Opinión
Por Guillermo García Realpe*.- Una muy buena noticia para los colombianos en medio de tanta desazón que nos acompaña por estos tiempos, el Proyecto de Ley 010 de 2021 por medio del cual se pretendía hacer una Reforma a la Salud, se archiva.
Era un proyecto inconveniente, privilegiaba a los particulares y no a los usuarios del sistema, mercantilizaba la salud, es decir, la volvía un negocio más rentable al que ya tiene y por eso la mayoría del país lo rechazaba, incluso, ese era un punto de exigencia de la protesta social que vive Colombia por estos días.
El liberalismo en sintonía con la gente, acordó votar NO, por inconveniente, por privatizadora, porque privilegia los negocios por encima del derecho fundamental a la salud.
Ese era un proyecto que nació muerto, había sido radicado el pasado 20 de julio por Cambio Radical, luego recibió un espaldarazo del gobierno nacional que mandó mensaje de urgencia para que fuera tramitado, pero por ser un proyecto tan complejo y de gran interés nacional, fue necesario que las Comisiones Séptimas del Congreso abriera espacios de discusión y de análisis con diversos gremios implicados directamente en el trámite de la iniciativa, fue así como se realizaron una serie de audiencias públicas, en ese proceso, prácticamente se les fue el año.
Radicaron la primera ponencia en diciembre, pero sus autores la retiraron en marzo para incluirle nuevos ingredientes, la segunda ponencia se radicó a finales de ese mes. Y se programó su primer debate para el 13 de abril, ese día no se votó porque el jefe de la cartera de salud se ausentó del debate. En la siguiente sesión, el trámite no avanzo porque se presentaron 365 proposiciones. Eso impidió continuar con el debate, hasta tanto una subcomisión se encargará de evaluar dichas proposiciones y días después empezó el Paro Nacional que truncó cualquier posibilidad de debate por la gran presión ciudadana. Como ven, es un proyecto bastante accidentado, no es conveniente para el país y hoy la mayoría de partidos le quitaron su apoyo y ante ese escenario, la suerte estaba echada.
Los colombianos estamos sometidos hoy a la ley 100 de 1993 que convirtió a los usuarios en mercancía, en clientes, los pacientes tienen que tener paciencia y mucha, pues deben esperar de cuatro a seis meses para que los atienda un especialista y a eso estamos condenados hoy, a tener una salud monopolizada, muchas veces envuelta en grandes casos de corrupción como el de Saludcoop, por sólo mencionar uno. Ese proyecto que por fortuna se archiva, nos seguía condenando a eso y a una serie de cosas inapropiadas que en nada favorecen al usuario y sí a unos pocos grandes empresarios y por supuesto a las EPS.
Ese Proyecto de Ley abría un boquete para continuar con la privatización del sistema de salud por la vía de introducir el concepto de prima de seguro, que corresponde a los seguros comerciales y privados. Contemplaba la opción de crear conglomerados empresariales, que en la última ponencia denominaban “matriz”, maquillando el concepto privatizador. En contra de disposiciones de la misma Corte Constitucional, que expresa que, los recursos de la salud son públicos, con destinación específica.
También conllevaba a la liquidación de los hospitales públicos, por la vía de promover fusiones e integración abiertamente, los supeditaba a la sostenibilidad fiscal, que sean rentables, con un subsidio a la oferta, y como si fueran carreteras 4G, una parte la entregaban a alianzas público privadas.
En tercer lugar, traía mecanismos de negación de servicios y tratamientos, en contravía de las disposiciones de la ley estatutaria y la Corte Constitucional, donde el sistema debe prestar todos los servicios, menos los que corresponden a seis exclusiones. Y por sí fuera poco, el proyecto, le entregaba al Ministerio de Hacienda, la decisión de financiar o no los tratamientos. Algo totalmente delicado.
El Proyecto de Ley 010, también arremetía contra la autonomía universitaria, afectando la formación continua de los médicos generales, que las adjudican a las EPS y prestadoras, además de modificar el currículo de medicina familiar en detrimento de la calidad.
Este proyecto, como bien lo aseguró la Dra. Carolina Corcho, experta en estos temas y quien hace parte de la Federación Médica Colombiana, “no mejoraba los problemas de acceso a los servicios de salud, tampoco solucionaba los problemas de deudas dentro del sistema, no mejoraba las condiciones del talento humano en salud y profundizaba el negocio de la salud por medio de unos oligopolios de intermediarios financieros”.
Hay que decir finalmente, que la presión ciudadana, derivada del Paro Nacional, sirvió en gran medida para enviar un contundente mensaje al Gobierno y al Congreso de la República, para que se abstuviera de darle trámite a esa reforma tan nociva para el gremio médico y usuarios del sistema de salud colombiano.
En buena hora, el pueblo empieza a despertar de tanto adormecimiento al que estaba acostumbrado, ese tiene que ser el clamor nacional, salir unido en defensa de los intereses de la gente y buscar el bien común y no el de unos pocos que solo se lucran con un derecho fundamental como es la salud. Aplaudo de pie al pueblo colombiano que se ha levantado reclamando las justas causas sociales.
Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Hernán A. Olano*.- Se cumplió la ceremonia de beatificación, el pasado 30 de abril del hasta ese momento Siervo de Dios José Gregorio Hernández Cisneros, de la Orden Franciscana Seglar, OFS, conocido como “el médico de los pobres”, quien murió atropellado en Caracas hace casi 102 años. El doctor Hernández se graduó, fue profesor e investigador en la Universidad Central de Venezuela y fue un innovador de la medicina. Su fiesta quedó incluida en el santoral para el 26 de octubre, fecha del nacimiento del médico.
El doctor Hernández cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo. Desde su fallecimiento, se ha ganado su halo de santidad tanto en Venezuela como en Colombia por su labor en pro de los más desfavorecidos y sus reivindicaciones para reclamar más atención de los gobiernos. Tanto en Caracas, como en otros lugares, se puso en evidencia la religiosidad del pueblo, en momentos de crisis.
En 1986, San Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró “venerable” y ahora se dio la beatificación, aprobada por la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, con decreto del papa Francisco el 19 de junio de 2020, luego de que una comisión teológica de expertos concluyera que un milagro del médico venezolano salvó la vida de una niña de 10 años, gravemente herida durante un asalto en marzo de 2017. La postuladora de la causa ha sido la abogada argentina que ahora tiene como meta llevar a los altares al sacerdote colombiano Rafael García-Herreros, fundador de la Organización Minuto de Dios y miembro de la comunidad Eudista.
Hernández fue autor de trece ensayos científicos sobre diversas disciplinas, reconocidos por la Academia Nacional de la Medicina, de la cual fue uno de sus fundadores, lo cual llevó a que se expresara que: “Su faceta religiosa con todo lo encomiable que sea considerada en el plano místico, no debe opacar el inmenso aporte que realizó a la ciencia médica venezolana”, como lo ha reseñado en la biografía que el maestro Antonio Cacua Prada escribió para la beatificación y que fue editada por la Corporación Minuto de Dios, presidida por el reverendo padre Diego Jaramillo Cuartas, versátil directivo institucional y líder de tan prestante organización.
Hernández Cisneros, considerado un santo por el imaginario popular, que le atribuye numerosos milagros médicos, "No hay mejor bálsamo que recurrir a la intercesión del médico de los pobres", se ha expresado.
Su parentesco con otros santos: El bisabuelo del Santo ecuatoriano “Hermano Miguel” (1854 – 1910), don Francisco Luis Florencio Febres Cordero Muñoz era Joaquín Fabián Cordero Padrón nacido en mayo de 1761 en Curaridal, Venezuela y, casado en Guayaquil con María de Jesús Montoya Trejo nacida en Guayaquil en 1790. Falleció en Guayaquil, Guayas, Ecuador y venía a ser tío bisabuelo del beato José Gregorio Hernández Cisneros. De este mismo grupo familiar es la Sierva de Dios Hermana Georgina Josefa del Carmen Febres Cordero Troconis.
Bogotá, D. E, 17 de mayo de 2021
*Doctor en Derecho Canónico y catedrático de la Universidad de la Sabana
Por Juan Camilo Restrepo*.- Las declaraciones exultantes de los grupos que han visitado el palacio de Nariño por estos días tienen todas un mismo estribillo: “diálogo por favor, diálogo rápido”. Lo que está bien. Pero dan a entender con ese estribillo que diálogo es equivalente a negociación. Y que iniciado lo primero se llega automáticamente a lo segundo.
En este equívoco puede radicar la mayor dificultad de las conversaciones que se están iniciando. Con ese mensaje, tanto en lo relacionado con la reforma tributaria posCarrasquilla como las orientadas a desactivar el paro nacional, se pueden estar despertando expectativas exageradas de arreglo que luego se transforman en desencanto.
Cuando comienzan los tan solicitados diálogos es justamente cuando las dificultades empiezan. A no ser que el gobierno (afanado y asustado por salirse pronto del lío que en buena parte él mismo se metió) empiece a entregarlo todo en una negociación atolondrada que puede dar al traste con la precaria estabilidad económica que le va quedando al país. Ojalá que el gobierno se tenga fino y esto no acontezca.
En el 2019 el gobierno se vio en calzas prietas para reconocerle personería al comité nacional de paro y para que los diálogos se denominaran “conversaciones” y no “negociaciones”. La Personería del comité nacional del paro (del que los indígenas se acaban de demarcar) nunca se ha acreditado, por cierto. El problema de fondo era y aún es la magnitud desmesurada de las pretensiones que contienen los pedimentos del comité nacional del paro.
En esta ocasión las dificultades son similares, aunque el gobierno ya anunció que se allana a “negociar” y no solo a “conversar”. Las peticiones se denominan ahora con un dejo de apremio “pliego de emergencia”, pero la distancia cuantitativa entre lo solicitado y lo factible continúa siendo inmensa.
Se ha conocido que el “pliego de emergencia” que sus autores denominan pliego de “exigencias” contiene lo siguiente: renta básica universal de un millón de pesos por seis meses que cubriría a 30 millones de personas con una asignación mensual por núcleo familiar de 1 millón de pesos aproximadamente y que tendría un costo del orden de 7,5 billones ( lo que representa casi $ 80 billones); subsidio a pequeñas y medianas empresas para sostenimiento del empleo; matricula cero en las universidades públicas (pedimento que el gobierno ya se apresuró a entregar unilateralmente como trofeo durante la visita presidencial a Cali); cero privatizaciones de activos públicos; hundimiento del proyecto de ley sobre salud y derogatoria del decreto 1174, abolición total de la fumigación con glifosato. Entre otras muchas cosas.
La pretensión más costosa es la de la “renta básica” que, aunque podría tener puntos de aproximación con lo que ya planteó el gobierno como “ingreso solidario ampliado”, continúa exhibiendo un costo financiero mucho más elevado.
Cualquiera comprende entonces por qué la afirmación de que la estabilidad financiera del país dependerá de la sindéresis con que se adelante esta negociación y del pulso firme que demuestre el gobierno. Es necesario que la responsabilidad gubernamental prevalezca.
El futuro de las instituciones se va a jugar con estas negociaciones. Si el gobierno cede con facilismo, la estabilidad fiscal del país rodará hecha añicos y será muy difícil recomponerla luego. Y mucho menos con un gobierno débil en vísperas de un año electoral en el que florece el populismo como maleza por todas partes.
Y mientras tanto ¿qué? se preguntarán algunos. Pues -dirán- cualquier costo en que se incurra es inferior al de continuar con el paro. Acá es donde hay que trazar con aplomo los límites entre lo que es un diálogo y lo que es una negociación. Teniendo siempre presente que la autoridad del Estado no se puede meter en un refrigerador hasta que concluyan lo que pueden ser unas negociaciones dilatadas. El ejercicio de la “autoridad serena” de la que alguna vez habló el presidente Mitterrand no puede entrar de vacaciones.
El caso típico es el de las barricadas que continúan cerrando algunas vías claves al momento de escribir este artículo. Cerramiento con el que se están dejando sin alimentos a las ciudades, a los hospitales sin oxígeno, y a 10 departamentos sin combustibles. Acá no pueden caber concesiones. Si el vandalismo no es expresión lícita del derecho a la protesta, tampoco lo es bloquear arbitrariamente las vías nacionales. Este es un comportamiento que está prohibido y puede configurar muchos delitos. Por ejemplo: si como consecuencias del bloqueo algún paciente muere por falta de oxígeno quienes están bloqueando las carreteras incurren en lo que se conoce como homicidio “preterintencional”. Se convierten en homicidas. La Fiscalía tiene el deber de judicializarlos, independientemente de cuáles sean los resultados a los que se llegue en las negociaciones con el comité del paro.
El gobierno nacional está en mora de ordenar a la fuerza pública la apertura impostergable de las vías: apertura que no se implora ni se reclama, sino que se ordena.
Bogotá, D. C, 17 de mayo de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Adriana Matiz*.- Son los jóvenes los que visiblemente se pronuncian en cada manifestación, son los que se relevan, ciudad por ciudad, la protesta con más gritos de amargura y desesperación que con una agenda seria de peticiones viables y cumplibles.
Solo una cosa tienen en común todos ellos, al unísono responsabilizan al gobierno nacional de todos los males que hoy aquejan a este país. De manera unánime identifican al opresor en todo lo que representa el Estado.
Esta evidente animadversión por la institucionalidad y todo lo que a ella la representa es una condición normal de la juventud en cualquier lugar del mundo, no será la primera generación que lo haga. Creer que se es joven solo porque se oscila entre cierto rango de edades además de ingenuo es absurdo. Por muchos años a quienes llamamos jóvenes, que son los mismos estudiantes, se han abierto paso entre una sociedad para generar a favor de ellos los cambios sociales, económicos y políticos, pues al fin y al cabo son estos los que preparan su futuro y el país en el que desean vivir.
La pregunta sería si hoy por hoy están en capacidad de liderar esos cambios que reclaman. Ya se hicieron visibles, ya levantaron su voz, ya el país le está prestando atención, ahora solo queda esperar cuáles son sus propuestas.
Desafortunadamente su vocería la tomaron otros, personas que gozan de empleos, pensiones y hasta bienes de producción, el denominado Comité Nacional del Paro, que no es más que un grupo de representantes de las principales organizaciones sindicales del país, de pensionados, de estudiantes e incluso de transportadores son los que van a negociar con el gobierno.
La pregunta es ¿son ellos los interlocutores válidos de quienes están reclamando oportunidades de educación y trabajo? Seguramente no, pero por el momento es lo único que hay para desactivar esta protesta y esos bloqueos que tienen en jaque a la población en general, quien no solo está siendo víctima de éstos, sino de los avivatos que se están aprovechando para especular como siempre se ha hecho.
No se puede limitar la lucha a que los jóvenes puedan diariamente vociferar que el Estado no les ha cumplido, no se trata de pedir un Estado que no te cobra nada y te da todo; esa idea de bienestar intentada mil veces y mil veces ha fracasado. Se trata de proponer entre todos, de construir entre todos, de viabilizar el país que queremos todos, porque solo de esa forma esta lucha y todos los muertos y destrozos que ha ocasionado habrá valido la pena.
Necesitamos urgentemente salirnos ya de lo formal y entrar en lo sustancial, son los jóvenes los que hoy tienen la palabra y una audiencia supranacional, son ellos y no los políticos los que deben aprovechar este momento histórico, depende de ellos empoderarse de este país y proponer una agenda que nos incluya a todos, porque si alguien se queda por fuera, seguiremos cambiando solo para beneficio de algunos.
Ibagué 17 de mayo de 2021
*Representante a la Cámara por el Partido Conservador
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- “...no quiero que naide pase las penas que yo pase”. Cantaba Atahualpa Yupanqui y es el clamor latente de los miles de jóvenes que se han tomado las calles para manifestar sus frustraciones, su indignación, sus sueños de tener un futuro que hoy se les niega. El desempleo es hoy el principal problema del país para el 74% de los jóvenes. la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad nacional.
La pobreza y el hambre también asedian. Pero son la consecuencia de no tener un trabajo digno que les de los ingresos para vivir. Por eso propuestas como la Renta Básica son totalmente indispensables para que la gente pueda comer, y se deben implementar ya, pero no son la solución de fondo del problema.
A los jóvenes y sus familias la Renta Básica les da presente pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos pero sobre todo dignidad.
Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree por lo menos 500.000 puestos de trabajo. En medio de la recesión, el Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos y se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.
Los subsidios a la nómina hubieran servido en marzo del año pasado, antes de que desaparecieran 4.5 millones de empleos, pero hoy ninguna empresa va a contratar un nuevo trabajador solo porque le cubran el 30 o 40% del costo salarial, salvo que tenga la certeza de que va a poder vender lo que produzca ese trabajador, pues no tiene cómo pagar el resto del salario y los demás costos de producción.
¿Qué se ponen a hacer esos 500.000 trabajadores? Proyectos de creación de bienes públicos: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), o servicios sociales para las comunidades.
Existen ejemplos exitosos. A nivel muy local, el programa de Guardianes de Paz y Cultura de la anterior alcaldía de Cali que rescató a miles de jóvenes pandilleros. En un nivel territorial, el FOREC que coordinó la reconstrucción del eje cafetero después del terremoto de 1999, es un caso de eficaz colaboración público-privada.
El más ambicioso de estos programas fue el “Civilian Conservation Corps” (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de 6 años empleó a cerca de 3 millones de personas en labores de construcción de infraestructura y conservación y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.
El gobierno nacional debe liderar y financiar la creación de un programa similar, articulado con los gobiernos locales para su ejecución y con el sector privado para su administración.
Cali, 16 de mayo de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Manuel Galán*.- ¿El país que queremos es uno que apela a la violencia para intentar despertar a un gobierno que no comprende a la gente que cree gobernar? ¿Es un país que no vota o que lo hace sin pensar y repite una y otra vez errores, porque elige a quien luego tiene que sufrir, por su incapacidad para gobernar? ¿Queremos una Colombia con sus carreteras bloqueadas, y con la policía atacando a su propia gente, que juró proteger? ¿El país que queremos es el que responde a intereses que no son los de su pueblo, como una guerra contra las drogas que lo está destruyendo? ¿La Colombia que queremos es la que depende de decisiones de otros países, que le imparten órdenes, y que renuncia a ser dueña de su propio destino? ¿El país que queremos es el que les roba la esperanza a los jóvenes para vivir, tener futuro, formarse, trabajar y liderar? No, este no es el país que queremos vivir.
El país que queremos vivir es una Colombia donde podamos ser lo que somos capaces de ser para nuestras familias y para nosotros mismos. Es el país donde cada día sea de crecimiento, en el que tengamos la oportunidad de construir lo que pensamos deben ser nuestras vidas. Una Colombia que reconozca, incluya y entregue el manejo de su destino al conjunto de naciones que la componen: la nación de la niñez, la campesina, la juvenil, la diversa, la feminista, la indígena, la de las víctimas, la del adulto mayor, la defensora de los derechos para la naturaleza y la territorial.
El Nuevo Liberalismo debe ser el partido que represente e interprete políticamente a ese conjunto de naciones, el partido de la gente, de la democracia y la territorialidad. No un partido de delfines, ni de “los Galán”. Se trata de un espacio de propuesta, donde reivindiquemos el sentido ético que debe tener el liderazgo político y moral: la ética del cuidado de la dignidad humana y del planeta. El partido del renacer de una esperanza asesinada. El partido en el que no permitiremos que nos vuelvan a robar la esperanza de un país en paz, como lo afirmó el Papa Francisco durante su visita a Colombia.
Todos somos responsables de esta explosión social inédita en nuestra historia. Las viejas fórmulas de componendas palaciegas entre élites políticas que hace mucho tiempo dejaron de representar a la ciudadanía, ya no funcionan. Es un nuevo pacto social el que requerimos, donde todos pongamos, especialmente los que más tienen. Donde todos desarmemos el discurso político y rechacemos cualquier tipo de violencia.
Como un primer paso que permita recuperar confianza y garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los representantes de la protesta, proponemos: una ley de soberanía ciudadana que: 1) Eleve los acuerdos a mandato legal y de obligatorio cumplimiento; 2) Autorice los recursos necesarios, posibles, prudentes y progresivos. 3) Cree una comisión ciudadana con participación de las organizaciones del paro, con claras atribuciones para garantizar su ejecución y vocería ante el gobierno nacional. 4) Veeduría internacional de Naciones Unidas. 5) Disponer de medios de expresión con la ciudadanía, que incluyan una página oficial.
Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Amylkar D. Acosta M*.- En un insólito y tardío pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, en el que priman los economistas ortodoxos, a través de un comunicado post morten digno de mejor causa, le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma de marras. Y la razón esgrimida por ellos para apoyar tan abominable como abominado esperpento es que “no es posible estar de acuerdo, al mismo tiempo, con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.
Lo hemos dicho y lo repetimos, no cabe duda sobre la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, que va en la dirección correcta de una renta básica para los más vulnerables que hemos venido planteando, así como “los demás gastos sociales” en que ha venido incurriendo el Gobierno Nacional, máxime después del exacerbamiento de las lacras sociales del desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad, principales secuelas de la pandemia. Pero, de ello no se sigue que la fuente de su financiación recaiga sobre la clase media y sobre los vulnerables, manteniendo incólumes los beneficios tributarios para los más pudientes, que era lo que pretendía el proyecto de marras.
Al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome, no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media…hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.
No se puede desestimar el riesgo de la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana a consecuencia del actual desbarajuste fiscal, por cuanto ello conllevaría una dificultad mayor para el acceso al crédito en momentos en que más se requiere y el encarecimiento de la abultada deuda pública que ya representa el 65% del PIB. Pero, tampoco se puede sobreestimar, pues, como lo afirma Juan Pablo Espinosa, Director de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, “evitar una rebaja en la calificación no debería ser un propósito, sino más bien una restricción con la que las autoridades actúen en estos momentos”. Es decir, el llamado es a la prudencia y no al pánico frente a dicho fantasma.
Coincido con la ex ministra Cecilia López en que si bien el déficit fiscal es motivo de mucha preocupación, “el principal problema de la economía colombiana hoy no es el déficit fiscal sino el desempleo y la pobreza” sobre todo de los jóvenes, con una tasa impresionante del 23.5%. Amén de que de los 10.9 millones de jóvenes , el 33%, es decir, más de 3 millones de ellos ni estudian ni trabajan, pertenecen a la ignominiosa franja de los NINI. Se pregunta ella y con razón “a qué hora perdimos el foco”.
A todas esas, cabe preguntarse qué espera el Gobierno Nacional para presentarle al Congreso de la República y al país su proyecto de reforma 2.0, después que el Ministro Restrepo le anunció al país que “hay unos puntos de consenso. Uno es el tema de gasto social enfocado en los más vulnerables y la necesidad de una ley que apoye ese gasto y que encuentre fuentes de financiación que garantice la estabilidad fiscal”. El Ministro Restrepo ha acotado el alcance del mismo, según él “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla.
Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la ANDI, por una parte y de FENALCO – ACOPI por la otra, consistentes en aplazar en el primer caso y renunciar en el segundo a varios de los beneficios tributarios que recibieron en la reforma tributaria anterior, la del 2019. Sumadas sus propuestas, de acogerla el Gobierno y para luego es tarde, le significarían un mayor recaudo de $13.4 billones, casi a lo que aspira el Ministro Restrepo. El mensaje del Presidente de la ANDI no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”. El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójanle la flota a los empresarios!
El Congreso de la República tiene el tiempo justo para tramitar y aprobar esta reforma, que no ampliaría ni la base del impuesto de renta a las personas naturales ni la del IVA y sería una contribución a la distensión tan necesaria en estos momentos en los que la movilización y la protesta en el país está en su segundo pico, después de las de noviembre pasado. Bien dijo el Sacerdote jesuita, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana Vicente Durán Casas, que “si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos” y a superar nuestros desencuentros
Santa Marta, mayo 15 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- En la democracia representativa elegimos libremente a quienes “nos representan” en el Congreso, donde se debaten los problemas nacionales para convertir en leyes sus soluciones; y también a quienes “nos gobiernan”, con el control político de los primeros y la vigilancia de unas entidades “de control”.
Pero con el argumento de que éramos un país “presidencialista”, la función gobierno y, con ella, la democracia, viene siendo sustituida por una, ya no del pueblo por representación, sino de “populacho” y cabildo abierto por extorsión.
La Constitución del 91 hizo lo suyo, pues la tutela, inmenso logro, pero mal reglamentado, dio pie al “cogobierno” de los jueces, que terminan decidiendo lo que debe y no debe, puede y no puede hacer el gobierno.
A la tutela se sumaron las repúblicas independientes indígenas, con justicia y gobierno propios, derechos territoriales y un concepto de “participación”, a través de la Consulta Previa, que obliga al Gobierno a “pedirles permiso” por todo y para todo, derecho excesivo que no está en la Constitución, pero que, soportado en un convenio internacional, ¡de la OIT!, hace parte del “bloque de constitucionalidad”, esa figura para llenar de micos la Constitución por la puerta de atrás, como sucedió con el Acuerdo Farc-Santos.
El tal Acuerdo hizo también lo suyo, fortaleciendo la “participación” -más cogobierno- de las comunidades controladas por las Farc, regalando curules, creando otra “Gran Corte”, como si no tuviéramos suficientes, imponiendo un “plan de gobierno” alterno y obligatorio para tres administraciones, y lo más grave, además del narcotráfico que corrompe y financia el caos, instalando el precedente de la extorsión como estrategia negociadora.
Esa fue la estrategia fariana para sentar al gobierno a “negociar”, con la izquierda y sectores políticos de variopintos intereses, empujándolo a doblegarse y a doblegar los derechos de muchos a las exigencias de unos pocos. Así se golpeó la democracia con el atraco de Santos al plebiscito; esa es la pretensión del ELN, y así opera el Comité Nacional del Paro.
¿A quiénes representaban los narcoguerrilleros de las Farc, para imponer sus condiciones a todo un país? ¿A quiénes representan los líderes del paro, para imponerle a Colombia marchas y bloqueos, violando los derechos al trabajo, la salud, la alimentación y la vida?
Todo bloqueo es un delito que debe ser castigado, pero no vemos a la izquierda denunciándolos ante el mundo, ni denunciando el vandalismo criminal, como denuncian afanosos los presuntos excesos de la Fuerza Pública. En lo más crítico de la pandemia, ninguna marcha es pacífica, todas son criminales, pues muy pronto empezarán a verse sus contagiados y sus muertos.
Así que, cuando los señores Oyola de la CGT, Maltés de la CUT y Velandia de Fecode, y detrás de ellos el señor Petro, aplicando la negociación extorsiva dilatan negociaciones, inventan causas y proclaman envalentonados que “el paro sigue”, deben contar como suyos esos muertos y el país habrá de reclamárselos.
El Gobierno no puede caer en la trampa del diálogo extorsivo a partir de la explotación de las necesidades del pueblo para generar violencia, bloqueo económico y caos; trampa vieja que utilizaron Lenin, Hitler, Castro y, más cerquita, Chávez en Venezuela. Primero fue la tributaria y luego la Salud, una renta básica imposible, el desmonte del ESMAD, la “desmilitarización” de la protesta y obligar al presidente a incriminar públicamente a la Policía. Nada es suficiente, porque el objetivo es otro: humillar al gobierno para aparecer como redentores en 2022.
¡Basta ya! Los gobiernos están para gobernar, velar por el interés general y hacer cumplir la Ley…, para restituir la democracia… y punto.
Bogotá, D. E, 15 de mayo de 2021
@jflafaurie
Por: Robinson Castillo*.- “El Coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.”
¿Cuántas veces se multiplica a diario en Colombia la anterior escena del Coronel no tiene quién le escriba? Estamos condenados a repetir las desgracias, anestesiados, agobiados por una mayoría cansada, que hizo que se detuviera el tic toc de la bomba social, que ya explotó.
En el presente siglo y aún sumando las protestas del anterior, Colombia no había asistido a una protesta tan larga y trágica. Es un triste récord y el efecto de una desigualdad largamente acumulada.
La paciencia se acabó. Es el sentimiento que hoy atraviesa a Colombia como una daga, cargado además de lágrimas, desesperanza y rabia. Y lo que más preocupa: Con un desenlace incierto.
La incertidumbre es una constante. Este es un país con más años malos que buenos, las treguas de normalidad y el aparente impulso de desarrollo, son una excepción casi invisible.
En la actualidad todo parece imposible. Una clase media casi desaparecida, jóvenes sin posibilidades de empleo, gente angustiada, retos cotidianos que sobrepasaron la capacidad de millones de inconformes. Nerviosismo al extremo.
Los argumentos racionales perdieron toda credibilidad. Ahora lo que importa es sobrevivir, miles de familias atrapadas en la agonía de cumplir compromisos tan aparentemente básicos como pagar los recibos de servicios públicos. Lo peor por ocurrir, pasa todos los días.
El sentido de la realidad se trastocó. Hablar de comer tres veces al día, ya parece un recuerdo remoto, lejano e improbable de recobrar. Con hambre y sin futuro, ninguna sociedad es capaz de sobrevivir en sí misma. Esto alimenta la ira.
El estallido social no parece ser una expresión efímera. Todo lo contrario, esta vez parece completo y para siempre. Quieren abrirse paso en un país con grietas de desigualdades insalvables, en un intento por escapar de la miseria.
Este es un país devastado por la economía, tal vez mucho más de lo que nos imaginamos. Hay deformación de la esperanza. Abrir la nevera por la mañana y no encontrar nada, temor de mirar a los ojos a los hijos, para escapar de la inevitable realidad de un día más, pero con menos opciones.
Muchos colombianos al levantarse todos los días, se preguntan si lo que estamos viviendo es la realidad o producto de una pesadilla, en las escasas horas de sueño, pues el insomnio lo perfora todo. Algunos preferirían la pesadilla, es más efímera y menos cruel, de lo que pasa día a día.
La angustia ya se instaló en las calles hace varios días. Miles de ciudadanos intentan enderezar el destino de una nación con todas las dificultades, en su gran mayoría jóvenes que no les interesa el sacrificio al que se enfrentan. Es un país inconcluso.
Vivimos en la incesante repetición del Coronel no tiene quién le escriba.
“La mujer se desesperó.
—Y mientras tanto qué comemos —preguntó, y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía—. Dime, qué comemos.
El coronel necesitó setenta y cinco años —los setenta y cinco años de su vida, minuto a minuto— para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder.
— Mierda.”
Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2021
*Comunicador Social-Periodista.
Por Gabriel Ortiz*.-Nadie puede explicarse la tardanza del presidente Duque para abandonar la “conversación” y aceptar la negociación con las directivas del paro que mantiene en crisis a Colombia.
Entre Carrasquilla y su mentor, lo sumergieron en una reforma tributaria que a todas luces era inoportuna, en un país fuera de sitio, y riesgosa. A la pandemia se le sumaban una paz herida, una inequidad, una extrema pobreza, una clase media estrangulada, corrupción galopante, derroche incalculable, polarización infinita, y mil cosas más.
Carrasquilla quería reforma, que fue respaldada por el mentor, pero solo hasta cuando explotó el desastre.
Duque, amigo de imponer con ardor su voluntad, levitó y se enfundó dentro de su arrogancia, para decir no, a lo poco que alcanzaba a escuchar.
El país entero, bueno…casi todo, se plantó y configuró un pliego, contra la fatal reforma, al que le agregó numerosos puntos para enderezar las cosas, y otros que el hoy ministro de Defensa, había burlado durante las “conversaciones”, de 2019. Ese encono, estaba dormido y era considerado como un engaño del gobierno.
Las clases sociales, que esperaban otra actitud, de un Duque un poco más maduro, experimentado y conciliador, empezaron a enardecer. Algunos dirigentes quisieron tranquilizar las cosas, pero la terquedad del “máximo”, enrareció el ambiente.
Si Duque, hubiera hecho sonar el Himno Nacional en la TV y la Radio y como un Jefe de Estado, le hubiera dicho al país: “¡compatriotas: he decidido archivar la reforma tributaria!”, otro cuento estaríamos narrando. Sería hoy, un triunfador tonificado, fortalecido e independizado, mientras sus encuestas alcanzaban cifras envidiables. Pero la miopía de sus asesores y mentores, lo desorientaron.
A partir del 28 de abril, todo se derrumbó y desordenó. La negativa de Duque a ejercer autonomía y mostrarse ante su pueblo con hidalguía, certeza y seguridad, lo debilitó más.
Emergieron marchas pacíficas en Cali, con gente de todas las razas y pensamientos…luego violencia con muertos, heridos, desaparecidos, saqueos y bloqueos. Paramilitares dispararon contra los indígenas. Las violaciones de los Derechos Humanos por parte de ejército y policía, colocaron a Colombia, a Duque, a su dirigencia y a su gobierno en la picota. Países y organismos internacionales clamaron por el regreso a la normalidad en Colombia y al respeto a la vida.
Nada salió tan mal en esta Colombia que recordamos cómo este descontrol del gobierno del Centro Democrático.
Hoy seguimos en las mismas. A Duque hay que apoyarlo, más no a su partido. Aún tiene cuerda para conformar un gobierno de unidad nacional, sin polarizaciones y con participación multipartidista, como ocurrió después del 9 de abril. ¡Duque Salve a Colombia!”.
BLANCO: La salida de la Canciller Blum. Y que se vaya con esa enorme burocracia.
NEGRO: El lamentable fallecimiento del padre Joaco Sánchez, de Humberto Pava y de la querida Alexandra Mora.
Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
