Opinión
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El juego de la pirinola que aplicó el profesor Mockus a la política, quería convencer a la gente que de las seis caras del juguete la única buena para todos era el “Todos ponen”. Que solo pongan uno o dos o, peor aún, que uno o todos quiten resultaba malo para la sociedad.
Lo que no imaginó Mockus es que el ingenio colombiano iba a inventar una nueva cara para la pirinola: la de “Ponen otros”. Es la que ya empezaron a usar en la discusión de la tercera Reforma Tributaria que acaba de presentar el Gobierno.
En principio todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una Reforma Tributaria que le dé más recursos al Gobierno, aunque se discute cuándo debe aplicarse, porque subir impuestos en medio de una recesión es como tratar de curar a un anémico con sangrías que le quiten sangre. El problema y las grandes diferencias surgen cuando se trata de acordar cuáles son los impuestos que se deben subir, y quienes deben pagarlos.
Más se demoró el ministro de Hacienda en radicar el proyecto de reforma en el Congreso que en salir los dirigentes de los gremios a rechazar el IVA a sus productos, o la eliminación de una exención particular, o que gravaran el patrimonio de sus afiliados. En una palabra, impuestos sí, pero que “Pongan otros”.
Si bien es entendible la defensa de los intereses particulares, lo que es reprochable es la irresponsabilidad fiscal de no proponer alternativas para generar los recursos adicionales que requiere el Estado. Lo mismo puede decirse de la postura de varios dirigentes políticos que con buenas razones se oponen a algunos impuestos regresivos, pero no plantean con que reemplazarlos.
La única y notable excepción fue la del presidente de la Andi quien propuso que para aumentar el recaudo del Gobierno, se pospusieran algunos de los beneficios que le habían dado en la pasada reforma tributaria: la devolución de los pagos por concepto del ICA y la reducción de la tarifa de impuesto a las empresas. Según el dirigente gremial aplazar estas dos medidas le daría al Gobierno el mismo monto de recursos que espera recoger con la extensión del IVA a la mayoría de los productos de consumo de los hogares.
Colombia necesita una verdadera reforma tributaria estructural que cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia. Para lograrla y no repetir los fracasos recientes se requiere un gran consenso nacional, un nuevo contrato social en el que se acepte no solo que “Todos ponen”, sino que deben poner más lo que más tienen.
Es difícil que eso lo logre cualquier gobierno en su último año y en medio de una profunda recesión, y más difícil si quiere hacerlo hablando solamente con sus aliados cercanos, o con sus hijos, y no tenga la apertura para construirla dialogando con todos los sectores políticos y sociales del país.
Cali, 19 de abril de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Hernán A. Olano*.- Hace 26 años conocí en la Universidad Complutense de Madrid al doctor Hernando Barreto Ardila y, transcurridos otros 26 años, gozo de su amistad y lo admiro por su disciplina académica y pedagógica, que lo ha llevado a producir un nuevo libro, que se suma a su amplia producción bibliográfica en materia del derecho penal, como profesor por treinta años en la Universidad Externado de Colombia.
Esta obra a la cual me quiero referir y que es producto de su trabajo docente y de la práctica como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde 1999, se titula “La demanda de casación en materia penal”, que para muchos de nosotros, como abogados, puede llegar a ser un campo esotérico, pero, que para Barreto Ardila, no debe constituir un esfuerzo sobrehumano o corresponder a un agudo conocimiento de derecho penal, pues basta con tener seriedad en los señalamientos y demostración de los errores trascendentales en la aplicación de la ley, la apreciación de las pruebas, así como demostrar ante la Corte ponderación, cuidado, atención, concreción y claridad al exponer las razones por las cuales el accionante disiente de la decisión impugnada.
Cabe advertir que la casación, en sí misma, es un recurso extraordinario y que, no por el hecho de ser un experto puede prosperar el cargo de impugnación, tanto así, que el autor nos explica que, de 10 libelos, podría pensarse que sólo uno tiene éxito y, que de ser contraria la cifra, eso llevaría es a una presunción de desacierto e ilegalidad de las sentencias de los tribunales.
Todos los capítulos que incluye el autor son importantes, pero voy a referirme al séptimo, donde están las recomendaciones para redactar la demanda de casación, algo que las personas no tienen en cuenta, pues son ese manual de instrucciones que es lo primero que botamos cuando abrimos una caja de un equipo electrónico y pensamos que sabemos cómo opera. Allí aparece la forma como debe identificarse la persona y la condición que ostenta, así como la presentación formal de la demanda en computador (que parecería obvio, pero aún llegan a mano o en máquina de escribir); que sea en papel bond tamaño oficio; letra 14; interlineado 1,5; no formular muchos cargos contra la decisión a casar; evitar párrafos extensos, así como la transcripción innecesaria de jurisprudencia de casación o sentencias de tutela y exequibilidad de la Corte Constitucional, ya que muchos abogados abusan de esos insumos y, lo que no se quiere es ofrecer ampulosas argumentaciones alrededor de un tema recurrente.
También, Barreto nos incluye un listado de lo imprescindible en la demanda, junto con las recomendaciones estructurales sobre formulación de cargos, tanto en la violación directa como indirecta de las normas.
Seguramente, algunos estudiosos querrán tener contacto con el magistrado Barreto, quien ha autorizado incluir aquí su correo electrónico
Bogotá, D. C, 20 de abril de 2021
*Doctor en Derecho Canónico y catedrático de la Universidad de la Sabana
Por Juan Camilo Restrepo*.- Por fin, luego de inmensas dilaciones, aterrizó el proyecto de reforma tributaria en el Congreso. Pero aterrizó de barrigazo. Por una simple razón: al gobierno se le ha agotado el tiempo y el combustible político para hacer un buen aterrizaje en estas espinosas materias. Veremos qué sucede a lo largo de la discusión parlamentaria. Una cosa es clara, sin embargo, el Congreso -como siempre sucede- terminará aprobando una ley de reforma fiscal, pero ciertamente no será la propuesta por el gobierno ni en monto ni en contenido.
Es realmente curioso lo que ha sucedido con este proyecto de ley. Los cambios y volteretas del gobierno fueron incontables. Y ello conduce a que esta reforma comienza su andadura parlamentaria con un gigantesco déficit de credibilidad. Veamos solamente algunos ejemplos. Primero dijo que se iban a gravar con IVA todos los productos de primera necesidad. Después que ninguno. Más adelante que solo el café, el azúcar, el chocolate y la sal. Y finalmente que tampoco estos. Según se ha sabido, como consecuencia de una extraña visita de los hijos del expresidente Uribe a la casa de Nariño para discutir con el presidente Duque los contenidos de la reforma.
Dio la sensación durante los largos prolegómenos que el gobierno quería quedar bien con todo el mundo. Cosa que es imposible en materias tributarias. Y de allí los cambios constantes. Es normal que a lo largo de las discusiones parlamentarias todo gobierno que presente una reforma tributaria tenga que hacer transacciones. Pero lo que no es usual es que esas negociaciones se hagan antes de que comience el debate parlamentario. Con lo cual el gobierno entra a la discusión con su capacidad negociadora muy disminuida.
Otra razón que obligó al barrigazo es que a este gobierno se le acabó el combustible político. Si no apresuraba la presentación ya, probablemente no tendría otra ocasión de hacerlo cuando ya empieza a recibir los primeros rayos del sol quemante a sus espaldas y cuando se oyen las acuciosas preguntas de las agencias calificadoras. Quizás el gobierno se equivocó de tiempo. La reforma tributaria debió presentarla hace por lo menos un año cuando apenas comenzaba la pandemia. Las reformas tributarias hay que presentarlas en la primera mitad de los mandatos, no en el tramo final. Tal como lo acaba de hacer el presidente Biden que antes de cumplir sus primeros tres meses de mandato anunció los rasgos generales de una gran reforma fiscal que echa marcha atrás con la aprobada en tiempos de Trump. Las reformas deben presentarse cuando el desgaste aún no pasa su cuenta, y cuando el debate electoral no está prendiendo motores con intensidad y virulencia. Como sucede en Colombia. La OECD consideró esta semana que el gobierno ya no tendrá espacio para liderar una verdadera reforma estructural.
El tiempo se le está acabando también a este gobierno -consumido por la batalla contra el coronavirus- en otras muchas materias. Llamó mucho la atención por ejemplo que después de haber convocado una comisión de expertos para que estudiara fórmulas sobre la situación laboral, a la cual le hizo mucha alharaca, el ministro del Trabajo, y ya cuando las recomendaciones de la misión del empleo estaban listas, anunciara intempestivamente que ellas pasan a los consabidos anaqueles. Porque según el ministro del ramo no hay tiempo para estudiarlas.
En las semanas que vienen se hablará mucho de impuestos, de equidad y de progresividad. De las agencias calificadoras. De impuesto al patrimonio y de dividendos. De tributos a las personas naturales y a las sociedades. Del IVA, y de cómo levantar recursos frescos para financiar los gastos sociales que los estragos de la pandemia plantea. Desde esta columna también lo haremos por supuesto.
Por el momento solo cabe destacar que estamos frente a una tardía maniobra con resultados desconocidos. Ojalá la salud fiscal del país salga bien librada de este aparatoso barrigazo.
Bogotá, D. C, 19 de abril de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Carlos Villota Santacruz*.- En la última década, la democracia en el Perú y su sistema institucional ha sido asaltado hasta sus cimientos por el flagelo de la corrupción. Prueba de ello, es que este país observó con sorpresa como ex presidentes eran privados de la libertad. Incluso, uno de ellos, Alan García se suicidó antes de vivir el “espectáculo” de pasar la recta final de su vida tras las rejas.
En la puerta de la segunda vuelta presidencial, está en juego no solo el futuro del país, sino de interpretar la esperanza de los ciudadanos que a través de múltiples marchas en las calles han dejado su voz y su malestar por la presencia de la corrupción. Mirando los indicadores económicos de esta nación suramericana, donde 6 personas de 10 están sumergidas en la pobreza, la corrupción se ha constituido en un obstáculo enorme para el desarrollo.
Es decir, el Perú tiene la posibilidad de corregir el rumbo, a través del segundo tiempo de la campaña electoral que dejó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, para disputarse un cargo, desprestigiado y en la mira de la opinión pública nacional e internacional.
Los ciudadanos están reclamando un líder. Un presidente inspirador Con capacidad de soñar. De orientar la gestión del Estado a resultados. Que tenga pasión. Disposición al riesgo. Que sea inteligente, organizado. Que tenga coraje para tomar las decisiones en los meses por venir. Que tenga audacia para navegar en las “aguas desconocidas de la emergencia sanitaria”.
Quién resulte electo, debe tener una alta cuota de sacrificio en procura de darle una “bocanada de aire fresco” a la democracia y a la política. Solo bajo esta hoja de ruta, recuperara su verdadero sentido. En otras palabras, en un escenario adverso –donde está en juego la vida de los peruanos- será responsabilidad del entrante Jefe de Estado dejar de lado los intereses particulares y colocarse en los zapatos de los ciudadanos y del país.
Recorriendo las calles de Lima y Arequipa, se comprueba que sus habitantes demandan un cambio. Ese cambio, es la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Una tarea que debe ser de largo aliento. Acompañada de una reforma judicial y político. Se podría decir, que una restructuración de la democracia.
El Perú no tiene derecho a equivocarse nuevamente, a la hora de votar. Si los candidatos a la presidencia Pedro Castillo y Keiko Fujimori le preguntan a los ciudadanos: ¿en qué país quieren vivir? La respuesta es: “cambiar de página y decirle no a la corrupción. Con decisión y acción. Colocando en la cárcel a los responsables del saqueo del erario público”.
Lo que reclaman los ciudadanos en las calles, es un llamado a la acción –de quién resulte ganador o ganadora- Con capacidad de construir una agenda de Gobierno basada en la trasparencia, la rendición de cuentas y de responsabilidad “De cara al futuro, estén dispuestos a apoyar nuevos acuerdos internacionales que establezcan normas y sistemas que mejoren el intercambio de información entre el Perú y sus homólogos en América Latina, Europa, Asía. El mismo Estados Unidos. Así se cortará la “cadena” del flujo ilícito de fondos.
Conociendo lo que hay que hacer, el entrante mandatario o mandataria, está llamado a usar la innovación y la tecnología para impulsar el cambio en el manejo del Estado. La tecnología –será vital- para ayudar a mejorar la prestación de servicios y aumentar el escrutinio de cómo se usan los fondos públicos.
No en vano, el uso de tarjetas inteligentes biométricas en India ha dado lugar a que se desvíen menos recursos de sus fines previstos, los titulares de esas tarjetas recibieron 35 % más dinero en relación con un programa público de empleo y recibieron sus pagos un 30 % más rápido que otros beneficiarios del programa. En Mindanao (Filipinas), el seguimiento geoespacial y la fotografía digital han contribuido a la construcción oportuna de caminos en zonas sumidas en conflictos.
En la investigación de la consultoría política en el continente, he podido establecer que los activos “mal habidos suelen guardarse en países desarrollados, lo que empobrece más a los países en desarrollo”. Y eso, es lo que los ciudadanos en el Perú, quieren que se coloque fin. Si no se hace a tiempo, el país será una “caldera” social y económica. Escoger un nuevo presidente, se habrá convertido en más que una solución en un nuevo problema. A propósito de este comentario usted que piensa. E mail
Bogotá, D. C, 18 de abril de 2021
*Internacionalista, experto en marketing político, marketing de ciudad, comunicador social y periodista. Escritor. Coautor del libro “Gobierne bien y hágalo saber” –edición en Colombia y México-
Por Amylkar D. Acosta M*- Los aniversarios constituyen una ocasión propicia para volver sobre los pasos de la historia, pues al fin y al cabo, al decir del Quijote, el Hidalgo de la triste figura, ella es “émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente y clara advertencia de lo porvenir”. Desde la perspectiva de los años transcurridos y el discurrir de los acontecimientos sobre los cuales pretendemos discernir, constatamos el aserto de Engels cuando afirmaba que hay años en los que sólo transcurren días de historia, de la misma manera que hay días, cargados de años, en los cuales transcurren años de historia.
Esta vez conmemoramos el quinquagésimo aniversario de la gran gesta del Movimiento estudiantil de 1971, el cual marcó un hito histórico en la lucha reivindicativa en defensa del fuero universitario. El más remoto antecedente de este gran movimiento, que tuvo su clímax, su punto más alto, en dicho año, fue el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba (Argentina) en 1918, que plasmó en su proclama del Manifiesto de Córdoba los que se constituirían medio siglo después en los objetivos por los cuales lucharía a brazo partido el estudiantado colombiano. Nos referimos a la autonomía universitaria, al cogobierno, la libertad de cátedra y la educación gratuita.
Esta misma fue la divisa de la Unión Nacional de Estudiantes de Colombia (UNEC), fundada en junio de 1957 en el marco del primer Congreso Nacional de Estudiantes, la cual lideró Antonio María Larrota González, considerada como una de “las primeras referencias a una organización universitaria nacional que se conocen en la historiografía de mediados del siglo XX” (Acevedo & Gómez, 2000). La misma se reconoció como una “organización gremial estudiantil de carácter nacional”. Además, enarboló la bandera antimilitarista, explicable por el execrable asesinato por parte de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla de 11 estudiantes que marchaban en medio de una gran manifestación en contra del sátrapa usurpador de la Presidencia de la República el 8 y 9 de junio 1954 en la carrera 7ª en Bogotá. Desde entonces se conmemora por parte de los estudiantes en esta fecha el Día del estudiante caído.
El descontento y la inconformidad de los estamentos universitarios tuvo como catalizador el Decreto 3157 de 1968 expedido por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo “por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo de la Nación”. Este Decreto le atribuyó al Presidente de la República y a los gobernadores, que eran nombrados por él, la facultad de nombrar y remover a los rectores de las universidades públicas. De modo que estos quedaron reducidos a la condición de agentes del gobierno nacional o departamental, designados de manera inconsulta con los estamentos universitarios, convirtiendo las universidades públicas en coto de caza de los políticos tradicionales.
La arremetida contra el movimiento estudiantil, que realizó marchas y mítines en todo el país en rechazo a la injerencia de fuerzas externas y extrañas a la universidad en la dirección de la misma no se hizo esperar y a consecuencia de ella se terminó disolviendo y descabezando la Federación Universitaria Nacional (FUN), que había sido creada en noviembre de 1963. Los consejos estudiantiles fueron prohibidos y proscritos en las universidades y con ello vino una dispersión del movimiento estudiantil, que entró en un largo letargo, el cual se prolongó hasta el año 1968, cuando se dieron sus primeras movilizaciones. Estas se dieron en rechazo a la visita de “buena voluntad” al país del magnate estadounidense Nelson Rockefeller, mientras resonaban en Latinoamérica los ecos de las célebres jornadas de mayo en Francia con su eslogan “seamos realistas: pidamos lo imposible” y su lema “prohibido prohibir”.
Este año el movimiento estudiantil se reactivó, se reagrupó y organizó, los consejos estudiantiles revivieron y a poco andar se presentarían los primeros escarceos en la Universidad del Valle, en donde profesores y estudiantes rechazaron la imposición de un Decano en la Facultad de economía, ignorando la terna que ellos habían integrado. Y ahí fue Troya (¡!). El 2 de febrero de 1971 estalla la huelga, la cual fue duramente reprimida y cobró la vida de 7 estudiantes a manos de las fuerzas del “orden”, lo cual exacerbó aún más los ánimos. Este enfrentamiento con la fuerza pública terminó con el allanamiento de la sede de la Universidad por parte de esta (episodio este que se repetiría después en la Universidad de Antioquia el 21 de abril del mismo año), con un toque de queda y la declaratoria del Estado de sitio (artículo 121 de la Constitución Política de 1886), al amparo del cual se tomaron medidas draconianas por parte del Gobierno para tratar de sofocar la protesta.
Lejos de ello, lo acaecido en la Universidad del Valle atizó el malestar y el emplazamiento al Gobierno Nacional que se venía incubando en rechazo a la imposición del Plan Básico de la Educación Superior, promovido por Rudolph Atcon, asesor de la UNESCO, el cual venía atado como una de las condicionalidades de un crédito del BID para el financiamiento de varias ciudadelas universitarias y conllevaba unas reformas antidemocráticas tanto en el plano académico como en el administrativo.
Ello rebosó la copa y desató el mayor y más fuerte movimiento estudiantil en el siglo XX, el cual llegó en algunos momentos de paroxismo a paralizar al país. Este movimiento recogió y reivindicó las banderas del Manifiesto de Córdoba: la autonomía de la universidad, el cogobierno, la financiación estatal y la libertad de cátedra. Ello tomó cuerpo en el Programa mínimo de los estudiantes colombianos, el cual fue aprobado por el V Encuentro Nacional de estudiantes el 25 de marzo de 1971. La consigna central de este Movimiento fue la lucha por una universidad nacional, científica y al servicio del pueblo. En desarrollo del mismo, se reclamó al Gobierno Nacional que el Consejo Superior de las universidades públicas estuviera integrado sólo por la representación de los estamentos universitarios, lo cual implicaba la salida de los representantes de la ANDI, de FENALCO y de la Curia, entre otros.
Este movimiento no fue en balde, además de caracterizarse por su organización y la seriedad de sus planteamientos, producto de la deliberación y el debate ideológico al más alto nivel, conquistó efectivamente la autonomía para las universidades, la misma que hoy nadie pone en duda. El cogobierno al que aspirábamos se hizo realidad: el entonces Ministro de Educación, el inmolado Luis Carlos Galán, expidió el 23 de octubre de ese año el decreto 2070 mediante el cual se modificó la integración de los consejos superiores de las universidades públicas, en los cuales en adelante sólo tendrían asiento representantes de los estamentos universitarios. Estos meses de lucha frenética con sus días lograron lo que por años había sido una aspiración largamente acariciada por parte de la universidad pública y sentó las bases de la Universidad del futuro.
Santa Marta, abril 17 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Ese era el decir de los abuelos cuando algo no solo era suficiente, sino que sobraba, como sucede con la carne bovina en el mercado nacional, aunque algunos sectores estén sembrando alarmas de presunta escasez y mayores precios por cuenta de las exportaciones, lo cual es totalmente falso.
Los frigoríficos rechazan la exportación de animales porque quisieran sacrificarlos. Hace unos años, cuando el Fondo Nacional del Ganado controlaba los de Friogán –un patrimonio ganadero del que gran parte se perdió por decisiones irregulares del gobierno Santos–, nos atacaban dizque por no apoyar las exportaciones para favorecer a Friogán, lo cual era falso, y hoy, paradójicamente, nos atacan por apoyarlas.
Algunos sectores de alimentos denuncian escasez y encarecimiento de cortes finos, y claro, los animalistas, ambientalistas y otros “istas”, atacan también las exportaciones, y a la ganadería en general, que quisieran ver barrida de la faz de la tierra.
Pero la ganadería no desaparecerá porque unos quieran, ni se detendrá porque a otros les interese. “No pueden ver a un pobre acomodado” –otra de los abuelos–, pues nuestra actividad pasa por un buen momento, es cierto, pero no ha sido gratis. Nos lo merecemos, porque FEDEGÁN y los ganaderos recogemos el fruto de un trabajo arduo, perseverante y coherente, durante años de “vacas flacas”.
Aclarando que la carne bovina tiene un precio relativo más alto, porque es más costoso criar y levantar un novillo que un pollo o un cerdo; y entendiendo la producción como un continuo en el que todos los días nacen, crecen y mueren animales, intentaré, en números gruesos, una especie de “ceteris paribus”, que así llaman los economistas al ejercicio de congelar variables y considerar una sola para entender mejor un momento económico.
1.- El hato nacional bordea los 30 millones de animales, en parte porque, solo entre 2016 y 2018, entraron más de cinco millones de contrabando… y siguen entrando.
2.- De ese total, cerca de 14 millones son hembras mayores de 2 años que, con una tasa de natalidad del 53% –muy baja–, suman más de 7,4 millones de nacimientos.
3.- El sacrificio formal en 2020 fue de 3.270.000 cabezas, que, sumadas al clandestino, estimado en 15% del formal, nos da un total de 3.760.000 animales. Castigando esa cifra con un incremento del consumo de 10 %, que no se dará en la pandemia, llegaríamos a un sacrificio total de 4.137.000 animales que, restados de los animales nuevos, arrojan un aumento neto del inventario de 3,3 millones de cabezas.
4.- Sigamos restando, pues con la actual dinámica exportadora se estima un crecimiento, entre carne y animales, del 10%, equivalente a otras 512.000 cabezas menos.
Sin contar factores como la dinámica del mercado, la mayor retención de hembras, la mayor productividad de los Sistemas Silvopastoriles en auge, y la persistencia del contrabando, entre sumas y restas el hato crecerá, durante 2021, en 2,8 millones de animales como mínimo, y conservará esa tendencia creciente en los próximos años.
Conclusiones: 1. No hay ni habrá desabastecimiento, por la inercia de crecimiento del hato, combinada con una tasa de extracción (sacrificio) que continuará baja por la lenta recuperación del consumo. 2. Si bien el precio al ganadero repunta, lo que hay hasta ahora es recuperación de pérdidas y, aun así, es todavía bajo y competitivo en los mercados internacionales. 3. Así las cosas, los precios al consumidor muy por encima de la inflación, no son otra cosa que especulación que enriquece intermediarios en época de pandemia.
En suma, Colombia tiene carne “para dar y convidar”, o mejor, para comer y exportar.
Bogotá, D. C, 17 de abril de 2021
*Presidente de FEDEGAN
Por Paloma Valencia*- Me declaro francamente sorprendida de que la señora Deyanira Gómez haya sido declarada provisionalmente como víctima del Presidente Uribe. ¿Cuál es acaso la prueba que permite siquiera especular que el Presidente Uribe es victimario?
Dicen que la siguieron motos (un par de veces), que un indigente durmió en su puerta, y que era sospechoso. Aun si aceptamos que tales eventos sucedieron (y descartamos la declaración del propio abogado de Deyanira que no vio ningún peligro en ello) ¿qué evento vincula a Uribe con esos hechos? ¿Cuál es la evidencia por pequeña que sea, que ligue a Uribe a esos hechos?
Las víctimas no pueden ser simplemente quienes alegan serlo. Que ella lo diga no es prueba. ¿Cómo se descarta que ella misma no creo los “incidentes”? ¿Cómo se excluyen otros actores como responsables? ¿Por qué se le atribuyen a Uribe?
Me parece que ese reconocimiento como víctima es un atropello a la presunción de inocencia. Si se supone que en este proceso se va a resolver si hay falsos testimonios y quienes son los que mintieron, ¿cómo puede haber una decisión -aunque sea provisional- que le da ya la razón a una de las partes? Y se la da a aquella sobre la cual debería haber más dudas, lo digo porque está enfrentando un expresidente líder de un País con delincuentes.
No se trata de una señora a la que de pronto le empiezan a pasar cosas. Deyanira tiene un historial de vínculos criminales. Cabe concluir que su vida ha estado siempre agitada por la cercanía del crimen. Estuvo casada y tuvo un hijo con un jefe medio de las FARC en el frente 21, condenado y sobrino de Pedro Nel -segundo cabecilla de las Farc. Con Pedro Nel Deyanira mantuvo vínculos y conversaciones, hasta un teléfono especial para hablar con él. Tenía relaciones con jefes de las Farc de frente 25 y 42. Según han informado los medios ayudaba a planear acciones de la organización terrorista en Bogotá. Además coordinaba abogados para los procesos con las Farc con la hermana de Pedro Nel y mantenía contacto con “la Zarca”y “el Rolo” . Todo esto lo hemos podido conocer por los informes de inteligencia y contrainteligencia que desde el 2006 se vienen produciendo sobre Deyanira, alias ‘la chiqui’.
El episodio más interesante es el vínculo con el coronel (r) Prado, quien era parte de la inteligencia. Deyanira era su amiga y además tuvieron negocios. Juntos intentaron ingresarla o infiltrar al ejército. Prado estuvo en Andromeda y en los perfilamientos. En ambos casos dijeron que era el uribismo o Uribe el que estaba detrás y era beneficiario de la información. ¡Que coincidencia! Para quien no lo recuerda Andromeda eran el supuesto intento de sabotear los diálogos de La Habana con escuchas ilegales, que dio lugar a la infiltración de la campaña de Zuluaga y al escándalo del falso hacker.
Sorprende también encontrarse al doctor Vivanco de Human Rights Watch dándole carta para conseguirle asilo político una mujer con ese prontuario. Al defensor de derechos humanos hay que preguntarle ¿Dónde quedó el derecho humano del debido proceso y la presunción de inocencia de Uribe? ¿Pensará que ya está condenado?
Deyanira además era esposa de Monsalve, el llamado testigo estrella contra Uribe. Nada más distante de una historia de amor; lo digo por las fotos de las fiestas de Monsalve en la cárcel con una amiga nueva en cada reunión. Si pudo ser, en cambio, un buen negocio, como lo deja ver la compraventa de la finca la Veranera.
¿Deyanira víctima? De verdad que tristeza y que injusticia.
Bogotá, D. C, 17 de abril de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Gabriel Ortiz*.- Se incrustó el populismo, disfrazado de humanitario, en la reforma tributaria Duque-carrasquilla. Ese mamotreto está repleto de castigos para las clases medias, populares y pequeños negocios.
El candidato del padre de Tomás, ese juvenil que pregonaba un país próspero, equitativo, sin gravosos impuestos, defensor de la paz, la convivencia, la defensa de la vida, con justicia social y sin odio, fue sorprendido por la amnesia y el extravío. No resistió la fama, no pudo con la adulación, no estaba vacunado contra la lagartería, el halago, el aplauso y la alabanza.
Un doncel personaje, necesita quién le “tire el saco” y lo aconseje con sinceridad, aprecio y lealtad. Esa figura está ausente o derrotada por los consejeros que ensalzan a Duque para ganar indulgencias, obtener prebendas, favores y beneficios personales.
Este mandatario aún puede ser el Presidente de la nueva era. El conductor de Colombia, hacia un futuro cierto y próspero. El hombre que redima el proceso de paz, hasta convertirlo en un acuerdo sin parangón en el planeta y lo consagre como el tercer Nobel para Colombia, con Gabo y Juan Manuel. Esas tres glorias, uniendo sus asombrosas ideas y voluntades, ocuparían mentalmente el sillón de los ingenios para dialogar con honradez y sin rencores, que saquen adelante esta patria, esta sociedad, esta gente.
El derrotero de Colombia sería otro: un universo de hombres libres y sin temores, con familias trabajando las tierras que les fueron arrebatadas, un país sin informalidad, con pleno empleo, sin desplazados, con líderes sociales a salvo, es decir una sociedad conformada por gente próspera, banqueros e industriales progresistas, clase media redimida, pequeños negocios en acción, hombres y mujeres en la cúspide, territorio limpio de cultivos ilícitos, droga y fumigaciones. Es decir una colectividad con un sistema impositivo justo, sin evasores y sin el asecho de los corruptos.
Con una reforma tributaria ecuánime, elaborada por nuestra gente, no por costosos burócratas extranjeros. Inspirada en la del Presidente Biden. Que apriete a las transnacionales, que convenza a nuestros potentados, que no incluya falsos regalos y devoluciones, que elimine la politiquería.
Solo así, se podría acabar con la pobreza, el hambre, la violencia, la corrupción y esos ilusorios “globos de ensayo” que minan los salarios y empobrecen a los pensionados.
Este país, necesita a un Duque sencillo, fácil, espontaneo, ese que se paseaba por las plenarias, los medios, las plazas, los salones y veredas anunciando cosas realizables, que aún pueden revivirse. Que rechace las lisonjas y malos consejos de quienes se consideran sus dueños, que se deshaga del burócrata Carrasquilla y lo envíe a la CAF. Que edifique un proyecto de reforma al alcance de este arruinado pueblo.
BLANCO: ¿…?
NEGRO: La Fiscalía no aguanta más desprestigio. Al igual que Sergio Fajardo, el país entero clama por un Comité Técnico Jurídico, que le dé garantías a la sociedad colombiana.
Bogotá, D. C, 16 de abril de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinnal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Si hay algo que interesa a toda la comunidad, particularmente en un Estado Social y Democrático de Derecho, es la economía, de cuya buena marcha y rumbo dependen todos los factores que inciden en la vida y la suerte de las personas, los hogares, las empresas y el mismo Estado. La salud, la educación, el trabajo, las finanzas, la cultura, la actividad en los más diversos campos dependen del comportamiento, la conducción y el manejo de la economía.
Es evidente que, en épocas de crisis, como la muy grave que desde hace ya un año afecta al mundo por causa del coronavirus y como efecto de las medidas restrictivas que gobiernos y autoridades se han visto obligados a adoptar, ese interés colectivo se incrementa -es natural que así ocurra-, de suerte que cualquier decisión y toda política pública, en cuanto importan a todos, tienen que ser objeto del escrutinio público. Ello pone a prueba la capacidad de los gobernantes y legisladores para responder adecuadamente al desafío inherente a sus funciones, mucho más exigente en tiempos de tanta complejidad.
El pueblo, además, no es ya un simple espectador que se resigne a quedar en manos de los titulares del poder político. Como titular de derechos fundamentales, individuales, colectivos, sociales, económicos, culturales -en una democracia participativa- reclama que se lo tenga en cuenta y se le permita saber lo que se hace, ser informado y tomar parte en la toma de las decisiones que lo afectan.
Lo tributario hace parte de esas preocupaciones colectivas, en especial cuando se anuncia como impostergable e inevitable una reforma de grandes proporciones, que amenaza a la mayoría -particularmente a las clases media y popular-, y en consecuencia, se esperaría que sus componentes, pormenores y motivos fueran ampliamente expuestos para el examen y el consentimiento informado de la opinión, sin la improvisación que en estos días ha sido palmaria. Discutida en público, no en reunión privada del presidente de la República y los hijos de un expresidente, que además no ejercen cargo alguno relacionado con el tema.
El Congreso es el competente para resolver acerca del sistema tributario nacional; para dictar las leyes que impongan tributos fiscales y parafiscales. Pero los congresistas son apenas los representantes del pueblo en la materia, y en una democracia participativa, lo que hacen los representantes ya no es de su exclusiva y privativa voluntad, sino que debe reflejar el sentimiento, el querer y las necesidades populares.
Pero hemos observado con asombro que ni siquiera esos representantes del pueblo saben con precisión lo que quiere hacer el Gobierno. Además de informaciones parciales y a diario corregidas por voceros gubernamentales -que no han sido claros-, los congresistas -a quienes el Ejecutivo convoca para que apoyen su proyecto- no conocen el texto de la iniciativa. Entendemos que ni siquiera quienes integran la bancada del partido de gobierno.
En este tema, es necesario también que el pueblo pida explicaciones. ¿Cuál es la razón válida para sostener la necesidad imperiosa de una tercera reforma tributaria cuando -aun en plena crisis- ha habido despilfarro, gasto innecesario y muy poca austeridad?
Bogotá, D. D, 14 de abril de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Jairo Gómez*.-Dos procesos electorales en países vecinos revelan que los partidos o movimientos de izquierda vuelven a ser alternativa de poder y que la gente, cansada de tanta mentira e incumplimiento de promesas, mira con desdén a la derecha conservadora y comienza a recuperar confianza en las fuerzas progresistas que tuvieron su época dorada en la primera década del siglo XXI.
En Ecuador el triunfo del conservador Lasso, no obedeció a un respaldo partidista consolidado desde la derecha, se dio por dos razones: porque los ecuatorianos votaron por el menos malo de los dos candidatos y la revancha del voto en blanco indígena contra lo que llamaron el fraude en primera vuelta, que, sin duda, fue determinante en el resultado final.
En Perú la situación es bien distinta, aunque sorpresiva. El país Inca ha sido conservador y su fuente electoral está concentrada mayoritariamente en Lima, su capital, enclave que le ha permitido imponer su voluntad política. En ese contexto apareció de la nada Pedro Castillo, un profesor radical de izquierda con una propuesta incluyente: “¡Nunca más un pobre en un país rico!”. Desconocido logró dar la sorpresa en primera vuelta y por ende imponerse en la variopinta propuesta electoral. Su caudal de votantes, que no está en Lima, lo construyó en el otro Perú, el que ha padecido el desafecto del centralismo limeño.
Del otro lado, aparece Keiko Fujimori, con una investigación a cuestas por corrupción sobre el caso Odebrecht. Hija del autócrata que esterilizó a más de 250 mil mujeres, Alberto Fujimori, es poco apreciada en la misma clase política tradicional peruana, pero se da por descontado que logrará sumar a los nostálgicos del fujimorismo los otros votos conservadores concentrados en Lima. Se viene la segunda vuelta y el dilema es: izquierda o derecha. Seguramente la derecha se unirá pese a la sub júdice Keiko, y derrotarán a Pedro Castillo, un desclasado profesor sin pedigrí; porque allá, como en Colombia, la lucha de clases cuenta y también prevalecen los negocios y contratos.
Ese es el panorama en dos países vecinos que eventualmente puede incidir en el péndulo político colombiano de cara a las elecciones del 2022. No porque tengan un impacto sobre nuestra realidad política, sino porque en Colombia en el próximo debate electoral se puede presentar el mismo escenario que de alguna manera ya lo experimentamos en el año 2018.
En ambos casos, tanto en Perú como en Ecuador, se expresó un cansancio de la ciudadanía con los poderes decididamente neoliberales con poco compromiso social y con un denominador común: la corrupción. Dos asuntos medulares que desnudó en toda su dimensión la pandemia y que los puso a patinar. Ese fantasma recorre a América Latina sin distingo ideológico y en el caso de Colombia también se repite, con un punto adicional, por cierto macabro y peligroso, el asesinato sistemático de líderes sociales, firmantes de la paz, indígenas y afrodescendientes, fenómeno que gravita en la espesa atmósfera de una violencia generada por las bandas de narcotráfico y organizaciones armadas ilegales que buscan el control territorial para garantizar la producción de cocaína y marihuana.
Ahora, volviendo a los resultados, lo que ocurrió en esos países el pasado domingo se puede replicar claramente en Colombia el próximo año si las fuerzas progresistas no toman la decisión de unirse. Sólo así es posible desbancar del poder a esta clase política tradicional corrupta. Desmontar los privilegios de las élites que han hecho gala de su poder económico para controlar la institucionalidad del país, acaparar la contratación pública y montar clanes familiares en las regiones que se apoderan de los dineros públicos para consolidar sus proyectos particulares.
La unidad es el camino, no hay de otra.
Bogotá, D. C, 14 de abril de 2021
*Periodista. Analista Político
@jairotevi
