromisos con un gobierno que está de salida con un índice aprobación del 18% va a cambiar los rumbos del país? Claramente no. Acá la solución es que lo jóvenes dejen la apatía y participen en las elecciones.

Jóvenes: falta menos de un año para los comicios; su labor más importante hoy, es organizarse para que apoyen proyectos políticos serios y honestos que quieran transformar a Colombia. No pueden permitir que a los cargos de elección popular continúen llegando los mismos rateros de siempre o aquellos que se benefician de la polarización.

Entiendo que existe una inconformidad enorme hacia las instituciones políticas y hacia el sistema electoral, pero ese desánimo hace que las cosas no cambien. No puede ser que siendo ustedes más de 8 millones solo voten alrededor de 3 millones. Para lograr que sus peticiones se conviertan en políticas públicas se deben formular dentro de los planes de desarrollo y en los presupuestos, y esto solo se logrará si participan en estos espacios.

Es fundamental que exijan a los partidos que las estructuras juveniles se fortalezcan, o aún mejor, presenten listas de jóvenes por firmas. Pero para que esto no sea un fiasco, deben organizarse.

En fin, tienen un año para mostrar de lo que están hechos y de ser una fuerza política trascendental que les enseñe a los adultos cómo se hace política de la buena, de esa que se basa en el bien común.

Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021

*Abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por Rodrigo Villalba Mosquera*.- No sé si por algo cultural, pero el colombiano y más su clase dirigente es negado a reconocer sus errores, para la autocrítica. Generalmente no nos movemos dentro de las posiciones asumidas. Preferimos justificar nuestros errores, y en la mayoría de las veces echarle la culpa al otro. Es propio de los gobiernos verlos con espejo retrovisor. En muchos casos del debate público antes que reconocer nuestras falencias, se recurre al sofisma, incluso a la mentira.

Por lo anterior quiero destacar lo que hemos presenciado en los últimos días donde destacadas figuras de la política nacional han expresado actos de contrición. El primero fue el de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quién se excusó con los jóvenes y la ciudadanía “por no haber comprendido desde un principio la magnitud de sus angustias y reclamos”. El segundo fue Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, quien además de pedir perdón y reconocer culpas, invitó a que, en vez de señalar al otro cada uno de los que ha ejercido cargos en el poder reconozca sus errores y pida perdón al país por la crisis en la que está. De La Calle se suma al “mea culpa” señalando que se arrepiente de su aspiración presidencial del 2018, luego de decir, siendo negociador de paz, que ese no era el objetivo.

Digno de seguir estas posturas ejemplarizantes, y los que hemos tenido responsabilidades en las altas dignidades del Estado, tenemos que aceptar que, si hay una inconformidad generalizada, es porque muchos de los actos en que hemos participado, no se han hecho bien, o han sido insuficientes para responder a las circunstancias en las que hoy se mueve nuestra sociedad. Tendremos que aceptar que hay un cambio de prioridades en la ciudadanía y es obligación de la clase dirigente, también cambiar de prioridades para estar en sintonía con ella.

Esta pesadilla de la pandemia impredecible y desestabilizadora de vidas, salud, empleo, tejido empresarial, producido por el virus global del covid-19, nos tiene que haber ayudado mucho a mirar con simpleza la vida, y habernos sensibilizado más.

Entendemos el “mea culpa” como una autocrítica y un acto de contrición. Es claro que no hemos hecho lo suficiente para atender las prioridades de la sociedad. Y partir de la base de que su inconformidad y su protesta es legítima, también una buena razón para el “mea culpa” de los organizadores del paro nacional, por no haber hecho un mayor esfuerzo para evitar que los vándalos y los violentos se infiltren en las protestas y atenten contra la legitimidad de esas causas ciudadanas.

Lo que hemos visto en los últimos días no es bueno, lo que genera es caos, destrucción; y acordémonos que en “río revuelto, ganancia de pescadores”.

Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021

*Senador del Partido Liberal

Por Guillermo García Realpe*.- Más de un mes cumple el Paro Nacional que fue convocado por diversas fuerzas sociales del país para buscar transformaciones de fondo y el viraje en las políticas públicas, como también la derogatoria de importantes reformas como la tributaria y a la salud, ambas tan nocivas para los grandes intereses nacionales.

Sin duda, han sido triunfos importantes los que ha logrado las grandes movilizaciones, que de pasó logró la renuncia del tristemente recordado Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor de la reforma tributaria que fue el detonante del Paro Nacional.

Pero no sólo esto, los colombianos nos cansamos de la corrupción que le roba a las arcas públicas más de 50 billones de pesos anuales, de la desigualdad social tan marcada, del desempleo, de la falta de oportunidades y acceso a la educación superior de nuestros jóvenes; nos cansamos del exterminio que viven los lideres sociales, indígenas, defensores de Derechos Humanos, de restitución de tierras, excombatientes, sindicalistas, estudiantes y en fin, de todo aquel que alce su voz contra el mal gobierno; nos cansamos también de que no se haya consolidado la paz en los territorios y a cambio lo que se plantea es hacer trizas los acuerdos de paz, para seguir apostándole al negocio de la guerra, que beneficia a unos pocos que gozan con el dolor ajeno. Colombia, también se levanta, para que cese la opresión y la violación de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, que ha sido evidente en las distintas ciudades y regiones donde ha habido movilizaciones.

Los colombianos nos cansamos también de la falta de eficacia del gobierno, de la debilidad institucional para combatir el contrabando, la evasión, elusión y la pobreza que ya casi bordea el 50% de la población sumida en ese penoso flagelo social, protestamos por el abuso en las tarifas de los peajes, mientras las vías nacionales no son las mejores, también de la aguda situación que vive nuestro agro colombiano, debido a las importaciones que tienen en crisis a la gran ruralidad, por los TLC que firmó Colombia con naciones poderosas, quedando en desventaja muchos sectores de la producción nacional.

Pero después de cuatro semanas del estallido social y de las protestas que vive Colombia, el gobierno ha sido indolente, no ha prestado mayor atención para ofrecer soluciones de fondo, ha dilatado y demorado las discusiones con el Comité Nacional del paro para permitir un acuerdo que levante los bloqueos y las movilizaciones. 

Parece que es una conducta que se repite, recuerdan ustedes cuando el gobierno no atendió a los indígenas hace año y medio en Popayán, no atendió el paro del 21 de noviembre de 2019, tampoco recibió a los indígenas que se desplazaron a Bogotá, ha demorado un mes el diálogo con los voceros cuando tenía todo firmado porque había un preacuerdo para firmarlo y levantar, pero el gobierno le puso peros, cambió de vocero, nombró a un vocero que ya había renunciado, es decir, que sigue despreciando el diálogo serio y acude a maniobras dilatorias de solución al problema, jugándole a que las cosas en el país se empeoren, donde pueda el partido de gobierno, el uribismo, sacar alguna partida o alguna ventaja política.

¡El gobierno debe negociar ya! con seriedad con los voceros del Comité Nacional del paro, hay un enorme sufrimiento ciudadano y una pésima respuesta del gobierno Duque. Así no son las cosas y mientras tanto el país sumido en una profunda crisis social y económica nunca antes vista.

Las pérdidas ya superan los 12 billones de pesos, las empresas acuden a despidos masivos, las ciudades con escasez de combustibles, gas, medicamentos y alimentos, desabastecidas totalmente, pero el gobierno prefiere seguir sometiendo a los colombianos, que a adelantar una negociación definitiva.

Ojalá reaccionen y más temprano que tarde, atiendan el clamor nacional, no podemos seguir en esta situación de caos social, de anarquía. Defendemos y apoyamos la protesta pacífica, pero también condenamos el vandalismo venga de donde venga.

Esperamos que Colombia supere cuanto antes esta oscura noche y volvamos a ser esa nación viable, entusiasta, respetuosa de los Derechos Humanos, y libre.

Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Manuel Galán*.- Cumplido un mes del paro, la situación empeora y el descontento e inconformismo social crecen en las calles por la reciente decisión del Congreso de la República de negar la moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano. No les importa ni les duele lo que pasa en el país.

Es por esto que, junto a la coalición de la esperanza, nos desplazamos a la ciudad de Cali para reunirnos, escuchar y conversar con los jóvenes, líderes sociales, sindicales y empresarios de la capital del Valle.  Entre los reclamos, están en primera línea la violencia en redes sociales, el reclamo por una reforma a la policía, las sucesivas reformas tributarias inequitativas, la deserción escolar, el racismo, el clasismo, la inequidad territorial, la ausencia de oportunidades, los impuestos injustos, el centralismo, el desempleo y el populismo.

Uno de los representantes jóvenes de la comunidad negra, nos dijo en el conversatorio que su población no es pobre, sino que se ha empobrecido por siglos de discriminación, abandono estatal y malos dirigentes. El acceso a derechos fundamentales como el agua, la educación y la salud son un privilegio que solo unos alcanzan, lo que resulta irónico en un país que pertenece a la OCDE y en el cual le toma a una familia once generaciones para salir de la pobreza.

Fue un ejercicio conmovedor y revelador, recoger desde el territorio la realidad social que millones de colombianos viven desde hace décadas, y de manera especial la región pacífica de nuestro país. Entre las conclusiones, queda claro que la solución no puede involucrar violencia, requiere respeto por la protesta y los manifestantes, un diálogo sincero, la construcción de acuerdos posibles, con garantías de cumplimiento y verificación.

La salida a esta crisis no es “milagrosa”, ni vendrá de un caudillo megalómano, cualquiera sea su ropaje discursivo; se logrará si todos entendemos que se trata de un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Tomará tiempo, sacrificio, pero ante todo un cambio en la conciencia colectiva. Si nos decidimos todos a sentirnos responsables, a contribuir lo que podamos, desde el más humilde hasta el más poderoso ciudadano, podremos vislumbrar una nueva Colombia justa en el horizonte. Sin embargo, el punto de partida debe ser reconocer el problema, ponernos de acuerdo en el diagnóstico y cambiar nuestro sistema de organización social.

Uno de los principales reclamos que escuchamos, tuvo que ver con las redes sociales. Si bien han podido ser un escenario democrático moderno, incluyente, igualitario y útil para denunciar, han sido también vehículo de desinformación, noticias falsas, para difundir odio y miedo. En uno de los países más desiguales del mundo, las redes han sido medio para publicar ofensivamente la opulencia, el derroche, el lujo que en no pocas ocasiones tiene un origen ilícito.  Una parte vital para construir un proceso de solución sostenido y sostenible es apostar a un desarrollo político y democrático. Solo a través de una conciencia crítica y analítica, individual y colectiva, en la que tengamos plena conciencia de nuestros derechos y deberes, seremos un pueblo libre y organizado, dueño de su destino.

Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Después de un mes de marchas, manifestaciones y bloqueos, los convocantes del Paro Nacional han logrado obtener algunos de sus justos reclamos, el gobierno ha sido lento y equívoco en su respuesta, y la economía está sufriendo las consecuencias, sobre todo por los bloqueos en ciudades y carreteras.

Los bloqueos no se han podido levantar porque estamos ante un diálogo de sordos entre un Comité de Paro que no representa a los jóvenes de la calle, pero que le interesa prolongar el paro para obtener más concesiones del gobierno, y un gobierno que no toma las acciones preventivas y demora los diálogos porque también le interesa que el paro se prolongue para quitarle apoyo popular y derrotarlo por cansancio, o como dicen algunos –y ojalá no sea cierto- porque quiera justificar medidas extremas como la conmoción interior.

Lo que están produciendo los bloqueos es un choque de oferta, es decir una disminución en el suministro de bienes y servicios por escasez de insumos o por destrucción de la infraestructura de producción.

Un ejemplo es el panadero del barrio que se queda sin harina porque el trigo importado está bloqueado en Buenaventura, pero tampoco tiene margarina porque a la planta que la elabora no pueden entrar los trabajadores, ni azúcar porque los ingenios están parados, ni huevos porque el alimento de las gallinas está pudriéndose en un camión que no puede pasar.

También puede ocurrir en la prestación de servicios como el MIO, el sistema de transporte masivo de Cali, cuyas estaciones fueron quemadas, lo mismo que algunos buses. Otro ejemplo es la provisión de dinero en efectivo, que se recorta cuando queman cajeros automáticos u oficinas bancarias.

Las consecuencias del choque de oferta son desempleo e inflación. Desempleo, porque muchas empresas y negocios, sobre todo los pequeños, no tienen como resistir una parálisis de la producción y las ventas; se quiebran y deben despedir a sus empleados. Inflación, porque la escasez de papa sube su precio, o si no hay transporte público hacen su agosto los transportadores piratas cobrando más.

El choque de oferta producido por los bloqueos es todavía más grave porque llega después de un grave choque de demanda generado por la pandemia que dejó sin ingresos a millones de colombianos, redujo las ventas del comercio y las empresas, obligando a miles de ellas a cerrar y despedir empleados.

Frente a los choques de oferta no hay instrumentos de política que lo controlen. Aumentar el gasto público, bajar la tasa de interés o emitir dinero, sirven para impulsar la demanda, pero son inútiles para aumentar la oferta.

Gran equivocación política de los dirigentes del paro por demorarse en desautorizar los bloqueos, porque los más perjudicados por esta situación son los pequeños empresarios y los más pobres vulnerables, porque se les encarecen los alimentos, deben caminar kilómetros para llegar a sus casas o, lo peor de todo, pierden el trabajo y los ingresos.

Bogotá, D. C, 30 de mayo de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor

Por Juan Camilo Restrepo*.- La reforma tributaria que con más ánimo conciliador que su antecesor viene tejiendo el ministro J.M. Restrepo resulta indispensable. Pero el gobierno debe tener mucho cuidado sobre cuándo y cómo la presenta. Un fracaso político en su trámite sería la estocada final en la desafortunada cadena de fracasos fiscales que viene registrando.

Veamos. Si la presenta ahora mismo, antes de que termine la actual legislatura, sería un proyecto de ley que nacería contaminado por los vientos levantiscos del paro. Y por defensable que resulte su contenido (ahora sin IVA, sin impuestos a las rentas de trabajo ni a las clases medias) quedaría envuelto en el torbellino de protestas que sopla con furia sobre el país. La reforma tributaria debería presentarse entonces el 20 de julio (primer día de la próxima legislatura), ojalá con mensaje de urgencia. Presentarla en lo que queda de esta legislatura (o sea, antes del 16 de junio) resulta inoficioso, pues de todas maneras el Congreso no alcanzaría a darle ni siquiera primer debate.

De la fecha actual al 20 de julio hay casi dos meses de espacio, tiempo durante el cual es indispensable que se haya levantado el paro y las aguas comiencen a retornar a sus niveles normales. Si en dos meses este paro no ha terminado, apague y vámonos.

Ahora bien: ¿qué hacer en estos dos meses que nos separan de la apertura de la próxima legislatura? Además de preparar y concertar  el proyecto de reforma tributaria con el mundo político para que no pase lo de la reforma Carrasquilla, el Ministerio de Hacienda tiene dos tareas fundamentales entre manos que deben surtirse antes de radicar el proyecto de reforma tributaria: de una parte, preparar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del año entrante que según la ley debe radicarse antes del 15 de junio; y de otra, confeccionar el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal del 2022 que debe aterrizar en el Congreso -según lo manda la Constitución- en los primeros diez días de cada legislatura, es decir entre el 20 y el 30 de julio del año en curso.

Tanto el MFMP como el presupuesto deben trazar el telón de fondo que habrá de orientar la nueva reforma tributaria. Estos dos cruciales documentos habrán de responder a preguntas tales como: ¿cuál es el déficit fiscal con que el gobierno piensa cerrar este año y el que viene? ¿cuáles son los gastos prioritarios que van a atenderse? ¿cómo se va a financiar el déficit: cuánto con nuevos impuestos, cuánto con endeudamiento, cuánto con venta de activos, ¿y cuánto con recortes de gastos públicos? Estos documentos (MFMP y presupuesto para la vigencia del año entrante) son, pues, la brújula de navegación que debe orientar la reforma tributaria del ministro Restrepo para que no naufrague en las aguas turbulentas por las que navegamos actualmente. Por eso debe haber completa sincronía entre unos y otra.

Al 20 de julio no solo debe haberse levantado el paro, sino que se conocerá con certeza cuál es el costo fiscal que el gobierno ha resuelto pagar -en las negociaciones que se avecinan tanto con el comité del paro como con las mingas- para levantar el paro. Será sin duda un costo alto. Pero, además, es en el presupuesto del año entrante, en el Marco fiscal de Mediano Plazo y en las proyecciones de recaudos que entrañe la nueva reforma tributaria, donde se encontrará la clave para descifrar al acertijo sobre la manera como se pagará la pesada cuenta que se nos viene encima para levantar el pago. Y para financiar las inversiones sociales apremiantes que tiene el país entre manos.

La sostenibilidad de la hacienda pública futura de Colombia depende de la lucidez con que se responda a estas preguntas ahora.

Bogotá, D. C, 30 de mayo de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- Se entiende por profesía autocumplida la previsión o predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel de la mayor importancia la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento. Traemos a colación este concepto a propósito de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. 

Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entraran en barrena a consecuencia de la crisis pandémica que se desató a partir del segundo trimestre del año anterior, la cual no da trazas de amainar. Colombia, después de sortear con éxito la década pérdida de los años 80 y salir indemne de la misma tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4.5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar 12 años después en 2011.

Por su parte Standard & Poor´s (S & P), ya en el 2017 había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando el año 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si nuestras proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás”.

En marzo de 2020 S & P, aunque mantuvo la calificación anterior varió la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses”. Fitch también le redujo la calificación, equiparándola con la de S & P, aduciendo que "la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales claves, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus". Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal.

Cuando se precipitó la pandemia la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder la calificación inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y ya los precios del carbón venían en picada configurándose así la tormenta perfecta. A ello se vino a añadir la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgo en las cifras oficiales que reportaba el Gobierno Nacional, debido a los malabarismos a los que había recurrido el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para mimetizar el déficit fiscal.

Desde luego, a consecuencia de la pandemia y la virtual parálisis de la actividad económica a consecuencia de las medidas de prevención, contención y mitigación de la misma, se afectaron todo los indicadores económicos, sociales y desde luego las cuentas del fisco, tanto nacional como territorial. El déficit fiscal, según el Ministerio de Hacienda, pasó del 2.5% en 2019 al 7.8% en 2020 y se proyecta en 8.1% para el 2021. Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.

El ex ministro, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista sino la aprobaban y fue más lejos al afirmar que el Gobierno sólo tenía caja “para unas seis o siete semanas”. Según él “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera oleada.

Así las cosas no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar y descalificar la deuda soberana del país, revisaran a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S & P. Esta redujo la calificación desde   BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, “en un contexto de elevadas presiones de gasto, que se ha traducido en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un deterioro reciente y marcado”.

Según esta agencia, que se reputa como la principal en su género, "la pandemia de covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década”. Utilizando el argot futbolístico, ello es tanto como si un equipo profesional descendiera de la categoría A a la categoría B!

Bogotá, mayo 29 de 2021

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- ¿Por qué un paro que reivindica a los pobres, destruye la infraestructura que les sirve a los pobres? ¿Por qué, si protesta por el hambre, bloquea la distribución de alimentos y produce más hambre? ¿Por qué, si lucha por la salud, manda a las calles a miles de personas a enfrentar el contagio y la muerte? ¿Por qué un paro contra el desempleo, destruye más empleo que la pandemia?

Primero: Porque se desestima el origen de la protesta. Hay inconformidades y siempre las habrá, pero esa no es la causa, como no lo era la tributaria, ni la salud, ni el ESMAD.

Todo comenzó con un presidente, Santos, que traicionó a sus electores y negoció con unos bandidos que pusieron sobre la mesa su violencia extorsiva; narcoterroristas que no representaban al país, pero lograron cambiar las instituciones a su acomodo, con la complicidad de quien despreció la voluntad popular y nos dejó 200.000 hectáreas de coca.

Ese narcotráfico paga hoy la violencia en Cali y el suroccidente, porque la droga sale por el Pacífico hacia el mundo; y en el oriente, por donde sale hacia Venezuela; y en las capitales, donde las bandas del microtráfico se “alquilan” para destruir y atacar a la Policía, mientras la izquierda los califica de inocentes “jovencitos”.

Segundo: Porque los envalentonados líderes del paro no representan al pueblo. ¿Quién los eligió? ¿En qué instancia deciden las exigencias al gobierno? ¿Cómo se atreven a “prohibirle” decretar la conmoción interior, en un país que la sufre de manera tan evidente, o exigirle retirar la Fuerza Pública para entregarles las ciudades a los vándalos? ¿Cómo es posible que representantes del gobierno hayan legitimado “corredores de vida y paz” en los que vándalos que ayer saquearon bodegas, hoy deciden quién transita y quién no?

El gobierno está frente a la contraparte equivocada, cuyo único expediente de negociación es la amenaza extorsiva de Petro y su combo, de “mantener al pueblo en las calles”, mientras se resisten cínicamente a condenar el vandalismo y los bloqueos.

Tercero: Porque falta autoridad, desde los alcaldes, responsables del orden público con todas sus consecuencias, como lo ha sostenido la Procuraduría, aunque la CIDH la haya atado de manos, con el argumento espurio de que la elección popular los hace inimputables.

¡No! Prevarican los que incumplen su deber asustados por la turba, como el de Tuluá, que dejó incendiar impunemente el Palacio de Justicia por los herederos de quienes lo hicieron en 1985 en Bogotá, con las mismas intenciones narcoterroristas; y prevarican los que tienen su corazón con el paro, como el de Cali, que le abrió a la minga las puertas de la ciudad a sabiendas de sus intenciones, o la de Bogotá, que invita a “sus muchachos” a marchar “pacíficamente”, como si bloquear las calles con música y payasos de ocho a cinco fuera un “bloqueo bueno”; mientras en la noche, “la primera línea”, como se autodenominan porque juegan a la guerra, siembra caos y destrucción con apoyo financiero y político del senador Bolívar.

Cuarto: Porque la izquierda ha hecho su tarea de desinformación dentro y fuera del país, con la complicidad de instituciones sesgadas, como la CIDH, ansiosa de venir a validar su último comunicado, ácido para condenar al gobierno y tibio frente a quienes destruyen a Colombia. 

Y como no hay “quinto MALO”, así estamos porque de nada sirve que “los buenos seamos más”, si no hacemos nada. El país necesita que el JEFE DE ESTADO restituya el principio de autoridad y restablezca el orden público, como es su obligación constitucional.

Bogotá D. C, 29 de mayo de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Estamos en el país del sí y el no. Todo está sujeto a lo que se persiga. Me llamó poderosamente la atención una de las enredadas y escurridizas respuestas que el Presidente Duque les dio a Juan Roberto Vargas y a María Elvira Arango, sobre conformación de un gabinete de “unidad nacional”, que lo sacara del atolladero en que se encuentra.

Dijo, sin sonrojarse, que su gabinete ha sido bipartidista. Mitad con ministros que votaron por el sí y la otra mitad con quienes votaron por el no. Así ha querido manejarlo todo. El Proceso de Paz: mitad sí y mitad no. Igual ocurre con el conflicto de paros y bloqueos en que se encuentra Colombia. Mitad acuerdos con el Comité y mitad desacuerdos.

El sí y el no, se aplica para todo durante este gobierno, que no sabe si va o no va. Si deja al Comisionado o no lo deja. Si entiende que su gestor lo desautorizó cuando asumió los encuentros con el ELN en Cuba. Si la vice es canciller, o la interina canciller es vice.

Cada quien tiene sus maneras de actuar, decidir, mandar, recibir órdenes, sacarle el cuerpo a lo urgente, o aplazar lo apremiante.

Estamos completando un mes con un país en crisis, sin rumbo, con una población completamente despistada, que nunca había tenido un desgobierno sin fin. Colombia ha pasado por momentos difíciles, ha atravesado por ocasiones y circunstancias apremiantes que los gobernantes sortearon con destreza y sabiduría, enfrentando las situaciones, sin dejarlas en manos inexpertas. Se untaron de pueblo, se enteraron de los clamores y necesidades de sus gentes, escucharon a sus mayores, a sus antecesores, a la dirigencia política de todas las tendencias… y desde luego, a la juventud de su época.

¿Qué nos pasa? Volvemos al sí y al no. Sí al Ubérrimo, no al país. Sí al error, no a la cordura y al tacto.

Nos domina la equivocación y el menosprecio. El mundo entero nos mira con desdén y nos regresa a la funesta narcoépoca. Somos un país en llamas, sumergido en la mayor incertidumbre que se conozca. Las fuerzas del orden se extralimitan, los derechos humanos se violan, los atropellos se multiplican, mientras se envía a la Vice o Canciller a hablar con Rubio, un “donnadie” en el país de Biden, que solo nos desacredita, al señalar que somos un país dominado por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esa no es manera de recobrar la imagen. Tampoco impedir a los Organismos Internacionales su ingreso a Colombia, para estudiar los desafueros y las violaciones. Claro que les han dicho: ahora no, pero después sí. Es el sí y el no, del que no saldremos con este gobernante.

BLANCO: El plan rescate de la alcaldesa de Bogotá. Si incluye tapar los huecos, crearía millares de empleos inmediatos.

NEGRO: No se puede intimidar a un Congreso llevando generales y policías a un debate.

Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2021

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal  y Notisuper.