Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- El sol de los venados aleja, distrae y desorienta. Oculta deslealtades, engaños y felonías.
Es la ley de la vida, es el acontecer en el mundo de las deslealtades y las traiciones. Los fieles servidores de ayer, rápidamente se acomodan y a nuevos patrones, moldes o plantillas.
Al Presidente Duque, le han interpretado pasodobles, porros y boleros. Pero no ha encontrado la pareja bailadora, porque la soledad lo aísla en su levitación. Esa es y no otra, la razón de sus actuaciones desde ese 7 de agosto… nada le sale. Desdeñó la paz que ya salvaba vidas, y confundió prosperidad económica con despilfarro y burocracia. Reaparecieron las masacres, asesinatos de líderes y desplazamientos. El esperado guiño que uniera ésta sociedad con la participación de todos, nunca salió de Casa de Nari. El aislamiento siempre ha ido en aumento con esos dudosos asesores. Las detestables ubérrimas órdenes que le llegaban a través de “Tejota” -Tomás y Jerónimo- las mitigaba con su entretenimiento de TV, a las 6. La soledad lo empuja, lo desdibuja y lo presenta con morbo ante una sociedad que, no perdona, porque ya no resiste más.
Ni Colombia, ni el mundo, esperaban la pandemia, que nos llegó. Era necesario afrontarla con sabiduría, sin politiquería y sin corrupción.
Al gobierno le faltó previsión y audacia para organizar un frente común contra el covid. Creyó que con un espacio de Tv era suficiente. No se armó con un ejército de batas blancas que estuviera listo para recibir las vacunas e inyectarlas; menos para organizar una adecuada y eficiente atención hospitalaria.
Y nos cayó lo que nadie esperaba: tardanza en la negociación de las vacunas y, desde luego, en el suministro de las mismas. Hoy, cuando hemos perdido más de 86 mil vidas, aún no llegan los biológicos, únicos con los que se pueden contrarrestar los efectos malignos del corona virus.
Duque en su soledad, cayó en la telaraña de Carrasquilla, quien lo llevó al error de elaborar una reforma tributaria en el peor momento. ¡Mal consejero! Era imposible arruinar más a un pueblo. Hasta Uribe, su mentor, le sacó el cuerpo al proyecto que ya cursaba en el Congreso. “Mal amigo”, dijo alguien. Nadie quiere saber de reformas. La comunidad colombiana se lanzó a las calles a protestar, desafiando la sospechosa intención de una magistrada, quiso torpedear el clamor de un pueblo desesperado.
Duque tuvo la oportunidad de salir avante y romper la marcha, de su desprestigio, pero seguramente sus ineptos asesores se lo impidieron.
El 27, “día D”, podría haber llamado a un pacto nacional, con todos los movimientos políticos, anunciando el retiro de la reforma y la conformación de un gobierno, con todos los partidos y caras nuevas en el gabinete, incluyendo los ubérrimos, desde luego. Surgiría ahí un gobernante con séquito leal, plural y progresista…
¡Estaba soñando! Hablaba de otro Duque. El del postparo, está en otra galaxia. El hombre solo no aterriza.
BLANCO: La comparación de Escobar con Carrasquilla.
NEGRO: Los negociados en Reficar.
Bogotá, D. C, 29 de abril de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Jairo Gómez*.- A este gobierno lo tiene acorralado una frivolidad espantosa, que asusta. Cuando las vacunas contra el covid-19 fueron una realidad, irresponsablemente le dijo al país que a finales de 2021 tendría inoculados a 35 millones de colombianos; hoy, a ocho meses de que concluya el año, solo ha logrado aplicar un poco más de cuatro millones de dosis.
Su acción de gobierno, superficial y poco seria, es directamente proporcional a su equipo de gobierno. No entiende o nunca entendieron que somos un país pobre. Se vino el tercer pico de la pandemia y creció en los colombianos la inseguridad sobre una pronta y expedita vacunación. No hay biológicos y los que llegan son migajas que las farmacéuticas, a cuentas gotas, envían a los países pobres. Este presidente nunca comprendió que la masiva producción del fármaco, propiedad de las multinacionales farmacéuticas, estaba comprometida con los países de los cuales dependen sus inversiones multimillonarias para la investigación científica.
El escenario de hoy no es ficticio, el mismo gobierno se encargó de propiciarlo al privilegiar los prejuicios ideológicos por encima de salvar vidas. Me explico: Duque prefirió comenzar a negociar, tardíamente, las vacunas producidas en el eje occidental de “doctrina” capitalista y descabezó los biológicos, de entrada, de China y Rusia con el peregrino argumento de que esas vacunas no habían sido probadas científicamente.
Ahora, a ese prejuicio ideológico súmele una decisión que raya con la estupidez. Una empresa colombiana de productos cosméticos decidió comprar cinco millones 500 mil vacunas Sputnik V y no las puede comercializar porque dicen, desde la empresa, que el Invima, entidad que autoriza la licencia sanitaria, no ha querido aprobar este lote de biológicos que inmunizaría a más cinco millones de colombianos con el exótico argumento de que su eficacia, que se dice es del 92%, no ha sido probada. Una vacuna que ya se aplica en más de sesenta países en el mundo.
Absurdo que en pleno tercer pico de una pandemia que ha matado a más de 70 mil colombianos y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) atiborradas de enfermos por covid-19, el gobierno Duque no tomase medidas urgentes, sin miramientos de ninguna naturaleza para garantizarle, por lo menos, la vida a los colombianos de los estratos 1,2 y 3 que hoy, según el DANE, son los segmentos de la sociedad que más muertos han sumado a las estadísticas.
El Plan Nacional de Vacunación ha sido un fracaso. Duque, dedicado a la banalidad televisiva, nos engaña. Es un presidente ausente de compasión; que gobierna irracionalmente. Es una figurilla que carece de iniciativa propia y que actúa por inercia. Sólo a él se le ocurre embarcar a los colombianos en una reforma tributaria para matarlos no solo de covid-19, sino de hambre.
Como van las cosas, el hambre va a ser un problema incurable en la Silicon Valley latinoamericana. El mal manejo que Duque le dio a la pandemia profundizó la pobreza y la desigualdad. No hay trabajo y las cuentas siguen llegando mensualmente. El presidente y su mentor Álvaro Uribe, parecen no darse cuenta. Les importa un pepino la suerte de los colombianos.
Duque y Uribe nos montaron en el falso dilema de la vida o la economía y hoy el país no tiene ni economía ni vida, no solo por efectos de la pandemia sino por el sistemático asesinato de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, firmantes de la paz, indígenas, afros y campesinos. Sus territorios son lugares fantasmas a merced del narcotráfico y los terratenientes.
Por eso la marcha de hoy 28 de abril va más allá de la diabólica reforma tributaria, y está más que justificada. Es una protesta legítima contra la frívola y excluyente manera de gobernar de un presidente que privilegia privilegios, que hizo del secretismo la adquisición de vacunas para ¿direccionar contratos? Vaya usted a saber.
La frívola gestión de la pandemia no solo estimuló drásticamente los contagios, también el hambre: según el DANE un millón 700 mil familias no tienen las tres comidas diarias, es decir, cerca de siete millones 500 mil colombianos sobreviven en condiciones indignas. Mejor dicho, literalmente jodidos.
Bogotá, D. C, 29 de abril de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Robinson Castillo*.- La mayoría silenciosa sufre. El desplome del desempleo, ha golpeado de la peor forma a este estrato social. Y la crisis no cesa, la pandemia y sus diferentes y peores picos, ha empeorado la situación: cierre de negocios y desesperanza. Y hasta hambre.
Según la Encuesta Pulso Social del Dane, más de un millón 700 mil colombianos ya no consumen tres comidas al día. Los ingresos reducidos hasta el asombro, facturas de servicios públicos sin pausa, deudas con los bancos indolentes, recesión bestial. Es un desierto sin oasis. El desespero es irritante.
Y lo peor, la adolorida clase media no tiene quien la defienda. Ningún subsidio se acuerda de este segmento de la sociedad, la tregua de los bancos fue un gran engaño: “No hubo ningún alivio, hubo un congelamiento, aplazaron el pago de cuotas, cobrando los intereses de ese período sin bajar un peso, la gente terminó pagando más” reveló el senador David Barguil.
El malestar es profundo. El poder adquisitivo está menguado, el 51,7% de los jefes de hogar admite que su economía empeoró, según la encuesta del Dane. Un número de personas aún sin determinar, ha migrado a unas condiciones insospechadas. Esa sí es la verdadera bomba de tiempo. Y que no se les olvide, son los que más acuden a las urnas en tiempos de elecciones. Dato no menor, todo lo contrario.
Nadie quiere ser pobre. Pero los momentos actuales no permiten una reacción favorable para evitar que miles de familias, le digan adiós a la clase media. Es una presión tan brutal y cruel, difícil de soportar. Una cuarentena emocional.
El desarrollo, pero sobre todo el futuro de una nación, dependerá siempre del bienestar de su clase media. El eventual colapso de este estrato, es el equivalente a una tragedia nacional. El 95,4% no tiene planes de comprar auto nuevo o usado, dice también la Encuesta del Dane.
El sombrío panorama no es exclusivo de Colombia. América Latina concentra el mayor golpe a la clase media por efecto de la pandemia. La ONU estima que la mayor contracción de la economía en el mundo, es la que afrontan justamente las naciones latinas. Son muy malas noticias.
Por primera vez desde 1990, la clase media se contrajo, de acuerdo al más reciente informe del Banco Mundial, reveló que el 36% de los hogares sufrieron pérdidas de empleo y 2 de cada 3, vieron reducidos sus ingresos.
El pesimismo es otro estado de ánimo que crece. Siguiendo con la medición del Dane, el 45,1% de los hogares afirman que la situación económica no va a mejorar en los próximos 12 meses. Se pierde la fe.
La gran paradoja es que la clase alta se ha enriquecido aún más. La actual desigualdad no tiene precedentes recientes. El sálvese quien pueda, es por ahora, la única opción.
La pregunta incómoda
Al oído de la SuperFinanciera: ¿Bancos engañaron a millones de usuarios con los alivios y ustedes en silencio?
Bogotá, D. C, 29 de abril de 2021
*Comunicador Social-Periodista
José G. Hernández*.- Como lo hemos expresado en anterior columna, el aumento de los impuestos y la creación de nuevas contribuciones carecen de justificación -inclusive y con mayor razón en tiempos de crisis- si el Estado no ha sido austero, prudente en el gasto, cuidadoso en la destinación de los recursos públicos; si ha despilfarrado en burocracia, en asuntos de menor importancia como la imagen presidencial y la propaganda oficial, o en la que hemos dado en llamar “mermelada”, que no es sino una forma de comprar apoyos y votos. Porque semejante conducta no es leal con los contribuyentes, ni se compadece, en estos días, con el papel que deberían jugar los gobernantes en una situación tan difícil como la que vivimos a raíz de la pandemia del coronavirus.
Al momento de escribir estas líneas, el Gobierno no ha retirado el inequitativo y regresivo proyecto de ley de reforma tributaria, aunque está claro que desde el punto de vista político carece de respaldo -al menos eso han dicho los partidos políticos y muchos congresistas- y desde la perspectiva jurídica no tiene asidero en la Constitución.
No obstante, y quizá con el propósito de mostrar intención de austeridad, en el texto se propone que el Congreso confiera facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis meses para suprimir, fusionar, reestructurar y modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional; para disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional; para introducir las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades escindidas, suprimidas, fusionadas, reestructuradas, modificadas o disueltas en desarrollo de la misma habilitación legislativa, y para determinar la adscripción o la vinculación de las entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva en el orden nacional.
Algunas restricciones constitucionales para tener en cuenta:
El extenso título del proyecto enuncia muchos temas y el articulado, aunque su principal contenido es tributario, consagra una serie de reglas y normas sobre diferentes asuntos. Por tanto, no está siendo debidamente observada la disposición contemplada en el artículo 158 de la Constitución, a cuyo tenor “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella” (principio de unidad de materia), ni tampoco la regla de concordancia, prevista en el artículo 169 constitucional, según la cual “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”.
Por otra parte, interpretados de manera sistemática, los numerales 7 y 10 del artículo 150 constitucionales, no permiten la extensión indefinida e imprecisa de las facultades extraordinarias para trasladar al Gobierno, por vía general y en bloque, la atribución legislativa de establecer la estructura de la administración nacional. Y, además, en tiempo de paz, la Constitución radica en cabeza exclusiva del Congreso, no transferible por facultades extraordinarias, la atribución de modificar el presupuesto general de la Nación.
Bogotá, D. C, 28 de abril de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Adriana Matiz*.- Las circunstancias políticas, sobre todo las impuestas por factores externos a los proyectos, y rutas trazadas por el gobierno, en el mes de mayo presentarán ante la opinión nacional un país descuadernado y un panorama poco alentador, que servirá sin duda de caldo de cultivo para las animadversiones y malquerencia que de tiempo atrás arrastra el presidente Duque. Lo único que podría contrarrestar esto sería una campaña agresiva de información que por ahora no se ve.
Hoy un país habla de la reforma tributaria con rechazo categórico. Sin embargo, muy pocos saben a ciencia cierta su completo contenido con bondades y cargas que les permitieran tener una perspectiva más amplia para hacerse de forma sustentada una propia opinión. Los dictámenes se realizan desde las voces de oposición que juiciosamente trasmiten sus consideraciones a diario, o lo peor, lo que las redes sociales desde ejércitos de bodegas señalan muchas veces sin soporte alguno, pero con el morbo que vende.
Desafortunadamente para el gobierno eso ya fue suficiente para sentenciar por parte de la opinión pública el rechazo a la reforma y para mayor desgracia se vende a los ciudadanos la desconexión entre el país económico y el país nacional, cuando el Ministro de Hacienda como dicen los jóvenes “dio papaya” e incurrió en una imprecisión lógica de quien no compra huevos en la tienda, pero imperdonable cuando lo que se busca es la solidaridad de quienes si hacen ese tipo de compras, acabando de ser más impopular las reformas presentadas y mucho más quien las presentó.
Tal vez sería más serio el análisis ciudadano si se dijeran, concretamente, las consecuencias de la no aprobación de la reforma o una solución distinta para tapar ese enrome hueco fiscal que tiene el Estado.
En el tema de salud, y especialmente en la lucha contra el covid-19, la nube también se posó sobre el Plan Nacional de Vacunación, pues su acelerado inicio que logró la meta de 3 millones de dosis suministradas, prevé en el mes de mayo una frenada en seco en su avance pues no llegaron en abril, muy a pesar del esfuerzo hecho por el gobierno, el número de dosis que se esperaban. De los cinco millones de dosis pactadas para entrega, solo llegaron 1.5 millones.
De no presentarse un cambio drástico en el arribo al país de estas dosis, la etapa 3 de vacunación, que es donde está el grueso de la población productiva y de más riesgo, se va a aplazar, lo que es muy grave cuando el país entra en nuevas cuarentenas, restricciones y lo más preocupante el tercer pico de la pandemia.
Hay amenazas de gobernabilidad latentes, pero el silencio y la falta de información hacen que la opinión pública se haga a una idea con pocas bases oficiales, mayoritariamente nutrida por quienes están viendo esta coyuntura como una oportunidad política para acceder al poder o para reencaucharse, quienes con una dosis suficiente de populismo y demagogia empiezan a encaramarse en las encuestas como lo conocimos oportunamente esta semana.
Ibagué, 27 de abril de 2021
*Representante a la Cámara por el Tolima, Partido Conservador.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Las cifras hablan por sí solas. Los datos presentados por el ministro de Hacienda nos dicen que, de los cerca de $26 billones que se pretende recaudar con la reforma tributaria, $17 billones los aportarán las personas naturales y solo $3 billones saldrán de las empresas. La desproporción es evidente.
La defensa de esta chocante desproporción la encontramos en la exposición de motivos del proyecto de ley. Allí se nos dice que, en otros países, las personas naturales pagan en términos relativos mucho más impuestos que en Colombia al paso que las sociedades pagan mucho menos. Eso es cierto. Para el efecto, se citan abundantes datos de la OECD y de otros países. Lo afirmado se complementa con el argumento -repetido hasta el cansancio en la exposición de motivos- de que la ruta a seguir es continuar bajando la tasa impositiva de las sociedades y aumentar la de las personas naturales. Así se abarataría el costo del capital en Colombia con lo cual se generaría más empleo y productividad.
La discusión de este punto crucial habrá que darla en otra oportunidad. Tenemos que debatir (sin tragar entero, como recomendaba hacerlo el cofrade Palacio Rudas) si es acertado cargarle con tal rigor la mano a las personas naturales y tratar con semejante condescendencia a las sociedades. Esto es importante, pues se trata de la columna vertebral ideológica sobre la cual reposa el proyecto de ley que se acaba de presentar. Citar como fuente de autoridad irrefutable lo que sucede en la OECD resulta un argumento frágil: es evidente que el perfil socio económico de las personas naturales en Colombia (y mucho más después del empobrecimiento colectivo que les ha infringido la pandemia) no es el mismo que el que puedan tener los ciudadanos en el mundo desarrollado. Las personas naturales gozan allí de una red de seguridad social estatal envidiable, de la que estamos muy lejos de disponer en Colombia. No olvidemos que estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca.
Hoy quiero, sin embargo, referirme a otra faceta de la manera como la reforma propuesta castiga a las personas naturales (donde está el núcleo de la periclitante clase media que va quedando en Colombia) y el tratamiento benevolente ofrecido a las sociedades. Me refiero al feroz rasero que se utiliza en el proyecto para despojar a las personas naturales de las ventajas tributarias que aún le quedan. Al paso que cuando se trata de contribuyentes adinerados ese rasero se convierte en un amigable continuador de privilegios.
En la muy completa exposición de motivos podemos leer el listado de las ventajas tributarias que hoy benefician a las personas naturales y que con una podadora inclemente se propone eliminar. Pero se guarda silencio inexplicable sobre las grandes gabelas de que gozan los más pudientes.
Veamos.
Se propone eliminar, entre otros, los siguientes mecanismos: Los aportes a los seguros privados de pensiones; la posibilidad de deducir los ingresos que se reciban por concepto de cesantías; los aportes que se hagan a las cuentas de ahorros para la construcción de vivienda; la posibilidad de deducir los intereses pagados por préstamos para educación y para la adquisición de vivienda; se restringe la posibilidad de deducir por concepto de familiares dependientes; se elimina la deductibilidad por los pagos hechos por la adquisición de seguros de salud, entre otros.
Es decir, se acaba de un tajo con casi todas las ventajas de que aún gozan las personas naturales. Esto podría acaso defenderse si el rasero fuera igual al que se utiliza para los grandes capitales. Pero las cosas no son así. Se dejan intocadas las zonas francas que la comisión de expertos sobre beneficios tributarios había recomendado ir marchitando; se mantiene la costosa y elitista figura de los días sin IVA que beneficia principalmente a las grandes cadenas comerciales; se continúa con las irritantes gabelas para las llamadas “mega inversiones”; se mantiene el 50% de la costosa gabela de que gozan las empresas para deducir lo pagado por impuestos municipales en el llamado ICA. Se esquiva sibilinamente toda alusión a gravar las bebidas azucaradas. Y así por el estilo. Podríamos prolongar los ejemplos hasta el infinito: mano firme para las personas naturales y corazón grande para con las empresas.
Estamos, sin duda, frente a un revolcón con este proyecto de ley. Pero es un revolcón elitista.
Sería fatal que el Congreso archivara el proyecto de reforma tributaria por falta de mayorías, o por no haberlo consensuado suficientemente el gobierno cuando se preparó. Ello equivaldría a reconocer ausencia de gobernabilidad financiera en Colombia; sería pesimamente leído en el exterior; y hundiría el componente de política social que tanto se necesita en estos momentos. En editorial del pasado jueves este diario propuso una interesante fórmula para salvar los graves escollos que enfrenta el proyecto de reforma, y que pueden conducir inclusive a su muerte prematura. La fórmula consistente en abrir la reforma en dos proyectos de ley: uno que contendría el paquete social que no tiene dificultades insalvables para su pronta aprobación, y otro con los demás ingredientes contenciosos de la reforma en torno a los cuales se abriría un compás de concertación en el congreso. Debe intentarse una fórmula de este estilo antes de ir, por precipitud o intransigencia, a hundir el proyecto.
Bogotá, D. C, 27 de abril de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por: Martha Patricia Moreno Moreno*.- A veces tengo la sensación de que los periodistas, son como una especie de médium, que viajan en la metáfora de la cotidianidad, y no pueden evitar que, en su lógica perversa, se les dispare el undécimo mandamiento: Des~ confiar de sí mismo y del prójimo.
Como la leyenda de la reina del fuccia, una dama de altas campanillas, que supo consentir a sus partidarios con la elegancia de altos vuelos, y el blanco paréntesis de su sonrisa, pero que un día aciago, cuando paseaba con su pomposa cabalgata real, se le apareció un lacayo; el periodista que ella creía muerto, y quien, desde las emotivas barras, grito- ¡la reina va desnuda!
Ese grito lastimero, asfixio de ira justiciera a todo su sequito, quienes, como improvisados troncos, incitaron a la soberana a navegar de forma desconcentrada sobre la majestuosa corriente cristalina de la Norma Superior de la Constitución, pasándose por entre las líneas el Articulo 99, y se fueron a la deriva, sin esperar, sin obedecer, y de forma imprecisa por algún tiempo sobreaguaron, pero finalmente se ahogaron en las inhabilidades de la elección popular.
Los plebeyos con aire triste y dolorido, dijeron que no era su culpa, que cuando la reina metió su tímido piececito la aplaudieron, y que se entusiasmó con mayor oprobio para meter el otro pie, olvidándose del pandero y ¡zas! cayó sentada sobre el arroyo empañado de entuertos legales y muchos ríos de tinta. “Se cayó sola por intrépida”, como dijo el pertinaz periodista.
Para mi sobrecogida sospecha la reina del fuccia, va a coger el camino al resto de su vida, pero sus banderas nunca desperdiciarán el aturdimiento parroquiano, para mandar; pero yo, en vez de cometer la insolencia de juzgarla, prefiero fantasear con la ilusión de garrapatear desde una mirada provinciana, la caída de una soberana.
Glosa: La virtualidad nos volvió la vida más barata, ya no necesitamos corona, ni mucho menos zapatos.
Bogotá, D. C, 27 de abril de 2021
*Magister en educación- comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Un análisis completo sobre la reforma tributaria debe responder tres preguntas: ¿Se necesita? ¿Qué debe incluir? ¿Cuándo debe hacerse?.
Respecto de la primera no hay discusión: la coyuntura de la pandemia ha agrandado el hueco fiscal y se necesita recaudar ingresos adicionales. Eso sí, no se puede decir que se necesita para financiar los programas contra la pobreza y la desigualdad, porque estos no pueden ser la cenicienta del gasto público y si no hay impuestos nuevos hay que recortar otros gastos inútiles del Estado.
En cuanto a su contenido, hay consenso sobre la necesidad de una reforma estructural para que el régimen tributario cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia. Esto quiere decir que se eliminen exenciones, que las rentas de capital de las personas naturales paguen más y que se disminuya la evasión y la elusión.
La tercera es más complicada, porque el gobierno enfrenta la presión de los mercados financieros para reducir el déficit fiscal, pero por otro lado el mismo presidente Duque dijo hace unos meses que hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia era suicida, porque subir impuestos reduce la demanda agregada.
El presidente tiene razón, salvo en un caso específico, que se conoce como el “multiplicador del presupuesto balanceado”. Es “balanceado” porque ocurre cuando el gobierno sube los impuestos y aumenta el gasto en la misma cantidad, y no se disminuye la demanda agregada. Por el contrario se aumenta, porque para pagar los impuestos los particulares disminuyen su consumo pero también sus ahorros, de manera que el aumento del gasto público es mayor que la disminución del consumo privado. Por eso hay un multiplicador que estimula el crecimiento y el empleo.
La mala noticia es que ese no es el caso con el actual proyecto, y si se va a producir el suicidio pronosticado por el presidente. Según el Ministerio de Hacienda, la reforma aspira a recaudar $23.4 billones, pero el aumento del gasto será solo de $7.2 billones: $4.6 billones para el Ingreso Solidario, $1.8 billones para devolución del IVA y $0.8 billones para otros programas y subsidios.
El resto del nuevo recaudo se dedicará a reducir el déficit fiscal y la deuda pública, objetivos necesarios pero no en medio de la aguda recesión económica que ha generado la pandemia y su manejo. Tal como está planteada esta reforma frenará la recuperación y aumentará el desempleo; por eso no es oportuna y debe aplazarse, sin que eso implique que se deba aplazar un programa de ingreso mínimo garantizado para los pobres y vulnerables
De todas maneras es urgente aumentar ya los ingresos del fisco, pero hay otras alternativas para hacerlo que afectan mucho menos la demanda, como la propuesta del presidente de la Andi de suspender los beneficios tributarios creados en la reforma de 2019, el Iva a las transacciones de finca raíz, y otros que analizaré en otra ocasión
Cali, 26 de abril de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Según sentenció Nicolás Maquiavelo nunca se debe desperdiciar la oportunidad que ofrece una buena crisis, coincidiendo con el proverbio chino según el cual en el corazón de cada crisis se esconde una gran oportunidad. Lo traigo a colación para significar que el gran apagón que sufrió el país entre los años 1992 y 1993, que sumió al sector eléctrico del país en su más profunda crisis, fue la oportunidad para darle un revolcón a su estructura y funcionamiento. Este fue el origen de la Ley Eléctrica 143 de 1994, gracias a la cual el sistema eléctrico del país ha ganado en confiabilidad y firmeza. Aunque la Ley fijó un plazo de 20 años para alcanzar la cobertura universal de la prestación de este servicio esencial, esta es la hora que, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, 500.000 hogares carecen del mismo.
Posteriormente se expidieron las leyes 697 de 2001, que propenden por el uso racional y eficiente de la energía y la Ley 1715 de 2014, la cual, además de estimular la generación y el uso de energía a partir de fuentes no convencionales, incentiva y promueve la eficiencia energética, las cuales la complementan.
El Sistema Interconectado Nacional cuenta con 90 generadores de energía, entre centrales hídricas, que participan con el 68.2% de la capacidad instalada de generación, unidades térmicas a gas y carbón, que participan con el 29.8%% y plantas solares, eólicas, cogeneradores y autogeneradores, que participan con el 2% restante. 15 empresas transportan la energía a través de 27.459 kilómetros de redes de transmisión nacional y regional a 230 y 500 KV de tensión, amén de 39 operadores de red y de transmisión regional.
Pero sólo 11 años después de expedida la Ley eléctrica, mediante el Decreto 848 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía se dio un paso fundamental para garantizar, como lo manda la Ley eléctrica, la prestación del servicio con calidad, eficiencia y continuidad, al crear la empresa XM, para esta asumiera la responsabilidad de operar y administrar el mercado eléctrico, en momentos en los que este había alcanzado su madurez. Dicha empresa nace como filial de ISA, que para aquel entonces tenía el monopolio del transporte de energía del país. Durante los 15 años cumplidos de XM, el sector eléctrico no ha parado de crecer: la capacidad instalada de generación pasó de 13.348 MW de potencia a los 17.462 MW. Entre tanto la demanda creció desde los 50.430 GWH a los 71.925 GWH.
Aquí hagamos una digresión para resaltar el hecho que, con antelación, la Ley eléctrica había facultado al ejecutivo para modificar el objeto social de ISA, así como la creación de una empresa de economía mixta (ISAGEN), la cual asumiría el control y manejo de los activos de generación que se escindieron de ISA. Para darle desarrollo a lo dispuesto por la Ley se expidió el Decreto 1521 de 1994, concretándose su constitución el 4 de abril de 1995, fecha esta en la que se firmó la escritura de escisión. A partir de entonces ISA se concentra en la actividad de transporte de energía y deja de lado la generación.
Al tener bajo su responsabilidad la administración y operación del mercado eléctrico, XM asumió también el control, la supervisión y el monitoreo permanente de todo el engranaje del Sistema, sirviendo de articulador e integrador de todos los agentes del mercado, constituyéndose en el eslabón que jalona la cadena. Desde luego, para cumplir su rol, XM se debe ceñir a la regulación y al reglamento que para tal efecto ha expedido la CREG.
Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia figura en el top 10 a nivel mundial y encabeza Latinoamérica por su posicionamiento en el Índice Global de Desempeño de Arquitectura de Energía. Ello se debe tanto al marco normativo y regulatorio como al arreglo institucional, en el cual XM cumple una función muy relevante. Ello explica en gran medida la mayor resiliencia del Sistema eléctrico del país, al punto que ha podido sortear con éxito tres eventos de climatología extrema a causa del fenómeno del Niño, espantando el fantasma del racionamiento del servicio de energía. Gracias a las alertas tempranas emitidas por parte de XM se pudieron conjurar sus amagos recientes y la región Caribe se libró de un apagón.
XM tiene por delante el reto que le impone la Transición energética en la que está empeñado el país, para integrar las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a su matriz energética, la cual viene aparejada con la modernización y digitalización de todos los procesos inherentes a la operación del Sistema eléctrico. Ello se habrá de traducir en el mayor y mejor uso de herramientas tan imprescindibles en la nueva normalidad del sector como la Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos para registrar, procesar y analizar en tiempo real, el cúmulo de datos que a diario genera la operación del Sistema y de esta manera tomar las mejores y más oportunas decisiones.
Cabe advertir que XM se rige actualmente por un régimen corporativo, que garantiza su independencia y manejo técnico e imparcial por parte de sus directivas, encabezadas por su Gerente Nohemí Arboleda Arango, de los cuales da buena cuenta la excelencia de su desempeño y el reconocimiento por parte del sector.
Santa Marta, abril 24 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por Jorge Enrique Robledo*.- Hubiera sido mejor equivocarnos. Pero lamentablemente, tuvimos razón quienes hace un año advertimos que Colombia iba a estar entre los países a los que les iba a ir peor con una pandemia que provocaría grandes cifras de enfermos y muertos, al igual que graves daños económicos y sociales, en cada país y en el mundo, incluso superiores a los de la crisis iniciada en 1929. Y se confirmó que Iván Duque y la clase política que lo respalda no acertarían en las medidas que debían tomarse.
A la vista quedaron las notorias fallas del sistema de salud en la atención a los pacientes, las políticas oficiales contra las IPS públicas y privadas y el escandaloso maltrato a los trabajadores de la salud, quienes, con ejemplar patriotismo y espíritu de sacrificio, han hecho inmensos esfuerzos para suplir las muchas deficiencias de una organización diseñada para priorizar las ganancias de las EPS sobre las salud de los colombianos, al manejar los recursos públicos de la UPC –46,6 billones de pesos anuales– como si fueran de su propiedad. Además, el duquismo tramita la Ley 010, que empeorará el sistema de salud, como lo han denunciado diferentes agremiaciones del sector.
La vida ratificó asimismo los efectos negativos de tratar las vacunas como otro negocio más. Porque en el mundo aumentan quienes se enferman y mueren no por falta de conocimientos científicos, sino porque las potencias económicas, al servicio de la extrema codicia de las Big Pharma, se han negado a utilizar las cláusulas de la propia Organización Mundial del Comercio que permiten darles el trato de bienes públicos, para poder producirlas en cantidades suficientes y a costos menores.
Tan leonino es lo impuesto en vacunas por las trasnacionales que, temerosos de dar la cara y con la complicidad de los duques de todas partes, ocultaron los textos leoninos de los contratos. Y Colombia fue de los países que empezó a vacunar más tarde, pero es probable que sí quede entre los primeros en hacerlo con la mayor lentitud, incapacidad que no me alegra porque la evidencia demuestra que esa es un arma poderosa contra el coronavirus.
Mas lo peor, porque está en la base de todo lo que tan mal funciona en el mundo y en Colombia, fue que se confirmó que no era cierto que el neoliberalismo había muerto, que sus promotores renunciarían a sus concepciones, a pesar de que las tantas lacras sociales destapadas por la crisis demuestran una globalización de países ganadores y perdedores, con Colombia entre estos últimos, víctimas de un modelo económico tan regresivo que ni siquiera les permite darles empleo productivo a sus naciones, condenándonos al desempleo y a una economía de mercado subdesarrollada y pobre, exceptuando a pequeñas porciones de sus territorios y actividades, en las que nos movemos una parte muy menor de sus habitantes.
Si Colombia fuera Alemania u otro de los países capitalistas desarrollados, Duque y Carrasquilla propondrían más cambios en la orientación económica y social del país. Pero no. Insisten en lo mismo que ha fracasado, porque a ellos –a la alta burocracia estatal, a la clase política y al puñado que favorecen– sí les va muy bien, en medio del océano de desempleados y pobres y de clases medias y empresarios que no progresan como podrían progresar. Cada día se confirma la aguda frase del ingeniero australiano que dijo: “Colombia progresa en las noches; cuando los gobiernos duermen”.
La reforma tributaria confirma el mal gobierno. Porque al sacarles 27,3 billones de pesos a los pobres y a las clases medias no solo los maltratan aún más. También debilita la economía al reducir la capacidad de compra y de venta del país. Al agro lo golpea por partida doble: al encarecerle sus productos y promover mayores importaciones de alimentos. Tras la falacia de presentarlo como “verde”, un alto impuesto al carbón térmico le encarece sus productos a la industria, lo que facilita importar y contrabandear.
Coletilla: entre los demócratas cayó muy bien que el Consejo Nacional Electoral, con estricto apego a la Ley 1475 (Art.14), le reconociera personería jurídica a DIGNIDAD, partido que defiende los intereses de los sectores populares, clases medias y empresarios que promueven el progreso del país. DIGNIDAD respalda además el gran proyecto unitario de la Coalición por la Esperanza 2022 que promovemos con Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Ángela Robledo, Juan Fernando Cristo y la Alianza Verde. Bienvenidos los colombianos y colombianas que desean el auténtico progreso del país.
Bogotá, D. C, 25 de abril de 2021.
*Senador Partido Dignidad
@JERobledo
