Opinión
Por Juan Camilo Restrepo*.- El FMI revela cada año un informe sobre los diversos países, en aplicación del artículo IV de sus estatutos. No son recomendaciones obligatorias. Pero el de este año sobre Colombia estuvo especialmente sustancioso. Me llamó la atención el reconocimiento que hace el Fondo de que es absolutamente imposible volver a la regla fiscal a finales del 2021 como estaba previsto. A la fecha estamos registrando un déficit de más del 8% del PIB en las cuentas fiscales. Y no sería descabellado pensar que terminemos este año con un descuadre fiscal del 9% o más.
Volver a la regla fiscal a partir del 2022 implicaría entonces un frenazo tremendo en el gasto contra cíclico que se viene ejecutando. Ello equivaldría a retornar a un déficit de 2%- 2,5% del PIB. Lo que luce poco menos que imposible en un momento en que la presión por más inversiones públicas continúa; en un año en que si bien se presentará la reforma tributaria ella no comenzará a generar nuevos recaudos sino a partir del 2022; y cuando la pandemia sigue sacando sus amenazantes orejas. Todo lo cual puede traducirse en nuevos confinamientos. Despidámonos entonces de la regla fiscal por dos o tres años.
Se comenzó la campaña de vacunación en Colombia. Ojalá todo marche bien. Se trata de una operación logística de extrema complejidad para llegarle a 35 millones de colombianos. Tal como se necesita -como lo explica muy bien la revista The Economist de esta semana- para alcanzar el “efecto rebaño”. Y seguirá en la agenda la gran tarea del mundo científico de descubrir vacunas contra las nuevas cepas que están resultando mucho más mortíferas de lo que se pensó en un comienzo. Ojalá que esta campaña arranque bien entre nosotros. Perdimos un mes por lo menos con relación a lo que han logrado otros países de la región. Sigue sin haber una explicación plausible de por qué esta tardanza en Colombia. Pero, bueno, es mejor tarde que nunca.
En el entretanto se presentará una nueva reforma tributaria que el gobierno anuncia para el mes entrante y que piadosamente ahora llama “reforma fiscal”. El plato gordo será el IVA. Los expertos convocados el año pasado, en su mayoría profesores de universidades norteamericanas, debe presentar su informe de conclusiones en pocos días. El gobierno ha dicho repetidamente que está pendiente de este informe.
No se necesita ser un zahorí para pronosticar que la principal recomendación de este comité de expertos será ampliar la base del IVA. En Colombia solo se grava con este tributo el 50% de los bienes y servicios que se producen.
Del único anuncio gubernamental que se conoce, que son las declaraciones que ofreció profusamente el viceministro de Hacienda ante a los medios de comunicación, se puede deducir que la idea del gobierno es ampliar la base del IVA a los bienes y servicios que hoy no se gravan con una tarifa del 19%. Para proceder a continuación a una devolución masiva a toda la población de los estratos 1,2 y quizás 3, al estilo de la que ya se hace. Devolución que cubriría a más del 50% de los colombianos que pagan el IVA.
Presentado así crudamente sería un suicidio político gravar toda la base de bienes y servicios, hoy exentos y excluidos con una tarifa del 19%. Así sea para devolver luego parte del tributo pagado a una buena porción de la población. Sería mucho más lógico gravar con una tarifa módica del 2%-3% los bienes esenciales que hoy no pagan IVA para expandir la base (lo cual es técnicamente defensable y necesario) y más bien, como compensación pero que resulta administrativamente más sencillo, rebajar la tarifa general del 19% en uno o dos puntos. La tarifa del 19% se estableció en 2016 pero en las condiciones actuales de la economía no se justifica.
Las semanas que vienen están pues movidas: se le dará cristiana sepultura, por lo menos durante un tiempo, a la regla fiscal y nos iremos preparando para digerir la nueva reforma tributaria, que como sucede con los niños, nace con dientes de leche en 2021 pero le saldrán fuertes colmillos para morder a los contribuyentes a partir del 2022
Bogotá, D. E, 21 de septiembre de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Mons. Gabriel Ángel Villa Vahos - Los creyentes aceptamos que nada sucede por azar, que en el plan de Dios todo tiene un propósito. Desde las páginas de la Biblia y a la luz de la Historia de la salvación, podemos constatar que muchos hechos son permisión de Dios para hacernos reaccionar y corregir el rumbo, cuando la soberbia invade el corazón humano, llevándolo a pensar que el control del mundo depende de él.
¿Qué nos está dejando en evidencia este virus que nos ha tenido casi que humillados, escondidos, distanciados y en gran incertidumbre? Hace algunos meses el diario El ‘País’ de España invitó a 75 “expertos y pensadores” a reflexionar sobre el mundo que nos espera tras la pandemia y algunas de las conclusiones no son las más alentadoras.
Sociólogos y artistas, terapeutas y políticos, periodistas y filósofos, conocedores de fútbol, de economía, epidemias y hasta de la moda, participaron en este ejercicio, compilado en una serie de artículos, ‘El futuro después del coronavirus’(1) .
“Nada va a cambiar –predice un psicólogo–, solo va a aumentar el sufrimiento de un mayor número de personas”. Uno de sus colegas advierte sobre los problemas de salud mental que nos dejarán meses de confinamiento. “Tenemos que prepararnos para un largo invierno económico” es la advertencia de un catedrático; “seremos más pobres... vamos a cargar con deudas heredadas”, dice otro.
Al parecer, no hay salidas. “Habrá más epidemias, y serán más peligrosas”, observa un epidemiólogo. “Donde no llegue la covid-19, llegarán las mafias”, señala un escritor. Sectores de la sociedad se quedarían sin futuro alguno: “El turismo masivo va a parar”. Sin público presencial, los mundos del fútbol y del espectáculo seguirán enfrentando momentos durísimos.
Los años venideros darán o no la razón de la veracidad de estas opiniones. Pero, ¿qué lecciones nos está dejando? y las personas de fe, ¿qué podemos esperar y aportar?
El virus nos está dejando en evidencia, entre muchas, las siguientes lecciones:
Vivimos en un mundo, que con muchas posturas y opciones, quiere prescindir y “matar” a Dios. Un mundo donde todo es mercancía y desprecio por bienes comunes como la salud, la naturaleza y la vida, la familia. Todo tiene un precio. La invitación del mundo del mercado parece decirnos: hay que acumular. Y mientras unos acumulan más y más, la miseria se va trepando por las laderas ante la indiferencia que genera el dinero.
Resulta paradójico. ¿De qué vale el yo tengo, con miedo y encerrado en la casa? Queda en evidencia que no se necesita tanto para vivir e igual se disfruta la vida: “nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos de él, si tenemos qué comer y con qué vestirnos, demos gracias a Dios” (Cfr. 1 Tim. 6,7-10). ¿Conformismo? No. Es que en ocasiones consumimos sin necesidad y es mucho lo que podemos modificar en nuestras vidas para darles valor y mayor sentido.
Con la pandemia está quedando en evidencia una desigualdad terrible, una pobreza que las estadísticas no enseñan y muy poca capacidad de ahorro de gran parte de la población. Deja en evidencia la postración de la salud: hospitales en la inopia, con enorme atraso tecnológico, llenos de deudas y personal mal pagado. Nos señala una gran desigualdad tecnológica y educativa que ayuda a aumentar la brecha social, y nos está haciendo entender que hoy internet es una necesidad y debería ser parte de los derechos de cualquier persona siquiera con un mínimo vital.
Nos ha puesto en evidencia la importancia del campo y del campesino, que ha permitido el flujo de alimentos para abastecer los grandes y pequeños centros urbanos, tan indiferentes y acostumbrados a las selvas de cemento sin atinar a valorar que lo que obtienen en el supermercado es porque otros lo han trabajado con esfuerzo y mucho sudor. Ha mostrado el daño que hemos hecho a la naturaleza, arrinconando además otras especies. Ha puesto al descubierto tanta ignorancia de las personas, creyendo cadenas tontas en redes sociales, tragando información de fuentes poco confiables, acrecentando temores y rechazos sin sustento alguno. Una cruel radiografía de nuestra incapacidad de dudar y analizar.
El coronavirus nos está mostrando que vivimos en un mundo desajustado casi por completo, que obedece a valores superfluos, muchos de ellos impuestos por una minoría, aunque también, menos mal, nos ha permitido ver otros caminos por los cuales podríamos vivir mejor como personas y sociedad.
¿Haremos caso al fin a las evidencias?
“La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades” (2), dijo el Papa Francisco en aquella memorable jornada, con el bendición urbi et orbi desde la Plaza de San Pedro. Y son momentos como el que vive la humanidad los que nos enfrentan con nosotros mismos porque nos despojan de aquello que considerábamos esencial.
Son ocasiones dolorosamente privilegiadas en las que se nos invita a cambiar aquello que no está bien en nosotros. Se convierten pues, como dijo el Papa en “un momento de elección”. Quizás tendremos que adoptar una vida más sencilla, quizás sea un llamado para pensar más en los demás. Valoraremos más la presencia física de nuestros seres queridos y descubriremos que actividades tan cotidianas como salir al parque o desplazarnos para ir a trabajar, hacen parte del milagro diario de vivir. Estos tiempos de pandemia pueden ser una oportunidad para que redescubramos en el silencio de nuestros hogares “lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es”.
¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? En nuestro país, el coronavirus nos tiene que llevar a ponernos de frente a las pandemias que nos están destruyendo desde hace mucho tiempo, a las problemáticas que no hemos podido resolver y a los grandes y graves males que no permiten avanzar como nación y construir el bien para todos.(3) También aquí, más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No sólo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos, que sólo una observación más atenta nos ayuda a captar.
La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia. «El hombre en la prosperidad no comprende —dice un salmo de la Biblia—, es como los animales que perecen» (Sal 49,21). ¡Qué verdad es!(4) Así actúa a veces Dios: trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad, para salvarnos del abismo que no vemos.
Algunos cambios ya han ocurrido, y tendremos que seguir adaptándonos al futuro que llegó. El advenimiento de la ‘telemedicina’ es uno de ellos. Trabajar desde casa, otro. Claro que no se acabarán las visitas a consultorios, ni el trabajo en fábricas y oficinas. Y en estos casos, ni lo uno ni lo otro están augurando un mejor porvenir.
También nuestra Iglesia tendrá que realizar un profundo discernimiento para hacer más visible su compromiso con la transformación del mundo y una evangelización que ayude en la transformación de nuestros pueblos en el respeto por la vida, la familia, la educación, el cuidado de la casa común, la búsqueda de la justicia y la equidad, la solidaridad y la fraternidad.
Estamos a la expectativa de la llegada de una vacuna, que como por “arte de magia” nos saque de esta confusa situación. Mal haríamos si la expectativa está centrada en querer salir de este momento para simplemente retornar a nuestros modos de pensar y actuar antes de pandemia.
Como nos ha exhortado el Santo Padre, no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la «recesión» que más debemos temer.(5)
Tunja 20 de febrero de 2021
*Arzobispo de Tunja
Por Gabriel Ortiz *. - Ningún país había manejado tan mal la pandemia, ni tardado tanto en aplicar la vacuna. Ni el presidente, ni su corte, tomaron la cosa en serio. Algunos han tratado de sacar provecho al covid-19 durante el año que llevamos soportándolo. Los primeros beneficiados fueron quienes se lucraron con los “vuelos humanitarios”, que de ello no tuvieron nada. Doce meses después estamos en las mismas: despistados o ganando con viveza réditos políticos y económicos.
Ante el “linaje” del corona-virus, nos convertimos en una banana república o en una monarquía. Al recibimiento del vuelo de DHL que traía las primeras vacuna, ese gran beneficiado con el exceso de publicidad gratis, salió lo más granado del “Reino de Colombia”. La “corona” legó a toda la nobleza semejante “vacuneril” honor: los Duques, los Marqueses y los Condes estuvieron en primera línea. Hasta el ministro Carrasquilla, estuvo representado por la Condesa de Yolombó, llevada por su pariente Don Tomás.
Todo estuvo fríamente calculado. Muchos invitados estuvieron en la retaguardia, no se sabe si escondidos para no dejar notar su ancestro bananero, o por simple vergüenza. Aplausos iban, aplausos venían. Sonrisas de oreja a oreja y pechos henchidos de patriotismo opita, observaban en el firmamento el amarillo del descomunal jet que traía un pequeño contariner con 50.000 mil vacunas, que deben aplicarse en doble dosis cada una, es decir 25 mil vacunas, ninguna de las cuales se enviaría al Amazonas, la región más amenazada por la peligrosa cepa brasilera.
Tropas, coloridos uniformes y cuanto “lagarto” apareciera, tenía una ventanita para observar el espectáculo. Solo el Himno Nacional y el Escudo de Colombia se libraron del “bananeado” tropel. Alguien se atrevió a decir: ¿si esto fue con el arribo de la vacuna, como hubiera sido, si llega el propio Mister Covid?
De ahí en adelante, todo se viene manejando folclóricamente. No hay vacuna sin acompañamiento. La alcaldesa quiso darle un “toque”, normal, pero se le pegó el ministro de salud. La fábrica nacional de discursos, es la única entidad que ha creado nuevos empleos en esta pandemia. Son millares los que prefieren un discurso y una foto, que una vacuna.
El “Eterno”, no se quedó atrás. La vacuna que recibió Verónica, la enfermera jefe, tuvo como escenario un hospital en las goteras de El Ubérrimo”, con discreta participación del “delfín” Tomás, que “sin saber lo que estaba ocurriendo”, se encontraba en la Cámara de Comercio de Sincelejo, al lado de la primera vacuna.
Hubo vacunas para todos los gustos, menos para las personas para las cuales venían destinadas. Duque dijo que “tendremos que caminar con la V de vacuna y con la V de victoria”. Genial coronación para “Mister Covid”.
Las vacunas, entraron por la puerta grande de la política, la V caminará adelante de la politiquería. Habrá voto-vacuna, haya prolongación o no, del período de Duque, como quiere el Centro Democrático.
BLANCO: Bogotá levanta el pico y cédula.
NEGRO: La V de vacuna le dolió a Verónica.
Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2021
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- La Constitución Política cumple en 2021 treinta años, desde su promulgación.
La intención inicial de sus promotores no era la de derogar la Constitución de 1886 para introducir una nueva, sino la de introducir una reforma integral que superara las gravísimas circunstancias en que se debatían la sociedad y el Estado -crímenes, secuestros, violencia, terrorismo- y que simultáneamente el Estatuto Fundamental fuera actualizado, tanto para salvaguardar derechos, garantías y libertades, como para reestructurar el poder público, fortalecer la democracia participativa y asegurar la paz y la justicia social.
La Corte Suprema de Justicia, al revisar el Decreto Legislativo 1926 de 1990 (Sentencia 138 del 9 de octubre de 1990), declaró inconstitucional el temario que se asignaba a la Asamblea -por contrariar la decisión popular del 27 de mayo del mismo año, que no había delimitado su poder reformador- y también rechazó el control jurídico sobre las decisiones de dicho cuerpo. Por tanto, tras la votación del 1 de diciembre de 1990 -cuando fueron elegidos sus miembros y aprobadas las reglas de la convocatoria- quedó claro que ya no estábamos ante el poder de reforma, a cargo de una asamblea constitucional (órgano de competencia restringida) sino ante una verdadera Asamblea Constituyente, con todo el poder político necesario para sustituir el ordenamiento en vigor y establecer una Constitución nueva y distinta, con valores y postulados que, como lo hemos visto en estos treinta años, si bien no han sido desarrollados en su integridad, han modificado cualitativamente el sentido y los fundamentos de nuestro Derecho Público.
Desde luego, no todo es novedoso en la Constitución, pues en su texto se consignan principios, prescripciones y reglas que encuentran sus raíces en las primeras constituciones y en los ideales políticos de la democracia liberal y en las bases mismas del Estado de Derecho, pero es indispensable reconocer que, como lo expresó la Corte Constitucional desde 1992, la Carta del 91 introdujo muchos conceptos que actualizaron el orden jurídico colombiano; valores de innegable trascendencia, y ante todo principios superiores que propenden -así lo dice el preámbulo constitucional, que hoy tiene poder vinculante- deberían conducir a nuestra sociedad hacia los más altos objetivos -todavía, infortunadamente, inalcanzados- como los de “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.
La Constitución, tras proclamar como sus fundamentos (los cimientos del sistema) el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general, señaló unos fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Propósitos del 91 que treinta años después, en buena parte, son todavía eso: propósitos.
Bogotá, D. C, 17 de febrero de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Jairo Gómez*.- No hay un relato más espeluznante de la historia reciente de Colombia que el sistemático plan concebido para asesinar a los políticos y militantes de la Unión Patriótica (UP). Si los judíos hicieron del holocausto una cruzada para llevar a los tribunales internacionales a los nazis y sus aliados, la élite empresarial y política, los colombianos deberíamos hacer lo mismo para que los militares, políticos nacionales y regionales pagaran por este genocidio.
“Esto era un matanza anunciada”, dijo el perito del caso ante la CIDH (Corte Interamericana de los Derechos Humanos), Michael Reed, tras advertir que la negligencia del Estado fue absoluta y los gobiernos de Belisario Betancur y de Virgilio Barco, este último con mayor responsabilidad, miraban para otro lado mientras desde las guarniciones militares en la regiones y el poder local diseñaban estrategias para aniquilar, exterminar y perseguir de manera sostenida a la UP cuyo pecado era pensar distinto. A todos los acribillaron: políticos, sindicalistas, luchadores agrarios o campesinos, mujeres, hombres, niños, niñas y ancianos. Ésta historia la deben conocer las nuevas generaciones; debería hacer parte de la enseñanza en las escuelas y colegios del país para que este fenómeno no se repita y comprendan que ocurrió bajo la más sorprendente indiferencia.
Tras escuchar a Reed describir su rigurosa investigación sobre el genocidio de la UP cobra mayor importancia la revelación reciente de que el gobierno del presidente Barco y su asesor, el mercenario israelí, Rafi Eitan, urdieron un plan para el extermino de este partido político señalado, desde el mismo gobierno, como el “brazo político desarmado de las FARC”; aquí no hubo solo incumplimiento de garantías, protección y prevención de los asesinatos y demás actos de violencia contra miembros de la UP como lo quiere hacer ver el Estado colombiano ante la CIDH, hubo un macabro plan al mejor estilo de las dictaduras militares del cono sur de ejecutar una estrategia de exterminio para aniquilar el partido y sus militantes.
Ahora bien, que existan documentos organizacionales y manuales que contemplaran la ejecución de ese plan está por verse pues para nadie es una sorpresa que los militares actúan en secreto y clandestinamente a espaldas del poder civil en muchos casos. En eso el perito Reed fue muy claro en el sentido de evidenciar que dentro de las instituciones existían personas que mientras buscaban la paz y los diálogos con las organizaciones insurgentes, siempre pesaron más los argumentos de los agentes del Estado (militares y policías) que se aliaron con empresarios y el poder regional para adelantar estrategias autónomas en contra de los movimientos y militantes de izquierda, en este caso de la UP.
“Que desde las estructuras castrenses, por debajo, por afuera, prohijaban represión y guerra sucia, de eso no hay la menor duda. Hay documentos e investigaciones que así lo determinan”, dijo Michael Reed en su excelente exposición que hoy debería ser materia de análisis y estudios en la academia. Pero esa tendencia no se quedaba ahí, se extendía a una elite económica con quienes se juntaron para auspiciar grupos de autodefensa, mejor conocidos como grupos paramilitares. “Era una manifestación voraz contra cualquier pensamiento comunista”, puntualiza Reed.
“Todo se quedaba en las regiones”, relata Reed al explicar que el mando civil y militar actuaba autónomamente. “De facto había una desobediencia militar porque todo se quedaba en las regiones”, concluye.
Nunca en la acción política colombiana, hasta la fecha, un grupo de izquierda había logrado el éxito electoral que tuvo la UP en los años 85, 86 y 87 y, como respuesta a ese éxito político se ejerció en Colombia la más feroz represión nunca vista pues los militares contaban con una especie de “cheque en blanco” para asesinar, torturar y desaparecer. “Dejar el manejo del orden público en hombros de las solas fuerzas militares, corre el riesgo de perder su necesaria dimensión integral (de solucionar la violencia política), para adoptar un carácter exclusivamente militar”, decía el informe “Colombia: violencia y democracia” que en su momento auspició el ministerio de Gobierno de Barco y no se hizo nada, los militares continuaron mandando.
Matar impunemente, y perseguir impunemente a un partido político de izquierda que comenzó a tener éxito, pero que había que asesinar, esa fue la razón para ejecutar este genocidio con balas oficiales (militares y policías) y balas paramilitares patrocinadas por ganaderos, empresarios y la corrupta clase política regional y nacional.
Nuestra historia se repite y bajo la más absoluta indiferencia del gobierno uribista de Iván Duque, el país todos los días entierra y cuenta por montones el asesinato de líderes sociales, de indígenas, afros, firmantes de la paz, y campesinos ya sea por motivos partidistas o porque se oponen a que la mafia política y empresarial se siga apoderando del país; y lo más preocupante es que existe un común denominador en toda esta historia como ocurrió con la UP, los militares y policías ahí.
A propósito, ¿cuándo las fuerzas alternativas y demás partidos políticos propondrán una reforma profunda y estructural de la Fuerza Pública (militares, policías, armada y FAC) el brazo armado de las élites colombianas? Es una reforma necesaria. Historia para votar bien en 2022.
Bogotá, D. C, 17 de febrero de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por: Guillermo García Realpe*.- En momentos en que la clase media y trabajadora está asfixiada por una cascada de impuestos y sumado a ello, por las difíciles condiciones propias de la pandemia por la que vivimos, el gobierno sorprende con sus anuncios de promover una nueva reforma tributaria, la cual se está diseñando y a espera que la Comisión de Expertos le dé los últimos retoques para ser presentada al Congreso.
Que se promueva una iniciativa de los quilates que esta representa no es preocupante, en últimas el país tiene que mejorar su parte fiscal tan estropeada, pero lo verdaderamente preocupante es que se impulse una reforma tributaria para golpear a los pobres de este país y para dar un tiro de gracia a millones de colombianos que se ubican en los estratos medios.
Se especula mucho sobre el contenido de esta nueva reforma, que, en todo caso, estaría proyectada para recoger entre 15 y 20 billones de pesos, lo que representa el 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Se dice, por ejemplo, que se estaría analizando gravar con IVA otros 83 productos de la canasta familiar. La ampliación de IVA a la canasta familiar es regresiva, se deben eliminar los descuentos y beneficios tributarios al gran empresariado multinacional y a la megaminería e hidrocarburos, que tiene más de doscientos descuentos y beneficios tributarios, restablecer el impuesto a la riqueza y con esto financiar la renta básica mensual para diez millones de familias colombianas. Es decir, lo que se necesita es reducir el IVA para reactivar la demanda y reducir los beneficios tributarios a sectores como el financiero y el minero-energético, eso sería lo más sensato.
Ampliar productos para que tengan IVA sólo traería el decrecimiento del consumo por parte de las familias y agudizaría la crisis social al interior de millones de colombianos con menos ingresos, lo que traduciría, eso sí, en una deficiente calidad de vida y una malnutrición en los más vulnerables, que no podrían tener acceso a comprar productos con alto contenido proteínico como carne, huevos, etc. Y al ampliar la base de contribuyentes, es claro que será a costa de gravar a los trabajadores en el país.
Como están las cosas hoy, según datos de la misma DIAN, hay 98 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general de IVA de 19%, otros 10 de ellos tienen gravamen del 5% y 73 están excluidos, es decir, están en el grupo de los de 0%.
La reforma tributaria debe priorizar más bien la recuperación económica, el consumo del producto nacional y a crear más fuentes laborales para recuperar la empleabilidad y el aparato productivo tan maltrecho por las consecuencias de la pandemia.
Debe el gobierno contemplar la posibilidad de eliminar las exenciones a la gran industria, al gran empresariado, a los ricos de este país, e incluso apretar al sector financiero que tanto se ha beneficiado de los usuarios y que tan jugosas y millonarias ganancias perciben al año.
En todo caso, cuando la reforma sea radicada e inicie su tramite respectivo en el Congreso de la República, nos opondremos, por considerar que es una reforma nociva, regresiva y que lesiona los intereses y el bolsillo de la clase trabajadora, de la clase media y de quienes con su fuerza laboral sacan adelante al país todos los días.
Los Liberales Social Demócratas, estaremos muy atentos a la discusión y al debate de esta reforma, creemos que no es estropeando a la gente del común, al pequeño y mediano empresario, a los empleados, como se logra estabilidad fiscal, por el contrario, se requiere es poner en cintura a los ricos, a las multinacionales y a un pequeño porcentaje de colombianos que hoy concentran la riqueza de la gran mayoría, ellos son los que tiene que contribuir a sanear fiscalmente el país, y no la gente que batalla todos los días por su sustento y por sacar a sus familias adelante a punta de paupérrimos salarios que en la mayoría de los casos, sólo les alcanza para subsistir.
Por eso, sí a la Renta Básica, sí a la recuperación económica del aparato productivo y la empleabilidad, sí a defender la industria nacional, sí a gravar las altas pensiones, no a la extensión del IVA a más productos de la canasta familiar, no al contrabando, no a la evasión, no a los privilegios para el gran empresariado y las multinacionales.
Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2021
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.- A pesar del gran avance científico que en su momento significó la invención del holograma que permite ver en tres dimensiones una misma imagen, para el cerebro humano, que está condicionado para descifrar las imágenes en una sola dimensión, las cosas no son tan sencillas. Por eso la sensación bizarra que nos llevamos siempre que observamos un holograma.
Algo parecido está sucediendo con las cifras económicas y fiscales. Las estamos recibiendo bajo la forma de hologramas lo que hace supremamente difícil entenderlas.
Una primera característica de la holografía económica es que las imágenes están en cambio permanente. Como sombras. Es lo que sucede con todos los pronósticos. Los organismos técnicos que se ocupan del difícil arte de las proyecciones se han visto en la penosa necesidad de ajustarlas con frecuencia. Por ejemplo: ¿cuántos cálculos diferentes hemos leído sobre lo que fue el comportamiento de la economía en el terrible año 2020? La última que he visto es la del FMI que avizora una caída del 7,9% para la economía colombiana el año pasado. El Dane nos dará la versión oficial de la magnitud de esta descolgada próximamente.
Algo por el estilo sucede con la proyección de crecimiento para el 2021. Se presume que será mejor que el año terrible en que apareció el coronavirus. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuanto mejor. Originalmente el gobierno en el último marco fiscal de mediano plazo (MFMP) hablaba que deberíamos esperar una recuperación económica del orden del 5,5%-6%. Hoy, con los nuevos confinamientos y con la llegada de la segunda oleada de la peste, sabemos que el crecimiento este año será mucho más discreto. Quizás un 3%-4%. El FMI lo ubica en 4,6%.
Algo análogo está aconteciendo con las proyecciones fiscales. El gobierno había previsto que al final de este año deberíamos volver a aplicar la famosa regla fiscal, que fue suspendida con la irrupción de la pandemia hasta finales de 2021. Hoy tenemos la impresión de que esto muy difícilmente se cumplirá. El gasto público financiado con mayor endeudamiento sigue creciendo vertiginosamente. Vamos llegando a una relación de deuda a PIB del 70% lo que ha empujado el déficit fiscal a niveles del 8,2%.
Para retornar a los parámetros de la regla fiscal a finales este año se requeriría que el déficit se redujera a niveles del 2%-2,5% del PIB. Cosa bastante utópica en este momento. Lo que significa que muy probablemente continuemos sin la camisa de fuerza de la regla fiscal por un tiempo más largo del que originalmente estuvo previsto. El gasto y el endeudamiento público siguen creciendo, el programa de vacunación apenas comienza la semana entrante, y las nuevas cepas del coronavirus comienzan a mostrar sus amenazantes orejas.
El holograma ha alcanzado su más extraña imagen con la reforma tributaria, a la cual se le cambian las fechas y el nombre cada semana. Primero se dijo que sería para este 2021, luego se afirmó que se presentaría en el año en curso, pero para que tuviera aplicación a partir del 2022. O sea, habrá reforma tributaria en 2021 pero, como a los niños, solo le saldrán los dientes para morder a los contribuyentes a partir del 2022. Su denominación también varía con los días. Ahora se llama piadosamente “reforma fiscal y social”, pero sus contenidos aún se desconocen.
La operación consistente en venderle a Ecopetrol la porción en ISA de la cual el gobierno es propietario, es una nueva dimensión de la holografía económica. Pienso que no ha sido preparada tan a la carrera como cree Germán Vargas Lleras. Por el contrario, ayudará a descifrar el confuso panorama fiscal del 2021 puesto que será un año sin reforma tributaria. La operación ISA-Ecopetrol le permitirá al gobierno recibir este año una importante bocanada de dinero (entre 12-14 billones de pesos) que, aunque no tendrán la destinación ortodoxa que se supone debe tener el producido de la venta de los activos públicos que no es financiar gasto corriente sino inversiones reproductivas, de todas maneras le servirá para amortiguar el chaparrón fiscal del 2021 sin necesidad de seguir incrementando los índices de endeudamiento. Que más allá de ciertos niveles pueden convertir a las “agencias calificadoras” que hasta el momento nos han otorgado un margen de tolerancia en agencias “calificaduras”.
No es fácil pues leer hologramas. Pero en tiempos de pandemia tenemos que intentar hacerlo.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Existen muchas y muy variadas propuestas para la reactivación económica. Inversión en infraestructura, exenciones tributarias, transferencias monetarias a los más pobres, apoyo a emprendedores, subsidios a la nómina, empleo público de emergencia, subsidio a vendedores de vivienda, modernización tecnológica, renta básica universal, etc., etc.
Dado que no hay recursos suficientes para todas, y que además algunas son excluyentes entre sí, es necesario tener criterios claros para escoger aquellas que sean las más adecuadas para las circunstancias del país, y para superar la aguda recesión económica que ha dejado el manejo de la pandemia.
Son tres los criterios principales que deberían utilizarse para la evaluación de las políticas de reactivación: primero, ¿a quién benefician?; segundo, ¿cuál es su impacto sobre las causas de la recesión?; y tercero, ¿son suficientes y oportunas para mitigar los efectos de la crisis? Hoy me refiero al primero.
Ante una crisis como la actual que no es solo económica sino social, el objetivo de las políticas de reactivación no puede ser solo recuperar el crecimiento del PIB; este es solo un objetivo intermedio, un instrumento para lograr el bien-estar de toda la población. Por eso no solo es importante que crezca, sino sobre todo como se distribuye ese crecimiento.
No puede ser un objetivo disminuir ahora el déficit fiscal y sanear las finanzas públicas; buscar la austeridad fiscal en medio de la recesión es como sacarle sangre a un anémico. Son aún menos validas políticas para aumentar la rentabilidad de las empresas; esa no es la responsabilidad del Estado, ni debe dedicar a eso sus escasos recursos.
Las mejores políticas de reactivación son aquellas que impulsan el crecimiento, pero a la vez ayudan a aliviar la pobreza, a reducir el desempleo y a disminuir la desigualdad.
Unos ejemplos ayudan a entender la importancia del impacto distributivo de diferentes políticas. Una cosa es la inversión en modernas carreteras y concesiones de 5G, y otra la construcción de vías de acceso en los municipios PDET. Las primeras son intensivas en capital y benefician a los sectores modernos de la economía, mientras que las segundas generan más empleo y mejoran la vida de poblaciones azotadas por la violencia y abandonadas del Estado.
Una cosa es dar subsidios a las empresas eximiéndolas del pago de IVA en la compra de bienes de capital, y otra muy distinta dar subsidios a las mismas empresas, pero condicionados a la creación de empleo. En ese sentido la intención del PAEF fue acertada, pero su ejecución no, pues se concentró en las grandes empresas: 1.115 con más de 500 empleados se quedaron con el 39% de los recursos, mientras que 90.000 microempresas con menos de 10 empleados solo recibieron el 10%.
El gobierno tiene un amplio abanico de políticas para la reactivación. Debería elegir aquellas que generen más empleo y beneficien a los más pobres y vulnerables, y ejecutarlas de manera que se logre este objetivo, y no se quede en el discurso.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Amylkar D. Acosta M*.- Es preciso dejar establecido que la navegabilidad del río Magdalena no se podrá lograr jamás mientras ella no comprometa concomitantemente la recuperación y rehabilitación de su Cuenca. Como es bien sabido en 1500 el 90% de la cuenca estaba poblada por bosques, los cuales se han reducido a sólo el 10% como producto de la tala y la deforestación de la cual ha sido objeto y a consecuenia de ellas sobreviene la erosión y con la erosión la sedimentación que arrastra el río, la que termina en bancos de arena en su cauce y en la barra de sedimentos que acusa su desembocadura.
En este caso, contrariando el adagio popular, el ahogado hay que buscarlo es aguas arriba, pues hasta que no se detenga la erosión el río seguirá arrastrando anualmente más de 250 millones de toneladas, aproximadamente, de sedimentos y desechos. Pretender garantizar la navegabilidad permanente del río mientras no se detenga el ecocidio de la cuenca es como pretender endulzar elmar, lo más parecido al drama de Sísifo, el de la mitología griega!
Colombia cometió con el Río Grande de la Magdalena, más que un error, la torpeza, la indolencia y la ingratitud, de abandonarlo a su propia suerte después que sirvió de él. Ello ha obedecido, entre otras razones a que mientras en la inmensa mayoría de los países que han logrado su crecimiento y desarrollo localizando sus empresas cerca de los puertos, aquí en Colombia se ubicaron en la altiplanicie, a más 500 kilómetros y a más 1.000 kilómetros de sus principales puertos sobre el Pacífico y el Caribe, respectivamente.
Este cuello de botella explica, entre otras cosas, que los costos de manejo y transporte de carga en la exportación/importación de bienes y mercancías representan, según el reporte Doing Business de 2013, el 78.7% de los costos totales de una operación en que incurren las empresas en Colombia, afectando enormemente su competitividad. Basta comparar dichos costos en la OCDE y con los de Latinoamérica, cuyos promedios, según la misma fuente, estaban en dicho reporte en el 48.5% y 43%, respectivamente. Y todo ello repercute, finalmente, en un nivel muy bajo en el Índice de desempeño logístico que maneja el Banco Mundial, en el cual Colombia se raja con una calificación de 2.6 sobre 5, ocupando el puesto 58 entre 161 países considerados.
Ha llegado la hora de rescatar y recuperar el Río Grande de la Magdalena, convertido como está en una verdadera cloaca abierta que recoge a lo largo de su trayecto toda la inmundicia que arrojan a su cauce. La Constituyente de 1991, gracias al prestigioso sociólogo del Caribe Orlando Fals Borda, uno de sus delegados, quiso reivindicarlo y fue así cómo incorporó en la nueva Constitución la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la única en el país con rango constitucional, en su artículo 331, desarrollado mediante la Ley 161 de 1994. Y entre sus funciones, a demás de “la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria”, dispuso la “adecuación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables”. Esta, como tantas otras normas de la Constitución de 1991 se ha quedado escrita en el papel, que puede con todo.
Sólo tuvo algún desarrollo el aparte en el que se dispuso que la Ley definiría “en favor de los municipios ribereños un tratamiento especial en la asignación de regalías”, no así “en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación”. En efecto en la Ley 143 de 1994 que reglamentaba los articulos 360 y 361 de la carta, atinentes a la distribución de las regalías, se estableció que el 10% del Fondo Nacional de Regalías (FNR) creado por dicha Ley asignaran a CORMAGDALENA. Con tan mala suerte que en el Acto legislativo 05 de 2011 se le arrebataron estos recursos, quedando reducidos a sólo el 0.05% de las regalías y en la más reciente reforma al Sistema General de Regalías (SGR) contenida en el Acto legislativo 05 de 2019, reglamentado por la Ley 2056 de 2020, por fortuna mejoró su participación y se le asignó el 5%.
La Corte Constitucional ha sentado un precedente de la mayor importancia, que puede ser de gran utilidad para que el Estado colombiano vuelva sus ojos al Río Magdalena, al que se le dió la espalda hace marras, corriendo la misma suerte del Mar, por cuenta de un modelo económico andino, mediterráneo. En efecto, mediante el fallo T – 622 de 2016 la Alta Corte sentenció que el Río Atrato, el tercero más navegable después del Magdalena y del Cauca, es “sujeto de derechos, que implican protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Con más veras, en el caso del Río grande de la Magdalena está llamado a ser también sujeto de derechos, los cuales deben ser amparados, cómo no, por la guardiana de la Constitución, la misma que le dio la importancia que no le han dado los sucesivos gobiernos durante sus treinta años de vigencia que se cumplirán próximamente.
Santa Marta, febrero 13 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Enrique Robledo*.- Así usted, apreciado lector o lectora, no lo haya oído mencionar, ¡un tercio de las familias de Colombia, 15 millones de personas, hace menos de dos comidas al día! ¿Cuánta hambre y sufrimiento significa esta tortura diaria? Y de esto poco o nada se dice en los medios, a pesar de ser de lo peor que pasa en el país, porque además de serlo en sí mismo, es caldo de cultivo para otros males.
¿Si será cierta la teoría retardataria que culpa a los mismos que aguantan hambre porque son unos vagos que no quieren trabajar? ¿A quién responsabilizar además de que haya 12 millones de colombianos que no consiguen empleo, sin contar a los cinco millones –más que los venezolanos en Colombia– que tuvieron que irse a buscar empleo a otros países, donde son trabajadores ejemplares? ¿Cuánta riqueza dejan de aportarle al país esos compatriotas, cuyo potencial se dilapida?
En la base de este drama social está la corrupción, sin duda, con la que se roban la riqueza creada y, peor aún, impiden crear más. Ha llegado a tanto la desvergüenza –en la que funcionarios públicos y políticos siempre actúan con compinches privados–, que crecen los fraudes que son legales –aunque suene absurdo–, en los que los delincuentes, primero, cambian las normas y, luego, se aprovechan de ellas. En el volteo de tierras, por ejemplo, propietarios, alcaldes y concejales corruptos modifican los usos del suelo de los municipios en contra del interés de la comunidad. De ahí que tome fuerza en el mundo definir la corrupción no por su ilegalidad, sino como el abuso del poder público en beneficio privado.
Otro ejemplo: constituye un fraude corriente construir vías de calidades superiores a las que de verdad se necesitan, porque mientras más cuesten, más ganan los contratistas y mayores son las coimas y los réditos políticos para quienes las promueven e inauguran. Y se ha vuelto común financiarlas con tráficos inflados y peajes que se sabe que no se recaudarán, cosa que no les importa, en razón de que los contratos estipulan que el Estado se obliga a pagarles a los concesionarios lo que dicen las fórmulas tramposas con las que diseñan estos negociados, aunque no pasen los vehículos.
En el enorme incremento de la corrupción en Colombia –con razón conocido como uno de los países más corruptos del mundo– pesa que cada vez más se contrate gasto público con normas de derecho privado, las cuales, al ser por definición más laxas, facilitan la ladronera, complicidad que la basura ideológica neoliberal justifica tras el cuento absurdo de ser “más eficientes”. ¿No es el primer criterio de la eficiencia que no se roben la plata? ¿Los propietarios de las empresas privadas facilitan que los roben? ¿Y qué tal la puerta que están abriendo con el gasto público secreto de las vacunas y la venta de Electricaribe?
La peor corrupción es la que está en la base de todas las demás: la del sistema político y electoral que destruye a Colombia porque propicia que se robe la riqueza creada y, más pernicioso aún, impide crearla en mayores cantidades, con lo que se mantiene preso al país como un todo del desempleo, el atraso y la pobreza. Porque un porcentaje decisivo de los votos que se depositan en Colombia, además de los que se consiguen con los fraudes en las urnas y los que literalmente se compran, proviene del clientelismo, que usa la plata del Estado para elegir candidatos que gobiernan en contra de quienes votan por ellos, operación que destruye el fundamento básico de la democracia electoral, que reside en que en las urnas se castiga, no reeligiéndolos, a los que deciden contra el progreso nacional. El caso clásico de este engaño lo sufren los electores de las zonas rurales, a quienes durante treinta años han puesto a votar por los mismos que pusieron a Colombia a importar 14 millones de bienes del agro que pueden producirse en el país. Y parecido les pasa a los fabricantes de bienes industriales, víctimas también del libre comercio y de la corrupción oficial que facilita el contrabando y el lavado de activos.
La única posibilidad de darle golpes rotundos a la corrupción que se ha tomado a Colombia reside en enfrentarla desde la jefatura del Estado, para usar con ese objetivo todo su poder en dos direcciones. Para gobernar con quienes posean la integridad suficiente para no corromperse ni amilanarse y para aprobar normas que enfrenten a los pillos, siendo lo principal el carácter de los gobernantes. Porque es obvio que si mandan bandidos y alcahuetas, ninguna norma podrá impedir que hagan de las suyas, y todo seguirá igual.
Bogotá, 12 de febrero de 2021.
*Senador de Colombia
@JERobledo
