Opinión
Por Paloma Valencia*.- Ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo debería exigirnos y comprometernos en la preservación de esos ecosistemas y todas esas especies. Sin embargo, Colombia vive de espaldas a las riquezas ambientales que alberga.
Tenemos 42 parques naturales que son joyas a nivel mundial, un fragmento significativo de la selva Amazónica, 483 mil kilómetros cuadrados - 41% de nuestro territorio continental - el hot spots de las selvas del Darién, caudalosos ríos y ecosistemas tan especiales como los páramos. Riquezas que albergan vida diversificada en miles de especies. Como ciudadanos del mundo tenemos un gran deber con la humanidad y con las futuras generaciones y debemos cumplirlo.
Precisamente por eso propuse en el Plan Nacional de Desarrollo que al menos el 15% del impuesto de carbono fuera para proteger los bosques de la Amazonía. Logré que el medio ambiente fuera incluido nuevamente en las Regalías, un punto que equivale a 170 mil millones. Presenté el proyecto para la protección de la región amazónica donde se preveían giros de los departamentos hacia la región. También está en tránsito el proyecto que crea el fondo de fomento forestal para cumplir la meta de los 180 millones de árboles que prometió el Presidente Duque.
Proteger nuestro patrimonio ambiental también requiere luchar contra el calentamiento global. Es evidente que muchos ecosistemas están amenazados por este fenómeno. Es triste tener que reconocer que los esfuerzos de coordinación internacional han sido insuficientes. El avance de los gases con efecto invernadero ya empieza a cobrar factura a la biodiversidad mundial y a muchos ecosistemas cuya supervivencia está comprometida.
Sin embargo, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para diversificar la canasta energética de nuestro país. Es innegable que con los estímulos otorgados estamos viendo aparecer muchas tecnologías limpias. Pasaremos del 0,5% de energías solares y eólicas a un 12% en el 2022. En poco tiempo Colombia podrá dejar de lado las pocas energías térmicas que usamos. Ha sido fundamental avanzar en los contadores bidireccionales que permiten devolver a la red las energías sobrantes. Será una alternativa entonces que los usuarios produzcan energía para no pagar luz, sino venderla.
La hora de los combustibles fósiles está llegando a su fin. Con la ley de movilidad sostenible Colombia se convirtió en líder de ventas en vehículos eléctricos e híbridos en 2019. Pese a la pandemia crecieron las ventas en 2020 y ratificamos el liderazgo. En este 2021 han crecido por encima del 150%.
Hay mucho por hacer sobre todo en lo que se refiere a la deforestación. La idea de que tumbando bosque se consigue tierra y el narcotráfico que cohabita en esa frontera interna requiere una profunda reflexión. El frente colonizador es una tarea pendiente que requiere no solo la lucha contra el narcotráfico y las reformas que habilitan y premian talar el bosque. Creo que no debemos seguir insistiendo en llevar el Estado a donde por las condiciones nunca terminará de ser eficiente ni presente. Hay que buscar mecanismos para que la zona de frontera interna se desactive, que la ciudadanía que la compone tenga alternativas vitales en otras regiones de Colombia.
El medio ambiente es un propósito que nos une y que todos los colombianos debemos defender. Es nuestro patrimonio y nuestro deber cuidarlo.
Bogotá, D. E, 19 de marzo de 2021
*Senadora del Centro Democrático
Por José G. Hernández* Si algo debe ser considerado en materia de reforma judicial es lo atinente a un derecho fundamental que, en razón de la congestión de los despachos judiciales, la morosidad, el formalismo y las argucias de algunos abogados, viene siendo teórico y lejano, con graves repercusiones institucionales: el de acceso efectivo a la administración de justicia.
Como lo ha expresado la Corte Constitucional, la administración de justicia es “una función pública estatal de naturaleza esencial, en cuanto configura unos de los pilares fundamentales del Estado democrático social de Derecho, al garantizar que una persona investida de autoridad pública y con el poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones, resuelva, de manera responsable, imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que surjan entre las personas en general, en virtud de los cuales se discute la titularidad y la manera de ejercer un específico derecho, consagrado por el ordenamiento jurídico vigente” (Sentencia C-242 /97).
Según el artículo 229 de la Constitución, en Colombia se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Agrega que la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
La garantía no consiste solamente en asegurar que los despachos judiciales reciban y tramiten demandas y memoriales, sino en que quienes ante ellos acuden obtengan oportuna y completa definición de fondo acerca de sus controversias, intereses, pretensiones y solicitudes, con arreglo al debido proceso y con pleno respeto al derecho de defensa, al derecho a la prueba y su contradicción, y a la debida aplicación de las normas constitucionales y legales.
Se trata de un derecho fundamental, según ha sostenido la Corte Constitucional. La dignidad humana resulta desconocida cuando la persona no puede llegar ante los jueces y, por tanto, para quien no accede, la justicia no existe. Lo cual implica que el Estado deja de cumplir su función y que de nada sirven las normas constitucionales y legales que contemplan derechos, deberes, cargas y obligaciones, a la vez que se inutilizan los procesos judiciales, se hacen teóricas las garantías y -en cuanto no hay definición- se genera la inseguridad jurídica y se propician las vías de hecho y la búsqueda de justicia por mano propia.
El ordenamiento constitucional colombiano y los tratados internacionales sobre derechos humanos garantizan también, de manera específica, el derecho a la tutela judicial efectiva, pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho.
Son derechos que, si se aplicara la Constitución, se deberían asegurar en lo interno, y, por vía complementaria, en desarrollo de convenios y tratados internacionales que obligan a Colombia, debe operar el acceso a los tribunales internacionales, en especial los que salvaguardan los derechos humanos.
Por todo eso no deja de sorprender la inexplicable actitud del Gobierno colombiano en el caso de la periodista Jineth Bedoya -quien hace ya veinte años, fue víctima de graves violaciones de sus derechos esenciales y no ha podido acceder a la justicia-, al retirarse abruptamente de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se le obstaculiza una vez más el ejercicio de los aludidos derechos fundamentales.
Bogotá, D. E, 18 de marzo de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Jairo Gómez*.-Hay periodistas que creen que el conocimiento está en el poder del micrófono o del medio de comunicación que representan, no en el saber, el estudio e interpretación de la realidad y los acontecimientos. Navegan en aguas muy panditas. Eso explica por qué los propietarios de esos medios (cuyos dueños pertenecen a familias extremadamente ricas) viven en una zona de confort que los blinda de la crítica y de las pesquisas de sus riquezas y por ello coaccionan una visión opaca de lo que realmente sucede en Colombia.
Esa normalización premeditada de la realidad nacional construida desde los medios de comunicación, con la anuencia de unos periodistas bien pagos y al servicio del poder, negó la ponderación del conflicto armado y la crisis que nos arrojó al desastre de país que tenemos hoy. Diría que esos periodistas, muy aplaudidos por cierto, hicieron y han hecho parte de una estrategia amnésica que ayudó a que Colombia se sumiera en la corrupción, la desigualdad e incluso fomentó, me atrevo a decir, la lucha de clases. Ese no es solo un discurso de la izquierda, también es de unas castas bien representadas en los micrófonos.
Eso explica la entrevista que Revista Semana le hace a Gustavo Petro en la que se nota la clara intención de hacer daño y de meter miedo. Por supuesto, se trata de una línea editorial que encuadra con el discurso dogmático de la derecha. No quiero estigmatizar la Revista con este comentario, pero se sustenta en la comedida caratula de ocho días atrás: “El Triunfo de Uribe”, en cuyo contenido se trata con absoluta condescendencia al expresidente tras sus litigios jurídico con el Senador de izquierda, Iván Cepeda.
No es una novedad que los medios de comunicación en Colombia y sus periodistas “estrellas” sean proclives a sus intereses, para eso los contratan, pero creo que dentro de la esencia del periodismo existen unas líneas éticas que no se pueden cruzar alegremente.
De acuerdo, la revista puede hacer la entrevista que se le venga en gana, pero no es bueno construirla con el propósito de hacer daño o un “mandado”, de “matar y comer del muerto” porque el personaje (en este caso Gustavo Petro) tiene una clara aspiración presidencial y representa el lado contrario: la izquierda legítimamente democrática.
Mientras a Petro lo tratan de “hampón”, “matón” y hasta de aliado de “la mafia” sin constar prueba alguna, de oídas, sin rigor periodístico que sustente lo que la Revista Semana diseñó como cuestionario, en el otro lado del espectro al expresidente Uribe -el hombre que sembró de zozobra por más de 20 años la sociedad colombiana- le dan todas las garantías, le ponen una alfombra roja y al final de la entrevista a placer le dicen “qué más tiene qué decir, los micrófonos están abiertos”.
Entiendo el propósito de la Revista de llevar al límite a Petro para lograr doblegarlo, pero rompió un principio elemental en el periodismo: el poder del micrófono o de la pluma no es patente de corso para insultar al personaje que se tiene al frente. Se rompe otro principio elemental, el del respeto y la reciprocidad. Y eso no lo hubo en la entrevista de marras.
En ese contexto es fácil comprender por qué, de manera mal intencionada, la Revista quiere construir una narrativa del miedo recordándole a los lectores “la Toma del Palacio de Justicia”, ocurrida 36 años atrás, y ejecutada por el M-19, movimiento guerrillero del cual hizo parte Petro y que pactó y firmó un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano.
Pero más allá de esa circunstancia, evidentemente la entrevista toma un rumbo inesperado o se corrobora la mala intención, cuando se califica de “hampón” a una persona que firmó un acuerdo de paz y está a punto de coronar una aspiración legítima que es ser presidente. No se puede calificar de hampón a una persona que decide rebelarse contra el Estado. La rebelión es un delito político. Es un exabrupto desconocerlo, es de la esencia de un iletrado que no conoce la historia o si la conoce y la tergiversa y la manipula es más cuestionable que quien decide levantarse en armas.
Cabría preguntarse si la Revista Semana también trata de hampones a los excombatientes de FARC que firmaron un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano y avalado por la comunidad internacional como las Naciones Unidas, La Comunidad Europea y el gobierno de Estados Unidos. Cabría otra pregunta. ¿Avalan el asesinato de los más de 260 firmantes de la paz que le apostaron a la reconciliación entre los colombianos?
No es hampón quien rebeldemente se levantó en armas contra un Estado que consideró represor e injusto. Pero sí es hampón un gobierno que los convoca a un acuerdo de paz, pacta y lo firma, para después matarlos o extraditarlos. Esas consideraciones, sin duda, no las tuvo en cuenta la Revista Semana.
Bogotá, D. C 18 de marzo de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por: Guillermo García Realpe*. – ¡No todo es política! En momentos de tanta polarización que vive Colombia por cuenta de la política, y de otros factores sociales como el desempleo, la inseguridad, la pérdida del aparato productivo, la falta de control del gobierno en los territorios para garantizar la vida de sus ciudadanos, en fin, de otra serie de situaciones propias del día a día, nace una luz en el horizonte para olvidar esos malos momentos que, a veces, hacen perder la esperanza de un país tan maravilloso como el nuestro.
Por estos días, como en cosecha, una tanda de soñadores colombianos le dio buenas noticias al país y esas buenas nuevas llegaron del exterior, de países muy lejanos como China, España y otros del hemisferio como Estados Unidos.
Esas buenas noticias provienen del séptimo arte, sí, de nuestro cine y de todo el talento humano nacional que logra conquistar grandes reconocimientos internacionales. La primera gran noticia, fue el premio a Mejor Director Latino en la categoría Estudiantil otorgado al joven director caucano Esteban García Vernaza. El 9 de febrero pasado en Nueva York, el Sindicato de Directores de Cine de América, premió a Esteban por su cortometraje Silento, una cinta en la que se narra historias de los inicios de la violencia partidista en nuestro país. La misma que en septiembre de 2020, fue seleccionada en el prestigioso Festival de Cine de Telluride en Estados Unidos, como parte del programa Student Prints. Silento, ha tenido proyecciones en varios países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Rusia, Alemania, Francia y por supuesto Colombia.
Silento, fue filmada en parajes cercanos a Popayán y el municipio de Sotará, con un equipo talentoso de la región, donde se incluyen dos pequeñas actrices naturales y muy espontaneas, escogidas luego de un proceso de casting de más de seis meses, donde participaron cerca de 300 candidatas.
Ahora este joven cineasta payanés, no solo obtuvo tal distinción, sino que es invitado de honor en muchos Festivales de Cine de distintos países, lo que, sin duda, estimula a otros jóvenes talentos, enorgullece a su región y visibiliza a Colombia ante el mundo.
La segunda gran noticia nos la dio también hace algunas semanas, el realizador nariñense Cristian Arcos, quien sorprendió al país con su cortometraje animado 'El desayuno', donde en menos de dos minutos, narra un conmovedor momento de solidaridad en medio de la pandemia por el Covid-19, su valioso trabajo fue seleccionado primero en RTVC entre cientos de participantes y posteriormente Cristian, lo inscribe en el XI Festival Internacional Nuevos Medios de China, alzándose en enero pasado con el primer premio en la categoría Special Observation Award de la Sección Anti Covid-19 Pandemia Short Film.
“El Desayuno”, más allá de ser un cortometraje, es sinónimo de un poderoso mensaje al mundo en tiempos de pandemia. Nos enseña a reflexionar sobre los valores perdidos y que brotaron en medio de las actuales circunstancias en la sociedad, deja una valiosa lección de solidaridad, que aflora los más profundos sentimientos y a la vez, mueve las más sensibles fibras del ser humano. El amor en tiempos del coronavirus, como él mismo lo afirma.
En las grandes ciudades solemos ser indiferentes y creemos que el otro es indolente, todo eso, lo revierte Cristian con su cortometraje de menos de dos minutos.
También, todo nuestro reconocimiento a los creadores de la cinta El Olvido que Seremos, galardonada con el Premio Goya, el más valioso premio que entrega el cine iberoamericano, convirtiéndose así, en la primera película colombiana en recibirlo. Un film adaptado a la historia del médico colombiano Héctor Abad Gómez. Nuestra admiración, respeto y gratitud a todos quienes hicieron parte de esta exitosa cinta, sin duda, han dejado muy en alto el nombre de Colombia ante el mundo.
Por último, y muy importante también lo conquistado por el exitoso guionista, productor y director de cine nariñense Ricardo Coral Dorado, quien en su largo historial profesional podemos encontrar que ha escrito y dirigido más de 15 obras de corto y mediometraje y 8 largometrajes.
Sin duda, Ricardo, es un orgullo nariñense y una de las personas más destacadas en éste importante medio y en las artes escénicas y audiovisuales, a él todo nuestro reconocimiento y admiración, es de esos colombianos valientes, capaces, sobresalientes que van brillando con luz propia por el mundo.
Todo esto, lo que demuestra es que en nuestro país lo que tenemos es talento, muchas veces por falta de recursos y de apoyo gubernamental se pierden valiosas oportunidades. En cada región colombiana tenemos talentos anónimos, que con su propio esfuerzo buscan sobre salir, ojalá que todo este buen momento de nuestro cine, visibilice también a muchos jóvenes colombianos que hoy luchan por hacer realidad sus sueños.
Muchos de nuestros buenos jóvenes profesionales que a pesar de las circunstancias criticas siguen haciendo con su imaginación y creatividad un buen momento para nuestra sociedad, que por más mediática que sea, es imposible olvidarnos de estas tradiciones de cultura y arte. ¡Felicitaciones para todo ellos!
Bogotá, D. C, 16 de marzo de 2021
Senador Partido Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Debe permitirse a empresas privadas que compren vacunas y las suministren a sus trabajadores? ¿Se pueden brincar las prioridades y principios del plan nacional de vacunación para favorecer a unos privilegiados porque tienen la plata para hacerlo?
Mi respuesta es un sí condicionado. Sí, siempre y cuando el plan oficial no se perjudique; es decir que no se reduzcan las dosis disponibles para el Gobierno ni se usen recursos logísticos (congeladores, jeringas, etc.) asignados a ese plan.
Estoy convencido de que la distribución mundial de las vacunas ha sido uno de los grandes fracasos éticos de la historia reciente, una injusticia flagrante. Así como la pandemia y su manejo desnudaron y agudizaron las desigualdades de la sociedad, afectando mucho más a los más pobres, la producción y distribución de las vacunas ha mostrado y consolidado el poder los ricos.
Ante una pandemia las vacunas deberían ser un bien público global, al que todos los países tuvieran la misma posibilidad de acceder. La realidad ha sido muy distinta: el monopolio de las patentes, el poder absoluto de las farmacéuticas para imponer sus condiciones y el nacionalismo de las vacunas han llevado a la ley de la selva donde el más fuerte (es decir, con más plata) es el que consigue las vacunas.
Si esta es la situación de injusticia e inequidad, ¿la compra de vacunas por empresas privadas no la empeora? No, si se cumplen las dos condiciones señaladas, porque entonces darle a otras personas la posibilidad de que se vacunen antes no va en detrimento de las prioridades del plan nacional de vacunación, ni se le está quitando a ningún otro la posibilidad de vacunarse cuando le toca. Además hay un beneficio general porque se acelera la inmunidad de rebaño y se reducen los recursos que tiene que gastar el Estado. El profesor de ética Peter Singer adopta una posición similar cuando dice que en lugar de tirar unas dosis de vacuna a la basura, es preferible usarlas para vacunar a personas no priorizadas.
En ambos casos se puede decir que es una decisión justa en la medida en que cumplen uno de los principios establecidos en la “Teoría de la Justicia” de John Rawls, el Principio de la Diferencia, según el cual ciertas desigualdades no son injustas cuando significan una mejoría en la situación de los más desaventajados, o por lo menos no la empeoran.
Ante la gran injusticia en la distribución mundial de las vacunas, no hay razón ética para impedir la compra por parte de empresas privadas, siempre y cuando no se desmejore la situación de los más necesitados.
Adenda: 6.402 jóvenes colombianos ya no tendrán que ser vacunados. Fueron víctimas de un virus más letal que el Covid, la pandemia de la violencia fratricida. Murieron por balas asesinas disparadas por militares que deshonraron su uniforme. ¿Hasta cuándo seguirán impunes los autores intelectuales de esos mal llamados falsos positivos?
Cali, 15 de marzo de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Juan Camilo Restrepo*.- Hace quince días tuvo lugar en la OMC (Organización Mundial del Comercio), de la que Colombia hace parte, una interesante votación: se trataba de decidir si transitoriamente, mientras pasa la pandemia, se suspendía el sistema de patentes y de propiedad intelectual que protege a los grandes laboratorios. La OMC tiene facultades dentro de sus estatutos para liberar transitoriamente las patentes y los mecanismos de propiedad intelectual cuando se deba enfrentar una pandemia que comprometa la salud toda del planeta. Como sucede actualmente. Una suspensión análoga se autorizó con éxito hace algunos años cuando estalló la pandemia del Sida. Las medidas que entonces adoptó la Organización Mundial del Comercio, en especial el apoyo a los medicamentos genéricos permitió que su costo se redujese de 100 a 10.Y que los medicamentos para combatir esta enfermedad fueran abundantes y al alcance de todo el mundo.
Los resultados de la votación en la OMC fueron negativos, como era de esperarse, pues las decisiones en el seno de esta organización requieren unanimidad. Pero la votación misma fue muy diciente: la proposición de la India y de Sur África -que habían sido los promotores de la iniciativa- fue derrotada por los países ricos, pero contó con más de 100 votos de los países pobres. Colombia, como no es sorprendente pero sí lamentable, votó con los países ricos.
Los argumentos de quienes votaron en favor de la proposición de la India y de África del Sur son muy sólidos:
Primero, la OMC, como se ha dicho, tiene facultades legales para decretar la moratoria transitoria de patentes cuando se está frente a una emergencia sanitaria mayúscula como la que vive el mundo actualmente.
Segundo, el argumento según el cual decretar una moratoria transitoria en el sistema de patentes y de propiedad intelectual retrasa la investigación científica no es cierto. Los grandes laboratorios pueden seguir trabajando bajo la modalidad de acuerdos de transferencia tecnológica sobre los cuales pueden seguir cobrando regalías. Lo que aseguran una adecuada rentabilidad a su inversión.
Tercero, el sistema vigente de patentes y de propiedad exclusiva por 20 años para los laboratorios está restringiendo dramáticamente la diseminación en todo el mundo de la inmunización contra el coronavirus. El grueso de las vacunas se está quedando en el mundo desarrollado al paso que la limitada oferta hacia países pobres, que no pueden competir ni en precios ni en facilidades de producción, está creando una discriminación inaceptable contra el tercer mundo. Así se está quedando acaparada en manos de los países más opulentos. Y el apoyo al sistema Covax de la OMS es extremadamente famélico hasta el momento.
Cuarto, esta distorsión está creando el caldo de cultivo para que no se alcance el deseado “efecto rebaño” que solo es posible cuando queda vacunada entre el 60%-70% de la población total del mundo. Inmunidad que no se logra cuando un país individualmente considerado queda vacunado. Los virus no respetan fronteras ni aduanas. El manejo de las vacunas con criterios meramente comerciales y no de salud pública universal, arriesga en volverse como un búmeran contra la deseada inmunidad de rebaño del planeta como un todo.
Quinto, la mayoría de las vacunas que están desarrollando los grandes laboratorios las están haciendo con ayudas de fondos públicos aportados por los contribuyentes. Se calcula que los grandes laboratorios recibieron en el último año más de US$10.000 millones para apoyar su investigación. No tiene justificación entonces que la diseminación de vacunas desarrolladas con apoyo de fondos provenientes de presupuestos públicos quede bloqueada por las leyes del hierro del sistema de patentes y de propiedad intelectual.
Sexto, cien países en vía de desarrollo fueron, pues, derrotados en la OMC en su legítima aspiración para hacer de las vacunas contra el coronavirus un bien público universal. El voto de Colombia contribuyó lamentablemente a esta derrota. Pero el asunto no va a terminar allí. La voz de los más necesitados continuará haciéndose oír hasta que prevalezca. Como prevaleció en el caso de la reducción de los costos de los medicamentos contra el Sida. Reducción que se logró arrancar a los grandes laboratorios vía los genéricos y los contravirares. ¿De qué lado estará nuestra titubeante diplomacia cuando el asunto vuelva a plantearse en los foros internacionales?
Bogotá, D. C, 15 de marzo de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Amylkar D. Acosta M*.-En un país en el que estamos acostumbrados a que el Estado pierda todos sus pleitos, es noticia relevante su resonante triunfo en un tribunal internacional, ante el cual interpuso la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF, hoy NATURGY), controlante de la execrada ELECTRICARIBE, una controversia y cuya pretensión era la de recibir una indemnización de casi $5 billones por una supuesta “expropiación” de la cual habría sido objeto la operadora de red del Caribe colombiano.
La historia es esta: a raiz del pésimo servicio que venía prestando desde tiempo atrás ELECTRICARIBE a sus usuarios, incumpliendo lo que dispone la Ley de servicios públicos, al no hacerlo con la eficiencia, calidad y desde luego continuidad requeridas, pero sobre todo ante la inminencia de la cesación de pagos a sus acreedores y a los generadores a la que estaba abocada y el consiguiente apagón, fue menester su intervención y toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual se hizo efectiva el 15 de noviembre de 2016. Su situación financiera estaba tan comprometida que según Deloitte, Auditora externa de ELECTRICARIBE, esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”. Su situación, entonces, no daba más espera.
Al no haberse llegado a un entendimiento que pudiera sortear dicha controversia mediante el arreglo directo entre las partes, GNF procedió a interponer una demanda, temeraria por lo demás, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (Ciadi), organismo este dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington el 15 de junio de 2018. Para ello se escudaron en el Tratado bilateral de inversión entre el Reino de España y la República de Colombia firmado en marzo de 2005, el cual entró en vigor en septiembre de 2007. En actitud desafiante e intimidatoria GNF manifestó que “la protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando”. Un vulgar chantaje!
Alegaron ante este tribunal una supuesta “expropiación gota a gota” por parte del Estado al intervenir a ELECTRICARIBE y tomar posesión de la misma. Y, en el colmo de su avilantez, después de todo el daño infligido a sus usuarios y al país tuvieron la osadía de reclamar una indemnización. Como quien dice, le quedamos a deber, mucha pechuga!
El entonces Ministro de Minas y Energía Germán Arce le salió al paso a la avanzada ibérica contra el interés de la Nación y les habló claro: “una intervención no es una expropiación, es el resultado de un incumplimiento de una prestación de servicio”. Por su parte el Superintendente de Servicios José Miguel Mendoza les dijo enfáticamente que "aquí no ha habido expropiación de ninguna índole". Y añadió, en forma tajante,“la intervención es una figura reconocida internacionalmente…existe también en España y se ha usado en casos tan importantes como el de la Caja Castilla". Y concluyó diciendo que “el Estado colombiano no puede dejar de cumplir la ley, especialmente la ley de servicios públicos, ante la amenaza de demanda".
Con lo que no contaba NATURGY es que las cosas cambiaron en Colombia desde que en el año 2011 se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado, mediante el artículo 5º de la Ley 1444 de 2011, con el firme propósito de fortalecer las competencias litigiosas públicas, sobre todo en el ámbito internacional. Desde entonces la Nación dejó de ser el paganine de siempre, dada la débil defensa de sus intereses frente a sus demandantes, que siempre llevaban las de ganar.
En el Laudo del Ciadi “se desestimaron las reclamaciones de las demandantes relativas a las violaciones del Tratado” de protección de inversiones entre España y Colombia. Se dice en el mismo que “el Estado no actuó de manera arbitraria o desproporcionada” al intervenir a ELECTRICARIBE. Es más, “el tribunal concluye que la intervención fue una medida adecuada e idónea en las circunstancias que prevalecían el 14 de noviembre de 2016”. Se trataba, nada más ni nada menos, afirma el tribunal, de “evitar un posible ´riesgo sistémico´ en el mercado de la energía, así como la incapacidad de la compañía para prestar el servicio de electricidad con la calidad y confiabilidad requeridas por la Ley”.
Se trataba, nada más ni nada menos, de “evitar un posible ´riesgo sistémico´ en el mercado de la energía, así como la incapacidad de la compañía para prestar el servicio de electricidad con la calidad y confiabilidad requeridas por la Ley”. Además, denegó el argumento esgrimido por GNF de la presunta expropiación, al advertir que “la privación de los derechos de un inversionista en su inversión que lleve a cabo un Estado como resultado de un ejercicio válido del poder regulatorio no se considerará una expropiación indemnizable”. Así fué de contundente el Laudo del Ciadi.
En medio de los avatares y el suplicio que le ha significado al país la pandemia del COVID- 19 y las aulagas fiscales que afronta el Gobierno por el mayor gasto que demandan las medidas de apoyo a las empresas, la protección del empleo y las medidas de protección social, concomitante con los menores ingresos a consecuencia de la recesión económica en el 2020, que se ha traducido en un nivel de endeudamiento inusitado e insostenible superior al 60% del PIB, esta noticia se recibe como un bálsamo de alivio. Con este Laudo arbitral a favor de la Nación queda cerrado este capítulo ominoso de la trapisonda de Naturgas y de paso despeja el camino para que la liquidación de ELECTRICARIBE llegue a buen puerto.
Santa Marta, marzo 12 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- ¿Qué pasaría si un colombiano del común, usted o yo, porque no está de acuerdo con el sistema o la institución policial, o porque no le gusta que un soldado patrulle cerca de su predio rural, decide agredir al policía o al militar, quitarle su arma y secuestrarlo?
Pues le caerá el peso de la ley, no solo por la gravedad del delito –secuestro, para empezar–, sino porque la agresión a la Fuerza Pública por parte de civiles “no delincuentes” es –o era, más bien–, un impensable al que ni usted ni yo nos atreveríamos; algo que, lamentablemente, está cambiando, como lo vemos en las marchas vandálicas, en las asonadas contra la policía y en las protestas indígenas, en las que parece legítimo agredir salvajemente a la autoridad.
El caso de los indígenas es grave, porque usted o yo, o el vándalo, estamos sometidos a esa autoridad, por la renuncia parcial que hacemos de nuestra libertad en favor de quienes “nos gobiernan”; pero los indígenas no sienten tal sometimiento, porque el excesivo garantismo de nuestra democracia, exacerbado en la Constitución de 1991, no solo les reconoce sus propias “autoridades”, sino también su propia justicia.
Bien sé que cuestionar la Carta del 91 y a los indígenas son pecados que pagan crucifixión mediática de la izquierda y de los “Roys” que antier eran derecha, ayer centro y hoy ¡progresistas!, pero lo asumo, porque es larga la historia de agresiones indígenas contra la autoridad y la sociedad en general.
El país recuerda la humillación a 100 soldados en el cerro Berlín en 2012, el machete al cuello de un policía en 2018, las tomas violentas de la Panamericana, la minga de 2019, que sumó muertos a la pandemia -quién lo duda- con el apoyo de los alcaldes de Cali y Bogotá; o el ataque a la propiedad privada –incendios y destrucción de cultivos– que justifican con el cuento de “la liberación de la madre tierra”, con el que se devuelven hasta 1492 en sus exigencias.
Ayer nomás, “con machete y cuchillo” fueron desarmados y secuestrados nueve militares por un grupo de indígenas, que además los golpearon con sus “pacíficos bastones”. ¿Qué les pasa? Nada. Tienen su propia justicia. Y ¡Ay de que les pase!, porque caerán encima la izquierda, el centro, la ONU, la CIDH y hasta Vivanco de HRW.
Curiosa doble moral: acusan al Gobierno de no protegerlos, pero agreden a quienes van a protegerlos. Se esconden en su justicia de “latigazos”, pero cuando funciona por excepción, corren a entutelar en la ordinaria. Acabo de leer que la Corte Constitucional anuló la condena por feminicidio impuesta por la justicia indígena a dos embera katío. Al fin qué. ¿Hasta cuándo los indígenas seguirán siendo colombianos diferentes, sujetos de muchos derechos y muy pocos deberes?
Notas Bene:
- Cepeda: mal perdedor. Si todos demandamos penalmente al juez que no nos da la razón, la justicia andaría peor de lo que está.
- Claudia tolera protestas callejeras violentas, la procesión de la minga con rumba incluida y la francachela futbolera de diciembre, pero no gusta de las procesiones religiosas, solemnes, ordenadas y silenciosas.
- La ONU repite. Instigada por la izquierda y los indígenas, arremete contra la aspersión aérea, pero calla frente al narcotráfico.
- ¿Habrá que preguntarles a los narcoterroristas si tienen menores reclutados, antes de hacer uso de la fuerza legítima del Estado?...
y como no hay quinta mala: Solidaridad con Claudia Gurisatti, Vicky Dávila y el presidente Duque, amenazados de muerte por el bandido que defiende el mal perdedor de mi primera nota.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por: Paloma Valencia*.- Algunos han propuesto prorrogar el periodo de los mandatarios de elección popular; empezando por quienes están elegidos actualmente. La propuesta no solo es inconstitucional, pues rompe la voluntad de los ciudadanos que eligieron esos mandatarios por un periodo determinado, sino que es inconveniente. En la democracia son tan importantes las decisiones de la mayoría como la posibilidad de alternancia del poder. Esto es, debe existir la posibilidad de competir el poder contra ideas diferentes y opuestas, y también deben ser claros los plazos en que dicha transición puede darse. Es claro que cambiar los periodos de los mandatarios sólo sería posible si se hiciera para aquellos que serán elegidos en el futuro.
Por otra parte, la propuesta de unificar las elecciones de autoridades locales con las de congresistas y presidente tampoco parece una buena idea. Es importante para la democracia la posibilidad de imponer cambios políticos cuando el primer mandatario no ha realizado una gestión que acepte la ciudadanía o cuando por el contrario lo ha hecho de manera sobresaliente. Sería lógico que al menos la mitad del congreso se eligiera en la mitad del periodo presidencial, de manera que el mandatario fuera premiado con mayor respaldo o castigado con mayor oposición. Si bien esto no ocurre propiamente con las elecciones locales colombianas -altamente influidas por las maquinarias regionales- este periodo discordante beneficia a los mandatarios locales. Quienes pueden tener relaciones con dos gobiernos distintos y no tener que someterse a uno sólo del que podrían ser contrarios. Precisamente porque Colombia ha logrado que las elecciones presidenciales estén marcadas por los movimientos de opinión no conviene unirlas a otras donde las maquinarias podrían tener incidencia. Podríamos en vez de mejorar las unas, afectar la elección del primer mandatario de los colombianos.
Por otro lado, quiero resaltar la indignación de muchos colombianos por la utilización de los niños en la guerra. El reclutamiento de menores es abominable. Les roba a los padres sus hijos y a sus hijos la infancia. Colombia no puede seguir tolerando el reclutamiento de menores. Y digo tolerando por el hecho de que se haya aceptado que es un delito conexo al delito político. Me duele que hoy Colombia tenga reclutadores de menores como congresistas.
No me queda clara la indignación de quienes han guardado cómplice silencio frente al reclutamiento de miles de niños en nuestro país. Al delito de reclutamiento de menores hay que sumarle que muchos de ellos fueron convertidos en esclavos sexuales y forzaron miles de niñas a abortar. Esos delitos llevan el reclutamiento a límites de lo inhumano. Pero no ha merecido siquiera un proceso independiente en la JEP. Ojalá esta ola sirva para que ese proceso de reclutamiento avance y sobre todo se abra uno nuevo sobre toda la violencia sexual.
Finalmente, una reflexión sobre los que apuntan a que la legalización de la marihuana en México es un gran ejemplo a seguir para Colombia. Nos presentan la decisión como una fórmula para combatir los carteles, sin embargo, la marihuana es menos de la mitad de los ingresos de los mafiosos mexicanos. La cocaína es el mayor proveedor de recursos. Tampoco es cierto que la legalización espante la criminalidad, basta observar lo que sucede con la minería, que en Colombia, siendo legal tiene reductos no solo en la ilegalidad, sino en la criminalidad.
Puede que el cannabis medicinal sea un buen negocio. Seguramente puede serlo. Lo que no se puede es presentarlo como una solución a los negocios ilegales que alimentan la violencia, porque no lo es.
Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2021
*Senadora del Centro Democrático
Por Lorena Rubiano*.- Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Khalil Gibran.
Un Estado, un gobierno, unas autoridades que se vanaglorian por dar de baja a niños, que en la realidad son víctimas de la misma violencia y de la falta de la autoridad estatal en sus regiones, no es un Estado viable.
Es indudable que la responsabilidad de lo sucedido con los menores en este bombardeo, recae sobre los bandidos y terroristas que secuestran a los niños, para obligarlos a tomar las armas y delinquir, o convertirlos en guerrilleros; ellos son los que tienen que responder por este criminal acto, de separar a los menores de sus padres y familia, para llevarlos a una guerra que no es de ellos.
Esos niños tienen derecho a disfrutar la vida, a ser útiles a la sociedad, a estudiar y progresar.
Y son víctimas porque el Estado es el responsable de su secuestro por la falta de su presencia y autoridad en muchas regiones del país. No coparon las regiones en las cuales ejercían control las exFarc y por eso estamos viviendo desplazamientos, asesinatos de líderes y el reclutamiento forzoso de menores de edad.
Es una realidad que con esta última matanza, independientemente de cuantos menores cayeron en el bombardeo, lo crítico es la actitud negligente de las autoridades las cuales están obligadas por normas constitucionales y legales y por el derecho internacional humanitario de rescatar a los menores antes de bombardear.
De manera que es desafortunado lo dicho por el señor Diego Molano, actual Ministro de la Defensa, al afirmar que los niños eran máquinas de guerra.
El operativo se realizó el 2 de marzo en Calamar, departamento del Guaviare, un pueblo ubicado en la zona amazónica de Colombia. El objetivo del Ejército colombiano era dar de baja al disidente alias Gentil Duarte, comandante de una de las disidencias de las exFarc.
Pero a la luz del Derecho Internacional Humanitario no es justificable el bombardeo a sabiendas de que había menores de edad, llevados allí contra su voluntad.
Por ello, los menores deben ser reconocidos como víctimas justamente porque el reclutamiento forzado es un crimen. Por eso la opinión pública nacional en internacional consideran desafortunadas e irresponsables las expresiones del ministro de Defensa y más aún cuando viene de ser el director del Bienestar Familiar, entidad encargada de atender y proteger a los menores de edad.
Si el Gobierno sabía a través de información de inteligencia que ubicó el campamento, que ahí podía haber niños, lo correcto a la luz del Derecho Internacional Humanitario era que, por el principio de precaución, no debería haber bombardeado.
El Estado colombiano tiene la obligación de ser garante de los derechos constitucionales y el hecho de considerar a un menor como máquina de guerra se aparta de todo el deber legal y constitucional en materia de derechos humanos. Debería crearse una comisión interinstitucional para aclarar lo sucedido.
La paz siempre será el camino.
Bogotá, D. C, 12 de marzo de 2021
