Opinión

Por Jorge Enrique Robledo*.- En audiencia pública realizada en la Comisión Quinta del Senado, los voceros del gobierno de Duque se quedaron solos con su idea absurda de preferir gas importado a gas nacional, proyecto que además exige una inversión de 800 millones de dólares, que pagaremos con mayores tarifas entre todos los consumidores, residenciales e industriales, para costear la regasificadora del Pacífico y el oleoducto que exige ese negocio y que les reportará fuertes utilidades a sus encopetados promotores.

La decisión de traer gas extranjero, que además nos costará más que el producido en el país, golpeará a Ecopetrol –el mayor productor en Colombia– y a las empresas privadas del sector. Y en el debate salió a relucir un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que compromete al país a promover “facilidades de importación de gas natural licuado –que debe regasificarse– e infraestructura de oleoductos”.

De lo peor de ese día fue ver al gobierno dejando claro que le da igual importar el gas que producirlo en Colombia, teoría absurda que los neoliberales llevan tres décadas insuflándonos a los colombianos y que por supuesto no practican quienes mandan en los países capitalistas desarrollados que controlan al FMI y la OCDE. En mi intervención expliqué que el notable desarrollo de esos países se explica porque producen, producen y producen, en tanto que los capitalismos subdesarrollados, como el de Colombia, lo son porque importan, importan e importan lo que podemos producir y ni siquiera sueñan con sustituir importaciones.

A manera de ejemplos, desde la apertura, las importaciones agropecuarias pasaron de 500 mil a 14 millones de toneladas y siguen creciendo. En 2020 las compras de leche en polvo extranjera y derivados llegaron a 73.663 toneladas y en 2021 sumarán 300 mil las de arroz, otros productos condenados por los TLC a desaparecer en pocos años. Tuvimos razón quienes dijimos que el “libre” comercio ocultaba el ventajismo subsidiado de las trasnacionales, empacado en charlatanerías populistas que nunca resistieron ni el menor análisis.

La secta neoliberal también impuso como otra genialidad acabar con la producción de vacunas en Colombia –que se fabricaban de alta calidad y costos módicos–, haciendo de parlante a otro organismo controlado por las potencias pero disfrazado de internacional. Y ahí están el gran retroceso de la farmacéutica instalada en el país y el empleo perdido, Duque sometido a unas trasnacionales abusivas que cobran lo que se le da la gana por sus vacunas, no cumplen con las entregas y exigen contratos secretos, a pesar de saberse que toda corrupción empieza con pactos de silencio.

Cómo olvidar a doña Marta Lucía Ramírez llamando a los industriales de las confecciones a invertir en maquinaria e insumos para fabricar tapabocas. ¿Y qué pasó? Pues que perdieron plata y hasta se quebraron porque, a la par con la demagogia, el gobierno facilitó que las importaciones de tapabocas chinos aumentaran en cuatro mil por ciento entre el 2019 y septiembre de 2020 –de 8,7 a 363,4 millones de dólares–, inundación de trabajo y producción extranjera que pudo evitarse con los mayores aranceles que autorizan las normas de la OMC. En irritante contraste, Duque aprovechó su viaje a Beijing para presentar como gran cosa que es probable que nos compren unos aguacates.

Verdades como estas no impiden que los mismos con las mismas, ahora de duquistas, echen cuentos sobre el gran amor que les profesan a los empresarios, las empresas y la economía privada, a pesar de que nunca los han defendido y promovido en serio porque han gobernado en su contra, como lo prueba el profundo y detestable subdesarrollo del capitalismo colombiano. Y a la falacia de un respaldo que no pueden probar, le suman atacar a quienes exigimos que en Colombia se cree riqueza y empleo en grande dentro de la economía de mercado, a partir de no aplicar más unas recetas que provocan resultados contrarios a los que prometen y que tienen la terquedad de mantener porque benefician a las trasnacionales y a sus intermediarios.

¿O se atreven a decir en público que ellos sí han gobernado muy bien porque los TLC son maravillosos para los colombianos y que los culpables del desastre de atraso, subdesarrollo, desempleo, pobreza, hambre y desigualdad del país, al igual que la gran corrupción que estos incuban, son los empresarios y los trabajadores porque son perezosos y no les gusta trabajar o porque padecen de alguna minusvalía mental?

Bogotá, 26 de febrero de 2021.

*Senador de Colombia

@JERobledo

Hace un año, cuando empezaban a morir los primeros habitantes del planeta a causa de una “gripita”, como la denominaron despabilados dirigentes acostumbrados a engañar a sus pueblos para salvar su prestigio y ganar elecciones, hubo gente pensante que vio lo que venía.

El gran periodista colombiano, Silverio Gómez, salido milagrosamente del ya amenazante coronavirus, escribió y advirtió que este mundo no sería igual después de la amenazante pandemia.

Con gran velocidad, el mal de siglo XXI, mostraba sus garras y se apoderaba de la vida de nuestros semejantes, sin miramiento alguno. La economía del planeta se movía peligrosamente hacia la crisis. El PIB de todos los países se desplomaba por el desempleo, la caída del consumo, de la producción y demás fenómenos. Gentes y dirigentes pensantes, como el secretario la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, advirtieron sobre la hambruna que ya se observaba y empezaron a trabajar en ello. No hubo mucho acompañamiento de quienes tenían en sus manos la conducción del mundo. Empezando por Trump, aplicaron frivolidad al tema, buscando ganar imagen y elecciones. Otros vieron pasar los días, con sus noches desinformando a su gente.

Cada 24 horas, se agudizaba la situación, mas no la preocupación. Lo único que se multiplicaba, era el inmenso grupo de consejeros y asesores, que ensayaban lo que no estaba inventado y no inventado. Desde mayo, países como Chile, tomaron la cosa en serio, mientras otras naciones, como Colombia, creían que con lábiles programas vespertinos de televisión, iban a “asustar” al, ya imbatible, covid-19, cuyas víctimas, eran sepultadas en ataúdes de cartón.

En nuestro medio, la frivolidad nos arropó. Escaseó la planeación certera y adecuada. Nadie sabe en qué se entretuvieron los miembros de los flamantes “comandos centrales”, mesas de trabajo y organismos encargados del asunto. La aparición de las primeras vacunas, no le movieron la aguja a la pléyade de estorbos humanos que rodean al Presidente. Todo se nos atrasó en el mayor oscurantismo.

No hubo, ni ha habido planeación. Ni en la compra de vacunas, ni en el ejército de vacunadores que necesitábamos, menos en la atención económica a la empobrecida y desnutrida población, mientras el personal médico no recibe salario. Muchos consideran que esta emergencia “le quedó grande al gobierno y a la legión de asesores, hecho contrario a la solidaridad que florece y se multiplica entre la cada vez más diezmada población sobreviviente”.

Los anunciados apoyos gubernamentales, se han quedado en publicidad engañosa, mientras el “monstruo” de una reforma tributaria estilo Carrasquilla, saquea minuto a minuto la poca tranquilidad de los colombianos. Solo los “innombrables” de Margarita Rosa, pueden oxigenarse a sus anchas, fuera de los respiradores de las UCI, mientras el 70% de nuestra población experimenta asfixia, soporta el covid y la total desnutrición.

BLANCO: Solo con renta mínima o auxilio de emergencia podrán sobrevivir los colombianos.

NEGRO: La nefasta fábula de Zapateiro sobre las víboras y las iguanas. Y nada ha pasado.

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Paloma Valencia*.- Con el fallecimiento de Herbin Hoyos empieza a morir la verdad. Sin su voz y su fuerza muchas atrocidades cometidas por las FARC hubieran quedado sepultadas en esta carrera que llevan algunos sectores del país para presentarnos los crímenes del narcoterrorismo de la manera más aséptica posible.

Fue Herbin y las organizaciones de las que él hacía parte quienes develaron la esclavitud sexual a la que las FARC sometían a los niños y niñas que reclutaban. El liderazgo de Herbin sirvió para que FEVCOL presentará 4 informes ante la JEP donde se documentaron miles de reclutamientos de niños, múltiples casos de esclavismo sexual. Además, apoyó el trabajo para descubrir las trampas de la JEP en Dabeiba creando falsos “falsos positivos”, encontrar fosas comunes de las Farc y recuperar muchos colombianos desaparecidos. Coadyuvó para interponer acciones contra las Farc en la Corte Penal Internacional.  Ese reclamo que le hizo Herbin al presidente Santos aún queda por resolver: 570 secuestrados por las Farc que no aparecieron después de la firma de la Habana. Ojalá la JEP se dignara examinarlo, como tantas otras cosas…

Herbin fue un hombre sin miedo. Un héroe en una tierra donde los valores se han tergiversado. Herbin debería ser un personaje muy grande para Colombia, y sin embargo, lo suyo fue el camino de las adversidades. Mientras muchos que posan de defensores de derechos humanos, sin haber dado siquiera tres pasos del largo camino recorrido por Herbin, disfrutan de recursos nacionales e internacionales para sus causas; las de Herbin fueron austeras, luchadas, como él decía, con las uñas.

Su muerte me duele por él, que tenía tantos planes, por su familia y sus amigos que pierden un gran ser humano, pero me duele sobre todo por las víctimas y por Colombia. En esta patria donde nos falta tanto valor y valores perder un valiente deja una gran herida.

Herbin supo reconocer el dolor humano, alentar a las víctimas a hablar, cuando este país ha vivido silenciándolas. En muchos sentidos fue su voz, su micrófono, su determinación los que le permitieron a muchas víctimas salir del ostracismo en el que los sume la violencia. Su propósito tiene que continuar. Debemos rescatar a las víctimas, devolverles su voz para que puedan contar lo que sufrieron. No importa quien fuera el perpetrador de la acción, Colombia debe pedir que todas las víctimas, todas, sean escuchadas. La voz es el símbolo de la denuncia, y es al mismo tiempo, la manera de dejar salir lo que está atrapado, de empezar a sanar.

Nota final: las declaraciones del “Ñoño” son escandalosas. Develan cómo se teje la corrupción. La escena de los funcionarios públicos negociando los contratos con las empresas privadas, cobrando coimas y enriqueciéndose en desmedro del progreso del país; es asquerosa. Me genera repulsión saber que esos dineros se usaron para alterar el resultado electoral de la elección presidencial. Se compraron los votos que hacían falta para ganar. Le robaron a Oscar Iván Zuluaga la presidencia, y a Colombia la oportunidad de haber reconducido el rumbo, cuando los daños eran menores. Dejen hablar a Ñoño que tiene todavía mucho que decir, como lo anunció. Informen al país en qué consiste el preacuerdo de Prieto con la Fiscalía sobre el que todavía no conocemos resultados. Que se investigue y salga todo a la luz.

Bogotá, D. E, 26 de febrero de 2021

*Senadora del Centro Democrático.

Por Jairo Gómez*.- Una grieta con interrogantes emerge en las huestes uribistas que inquietan tras el informe de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre los mal llamados Falsos Positivos: ¿qué tanto se afecta el proyecto político de Álvaro Uribe de cara a las elecciones del 2022? ¿Será la estocada final a un proyecto político, el Centro Democrático, que acaudilla el expresidente? 

Sin duda, fue un mazazo inesperado que dejó enajenado al expresidente. Tras el impacto que le provocó el auto de la JEP reaccionó para calificar de “sesgado” el informe y contraargumentó (que su único objetivo es) “descreditar a mi persona”. Sintió la estocada 6402 veces. No se trata de un golpe bajo como pretende Uribe mostrarlo a la opinión; al contrario, en las 38 páginas se hace una minuciosa descripción de una investigación rigurosa y sustentada que no da lugar a dudas.

Uribe fue víctima de su propio invento. Su obsesiva sed de venganza contra las FARC lo  sacó del contexto de un buen gobernante para, sin medir las consecuencias, traspasar sin miramiento alguno el respeto de los Derechos Humanos; entonces echó mano de la medida más atroz que a ningún dictador se le hubiera ocurrido: las ejecuciones extrajudiciales. Lo importante eran los resultados en número de muertos. Esa era la golosina de una estrategia para mostrar secuelas frente a una lucha sin cuartel contra las guerrillas para que la opinión pública, en complicidad con los medios de comunicación, la comprara cándidamente: logró movilizar a millones de colombianos a favor de su Seguridad Democrática. Eso le permitió, ladinamente, cambiar la Constitución Política para hacerse reelegir.

Quiso el gobierno de la Seguridad Democrática hacer de sus hábiles tácticas algo invisible, pero nada queda oculto bajo tierra y los muertos flotan así los entierren quinientos metros bajo tierra. Una directiva del ministerio de Defensa, que Uribe conocía (ningún presidente habló tanto con los militares como yo), emergió de la opacidad oficial y reveló que establecía premios, permisos y beneficios si los militares presentaban buenos resultados a sus superiores en el combate. Su estrategia fue tan elocuente que instituyó el mote de “héroes de la patria”, para poner en la cresta de la ola al Ejército, los ejecutores de su cruel maniobra.

De esa estrategia que lo puso en la gloria, hizo su propaganda política que lo ungió como el mesías, el hombre en quien confiar, la figura adecuada, el político ideal más allá de los razonables argumentos. Pero de ese Uribe no queda nada, todo se desvaneció 6402 veces. Él lo sabe y por eso se defiende como gato patas arriba.

La superioridad moral con la que el expresidente siempre se expuso al escrutinio de los colombianos, quedó literalmente deshonrada y su proyecto político debilitado ante la opinión nacional. Con qué argumentos el candidato que diga Uribe va a la plaza pública a defender una propuesta sobre la cual pesa el señalamiento que durante seis de los diez años de su gobierno (2002-2010) 6402 ciudadanos inocentes, muchos de ellos con incapacidad mental y humildes muchachos de barriada, fueron llevados al paredón frente a un pelotón de fusilamiento de agentes del Estado, en este caso el Ejército.  

Uribe, como Hitler con los alemanes, se propuso dominar el pensamiento y el sentimiento de la mayoría de los colombianos, pero fracasó. Hoy cualquier éxito de su gobierno en otros asuntos quedó opacado 6402 veces. Ya no es un estigma, es una realidad de la que tendrá que dar explicaciones en cualquier foro donde se exponga. Su discurso no podrá ser el mismo, porque no es creíble.

Con la decisión de la JEP Uribe comprendió que es terrenal, por tanto es un hombre de carne y hueso que tendrá que responder ante la justicia; ahora, si insiste en la política  se encontrará con un sendero contaminado y atiborrado de espinas; sobre su conciencia pesará por el resto de su vida la punzante cifra de 6402 almas inocentes asesinadas durante su nefasto gobierno de ocho años; gobierno para no recordar, pero, sin duda, para no olvidar.

@jairotevi

Por José G. Hernández*.- No comenzó bien 2021 en Colombia, particularmente en materia de Derechos Humanos. Todos los días nos enteramos de lo acontecido en algún lugar del territorio, en donde -ya nos sabemos de memoria el estribillo de la noticia- “…hombres armados dispararon indiscriminadamente y dieron muerte a…”.  Tres, cinco, ocho, diez personas son asesinadas de manera cobarde, a mansalva y sobre seguro. Personas indefensas que mueren sin saber por qué, en un país que se declara respetuoso de tales derechos y que protesta por su violación en naciones vecinas.

Invariablemente, los delincuentes escapan. Ni siquiera se sabe cuántos son, de dónde vinieron, ni para dónde van. Las autoridades de policía llegan al sitio de los acontecimientos cuando ya nada se puede hacer, narran ante los medios de comunicación sobre lo ocurrido y comienza la oferta de recompensas “a quienes brinden información para dar con los criminales”. Cuando la masacre es muy grande o ha llamado la atención de los medios, algún vocero oficial anuncia que “no habrá impunidad” y que sobre los autores “caerá todo el peso de la ley”. Un peso liviano -muy liviano- que pocas veces cae, y que, si cae, es muy raro que caiga sobre los verdaderos homicidas, y menos sobre los autores intelectuales.

La noticia pasa muy pronto. La desplazan otras masacres y homicidios, las disputas políticas, los nuevos candidatos presidenciales, las coaliciones con miras a las elecciones de 2022 o el despliegue publicitario por la llegada al país de unas pocas vacunas contra el  covid-19. Las familias de los muertos quedan tristes, olvidadas, en total desamparo, y además, amenazadas. Y la sociedad colombiana parece haberse habituado a que eso suceda, y se tiene la sensación de que a nadie le importa, ni el hecho criminal, ni la suerte de las víctimas, ni el deplorable espectáculo -muy grave, aunque pocos lo ven así- de un Estado que ha perdido el control, porque son muchas las regiones en donde quienes gobiernan, con la fuerza de las armas y las amenazas, son las organizaciones delictivas, llámense guerrilleras, paramilitares, narcotraficantes o delincuencia común. Mandan y disponen sobre vidas y haciendas.

La Constitución colombiana cumple treinta años. En su preámbulo se expresa que ha sido promulgada con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y de asegurar a sus integrantes, entre otros valores, la vida, la justicia, la libertad y la paz, y para garantizar un orden político, económico y social justo. En su artículo segundo señala los fines esenciales del Estado, entre ellos la efectividad de los derechos, y advierte que las autoridades han sido instituidas para proteger "a todas las personas residentes en Colombia" en su vida, sus derechos, sus bienes, sus creencias, sus libertades. Repito: a todas.

Lo dicho ocurre en Colombia, pero nuestras autoridades están ocupadas en otras cosas: en convocar la solidaridad internacional contra las violaciones de los derechos humanos, no en Colombia sino en Venezuela, y en intervenir en procesos electorales de otros países, aunque la Constitución les impone (Art. 9) “el respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

Nos preguntamos, no sin angustia: ¿qué nos pasa?

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Hace ocho días llegaron a Colombia las primeras 50.000 vacunas contra el covid, del laboratorio Pfizer. La expectativa del país era muy grande y se había visto alimentada por el fuerte impacto mediático en relación con este tema. Además, por un lado, ya otros países de Latinoamérica habían empezado a vacunar, lo cual generaba cierto desconcierto respecto de las demoras en Colombia y, por otro lado, no era ningún secreto que los laboratorios que distribuyen la vacuna estaban incumpliendo entregas, incluso a países como los Estados Unidos, que invirtió millones de dólares en las investigaciones, y otros países europeos que también se quejaban de la falta de cumplimiento o los retrasos en su entrega.

El esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno de nuestro país para contactar y comprar vacunas de distintos laboratorios y distintos países es entendible. Lo importante ahora es que la vacunación se haga en forma ordenada, bajo el seguimiento estricto de los protocolos establecidos para su reparto y respetando las prioridades de aquellos que tienen mayor vulnerabilidad ante el contagio. El gobierno, por tanto, debe ser muy cuidadoso para que no se pierdan las vacunas ni se vacune a quienes no deberían contar con prioridad o ni siquiera están programados.

No obstante lo anterior, muchos presentan grandes reparos y preocupaciones al enterarse que de las advertencias y preocupación de varios países en Europa para utilizar ciertas vacunas, incluido el gobierno de Sudáfrica que ya anunció que suspenderá la administración de la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que además de no tener la efectividad más fuerte contra el covid-19, pareciera tener una efectividad aún menor (al rededor del 20/30%) contra sus nuevas variantes. Por su parte, los otros países europeos, incluyendo pero sin limitarse a España, Alemania y Francia, tomaron la decisión de no utilizarla en la población mayor (más de 55 o 65 años).

También ha habido fuertes críticas respecto de la propaganda mediática que, incluso en otros continentes y países como Alemania, pareciera ser una estrategia de logros del Gobierno más que cumplimiento de la responsabilidad que la soberanía del Estado debe asumir. Al respecto, lo que realmente importa es que la vacunación no se quede en propaganda y efectivamente se logren los propósitos y llegar al llamado porcentaje de vacunación de rebaño, un término comúnmente utilizado para hacer referencia al momento en el cuál la comunidad entera queda inmunizada. Según las proyecciones del Ministerio de Salud, todas las dosis se entregarán entre febrero y diciembre, algo que aún estamos a esperas de ver.

Otro tema en que debe la comunidad muy cuidadosa es en no bajar la guardia porque ya se hayan vacunado. Esa es una advertencia que han hecho todos los laboratorios y en que el gobierno también ha insistido. Tendremos que seguir usando los tapabocas, guardando las distancias y no hacer reuniones con presencia de numerosas personas. La disciplina social será la única que garantice el éxito en el control del virus del coronavirus. Todos los mandatarios, tanto municipales, regionales como el nacional, deberán poner todos sus esfuerzos de planeación, orden y control en esta etapa de vacunación. De esta etapa depende no sólo conseguir que las víctimas disminuyan sino que se pueda reactivar la economía que está herida en muchas de sus áreas, además de la quiebra de negocios que se han venido dando con las consecuencias de desempleo que hoy vivimos.

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2021

*Excomisionado de Paz.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La mejor política de reactivación es aquella que no solo acelera el crecimiento sino que además disminuye la pobreza y la desigualdad. Ese es uno de los criterios para elegir entre distintas alternativas de políticas, tal como expliqué la semana pasada. Otros dos son que las políticas sean adecuadas y sean suficientes y oportunas. Una política de reactivación es más adecuada si ataca las causas de la recesión y no solo los síntomas. Una analogía médica es el paciente con fiebre debido a una infección, al que se le puede dar aspirina para bajar la fiebre o darle antibióticos para quitar la infección.

La causa principal de la actual recesión es la debilidad de la demanda: empresas y establecimientos de comercio se quebraron y tuvieron que despedir empleados porque se les cayeron las ventas; en parte por el confinamiento y en parte porque la gente voluntariamente dejó de comprar. Pero ya se acabó el confinamiento y el consumo no vuelve a su nivel anterior, porque no basta que abran almacenes, aeropuertos, hoteles o restaurantes si muchos todavía no quieren o no pueden comprar.

El consumo no despega por las 3 Ps: Prevención o temor al contagio; Prudencia ante la incertidumbre de ingresos futuros y sobre todo Pobreza. 30% de los hogares en Colombia hace hoy una comida menos porque no les alcanzan los ingresos. Por eso las políticas de incentivos a la oferta no son eficaces.

¿Para qué dar estímulos tributarios para construir hoteles, o comprar maquinaria si no hay huéspedes ni suben las ventas?

Inclusive ofrecer más crédito para empresas que no tienen ventas suficientes para pagar la nómina solo sirve para diferir el problema pues después no podrán pagar el crédito.

Políticas como los subsidios a la nómina son más adecuadas y cumplen los dos criterios señalados, pero poco sirven si son tardías o reducidas en cuantía. Fue lo que sucedió con el Paef, una muy buena idea para conservar puestos de trabajo, pero que se inició cuando ya se habían perdido cinco millones de empleos; además la cuantía del subsidio –menos del 30% del costo laboral de un empleado de salario mínimo- solo alcanzaba a empresas con pequeñas reducciones en ventas.

El Estado es el único que puede compensar una caída de la demanda del sector privado como la que ocurrió con la pandemia; así lo entendieron muchos gobiernos que según la consultora Mckinsey, aumentaron el gasto público en 20% o más con lo que lograron mitigar el aumento del desempleo.

En Colombia el consumo del Gobierno solo creció 3,7% el año pasado, monto totalmente insuficiente para enfrentar la crisis.

Bogotá, D. C, 22 de febrero de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*.- Quienes defienden los derechos de los animales en el país han contribuido a que nuestra sociedad cambie y mejore la forma en que se trata a estos seres vivos. Dentro de sus logros están la ley que creó las juntas defensoras de animales, el estatuto nacional de protección animal, la ley contra el maltrato animal -de autoría del Representante a la Cámara Juan Carlos Losada y de la que fui ponente-, en la cual se definen como “seres sintientes”, se crea además el delito de maltrato animal y, por último, la normativa que fortalece los refugios y las fundaciones.

En una de las tantas batallas en el Congreso por la causa animalista, junto a Yerly Mozo, se logró evitar que el código de policía derogara uno de los más importantes avances jurídicos a la fecha: el Estatuto Nacional de Protección Animal. Con este acontecimiento se evidenció que las autoridades no tienen clara su función interdisciplinaria en la protección a los animales, a lo que debemos agregar la falta de presupuesto, hospitales veterinarios públicos, conocimiento y aplicación de las leyes, pero también de policía, jueces y fiscales especializados. El Estado no está preparado para atender la protección que ordena la ley.

Cincuenta años de lucha por los derechos de los animales han sido apenas el prólogo para insistir en la “protección reforzada a los animales”; fundamentada en un clamor de las nuevas generaciones, y que aún no logra introducirse en nuestro ordenamiento jurídico. Los motivos son varios, pero el principal es la falta de actualización y adaptación en la función pública, que puede desarrollarse a través de un sistema nacional de solidaridad, protección y bienestar animal. Este sistema integral permitiría armonizar responsabilidades y funciones e implementar políticas públicas para todos los animales, y no solo para unas especies.

A diario veo noticias donde se muestra a los animales como “seres sintientes” pero también son “seres vulnerables”. Una sociedad es más humana cuando tiene una relación de respeto con los animales y la naturaleza. La pandemia, fue un doloroso recordatorio de las trágicas consecuencias para la salud pública que trae una mala relación entre animales y humanos.

Resulta importante y urgente incorporar los conceptos consagrados por la OMS y OIE “Un mundo, una salud y un bienestar” que reconocen el vínculo indisoluble entre los animales y el ser humano. No podemos olvidar que, en el mundo, cuando se beneficia un animal, también se favorece una familia, una comunidad y se construye un nuevo sentido de Nación.

Bogotá., D, C, 22 de febrero de 2021

Exsenador Liberal

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Dos cartas le he enviado al ministro de Comercio, Industria y Turismo, solicitándole hacer uso de la salvaguarda contemplada en el TLC con Estados Unidos, para proteger a la producción lechera, no solo afectada estacionalmente por el clima y coyunturalmente por la pandemia y su efecto en la caída de la demanda, sino agobiada estructuralmente por un mercado imperfecto con clara posición dominante de la industria láctea, que muy seguramente estará presionando para que no se dé curso a nuestra solicitud para detener la avalancha de importaciones de leche en polvo.

¿Por qué la salvaguarda? Ahora mismo, un pequeño ganadero, como los hay más de 300.000 en todo el país, no entiende por qué tiene que venderle su leche a un “crudero” por lo que le den, o con mejor suerte, por qué está peleando con la industria para que le reajusten alguito el precio, pues los insumos (concentrado, abono, semilla, etc.) ya subieron, y no precisamente “alguito”.

Al ver las noticias, no entiende por qué la industria les compra leche a ricos campesinos de Estados Unidos y no a sus compatriotas pobres, como él, que producen toda la que pueda necesitar, de buena calidad y a buen precio.

No entiende por qué, si sobra leche en el país, si estamos en pandemia y los productores están –perdónenme la expresión– “rejodidos”, porque además de los problemas de siempre con la industria, dizque los supermercados no piden lo mismo, dizque los colegios no están funcionando, dizque mucha gente, si tiene p’a la leche no tiene p’al queso, dizque lo uno y lo otro; si todo esto sucede, por qué el Gobierno no prohíbe que les sigan comprando leche a los campesinos gringos; ¡qué envidia!

Nuestro campesino no entiende de compromisos comerciales, TLC, de contingentes ni de aranceles, y se sorprendería al saber que existen esas condiciones, pero también las formas de “hacerles el quite”, no con trampas, sino dentro de las mismas reglas negociadas. Solo falta que el Gobierno, alegando “condiciones adversas de competencia”, más que justificadas por demás, solicite algo con un nombre bien puesto: la “salvaguarda”, porque de eso se trata, de “salvar” a nuestros campesinos, de “guardarlos”, de protegerlos para que vendan su leche a un precio rentable.

Se sorprendería más al saber que toda esa leche, 43.000 toneladas solo de Estados Unidos y 75.000 de todo el mundo, equivalentes a más de la cuarta parte de lo que compran en Colombia (el 27%) y a cerca de 900 millones de litros que no les compraron a nuestros campesinos en 2020, ahora prefieren traerla “descremada”, no solo por barata, sino porque, revuelta con lactosuero y algo de grasa vegetal, puede venderse como bebida láctea en empaque costoso. No es práctica generalizada, pero está sucediendo…

Finalmente, una de las consecuencias económicas de la pandemia a escala mundial es la desarticulación de las redes de distribución. En otras palabras, por fuerza de las circunstancias, en todo el mundo se están incumpliendo compromisos adquiridos en condiciones de normalidad. Aun así, no se trata de incumplir, sino de usar alternativas legítimas, disponibles y temporales en defensa y beneficio de la producción nacional.

Señor ministro: “salvaguarde” usted a la lechería colombiana.

Notas bene: 1) Rechazo general al mezquino y mentiroso jueguito de Timo y Santos, de “tu-me-escribes-yo-te-contesto”. 2) El sector agropecuario y la ganadería sacaron la cara con crecimientos positivos en medio de la mayor caída histórica del PIB. 3) Mientras el mundo aplaude a Colombia por apoyar a los migrantes venezolanos, la despistada ONU sale en apoyo del régimen fallido que los expulsó.

Bogotá, D. C, 21 de febrero de 2021

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Amylkar D. Acosta M*.- ¡Quien al tiempo de ganar no supo el modo, al tiempo de perder lo pierde todo!

Sin el carbón no habría sido posible la primera revolución industrial, consistente en el salto de la manufactura a la maquinización de los procesos productivos, gracias al invento de la máquina a vapor. El coque, un derivado del carbón metalúrgico, como elemento reductor, servía de materia prima en la fundición del acero en las siderúrgicas para la fabricación de las máquinas y las locomotoras y el carbón térmico servía como combustible para avivar el fuego en las calderas para producir el vapor y así ponerlas en marcha. Así surgió la industria del carbón, demandado por las fabricas, el transporte marítimo y los ferrocarriles.

Después del boom del carbón, que llegó a su clímax en las postrimerías del siglo XIX, se prolongó hasta el estallido de la primera guerra mundial, gatillado por el crecimiento sostenido de su demanda, es desplazado por el petróleo, luego de que este emergiera y lo desplazara, aupado por la invención del motor de combustión interna. El petróleo, al ser menos contaminante, más fácil de almacenar y transportar, le ganó la partida al carbón, el cual fue relegado a un segundo plano, hasta la crisis energética de 1973 causada por el embargo petrolero decretado por parte de los países árabes productores de petróleo en contra de los países aliados de Israel, encabezados por EEUU. Estos vieron la necesidad de diversificar su matriz energética para no depender sólo del petróleo, en ese momento en manos de la OPEP, impulsando la producción y el consumo del carbón y el gas.

No es por casualidad que justo en la década de los 70 se da en Colombia el arribo de la petrolera TEXAS tras los enormes yacimientos de gas de La guajira e INTERCOR, filial de otra petrolera, la EXXON, emprende el primer desarrollo a escala industrial en Colombia de la extracción de carbón para la exportación en El cerrejón, también en La guajira. En el primer caso TEXAS se asoció con ECOPETROL, en el segundo INTERCOR se asoció con CARBOCOL, empresa esta del Estado que terminó vendiendo su 50% de participación en la Asociación a precio de gallina flaca. Este nuevo auge de la industria del carbón es el que yo he denominado su segunda juventud.

Ahora, una vez más, el carbón se está viendo desplazado a consecuencia del compromiso contraído por la comunidad internacional en 2015, a través del Acuerdo de París, en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21), de descarbonizar la economía, migrando de las energías de origen fósil, que tanto contaminan el medioambiente, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Ello situó al petróleo y al carbón en el lugar equivocado de la historia.

De allí la tendencia a la contracción del mercado de uno y otro y la descolgada de sus precios internacionales. La propias empresas ligadas al negocio del petróleo y el carbón han entendido que su perspectiva hacia el futuro está pasando vertiginosamente de castaño a oscuro. Ya lo había dicho predicho el ex ministro de petróleos de Arabia Saudita Ahmed Zaki Yamani, que “la edad de piedra terminó no por falta de piedras y la era del petróleo terminará no por falta de petróleo”. Esta frase puede hacerse extensiva al carbón.

Colombia llegó a posicionarse como el quinto mayor exportador de carbón en el mundo, al punto que el mismo llegó a desbancar del segundo renglón de exportación al café desde el año 2000, constituyéndose, junto con el petróleo, en el mayor dinamizador del crecimiento de la economía colombiana y en el mayor generador de divisas del país y de ingresos tanto para la Nación como para las entidades territoriales. Después del más largo ciclo de precios altos, llegando a cotizarse a US $102.35 la tonelada en 2011 y de la máxima producción histórica en 2016 de 91 millones de toneladas, ambos se han venido en barrena debido a la notable reducción de la demanda. En el año 2020 tocaron fondo tanto el volumen de producción como el precio, registrándose una baja hasta los 53.7 millones de toneladas y US $29, en su orden.

Ello, desde luego, afectará las previsiones de ingresos esperados tanto por parte de la Nación como por los departamentos y municipios, dado que el Presupuesto General de la Nación (PGN) así como el Presupuesto bienal del Sistema General de Regalías (SGR) tomaron como base un mayor volumen de producción y precios mucho más altos, los cuales han tenido que ser revisados a la baja por fuerza de las circunstancias. A guisa de ejemplo, el cierre de las minas que opera PRODECO en el Cesar le significará al SGR US $86 millones, 357.000 millones en pesos colombianos, anuales menos.

El primer revés para el carbón colombiano se presentó en el mercado estadounidense, que era el segundo destino en importancia de nuestro carbón después de Europa, en donde el gas natural abundante y barato productos del uso de la técnica del fracking, que convirtió a EEUU, como dijo el Presidente Barack Obama, en la Arabia Saudita del gas natural, reemplazó al carbón en sus centrales térmicas de generación. Se calcula que en Europa y EEUU la demanda de carbón ha caído el 39%, aproximadamente, con tendencia a una mayor caída dado el compromiso que han contraído de alcanzar la neutralidad de sus emisiones hacia el año 2050.

Santa Marta, febrero 20 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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