Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*.- La realidad y el entorno socioeconómico en el que nacen e interactúan las personas condiciona su condición social, el desarrollo de sus capacidades y su desempeño hacia el futuro. No da lo mismo haber nacido en Dinamarca que en Cundinamarca, ni da lo mismo haber nacido en El Chicó que en el Chocó, como tampoco haber nacido en la península Ibérica que en la Península de La guajira. Desde la gestación y lactancia misma de la niñez se empiezan a marcar las diferencias.
En Colombia, además, hay enormes brechas en cuanto al acceso a los alimentos y la calidad de estos por parte de la niñez, acusando altos niveles de desnutrición y malnutrición infantil e incluso cifras elevadas de deceso por causas asociadas a los mismos. Esta situación adquiere ribetes de dramatismo en departamentos como La guajira, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se vio precisada, en diciembre de 2015, a dictar unas medidas cautelares para “preservar la vida y la integridad de niños y adolescentes”, amenazadas seriamente por el hambre y la desnutrición. Y, ante el desacato de las mismas por parte del Gobierno, la Corte Constitucional decretó el Estado de cosas inconstitucional para forzar su cumplimiento, pues seis años después aún está en veremos.
Y lo más grave de todo esto es que la desnutrición, al igual que la mal nutrición en esta edad temprana afecta tanto el desarrollo físico como el cognitivo de quien la sufre, causándole al niño o a la niña un daño irreversible e irreparable, que se convertirá en una tara con la que tendrá que arrastrar irremisiblemente por el resto de sus días. Es consabido que los primeros mil días de existencia de la criatura son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes y actuar en consecuencia.
Hacemos estas disquisiciones a propósito del mediocre resultado que, una vez más, arroja la más reciente prueba Saber 11, en la que, según la investigadora de la Universidad ICESI Juliana Ruíz “sólo un 1.1% de los estudiantes obtuvieron resultados catalogados por el ICFES como óptimos en todas las competencias”. Y, claro, como era de esperarse, les va peor a departamentos que, como el de La guajira, Magdalena, Chocó, Amazonas, Guanía y Vichada, pues exhiben los peores indicadores sociales y para colmo de males cuentan con una infraestructura deficiente, una ínfima dotación, todo lo cual afloró y se agravó con motivo de la crisis pandémica.
Aquí hagamos una digresión para explicar en qué consiste la prueba Saber 11 y su importancia. Esta es una evaluación externa estandarizada aplicada periódicamente por parte del ICFES, que busca analizar y evaluar el desempeño alcanzado por parte de los estudiantes según las competencias básicas en 8 áreas, a saber: lenguaje, matemáticas, sociales, filosofía, biología, química, física e inglés.
Pues bien, mueve a la preocupación el hecho que en los últimos 5 años los resultados de esta prueba han venido de mal en peor, lo cual delata el continuo deterioro de la calidad de la educación en Colombia, lo que debería disparar todas las alarmas, puesto que la de la calidad de la educación y la enseñanza dependerá la calidad de nuestros profesionales. Pero no, estamos, en medio de una polarización política sin antecedentes, embebidos en insulsos y banales debates que no consultan la real realidad. Los responsables de la política educativa en nuestro país, como diría el mexicano Nobel de Literatura Octavio Paz, están a las afueras de la realidad.
Según el Informe del Centro de Investigación y Formación para la Educación Superior (Ceinfes), esta última Prueba, arrojó como resultado que el promedio nacional pasó de 260 puntos sobre los 500 puntos posibles en 2016, la más alta calificación alcanzada, a 250 puntos en 2020. Es decir, la educación y los educandos en Colombia se siguen rajando. Como lo afirma el experto en educación Ricardo Álvarez, “lo que reflejan estos resultados es un importante retroceso que deja mucho qué pensar respecto a la calidad de la educación en niños, niñas y adolescentes”.
Huelga decir que este promedio, como todos los promedios, es engañoso, porque cuando se promedia se aplanan las colinas y los valles se emparejan con ellas. De acuerdo con el investigador del Ceinfes Milton Ochoa, “los bajos resultados se concentran en regiones en condiciones más vulnerables, al contrario de las zonas con los mejores puntajes, lo cual evidenciaría una gran desigualdad en materia educativa”. En efecto, mientras los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca, al igual que Bogotá se ubican por encima de la media nacional, por su parte el Chocó, Amazonas, Vichada, Guainía, Magdalena y La guajira, que son los coleros, obtuvieron puntajes muy inferiores a la media nacional.
Esta es una verdadera catástrofe, la cual amerita la inmediata atención e intervención del Estado para ponerle correctivos a las fallas sistémicas de la educación para superar esta debacle. El mejoramiento de la calidad de la educación y el consecuente mejoramiento de los resultados de estas pruebas no se va a dar por generación espontánea. Hay que actuar ya, el tiempo apremia!
Cota, junio 12 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Eduardo Verano*.- Una lectura que me reveló el proceso de la creación del conocimiento fue la lectura del Libro Séptimo de La República de Platón. No fue una lectura de fácil interpretación porque, en su lenguaje poético y mediante una alegoría el filósofo Platón, recordaba cómo su maestro Sócrates enseñaba como se conoce. Existen cosas que en forma inmediata no son captadas por el ser humano que interpreta o trata de hacerlo, y se requiere de la alegoría, recurso retórico y gramatical que hace visible lo oculto.
La conversación entre Sócrates y Glaucón que reproduce Platón se inicia con una hermosa frase de Sócrates: “Represéntate ahora el estado de la naturaleza humana respecto de la ciencia y de la ignorancia, según el cuadro que de él voy a trazarte. Imagina un antro subterráneo que tiene todo a lo largo una abertura que deja libre a la luz el paso, y, en ese antro, unos hombres encadenados desde su infancia…”. Sócrates, no dice cómo se conoce, solo invita a imaginar cómo es el proceso de la comprensión.
Recuerdo esta lectura porque no es fácil comprender las exigencias políticas que se esconden bajo reclamos sociales. Los intérpretes de estas situaciones muchas veces no tienen la distancia necesaria para captar lo que estas protestas tienen como petición, ni lo capta el destinatario de los reclamos y muchas veces ni los reclamantes lo tienen claro.
No es que los dirigentes de la protesta social no lo tengan claro. Nada nuevo hay, son peticiones justas y reiteradas de necesidades insatisfechas. Lo que, a mi humilde juicio, no está claro, es que existe una barrera para que los reclamos sean solucionados en forma directa por el presidente de la República, dado a que no son de su resorte exclusivo. Esta situación nos tiene en el antro subterráneo.
Sigamos la luz. La luz nos debe ofrecer una política de transformaciones institucionales. Un pacto político se requiere para encontrar recursos en una población empobrecida por malas políticas gubernamentales y un mal diseño de las instituciones. Hoy más que nunca, es injustificable la existencia de un estado centralizado con su gigantesca burocracia. Tampoco se justifica la existencia de un poder presidencial omnipresente y omnipotente y de acción lenta.
Imaginemos una nueva realidad institucional, miremos más allá. No quedemos convertidos en estatuas de sal. Hay que representarnos como sería nuestra nación si democratizamos la democracia y las instituciones políticas y jurídicas. No es correcto negarnos a salir del antro. No podemos seguir repitiendo que existe más territorio que Estado. La protesta social invita a imaginarnos instituciones democráticas en las que el poder sea de la ciudadanía y no de una élite centralista cara e ineficiente. Instauremos el Estado Regional.
Una nación puede funcionar en forma ejemplar con una sola corte de justicia, como Estados Unidos. Un parlamento no puede tener un régimen salarial y prebendas que se deben revisar. El Presidente de la República reina pero no gobierna, porque entre más distante esté el poder político de la ciudadanía, más ineficaces son sus acciones, por lo que sus competencias en las regiones se deben revisar.
Inconcebible que existan tantos órganos de ejecución y control nacionales en las regiones con una carga burocrática inmensa. Descentralicemos. No nos engañemos, los parlamentarios no van a revisar sus sueldos ni a quitar los privilegios, tampoco lo van a hacer las cortes de justicia, ni el presidente va a renunciar a sus poderes. Se requiere una seria revisión constitucional. Es lo que la protesta social exige, no es otra cosa. No seamos ciegos ante la luz.
Barranquilla, 11 de junio de 2021
*Exconstituyente y exministro de Estado.
Por Paloma Valencia*.- Los organismos internacionales han mostrado ser poco útiles. Basta ver como se regularizó la dictadura de Cuba y el fracaso internacional frente a la tiranía de Venezuela, por solo poner ejemplos del vecindario. Tampoco me gusta la idea de que existen unos funcionarios -que nadie eligió y que a nadie representan, salvo a sus propias ideologías- que pueden dar el veredicto sobre los países.
El principio de no intervención en asuntos internos se ha venido desdibujando, hasta el extremo en donde embajadores opinan sobre lo que se debe o no hacer en Colombia. Ese principio tan pasado de moda, tiene un origen que considero fundamental: las naciones se expresan en las democracias y debe procurarse que los ciudadanos puedan, ellos mismos, con sus instituciones, solventar sus asuntos.
Los modelos impuestos, importados -herencia del despotismo ilustrado- no logran solucionar ni cambiar las realidades. Sin embargo, aquí estamos dándole explicaciones a la CIDH como si fueran los únicos capaces de definir lo que pasa, o su voz fuera a apaciguar los ánimos, o a convencernos de pensar diferente a lo que pensamos.
El miércoles estuve en una reunión con la Presidenta de la CIDH y sus delgados en el Congreso. Estaban un número muy amplio de senadores de izquierda, y solo un par de nuestra línea ideológica. Tengo que confesar que quedé impresionada de oírlos.
Un senador -el campeón en la difusión de noticias falsas- dijo que los jóvenes estaban en las manifestaciones porque ahí compartían comida y eso los libraba del hambre; sin punto seguido agregó que habían tenido que salir a manifestarse porque el Gobierno quería cobrarle impuestos a ellos, les iban a cobrar IVA.
Si el senador, como espero, leyó la reforma sabe perfectamente que se preveía la devolución del IVA para las familias más pobres. Medida que, según los expertos, tendría un importante efecto en la equidad. Pero eso no lo dijo. Habló de exenciones y dio cifras equivocadas, habló del favorecimiento de los más ricos, sin fundamento. Ese mismo senador en sus redes acusó a la Policía de haber quemado el hotel La Luna, donde estaban alojados, y sigo esperando sus disculpas frente a la evidencia que señala a los manifestantes como únicos responsables. Su discurso dejaba ver que en su opinión ningún vándalo debe ser judicializado.
Luego otros agregaron que la Policía debía salir del Ministerio de Defensa y pasar a Interior -Ministerio de la política-. Dijeron que la haría más cívica. Me preocupó que no recordaran cuando la Policía tuvo filiación política y lo que aquello significó para la estabilidad de la democracia. Volvieron a aludir a la supuesta doctrina del enemigo interno, criticando que en Colombia el Ejército no se limite a combatir amenazas exteriores. Lo dijo un senador de las Farc, quien sugirió que no existían enemigos internos. Quise preguntarle qué eran las ‘Farc Nueva Marquetalia’ o el Eln o el Clan del Golfo… pero no había espacio de preguntas.
No hablaron de los bloqueos, ni de la violencia contra los ciudadanos no manifestantes, ni del daño al sector productivo, ni menos del creciente contagio de covid. Concluyeron que todo se debía a que no se habían cumplido los acuerdos de La Habana, que volvieron a presentar como el libro sagrado que solucionaría todos los problemas de Colombia. Por supuesto, ninguno mencionó que la mayoría de los colombianos lo rechazamos.
Oí tantas exageraciones tan hiperbólicas que ya eran mentiras. Oí calificativos terribles sobre el Presidente y las Fuerzas Armadas y me dolió haber tenido 10 minutos para enfrentar semejante andanada. Si esta reunión sirve para anticipar algo, mi pronóstico sobre el informe de la CIDH es pésimo.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Alonso Ojeda Awad*.- Frente al descuadernamiento que vive el país con la ausencia de gobierno, la pavorosa cifras de violaciones de los Derechos Humanos y una comunidad Internacional que nos mira sorprendidos, se impuso la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de ayudar a encontrar mecanismos que nos conduzca al cese de este impresionante arrasamiento del “Estado social de Derecho” que ya va a cumplir dos meses y no se ve una solución posible, en medio de esta catástrofe social vivida.
Resultó muy extraño que el mismo gobierno de Duque tratara afanosamente de imponer unos tiempos de visita a la CIDH. Este hecho bochornoso solo se le presentó a la Comisión frente a la visita a Venezuela y Nicaragua. Se daba por descontado que Colombia brindaría todas las posibilidades cuando fueran solicitadas. No ocurrió así, se pretendía que solo cuando Duque, Fiscalía, y Defensoría del Pueblo, hubiesen borrado todos los pésimos comportamientos testimoniales en DD.HH. de la policía Nacional, iban a autorizar la visita. Fue necesario, en Washington, que a la vicepresidenta y canciller colombiana le hablaran claro los senadores demócratas de los EE.UU. para cambiar su actitud y decidirse a actuar inmediatamente.
Por fin, pudo llegar la Comisión Interamericana de DD.HH. y fue recibida por centenares de manifestantes donde sobresalían, jóvenes, estudiantes, trabajadores, maestros, desempleados, mujeres de diversas ONG, representantes de la minga indígena, comunidades afrodescendientes, campesinos etc., quienes estaban repartidos en el largo camino que desde el aeropuerto internacional El Dorado llegaba hasta el Hotel Tequendama, dispuesto para el alojamiento y sitio de trabajo de los integrantes de la Comisión. En esta forma solidaria le manifestaban su complacencia a la Comisión por venir al país y preocuparse por los Derechos Humanos de toda la población.
Nosotros estamos esperanzados que el gobierno de Duque acogerá las serias recomendaciones hechas por la Comisión y a las cuales se refiere el sacerdote jesuita Francisco de Roux, en los siguientes términos: “No maten más, paren la generación de tanto dolor y muerte y protejan a los Defensores de Derechos Humanos”.
Detengan la estigmatización de la protesta: nace del grito masivo de la inconformidad, del hambre y del desespero de tantos jóvenes frustrados y olvidados por un Estado indolente e irresponsable. Rechazamos las expresiones de vandalismo, pero sabemos que surgen como resultado de un modelo económico profundamente desigual que genera por sus cuatro costados: desempleo, hambre, miseria absoluta y desesperación. A los jóvenes los acompañamos en su valiente actitud de rechazar las injusticias, madre de todo el caos existente.
Estamos con el respetado sacerdote jesuita Francisco de Roux, en reclamar un nuevo pacto social que permita crear un nuevo país, lejos de la explotación inmisericorde de miles de colombianas y colombianos y juntos, caminemos a cimentar una Democracia más profunda e incluyente, donde se asegure un mejor futuro para las presentes generaciones.
Bogotá, D. C 10 de junio de 2021
*Exembajador de Colombia, vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos.
Por Gabriel Ortiz*.- Con una fría, forzada e inoportuna invitación, se recibió en Colombia la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Solo desgano se apreció en el semblante de los anfitriones. Y no era de esperarse otra reacción en vista de lo que venía aconteciendo durante 40 días de marchas, protestas, desmanes, bloqueos, muertes, desapariciones, lesiones, violaciones y tantos quebrantos más que soportaba nuestra población.
Se requería que un organismo internacional confiable inspeccionara lo que acontecía en un país que protestaba por el empobrecimiento de su población, la agonía de su clase media, los asesinatos de líderes sociales, las amenazas de “águilas negras” al cuerpo médico, dirigentes, periodistas y campesinos. ONG, lideradas por HRW, corroboraban los acontecimientos, pero las desacreditaban de inmediato acusándolas de extremo-izquierdistas, porque no daban confianza a los boletines y cifras oficiales.
Un simple diálogo, una atención, una reunión y la voluntad de un gobierno por remediar, escuchar y negociar con equidad y justicia, habrían sido suficientes para impedir las marchas y protestas que soportaban los excesos de la Policía y de un Ejército entrenado para otras luchas.
Las gentes se lanzaron a las calles, y ahí siguen, soportando una violencia que los afecta, impacienta y maltrata, mientras la fuerza pública los repele despiadadamente. Los bloqueos no se hacen esperar, con sus secuelas. Los derechos humanos brillan por su ausencia. Y en las altas esferas reina el silencio y el desprecio, a la espera de las cifras que reportan las pérdidas humanas y materiales.
Finalmente llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solo fue recibida por el presidente Duque dos días después, durante una reunión en la Cancillería, no en Casa de Nariño.
Los comisionados escucharon a las víctimas de parte y parte. Conocieron los avances de ciertos acuerdos que nunca son refrendados por el Presidente, porque sus consejeros no le permiten actuar con la urgencia y ecuanimidad que requiere la actual situación. Por ello tardó tanto la CIDH en visitar Colombia.
El primer consejo fue: “no tienen nada que husmear, investigar o merodear por acá”. Y con esa firmeza se los manifestó la Vicepresidenta Canciller, cuando fue a Washington.
Horas después, cuando alguien advirtió que nuestro país había firmado la constitución de la CIDH, con todas sus atribuciones y poderes, se aceptó la visita. Pero había que poner alguna condición: “primero debe escuchar a puerta cerrada a los organismos de control del Estado”.
Y así ocurrió. Pero los comisionados han auscultado la situación y han encontrado lo que todos sabemos: violencia policial y de infiltrados en las manifestaciones. Derechos humanos maltrechos y protesta expresada en las calles por el sufrido pueblo que reclama sus derechos.
Entre tanto este empobrecido país, campeón de la desigualdad, de la injusticia y de una paz que impulsan hacia las trizas, tiene la esperanza puesta en la CIDH. Ella puede salvar a la otrora gran patria que fue Colombia.
BLANCO: Ojo: el mundo entero nos vigila.
NEGRO: Pastrana otra vez comparándonos con Venezuela.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Han llegado al país los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya visita tiene como objeto considerar la situación generada por posibles formas de vulneración de derechos humanos en nuestro territorio, particularmente en el curso de las protestas sociales.
En este momento, cuando hay numerosas denuncias sobre excesos de la fuerza pública, capturas ilegales, armas en manos de civiles, un número indeterminado de muertos y desaparecidos y, a la vez, bloqueos indefinidos que también vulneran derechos y causan enorme daño a la economía y a la colectividad, lo que la Comisión pueda concluir y recomendar al Gobierno es muy importante.
En todo caso, vale la pena recordar: la garantía del respeto y la efectiva protección a los derechos esenciales de todas las personas, sin discriminaciones, son obligaciones del Estado y de las autoridades (artículos 1, 2, 5, 13 y 93 de la Constitución, entre otros). Deberían ser verdaderas políticas de cualquier gobierno, y tan evidentes en la vida real que no se requiriera una verificación como esta, ni gran esfuerzo probatorio para demostrarlas, ni para probar que no hay violaciones de los derechos y las libertades.
Anuncia el presidente de la República, con miras a la garantía de los derechos humanos: "Le he dado una instrucción al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional para que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional para fortalecer la política de defensa, protección y tutela de los derechos humanos". No se ha señalado el contenido de las posibles reformas -salvo el cambio de color en los uniformes, que serán azules-, pero caben algunas respetuosas observaciones:
Un decreto -cuya expedición compete al Presidente, no al ministro, aunque lo debe firmar con él (Art. 115 C.P.), ni al director de la Policía- no es el instrumento para reformar la estructura orgánica de dicha institución. El artículo 218 de la Constitución dispone: “La ley organizará el cuerpo de policía”.
Por otra parte, más allá del color de los uniformes -que es lo de menos-, en lo que se debe pensar es en el fondo de los problemas y en las posibles soluciones y reformas, con toda precisión sobre lo que se quiere conjurar, y ojalá con participación de la comunidad y la academia.
Desde luego, si ya el Gobierno habla de introducir reformas a la Policía a raíz de lo que viene ocurriendo, debe ser por considerar que hay irregularidades y entender que deben ser superadas. En ello estamos de acuerdo, pues se debe preservar y reivindicar a la Policía Nacional, que tantos servicios ha prestado al país en el pasado. Lo que hayan hecho algunos de sus miembros -que deben ser investigados y sancionados, como lo anuncia el Presidente- no debe llevar al desprestigio de la institución.
Por último, es increíble que, en medio de una crisis tan grave como la actual, el Gobierno y el Comité del Paro suspendan las negociaciones porque ni siquiera han podido coincidir acerca de algo tan elemental como saber si un documento firmado es un borrador o un acuerdo. Se requieren con urgencia soluciones oportunas y pacíficas.
Bogotá, D. C, 9 de junio de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Cristina Plazas*.-Desde hace varios meses hemos escuchado los requerimientos de la federación en contra de los niños Fecode, para el regreso a clase de manera presencial. Su principal exigencia ha sido que los maestros sean vacunados; incluso exhortaron a que los niños mayores de 10 años también lo fueran, siendo este un imposible puesto que la vacuna no está autorizada para este rango de edad.
Pues bien, esta semana, luego del anuncio del gobierno que a mediados de este mes todos los maestros estarán vacunados, el señor Nelson Alarcón, presidente de Fecode, salió a decir que esto ya no era suficiente, demostrando una vez más que no tienen disposición alguna de cumplir con la Constitución que establece la prevalencia de los derechos de los niños y de su educación.
Qué tal el descaro y el cinismo de esta gente; amenazan al país con el no retorno a clases por el riesgo de adquirir el virus, pero son los primeros en la fila de las manifestaciones y conciertos donde los hemos visto uno encima del otro. Esto, por supuesto ha generado el rechazo de miles de colombianos que ya entendieron las verdaderas motivaciones de esta federación, que no es otra que beneficiar sus intereses personales.
La Corte Constitucional en sentencia T-423/1996 señaló que:
“Es dable entender que dentro de los objetivos fundamentales de la actividad del Estado y las finalidades sociales inherentes a éste, encaminadas al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable, constituyen servicios públicos esenciales de regulación constitucional... enfrentados el derecho de reunión y asociación con el de educación, resulta palmar decir que el de la educación tiene prevalencia, y es ese el punto por el cual procederá la confirmación de la sentencia, pues resulta indudable que el hecho de la suspensión de labores de los educadores atenta contra el derecho a la educación, pasando por alto el artículo 67 superior y dándole alcance a una actividad que tiene reglamento, como es el derecho de reunión para vulnerar los derechos de otros”.
Si esto es tan claro, ¿dónde están los organismos de control? ¿Por qué la Procuraduría no ha sancionado a los maestros que no han dictado clase, ni siquiera de manera virtual?
¿Por qué los jueces no están fallando las tutelas concernientes a este tema? Un ejemplo de esto es la tutela presentada por Red Papaz ante el Tribunal Superior de Bogotá que a la fecha no ha sido resuelta, cuyos términos se vencieron el 7 de mayo. ¿Será que para ellos este tema no es prioritario? ¿Se les olvidaría el art. 44 de la Constitución? Señores magistrados: no les den la espalda a los niños.
Llegó la hora de perderle el miedo a Fecode. Las autoridades deben actuar de inmediato. ¡Dejen de ser cómplices! No podemos permitir que estos “señores” sigan marchitando el futuro de miles de niños.
Bogotá, D. E, 9 de junio de 2021
*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por Rodrigo Villalba Mosquera*.- Siendo la protección a la propiedad intelectual y las patentes muy propias del sistema capitalista, es digno de admirar la posición de EE.UU en cabeza de su presidente Joe Biden, de apoyar la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para hacer universal su uso, y permitir el acceso a los países pobres y en vía de desarrollo. Con esta posición se abrió el debate de si es conveniente o no esta medida, y si contribuye o no a conjurar la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19. La Organización Mundial de Comercio será renuente, pero habría que buscar consensos.
La polémica por supuesto no se hizo esperar, donde las farmacéuticas y más en EE.UU han respondido duro, dicen que una decisión en ese sentido sembraría confusión entre los socios públicos y privados, debilitaría aún más las ya tensas cadenas de suministro, y fomentaría la proliferación de vacunas falsificadas. Otros, que si se libera las patentes se frena la investigación, y hoy hay 100 vacunas en fase clínica y varias en estudios, desincentiva a los que investigan y crean incertidumbre en la comunidad científica. Pero también los amigos de la propuesta se han pronunciado diciendo que no impulsar la liberación, es mantener el actual ritmo lento de vacunación, privilegiando el monopolio.
Lo cierto es que, en las circunstancias actuales, debe primar el derecho a la salud por encima de otros derechos, y también la solidaridad global permitir que todos tengan acceso a la vacunación como mecanismo hacia la inmunidad de esta pandemia del covid-19. Evidentemente la producción de vacunas en cabeza de quienes hoy tienen la patente, no da abasto frente a la demanda mundial, permitiendo precios altos y posición dominante de mercado de las farmacéuticas con patente.
El gobierno de Colombia debería dar instrucciones a nuestros delegados en la Organización Mundial del Comercio para apoyar la posición de Biden, frente a la liberación de patentes, quien por los estragos que está haciendo la pandemia en India y América del Sur ha expresado, “el gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero apoya la renuncia a esas protecciones para las vacunas del covid-19 en servicio de poner fin a esta pandemia”. Y refuerza el argumento con: “esta es una crisis mundial de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del covid-19 exigen medidas extraordinarias”.
Es claro que en tiempos de crisis, y más ésta que es global se tienen que tomar medidas audaces y excepcionales. Si buscamos antecedentes, los encontramos recientemente en los Tratados de Libre Comercio, que alrededor de esta misma crisis humanitaria, muchos países no cumplieron lo pactado para proteger a sus productores, de manera excepcional.
Neiva, 9 de junio de 2021
*Senador del Partido Liberal
Por Cecilia López Montaño*.- No es una exageración afirmar que los colombianos en general viven momentos en donde la confusión prima y por ello es necesario tratar de aclarar algunos puntos que ayuden a dar luces sobre el futuro inmediato. Para empezar una cosa es el paro nacional y otro la protesta social. Sobre el primero se requiere un fin pronto porque se ha paralizado la vida nacional pero la segunda seguirá sin duda porque su respuesta, aunque debe empezar de inmediato, seguirá en el tiempo dada su compleja naturaleza. La razón es obvia, se trata de la mayor convulsión social que ha vivido este país y que debe llevar a un serio replanteamiento de la forma cómo ha evolucionado su desarrollo. Esta es la contribución inmensa de una juventud mucho más informada, mucho más valerosa, mucho más valiente que generaciones anteriores. A estos jóvenes se les deberá la construcción de una sociedad más justa, más transparente, más solidaria, pacifista y mucho más ajustada a las verdaderas necesidades del siglo XXI.
Pero el paro tiene que encontrar una rápida salida y van más de 40 días, muchos de ellos de negociaciones entre el gobierno y el comité del paro, y solo se ven contradicciones. Aunque el comité no representa a todos los que están en las calles, por algo el gobierno se ha sentado con ellos. Se afirma por un lado que ya hay 16 puntos de acuerdo para empezar, óigase bien, para empezar a negociar, pero al mismo tiempo Emilio Archila dice que no hay acuerdos. Por favor. Independientemente de las culpas, lo que debe quedar claro es que el que tiene el costo político es el Gobierno porque su función es asegurar de manera pacífica la solución de los conflictos de esta sociedad. Y la verdad es que solo se ve en sus actitudes un interés perverso: dilatar y dilatar que se sabe es el interés de quien no debe estar gobernando este país, el expresidente Uribe. Él es en este momento un simple ciudadano sin ninguna responsabilidad de hacer cumplir la Constitución.
Es este sentido que el presidente Duque, alejado de este inmenso compromiso y dedicado a dar declaraciones internacionales que profundizan la confusión, debería ejercer la autoridad y no militarizando medio país. Es el gobierno el que debe encontrar las vías para salir de este momento y esto implica dos acciones que no está realizando. Con el comité del, paro sentarse día y noche, sin interrupciones hasta encontrar la salida. Así es que se negocia en el gobierno. Pero además, una metodología para que el gobierno nacional y los gobiernos locales se sienten con los grupos ya definidos de los jóvenes en distintas partes del país y empiecen a identificar demandas para avanzar en estrategias de corto, mediano y largo plazo. Claro que tanto el comité como los grupos regionales de jóvenes tienen una responsabilidad, pero el costo político de no avanzar es del gobierno. Así de sencillo.
Si tanto el comité como los jóvenes ven decisión del gobierno de encontrar salidas, lo que me perdonan, pero no es evidente, responderán porque lo que buscan son soluciones, respuestas y no seguir viviendo en este mar de contradicciones.
Bogotá, D. C, 9 de junio de 2021
*Exministra de Estado
Por Simón Gaviria*.- Las manifestaciones son masivas, los cacerolazos generalizados. No hacen falta saqueos ni daños a propiedades. El descontento con el modelo socio-económico y alto costo de vida está en las calles. Las noticias de abuso de poder y corrupción deslegitiman la democracia. Se exige la renuncia del Presidente, la educación gratuita, reforma a salud y pensiones. Avanzan mociones de censura contra los ministros y se pide una reforma estructural a la policía. Más que todo la bandera anticorrupción proclama mayores penas a los corruptos y la reducción de salarios estatales. Tras echar para atrás el motivo de la marcha se intensifican mucho más. Esta cronología cuenta la historia del estallido social en Chile. El malestar de Colombia no es un fenómeno único.
Por mucho tiempo, se asumió que el crecimiento de la clase media traería estabilidad política. Recientes episodios como la Primavera Árabe o Black Lives Matter en EEUU, muestran lo contrario. Más clase media es más educación y más exigencia de derechos. Lo óptimo sería resolver estas tensiones en las urnas, ahorrarnos un año de paro. A falta de esta opción, el camino es intentar el diálogo.
Frente a su crisis, Chile supo escuchar y convertirla en una oportunidad. Está en un proceso constituyente y de reformar su policía. Eso sí, en el camino hay 34 muertos, 2.000 policías lesionados, 3.400 civiles hospitalizados, y más de 8.800 presos. Con daños económicos por US$3.300 millones, se perdieron cerca de 200 mil empleos. Ojalá los paros en Colombia no tengan que durar doce meses para lograr algo constructivo.
El gobierno y el comité del paro están lejos de ponerse de acuerdo. Por la reacción y el costo fiscal del pliego de peticiones esto será un arduo proceso. La petición de educación universitaria gratuita, no es un logro, el gobierno ya la había aceptado en las marchas pre-Covid. Seis semanas después del inicio de la revuelta, ni siquiera hemos empezado a conversar. El gobierno está exigiendo se levanten los bloqueos viales. El comité que el gobierno deseche ciertas herramientas constitucionales para defender la ley.
Las marchas son altamente descentralizadas, el comité del paro desde Bogotá no ejerce control y mando para levantar todos los bloqueos especialmente en zonas cocaleras. Además de ser ilegales, según CNC, 67 % de los colombianos creen que los perjudican. Quiebran empresas, destruyen empleo, y sufren familias. El comité del paro puede temer que al ceder pierdan ventaja en la negociación, pero lo que les da fortaleza es la masiva convocatoria de manifestaciones pacíficas. El mero pronunciamiento del comité de pedir levantar bloqueos debería ser suficiente para empezar hablar. Eso sí, manteniendo la facultad de extinción de dominio sobre actos ilegales.
El mosaico del paro tiene diferentes promotores en diferentes zonas. Siempre está el riesgo que lo más oscuro aproveche el alzamiento. Grave que la red de narcotráfico “La inmaculada” haya utilizado el paro para quemar pruebas contra sus miembros en el palacio de justicia de Tuluá. No está bien que justos paguen por pecadores, la protesta social es legítima y no puede ser manipulada. Las marchas no ocurren porque todo está bien. Pronto deberíamos empezar a caminar hacia la solución. Por lo menos, que todo esto sirva para algo.
Bogotá, D. C, 9 de junio de 2021
*Expresidente de la Cámara de Representantes
