Opinión
Por Paloma Valencia*.- Cómo duele ver a nuestro país paralizado, lleno de bloqueos, de violencia, de indignación, de furia, de odio. Es la síntesis expresiva de muchos males que nos aquejan: el bajo estado de ánimo en el que nos sumió la pandemia, la crisis de la democracia representativa y la polarización política que parece haber hecho definitiva la fractura de la nación en dos grupos.
La pandemia nos cambió a todos; han sido tiempos extraños y difíciles. Los estudios hablan de los profundos y silenciosos efectos del miedo y la ansiedad sobre nuestra psiquis.
A esto, hay que sumarle la aguda crisis que atraviesa la representación democrática. La ciudadanía, para bien, se ha sentido empoderada con las redes sociales. Quieren participar, opinar, tomar las decisiones. Sin embargo, esto supone un difícil reto para los representantes elegidos por la democracia. Quienes antes eran delegatarios de la confianza y expresaban la voluntad popular; hoy son solo credenciales para muchos poco significativas. Habría que reflexionar en torno a hacia donde van las democracias con la exuberancia de los estados de opinión. Si dejaremos de elegir “representantes del pueblo” para remplazarlos por sondeos de opinión que permitan determinar cuál es la mayoría para cada decisión; o si respetaremos esas delegaciones que hemos dado con nuestro voto, por los períodos acordados.
Lo más preocupante ha sido la trivialización de la política pública. Las dificultades de transformación o de solución de los problemas sociales se han resuelto con la simpleza de decir que el gobernante es inepto o no quiere. La complejidad de la política pública se resolvió con una frase de cajón: es un tema de voluntad política.
Y otra vez el país se parte en dos. Unos que vemos los desmanes, los bloqueos y la quiebra de nuestra economía, el temor, la inseguridad y el peligro de la debilidad estatal. Otros que ven exceso de fuerza y autoritarismo en el gobierno y miles de razones para estar indignado y protestar. Podríamos pasarnos varios días debatiendo sin ponernos de acuerdo.
Tal vez convenga hacer una pausa, renunciar por un momento a “la verdad”. Podríamos pensar en aquello que todos los colombianos pretendemos.
Importa que nuestro país tiene el 42% de ciudadanos en la pobreza, que estamos endeudados en un 64% del PIB. Lo cierto es que necesitamos recursos. El desempleo rampante, miles de empresas quebradas y quebrándose nos exige acelerar la reactivación. La ciudadanía requiere trabajo, los empresarios crédito y mercado. En este paro estamos caminando en el sentido contrario: más empresas se quiebran, la reactivación se dilata, crece el desempleo y perdemos recursos.... Siempre es momento para protestar, pero hoy más que nunca debía ser de manera pacífica, organizada, sin causar ningún daño. Por supuesto, hoy como todos los días, también debemos respaldar a nuestra fuerza pública, cuyo sacrificio es y ha sido fundamental para nuestra democracia; y por supuesto aspirar al respeto a los derechos humanos.
Tal vez, podría ser que, por esta vez, quienes están a favor del paro sean los voceros más enérgicos contra el vandalismo, los bloqueos y los saqueos. Podría suceder que su voz sea mejor para calmar los ánimos y transformar la protesta en una manifestación pacífica que respete los derechos a la seguridad, la propiedad y a la participación en el mercado. Podría ser que sean ellos quienes se esfuercen para recuperar el respeto hacia nuestros policías y soldados, que sean ellos quienes les agradezcan. Estamos, desde este lado, nosotros dispuestos a pedir respeto por los derechos humanos, cuidar la manifestación pacífica y a cada uno de los protestantes. Nos encargaríamos de pedir oídos para las propuestas, de ser oídos, de tratar de construir con todos. Tal vez, lograríamos sosegar los ánimos. Tal vez, escucharnos un poco. Tal vez estar unidos por Colombia, que es al fin y al cabo, nuestro terruño.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Gabriel Ortiz*.- Cuántos muertos, heridos y desaparecidos, cuántas pérdidas materiales, cuántos destrozos, cuántas ilusiones, nos ha costado la voracidad de un descarriado ministro, al que no logró domar o controlar el presidente Duque. Carrasquilla, alineado por Uribe en la titular de este gobierno, debe estar disfrutando de su felonía en cualquier paraíso fiscal, mientras el país arde en medio del caos.
Policías armados y soldados equipados y en pié de guerra, violaron todos los derechos humanos. La Onu, Estados Unidos, la Unión Europea y la Prensa internacional, repudiaron la actuación oficial y la de vándalos que sembraron el terror durante ocho días. Un twitter del eterno, ordenó a Duque atacar a la población que salía a las calles, impulsada por la extrema pobreza, el hambre y la desesperanza.
Nadie ha entendido la terquedad de un presidente que, deslumbrado por un pésimo ministro, desoyó las ofertas de los más adinerados que ofrecieron asumir buena parte de lo que produciría una reforma tributaria. Carrasquilla quería esquilmar a todo el que se le atravesara. Pretendía recaudar 30 billones, comprar aviones y derrochar dinero, sin explicación alguna. El presidente, entre tanto, se dedicaba a jugar a la TV y a contratar tardíamente las vacunas contra el covid-19, cosa que nos impidió lograr tempranamente la inmunidad de rebaño, e iniciar la recuperación del país.
Duque como buen monomaníaco y arrogante –tremenda mezcla- enfurecía cuando se le advertía sobre la ruta del desastre que tomaba. ¿Qué será lo que quiere Duque?
El pueblo rebotado, salió a demostrarle que estaba equivocado, pero su soberbia, no le abrió los oídos. Fue dura la semana del 25 al 30, porque no admitió realizar una reunión con la dirigencia del país, con los jóvenes, con los trabajadores, con los partidos. Se le planteó un Acuerdo con un gabinete nacional, porque su poder se derrumbaba. “Retire la reforma”, le dijeron en todos los tonos, pero no escuchaba. El expresidente Santos, el Premio Nobel, se ofreció como mediador, pero de él no se puede ni siquiera balbucear su nombre. Otro tanto hizo Ernesto Samper.
El 25 de abril, aún era tiempo de evitar la catástrofe, pero Duque solo hablaba de reloj cuando se refería a los minutos contados de Maduro.
Como es costumbre, se encerró con su verdad, su altivez y sus desaciertos, mientras las gentes escogían, entre morir a bala o de hambre. Los ánimos ardían, porque el gobierno no escuchaba. Los corrillos se fueron conformando espontáneamente, antes de un paro que se había programado para el 28. Y ahí empezó todo. ¡Ardió el país! Y se descubrió que solo se necesitaban 14 billones, que saldrían de los más adinerados. Hoy nadie sabe a dónde vamos a parar. ¡Duque no escucha, pero la calle se hace sentir!
BLANCO: Estados Unidos liberó patentes de vacunas anticovid. Colombia podría producirlas.
NEGRO: La carestía que castiga a los más pobres.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2021
*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Lorena Rubiano.- Nos duele en el alma lo que está sucediendo en nuestra querida patria. Como campesina boyacense, desde mi terruño, refugiada en la molienda de caña para producir panela, veo, escucho y analizo con asombro lo que nos está pasando.
Y no es solo culpa del presidente Iván Duque, por su prepotencia, sino que esta grave situación incluye a sus asesores inmediatos, a los ministros, que no previeron el daño ni calcularon los efectos de la reforma tributaria y no supieron manejar la situación en sus momentos más críticos.
Desconocieron por completo la fuerza de la protesta social, la capacidad de la oposición para manejar y liderar manifestaciones a lo largo y ancho del país.
Y sin lugar a duda aflora en estos momentos el torpe manejo que le han dado a la situación con el vecino país de Venezuela. Nos está saliendo muy caro la invitación del gobierno a que todos los venezolanos cruzaran la frontera porque aquí contarían con salud, vivienda educación y empleo.
Convencidos de que con esa actitud lideraban el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
Y les salió el tiro por la culata. El señor Diosdado Cabello respondió a la injerencia en los asuntos internos de su país, diciendo que la guerra no iba a ser en Venezuela, sino en territorio colombiano, cobrándonos así el famoso concierto en la frontera, donde afirmaron que las horas del mandatario venezolano estaban contadas.
Tarde se va a hacer el control a los millones de inmigrantes del vecino país. Claro que hay gente y empresarios de alto nivel, pero el resto son los vándalos que estamos viendo en las calles de ciudades colombianas.
El palo no está para cucharas. Nos unimos en una gran alianza por Colombia o podemos estar ingresando a un túnel de violencia insospechado.
Alejando Gaviria, rector de la Universidad de Los Andes, manifestó su preocupación así: "Hay que parar la violencia. Esta locura de destrucción y muerte no tiene sentido. Tenemos que ser capaces como sociedad (todos) de decir no más a la violencia (venga de donde venga). Vamos hacia la autodestrucción".
Clara y concisa advertencia: Unidad con todos los sectores.
Es urgente buscar acuerdos nacionales y ya se realizó la primera reunión entre las instituciones del Estado, representantes de los gremios económicos y productivos, universidades, gobernadores y alcaldes, para discutir la 'Agenda', con la que se buscan acuerdos frente al paro nacional y siguen las altas cortes, líderes del paro y demás sectores de la sociedad civil.
En un comunicado hicieron un llamado para poner fin a los actos de violencia, reiteraron su respeto por el derecho a la protesta, a las manifestaciones, pero pacíficas, sin terror.
Carlos Vives invitó a “sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía. Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles”.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2021
Por José G. Hernández*.- En los últimos tiempos ha hecho carrera la equivocada idea según la cual basta dictar una norma -bien sea constitucional, legal o administrativa- para que, por sí sola, al conjuro de su sola expedición, genere mágicos efectos reales, modifique hechos y situaciones, corrija conductas y produzca los resultados queridos por el órgano que la puso en vigencia. Como si no fuera menester su concreción en conductas.
En cuanto -por naturaleza- las disposiciones que conforman el orden jurídico mandan, prohíben o permiten, su cristalización práctica se refleja en términos de comportamientos por parte de sujetos pasivos que cumplen o incumplen sus prescripciones, con las consecuencias que las mismas normas prevén. No olvidemos la coercibilidad que a ellas es inherente.
Pensemos en lo ocurrido durante las masivas protestas contra la proyectada reforma tributaria, las cuales se llevaron a cabo pese a los peligros de contagio de covid-19.
Más allá del debate sobre la reforma, cuyo proyecto -maltrecho y sin futuro- fue tardíamente retirado por orden presidencial -que, si hubiese sido oportuna, quizá habría evitado muchas muertes, contagios y daños-, cabe recordar normas dictadas por el actual gobierno que se quedaron dictadas e incumplidas.
Como se recordará, una sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia había ordenado al Gobierno, en septiembre de 2020, expedir un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, con miras a la efectiva protección del derecho fundamental a la protesta pacífica. El Estatuto se expidió por Decreto 003 del 5 de enero de 2021, y entre sus disposiciones encontramos:
Según el artículo 3, las actuaciones de las autoridades de policía en las manifestaciones públicas deberían observar principios como: obedecer a órdenes de los gobernadores y alcaldes como primeras autoridades de policía; garantía de respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales; enfoque diferencial a favor de personas como los menores de edad; legalidad; necesidad; proporcionalidad; uso de la fuerza como último recurso, supeditado al marco constitucional, legal y reglamentario; prevención; igualdad y no discriminación; no estigmatización; previo diálogo y mediación; disuasión.
El artículo 3-b ordenó: "Toda intervención de las autoridades deberá estar encaminada a garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. El ejercicio de estos derechos es determinante en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo".
El 16 estableció: “Las autoridades administrativas y de policía, a través de las mesas de coordinación, deberán mantener permanente diálogo con las organizaciones de Derechos Humanos, que realizan la función de observación en las manifestaciones públicas y pacíficas, como garantes de la sociedad civil del derecho a la protesta”.
El 35 dispuso: "El personal uniformado de la Policía Nacional, que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas, no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio".
Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y en el futuro los jueces, y el Congreso -en ejercicio del control político- deben verificar si todo eso se cumplió, o si el Decreto se quedó escrito y firmado, sin que se haya cumplido, con dolorosos efectos en materia de Derechos Humanos.
Bogotá, D. C, 6 de mayo de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Jairo Gómez*.- El facilismo de los medios de comunicación se resume en una palabra: vandalismo. Nunca van más allá. No se contextualiza la inconformidad y el resentimiento social como una manifestación legítima cuando la gente siente que sus expectativas no avanzan, retroceden. Y el aparato represor del Estado -Policía y Ejército- lo justifican en aras de la seguridad y la supuesta convivencia que propician.
No es de ahora, desde muchas décadas atrás ese derecho a la protesta que con sangre y sacrificio logró conquistar el pueblo (porque antes de la constitución del 91 todo paro o manifestación era ilegal) le ha valido para evidenciar las injustas decisiones políticas, económicas y sociales contra los intereses de los más desposeídos. Desde esas épocas manifestantes, policías y soldados han terminado en refriegas y a veces en matanzas como aquella jornada de protesta en mayo de 1984, gobierno Betancur, cuando cerca de 15 estudiantes de la Universidad Nacional fueron asesinados y los medios del establecimiento callaron.
Eran protestas infiltradas, siempre lo han sido. En esas épocas no solo por agentes del Estado -DAS e inteligencia militar- sino por la guerrilla de todos los pelambres. Sin embargo, el pueblo, que es a la final el más afectado, nunca se ha dejado amedrentar. Porque cuando las necesidades apremian, las oportunidades no existen y como si se tratara de un mandato divino le dicen “naciste pobre y morirás pobre”, entonces busca otras alternativas para encontrar la emancipación.
Reacio a armarse y no dejarse tentar por los constantes llamados de los grupos ilegales a tomar las armas, el pueblo encontró en la protesta social el escudo señalado por la constitución para expresar su inconformidad pese a los cientos de miles de muertos y sangre que ha dejado en las calles, su campo de “batalla”. Y es ahí, en la calle, donde su lucha, transparente y legítima, deriva en la petición justa de que el derecho al trasplante de un hígado o de un riñón nada tenga que ver con la cuenta bancaria.
Cuando la constitución del 91 -el 4 de julio cumple 30 años de vida- estableció que la protesta y la manifestación es un derecho fundamental, los gobiernos han hecho todos los esfuerzos para satanizarla y limitarla. El más sobresaliente enemigo de ese derecho fue la política de la Seguridad Democrática de corte fascista del expresidente Uribe, a la cual le colgó los tres huevitos para matizarla un poco.
Pues bien ese derecho fundamental está dando sus frutos. Tuvo que madurarse durante tres o cuatro generaciones para que la gente hoy haya conquistado un gran espacio para salir del analfabetismo político en que nos formó este pérfido establecimiento, en complicidad con los grandes medios de comunicación. Hoy estos jóvenes, verdaderos gladiadores de la resistencia, saben que pese a la bala y el bolillo que han tenido que mamarse, valió la pena.
Por eso es que para quitarle prevalencia al contenido de las manifestaciones o protesta social, solo se destaca el vandalismo de manera literal. Ver en la televisión, La radio y la prensa escrita el tratamiento que le dan a las protestas y las imágenes, sin contexto alguno, es satanizar el mensaje. Claro que una acción contra un establecimiento bancario, por ejemplo, o contra un servicio “público” de transporte privatizado, lleva un anuncio implícito que no se debe demeritar. Es tal la desfachatez de los medios que uno de sus aclamados periodistas le dijo al indígena que derribar la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar era una “manera de ver la vida en blanco y negro”.
Cuando en una protesta legítima los jóvenes esgrimen el mensaje “no queremos que hagan con nosotros lo que hicieron con nuestros padres”, tiene la carga profunda de un cambio que va más allá de los postulados ideológicos de izquierda o derecha; es una frase que recoge la inconformidad del pasado, la angustia del presente y la incertidumbre del futuro. La movilización va más allá de tumbar una reforma tributaria. Es la expresión de una sociedad cambiante que quiere borrar de los anales del establecimiento el derecho exclusivo que se arrogaron para gobernar. Esta nueva sociedad les está diciendo rompamos con ese maldito clasismo.
Por eso estos Gladiadores de la Resistencia que son los millones de muchachos excluidos que le ponen el pecho a Uribe, Duque y su banda uniformada están sembrando el mensaje de que Colombia cambió y no es más el paraíso de quienes siguen haciendo del país impunidad para atemorizar a su gente y sacar provecho de la profunda desigualdad que han generado: 21 millones de colombianos viviendo en condiciones de pobreza.
(Es un homenaje a esos cerca de 30 muchachos asesinados por la policía desde el pasado 28 de abril por haber ejercido el derecho de levantar la voz).
Bogotá, D. E, 6 de mayo de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Víctor G. Ricardo*.- La designación de José Manuel Restrepo como Ministro de Hacienda y Crédito Público es una acertada decisión del Presidente de la República Iván Duque, en medio de la gran crisis que estamos viviendo.
Uno de los principales motivos de la situación a la que nos estamos enfrentando fue el proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó a consideración del Congreso de la República y que tanto malestar social ha producido, a punto que el Presidente resolvió retirar la iniciativa para conciliar con las fuerzas políticas, sociales y económicas un nuevo texto, con una cobertura diferente al proyecto inicial, frente al cual en una columna anterior yo di mi opinión y manifesté mi preocupación de lo que algunas de sus propuestas representaban. Afortunadamente, ya el gobierno ha decidido retirar esta reforma, pero el país está viviendo momentos muy difíciles.
El nombramiento del nuevo Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, representa una señal clara y contundente de tranquilidad a los mercados, al sector empresarial y a la ciudadanía en general, por la trayectoria de Estado y las condiciones profesionales y personales del Ministro.
Para empezar, el Dr. Restrepo es un hombre de academia y por lo tanto de un gran rigor técnico en todo lo que emprende. Conocemos su sólida formación como economista, su vocación como docente y el liderazgo que ha ejercido en distintos claustros académicos como Rector, entre los que se encuentran la Universidad del Rosario, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. En todas estas instituciones hizo grandes aportes para su desarrollo y crecimiento, como también en el mejoramiento de su nivel profesional.
Además de su rigor técnico, el ministro Restrepo se ha destacado como un importante analista económico y gran promotor de políticas públicas en beneficio del país. Desde su posición como Ministro de Comercio, Industria y Turismo promovió como ninguno otro el emprendimiento, la transformación productiva, la internacionalización de las empresas y el compromiso social del sector privado como actor fundamental de la sociedad. En todos estos frentes hemos sido testigos de su visión de Estado y de su gran capacidad de concertación, elemento este último que resulta fundamental para liderar la nueva cartera que se le ha encomendado.
Asume el Ministerio en un ambiente y clima social muy difícil, pero estamos seguros que sus magníficas cualidades de ser humano, su capacidad de relacionamiento, sus conocimientos, capacidad de liderazgo y visión de Estado serán prenda de garantía para que su trabajo siempre este enmarcado en los consensos y mejores soluciones para el país.
El país necesita que todos como sociedad entendamos las repercusiones que tienen los aspectos tributarios en los trabajadores, empleados, empresarios y el buen desarrollo de la nación, y que bajo un gran proyecto de unidad nacional, liderado por el Presidente de la República, lleguemos a un acuerdo que permita superar los problemas fiscales de la Nación, teniendo en cuenta sus repercusiones y los mejores intereses de los Colombianos. En esta gran e importante tarea el Gobierno Nacional, los empresarios y la sociedad civil tenemos en el ministro Restrepo un gran coequipero.
Bogotá, D. C, 6 de mayo de 2021
*Excomisionado de Paz.
Por Guillermo García Realpe*.- El mundo celebró el Día Internacional del Trabajo bajo unas circunstancias totalmente anormales, adversas y fuera de serie como nunca antes ninguna nación las había vivido. La pandemia y su crisis derivada por el covid-19, puso al planeta entero literalmente, contra las cuerdas.
Hoy los aparatos productivos, la empleabilidad, la fuerza laboral de los países están en cuidados intensivos y no hay oxígeno que alcance para reanimarlas, porque cada vez la pandemia avanza con más fuerza por más esfuerzos que se hagan.
En ese orden de ideas, Colombia es un paciente en estado crítico, somos el quinto país con la tasa de mortalidad más alta del globo, solo superados por India, Brasil, Estados Unidos y Polonia, incluso, estamos por encima de México, una nación que enfrenta duramente la arremetida del virus.
Cuando el mundo ya supera los 150 millones de contagios con unas cifras que alcanzan más de los tres millones 200 mil muertos y que, para el caso de Colombia, lastimosamente ya tenemos más de 73 mil decesos, el panorama es totalmente crítico por donde se le mire, bien sea; en el plano económico, social y desde luego de salud. Hoy están colapsados los hospitales de todo el país, no hay cama para tanta gente, las Unidades de Cuidados Intensivos están a tope y no hay una respuesta efectiva por parte del gobierno, que permita amainar la situación.
Ahora, sí analizamos el plano laboral, es mucho más complejo, los colombianos han perdido poder adquisitivo, a dos semanas de empezar la pandemia, ya muchos hogares habían agotado lo de sus ahorros de toda una vida, y por eso, aún vemos en muchas fachadas de barrios de pueblos y ciudades trapos rojos en señal de que están pasando serias dificultades económicas, lo que se traduce en hambre y más pobreza.
Pobreza que según el último informe del Departamento Nacional de Estadística -DANE-, aumentó durante el 2020 debido precisamente a la crisis desatada por la pandemia. Según ese organismo, la pobreza el año pasado llegó al 42,5 %, lo que significa que más de tres millones 550 mil colombianos ahora engrosan esa penosa cifra. Mientras que la pobreza extrema se ubicó en más del 15%, es decir, en ambas condiciones, tenemos entonces, un 57% de compatriotas sumidos en este grave flagelo. Una bomba social que aumentó la desigualdad, que nunca en la historia de Colombia la habíamos tenido.
En ese ranking de pobreza extrema monetaria están las personas que ganan menos de 145 mil pesos mensuales, es decir, en esa condición estaban cuatro millones 689 mil personas durante el 2019, pero en el año de la pandemia, la cifra subió y hoy se ubica en siete millones 470 mil personas, una situación sumamente precaria en la cual están sometidos hoy millones y millones de connacionales. En idéntico escenario, según el informe del DANE, en la capital del país el 40% de los bogotanos están en pobreza. Si esto pasa en plena capital del país, ¿se pueden imaginar al ciudadano promedio que habita la Colombia rural, profunda, marginal y excluida? Algo, sin duda desgarrador y más en medio de una pandemia.
Y es que, según el DANE, las personas en condición de pobreza pasaron de 17,4 millones en 2019, a 21,2 millones en 2020, es el aumento más grande en toda la historia de las mediciones de este flagelo social. Es decir, se tuvo un aumento de 6,8 puntos porcentuales alcanzando el 42,5%, convirtiendo al 2020 en el peor año de la última década, tal como lo reafirma un informe de El Espectador, que, a renglón seguido, asegura también que el coeficiente Gini (mecanismo utilizado para medir la desigualdad en los ingresos) llegó a 0,54, una cifra nunca antes vista en la historia de este indicador.
Esto amerita definitivamente emplear el Estado más a fondo, en defensa del sector social, de los pobres, con la Renta Básica Mensual, en respaldar el aparato productivo colombiano, renegociar Tratados de Libre Comercio para proteger el producto interno de los colombianos, fomentar el empleo nacional y recuperar las fuentes de trabajo. Asimismo, debe haber una lucha frontal contra la evasión, elusión, el contrabando y la corrupción que son los otros males que hoy tiene Colombia y que tanto daño les hacen a las finanzas públicas.
Por eso, estamos convencidos que no es momento para nuevas reformas tributarias que grave con más impuestos a los sectores populares, a la clase media y trabajadora, no es justo en un momento tan crítico arremeter desde el Estado contra la gente pobre del país. Por fortuna, la presión ciudadana y el pueblo unido tumbó esa nefasta Reforma Tributaria que tanto daño le hacía al bolsillo de la gente, en eso, nuestra posición siempre fue contundente, desde un principio le dijimos NO a esa y a todas las iniciativas que afecten la economía del pueblo colombiano.
Necesitamos en estos momentos a un gobierno que le dé la mano a los ciudadanos y a su gente, que los respalde en momentos de crisis, que no sea indolente y sí escuche el clamor popular, ya estamos cerca de esa transición, en la que el poder lo tenga alguien con sensibilidad social, que promueva las grandes reformas que necesitamos y que le dé un cambio de rumbo al país para enfrentar la grave crisis social y económica que viven los colombianos por estos tiempos.
Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía*. - Los hechos desbordan los relatos y las palabras. No nos queda a quien reclamarle, porque la sordera es la primera “respuesta” de la terquedad. Ni declaraciones, ni comunicados, ni movilizaciones y plantones, ni encuestas, mucho menos aún el vandalismo o el extremo de la indiferencia, el “non me ne frega niente” (no me importa nada) del italiano.
Vamos en un punto en el que sólo nos queda volvernos sobre nuestra propia libertad y acción. Solo nos quedan la fidelidad a valores y principios de vida y la disciplina social de la palabra, de romper cercos y prejuicios, de promover acuerdos de emergencia y de aplicación personal, doméstica, entre vecinos territoriales, gremios e instituciones.
Todo, con la cooperación en redes y medios. Y con la fuerza misteriosa y espiritual del Dios o del Ser Superior presente en la propia consciencia.
Se proclama a los cuatro vientos una “reforma tributaria”. Algo obtuso en su concepción, inoportuno en su concepto, inviable en su contexto.
Pero algo válido, paradójicamente, en la pretendida filosofía de “solidaridad sostenible”. Porque es lo único salvable, quizás, de ese lenguaje engañoso que reviste, exactamente lo contrario, la sostenibilidad del “status quo” en el desastroso esquema del gobierno actual. ¡Más sobre la teoría de la irrigación descendente del poder económico sobre la miseria de los excluidos! ¡Más de la “economía naranja” basada en el “exprimidor” y en los agregados de agua!
Lo que tendríamos que buscar es la solidaridad de quienes tienen el deber de pagar la gigantesca deuda social, empezando por la intervención que garantice sustento, territorio, techo, trabajo, especialmente el de economía familiar y de autoabastecimiento nacional. Nacionales y migrantes necesitan cobertura de “piso” y garantía legal de ingreso. Estado y privados tendrían que concertar una AUTORREFORMA en esa dirección.
Solo garantizando piso y sustento a todo hogar y hogar comunitario a todo destechado y hambreado, en un país lleno de baldíos, de latifundios y propiedades en el limbo de la “extinción”, de tierras suburbanas y extensiones remotas, se podría pensar en esta base o cimiento de sostenibilidad y de crecimiento sostenible, hacia condiciones dignas y pacíficas de vida.
La AUTORREFORMA es camino que no se mide en filigranas técnicas tributarias dentro del modelo injusto, sino en incluir a todos en la extensión de derechos y en la cobertura solidaria del bienestar básico.
Todos necesitamos ser invitados a la mesa social de una vida con dignidad y respeto, pactando en cada hogar y vecindad “la disciplina del diálogo”, el recurso a la palabra, el desarme físico y el desmonte de extorsión y amenaza, de “dictaduras” y fronteras de muerte.
Las reformas promovidas por el estado deberían ubicarse en este contexto de deuda social nacional, de grave emergencia para los más débiles, y de hacer pagar deudas como las de las acaparadoras EPS que quiebran el servicio de salud a los más pobres, en hospitales como El San Juan de Dios de Cali.
La pandemia puede convertirse en un “modo sistemático de vida”. Ya la violencia y las armas, el asesinato y la fuerza extorsiva, se convirtieron en sistemáticos, en “pandemia de desangre”, hemorragia de barbarie.
Quizás esta sea la última oportunidad para la humanidad y el planeta, en riesgo de desaparecer como biosfera que no encontró su equilibrio y armonía para mantener la vida. Desaparecer como género humano es ya, tristemente, una posibilidad a la vista.
Todas nuestras calculadoras de economía, de política, de globalización, de longevidad y apariencia, de seguridad privada e ideologías de seguridad nacional y totalitaria, de demografía y control migratorio, los cálculos de todos los sistemas e “ismos”, entraron en crisis.
La AUTORREFORMA y no unos ciclos de revueltas y vandalismo, que acelerarían la autodestrucción irracional de lo construido, que agudizan contradicciones y conflictos, es el camino que nos propone la vida y que coincide con el principio evangélico: “hagan con los demás lo que esperan que los demás hagan con cada uno de ustedes”.
Mayo es un mes que nos pone ante el trabajo y la vida, la salida acordada del conflicto insurgente y armado, la reconciliación, la familia, con la figura de la madre y del hogar de Nazaret, la educación y la necesidad más profunda de ser “hombres y mujeres con Espíritu Santo”.
Rescato el 2 de mayo, la memoria de Bojayá y del Cristo Mutilado, “El Santo Cristo Negro de Bojayá”, como lo llamó el Papa Francisco. Y el 3 de mayo, día tradicional de la Santa Cruz, para acordarnos de la no violencia, del perdón y la reconciliación.
A todos, hombres y mujeres, se nos conmueva el corazón y asumamos nuevas decisiones de vida, decisiones de AUTORREFORMA.
Cali 2 de mayo de 2021
* +Arzobispo de Cali
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Advertimos que pasaría …, y pasó. Los convocantes a las marchas no cedieron a los ruegos de epidemiólogos y autoridades de salud, ni a los de las iglesias y otros sectores; ni al sentido común, pues sabían que habría vandalismo criminal, como lo hubo y lo sigue habiendo mientras escribo; y sabían también que habrá contagios y habrá muertes, que empezaremos a llorar muy pronto.
En fin, no cedieron siquiera al mandato de un juez, que no prohibía, sino que ordenaba suspender las marchas; pero ellos se sienten por encima de la justicia, y lo triste, para el país y la justicia, es que, efectivamente, pasaron impunemente por encima de ella. Es la inconsecuencia del líder de la destrucción y el caos, que le reclama al Gobierno y se autoproclama respetuoso de la Ley, pero la sentencia del Tribunal de Cundinamarca le importó un maravedí, como diría mi abuela española.
Mientras tanto, un Gaviria vociferante agita el trapo rojo contra el Gobierno, pero calla sobre la desobediencia a la justicia, como callan el centro-santismo y Fajardo -¿será lo mismo?-, apoyando las marchas sin apoyarlas; rechazando el vandalismo porque toca, pues lo único que importa es desacreditar al Gobierno para competir con Petro por el papel de salvadores en 2022.
Hacia delante, más contagios y más muertos; quizás un cuarto pico, sin haber salido del tercero y con ciudades con ocupación de UCI superior al 90%. El comercio, que lucha por levantar cabeza, tendrá que recuperar los 230 mil millones perdidos en un solo día… y lo que falta. ¿Cuánto costará recuperar la infraestructura destrozada?, ¿cuánto los bloqueos que impiden la movilización de mercancías?, ¿cuánto perdieron las empresas por la inasistencia a trabajar a la que invitó Petro?
Esas cuentas, que no se han hecho y que pagaremos todos, son más inconsecuencia de Petro y compañía, que se oponen rabiosamente a la intención responsable del Gobierno de conseguir ingresos para los programas sociales y de preservación del empleo, pero su única propuesta es “apagar el incendio con gasolina”, con destrucción y bloqueo de la economía, cuando lo que el país necesita es solidaridad y reactivación.
Es la inconsecuencia demagógica de pedir y pedir, como si la plata se diera silvestre. Los recursos para programas sociales, con apoyo a la nómina hasta marzo e ingreso solidario hasta julio de 2021, que habrá que prorrogar, suman 20,8 billones; las vacunas costarán cerca de 3 billones y la aplicación otro tanto. ¿De dónde flores, si no hay jardines?
Si no quieren aglomeraciones, retiren la reforma, amenaza Petro, chantajeando con la salud y la vida de sus compatriotas, dejando salir al comandante Aureliano y su vena de guerrillero extorsionista. ¡Retírenla!, gritan a coro la izquierda, Roy, Benedetti y Cepeda, amenazando con “paro legislativo” ¡Lo que faltaba! ¡Retírenla!, repiten obedientes Velasco, Cristo y De la Calle, convertidos todos en extorsionistas políticos.
El debate no es en las redes, ni lanzando las gentes a la calle a todo riesgo, mientras agitan agazapados en sus casas. Su deber constitucional es darlo en el Congreso de la República; para eso los eligió el pueblo y para eso les pagamos. Negarse a hacerlo tiene un nombre: prevaricato por omisión.
La arenga incendiaria de retirar el proyecto solo busca doblegar al Gobierno, pero detrás de esa mezquina extorsión olvidan lo verdaderamente importante: Cómo auxiliar a los más pobres, que no estaban marchando ni vandalizando, cómo evitar que se pierdan más empleos, cómo sostener la educación pública gratuita, cómo reducir el contagio, cómo evitar que Colombia siga muriendo.
Nota Bene: abril 29: 505 muertos
Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Paloma Valencia*.- La reforma tributaria que presentó el gobierno tiene muchísimos aspectos inaceptables como eliminar las exenciones del sector agropecuario. Ni siquiera el Centro Democrático estaría dispuesto a acompañarlos. No puede haber IVA para los servicios públicos, ni para pensiones (excepto las que ya pagan). Tampoco subidas en los costos de computadores y celulares inteligentes de baja gama, o del internet cuando en la virtualidad el empleo y la educación dependen de ello. No pueden aparecer impuestos rosados que afectarían a las mujeres, especialmente a las jóvenes duramente golpeadas por la pandemia. No es el momento para gravar la clase media, ni mucho menos para excedernos en los cobros al sector productivo, entre otros.
Sin embargo, una reforma tributaria es necesaria. La necesitamos para poder financiar los programas sociales dedicados a atender la pobreza. La necesitamos para demostrar que Colombia tiene como pagar su deuda, que no tendrá crisis fiscal y por lo tanto, podamos mantener el grado de inversión.
Algunos dicen que no se requieren más subsidios. ¡La pobreza está en el 42%! ¿Sería capaz alguien en medio de esta pandemia, con este desempleo, de decirle a una familia pobre que no aspire a la solidaridad de su sociedad y su gobierno?
Otros dicen que no hay que preocuparse por el problema de la deuda, y que las calificadoras de riesgo no importan, que si perdemos el grado de inversión no es tan grave. Colombia tiene una deuda del 65% del PIB y los intereses, solo los intereses, serán del 4,5% del PIB a partir del 2022. ¿No es suficiente que gastemos 23% del presupuesto en el servicio a la deuda? ¿haber aumentado en 35% los recursos para servicio de la deuda de una año a otro no les parece suficiente? ¿No les preocupa tampoco la devaluación a la que nos podría llevar una baja en la calificación? Recuerden que el 87% de la deuda está en dólares.
Este año los ingresos fiscales serán sólo de 15% del PIB, mientras que el gasto del gobierno nacional para atender la pandemia nos llevara al 24% del PIB ¿No les preocupa el encarecimiento de nuestra deuda? ¿y si esta pandemia se prolonga y las exigencias fiscales nos llevan necesitar más deuda? ¿qué pasará si nadie nos presta? ¿o si solo nos prestan con intereses excesivos?
Todos dicen que les importan los pobres. Y se quejan de que las ayudas del gobierno en la pandemia han sido insuficientes. No les parece suficiente “Ingreso solidario” para 2,8 millones de nuevos hogares (que no recibían ningún subsidio) que nos costó 4,4 billones. Se hizo un giro adicional para los 2,6 millones de hogares de Familias en acción que nos costó 1,1 billones. Un giro adicional a 1,7 millones de adultos mayores por 400 mil millones. La devolución del IVA para 100 mil familias más pobres por otros 400 mil millones. El giro adicional a 205 mil jóvenes en acción costó 300 mil millones. Además el PAEF para financiar el 40% del costo del salario mínimo y mantener los empleos de los colombianos costó 2,5 billones de pesos y protegió 3,2 millones de familias. A esto hay que sumarle las garantías a los créditos de los empresarios colombianos. El Fondo Nacional de Garantías invirtió 12 billones de pesos para garantizar créditos para pagar las nóminas; 3 billones para capital de trabajo, y otro billón para garantizar créditos de independientes. Además de muchos otros gastos. Necesitamos estos y otros programas para aliviar la pobreza y avanzar en la reactivación.
Esta es una crisis: Sangre, sudor y lágrimas. Es la unión y la capacidad de construir juntos lo único que puede ayudarnos. Destruir y protestar no soluciona nada. Puede facilitar la campaña de unos, pero a costa del bienestar de los colombianos.
Bogotá, D. C, 30 de abril de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
