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Un sorpresivo debate se llevó a cabo en Comisión Primera sobre lo ético y lo moral, esto en torno a un Proyecto de Acto Legislativo que busca establecer requisitos mínimos para que altos funcionarios y servidores de la rama ejecutiva sean designados.
El Proyecto de acto legislativo pretende incluir condiciones y características mínimas para quienes aspiren a cargos de Ministro y Directores de Departamento Administrativo. Esto con el fin de garantizar idoneidad y eficiencia en el desarrollo de las labores.
El amplio debate fue generado por el punto que habla sobre “la exigencia de un alto nivel de cualificación moral y ético”, ya que para algunos Congresistas estos términos son totalmente subjetivos.
“Estamos hablando de modificar la Constitución Nacional, la norma de normas, y el término moral es absolutamente subjetivo”, argumenta el Representante Gabriel Jaime Vallejo, del Partido Centro Democrático.
Por su parte, la Representante Ángela María Robledo defendió el acto legislativo apoyando el valor del juicio moral. “Hay expresiones que muestran de qué lado estamos, ética y moralmente”
“Nuestra sociedad está demandando que tengamos una moral pública, pero cuando se va a debatir el tema todo el mundo lo alude, pero hay que debatirlo, para darle solución”, propone el Representante y ponente del Proyecto Jorge Eliecer Tamayo.
Tras la intensa discusión el Proyecto de Acto Legislativo fue aprobado en Comisión Primera sin la modificación del apartado. En los próximos días será debatido en Plenaria.
Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2018
Por: Leimy Zulany Santana Pérez
La llamada “Ola Rosa” inunda las elecciones de medio mandato de este 6 de noviembre en EE.UU.: un número sin precedentes de mujeres se postula para cargos políticos por primera vez en la historia americana.
257 mujeres estarán en las boletas de votación para el Senado y la Cámara de Representantes. Esto es un récord. De ellas, sólo 59 son republicanas, en comparación con las 198 demócratas.
"Claramente, la cifra de mujeres que se postulan es una reacción al Presidente Donald Trump”, asegura Karlyn Bowman, del Think Tank American Enterprise Institute.
La política del presidente estadounidense, Donald Trump y su discurso y decisiones ejecutivas, han contribuido esta vez a que compitan muchas mujeres que nada tenían que ver con la política hasta ahora.
No todas las nuevas políticas ganarán este 6 de noviembre. Pero muchos observadores, como Karlyn Bowman, creen que la política no las perderá de inmediato, sino todo lo contrario. "Espero que la mayoría de los candidatas no solo estén aquí para estas elecciones, sino que se involucren, que crean en lo que hacen. Yo creo que van a continuar”, expresa.
Si los votantes envían muchas mujeres y minorías a Washington, cambiarán, sobre todo, al Partido Demócrata. Y si alcanza para obtener una mayoría en la Cámara de Representantes o incluso en el Senado, lograrían hacer mucho más difícil el Gobierno de Donald Trump.
Algunas de estas valientes mujeres son la afrodescendiente Jahana Hayes (Maestra) en Connecticut, la latina Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, la musulmana Rashida Tlaib en Michigan y la somalí Ilhan Omar en Minesota.
Es indudable que estas elecciones legislativas son un referéndum sobre la gestión de Trump. Las elecciones de medio mandato podrían alterar no sólo el equilibrio de poder en el Congreso, sino dificultar el Gobierno del impredecible Presidente Donald Trump.
Washington, D.C. , 6 de noviembre de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
El despliegue de militares estadounidenses en la frontera con México iniciado en abril pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría costarle al Gobierno más de US$200 millones para finales de este año, según un análisis publicado por el Diario The Washington Post.
Según The Washington Post, que cita datos del Pentágono y estimaciones de expertos en el presupuesto de Defensa, el costo de más de 200 millones podría alcanzarse si los militares siguen en la frontera hasta finales de año e incluso aumentar "significativamente" si la misión se extiende durante 2019.
La cifra es relativamente pequeña en comparación con el presupuesto anual del Pentágono, de 716.000 millones de dólares, pero puede desequilibrar las cuentas en un momento en el que la Casa Blanca quiere que el Departamento de Defensa reduzca sus gastos en 33.000 millones para el año que viene.
Estados Unidos ya tiene desplegados en la frontera a unos 2.100 reservistas de la Guardia Nacional y ya ha gastado 103 millones de dólares en mantenerlos desde el comienzo de su misión en abril hasta finales de septiembre, según datos del Pentágono.
Mantener allí a esos reservistas hasta septiembre de 2019, algo ya autorizado por el Departamento de Defensa, costará unos 308 millones de dólares, según proyecciones de esa agencia.
No obstante, Trump ha delineado sus planes en un contexto electoral previo a los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre, por lo que no está claro si mantendrá en pie esa escalada militar en la frontera una vez que pase la cita con las urnas.
Washington, D.C. 4 de noviembre de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Más de mil periodistas han sido asesinados en los últimos 10 años y nueve de cada diez casos quedan sin resolver.
Son cifras del Informe presentado por David Kaye y su equipo de la UNESCO, con motivo del Día para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. En lo que va de 2018, han sido asesinados al menos 88 periodistas.
El Secretario General, António Guterres, aseguró que es algo " indignante y no debe convertirse en la nueva norma". "Cuando se ataca a los periodistas, paga el precio la sociedad en su conjunto”, añadió.
Más de la mitad de los periodistas mueren en países que no están en guerra. México sigue siendo el país con mayor número de asesinatos.
Asia y América Latina las regiones más mortíferas
Tanto en 2016 como en 2017, el mayor número de ataques mortales a periodistas se produjo en la región de Asia y el Pacífico, seguida por la de América Latina y el Caribe y los Estados Árabes en tercer lugar.
Dentro de este apartado, cabe destacar que México y Afganistán fueron las dos naciones más golpeadas por los asesinatos de comunicadores con 26 y 24 decesos, respectivamente.
Las lentas ruedas de la justicia
Si bien en los últimos cuatro años creció notablemente la tasa de respuesta de los Estados contactados por la UNESCO para recabar información sobre el estado de las investigaciones judiciales relacionadas con los asesinatos de periodistas (del 27% en 2014 a un máximo del 74% en 2017), esta disminuyó durante 2018 (64%).
Además, de los 1010 casos condenados por los directores generales de la UNESCO, entre 2006 y 2017 solamente se resolvieron 115, una escasa cifra que indica que el 89% de esos casos siguen impunes. En América Latina y el Caribe, solo se falló el 18% de los casos, 41 de las 226 muertes.
Crece el número de asesinadas
Otra de las tendencias negativas que destaca el informe es que durante 2017 murieron 11 mujeres, la cifra más alta registrada desde que la UNESCO comenzó a informar sobre los asesinatos de periodistas el año 2006.
Además de los asesinatos, las informadoras también sufren acoso y violencia sexual, amenazas y, según los recientes informes que baraja la UNESCO, un ascenso del acoso en línea.
El periodismo televisivo es el más peligroso
Los periodistas que trabajan para televisión fueron el grupo más afectado, específicamente, los reporteros encargados de cubrir los conflictos en Afganistán, Iraq, Siria y Yemen.
Asimismo, los reporteros locales representan el 90% de todos los periodistas asesinados en 2017, pero sus muertes reciben “mucha menos atención mediática que la que se presta a los de periodistas y corresponsales extranjeros”, según la UNESCO.
El informe también destaca un incremento de los asesinatos de los periodistas autónomos durante el bienio estudiado.
Paris, 3 de noviembre de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
La bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República, partido del Gobierno, exhortó al Presidente Iván Duque Márquez buscar alternativas diferentes al gravamen de la canasta familiar tras destacar que “ha creado una justificada preocupación ciudadana, que si bien podría compensarse con la devolución a los compatriotas más pobres, persistiría la afectación a compatriotas de ingresos medios”.
En un comunicado de La Dirección del Centro Democrático y de la Bancada de Congresistas, reitera el apoyo al presidente Iván Duque y a todo su gobierno, e insisten en su compromiso “frente a la propuesta de menos impuestos, mejor remuneración, en concordancia con su bandera de campaña en 2018”.
El siguiente es el Comunicado del Centro Democrático:
Ante la radicación de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, la Dirección del Partido y la Bancada de Congresistas se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
Reiteramos nuestro apoyo al presidente, Iván Duque y a todo su gobierno. Estamos confiados que con su talento y patriotismo encontrará las mejores alternativas.
El Centro Democrático reitera su compromiso frente a la propuesta de menos impuestos, mejor remuneración, en concordancia con su bandera de campaña en 2018.
Dificultades fiscales y financieras heredadas por el Gobierno.
Comprendemos las enormes dificultades financieras y fiscales que recibió el presidente, Iván Duque.
La situación fiscal-financiera encontrada es grave: déficit de 25 billones de pesos en el presupuesto 2019, altísimo nivel de endeudamiento, desbordado gasto público, debilidad en la inversión privada, pérdida de 22 posiciones en el ranking de competitividad del Banco Mundial y Colombia convertida en una de las economías con mayor carga tributaria. Además, el grado de inversión se ha salvado por la confianza de los mercados en el presidente, Iván Duque.
Transparencia y austeridad
Destacamos la decisión del Gobierno para derrotar la corrupción y el anuncio de una reforma administrativa de austeridad que ahorre 6 billones en el gasto público.
Recuperación de la economía y del empleo de calidad
En favor de la creación de empleo de calidad la reforma propuesta contiene aspectos positivos para atraer inversión, aliviar la carga de los generadores de empleo, simplificar la normatividad, permitir el descuento del IVA para la importación de bienes de capital y aceptar como deducibles el 50% de los pagos de impuestos de Industria y Comercio y el 100% del 4 por mil.
El incentivo a los nuevos proyectos del agro y a las empresas creativas. Las pequeñas empresas, con facturación hasta 2600 millones al año tendrían un impuesto simple, cuyas tarifas oscilarían entre el 2,6% y el 13%, que incluiría IVA e ICA.
Alternativa necesaria para evitar el IVA a la canasta familiar
La propuesta de gravar con IVA artículos básicos de la canasta familiar ha creado una justificada preocupación ciudadana, que si bien podría compensarse con la devolución a los compatriotas más pobres, persistiría la afectación a compatriotas de ingresos medios. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos buscar alternativas diferentes a este gravamen a la canasta familiar. Algunos compañeros expresan que es imperativo que los alimentos básicos sean excluídos.
Recordamos que el Presidente Duque encontró el 53% de la canasta con IVA del 19% y ha propuesto una reducción de esta tarifa general.
Estabilidad Social y mejoramiento de la remuneración
Reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad social, fundamento de la verdadera paz y de la estabilidad democrática. En consecuencia, seguiremos luchando por un aumento digno de la remuneración y la prima especial, cuyo proyecto de ley se anunció esta semana.
Dirección del Partido, Bancada de Congresistas
Medellín, 2 de noviembre de 2018
Redacción Ecos Nacional.
Un S.O.S lanzó desde el Congreso de la República la bancada que conforma la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, con el objeto de erradicar el feminicidio, toda vez que según las estadísticas de Medicina Legal, entre el 2017 y 2018 han asesinado a 1.724 mujeres en Colombia.
En el debate convocado por las senadoras Victoria Sandino y Aida Avella, fueron contundentes los reclamos contra el feminicidio en el territorio nacional por parte de todas las legisladoras presentes y que fueron escuchados por altos funcionarios del Gobierno.
“El Estado es responsable de garantizar a niñas y mujeres una vida libre de violencias. El feminicidio está motivado por el odio, desprecio, sentido de propiedad o placer, por lo que es necesario fortalecer las medidas de sensibilización que eliminen los prejuicios sociales, culturales y avance contra la impunidad”, afirmó la senadora Victoria Sandino, mientras que su colega Aida Avella, destacó que las cifras demuestran que el problema no radica tanto en la esfera legal, sino que es educativo y cultural.
La senadora Ana Paola Agudelo, del Partido Mira, dijo que los altos índices de violencia contra la mujer se presenta fundamentalmente por la carencia de una cultura educativa para que niños y niñas aprendan a respetarse entre ellos, por eso instó al Gobierno Nacional para que centre los esfuerzos en el fortalecimiento de las rutas de atención, ya que persiste la desprotección y escasa atención a las mujeres víctimas de violencia, lo que ha permitido un desalentador panorama en el momento de denunciar.
“A las mujeres las asesinan sus ex y parejas sentimentales, especialmente los domingos entre las 6 y las 8 de la noche, en el hogar, por diferencias económicas, laborales y sentimentales”, afirmó el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdez, comentario que sorprendió a todos los asistentes.
La alta consejera Presidencial, Ana María Tribín, dijo que el Gobierno del Presidente Duque fortalecerá la prevención, atención y las sanciones con mano dura. “Serán las herramientas con las que se fortalecerá la articulación interinstitucional, para que Colombia logre acabar con este flagelo”.
Agregó que con el fin de ofrecerles a las mujeres una vida libre de violencia se destina un rubro de $286 millones para invertir en la prevención, la atención y las medidas sancionatorias que se establecen en la estrategia para disminuir el feminicidio.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, expresó su preocupación por el aumento del feminicidio y dijo que el compromiso del Gobierno frente a esa problemática es ineludible.
“Se vienen rediseñando una serie de políticas transversales, en las que se hace necesario actuar con contundencia, a través de los medios de comunicación, redes sociales y el voz a voz en las comunidades”, sostuvo la Ministra Borrero quien aseveró que dentro de las políticas contra el feminicidio está la de “revolucionar el trabajo desde las comisarías de familia para que salvaguarde a la mujer colombiana”.
Bogotá, D. C, 2 de noviembre de 2018
Por Luis Fernando García Forero
Como un “atentado” al Acuerdo de Paz que permitió el fin del conflicto por más de 50 años, calificaron los congresistas de las Farc la reforma de la JEP y que incluye 14 magistrados más para investigar y juzgar a los militares y agentes el Estado y que fue aprobado en primer debate en el Congreso. Por ello pidieron la “intervención inmediata” de la Corte Penal Internacional”, si se insiste en dicha iniciativa dentro de la constitución colombiana.
En Rueda de Prensa el senador y excombatiente de las Farc, Julián Gallo fue contundente en señalar que la reforma impulsada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, y apoyada por el gobierno a través de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, “deja serias dudas” sobre el compromiso del presidente Iván Duque con el acuerdo de paz y su implementación, así como con las víctimas del conflicto armado.
Dijo que establecer “grupos de magistrados” que “trabajarán de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y agentes del Estado”, en la práctica supone la creación de “salas y secciones separadas”, casi que el mismo espíritu de lo que pretendía el centro Democrático.
Aseguró el senador Gallo que esa iniciativa “acaba con la independencia e imparcialidad de la JEP” porque los jueces serán elegidos por el Estado colombiano, lo que conlleva a que la misma institucionalidad termine juzgando a los mismos miembros del estado que resulten con responsabilidades derivadas del conflicto armado.
Agrega e senador Gallo quien estuvo acompañado de Rodrigo Granda quien fue negociador en La Habana, afirmó que la reforma a la JEP es contraria al acto legislativo del 2017 que garantizó la estabilidad e inmovilidad del acuerdo de paz firmado en el teatro Colón en el 2016, y que abrió la compuerta para que se sigan modificando en el Congreso por la vía de proyectos del ley o reformas constitucionales. Insinuó que el propósito de estas modificaciones es “garantizar la impunidad absoluta de los mismos que siempre han disfrutado de ella”.
Gallo instó a los países garantes del proceso de paz, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los expresidentes Pepe Mujica (Uruguay) y Felipe González (España) para que tomen nota de la intención del estado de Colombia de alterar el Acuerdo de Paz.
Bogotá, D. C, 1 de noviembre de 2018
Redacción Ecos Nacional.
En medio de la polémica legislativa del funcionamiento de la JEP con respecto a la investigación y juzgamiento de los militares y agentes del Estado, durante el conflicto armado con las Farc, cuatro generales del Ejército ya se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz y otros cinco presentaron recientemente la respectiva solicitud para hacerlo.
Los altos oficiales que se acogieron a la JEP son Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante, mientras que los que pidieron ser investigados son Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina.
No a la Sala Especial en la JEP para investigar y juzgar militares involucrados en el conflicto armado, pero a cambio, incorporar 14 nuevos magistrados a la Jurisdicción Especial para la Paz, fue la decisión de la Comisión Primera del Senado, luego de dos semanas de discusión y acercamientos entre las diferentes bancadas, que incluso, reunió a adversarios entre ellos congresistas de las FARC, el expresidente Álvaro Uribe, militantes de la oposición como Iván Cepeda y al excandidato presidencial Gustavo Petro, entre otros.
Al acuerdo se llegó luego de recesos tras recesos en las deliberaciones de dicha célula legislativa, que al final logró un consenso para avanzar en dicho proyecto que de alguna manera incide en el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que fue el resultado del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC.
Se trata del primer debate hasta el momento, de una propuesta impulsada por el senador Álvaro Uribe, pero que tendrá siete debates más, si no archivan el proyecto que pasa ahora a la plenaria del Senado.
El Centro Democrático cuestiona que los militares tendrán que declararse culpables para acceder a los beneficios de la pena alternativa, pero que si no lo hacen, tendrán que demostrar su inocencia ante magistrados con sesgo ideológico y se expondrán a penas de 20 años de prisión.
El uribismo insiste en que a pesar de las garantías contra los militares y agentes del Estado, a través de la JEP, en la práctica, estarán sometidos al mismo tratamiento de los excombatientes, pero, a razón de lo aprobado en primer debate, se superó con el aumento del número de magistrados en la JEP con el objeto de que se ocupen de ese aspecto.
El senador Álvaro Uribe fue enfático en destacar que el respaldo al acuerdo no implica que el Centro Democrático renuncie a las opiniones que tiene sobre la JEP y a renunciar a presentar otro artículo sobre el tema, mientras que el congresista Roy Barreras señaló que lo aprobado es un artículo nuevo que refuerza la JEP y permite “con toda legitimidad actuar para todos los actores del conflicto, con más garantías para todos, incluyendo a las Fuerzas Militares, sin desmembrar la JEP, que es aquello que nosotros logramos evitar. Es resultado de un compromiso muy importante de todas las fuerzas políticas".
En el acuerdo, se aprobó un Comité de Escogencia Autónomo, conformado por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura, uno de la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, y otro, del Procurador General.
Dicho Comité garantizará los principios de publicidad, transparencia y facilitar el seguimiento y veeduría ciudadana al proceso de selección. Dentro de los requisitos que deben tener dichos magistrados está la de tener conocimiento en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho operacional.
La iniciativa pasa a la Plenaria del Senado y luego a la Cámara con el objeto de que supla los cuatro primeros debates y sea aprobada en primera vuelta antes del 16 de diciembre.
Bogotá, D. C, 1 de noviembre de 2018
Por Luis Fernando García Forero.
A 20 años de la adopción de la Declaración de la ONU para proteger a los defensores de los DD.HH., el tema se ha convertido en un hito. Sin embargo, a pesar de las obligaciones de los Estados de garantizarles el bienestar y la vida, su situación se está deteriorando porque siguen siendo atacados y criminalizados.
“Por eso la ONU debe presionar más a los gobiernos para defender la integridad de los Defensores de DD.HH”, aseguró Michael Forst, Relator Especial de la ONU, al referirse a la delicada situación de estos activistas quienes además enfrentan restricciones legales y administrativas cada vez mayores.
Forst fue el Director General de Amnistía Internacional en Francia y el Secretario General de la Primera Cumbre Mundial sobre Defensores de los Derechos Humanos en 1998 y Experto Independiente de la ONU sobre la situación de los DD.HH. en Haití.
El relator especial presentó un informe a la Asamblea General en el que destacó la necesidad, a 20 años de la Declaración para la promoción y protección de los defensores de los DD.HH. de detener los esfuerzos crecientes para socavar la labor de promoción de las garantías fundamentales.
“Desde 1988 más de 3500 defensores han sido asesinados, dejando familias devastadas. Los derechos de miles de activistas han sido pisoteados, su dignidad agredida. Son vilipendiados y detenidos injustamente”, dijo el relator especial quien aseguró que estos ataques son, en última instancia, contra 70 años de trabajo para construir un sistema global sin precedentes que proteja los derechos de todas las personas.
Forst reveló que con motivo del 20 aniversario de la declaración de los defensores, decidió lanzar una encuesta en 140 países, preguntándoles qué es lo que más le preocupa de su situación.
“Todos me dijeron que lo más preocupante era la narrativa en su contra. Son llamados terroristas, enemigos del Estado, promotores de valores occidentales, son acusados de ser traficantes, y de estar en contra del desarrollo. Estas campañas de difamación tienen un impacto sobre cómo son vistos por la población, mientras ellos solamente intentan proteger los derechos de la Declaración Universal de los DD.HH.”, expresó.
Por ejemplo, dijo, en América Latina los defensores de los derechos de la comunidad LGTBI o de los sexuales y reproductivos como el aborto, son acusados de introducir valores occidentales que no representan la actitud moral de ciertos países. Son llamados terroristas, enemigos del Estado, promotores de valores occidentales, son acusados de ser traficantes, y de estar en contra del desarrollo.
También asegura preocuparle la situación de los defensores de los migrantes, que repetidamente se enfrentan a fuertes ataques de los Estados y funcionarios públicos, “quienes los acusan de ser traficantes o de ingresar ilegalmente migrantes a los países”.
“Este es un fenómeno que me preocupa mucho con el creciente número de países en los que vemos líderes populistas como Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Australia e Italia, y, también incluso en países democráticos, como Francia y España, donde los defensores están siendo citados ante las autoridades judiciales”, aseguró Forst.
El papel de la ONU
A pesar de los recursos provistos en virtud de la Declaración para la promoción y protección de los defensores de los DD.HH., más de mil de ellos fueron asesinados entre 2015 y 2017.
"La impunidad generalizada y sistemática es una señal muy mala que se envía a las familias de las víctimas y a cualquiera que defiende los derechos humanos", dijo el relator especial a la Asamblea General, que añadió que, "más allá de estos ataques y asesinatos, son nuestros derechos y nuestras democracias las que corren un gran peligro".
Forst también advirtió que se estaba cuestionando la existencia misma del mandato de la ONU del relator especial sobre la situación de los defensores de los DD.HH., quien hace parte de los procedimientos especiales del Consejo de DD.HH. y recibe un salario simbólico de un dólar.
“Las Naciones Unidas podrían hacer más. Siento que es un deber moral para mí trabajar para esto. Que no me paguen me da más libertad porque puedo decir verdades a los líderes, incluidos los de Naciones Unidas y puedo decir que aquí tenemos que hacer más”, dijo Forst.
El relator declaró sentirse “horrorizado” al ver que algunos altos funcionarios de la Organización y de los equipos que trabajan en los países tienen un “pobre entendimiento” sobre la situación de los defensores.
“En las próximas semanas habrá un informe de Guterres, por mandato de una resolución, para hacer evaluación sobre los esfuerzos de la ONU y sus agencias para proteger a los defensores y se darán cuenta que la ONU puede hacer más y espero que después de que sea publicado se lance un estudio mundial para desarrollar una estrategia global para proteger a los defensores”, expresó.
Forst dijo que su informe es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y retos y para pensar cómo pueden deconstruirse “los discursos de incitación al de odio” y las narrativas desarrolladas por nuevas formas de autoritarismo, y cómo pueden abordarse las causas sistemáticas que fomentan los ataques contra los defensores.
En los próximos días se celebrará la segunda Cumbre Mundial de Defensores de DD.HH. en París y en diciembre una reunión de alto nivel en Nueva York sobre el mismo tema. El relator aseguró que espera fuertes compromisos durante los dos eventos
“Estamos en un punto de inflexión. Debemos aprovechar la fuerte comunidad de defensores para prever su futuro entre la audacia y el pragmatismo…El ex Alto Comisionado Zeid Raad Al Hussein dijo que la opresión está de moda nuevamente. La única respuesta es colectiva. Todos debemos ser parte de la solución. También debemos ser más abiertos a los movimientos sociales y a aquellos que se encuentran fuera de la comunidad de derechos humanos”, resaltó.
Nueva York, 30 de octubre de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
