Opinión

Por Adriana Matiz*.- Esta semana el país académico se encontró con la noticia que Fecode, Federación de Trabajadores de la Educación, no apoya el regreso a clase de miles de estudiantes que tienen como única opción la educación pública.

Ante esta situación la dicotomía se puntualiza entre lo que queremos y lo que tenemos. Es decir, entre el país perfecto que quisiéramos ser y el país con miles de limitaciones que somos, situación a la que de ninguna forma escapa la educación.

Son miles los profesores que han destinado de su propio peculio para que muchos alumnos puedan tomar sus clases en condiciones, menos que normales, pero más justas de lo que serían originalmente; esto lo han hecho por muchos años. Su compromiso no fue solo académico, su entrega fue personal y así se han comprometido en sacar varias generaciones de este país de las garras de la miseria y el atraso.

Hoy seguramente con buenas intenciones, pero alejados totalmente de la realidad, Fecode determina que no habrá regreso a clases de los estudiantes de los colegios públicos hasta que las condiciones de las infraestructuras sean más aptas. Plausible actitud pero lejana a las posibilidades conociendo las falencias de nuestro presupuesto nacional.

¿Qué hacer entonces? Lo que sea posible, aunque no sea perfecto. Son muchos los estudiantes de cortas edades los que desde hace un año se retiraron de la presencialidad educativa para acceder a ella a través de un computador o una tableta. Seguramente en el sur de Francia o en el norte de los Estados Unidos es una medida viable, pero en nuestro país está lejos de cualquier factibilidad.  Las condiciones de infraestructura en conectividad o de servicios públicos no permiten que desde una montaña o cualquier sitio rural estos niños tengan la capacidad de recibir los beneficios de la educación. Posiblemente esos beneficios hayan desaparecido totalmente hoy y muchos de ellos hayan regresado a ser los trabajadores de las fincas de sus padres o de los señores para los que estos trabajan.

De ser así, el país y el mismo Fecode perdieron años de lucha y el sacrificio de tantos maestros que apostaron por la educación de los párvulos. Educadores que se entregaron su vida a formar ciudadanos de bien por fuera de los coqueteos de la delincuencia y el crimen. Volver a empezar será complicado, pero hay que intentarlo. Es lo único que tenemos para no condenar a estos miles de jóvenes a una miseria generacional que le ha impuesto una sociedad egoísta y que no apuesta por estas más allá de lo que le sobra.

Dejo claro que la situación actual no es culpa de Fecode. No es culpa de los maestros. No es culpa del gobierno actual. Son décadas de atraso. En cuanto a nosotros corresponde es que en las condiciones que tenemos tal vez mejoradas con cultura y solidaridad, reforzadas con políticas sociales que se han implementado, como transporte escolar y alimentación escolar, continuemos dándoles a estos niños una oportunidad de salir de las condiciones en las que actualmente están. Aunque nos parezca creíble o no, son peores que las que les podemos brindar desde las instituciones educativas que tenemos.

Ibagué, 5 de abril de 2021

*Representante a la Cámara por el Partido Conservador

Por Guillermo García Realpe*.- Las noticias en nuestro país por estos días no son las mejores, Colombia ha regresado a la época oscura de la guerra y la violencia en las regiones. Carro bomba, desplazamientos masivos en distintas partes del territorio nacional y desapariciones, son los principales titulares en los grandes medios de comunicación.

Volvimos a los días grises de épocas anteriores cuando los violentos se creían amo y señores de nuestra nación, sin duda el terror, la muerte y desolación tristemente se apoderan nuevamente de Colombia.

La guerra ya existe, la confrontación y el conflicto es un hecho en Colombia. Departamentos como el Cauca, Nariño, La Guajira, Arauca, entre otros, pueden dar fe del horror que están padeciendo por cuenta de estos graves flagelos. En la frontera venezolana, cada día son miles los ciudadanos que cruzan la línea fronteriza huyendo de los cruentos combates entre la Guardia Nacional y grupos ilegales colombianos. En La Guajira, por ejemplo, muchos venezolanos sobreviven en condiciones absolutamente deprimentes.

Lo mismo sucede en Arauca, la situación es identica y eso agudiza las condiciones sociales nuestras, desborda cualquier capacidad de atención gubernamental y por más esfuerzos en garantizarles una mejor estadía a los hermanos venezolanos, no hay recurso de las entidades territoriales que alcance.

Ahora, sí miramos la situación de nuestro sur del país, la radiografía es peor,  municipios del Cauca, como Argelia y Corinto, entre otros están viviendo los horrores de la guerra. Allá, la confrontación ya existe; miles de hombres armados ilegales en las diferentes bandas, disidencias, Ejército de Liberación Nacional, bandas criminales, en fin.  Y esto se repite a lo largo y ancho de Colombia, incluso regiones de la Costa Pacífica nariñense, como El Charco, viven bajo la violencia absoluta.

Definitivamente el gobierno no pudo, en buen grado, esta circunstancia; se debe a que el actual gobierno no continuo con el proceso de paz, que si bien éste proceso tenía mucho por delante, por mejorarse, por implementarse, siempre la ruta mejor era de continuar mejorandolo, fortaleciendolo, no echandolo pa´tras como lo está haciendo, es evidente que al echar para atrás los PNIS, los planes de sustitución, hoy vemos los conflictos que tenemos a lo largo y ancho de veinte departamentos donde hay presencia de cultivos de uso ilícito, con las bandas criminales, los grupos armados ilegales, el gobierno de los ilegales y los criminales.

En segundo lugar, el gobierno tampoco continuo con el tema de restitución de tierras y esto ha derivado conflictos también en muchas regiones de Colombia. En conclusión, el gobierno, al destruir los instrumentos del proceso de paz, practicamente le dio gusto a quienes pretendian volver trizas, no sólo el acuerdo, sino la convivencia pacífica colombiana. Eso lo logró y a cambio no avanzó absolutamente nada en otros frentes.

La pandemia agravó toda esta serie de circunstancias, el desempleo, la falta de ingresos, la destrucción del aparato productivo, industrial, agroindustrial, y agropecuario, como lo hemos reiterado.

Este gobierno ya tiene el sol en sus espaldas, nada indica que pueda tomar medidas y que estas tengan algún resultado. Horror y lástima por el país. El gobierno y los partidos de gobierno, definitivamente tienen que responderle al país. La coalición de partidos conformada por los conservadores, Centro Democrático, Cambio Radical, la U y algunos cristianos, tienen que darle la cara al país. No sólo el uribismo y Duque son responsables, sino esta coalición de gobierno, que definitivamente destruyó el proceso de paz en Colombia. Todos ellos son responsables, entre otras cosas, porque en su momento apoyaron las objeciones al proceso de paz, a la Justicia Especial de Paz, a la justicia transicional, tienen que salir a responder.

Ojalá pronto el rumbo de Colombia cambie para el bien del país.

Finalmente y cambiando de tema, nuestras más sinceras felicitaciones a Daniel Mendoza Leal, por el reconocimiento que le ha hecho el premio Indica Catalina y a Noticias Uno, como el mejor noticiero nacional. Hay esperanza de opinión independiente, libre en Colombia, que a pesar de los pesares, de la situacióndifícil que vive el país, hay gente digna y habemos muchos colombianos que reconocemos esa dignidad. También nuestro reconocimiento a Iván Cepeda, porque ha hecho una gran cruzada de defensa de la Constitución, de la vida y de la democracia en Colombia.

Bogotá, D. C, 5 de abril de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La Desigualdad es el fantasma que hoy recorre el mundo. Alimenta el descontento de la población, provoca estallidos sociales, amenaza las democracias y hasta ha penetrado la torre de marfil de los economistas.

Frente a la constatación de que la pandemia del coronavirus ha aumentado la desigualdad, ha resurgido la conciencia de la necesidad de la intervención de un Estado fuerte que favorezca los más pobres y redistribuya el ingreso, para lo cual debe conseguir recursos mediante aumento de impuestos que graven a las grandes corporaciones y el patrimonio de los más ricos.

Analistas económicos, asesores de gobiernos y dirigentes políticos coinciden en estos planteamientos que en el universo neoliberal de Reagan y Trump eran calificados como reliquias prehistóricas. Una muestra es el siguiente texto que me he permitido transcribir:

“La pandemia de COVID-19 está intensificando el círculo vicioso de la desigualdad. Para romper esta tendencia y darles a todos una oportunidad justa de prosperidad, el gobierno debe mejorar el acceso a los servicios públicos básicos, como la atención médica (incluida la vacunación) y la educación, y fortalecer las políticas redistributivas. Esto requeriría recaudar ingresos adicionales y mejorar la eficiencia del gasto.

Además, la pandemia ha afectado más a los grupos más vulnerables. Los trabajadores menos calificados y más jóvenes han experimentado más pérdidas de empleo que aquellos en ocupaciones más calificadas. Asimismo, los grupos étnicos desfavorecidos, los trabajadores del sector informal se han visto más afectados y las mujeres, que tienden a estar sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por COVID-19.

Romper el ciclo de la desigualdad requiere políticas tanto predistributivas como redistributivas. Con las primeras, se garantiza que las personas tengan acceso a servicios públicos básicos y buenos empleos. Esto permite reducir la desigualdad de ingresos antes de que el gobierno redistribuya con impuestos y transferencias.

Mejorar el acceso a los servicios públicos básicos requerirá recursos adicionales, que se pueden movilizar mediante el fortalecimiento de la capacidad fiscal general. Se debe depender más de los impuestos sobre la propiedad y la herencia; también aumentar la progresividad fiscal, ya que hay margen para aumentar las tasas marginales máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como para eliminar las exenciones en los impuestos sobre la renta del capital.”

Quiero plantear a los lectores la tarea de adivinar de donde proviene este texto. Algunas pistas: 1) Un discurso del “socialista” Bernie Sanders en Estados Unidos / 2) El programa económico de Petro / 3) Una homilía del Papa Francisco / 4) La recomendación de asesores de Bolsonaro en Brasil para que recupere su popularidad / 5) Otro (diga cuál).

Adenda: El jueves 8 de abril a las 9 a.m. el centro de pensamiento LIDES y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung realizarán un simposio sobre distintas facetas de la desigualdad en Colombia. Se podrá ver en las redes sociales del portal La Línea del Medio.

Bogotá, D. C, 4 de abril de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor

Por Juan C. Restrepo*.- No debemos perder el foco: lo prioritario de ahora en adelante es lo social. La recuperación económica se irá dando en la medida en que la lucha contra la pandemia se vaya ganando. Cuando la campaña de vacunación conduzca, más rápido, al esperado “efecto rebaño”. Cuando tengamos menos confinamientos, mayor movilidad y dinámica empresarial. Todo esto irá jalonando el despertar de la economía y del empleo a lo largo del 2021.

Año que se creía iba a ser el de la gran recuperación. El del rebote espectacular. No va a ser así, sin embargo. El primer trimestre anduvo mal. Y aunque por supuesto será mejor que el terrible 2020, éste del 2021 será más discreto en términos de crecimiento del PIB de lo que se pensaba. Pero habrá crecimiento positivo de todos modos.

El gran reto de ahora en adelante es, sin duda, lo social. Este primer año de pandemia ha dejado en ruinas nuestro tejido social. Infinidad de cifras apuntan y coinciden en que hemos retrocedido por lo menos diez años en la lucha contra la pobreza, que iba bastante bien hasta que llegó el coronavirus. El desempleo sigue altísimo como lo demuestran las últimas cifras del DANE para febrero. Y a nivel de mujeres y de jóvenes las cosas están mucho peor. La brecha entre estudiantes de colegios públicos y privados se ha ampliado gravemente en contra de los primeros con el estudio virtual.

Dos indicadores que han salido en los últimos días llaman muchísimo la atención. Y muestran la importancia de lo social como la gran prioridad que deben tener las políticas públicas de ahora en adelante. Según la última encuesta “El pulso social” del DANE correspondiente al mes de febrero, 2,4 millones hogares no están pudiendo tener acceso a las tres comidas diarias por falta de ingresos. (Ver resumen de esta encuesta en el periódico Portafolio del 26 de marzo, página 8). Si uno hace el cálculo muy simple de cuatro miembros por hogar llega a la aterradora cifra según la cual cerca de 10 millones de colombianos no están pudiendo adquirir el mínimo de las tres comidas diarias. Hay hambre. Cerca de un cuarto de la población colombiana ha caído en la inseguridad alimentaria, no por falta de oferta alimenticia sino por insuficiencia de ingresos para adquirirla.

Otro dato que hace reflexionar es el que dio Juan Carlos Echeverri: de aplicarse la reforma tributaria tal como la ha anunciado el gobierno succionaría el 56% del ingreso disponible de las familias colombianas después del consumo. Esto se explica por la inusitada meta de recaudos proyectada ($ 30,3 billones) que buscaría la reforma; cuantía insólitamente alta que ubica el 90% del fardo fiscal sobre los hombros de quienes pagan el IVA y sobre los de las personas naturales. A no ser que el Congreso disponga lo contrario.

Claro: el proyecto de reforma tributaria contiene elementos compensatorios que hay que registrar y aplaudir. Dispone una ampliación de la devolución del IVA a los sectores más vulnerables y, sobre todo, propone una notable ampliación en el tiempo y en la cobertura del “ingreso solidario” asemejándolo mucho a la “renta básica” de la que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Si bien el garrote social de la reforma tributaria por el lado de los recaudos es grande y golpea duramente a la clase media, hay que reconocer que la zanahoria social por el lado de los gastos nuevos no es insignificante. Y entraña un reconocimiento de que la gran prioridad de las políticas públicas de ahora en adelante tiene que ser la cuestión social. Que ha quedado tendida en el terrible campo de batalla al que inesperadamente nos lanzó la pandemia.

Bogotá, D. E, 4 de abril de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- “Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla” Joseph Stiglitz.

Colombia y el mundo han soportado este aciago año conturbado  por cuenta del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado tras de si una estela de muerte y desolación. La cifras son escalofriantes: 130´341.697 de contagiados por la COVID-19 en todo el mundo y 2´839.884 fallecidos, siendo EEUU, Brasil, México e India, en su orden, los países  con el mayor número de víctimas fatales. La cuota de Colombia a tan dantesco cuadro no es menor: en momentos en los que se encamina por la pendiente hacia un tercer “pico” de contagiados, el acumulado de infectados recuperados y decesos se cifran, al corte del 2 de los corrientes, en 2´428.048 y 63.614, respectivamente. Según el Director del DANE Juan Daniel Oviedo, la COVID-19 se convirtió en la principal causa de muerte en Colombia en el 2020.

Las preexistencias a la pandemia, tanto en el orden económico como social, hicieron de Latinoamerica la región más vulnerable a sus devastadores efectos. Después de crecer durante el largo ciclo de precios altos de las materias primas (2003 – 2011) por encima del promedio de crecimiento de la economía global, en 2019 había ajustado cinco años con un anémico crecimiento, muy por debajo del ritmo de crecimiento del resto del mundo. De manera que el entorno de la economía colombiana, que venía rengueando los últimos años, creciendo por debajo del crecimiento potencial del PIB, no era ni es el mejor de cara a su recuperación que, según la CEPAL y el FMI será demasiado lenta.

Según la previsión del Banco Mundial, después de la recesión del año pasado, que hundió la economía con una contracción del PIB del - 6.8%, tendremos un repunte este año de 5% que, de alcanzarlo, nos debemos dar por bien servidos, aunque dada la incertidumbre por la prolongación de la crisis pandémica dicho pronóstico es reservado. Tanto más en cuanto que el petróleo y el carbón, sus dos principales renglones de exportación y los principales jalonadores del crecimiento de la economía han perdido tracción y fuerza a consecuencia de la caida de la producción y los precios internacionales. Y de contera, el turismo, que venía posicionándose como el tercer renglón generador de divisas del país, ha sido el sector más golpeado por la actual crisis, estimándose una caida de ingresos del orden de los $20.1 billones en 2020 con respecto al 2019 y será este sector el último en terminar de reponerse y reactivarse a nivel mundial.

Las finanzas públicas que, desde antes de la pandemia, venían acusando un déficit estructural de no menos del 4%, que es la brecha entre la presión fiscal (recaudo/PIB) y el gasto público, del cual no menos del 85% es inflexible, se siguen deteriorando. El año anterior, según el Ministerio de Hacienda cerró con un déficit fiscal de - 7.8% del PIB, el cual, según su Plan financiero, se elevaría este año hasta el - 8.6%. Y de remate, según el estimativo del Banco Mundial, el endeudamiento público del país al cierre de 2021 se elevaría hasta el 70.4% del PIB (¡!), poniendo en calzas prietas la sostenibilidad fiscal de la Nación.

Las aulagas fiscales del Gobierno Nacional han servido para justificar una reforma tributaria, disfrazada ahora con el rimbombante título de “solidaridad sostenible”, cuando en realidad estaba cantada desde el momento mismo en que se aprobó la anterior bajo el eufemismo de Ley de “crecimiento”, pues a resultas de esta se había abierto una tronera al recaudo de más de $10 billones por cuenta de la extensión y ampliación de los beneficios tributarios otorgados con largueza en la misma, mediante exenciones, deducciones, descuentos y exclusiones impositivas. Estas gabelas impositivas se han convertido en un pesado fardo para las finanzas del Estado, que ahora se pretende aligerar cargándole la mano sobre todo a la clase media vulnerable ampliando la base gravable del IVA.

Pero, definitivamente, como siempre ocurre, los que han llevado la peor parte de la actual crisis pandémica son los más vulnerables. Las cifras que acaba de revelar el Director del DANE Juan Daniel Oviedo muestran el patetismo de sus estragos sociales: 1.6 millones de familias que al inicio de la pandemia consumían las tres comidas al día, hoy ya no tienen esa posibilidad. Los hogares que tenían acceso a las tres comidas al día en febrero de 2020 eran 7.11 millones, mientras que en febrero de 2021 fueron sólo 5.4 millones.

Según la misma fuente “vemos que 1.5 millones de hogares que antes comían tres comidas al día ahora están comiendo  sólo dos veces, lo cual corresponde  al 21.47% de esos hogares que antes consumían tres raciones al día”. Y, más grave aún, 92.214 familias pasaron de comer tres veces a un solo plato al día y otros 9.010 hogares no tendrían siquiera para una comida diaria. Lo más preocupante es que sus secuelas perdurarán por años y en muchos casos sus consecuencias serán irreversibles, sobre todo en tratándose de la niñez desnutrida. Esta es una verdadera tragedia humanitaria que reclama la acción pronta y eficaz del Gobierno, lo cual demanda más Estado y no menos Estado como lo plantean los talibanes del neoliberalismo secundados por el populismo de derecha.

Ello se explica en gran medida por la pérdida y/o precarización del ingreso y el empleo, dado que la tasa de desempleo, que ya venía in crescendo en la prepandemia, se elevó a niveles del 15.9%, la más alta desde el año 2000(¡!). Lo propio podemos decir de la pobreza que, después de 10 años de reducción se había revertido dicha tendencia a partir del año 2019, al pasar del 34.7% en 2018 al 35.7% en 2019 y ahora, según las proyecciones del investigador de Fedesarrollo jairo Nuñez pudo haberse situado entre el 47% y el 49% en 2020, para un retroceso de 20 años (¡!). Esta es una calamidad!

Santa Marta, abril 3 de. 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Estado.

www.amylkaracostamedina.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- En este tiempo de reflexión cabe recordar el mensaje de Jesús sobre algo más grave que la corrupción misma: la pérdida de valores esenciales: "Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada otra vez?” Por eso advierte a sus discípulos que ellos son “la sal de la tierra” -la diferencia- y que, si dejan de serlo, esa sal “ya no sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada”.

Los jueces tienen esa responsabilidad de ser “sal de la tierra”, pero la reciente encuesta estableció que el 69% del país cree poco en la justicia, algo cree el 24% y solo un 6% cree mucho, dentro del cual estarán los jueces y el sistema en que los demás no creemos.

La impunidad, superior al 90% antes del Acuerdo fariano, hoy anda por el 95%, no solo porque los principales criminales no recibieron castigo, sino porque dejaron sembrado el país de violencia -de coca, que es lo mismo-, mientras la justicia no sale del lodazal de corrupción y politización en que se encuentra.

Es un sistema que no funciona, y que los mismos jueces y los políticos, en perverso maridaje, no dejan reformar porque es el caldo de cultivo donde abusan del poder de juzgar y castigar -o dejar de hacerlo-, donde entran y salen por puertas giratorias, donde se enriquecen y burlan la justicia que deberían impartir.

No generalizo, porque también he sido víctima de generalizaciones estigmatizantes, pero lo cierto es que “los malos”, aunque menos, han sabido insertarse en lo alto del poder judicial, disfrazados con la dignidad prestada de la magistratura. Para la muestra, algunos botones:

Marzo 2018. El fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, es condenado por corrupción.

Julio 2018. La fiscal Niño acusa al exmagistrado Bustos, a su amigo y exdirector de Justicia y Paz, Carlos Villamil, al exfiscal Montealegre y al vicefiscal Perdomo, de organizar una "red criminal" para conseguir testigos contra los hermanos Uribe.

Diciembre 2018. La Comisión de Acusaciones de la Cámara acusa al exmagistrado Gustavo Malo por su participación en el “Cartel de la toga”.

Mayo 2019. La Comisión hace lo propio contra el expresidente de la Suprema, José Leonidas Bustos, quien “se vuela” del país, mientras el Senado se apresta a declararlo “indigno”.

Septiembre 2020. Montealegre y Perdomo se defienden “tirándole a las escopetas”; se declaran “víctimas” y arremeten contra Uribe y la fiscal Niño. En octubre, durante la audiencia de solicitud de libertad del expresidente, terminan “regañados” por tergiversar al fiscal y tratar de dilatar la audiencia.

Marzo 2021. Otro expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, es condenado a 19 años de prisión.

Marzo 2021. El actual presidente, con desvergonzada parcialidad, presiona a la juez del caso y acusa a la Fiscalía de “hacer equipo” con la defensa del expresidente Uribe.

El magistrado Reyes, que había puesto preso al expresidente, contrató a la señora Elsa Galera, supervisora del contrato que le había dado Santos. “Favor con favor se paga”.

Al magistrado Barceló le parece correcto que la Corte adelante “investigaciones secretas” contra un ciudadano, y no le parece “error de la justicia” hacer interceptaciones ilegales y legitimarlas como prueba.

¿En qué momento los jueces dejaron de ser la sal de la tierra que deberían ser?, ¿qué pasó con nuestra justicia?, Sin duda, es la mayor carencia de nuestra sociedad, y su reforma la mayor urgencia.

Nota Bene. A la izquierda y al centro-santismo les parecen inoportunas políticamente las acusaciones contra Fajardo, pero no pensaban igual cuando a Óscar Iván Zuluaga, triunfante en primera vuelta, le montaron el escándalo del hacker.

Bogotá, D. C, 34 de abril de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Paloma Valencia*.- Las mujeres que somos madres tenemos hijos que por un periodo son niños. Sí. Todos parecen saberlo y sin embargo, parecieran no entenderlo. Los niños lloran, requieren atención, quieren ser protagonistas, hay que orientarlos, imponerles límites, enseñarles disciplina. Ser madre es un trabajo de tiempo completo, por eso durante largo tiempo las mujeres permanecieron en la casa criándonos.

Cuando salimos a los espacios laborales y buscamos ascender en la jerarquía de empresas e instituciones surgió la dificultad de conciliar los tiempos laborales con los tiempos de la crianza. A algunas les toca conformarse con ser madres ausentes cuyos hijos se criaron en su ausencia, lo cual tampoco obra en desmedro de sus hijos que pueden ser felices e igualmente exitosos. Otras mujeres que quieren tener más tiempo para sus hijos, llegan hasta un nivel, y tienen que renunciar a los ascensos, a ser jefes. La flexibilidad y el tiempo que quisiéramos invertirle a nuestros hijos nos cuesta. Así también las normas que regulan el derecho a la licencia de maternidad.

Tener hijos, querer cuidarlos, pasar tiempo con ellos nos ha costado mucho a las mujeres.  En términos de su empleabilidad y por lo tanto en el desempleo, las cifras hablan solas: La tasa de desempleo para mujeres en febrero de 2021 fue 21,7, es decir diez puntos por encima de la tasa de los hombres que se ubicó en 11.7. Para mujeres jóvenes el desempleo fue de 31.6% cerca del doble de la tasa juvenil masculina que fue 17.5%.

Nos cuesta también en los salarios y en brechas salariales; en 2018, según el Dane, las mujeres recibieron un 12,1 % menos salario que los hombres. También en el acceso a altos cargos, sólo el 9% de los miembros de juntas directivas 9% son mujeres en Colombia (INALDE, 2012). En las empresas colombianas las mujeres ocupan sólo el 15.1% de los cargos de dirección (FEM 2020).

La cuestión no es menor. Los sistemas de cuidado de los niños financiados enteramente con recursos públicos son un intento para tratar de conciliar tener hijos y que la mujer pueda trabajar, sin distingos del ingreso que tengan. Garantizar el cuidado es permitir que la mujer pueda cumplir con sus obligaciones laborales y sus hijos estarán bien atendidos.

También está la aproximación de que las mujeres podemos llevar los niños a nuestros espacios de trabajo. Para eso se crearon las salas de lactancia y los espacios para niños en muchas empresas e instituciones. Cada vez más se habla de que los niños deben tener acceso a los espacios de trabajo.

En mi caso he visto muchos hijos de políticos que se quejan de la ausencia de sus padres. Muchas mujeres en la política hablan con nostalgia del tiempo que no tuvieron para sus hijos. En los tiempos de la pandemia, muchos hemos tenido que compartir los espacios con nuestros hijos. Para mí no ha sido nuevo, porque mi intención ha sido compatibilizar mis espacios laborales con Amapola. La he llevado en mis giras, al congreso, a las reuniones. Mi puerta siempre está abierta para ella y lo seguirá estando. Esta no es solo una lucha por mí, es también por lo que representa ser madre. Mi maternidad la viviré tan cerca de ella como pueda, dirá miles de impertinencias y cometarios, como la niña de 4 años que es. Ojalá puedan disfrutar su inocencia y su vivacidad y que con ella a mi lado, otras mujeres no tengan que enfrentar a que cuestionen su manera de ser madres.

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por Jairo Gómez*.- Una reforma implica cambiar o innovar algo para mejorarlo, pero cuando es para pagar tributos causa intranquilidad y angustia, sobre todo en el contexto de una pandemia que un año después sumió a la mayoría de las familias colombianas en la más feroz crisis económica de los últimos 30 años y la pobreza se pasó de la raya. Reducidos sus ingresos drásticamente, los proyectos familiares quedaron truncos y aplazados por varias generaciones.

Nos clavan una reforma tributaria a un año de la pandemia cuando las pequeñas y medianas empresas, que soportan sobre sus hombros el 80 por ciento del empleo del país, tuvieron que abortar los procesos productivos tras el fulminante confinamiento que implicó protegerse del virus. Los debilitados empresarios que insistieron para mantenerse en pie fracasaron rotundamente porque los llamados auxilios del gobierno nunca llegaron, al contrario, se fueron a engrosar la caja de los poderosos grupos económicos.  

17.5 por ciento aumentó el desempleo, sin embargo Insisten en clavarnos una reforma tributaria. Tras la pandemia cientos de miles de trabajos fueron eliminados, la mano de obra quedó desprotegida y como consecuencia se avivó y agravó un mal endémico de nuestra sociedad: el trabajo informal. El 70 por ciento de los colombianos terminó en el rebusque.

La pregunta que aflora es si es moral y éticamente necesaria una reforma tributaria en este contexto. “Sí”, dicen los tecnócratas a grito herido. “El país -aseguran- necesita de ingresos o de lo contrario la crisis va a ser más profunda”. Pero a esa afirmación se une otro interrogante: ¿Es el bolsillo de la gente (clases medias y bajas) la única fuente para alcanzar esos ingresos? ¿Es eso ético? Porque si se tira de la manta de las exenciones, de los que están libres de cargas y obligaciones tributarias, comprobamos que quienes no pagan impuestos son los ricos, los grandes capitales, las multinacionales y obviamente los corruptos.

Un ejemplo, que viene como anillo al dedo: el Grupo Aval acaba de informar que repartirá dividendos superiores a Un Billón 200 mil millones de pesos entre sus accionistas. Esos dividendos, hoy no están gravados, es decir, esas ganancias parásitas e improductivas, no pagan impuestos. Y, sin embargo, en el proyecto de ley del gobierno no se contempla ese gravamen. Eso tiene un nombre, según el articulista del periódico inglés Financial Times:  “pluto-populismo: un matrimonio perfecto entre plutocracia y el populismo de derecha”.

Está probado que se puede hacer política de otra forma sin necesidad de clavarle más impuestos a la gente. Así lo han demostrado países que decidieron apostarle a una Renta Básica o ingreso mínimo vital como España. Crearon un ingreso mensual que se concibió como una estrategia para reactivar la economía dándoles más poder adquisitivo a las familias. Fueron recursos que fortalecieron el consumo y por ende la producción de la industria nacional.

Pero no, aquí el negacionismo ha sido el denominador común y se trasladó esa ayuda a un subsidio miserable que no supera los 160 mil pesos mensuales. Prevalece la falsa política con la que nos han gobernado por décadas de que fortaleciendo el gran capital financiero y empresarial se garantizará empleo y reactivación económica. Absolutamente falso, está probado que esos incentivos al gran capital solo producen desigualdad, desempleo y concentración de la riqueza.     

Tras la pandemia en los foros económicos se viene planteando con insistencia la necesidad de acabar con “la cultura del privilegio arraigada” en los países de América Latina. No se trata de expropiar el patrimonio y las ganancias representadas en dividendos como lo dice un posible candidato presidencial, es simplemente un mínimo de decencia y de ética entender que quienes más ganan aporten más al sistema fiscal, es la única manera de cerrar la brecha de la desigualdad y generar una justicia social sólida y redistributiva.

Mentir a sus electores es dañino, desprestigia y debilita la democracia. Duque en campaña lo dijo en todos los tonos que no iba a crear más impuestos y ya lleva tres reformas tributarias en menos de tres años de gobierno. Ahora nos vende este abuso fiscal como el de la “sostenibilidad social”. Mentiroso.

¿Se arriesgará el Congreso a votar una ley que busca quitarle la plática a los colombianos poniendo en riesgo el futuro de su núcleo familiar, es decir, el de sus hijos? Porque sería muy cínico el político que votó la reforma tributaria y sale, después, a buscar un apoyo electoral luego de joderse en los pensionados, en los millones de hogares que hoy padecen la crisis de la pandemia, mientras los ricos nadan en sus fortunas y los corruptos no sacan las manos de ese gigantesco tarro de mermelada  en que se convirtió el gobierno de Duque.

Bogotá, 1 de abril de 2021

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

Por José G. Hernández*.- Ahora que, según generalizada tendencia en medios y redes, se da por hecho que el Congreso colombiano aprobará sin mayores titubeos y sin ninguna dificultad -inclusive sin conocer su texto- el proyecto de reforma tributaria que le presentará el Gobierno, no sobra recordar -para que nuestros legisladores reflexionen durante los días santos-  que los grandes cambios institucionales en la Historia, las revoluciones, las declaraciones de derechos y las constituciones  tuvieron origen, entre otros factores, en la reacción popular contra los abusos de los monarcas en la unilateral  imposición de tributos, así como en la confianza que los pueblos depositaron en sus representantes.

La Petition of Rights de 1628 consagró, a favor de los súbditos ingleses, garantías concretas que no podían ser desconocidas por nadie, ni siquiera por el Rey. Aquéllos no podían “ser obligados a contribuir con ningún impuesto, talaje, crédito u otra carga no aprobada por el Parlamento”.

El Bill of Rights de 1689 prohibió de modo expreso al monarca la imposición de tributos o exacciones sin el previo y pleno consentimiento del Parlamento. Era una exigencia formulada al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo II, quien -invocando una supuesta prerrogativa- había cobrado tributos en beneficio de la Corona, apartándose de lo votado por el Parlamento. Señalaba, por eso, que “toda cobranza de impuesto en beneficio de la Corona, o para su uso, so pretexto de la prerrogativa real, sin consentimiento del Parlamento, por un período de tiempo más largo o en forma distinta de la que ha sido autorizada, es ilegal”.

La declaraciones y constituciones sentaron así un principio esencial: "Non taxation without representation" -ningún tributo sin representación-, según el cual, en tiempos de normalidad, solamente los órganos colegiados de elección popular están facultados para establecer exacciones tributarias. Un postulado democrático que depositó en parlamentos, asambleas y congresos la representación popular, proveniente de las urnas, para tal efecto. Representaban al pueblo, no al rey, ni al gobierno, ni a grupos privilegiados.

La Constitución francesa de 1791, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, delegó “exclusivamente en el Cuerpo legislativo los poderes y funciones siguientes: (…) 3º Establecer las contribuciones públicas, determinar su naturaleza, cuota, duración y modo de percepción”.

Hoy en Colombia rige el artículo 338 de la Constitución, a cuyo tenor -reiterando lo que establecía el 43 de la Carta anterior-, “en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales pueden establecer impuestos, tasas y contribuciones”. Y únicamente esas corporaciones deben señalar los elementos del tributo (sujetos activos y pasivos, hechos gravables, bases gravables y tarifas), por cuanto la Carta Política presume que sus integrantes representan y defienden a sus electores, ante la voracidad fiscal de los ministros de Hacienda.

Aunque, desde hace varios años, los congresos colombianos se asemejan a dependencias del Ejecutivo, nos preguntamos: ¿Si pudieron hacerse respetar los parlamentos ante los reyes en las monarquías, por qué no puede plantarse un Congreso, en una democracia, ante gobernantes que se presumen demócratas? Debería aprobar, improbar o modificar las propuestas oficiales, pero con conocimiento de causa, objetividad y responsabilidad.

Bogotá, D. C, 31 de marzo de 2021´

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Alonso Ojeda Awad*.- La historia de Jineth Bedoya sacude las fibras más profundas del corazón y genera una indignación que compromete la estructura mental, y no es para menos. Comprender el caso de una mujer sola, periodista ética frente a los barbaros que la agreden, la torturan y la violan sin que haya por parte del Estado profunda indignación, investigación y ejemplarizante sanción es la demostración real que la violencia institucionalizada y la barbarie tomaron el control de nuestras instituciones.

Una enfermedad muy profunda y compleja está carcomiendo al Estado colombiano, porque no solo no reacciona cuando sus ciudadanos son agredidos y maltratados, sino que sus propias instituciones militares y de policía son señaladas: Generadoras de muerte y violación de los Derechos Humanos, como en el caso que estamos analizando de la señora Jineth Bedoya.

Y para colmo de males el profesional que tiene la tarea de defender el nombre del Estado no solamente le falta la dignidad requerida para salvaguardar la ética, en los estrados judiciales internaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si no que con cobardía supina es capaz de retirarse de la audiencia y recusar de imparcialidad a los honorables magistrados de la Corte, hecho que ningún país había realizado en la historia de este prestigioso Tribunal. Los magistrados han tenido el valor y la honradez profesional de acusar al Estado de Colombia como auspiciador y encubridor de las conductas homicidas que por poco llevan hasta la muerte a esta periodista indefensa: “Para la Comisión es atribuible al Estado tanto la privación de la libertad, con los hechos de violencia en su contra, incluida la tortura y la violación sexual”.

“Bedoya fue a la cárcel de la Modelo para hacer una entrevista relacionada con sus investigaciones adelantadas sobre las masacres, pero esto era una trampa. Antes de entrar al centro penitenciario la encañaron con una pistola y la secuestraron sin que sus acompañantes se dieran cuenta. Estuvo amarrada en un lugar cercano a la cárcel donde la golpearon y luego la sacaron de Bogotá. “Empecé una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos y torturas, Todo terminó en una violación masiva en un lugar a muchas horas de Bogotá (Entre Villavicencio y Puerto López), donde había otros hombres uniformados. Recordó entre lágrimas”. Tomado del periodista José Ricardo Báez: “La cruda realidad sobre Colombia que revela el caso de Jineth Bedoya en la Corte IDH”. Agencia de noticias Anadolu.

Pero en medio del infierno que violadores y secuestradores le crearon surgió un ángel de la guarda que la acompaña en el frente inamovible de su defensa. Se trata de la abogada argentina Viviana Krsticevic quien como directora del Centro Por La Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) ha estado al frente de su defensa y quien es una de las voces más autorizadas en la inaplazable defensa de los Derechos Humanos en las Cortes Internacionales.

Ella tiene su oficina en Washington y se caracteriza por ser una de las abogadas más exitosas en la defensa de los Derechos Humanos en el continente americano. En ella tenemos los demócratas del mundo puestas nuestras esperanzas en que los Derechos Humanos de Jineth no solo serán protegidos si no que existe la absoluta seguridad que jamás volverán a ser pisoteados. Esto cubre con creces tantas desgarraduras.

Bogotá, D, C, 30 de marzo de 2021

*Exembajador de Colombia. Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (cpdh).