Opinión
Por Paloma Valencia*.- Colombia vive entre dos circunstancias incomprensibles, que nos hacen muy difíciles todos los cambios y cualquier progreso. La primera, la facilidad con la que tendemos a la violencia y la segunda, esa eterna manía de justificarla. Pese a todo lo que hemos sufrido, pese a las muertes, el dolor y lo vivido, hay un sector en la sociedad que tiene esa idea de que hay crímenes buenos, en el sentido de que tienen causas tan fuertes que justifican el accionar violento.
Creo que ambas están íntimamente relacionadas, es decir, somos propensos a la violencia porque estamos siempre dispuestos a justificarla. Si la sociedad se hiciera absoluta y definitivamente intolerante con lo violento, mi hipótesis, es que su uso caería de manera significativa, hasta el punto de casi desaparecer.
¿Por qué podemos justificar que unos colombianos violenten a otros? Una cosa es que entendamos la rabia, que empaticemos con los reclamos, que nos parezca que los colombianos merecen más, que detestemos la corrupción y que nos impaciente la ineficiencia del Estado, que queramos cambios para Colombia y para el mundo, en todo esto podemos estar de acuerdo. Sentirlo con fuerza. Otra cosa, muy distinta, es que tengamos la idea de que eso justifica tomar acciones violentas.
Justificar - no explicar- implica que sentimos que las razones que mueven las acciones son válidas, moral y socialmente. Por lo tanto, algunos sentencian que quienes son receptores de la violencia se lo merecen. Y otros, que al menos, está bien que quienes ejercen vías de hecho o violencia lo hagan porque tienen razón, porque les enfurece la injusticia.
En el discurso, al menos, todos estamos de acuerdo en que los bloqueos son malos, son vías de hecho. Destruyen empleos, destruyen proyectos de vida, destruyen empresa y por lo tanto destruyen a quienes pagan impuestos.
Si queremos más justicia y un mejor país ¿Cómo podemos justificar que se destruya nuestro sector productivo? Si queremos más riqueza ¿por qué destruimos la que hay? Si los jóvenes quieren y merecen empleos ¿por qué no cuidar a los empresarios que los generan?
Colombia tiene que empezar por abolir la idea del delito político. Esta es la manera de poner en la ley la nefasta idea de que hay violencias que se justifican. Toda violencia es mala. Conformar el estado significa que renunciamos al uso de la violencia. Se transfiere al estado la fuerza para que administre justicia y mantenga la seguridad. Desde ese mínimo se construye; se crean los bienes públicos, se abren las oportunidades, se trabaja para generar riqueza y lograr un país próspero.
Pongámonos de acuerdo en eso; una sociedad viable necesita rechazar todas las violencias.
No podemos seguir negociando con los derechos de unos colombianos. Diálogo mientras haya bloqueos equivale a extorsión. La exigencia de derechos para unos puede significar masacrar los derechos de los otros. El estado tiene que cumplir con sus funciones. La debilidad solo aumenta el caos y da lugar a nuevas y mayores violencias.
Requerimos un estado fuerte, respetuoso de los derechos humanos de todos, que permita un marco donde los derechos de todos puedan convivir. Esto que vivimos en Colombia se parece más al estado de naturaleza donde el hombre es un lobo para el hombre. Es la negación del estado de derecho.
Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Víctor G. Ricardo*.-La situación que hemos vivido en los últimos días en Colombia es seguramente la más grave que ha vivido Colombia en este siglo y en más de 75 años, y la misma es fruto de la unión de distintas insatisfacciones y del aprovechamiento que algunos han hecho del momento.
Por un lado vemos como se han unido los promotores del paro, los estudiantes, los indígenas, los transportadores, los desempleados, los perjudicados por la pandemia, los inconformes, los inmigrantes venezolanos, la oposición y, en términos generales, todo aquel que considera tener una necesidad no resuelta. Pero por otro lado vemos también, como ciertos grupos han aprovechado el momento de insatisfacción social, política y económica para perseguir fines ilícitos, de desestabilización y de afectación del orden público. Dentro de este grupo se visualizan narcotraficantes, delincuentes comunes, movimientos anarquistas nacionales e internacionales y fuerzas de la guerrilla del Eln y algunas disidencias de las Farc y milicias, por mencionar solo algunos.
En otras palabras, ha sido la mezcla de todo lo que ha producido que se presentara lo que ya no es sólo una crisis para el gobierno, sino una verdadera crisis en la sociedad, que pone en riesgo la institucionalidad, la democracia, la economía, nuestra imagen y nuestra visión como nación.
Aquellos que ya estaban saliendo de la crisis ocasionada por la pandemia, han caído nuevamente en cuidados intensivos como consecuencia de los bloqueos y de la acción de los vándalos que tanto daño han hecho en diferentes lugares del país a los sistemas de transporte, entidades públicas y bienes privados.
Si se hiciera un inventario exacto de los daños causados en el país, estoy seguro de que reflejaría una cifra superior a la que hubiera resaltado de cualquier reforma tributaria planteada. Y, ¿qué decir del daño a la imagen y relacionamiento internacional que ha producido la acción de ciertos grupos políticos ante los organismos multilaterales y la comunidad internacional que hacen pasar al Estado como un asesino de manifestantes o promotor de desapariciones? Ahora bien, los agentes del Estado que hayan cometido excesos y actos repudiables deben ser investigados y tienen que ser duramente castigados por los entes respectivos.
Es el momento de unirnos todos para que no se siga terminando con el desarrollo que con tanto esfuerzo había alcanzado nuestro país, pues de lo contrario ya veremos las consecuencias que vendrán y la situación económica y fiscal que vamos a padecer. Tenemos que dejar las posiciones personalistas y egoístas tanto partidistas como sectoriales para lograr establecer una fuerza compacta que nos saque del atolladero en el que nos encontramos.
Independientemente de las diferencias, debemos rodear al Presidente de la República y a nuestras instituciones. Llegó el momento de unirnos para poder dejarles un país a nuestros hijos donde impere las libertades dentro del orden y el Estado de Derecho que es la base fundamental de la democracia.
Resolver una mezcla de todo requiere de la unión de todos, y si bien estamos frente a lo que se conoce como una tormenta perfecta, está en nuestras manos, en la unión de todas nuestras manos, evitar que se materialice esta tormenta perfecta.
Llegó el momento en que los dirigentes políticos que tienen una máxima responsabilidad en este momento sean conscientes que en lugar de estar trabajando por sus intereses personales, deberían utilizar sus capacidades de líderes para ayudar a buscar soluciones y sobre todo garantizar que las expresiones de inconformidad o protesta no se hagan con violencia y no permitan que quienes buscan la anarquía logren su objetivo. Así como tienen la capacidad de convocar a sus seguidores, también deberían garantizar que si son infiltrados por anarquistas, ellos mismos se encarguen de expulsarlos.
Frente a la apremiante pobreza en la que nos dejó la pandemia, y que está acompañada de un porcentaje muy alto de nuestra población que no cuenta con posibilidades de trabajo y por lo tanto de acceso a una vida digna, debemos de inmediato establecer políticas públicas que permitan fomentar el empleo especialmente en los jóvenes, a fin de acercarlos a una nueva vida con posibilidades, lo que implica trabajar en un nuevo contrato social que debe ser compromiso de nuestro líderes, empresarios y sociedad como un todo.
Hoy necesitamos que demos un paso adelante en las soluciones y no sigamos en el camino del caos y el anarquismo, pues esto último lo único que está produciendo es alejarnos de las posibilidades. Los bloqueos, los destrozos a los sistemas de transporte, el incendio de muchos puestos de policía y de distintos bienes públicos como privados, son inaceptables y representan un atentado a los que ya habíamos conseguido.
Yo quisiera proponer que como sociedad nos pusiéramos de acuerdo en un plan de desarrollo a veinte años, que permita con visión de corto, mediano y largo plazo, planificar el desarrollo sostenible de nuestra nación, garantizando por un lado la priorización y solución de las necesidades sociales y por otro los recursos suficientes para atender con responsabilidad este gran pacto social.
Llegó el momento de dejar de pensar en planes de gobierno cuatrianuales para pensar en verdaderas políticas de Estado, bajo un gran acuerdo nacional que, sin desconocer los énfasis naturales de cada gobierno, permita contar con una agenda estructural en la que todos nos comprometamos a resolver de raíz los temas fundamentales que requiere nuestra sociedad.
Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2021
*Excomisionado de Paz
Por José G. Hernández*.- Casi un mes desde la primera marcha de protesta, convocada inicialmente para rechazar un proyecto de reforma tributaria. La situación se ha ido agravando día a día hasta extremos inimaginables, y hoy tenemos una grave crisis caracterizada por excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos -muertos, heridos, desaparecidos, capturas sin orden judicial y hasta casos de violencia sexual-, vandalismo, bloqueos y civiles armados, todo lo cual se suma a las más altas cifras de contagios y fallecimientos por covid.
La situación merece análisis objetivo. Se han cometido errores inocultables de tirios y troyanos, que sin duda han contribuido a generar un gran desorden:
-El presidente de la República habría podido evitar la prolongación de las protestas si se hubiera abstenido de insistir en una iniciativa tributaria carente de apoyo popular y político, pero esperó a que hubiera violencia, muertos y desaparecidos, y solamente entonces ordenó el retiro del proyecto. Muy tarde, cuando ya en las calles se agregaban nuevos motivos de protesta.
-Por otra parte, lejos de impartir órdenes precisas a la Policía para evitar excesos y disponer que se abstuvieran de usar armas de fuego contra manifestantes -como lo dispuso el Decreto 3 de 2021- el presidente resolvió militarizar las ciudades. Y, entonces, se desencadenó una alarmante violencia policial, disparos indiscriminados contra protestantes y no protestantes, y privaciones ilícitas de libertad. Se han divulgado cifras diferentes de muertos, heridos y desaparecidos durante las protestas, sin que los órganos de control hayan adelantado las investigaciones pertinentes, y sin que el Gobierno haya suministrado informes oficiales sobre tan grave situación.
-La protesta es un derecho fundamental, garantizado en la Constitución, pero -reiteramos- debe ser pacífica. No hay derechos absolutos. La violencia, el uso de la fuerza, el vandalismo, el ataque a los bienes públicos y privados, la destrucción de vehículos y centrales de transporte, la vulneración de los derechos de los demás y la ruptura del orden jurídico… son elementos que no hacen parte de las libertades de expresión, de reunión ni de protesta. Pero los bloqueos y obstrucciones de las vías públicas han sido permanentes en todo el territorio, y mediante ellos -que tampoco hacen parte del derecho a la protesta- se ha impedido en muchos casos la llegada de medicamentos, ambulancias, productos de primera necesidad, insumos y alimentos a su destino, causando enorme daño a las personas y al país, sin que los organizadores del paro los hayan desautorizado.
- Han proliferado informaciones falsas de uno y otro lado, incrementando la violencia y el caos.
- Voceros oficiales y organizadores del paro -que no representan a todos los marchantes- dilatan sin sentido el proceso de negociación, como si nada estuviera pasando.
- El Ejecutivo, por su parte, ha confundido la autoridad con la represión; no ha demostrado una genuina voluntad de diálogo; ha postergado decisiones que de todas maneras adopta tardíamente; ha designado como coordinador de negociaciones a un funcionario renunciante; no ha querido la presencia de la CIDH en el país y -desconectado de la realidad- ha preferido hablar a los colombianos en inglés sobre las elecciones de 2022.
Todo se resume en un desgobierno sin antecedentes.
Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Gabriel Ortiz*.-Duque, su gobierno y quienes lo disfrutan, consideraban que las cosas en Colombia continuarían sin modificación alguna. Que quienes sufragaron por el contendor en el 2018 y los abstencionistas, serían transparentados por el candidato de Uribe. Que la mermelada, la corrupción y los negocios con el Estado, alcanzarían para saciar a la mayoría, que votó “emberracada”.
Las mieles del poder empezaron a gozarse, pero con erróneos manejos de la Paz –amenazada con volverla trizas-, de una coja economía, salud en coma, opaca educación, desempleo galopante, pobreza, hambre, y a la deriva las demás urgencias que requiere este país. El coro de aplausos y el corrillo de aduladores, convencen al Presidente de que todo marcha sobre ruedas.
En el 2019 la comunidad se hizo sentir con una serie de reclamos, que fueron considerados como superfluos y pueriles, que a duras penas merecían una “conversación” y, un negociador de poca monta. Para ello encargó a Diego Molano, hoy mindefensa.
Hubo manifestaciones y protestas, no atendidas. Duque creyó haber triunfado y elevado sus encuestas. El malestar siguió, se mantuvo y se fortaleció, hasta cuando llegó la pandemia. Covid, aplacaba descontento, gracias al miedo que siempre ha sido el arma preferida del uribismo.
Hubo frote de manos, gracias al coronavirus. La arrogancia alegró e invadió a la élite del poder, a tal punto que, otro títere de Uribe, convenció a Duque que era tan joven y capacitado como los que a diario querían, que los escuchara sin lograrlo.
El presidente creyó en la “añeja” adolescencia del minhacienda que le impuso el “eterno”, que “enfrascó” al gobierno en una asfixiante reforma tributaria, fuera de tono, fuera de época, fuera de tiempo, fuera de razón.
Por fortuna el covid no perturbó el cerebro de la población colombiana, que de inmediato se opuso y protestó, mientras Carrasquilla, el de los “bonos de agua”, el que arruinó a 117 municipios y privó de agua potable a millones de colombianos, impuso su voluntad. El presidente, entre tanto, levitaba y tercamente defendía la reforma.
Sin percatarse de la insensatez del minhacienda, la mantuvo. La defendió a morir. Nada movió su voluntad, nada le importó la gente, no escudriño la miseria a donde llevaba a sus conciudadanos, ni siquiera a que lo eligieron.
Fue entonces cuando se desataron las pacificas protestas. Los medios fueron inundados de argumentos ciertos, cabales y proféticos sobre los perjuicios y la ruina de una nación. La obstinación era más poderosa que la razón y fue el acicate que lo condujo a la crisis y a la sin salida.
Cuántas vidas, cuántos heridos, cuántos desaparecidos, cuántos bloqueos, cuántas pérdidas, cuántas ilusiones y cuántas esperanzas, se hubieran podido salvar, sin la intolerancia de Duque. Aún puede frenar la arrogancia recuperar la razón.
BLANCO: La llave de salvación que ofrece el Premio Nobel y ex presidente Santos para superar la crisis.
NEGRO: Los humos del “eterno” al negarse a estrechar la mano del Nobel de Paz.
Bogotá, 22 de mayo de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por: Robinson Castillo*.- Comenzó conteo regresivo para el M29 de 2022. El último domingo de mayo del próximo año, es el día escogido para asistir a las urnas en la primera vuelta presidencial. Elecciones que podrían cambiarlo todo en Colombia. La Casa de Nariño tendrá un nuevo inquilino.
El tablero político se podría mover, con el mismo dilema de siempre en cualquier evento electoral: continuidad o cambio. Todo dependerá de la manera en que se resuelva la actual coyuntura de protesta social y el manejo de la pandemia.
Las encuestas no leen la totalidad del sentimiento ciudadano, pero hay que aprender a leer las encuestas. La gente no es tonta, y los que disputarán cada voto, deberán interpretar como nunca, las sensaciones políticas, económicas y en general, el malestar del país. Igualmente, administrar sus propios egos.
Todo apunta a un escenario distinto. Una sociedad cansada, fatigada y desconfiada, planteará unas máximas exigencias frente a las candidaturas, que en su gran mayoría ya están en campaña.
Tendrán el enorme reto de comprender y gestionar de la forma más acertada, ese sentimiento de aburrimiento pandémico. Conectar con estas emociones y revertirlas en respaldo electoral, es una tarea compleja, debido a los múltiples efectos económicos y sociales del inesperado virus.
Actualmente somos testigos de la tendencia de las grandes coaliciones: El Pacto Histórico, La Coalición de la Esperanza y el grupo de los ex alcaldes y ex gobernadores ( aún sin nombre) Pero con repetidos actores de nuestra democracia. Hasta ahora no aparece lo que los técnicos llaman outsiders o en el lenguaje más cotidiano, un gallo tapao.
También varios aspirantes ( ya lo vienen haciendo) se enfocarán en el rechazo a las decisiones del actual gobierno, que por la protesta social se ha desgastado aún más. A medida que se aproxima la fecha de elecciones, más se acentúa el sol a las espaldas del mandatario. Y esto se constituye en buen insumo de contraste de los candidatos de ideología distinta al presidente Duque.
Lo anterior, nos remite a referenciar otro fenómeno que se intensificará muchos más: la polarización. Cualquier opinión se traduce en controversia y discusión. Una sensibilidad que asusta, pues la división es políticamente rentable. La tolerancia está en vía de extinción.
La crispación anula, aplasta y bloquea la conversación política. Las decisiones de la actual negociación con los promotores de la protesta social, será sin duda, otro factor determinante en los comicios presidenciales del 29M de 2022. Desde Chile ya nos hablaron y no fue un mensaje menor.
Aquí más de uno necesita prestar atención al océano de realidad que atraviesa Colombia. Con un agravante, con olas amenazantes. En aguas tranquilas cualquier puede navegar, pero este no es el caso. En una tormenta perfecta, todo es posible, hasta lo impensado.
La pregunta incómoda
¿Ya decidieron su voto para las presidenciales de 2022?
Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2021
*Comunicador Social Periodista
Por Paloma Valencia*.- La polarización que no es otra cosa que la pérdida absoluta de confianza en las intenciones de quienes están en una orilla política diferente a la propia. Esa desconfianza empieza a convertir a los adversarios en verdaderos enemigos. Se profundiza y termina así desapareciendo cualquier buena intención de los otros, -que empiezan a catalogarse como malos o inmorales. Se justifican entonces, los ataques cada vez más degradados. Ya no importan los argumentos, simplemente la malquerencia de esas figuras –que ya ni personas.
¿Hay razones para desconfiar? Creo que en Colombia se rompieron los puentes de la comunicación cuando se le hizo conejo al No. Luego de que ganara el No, se iniciaron procesos de acercamiento con el Gobierno Santos. La idea era lograr un acuerdo con las Farc donde estuvieran recogidos los sentimientos de todos, todos los colombianos. Sin embargo, en mi opinión, el premio Nobel actuó contra los intereses del país. Viendo a Santos derrotado en lo que ellos consideraban una buena causa, decidieron los noruegos, suplir la falta de respaldo popular con ese premio. Y tuvo efectos; Santos abandonó el dialogo con los del No, y con el respaldo internacional del Nobel aceleró el paso, y firmó prácticamente el mismo acuerdo y lo sacó a empellones en el Congreso.
Se rompió el dialogo, se rompió la confianza y no sólo eso; empezaron a decir que el No había ganado con trampa. Las diferencias se convirtieron en abismos que nos separaron. Ganó otra vez el No la Presidencia con Iván Duque. Un presidente joven que intentó desde el primer momento dejar la polarización atrás. Varios de los funcionarios de Santos y de sus políticos han sido consentidos de este gobierno. Sin embargo, esos gestos sirvieron poco. La polarización ya no fue con todos los electores de Santos, sino con aquellos de la extrema izquierda.
Aparecieron polarizadores. Promueven esa distancia y la exageran para poder afianzar que no es solo una diferencia ideológica, sino que reviste asuntos de fondo: son malos. Presuponen malas intenciones. Frases como Uribe mando a masacrar a los jóvenes o Duque mando a matar a los protestantes, dichas por un senador como Gustavo Petro son apenas la muestra. Me siento sumida en esta misma polarización. Colombia está incendiada. Una cosa son las diferencias ideológicas, y otra las campañas de odio. Creo que deberíamos dejar por fuera del debate –por difícil que sea- la intenciones que finalmente no conocemos.
Hay asuntos que podemos considerar convenientes o inconvenientes para Colombia, pero hoy la reactivación económica es necesaria para mantener el empleo, crearlo y poder superar la pobreza. Esa debería ser la causa común. No más bloqueos, no más destrucción.
Todos los colombianos rechazamos cualquier abuso de la Fuerza Pública, por supuesto. Sin embargo, al parecer sólo algunos, creemos que la Fuerza Pública tiene derechos humanos; sólo algunos buscamos que tengan presunción de inocencia y que sean juzgados de acuerdo al debido proceso. Otros parecen condenarlos sin formula de juicio y como cuerpo. Sólo algunos les agradecemos su labor, y celebramos que continúen. Otros creen que tienen derecho a maltratarlos.
¿Sólo algunos vemos el daño que este paro le está causando a Colombia? Este paro de bloqueos y vandalismo otra receta para materializar lo mismo que hizo Chávez en Venezuela: destruir el sector productivo. No podemos permitirlo. Este país no merece vivir, como Venezuela, el hambre, el desempleo y la pobreza. Le pedimos el Gobierno el ejercicio de la autoridad sujeta a los derechos humanos, y el liderazgo para defender lo que es un derecho de todos: la seguridad, la movilidad y la libertad de empresa.
Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Jairo Gómez*.- Esta barbarie está pasando en Colombia: 45 homicidios presuntamente cometidos por la Policía; 380 víctimas de violencia física; 1139 detenciones arbitrarias de jóvenes manifestantes; 472 intervenciones violentas en el contexto de las protestas pacíficas; 33 jóvenes afectados ocularmente, es decir, uno de sus ojos lo perdieron por disparos a su cara; 146 casos de disparos con armas de fuego, léase revólveres; 18 víctimas de violencia sexual; 5 víctimas de violencia basada en género; y, lo más grave, de los detenidos hay cerca 300 jóvenes desaparecidos. De ellos las autoridades no dan información alguna.
Detrás de cada uno de éstos ítems hay un ser humano, un joven, no es la mera estadística plausible, por supuesto, que publican la ONG Temblores e INDEPAZ. Lo más alarmante es que los hechos ocurrieron en 20 días de Paro Nacional. El responsable de esta barbarie tiene un nombre: Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Por eso lo denunciaron ante la Corte Penal Internacional.
Ahora, no obstante esta barbarie, Duque, desbordado por el estallido social, sigue priorizando la represión al diálogo. Pasó de la tal “asistencia militar” a sacar a la calle toda la Fuerza Pública -Ejército, Policía, Armada y FAC-; es decir, lanzó una ofensiva policial y militar cuyas consecuencias pueden ser nefastas. El gobierno sigue montado en el manual de Uribe Vélez de que toda movilización social es “un ataque terrorista contra la democracia y las instituciones”.
Duque, no ha querido entender que la movilización no es coyuntural, es sintomática, que no surgió por generación espontánea. La movilización en Colombia trascendió los partidos políticos (derecha-centro-izquierda), las centrales obreras y demás organizaciones sociales como sucedió en Chile y la solución a este estado de cosas requiere de salidas complejas, nada prosaicas.
El escape no es la Zanahoria y el garrote; en este contexto, es una flagrante equivocación. No se puede estimular represión, y al mismo tiempo proponer subsidios para paliar coyunturalmente una crisis de desempleo juvenil sabiendo, como lo sabe la calle, que el problema es estructural.
Bendita pandemia, dicen, para justificar todo lo que hoy pasa en Colombia; sin duda, el virus tiene mucho que ver con en esta etapa de crisis, pero no hay que perder de vista que las movilizaciones comenzaron antes del virus y su contenido hacía prever en el horizonte que el estallido social se venía sin atenuantes. El origen de éste masivo descontento está en un neoliberalismo caduco, gastado y decadente.
Esa es la complejidad que Duque y las élites colombianas no quieren entender. Esto no es el pasado en el que se responsabilizaba de todos los problemas a la guerrilla. Colombia cambió y tampoco es un país polarizado como lo pretenden etiquetar algunos manipuladores de opinión para desvirtuar lo que entraña la calle; al contrario, frente a una economía distorsionada como la colombiana, hay una reacción de los jóvenes que no quieren aguantar más hambre y reclaman oportunidades; es una movilización que impulsa revisar el modelo económico de libre mercado, las privatizaciones y la decisión política de reducir el gasto social como lo imponen los órganos multilaterales de crédito. Otra coincidencia con la expresión que protagonizaron los jóvenes chilenos.
Lamentablemente, Duque no da la talla. De una formación media y sin ninguna experiencia en términos políticos, esta realidad lo avasalló. Está pagando el error de hacer trizas el Acuerdo de Paz. Pensó que el país era ese pueblo manipulado y desinformado que le permitiría sobreaguar cuatro años con más de lo mismo, pero no. Una vez termine su mandato será un presidente de ingrata recordación que tendrá que invertir su onerosa y vitalicia pensión en abogados para defenderse ante los tribunales internacionales; además, con el riesgo de que algún día en algún aeropuerto internacional le echen mano. Ahora, está a tiempo de corregir. Lo debería hacer.
Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Alejo Vargas*.- Estamos en una compleja situación en Colombia y cada día vemos aumentar el número de jóvenes muertos en el contexto de protestas sociales que terminan respondiéndose violentamente, pero igualmente con poblaciones con bloqueos intermitentes y una sensación de desesperanza en la mayoría de los colombianos. Y no se trata a estas alturas de si fracasó o no este gobierno, sino de la necesidad de encontrar alternativas de superación de la actual coyuntura de crisis y lograr el inicio del tránsito hacia el escenario de elección de un nuevo gobierno y congreso en el 2022.
Un primer balance nos muestra que uno de los problemas que se evidencia es la carencia de liderazgo, no sólo en el Gobierno y sus aliados, sino en el campo de las fuerzas opositoras. Es claro que conducir el gobierno de un país requiere mucho más que personas con una serie de títulos universitarios, quienes somos profesores sabemos que tan importante como la formación es la experiencia y una condición aún más importante es el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de comportamientos autoritarios, sino fundamentalmente de legitimidad en la orientación y conducción de equipos de trabajo, así como la humildad para reconocer en que aspectos se tienen deficiencias y acudir a quienes tienen la experiencia en ese campo para llamarlos a trabajar en conjunto y aprender colectivamente de la forma como se van enfrentando y solucionando los problemas.
Como sabemos, no se logró conformar una coalición estable de gobierno que permitiera contar con una adecuada gobernabilidad en el Congreso, evidenciando la incapacidad de entender la gestión política de los gobiernos como un ejercicio de concertación permanente con diversas fuerzas políticas –hoy día no existen partidos ni fuerzas políticas capaces de poder gobernar en solitario-; tampoco se lograron conformar equipos de gobierno en los cuales se combinara de manera adecuada, la experiencia con opciones nuevas –no se puede hacer caso omiso de funcionarios públicos con capacidad y trayectoria en la gestión de los asuntos públicos, entre ellos la conflictividad social-. Todo gobierno se elige por los ciudadanos, independiente si es de derecha, centro o de izquierda, para resolver problemas de la sociedad, no para conformar una ‘corte’ de amigos.
Frente al Paro Nacional se ha evidenciado lo anterior. No hubo respuesta oportuna y adecuada frente a las primeras expresiones del mismo en 2019, más allá de la maniobra de distracción denominada la ‘conversación nacional’, como si se creyera que se hace una movilización social para ir a ‘conversar’ con un gobierno, no, todo movimiento social, que también es político, pretende es concertar y negociar sus demandas con el gobierno de turno. Ahora hemos visto la incapacidad del gobierno de enfrentar el Paro Nacional con prontitud e iniciativa –el Presidente se demoró excesivamente en convocar a los líderes del movimiento a negociar, no a dialogar-; en la primera reunión, se debió plantear la instalación de la mesa de negociación, perdiéndose la oportunidad de esa primera reunión, para dar ese primer paso fundamental.
En el campo de las fuerzas del Paro igualmente parece haber tres escenarios distintos, el que lidera el Comité Nacional del Paro, el que lidera la Minga Indígena y el de los Jóvenes –este último más diverso y disperso en sus liderazgos- y cada uno de ellos tiene demandas distintas y liderazgos igualmente diferenciados. Por lo menos, al parecer, se iniciará este domingo la mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro, con el acompañamiento de la Iglesia y la ONU y ojalá allí comience la dinámica tendiente a construir acuerdos y abrir así un camino de solución.
Queda el pendiente del liderazgo gubernamental.
Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2021
Politólogo, doctor en Ciencia Política, y Magister en Política Social.
Por Rodrigo Villalba Mosquera*.- El estallido social presentado en las calles, ocasionado por los problemas sociales de tiempo atrás agudizado por los efectos de la pandemia del covid-19, en el tema de salud, empleo y recesión económica, que tuvo como florero de Llorente la regresiva e inoportuna reforma tributaria, tiene que llamar la atención a todos los dirigentes del país, incluido el Gobierno Nacional, para actuar con grandeza y propugnar por un Pacto Nacional que permita superar las difíciles circunstancias de hoy y crear un ambiente propicio a las grandes reformas aplazadas. Pero no es un acuerdo entre el gobierno y los partidos afines, tiene que ser con inclusión de los partidos de oposición, los gremios y todos los sectores representados en el comité nacional del paro.
El Gobierno Nacional no debe gastar “cartuchos” innecesarios, como resolver unilateralmente puntos importantes del petitorio de las protestas, que por lo unilateral no ha servido para parar el paro.
El pliego de emergencias planteado por el comité de la protesta, tiene 6 puntos: 1- No a la reforma tributaria y no a la reforma a la salud. 2- Gratuidad en la educación superior. 3- Renta Básica. 4- Derogar el decreto 1167. 5- No a las privatizaciones. 6- Garantías y política de Estado para la producción agropecuaria. Los dos primeros puntos se pueden decir están ya solucionados, pero no tienen ningún efecto sobre la solución al paro por no manejarse en la propia mesa. En otras condiciones con estos dos puntos ya acordados, seguramente se hubieran concertado también los desbloqueos. Por fortuna hoy se reanuda la negociación entre directivos del paro y gobierno.
En la mesa de negociación tiene que haber respeto y lealtad con la contraparte, y así ir avanzando en los acuerdos como en los desacuerdos. Allí también debe tratarse el clamor de los empresarios hoy bloqueados por los bloqueos. Hay que hablar de cara al país, por ejemplo cuando se habla de renta básica, que se requiere para muchos hogares de colombianos en condición de vulnerabilidad, hay que hablar de dónde se va a financiar, y seguramente se planteará la necesidad de una reforma tributaria, que debe ser consensuada, y como ya muchos coinciden de que si esta alternativa es viable, debe girar alrededor del desmonte de gabelas a los empresarios en la ley de crecimiento económico de 2019, como establecer unos gravámenes a los ricos: Incremento de sobretasa a los bancos, impuesto al patrimonio, repatriación de capitales que se encuentran en paraísos fiscales evadiendo impuestos. Y no olvidar la posibilidad de un crédito directo del Banco de la República al gobierno, con una tasa de interés cero.
Es la hora de actuar con grandeza, y propugnar por el Pacto Nacional al medio de las diferencias.
Neiva, 18 de mayo de 2021
*Exministro de Agricultura y Senador del Partido Liberal.
Por Cecilia López Montaño*.- Colombia está enfrentando la más crítica convulsión social de su historia reciente.
Y son precisamente los jóvenes los grandes protagonistas, quienes han salido a mostrarles a sus dirigentes que no están dispuestos a que continúen ignorando su responsabilidad de hacer de este país una sociedad más justa y equitativa. Basta ver las últimas cifras de pobreza, ya inadmisible en un país de ingreso medio alto como Colombia, 42 %, que ha caído de manera desproporcionada sobre los jóvenes. Entre la población menor de 25 años 50,7 % son pobres, seguida por los menores de 35 años, 50,4 %. No es un tema de una región, es todo el país el que está viviendo estos hechos sin que se vea el camino de la salida que corresponde. Es en este contexto tan complejo, tan doloroso, donde es necesaria la prudencia, el reconocimiento de que no se pueden generar condiciones que deriven en más hechos lamentables.
Por ello es difícil de entender las decisiones de la administración local de autorizar no uno, sino dos partidos de fútbol que resultaron en los dolorosos hechos que todos conocen. Pero lo más grave es que ya durante el primer partido del miércoles era evidente que se generaba una situación caótica, con personas afectadas, con locales de comercio violentados y con una población en pánico. Como es posible que se repita lo mismo al día siguiente creándose un caos con heridos y costos humanos y económicos que se han podido evitar. Para no hablar de la imagen internacional: Colombia, un país en guerra.
Sin duda estas dos decisiones son inexplicables así se desconozcan las razones verdaderas para tomarlas. Sin entrar en especulaciones porque como sucede en la vida la verdad se conocerá, lo que se evidencia es la desconexión de las autoridades con lo que hoy se vive en el país. No es sino conocer los resultados de la encuesta realizada a los jóvenes para entender la dimensión y la profundidad de lo que estamos viviendo. Solo el 9 % de los jóvenes, incluyendo los de Barranquilla, confían en el gobierno, solo el 7 % confía en el Congreso de la República, pero el 84 % se siente representado en el paro nacional y el 53 % seguiría protestando. Se sienten agobiados por el desempleo, la falta de futuro y por la violencia de las autoridades que debían protegerlos. Además, lo más triste, perdieron su alegría y ahora el sentimiento que tienen es de tristeza.
Esa realidad no puede subestimarse y dejarse llevar por intereses probablemente distintos a tratar de entender lo que está sucediendo. Más que echarle candela a una realidad, se exige lo mejor de quienes tienen las máximas responsabilidades frente a esta sociedad. Y por favor no se equivoquen atribuyendo estos hechos al vandalismo. Hay elementos de mucho más fondo. Precisamente por la incapacidad de quienes nos dirigen de entender esta realidad, llevamos demasiado tiempo en esta convulsión que, aunque venía represada, explotó por un profundo error del gobierno. Precisamente por no leer a la sociedad o, peor aún, por subestimarla.
Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2021
*Exministra de Estado
