Opinión

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- En este tiempo de reflexión cabe recordar el mensaje de Jesús sobre algo más grave que la corrupción misma: la pérdida de valores esenciales: "Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada otra vez?” Por eso advierte a sus discípulos que ellos son “la sal de la tierra” -la diferencia- y que, si dejan de serlo, esa sal “ya no sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada”.

Los jueces tienen esa responsabilidad de ser “sal de la tierra”, pero la reciente encuesta estableció que el 69% del país cree poco en la justicia, algo cree el 24% y solo un 6% cree mucho, dentro del cual estarán los jueces y el sistema en que los demás no creemos.

La impunidad, superior al 90% antes del Acuerdo fariano, hoy anda por el 95%, no solo porque los principales criminales no recibieron castigo, sino porque dejaron sembrado el país de violencia -de coca, que es lo mismo-, mientras la justicia no sale del lodazal de corrupción y politización en que se encuentra.

Es un sistema que no funciona, y que los mismos jueces y los políticos, en perverso maridaje, no dejan reformar porque es el caldo de cultivo donde abusan del poder de juzgar y castigar -o dejar de hacerlo-, donde entran y salen por puertas giratorias, donde se enriquecen y burlan la justicia que deberían impartir.

No generalizo, porque también he sido víctima de generalizaciones estigmatizantes, pero lo cierto es que “los malos”, aunque menos, han sabido insertarse en lo alto del poder judicial, disfrazados con la dignidad prestada de la magistratura. Para la muestra, algunos botones:

Marzo 2018. El fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, es condenado por corrupción.

Julio 2018. La fiscal Niño acusa al exmagistrado Bustos, a su amigo y exdirector de Justicia y Paz, Carlos Villamil, al exfiscal Montealegre y al vicefiscal Perdomo, de organizar una "red criminal" para conseguir testigos contra los hermanos Uribe.

Diciembre 2018. La Comisión de Acusaciones de la Cámara acusa al exmagistrado Gustavo Malo por su participación en el “Cartel de la toga”.

Mayo 2019. La Comisión hace lo propio contra el expresidente de la Suprema, José Leonidas Bustos, quien “se vuela” del país, mientras el Senado se apresta a declararlo “indigno”.

Septiembre 2020. Montealegre y Perdomo se defienden “tirándole a las escopetas”; se declaran “víctimas” y arremeten contra Uribe y la fiscal Niño. En octubre, durante la audiencia de solicitud de libertad del expresidente, terminan “regañados” por tergiversar al fiscal y tratar de dilatar la audiencia.

Marzo 2021. Otro expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, es condenado a 19 años de prisión.

Marzo 2021. El actual presidente, con desvergonzada parcialidad, presiona a la juez del caso y acusa a la Fiscalía de “hacer equipo” con la defensa del expresidente Uribe.

El magistrado Reyes, que había puesto preso al expresidente, contrató a la señora Elsa Galera, supervisora del contrato que le había dado Santos. “Favor con favor se paga”.

Al magistrado Barceló le parece correcto que la Corte adelante “investigaciones secretas” contra un ciudadano, y no le parece “error de la justicia” hacer interceptaciones ilegales y legitimarlas como prueba.

¿En qué momento los jueces dejaron de ser la sal de la tierra que deberían ser?, ¿qué pasó con nuestra justicia?, Sin duda, es la mayor carencia de nuestra sociedad, y su reforma la mayor urgencia.

Nota Bene. A la izquierda y al centro-santismo les parecen inoportunas políticamente las acusaciones contra Fajardo, pero no pensaban igual cuando a Óscar Iván Zuluaga, triunfante en primera vuelta, le montaron el escándalo del hacker.

Bogotá, D. C, 34 de abril de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Paloma Valencia*.- Las mujeres que somos madres tenemos hijos que por un periodo son niños. Sí. Todos parecen saberlo y sin embargo, parecieran no entenderlo. Los niños lloran, requieren atención, quieren ser protagonistas, hay que orientarlos, imponerles límites, enseñarles disciplina. Ser madre es un trabajo de tiempo completo, por eso durante largo tiempo las mujeres permanecieron en la casa criándonos.

Cuando salimos a los espacios laborales y buscamos ascender en la jerarquía de empresas e instituciones surgió la dificultad de conciliar los tiempos laborales con los tiempos de la crianza. A algunas les toca conformarse con ser madres ausentes cuyos hijos se criaron en su ausencia, lo cual tampoco obra en desmedro de sus hijos que pueden ser felices e igualmente exitosos. Otras mujeres que quieren tener más tiempo para sus hijos, llegan hasta un nivel, y tienen que renunciar a los ascensos, a ser jefes. La flexibilidad y el tiempo que quisiéramos invertirle a nuestros hijos nos cuesta. Así también las normas que regulan el derecho a la licencia de maternidad.

Tener hijos, querer cuidarlos, pasar tiempo con ellos nos ha costado mucho a las mujeres.  En términos de su empleabilidad y por lo tanto en el desempleo, las cifras hablan solas: La tasa de desempleo para mujeres en febrero de 2021 fue 21,7, es decir diez puntos por encima de la tasa de los hombres que se ubicó en 11.7. Para mujeres jóvenes el desempleo fue de 31.6% cerca del doble de la tasa juvenil masculina que fue 17.5%.

Nos cuesta también en los salarios y en brechas salariales; en 2018, según el Dane, las mujeres recibieron un 12,1 % menos salario que los hombres. También en el acceso a altos cargos, sólo el 9% de los miembros de juntas directivas 9% son mujeres en Colombia (INALDE, 2012). En las empresas colombianas las mujeres ocupan sólo el 15.1% de los cargos de dirección (FEM 2020).

La cuestión no es menor. Los sistemas de cuidado de los niños financiados enteramente con recursos públicos son un intento para tratar de conciliar tener hijos y que la mujer pueda trabajar, sin distingos del ingreso que tengan. Garantizar el cuidado es permitir que la mujer pueda cumplir con sus obligaciones laborales y sus hijos estarán bien atendidos.

También está la aproximación de que las mujeres podemos llevar los niños a nuestros espacios de trabajo. Para eso se crearon las salas de lactancia y los espacios para niños en muchas empresas e instituciones. Cada vez más se habla de que los niños deben tener acceso a los espacios de trabajo.

En mi caso he visto muchos hijos de políticos que se quejan de la ausencia de sus padres. Muchas mujeres en la política hablan con nostalgia del tiempo que no tuvieron para sus hijos. En los tiempos de la pandemia, muchos hemos tenido que compartir los espacios con nuestros hijos. Para mí no ha sido nuevo, porque mi intención ha sido compatibilizar mis espacios laborales con Amapola. La he llevado en mis giras, al congreso, a las reuniones. Mi puerta siempre está abierta para ella y lo seguirá estando. Esta no es solo una lucha por mí, es también por lo que representa ser madre. Mi maternidad la viviré tan cerca de ella como pueda, dirá miles de impertinencias y cometarios, como la niña de 4 años que es. Ojalá puedan disfrutar su inocencia y su vivacidad y que con ella a mi lado, otras mujeres no tengan que enfrentar a que cuestionen su manera de ser madres.

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por Jairo Gómez*.- Una reforma implica cambiar o innovar algo para mejorarlo, pero cuando es para pagar tributos causa intranquilidad y angustia, sobre todo en el contexto de una pandemia que un año después sumió a la mayoría de las familias colombianas en la más feroz crisis económica de los últimos 30 años y la pobreza se pasó de la raya. Reducidos sus ingresos drásticamente, los proyectos familiares quedaron truncos y aplazados por varias generaciones.

Nos clavan una reforma tributaria a un año de la pandemia cuando las pequeñas y medianas empresas, que soportan sobre sus hombros el 80 por ciento del empleo del país, tuvieron que abortar los procesos productivos tras el fulminante confinamiento que implicó protegerse del virus. Los debilitados empresarios que insistieron para mantenerse en pie fracasaron rotundamente porque los llamados auxilios del gobierno nunca llegaron, al contrario, se fueron a engrosar la caja de los poderosos grupos económicos.  

17.5 por ciento aumentó el desempleo, sin embargo Insisten en clavarnos una reforma tributaria. Tras la pandemia cientos de miles de trabajos fueron eliminados, la mano de obra quedó desprotegida y como consecuencia se avivó y agravó un mal endémico de nuestra sociedad: el trabajo informal. El 70 por ciento de los colombianos terminó en el rebusque.

La pregunta que aflora es si es moral y éticamente necesaria una reforma tributaria en este contexto. “Sí”, dicen los tecnócratas a grito herido. “El país -aseguran- necesita de ingresos o de lo contrario la crisis va a ser más profunda”. Pero a esa afirmación se une otro interrogante: ¿Es el bolsillo de la gente (clases medias y bajas) la única fuente para alcanzar esos ingresos? ¿Es eso ético? Porque si se tira de la manta de las exenciones, de los que están libres de cargas y obligaciones tributarias, comprobamos que quienes no pagan impuestos son los ricos, los grandes capitales, las multinacionales y obviamente los corruptos.

Un ejemplo, que viene como anillo al dedo: el Grupo Aval acaba de informar que repartirá dividendos superiores a Un Billón 200 mil millones de pesos entre sus accionistas. Esos dividendos, hoy no están gravados, es decir, esas ganancias parásitas e improductivas, no pagan impuestos. Y, sin embargo, en el proyecto de ley del gobierno no se contempla ese gravamen. Eso tiene un nombre, según el articulista del periódico inglés Financial Times:  “pluto-populismo: un matrimonio perfecto entre plutocracia y el populismo de derecha”.

Está probado que se puede hacer política de otra forma sin necesidad de clavarle más impuestos a la gente. Así lo han demostrado países que decidieron apostarle a una Renta Básica o ingreso mínimo vital como España. Crearon un ingreso mensual que se concibió como una estrategia para reactivar la economía dándoles más poder adquisitivo a las familias. Fueron recursos que fortalecieron el consumo y por ende la producción de la industria nacional.

Pero no, aquí el negacionismo ha sido el denominador común y se trasladó esa ayuda a un subsidio miserable que no supera los 160 mil pesos mensuales. Prevalece la falsa política con la que nos han gobernado por décadas de que fortaleciendo el gran capital financiero y empresarial se garantizará empleo y reactivación económica. Absolutamente falso, está probado que esos incentivos al gran capital solo producen desigualdad, desempleo y concentración de la riqueza.     

Tras la pandemia en los foros económicos se viene planteando con insistencia la necesidad de acabar con “la cultura del privilegio arraigada” en los países de América Latina. No se trata de expropiar el patrimonio y las ganancias representadas en dividendos como lo dice un posible candidato presidencial, es simplemente un mínimo de decencia y de ética entender que quienes más ganan aporten más al sistema fiscal, es la única manera de cerrar la brecha de la desigualdad y generar una justicia social sólida y redistributiva.

Mentir a sus electores es dañino, desprestigia y debilita la democracia. Duque en campaña lo dijo en todos los tonos que no iba a crear más impuestos y ya lleva tres reformas tributarias en menos de tres años de gobierno. Ahora nos vende este abuso fiscal como el de la “sostenibilidad social”. Mentiroso.

¿Se arriesgará el Congreso a votar una ley que busca quitarle la plática a los colombianos poniendo en riesgo el futuro de su núcleo familiar, es decir, el de sus hijos? Porque sería muy cínico el político que votó la reforma tributaria y sale, después, a buscar un apoyo electoral luego de joderse en los pensionados, en los millones de hogares que hoy padecen la crisis de la pandemia, mientras los ricos nadan en sus fortunas y los corruptos no sacan las manos de ese gigantesco tarro de mermelada  en que se convirtió el gobierno de Duque.

Bogotá, 1 de abril de 2021

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

Por José G. Hernández*.- Ahora que, según generalizada tendencia en medios y redes, se da por hecho que el Congreso colombiano aprobará sin mayores titubeos y sin ninguna dificultad -inclusive sin conocer su texto- el proyecto de reforma tributaria que le presentará el Gobierno, no sobra recordar -para que nuestros legisladores reflexionen durante los días santos-  que los grandes cambios institucionales en la Historia, las revoluciones, las declaraciones de derechos y las constituciones  tuvieron origen, entre otros factores, en la reacción popular contra los abusos de los monarcas en la unilateral  imposición de tributos, así como en la confianza que los pueblos depositaron en sus representantes.

La Petition of Rights de 1628 consagró, a favor de los súbditos ingleses, garantías concretas que no podían ser desconocidas por nadie, ni siquiera por el Rey. Aquéllos no podían “ser obligados a contribuir con ningún impuesto, talaje, crédito u otra carga no aprobada por el Parlamento”.

El Bill of Rights de 1689 prohibió de modo expreso al monarca la imposición de tributos o exacciones sin el previo y pleno consentimiento del Parlamento. Era una exigencia formulada al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo II, quien -invocando una supuesta prerrogativa- había cobrado tributos en beneficio de la Corona, apartándose de lo votado por el Parlamento. Señalaba, por eso, que “toda cobranza de impuesto en beneficio de la Corona, o para su uso, so pretexto de la prerrogativa real, sin consentimiento del Parlamento, por un período de tiempo más largo o en forma distinta de la que ha sido autorizada, es ilegal”.

La declaraciones y constituciones sentaron así un principio esencial: "Non taxation without representation" -ningún tributo sin representación-, según el cual, en tiempos de normalidad, solamente los órganos colegiados de elección popular están facultados para establecer exacciones tributarias. Un postulado democrático que depositó en parlamentos, asambleas y congresos la representación popular, proveniente de las urnas, para tal efecto. Representaban al pueblo, no al rey, ni al gobierno, ni a grupos privilegiados.

La Constitución francesa de 1791, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, delegó “exclusivamente en el Cuerpo legislativo los poderes y funciones siguientes: (…) 3º Establecer las contribuciones públicas, determinar su naturaleza, cuota, duración y modo de percepción”.

Hoy en Colombia rige el artículo 338 de la Constitución, a cuyo tenor -reiterando lo que establecía el 43 de la Carta anterior-, “en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales pueden establecer impuestos, tasas y contribuciones”. Y únicamente esas corporaciones deben señalar los elementos del tributo (sujetos activos y pasivos, hechos gravables, bases gravables y tarifas), por cuanto la Carta Política presume que sus integrantes representan y defienden a sus electores, ante la voracidad fiscal de los ministros de Hacienda.

Aunque, desde hace varios años, los congresos colombianos se asemejan a dependencias del Ejecutivo, nos preguntamos: ¿Si pudieron hacerse respetar los parlamentos ante los reyes en las monarquías, por qué no puede plantarse un Congreso, en una democracia, ante gobernantes que se presumen demócratas? Debería aprobar, improbar o modificar las propuestas oficiales, pero con conocimiento de causa, objetividad y responsabilidad.

Bogotá, D. C, 31 de marzo de 2021´

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Alonso Ojeda Awad*.- La historia de Jineth Bedoya sacude las fibras más profundas del corazón y genera una indignación que compromete la estructura mental, y no es para menos. Comprender el caso de una mujer sola, periodista ética frente a los barbaros que la agreden, la torturan y la violan sin que haya por parte del Estado profunda indignación, investigación y ejemplarizante sanción es la demostración real que la violencia institucionalizada y la barbarie tomaron el control de nuestras instituciones.

Una enfermedad muy profunda y compleja está carcomiendo al Estado colombiano, porque no solo no reacciona cuando sus ciudadanos son agredidos y maltratados, sino que sus propias instituciones militares y de policía son señaladas: Generadoras de muerte y violación de los Derechos Humanos, como en el caso que estamos analizando de la señora Jineth Bedoya.

Y para colmo de males el profesional que tiene la tarea de defender el nombre del Estado no solamente le falta la dignidad requerida para salvaguardar la ética, en los estrados judiciales internaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si no que con cobardía supina es capaz de retirarse de la audiencia y recusar de imparcialidad a los honorables magistrados de la Corte, hecho que ningún país había realizado en la historia de este prestigioso Tribunal. Los magistrados han tenido el valor y la honradez profesional de acusar al Estado de Colombia como auspiciador y encubridor de las conductas homicidas que por poco llevan hasta la muerte a esta periodista indefensa: “Para la Comisión es atribuible al Estado tanto la privación de la libertad, con los hechos de violencia en su contra, incluida la tortura y la violación sexual”.

“Bedoya fue a la cárcel de la Modelo para hacer una entrevista relacionada con sus investigaciones adelantadas sobre las masacres, pero esto era una trampa. Antes de entrar al centro penitenciario la encañaron con una pistola y la secuestraron sin que sus acompañantes se dieran cuenta. Estuvo amarrada en un lugar cercano a la cárcel donde la golpearon y luego la sacaron de Bogotá. “Empecé una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos y torturas, Todo terminó en una violación masiva en un lugar a muchas horas de Bogotá (Entre Villavicencio y Puerto López), donde había otros hombres uniformados. Recordó entre lágrimas”. Tomado del periodista José Ricardo Báez: “La cruda realidad sobre Colombia que revela el caso de Jineth Bedoya en la Corte IDH”. Agencia de noticias Anadolu.

Pero en medio del infierno que violadores y secuestradores le crearon surgió un ángel de la guarda que la acompaña en el frente inamovible de su defensa. Se trata de la abogada argentina Viviana Krsticevic quien como directora del Centro Por La Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) ha estado al frente de su defensa y quien es una de las voces más autorizadas en la inaplazable defensa de los Derechos Humanos en las Cortes Internacionales.

Ella tiene su oficina en Washington y se caracteriza por ser una de las abogadas más exitosas en la defensa de los Derechos Humanos en el continente americano. En ella tenemos los demócratas del mundo puestas nuestras esperanzas en que los Derechos Humanos de Jineth no solo serán protegidos si no que existe la absoluta seguridad que jamás volverán a ser pisoteados. Esto cubre con creces tantas desgarraduras.

Bogotá, D, C, 30 de marzo de 2021

*Exembajador de Colombia. Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (cpdh).

Por Guillermo García Realpe*.- En tiempos donde la mayoría de colombianos están pasando penurias para sobrevivir en medio de la crisis económica causada por la pandemia, llega el Proyecto de Ley de “Solidaridad Sostenible”, que no es otra cosa que una nueva reforma tributaria que impulsará el gobierno nacional en los próximos días en el Congreso de la República.

La iniciativa, pretende recaudar a través de más impuestos, por lo menos $25,4 billones, de los cuales $10,5 le serán sacados a los más pobres mediante el incremento del IVA, otra millonaria suma saldrá de los impuestos a personas naturales -especialmente trabajadores- y tres billones de los impuestos a las personas jurídicas. Desde luego, otra gran damnificada, será la clase media, que como en toda reforma tributaria es la que paga los platos rotos y el escudo para proteger desde el gobierno a los grandes conglomerados, multinacionales, a los bancos, al gran empresariado y a los ricos de este país. Es decir, a los financiadores de las campañas presidenciales.

Esta es una reforma regresiva, impopular e injusta con la clase obrera de nuestro país, con los empleados, con la gente que menos ingresos recibe. Pretender aumentar la base gravable para que las personas que devenguen dos millones 200 mil pesos mensuales empiecen a declarar renta y además con retención en la fuente, ¡es miserable! Es una propuesta absolutamente desconsiderada con la gente, por supuesto que nos opondremos a esta y a las pretensiones de incrementar el IVA.

Este proyecto, además de inconveniente en momentos de crisis, es un exabrupto pretender gravar a la clase media baja, exigir renta a aquellos que devenguen un poco más de dos salarios mínimos. Es una iniciativa, que además desestimulará la inversión extranjera, proyecta poner un tres por ciento de impuesto al patrimonio permanente, cuando lo que debía proponer es combatir la evasión y elusión, ponerle freno al subsidio de las altas pensiones y desde luego una lucha frontal contra la corrupción que son los flagelos que están desangrando a este país.

El gobierno también debe desmontar los privilegios, exenciones tributarias y descuentos al gran empresariado multinacional y nacional que les perdono en la pasada reforma tributaria en el 2020, eso permitiría rescatar entre siete u ocho billones de pesos, en lugar de estarle metiendo la mano al bolsillo al pueblo.

Con el impuesto del IVA y el impuesto de renta a la clase media, se pretenden gastar, en plena pandemia, 14 billones de pesos en aviones de guerra INÚTILES en estos momentos, dinero que sí serviría para combatir la pobreza extrema, la marginalidad y la exclusión en apartadas regiones del país que hoy están sumidas casi que en la miseria absoluta o en otorgar subsidios a millones de familias que están pasando una situación económica muy dura por cuenta de la pandemia. Eso sí sería sensato.

Pero ese es el talante de quienes nos gobiernan, prefieren seguir privilegiando la guerra que apoyar a sus ciudadanos que hoy están “llevados” financieramente y que, en muchos casos, literalmente están aguantando hambre y el gobierno hace oídos sordos a importantes iniciativas como la Renta Básica, que sería un salvavidas para más de 30 millones de colombianos.

Nadie entiende en realidad como en Colombia impulsan una reforma tributaria para cubrir los gastos de compra de unos aviones de guerra, cuando aquí lo urgente, lo prioritario, lo necesario es combatir la pobreza y el hambre que son las principales amenazas hoy.

Los colombianos debemos DESPERTAR YA de tanto adormecimiento, nuestro país no puede seguir durmiendo en los laureles cuando casi que al unísono desde el uribismo nos pretendieron dar un golpe de Estado a la democracia y días seguido está malintencionada reforma tributaria. ¡Ya no más!

Es momento de que la opinión pública, la presión ciudadana, los medios de comunicación, los sectores políticos de oposición e independientes nos hagamos sentir, es hora de hacerle saber a este perverso gobierno el descontento generalizado del pueblo colombiano con sus propuestas que a todas luces van en contra de la población y del ciudadano del común.

Lo verdaderamente importante en estos momentos es garantizar que el Plan Nacional de Vacunación logre la inmunidad de rebaño en los tiempos fijados, reactivar la economía, apoyar la Renta Básica, combatir la corrupción, las mafias que desangran los erarios desde lo local, regional y nacional, en eso debería priorizar sus políticas el gobierno central y no quemar cartuchos en propuestas regresivas, impopulares y que atentan directamente contra el bolsillo de la clase media y los pobres de éste país. Así no es señor Iván Duque.

Colombianos y mientras todo esto sucede, ¿nos vamos a quedar en la casa esperando otra reforma tributaria, más impunidad, más saqueo del gobierno y más guerra? La movilización permanente será la única arma del pueblo para contrarrestar tanto abuso.

¡COLOMBIA DESPIERTA!

Bogotá, D. C, 30 de marzo de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Adriana Matiz*.- Por muchos años la economía informal del país la ha dinamizado el comercio. Por eso este sector es fundamental en el progreso y avance de la política económica nacional. No en vano es un renglón donde recae la mayor carga impositiva a la hora de percibir los tributos el Estado.

Por eso cualquier limitante y afectación que se haga del comercio tarde que temprano entrará a afectar al resto de la economía nacional y en la medida que caiga el consumo, caerá el trabajo y el capital de los colombianos.

Desafortunadamente la crisis al primer sector que afecta es al de los comerciantes, situación corroborable históricamente. En 1945 el país tenía un comercio resentido por la crisis política nacional y mundial que se vivía. Estas situaciones llevaron a que un grupo de comerciantes, encabezados por Lorenzo Jaramillo Botero, fundaran lo que sería la primera agremiación en nuestro territorio para defender los derechos y buscar oportunidades para sus agremiados, los comerciantes.

Hace falta que en estos momentos Fenalco arrope de manera más decidida a quienes en el comercio generan el sustento y el de tantas familias, pues en el último año fueron muchos los negocios que se cerraron y con ello los sueños de tantos.

Pareciera que no se presentan fórmulas que concilien la lucha contra el virus y la reactivación económica del comercio, pues siempre las medidas restrictivas se dirigen contra éste. Si bien es cierto muchos colombianos viajarán en esta semana a diferentes lugares del país, también lo es que la gran mayoría permanecerá en sus hogares obligados por la carencia de recursos para movilizarse de vacaciones. Según la última encuesta revelada por Fenalco el 74% de los nacionales se quedaría en sus casas. Esto debería ser aprovechado para incentivar el comercio local, lo cual no se ve por el momento.

Actividades como la de restaurantes no se afectarán del todo y no habrá cierre total como en otros momentos de la pandemia, pero para otros, lo que en épocas pasadas eran las temporadas altas, hoy se convertirán en momentos de más angustia para ellos, pues se está haciendo costumbre que con cada época de vacancia o fecha de celebración las restricciones de los gobiernos locales se endurezcan y con ello la situación de los comerciantes se agudice sin solución visible.

Hoy, por ejemplo, inicia Semana Santa, y con ello una nueva temporada de confinamientos nocturnos, pico y cedula y tantas medidas restrictivas que no creemos que mejoren en algo la situación del contagio y pareciera solo una serie de medidas para que el Estado diga que está presente así no se solucione con ellas nada.

Está por verse si las grandes ocupaciones de playas y sitios turísticos disminuiría por las restricciones impuestas o por la falta de capacidad económica. De una u otra forma vuelve a ser gran damnificado el comercio, que siempre utilizó estos días santos para recuperar sus ventas, y por segundo año consecutivo será para ellos una verdadera semana de pasión.

Ibagué, 30 de marzo de 2021

*Representante a la Cámara del Partido Conservador por el departamento del Tolima

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios es interesante por lo que dice, pero también por lo que deja de decir. Su propuesta de extender el IVA a casi todos los bienes y servicios no menciona para nada el IVA a las transacciones de finca raíz.

Es un silencio sospechoso, sobretodo porque la base de sus recomendaciones es la comparación con los países de la OECD, y muchos de ellos gravan con IVA u otra clase de impuestos a la compra de inmuebles.

Mientras en Colombia los intentos de imponer algún tipo de gravamen a las transacciones de finca raíz han fracasado por el cabildeo de constructores y terratenientes y lo único parecido son los costos de notaría y de registro (que son alrededor del 1.8% del valor del negocio), en varios países europeos hay que pagar al Estado un porcentaje significativo del valor de la transacción.

En Francia los tributos pueden llegar hasta el 36.9%, incluyendo un IVA del 20% a la venta de nuevas construcciones, y tarifas de 16.9% por concepto de registros y notarías. En Italia es un poco menos. 25.5% de gravamen total, incluyendo un IVA del 22%; en Bélgica el IVA a estas transacciones puede llegar al 21% y en Rusia al 20%.

En Hong Kong estos impuestos pueden ser de 43,5%, en Singapur del 34%, en Corea del Sur del 16%, y en Sri Lanka del 105% si el comprador es un extranjero. Pero el único que aplica un impuesto a las ventas del 10% es Corea, mientras que en los otros países la forma es un impuesto ad valorem o estampilla (stamp duty).

Los valores mencionados son los máximos a los que pueden llegar los impuestos que, en general son muy progresivos y aumentan en proporción al valor de las propiedades negociadas.

En nuestro vecindario, Chile impuso en 2016 la obligación de pagar un IVA del 19% en las ventas de viviendas nuevas, con la excepción de aquellas que tengan subsidio habitacional. Además hay un impuesto de 10% a las ganancias acumuladas obtenidas en ventas de vivienda. Otro ejemplo cercano es Argentina, donde los inmuebles residenciales tienen un IVA de 10.5% y los no residenciales del 21% .

En Colombia la reforma de 2016 impuso un IVA de 5% a la venta de viviendas nuevas con un valor superior a unos $900 millones; en la reforma de 2018 se intentó extender ese gravamen a todas las transacciones de finca raíz, pero en el Congreso lo convirtieron en un confuso impuesto al consumo, lo bajaron al 2% y exceptuaron los predios agrícolas, pero este fue tumbado por 5 magistrados de la Corte Constitucional en una sentencia muy cuestionada por los otros 4 magistrados.

En este campo Colombia debe seguir el ejemplo de los países de la OECD y ampliar el IVA a la venta de inmuebles.

Cali, 28 de marzo de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor

Por Juan Camilo Restrepo*.- Una manera de analizar cómo se reparten los esfuerzos en la nueva reforma tributaria consiste en mirar sobre qué sectores económicos o sociales recaen los tributos propuestos. A juzgar por la presentación que hizo el gobierno ante el Consejo Gremial (que es una especie de abrebocas de lo que contendrá el proyecto de reforma propiamente dicho), la respuesta es muy clara: el 90% del esfuerzo fiscal se piensa recabar en los terrenos de las personas naturales (gran parte de las cuales pertenecen a la que con exceso de optimismo llamamos aún “clase media”) al paso que sobre las empresas apenas se impone un esfuerzo del 3% adicional.

Esto no es sorprendente, pero es bueno tenerlo en claro: de vieja data los expertos vienen reclamando que en Colombia los esfuerzos tributarios están invertidos frente a lo que acontece en países más desarrollados como son los de la OECD, donde la mayoría del recaudo proviene de las personas jurídicas y la menor cuota corresponde a las personas naturales. Esta composición del recaudo fiscal empieza a corregirse con gran brío en el proyecto de reforma tributaria que aterrizará en el congreso probablemente en la semana de pascua.

En efecto: con la nueva reforma tributaria se esperan recoger anualmente recaudos provenientes de tributos nuevos en cuantía de $30,3 billones, de los cuales $10,5 billones provendrán de modificaciones que se le introducen al IVA y $16,8 billones saldrán de cambios al régimen de las personas naturales. Al paso que la exacción fiscal que se propone para las personas jurídicas apenas asciende a $3 billones. El grueso de la carga recae indubitablemente en quienes pagan el IVA y en las personas naturales sobre cuyos hombros se coloca el 90% del peso de la nueva carga fiscal. El IVA no se cobrará sobre productos de primera necesidad.

Lo primero que hay que anotar es que nunca se había propuesto una reforma tributaria con tan ambiciosos horizontes recaudatorios: $30,3 billones es un objetivo sorprendentemente alto. Y acá surge una primera pregunta: ¿es oportuno pensar en tan grande exacción tributaria en la mitad de una pandemia, cuando los hogares y quienes pagan el grueso del IVA están sumidos en una agobiante condición económica por la caída de sus ingresos y por el alto desempleo?

Más allá de la respuesta que se dé a esta pregunta, que no es otra que la de la oportunidad de la reforma, resta preguntar: ¿Cómo gastará el gobierno estos recursos que succionaría a la economía en el evento que la reforma fuera aprobada por el congreso tal como la propone?

Lo primero que hay que decir es que el gobierno ha diseñado un ambicioso y muy plausible programa de ampliación del “ingreso solidario”, algo muy parecido a la renta básica de la que tanto se ha hablado últimamente. Tendrá carácter permanente y en él se piensa gastar anualmente $7,6 billones. Este es quizás el tema más novedoso e importante del proyecto esbozado por el gobierno. Para el programa de primer empleo ha previsto $0,4 billones, para el mecanismo compensatorio del IVA a los sectores más pobres está prevista una ampliación del esquema actual por $1,5 billones que la llevaría a 4,7 millones de personas. Y para lo que el gobierno llama “ajuste fiscal” que es la moderación del déficit que ha disparado el gasto público por la pandemia (que se estima este año llegará a 9% del PIB) $ 15,9 billones.

Podemos decir, en síntesis, que la nueva reforma tributaria le carga la mano sensiblemente a la clase media y a los contribuyentes que pagan IVA, toda vez que sobre ellos hace recaer el 90% de las nuevas cargas fiscales. Y que por el lado del gasto sobresale la importante iniciativa consistente el ampliar y volver permanente el programa de ingreso solidario.

Queda naturalmente mucho por desmenuzar una vez se presente el texto final al Congreso. Pero desde ahora se puede anticipar que estamos frente a una iniciativa ambiciosa y cuyos debates serán muy profundos. Y así haya puntos controvertibles, en especial el de hacer recaer sobre las clases medias tan alta dosis de esfuerzo, no puede negarse que el gobierno no se ha quedado en aguas tibias. Habrá que ver qué dispone finalmente el congreso que a la postre es quien tiene la última palabra.

Bogotá, D. C, 29 de marzo de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Jorge Enrique Robledo*.- Con 500 delegados elegidos en 26 departamentos realizamos el Primer Congreso Nacional de DIGNIDAD, el nuevo partido político. Acordamos el Comité Ejecutivo y el programa y los estatutos que nos guiarán. También elegimos a Juan Manuel Ospina como presidente y a Jorge Enrique Robledo como candidato presidencial. Y se ratificó hacer parte de la Coalición por la Esperanza, que presentará listas únicas al Congreso en marzo de 2022 y escogerá un candidato o candidata para ganar la jefatura del Estado y cambiar las pésimas orientaciones del gobierno de Iván Duque.

Muy bien ha caído DIGNIDAD, tanto entre quienes venimos del Polo como de otros sectores, porque sus criterios apuntan a ganar la dignidad que de tantas maneras hace falta en Colombia.

Aunque a algunos promotores de DIGNIDAD nos ha ido bien en la vida o no sufrimos tanto como tantos compatriotas, consideramos falso que el país iba bien antes de la pandemia y que “tan de malas el doctor Duque (…), pero que la recuperación ya va como un tiro”.

Nos une nuestro rechazo a que Colombia esté tan mal, y empeorando, y no porque los colombianos –asalariados, trabajadores independientes, incluidos campesinos e indígenas, y empresarios– sean brutos, ignorantes o vagos o porque carezcamos de recursos naturales, sino por haber sido gobernados por roscas que no se han propuesto desarrollar de verdad el país, sino apenas unos pedacitos, en unos aspectos y excluyendo a muchos colombianos.

No hacemos política para montar un nuevo combo que gobierne como los que ahora mandan, para que nos exima a nosotros y a unos compinches de los efectos del mal gobierno. Tenemos decidido actuar como servidores públicos que buscamos el bien común. Y no comulgamos con que en política todo vale: ninguna corruptela ni matonería es bienvenida en DIGNIDAD ni manipularemos en nuestro provecho instigando peleas de perros y gatos.

Luchamos por derrotar el “Vote por Fulano, que roba pero hace”. Porque sí roban pero además no hacen, más allá de repartir unos mendrugos, dar unos puestos y hacer unas obras que utilizan para perpetuar políticas tan erradas que ni siquiera les permiten a los colombianos trabajar, aunque el trabajo es –en la industria, el agro y los demás sectores– la fuente del ciento por ciento de la riqueza individual y nacional y de todo progreso.

Estamos por relacionarnos con todos los países, pero no para repetir como loros lo que imponen unos organismos que se definen como “internacionales” y que en realidad les sirven a unas pocas potencias, que nos exigen hacer lo contrario de lo que ellas han hecho para desarrollarse. No nos proponemos estatizar la economía. Pero sí poner el Estado al servicio del progreso de todos los colombianos y no de un capitalismo de amigotes, rosquero y corrupto, que tiene el objetivo oculto de mantener al país en el subdesarrollo, la escasa generación de riqueza, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social.

Promovemos cambios democráticos en educación, salud y ambiente y luchamos contra el maltrato a las mujeres y demás sectores discriminados y agredidos. Defendemos el derecho ciudadano a organizarse y movilizarse en defensa de sus intereses y derechos. Nos repugnan todos los asesinatos, no promovemos la violencia para tratar las diferencias entre los colombianos y sí el monopolio del Estado sobre la fuerza –legal y democrática–, a la par que defendemos los avances de paz logrados.

También somos un partido sin caudillo, que decide en democracia. Porque aunque así es más difícil decidir, también facilita acertar y promueve que ese acierto se prolongue en el tiempo, requisito para la auténtica prosperidad de los países.

Haremos todos los mejores esfuerzos para hacerle honor a DIGNIDAD, el hermoso y diciente nombre que a conciencia escogimos para este proyecto de cambio democrático de Colombia.

Bogotá, 26 de marzo de 2021.

Senador de la República

@JERobledo