Opinión
Por Paloma Valencia*.- Da mucha tristeza ver a Colombia yendo en dirección contraria de su propio porvenir. Necesitamos superar la pobreza y para eso requerimos crecer económicamente. Sin embargo, estamos destruyendo el sector productivo y generando más desempleo y desesperanza.
Todos tenemos críticas sobre nuestro país. Me desespera ver tanta corrupción y sobre todo tanta ineficiencia y lentitud de hacer lo que se requiere. Me frustra que no todos seamos conscientes de nuestras riquezas ambientales y que no sea un propósito nacional cuidar nuestra biodiversidad y la Amazonía. Me enfurecen las obras públicas costosas, lentas y hechas imperfectamente. Me descorazona la mediocridad del sistema público de educación básica. Sufro sabiendo que tenemos pobreza, que es inaceptable para un país de nuestras posibilidades. Padezco por la lentitud con la que solucionamos todo… Podría extenderme en una lista larga y amarga; la conozco bien. Sin embargo, toda esa indignación no es para llorar por el pasado, para no hacer o para destruir. Debería convertirse en energía para construir el futuro.
Veo una juventud que se duele de todo eso, pero que se limita a darse explicaciones cortas y simples sobre porqué estamos así. En general, los veo furiosos con todos los líderes (¿cualquiera mayor de 40?) por ineptos, en el mejor de los casos, o corruptos. No pretendo aquí decir que no los hay, pues hay muchos. Pero en general, creo que nuestro país pese a todo ha venido haciendo la tarea. Ojalá hubiera fórmulas mágicas para solucionar los problemas. Es difícil desarrollar un país, nadie es subdesarrollado por gusto; diría que nadie está conforme con el estado de las cosas. Todos vemos los problemas. Sin embargo, insisto en que el camino es construir y avanzar.
La izquierda idealista siembra la idea de un mundo perfecto, con el que todos podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, seguidamente propone dos ideas que no sirven. La primera que hay una conspiración. Hay unos poderosos que se benefician del sistema y que hacen todo lo posible para mantener el poder y mantener el estado de las cosas. Genera odio de clases y clasifica a los culpables de manera simple. Creo que es falso, porque asumo, que en general, todos quisiéramos que Colombia y el mundo estuviera mejor. Los odios dentro de una sociedad tampoco sirven, no se puede construir un futuro para todos si algunos quisieran que los otros no existieran. No hay redención posible.
Segundo, la izquierda nos propone la revolución, esto es derruir todo lo que hay, abre espacio para lo mejor que está por venir. Esta visión justifica la violencia y la destrucción. Olvida que lo que se destruye queda destruido. Se pierden muchos esfuerzos y tiempo. Además, ese mundo ideal no llega nunca. Basta repasar el destino de los países comunistas que con un sueño se lanzaron a destruir todo para dar espacio a ese paraíso y lo único que han disfrutado es de pobreza y represión.
Hay miles de cosas que cambiar, millones por las cuales estar indignado. Insisto, eso no justifica la violencia. Tal vez, si miráramos objetivamente por qué, como nación no hemos logrado más, la violencia sería la respuesta más acertada. Siempre nos descarrilamos, nos lanzamos en busca de atajos que en general no conducen a ninguna parte. Justificamos los crímenes y la destrucción. La violencia y las vías de hecho están en un pedestal donde todavía creemos que de algo sirve.
Destruir, no construye. Dañar solo perjudica. ¿Hasta cuándo en Colombia vamos a buscar en el caos y a través de la violencia, lo que sólo se consigue con unidad y trabajo?
Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Jairo Gómez*.- Este establecimiento decrépito, añejo, cicatero y avaro solo le ofrece bala y muerte a la protesta que legítimamente está en la calle. Cero empatía, creatividad y generosidad; la orden a Duque es no ceder y reprimir.
Por supuesto, el defensor de ese establecimiento pendenciero que sabe mutar tiene en Álvaro Uribe, su mejor escudero. Y éste, un rabioso político sin ética posible que lo detenga, dio la orden: disparen, defiéndanse y protejan la institucionalidad (que son él y esa banda de desalmados que ostentan el poder). El saldo a hoy lo dice todo: 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la policía y el ESMAD; 489 personas heridas, de ellas, 33 lesiones oculares; 435 manifestantes desaparecidos; y 1365 estudiantes detenidos. (Datos de la redes sociales, mucho más creíbles que lo que informan los noticieros).
Como en Chile, aquí en Colombia también nos impusieron la escuela de Chicago (neoliberalismo) a sangre y fuego, con una aclaración adicional: allá era una dictadura, aquí una democracia que, como las FARC en el pasado, también combinó y combina todas las formas de lucha. En este país desde las épocas de Gaviria al 2021 nunca ha habido diálogo social, siempre prevaleció la imposición y la represión. Por montones podemos contar los muertos, los heridos, los mutilados. Esa ha sido la constante y hoy no es la excepción.
Dicho lo anterior, no es extraño que Duque se niegue a la posibilidad de negociar con los verdaderos protagonistas de la movilización: Comité del Paro, los jóvenes, indígenas, camioneros y un largo etcétera. Dialogar, para el presidente, sería claudicar, poner en evidencia la debilidad del Estado. Aún se creen ese cuento; no han entendido el mensaje de esta movilización que, escuchen bien, resistirá hasta lograr compromisos creíbles y soluciones viables en el inmediato plazo como desmilitarizar las calles, retirar la reforma a la salud, gratuidad en la educación superior y una renta básica.
Sin embargo, la terquedad gana terreno. Pretende replicar lo hecho en 2019 para apaciguar los ánimos que no es otra cosa que mamarle gallo a la calle. Duque desempolvó, la llamada “conversación nacional” y le puso otro nombre “diálogo nacional”, para dilatar, para ganar tiempo.
Mientras gana tiempo, el país se le desploma. Cavila y se enfoca en revivir las viejas tácticas de equiparar las movilizaciones con el terrorismo para buscar pretextos que legitimen la represión. Busca las excusas, escasas por cierto, para desdibujar deliberadamente el mensaje de la protesta que ya trascendió y tomó el rumbo de un clamor nacional por las reformas sociales, aplazadas por décadas, que deben ser prioridad en la agenda pública.
Pero para lograr ese propósito necesita de un aliado estratégico: los medios de comunicación. No se trata de buscar soluciones, ni de esclarecer, sino de hacer daño. Sentados a manteles y en un sucio secreto diseñaron una maniobra para desprestigiar el Paro Nacional que hoy apoya el 75% de los colombianos, según las encuestas. Los periodistas que se tomaron el café con Duque se entregaron a la institucionalidad y se fueron en contra de los jóvenes, camioneros, indígenas, campesinos, clases medias y bajas que hoy reclaman cambios y justicia social.
De ahí nació el compromiso de mover un concepto: “marchas sí, bloqueos no”, para provocar tendencia en las redes. Esa inoportuna decisión los reveló como cómplices del poder reacio a negociar con la calle y a cambio prefiere la matazón, la represión y la violencia. Abandonaron la credibilidad, su bien más preciado para declinar en su deber de informar veraz e imparcialmente sobre un estallido social que está en las calles y nos es posible ocultar. Eso se llama negar la evidencia, que es negar la información.
Qué error. Aquí no se trata de “rodear las instituciones”, eso es carreta. Y, además, ese no es el papel de los periodistas. Su función es fiscalizar el poder y garantizar transparencia en la información. A no ser de que en sus respectivos medios de comunicación manipular la opinión sea una directriz editorial de los dueños. En tal caso deberían ser honestos y decirlo: por las gentes que están en las calles, por los muertos, por quienes aún continúan arriesgando sus vidas. Ellos, gente como ustedes periodistas, en su mayoría no son terroristas, ni vándalos, son ciudadanos que quieren un cambio y reformas que no dan espera. Son personas honestas de clase media y baja. Ampárenlos.
Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Simón Gaviria*.- Nunca he cuestionado un dato del DANE. Eso sí, los directores de la Entidad no deberían editorializar los datos ni defender al gobierno, así tengan la razón, le quitan credibilidad. Sorprendió la disminución de pobreza en centros poblados y ruralidad que bajó de 47,5% a 42,8 % en 2020. Esta sería la mayor reducción anual en pobreza monetaria rural desde 2003. Tener el mejor año de reducción durante covid, aunque esperanzador, si es muy extraño. Entender esta reducción de 480 mil pobres rurales, debe ser prioritaria.
Metodológicamente hay consistencia, inclusive el levantamiento presencial nunca se suspendió, el proceso de encuesta es igual al de 2019. En pobreza extrema también mejoró en 108 mil, el coeficiente GINI de desigualdad rural no desmejoró. Esto mientras en la zona urbana la pobreza aumentó 10,2%, la pobreza extrema 7,4 %, y retrocedimos 10 años en desigualdad. Si este dato es correcto, es un milagro del cierre de la brecha rural-urbana. No es que el descenso fuera menos fuerte, es el mejor año del campesinado colombiano.
Como era de esperarse, la economía retrocedió 6,8% durante el 2020, el peor año desde que se tienen mediciones. Mientras tanto, el sector agropecuario creció 2,8 %. Le fue bien a la pesca, acuicultura y ganadería. La devaluación ayudó al banano y al café. El valor de la cosecha cafetera fue 22 % más grande que en 2019. Con el turismo en marcado descenso, es un buen año relativo, pero por debajo del promedio. El aumento de construcción de VIS en zona semi-rural pudo haber contribuido. Aun con periodos donde lo agropecuario crecía cerca del 5,0 %, nunca la reducción en pobreza fue de esta magnitud.
Las economías ilegales tampoco han tenido un auge que permitiera una explicación extraoficial. Las hectáreas de coca disminuyeron en 53 mil, con récord de erradicación manual de 130.000, para un total de 159.000 Ha. A pesar de historias de taquerías en la zona rural y la caída absoluta de pobreza en Cauca, Caquetá, Chocó y Nariño, no se alcanza a explicar la reducción nacional por una bonanza cocalera. Puede que haya algo de dividendo aurífero ya que el precio del oro estuvo en promedio en USD 1.773 la onza, pero eso tampoco alcanza.
Una explicación podrían ser los subsidios. Según el DNP, las ayudas rurales son tres veces más eficaces que las urbanas, fenómeno que se ratificó en el 2020. Cada peso contribuye más, la línea de pobreza es 46 % más alta en zona urbana. El DPS ha focalizado la oferta hacia el campo desde 2014. La asistencia adicional de la pandemia también fue 2,63 veces más efectiva en el campo que en la ciudad. Sin los subsidios a la población rural, la pobreza total habría alcanzado el 50 %. La buena focalización da resultados, los subsidios pudieron haber bajado 7,1 % la pobreza monetaria rural. Los programas tradicionales responsables del 41 % de la reducción y 59 % de iniciativas creadas en el marco de la pandemia.
Si me hubiesen contado que 2020 fue el mejor año en la lucha contra la pobreza rural en la historia reciente, pensaría que es un chiste. Por ningún lado encontraría explicación. El aire libre y menor densidad hicieron menos intensas las cuarentenas. Si el dato del DANE es verídico, hay que hacer lo posible por mantener subsidios, aunque no se explique cómo mejoran tanto de un año a otro.
Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2021
*Expresidente de la Cámara de Representantes.
Por Juan Manuel Galán*.- Según Temblores ONG, al 7 de mayo de 2021, 37 personas fueron víctimas de homicidio presuntamente por la Policía y 11 por violencia sexual. Después de leer estas cifras, vi en redes sociales un video de Andrés Parra, donde mencionaba que no era normal que en nuestro país nos estemos matando por cualquier motivo y hacía un clamor para que pare la violencia.
Me siento identificado con este video, porque pertenezco a una generación que ha sufrido la violencia de manera permanente, indirecta por todo el contexto de nuestro país, y de manera directa por el asesinato de mi padre junto a varios de sus compañeros en el nuevo liberalismo. Esa violencia que me robó la esperanza a mí, a mi familia y a toda Colombia. Hoy nos han vuelto a robar la esperanza, destrozando un proceso de paz que prometía sacar definitivamente del camino a la violencia.
Este traumático panorama, no puede continuar y es por eso que tenemos que buscar nuevos caminos, explorar vías distintas que permitan obtener acuerdos; en primera instancia pactar formas no violentas para solucionar la conflictividad social. Porque la violencia siempre ha sido la trampa instrumentalizada por quienes se niegan a ceder privilegios, no les interesa contribuir en un sentido de nación o participan en el proyecto político del narcotráfico. La violencia nos impide avanzar en la resolución de los problemas estructurales de este país; la desconfianza, la injusticia, inequidad, desigualdad, centralismo, la ausencia de Estado abuso a la mujer, a los niños, abandono de nuestros mayores.
Paradójicamente en Colombia cuando se buscan reformas que pretenden cambios, la violencia se dispara, arrecia con el objetivo de silenciar e intimidar a los ciudadanos que tenemos una visión distinta y que buscamos incansablemente defenderla. Es por eso que convoco a que nos expresemos contra la violencia y que, a través de un diálogo, que no sea maquillaje, ni una farsa para ganar tiempo y aparentar legitimidad, lleguemos a puntos concretos, que se puedan consolidar con toda la sociedad en un genuino propósito común.
Si acabamos la violencia, nuestros jóvenes tendrán más oportunidades, empezando por la más básica de todas, la de no sacrificar su vida. Jóvenes que encuentren su vocación para vivir, no para morir. Matrícula cero, que puedan pagar ese crédito de ICETEX que los tiene asfixiados, formarse, educarse, emprender y apoderarse de la política, como dice Humberto de la Calle.
El nuevo país que soñamos, debe desarrollar nuestra biodiversidad a través de la ciencia, la innovación, la investigación y la tecnología. Para hacer realidad ese sueño de país, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.
Bogotá, D. C, 12 de mayo de 2021
* Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Alonso Ojeda Awad*.- La fatídica noche cuando la fuerza policial arremetió con su poder letal en contra de los manifestantes quienes protestaban frente a la Reforma Tributaria y se llevaba por las narices todos los Derechos Humanos con su bárbaro proceder, apareció en televisión el presidente Duque para informar a los colombianos de la grave situación que se presentaba en varias ciudades, a saber: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y otras.
Con semblante adusto comunicaba el presidente que en su condición de comandante supremo de las fuerzas armadas había dado orden a las fuerzas militares para asumir el control de las ciudades y de las manifestaciones, olvidando que las fuerzas militares no están para reprimir la protesta ciudadana. Buscando infundir miedo se hizo acompañar por el “tropero” General Zapateiro, comandante de las fuerzas militares de Colombia.
Ya, en ese momento olvidaba el presidente Duque que Colombia es un Estado Social de Derecho, sometido al sagrado cumplimiento de la Constitución Política donde en forma clara y taxativa se reconoce en su totalidad todo el articulado de los Derechos Humanos que guarda y vigila, celosamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La respuesta de defensa a los Derechos Humanos de los colombianos no se hizo esperar. Las Naciones Unidas y la OEA manifestaron en sendos comunicados su preocupación y pidieron con una serie de países, incluido Argentina, la necesidad urgente que el gobierno de Duque exigiera a las fuerzas policiales cesar en una respuesta letal y violatoria a los derechos Humanos, frente a la protesta ciudadana, reconocida por la Constitución y por los derechos Humanos de todos los países democráticos del mundo.
Sin duda la reacción más significativa llegó del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, del presidente de la Comisión de DD. HH. El congresista Jim Mcgovern, fue muy claro en rechazar la violencia que la policía de Colombia estaba utilizando contra manifestantes que marchaban en forma pacífica, según sus propias palabras. Fue claro, al censurar a las autoridades colombianas por dar respuestas violentas a los jóvenes que se manifestaban en ciudades que él conocía como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, donde la represión policial era desmesuradamente violenta. Les recordó a las autoridades colombianas que “la protesta pacífica es la base de la democracia” y pidió en términos severos detener la violencia policial y la brutalidad en Colombia que era mucho más grave que la violencia que había generado la policía en los Estados Unidos, en los últimos enfrentamientos con manifestantes afros, en las protestas pacíficas.
Fue enfático en recordarle al gobierno de Duque que no se fuera a equivocar creyendo que todavía Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos. No señor, al frente de la presidencia se encuentra un demócrata como Joe Biden, defensor de los Derechos Humanos y a quien, con toda seguridad, esta violencia policial sobre jóvenes manifestantes pacíficos le iba a doler en su corazón.
En consecuencia, solicitará al presidente Biden no aprobar recursos económicos para la policía ni para los militares colombianos, pues era claro que estaban utilizando esos recursos para agredir violentamente a los manifestantes quienes protestaban por aumento de los impuestos sobre sus menguados salarios, y esto es una actitud muy democrática y respaldada por las Constituciones políticas.
Remató diciendo que el dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes norteamericanos no puede terminar utilizados en la violación de los Derechos Humanos de las sociedades que protestan por malos gobiernos.
Ya quedaron advertidos Duque, Zapateiro y las fuerzas militares y policivas. El Congreso de los Estados Unidos no les va a permitir que las protestas ciudadanas pacificas sean reprimidas con esta violencia y brutalidad que hemos visto y sentido los colombianos y que ha dejado, a lo largo y ancho del territorio, más de 25 homicidios de gente joven, centenares de heridos y desaparecidos. Sin protesta pacífica no hay democracia.
13 de mayo de 2021
*Exembajador de Colombia.
Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. (CPDH).
Por José G. Hernández*.- La Corte Suprema de Justicia, en fallo de segunda instancia proferido el 22 de septiembre de 2020 (M.P.: Dr. Luis Armando Tolosa Villabona), al resolver sobre una demanda de tutela incoada en procura de garantías para el efectivo ejercicio del derecho a la protesta pacífica, sentó una serie de principios referentes al asunto e impartió varias órdenes al Gobierno. Su consulta resulta indispensable, en momentos de extraordinaria desazón y gran desconcierto nacional por causa de cuanto ha venido ocurriendo en el país.
La terquedad del Gobierno en sostener un inoportuno proyecto de reforma tributaria sin futuro político -retirado demasiado tarde, cuando ya había varios muertos, muchos daños, y nuevos motivos de protesta-, posteriormente agravada por su poca disposición al diálogo y por una errónea concepción sobre el uso de las armas como la única manera de poner fin al conflicto, sin importar el alto costo en vidas y en derechos, nos han conducido a la más grave situación de crisis institucional que haya padecido Colombia en muchos años.
Bien lo expresó la Corte al motivar su decisión:
“La renuncia a la crítica constructiva, al derecho a disentir racionalmente, a cuestionar, es el escenario propicio para que florezcan las dictaduras y, consigo, la vulneración masiva de los derechos humanos. Cuando la sociedad se percata de que los destinos de un país van por mal camino y no existe institución representativa o de control, con la capacidad de soportar y oponer pesos, frenos y contrapesos a los gobernantes, tesis y antítesis, deparan para los integrantes de esa sociedad determinada, funestas consecuencias”
En el momento de escribir estas líneas, la aludida sentencia y las órdenes en ella impartidas están en pleno vigor. Es un fallo de segunda instancia (no admite recurso alguno) y no se ha producido una decisión de revisión por parte de la Corte Constitucional, modificándolo o revocándolo. Y, aunque así ocurra más adelante, lo cierto es que el Gobierno estaba obligado a su cumplimiento. Quizá, si lo hubiese acatado, habría evitado mucho dolor y el profundo daño inferido a la institucionalidad. Se limitó a expedir el Decreto 3/21-, cuyas disposiciones olvidó muy pronto. Contra lo allí dispuesto, fueron usadas las armas de fuego durante las marchas, y todavía no sabemos con exactitud el número de muertos y de heridos, ni conocemos si ha habido o no investigaciones.
Según el fallo, al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales debían implementar un procedimiento verificable que evaluara la situación y un plan de acción previo. Los operativos policiales debían “estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas”.
“El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales -añadió la Corte- deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”.
Duele mucho al país, y en especial a las familias de las víctimas, que los principios constitucionales en que se fundó esta importante decisión judicial hayan sido ignorados, y que el Decreto firmado por el presidente de la República en su desarrollo haya sido puramente teórico.
Bogotá, D. C, 12 de mayo de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G Ricardo*.- Angustia, desilusión, incertidumbre, desesperanza, desabastecimiento y desamparo. Éstos son los sentimientos que hoy viven los colombianos después de lo que inició como manifestaciones pero que terminó en anarquía, destrucción y violencia. Lo que hemos vivido durante los últimos 10 días en distintos lugares de Colombia, en unos con mayor rigor que otros, es algo que si nos hubiesen preguntado hace quince días, muchos de nosotros no lo hubiéramos imaginado posible.
Lo que generalmente afecta a la capital, en esta ocasión no ha dejado inmune a los municipios aledaños, por medio del bloqueo de sus vías, y ha afectado en la mayor medida a otras de las principales ciudades, mediante el desabastecimiento, e incluso mediante la violencia como sucedió en Cali y en algunos otros lugares.
Y es que todos los colombianos respaldamos la expresión libre a través de manifestaciones o protestas sociales, pero lo que no es admisible es que las personas aprovechen para hacer actos vandálicos o bloquear vías, para producir un desabastecimiento de alimentos y combustibles en algunas ciudades y así crear un caos en las distintas regiones del país.
Colombia requiere de un pacto nacional donde las fuerzas políticas que lo integren le den una mayor solidez y gobernabilidad al gobierno. Los casos que se han venido presentando donde ante la desesperación de sus habitantes por la situación de indefensión en la que se han visto los ciudadanos, tomaron algunas personas por armarse y defenderse, es una de las realidades que se han visto y que son de la mayor gravedad para la seguridad y convivencia nacional.
Mientras tanto en los diferentes lugares del país hay acusaciones contra la policía por abusos de autoridad y lesiones a personas que participaban de las manifestaciones y protestas, hechos éstos que no se pueden defender, pero lo que no se puede admitir es que se acuse a la institución y no tener claridad que son actitudes en los que se han visto implicados algunos de sus integrantes. Deben ser investigados y de ser responsable, castigados.
La gravedad de la situación que estamos viviendo es seguramente la más grave que hemos vivido en este siglo y seguramente en los últimos 75 años, por lo que se requiere que el gobierno concrete soluciones que permitan recuperar la seguridad y estabilidad perdida.
Aquí no se puede actuar con actitudes partidistas, individuales o sentimentales. Todos tenemos que defender las instituciones y la democracia. En medio de una pandemia las condiciones se agravan y la solución o esquema para lograrla no da espera.
No se nos puede olvidar qué hay enemigos internos de la actual democracia y que también hay personas que a nivel internacional están buscando la desestabilización de nuestro gobierno y del país.
No podemos seguir conversando sin conclusiones que nos den una solución a la incertidumbre que vivimos, pues de lo contrario los vándalos y anarquistas ganan terreno.
Necesitamos concertación con acuerdo nacional y autoridad y defensa de las instituciones, la democracia y la ciudadanía.
Por otra parte las noticias que están circulando en el exterior obligan al gobierno a trabajar para aclarar noticias que perjudican nuestra imagen y alejan el interés en nuestro país, porque la ausencia en la estrategia en política internacional, puede alejar la inversión en Colombia, lo que traería una mayor crisis económica.
Bogotá, D. C, 12 de mayo de 2021
*Excomisionado de Paz
Por Guillermo García Realpe*.-Transitar por carretera se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos, y no es para menos, pues nuestro país junto a Uruguay está en el ranking de las naciones con más peajes y además de eso, con las tarifas más caras en Latinoamérica.
Hoy en Colombia se encuentran instalados a lo largo y ancho del territorio nacional, según cifras oficiales, 145 peajes, de los cuales cien están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y los 45 restantes los maneja el Instituto Nacional de Vías.
Por sí fuera poco y para aumentar la jaqueca de los ciudadanos, se está proyectando la instalación de otros 34, es decir, vamos a terminar bordeando los 180 peajes en Colombia, lo más inaudito, es que muchos de ellos están ubicados en distancias menores a los cien kilómetros y de eso todos hemos sido testigos.
¿No les pasa que transitan un corredor vial y cuando menos piensan, aparece un peaje y a los pocos kilómetros resulta otro y más adelante otro y así sucesivamente a lo largo del trayecto?, un claro ejemplo de esto, es en la vía Cali – Pereira, que cuenta con cinco peajes en 200 kilómetros, eso es un abuso total con la gente. Esa historia se repite en otras latitudes de la geografía nacional.
Ahora, un conductor de un camión de categoría 5 que transite entre Barranquilla y Bogotá, paga una tarifa por trayecto, equivalente a 503 mil 700 pesos, teniendo en cuenta que son 13 peajes, ¡sí, 13!, y categoría 4 paga 411 mil 600 pesos por trayecto. Para el caso de Buenaventura – Bogotá, el costo total es de 283 mil 500 pesos para un camión pequeño y para un camión más grande, la tarifa por viaje es de 349 mil 400 pesos, realmente muy oneroso y desconsiderado con la gente que tanto le aporta a dinamizar la economía del país.
En la Autopista del Café, recaudan, por ejemplo, unos 192 mil millones e invierten en mantenimiento aproximadamente cien mil millones, luego las ganancias son muy jugosas. Briceño -Tunja- Sogamoso, tres peajes, recaudan unos 180 mil millones por peaje. Hace 15 años, esa vía costó 800 mil millones y aún le queda una década a la concesión, calculen las ganancias.
El negocio de los peajes es muy lucrativo, genera enormes riquezas a los dueños de las concesiones. Cada año se recaudan billones de pesos en peajes, recursos que no se ven del todo reflejados en la calidad de las vías nacionales. Por eso, necesitamos hacer una revisión a fondo de lo que sucede hoy en Colombia frente a esto, que muchos han llamado impuestos regresivos, porque grava por igual a ricos y pobres, desde el que se desplaza en un lujoso automóvil convertible, hasta el que cruza en un modesto Renault 4.
Necesitamos entonces de una profunda reglamentación, donde los organismos de control verdaderamente ejerzan su función de vigilancia y sancionen a quienes no cumplen con la normatividad, aquí somos muy laxos y por eso muchos se pasan por la faja las leyes como se dice popularmente.
Se hace urgente modificar la Ley 105 de 1993 y la Ley 1508 de 2012, para reestructurar toda la política tarifaria de los peajes en Colombia, ya recientemente fue radicado un proyecto de Ley en la Cámara de Representantes, al cual, desde ya le anuncio todo mi respaldo para que se convierta en Ley de la República.
Es una iniciativa muy importante que pretende establecer las tarifas, incrementos anuales y distancias mínimas correspondientes a los peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la nación y de las entidades territoriales; además se busca establecer una distancia mínima entre casetas de peajes, que no sea menor a 150 kilómetros. Eso realmente hace justicia ante la actual situación que padecemos.
Por último, en días recientes realizamos una audiencia pública y un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, sobre los peajes en Colombia, un tema bastante álgido que toca el bolsillo de millones de colombianos. Para el caso de Nariño, logramos una conquista importante y fue la reducción de tarifa para la Categoría I, en el peaje El Placer, en el corredor Pasto-Ipiales, uno de los más caros del país, la reducción anunciada por el Director de la ANI será de $2700, es decir, pasará de 13.700 a 11 mil pesos una vez esté lista la nueva Resolución por parte de esa entidad.
Seguiremos buscando, nuevas reducciones para las demás categorías no sólo en los peajes de Nariño, sino también para los de departamentos de Cauca, Huila y Valle. Pero además de eso, vamos a analizar con una comisión de ingenieros, de actores de la región, congresistas y organismos de control, como la Contraloría General de la República, todo el esquema tarifario que se pretende cobrar en los peajes de Colombia.
Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2021
*Senador Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-“Toda negligencia es deliberada” Jorge Luis Borges.
Desde diciembre de 2015 le he venido haciendo seguimiento al cumplimiento, o mejor, al desacato de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 60 del mismo mes, tendientes a “preservar la vida y la integridad de niños y adolescentes de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao” seriamente amenazadas por los flagelos del hambre, la desnutrición y el abandono inveterado por parte de todos los gobiernos.
Como se recordará la primera reacción del Gobierno Santos fue apelar la decisión de la CIDH por considerarla injustificada e improcedente. En vista de la reticencia del Gobierno, en marzo del 2017, el señor Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, luego de constatar los fundamentos que llevaron a la CIDH a dar ese paso, solicitó a la Corte Constitucional declarar el “estado de cosas inconstitucionales”, debido a la crisis humanitaria en que se debatía y se siguen debatiendo La guajira toda y pidió, además, “unificar las medidas que tanto el Gobierno Nacional como los entes territoriales deben adelantar para superar el estado de crisis que soporta la Gran Nación Wayüu”.
En efecto, el 8 de mayo de 2017 la Corte Constitucional, en un fallo histórico (T – 302), declaró el estado de cosas inconstitucional para forzar el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, dado que estas son vinculantes para el Estado colombiano y por ende de obligatorio cumplimiento, habida cuenta el Tratado que ratificó la Convención Americana sobre derechos humanos hace parte del bloque de constitucionalidad. La Corte fijó unas pautas, determinó unas metas y estableció la hoja de ruta, que compromete a las distintas instancias del Gobierno Nacional, departamental y municipal, para superar dicho estado de cosas.
Mediante Auto 207 del 25 de mayo de 2017, la Corte Constitucional conminó al Gobierno Nacional a expedir un Documento CONPES, el cual debe “reflejar un plan eficiente, con soluciones integrales y definitivas a la vulneración de los derechos a la vida y la salud de dicha población, así como incluir un organigrama que detalle, con tiempos razonables y reales, la implementación de cada una de las políticas públicas definidas”. Y a eso se limitó el Presidente Juan Manuel Santos, pero cuando ya tenía un pie en el estribo para hacer dejación de la Presidencia.
Se suele decir a menudo que en Colombia un Documento CONPES no se le niega a nadie y este es el caso, al fin y al cabo el papel puede con todo. Efectivamente se expidió el Documento CONPES 3944, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas. Pero fue necesaria una nueva Sentencia de la Corte Constitucional, la T – 415 de octubre de 2018, para recabar del Gobierno Nacional su implementación, confirmando un fallo en tal sentido del Tribunal Contencioso de La guajira. En este caso, como en los tiempos de la Colonia, las cédulas reales se obedecían pero no se cumplían por parte de las autoridades locales.
Después de muchos rodeos y renuencias, sin que, a juicio de la Corte, se cumplan “las órdenes del fallo, tanto en lo relativo a brindar soluciones urgentes e inmediatas, así como adoptar las medidas estructurales para superar el estado actual de cosas inconstitucional vigente”, lo cual habilita a la Corte “para asumir el conocimiento de la decisión adoptada para asegurar el goce de los derechos protegidos”. Dicho de otra manera, mediante el Auto 042 de 2021 la propia Corte se vió precisada a asumir directamente “la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017”.
A la Corte Constitucional se le acabó la paciencia y en su Auto, tras una dura reprimenda contra a todas las entidades y autoridades “accionadas y vinculadas”, empezando por el Gobierno Nacional, las conmina a cumplir sus requerimientos, tanto más en cuanto que con la pandemia se han exacerbado las causales que determinaron la actuación tanto por parte de la CIDH como de la la Corte Constitucional.
No se admitirá por parte de la Corte que se sigan conculcando los derechos fundamentales de la población que se busca proteger y las autoridades a los distintos niveles quedaron notificadas de ello. La Corte no va a permitir que le sigan mamando gallo, ni la población va a tolerar que le sigan bailando el indio y que, como dijo el poeta León De greiff, todo pase sin que pase nada!
Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2021
Santa Marta, mayo 8 de 2021
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Por Mons. Carlos Arturo Quintero Gómez*.- “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae Buenas Nuevas, que anuncia la paz” (Is 52, 7). Con estas palabras del profeta Isaías, me dirijo al pueblo quindiano, como Padre y Pastor de esta Iglesia Particular, en unión con los sacerdotes y religiosos, para invitarles a la sensatez, a la serenidad de nuestros corazones y a la fraternidad, en estos tiempos difíciles de crisis social.
Felicito a quienes han salido a protestar, mostrando finura, civismo y respeto por la vida y a la vez, invito, a hombres y mujeres que, con un corazón desalmado se han mostrado irreverentes e insensibles ante el dolor del hermano, a que depongan las armas de la violencia. No podemos seguir desgastándonos, mirando al otro como si fuera un enemigo; somos hermanos y juntos podemos salir airosos, no solo de esta pandemia que ya ha cobrado miles de vidas, sino que podemos salir victoriosos de esta crisis en la que hoy nos encontramos.
Las manifestaciones pacíficas, la protesta, como expresión del inconformismo social son un derecho de la ciudadanía, pero, no permitamos que los desmanes y el vandalismo opaquen el deseo de reivindicar los derechos. No convirtamos nuestras calles, nuestras plazas y veredas en campos de batalla; recordemos que, detrás de cada rostro hay un drama humano; detrás del rostro de un policía, de un militar, de un joven estudiante, de una madre de familia, de un trabajador, de un comerciante, de un empresario, de un campesino, etc., hay una familia, una historia plagada de dolor, sufrimiento, gozos y esperanzas y, desafortunadamente, muchos de nuestros proyectos de vida se ven truncados por la violencia y las múltiples pobrezas sociales.
El camino para los acuerdos y consensos no se construye bloqueando calles e impidiendo el paso de ambulancias, ocasionando una crisis por el desabastecimiento de alimentos, destruyendo las estaciones de policía, atacando los sistemas masivos de transporte o sembrando terror. El camino propicio es el diálogo, que San Pablo VI definía como “don interior de caridad, que tiende a hacerse don exterior”. Y en este diálogo conciliador y fraterno, debe haber lugar para el perdón y la reconciliación.
Invito a la fuerza pública y a las autoridades a mantener la calma, a no excederse ni extralimitarse en el control del orden público, a garantizar la seguridad ciudadana y la legitimidad de la protesta social; llamo a los ciudadanos a la cordura, a despertar en sus corazones el sentido patriótico, el respeto por la autoridad. Que la solidaridad que hemos desplegado en cada catástrofe, en cada acontecimiento de dolor, como expresión de nuestra pujanza y tesón, no pierda su esplendor por los lunares de la desinformación y la violencia.
Seguramente, sentimos que el retiro del texto de la reforma tributaria del Congreso de la República es una gran victoria, pero la mayor victoria es la paz; reitero la invitación a todos a que nos serenemos, a pensar en el otro como ‘hermano’ y a construir, desde la esperanza, caminos de paz y de justicia, afianzando en el corazón el perdón y la reconciliación. La Iglesia diocesana de Armenia, en su compromiso con la paz, está dispuesta a servir de garante en los diálogos que sea necesario promover y si es pertinente, a servir de mediadora y conciliadora para que estos enfrentamientos cesen, en beneficio de nuestra comunidad.
Manifestamos nuestra preocupación por el índice de contagios en el departamento del Quindío y la ocupación de las camas UCI e instamos a todos al uso de los elementos de protección personal, a cuidar nuestra vida y la vida de nuestros semejantes. Las palabras de Jesús, Príncipe de la Paz: “la paz les dejo, mi paz les doy” (Jn 14, 27), resuenen en nuestra mente y en el corazón y tengamos la sabiduría para obrar siempre el bien.
Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2021
*Obispo de Armenia
