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El Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los DD.HH.*, Idriss Jazairy, destacó que “las guerras económicas pueden matar a personas igual que las convencionales”.

"La única diferencia es que en la guerra económica la gente muere en silencio por falta de medicación; y en la guerra tradicional muere por una herida de bala; pero aun así muere", añadió.

Durante la presentación de su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jazairy, señaló que ese tipo de medidas “que restringen casi cualquier transacción financiera, o que tratan de impedir que terceros países se involucren en el comercio legal con un país, son formas ilegales e inmorales de coerción, particularmente cuando dañan los DD.HH. de las personas que viven en los países objeto de esas sanciones".

Jazairy abogó por la resolución de conflictos entre estados mediante vías pacíficas, tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas “evitando al mismo tiempo exponer a los civiles inocentes al castigo colectivo".

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el mandato del relator especial en septiembre de 2014, tras la preocupación de la ONU y la comunidad internacional por el negativo impacto de las sanciones unilaterales en los derechos humanos de la población civil.

El experto independiente destacó que el derecho internacional exige el acceso libre y sin trabas de los bienes humanitarios: "La Corte Internacional de Justicia ha emitido recientemente dos fallos preliminares en los que reitera la obligación de los Estados de aplicar exenciones humanitarias efectivas en sus regímenes de sanciones”.

Posteriormente, en rueda de prensa  ante los medios de comunicación, Jazairy cifró entre “un cuarto y un tercio de la población mundial” el número de personas que vive actualmente en países que son objeto de sanciones unilaterales.  Muchas de estas medidas, que no son aprobadas por el Consejo de Seguridad, se están convirtiendo en bloqueos, situación que también impide a terceras partes relacionarse con los países afectados.

El conflicto en Siria y otros países amenazados

El relator Jazairy se refirió a la actual situación en Siria y recordó que las sanciones financieras impiden a ese Gobierno comprar comida, medicamentos, piezas de repuesto para bombas de agua o generadores eléctricos de los países occidentales, causando un mayor sufrimiento a los civiles e instó a los Estados a tratar esta cuestión mediante la creación de un mecanismo de adquisiciones dirigido por las Naciones Unidas, “que velará por los derechos humanos de la población civil", dijo.

"Recientemente estuve de visita y pude ver que las sanciones aplicadas a Siria que servían para proteger a la población de las violaciones de los DD.HH. de su Gobierno añadían, en base a nuevas sanciones, sufrimientos adicionales y privaciones ", explicó.

Jazairy alertó sobre “un claro riesgo” de que países como Irán, Gaza, y posiblemente Venezuela, se enfrentarán pronto o tuvieran que enfrentarse a una situación de bloqueo. E insistió en que "la contradicción es que todo este sufrimiento se impone sobre toda esta gente, habitualmente bajo el protexto de que quieren defender a esa gente de la denegación de los derechos humanos por su propio Gobierno".

Sanciones que no sirven

En relación con el bloqueo de Cuba se alineó con la posición del expresidente de Estados Unido, Barack Obama al decir que “no ha servido para nada” y lamentó que la actual administración en Washington no siga la misma línea de pensamiento.

Se mostró particularmente preocupado por una nueva tendencia que se caracteriza por el creciente número de bloqueos que nos sitúan cerca de un conflicto militar, y apuntó la posibilidad de que el Secretario General nombre a un representante especial para tratar el tema de los bloqueos.

Nueva York, 17 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exhortó  a los Gobiernos de Arabia Saudita y Turquía que "revelen todo lo que saben" sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi.

Urgió a las autoridades a que aseguren que no se ponen más obstáculos en la investigación para resolver lo que puede ser un "posible asesinato extrajudicial".

La Alta Comisionada considera que "en vista de la seriedad de la situación” la inviolabilidad o la inmunidad de lugares oficiales amparados por la Convención de Viena sobre relaciones consulares “no debería aplicarse".

“La desaparición forzada y el asesinato extrajudicial son crímenes muy graves y la inmunidad no puede alegarse para impedir una investigación sobre lo que pasó y quién es responsable", dijo Rupert Colville, el portavoz de la Oficina. "Dos semanas es mucho tiempo para que una escena del crimen no haya sido sometida a una investigación forense completa".

Bachelet agregó que, dado que se vio entrar a Khashoggi al consulado, pero no se le vio salir, las autoridades sauditas deben responder sobre lo que pasó después.

El vocero Conville agregó que en vista de la gravedad de la situación”, la Alta Comisionada ha pedido que se “levante inmediatamente” la inmunidad diplomática para permitir una investigación “pronta, completa, efectiva, imparcial y transparente”.

Los consulados, así como los funcionarios que trabajan en ellos, gozan de inmunidad diplomática gracias a la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, explicó Colville, antes de señalar que Bachelet había acogido con satisfacción el acuerdo entre Arabia Saudita y Turquía para permitir a los investigadores entrar en los edificios de Arabia Saudita en Estambul. Pero destacó que se han cometido presuntamente crímenes muy graves y que los responsables deben rendir cuentas.

Conocer qué pasó

"El único hecho sólido que realmente conocemos es que Khashoggi entró en el consulado y (…) nunca volvió a aparecer", dijo Colville, quien agregó que parece "muy probable" que se haya cometido algún delito.

"Las desapariciones forzadas o los asesinatos extrajudiciales, si es lo que ha ocurrido, son crímenes muy graves", agregó antes de afirmar: "Necesitamos saber qué pasó, cómo sucedió, quién fue responsable y hacia dónde conducen las pruebas".

Ginebra, 16 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

El jefe del Ministerio Público de Colombia, Fernando Carrillo Flórez,  fue contundente en afirmar que “Uno no puede utilizar la Jurisdicción Especial para la Paz como 'violín prestado' para tratar de justificar cualquier tipo de actitudes que son absolutamente reprochables, y que se merecen todo el peso de la justicia ordinaria y no el de la JEP”.

Sostuvo que le ha solicitado a esa jurisdicción cerrar la puerta a quienes pretenden colarse, para recibir los beneficios de la JEP y que no tienen derecho. Se refirió a la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena de remitir el expediente de Enilce López a la JEP, e hizo un llamado a ser mucho más estrictos para establecer la relación de causalidad con el conflicto armado.

“Uno no puede pensar que un feminicidio puede ser la justificación para llegar los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. En eso vamos a ser sumamente estrictos. En el caso de la violencia contra los niños también hemos tratado de poner un filtro grandísimo”, enfatizó Carrillo Flórez, quien agregó que “Hoy la Procuraduría es una garantía en la Justicia Especial para la Paz, que será cada vez mayor porque le apostamos al éxito de esa jurisdicción”.

En la instalación del seminario “40 años de la Corte IDH y su impacto en Colombia”, el jefe del Ministerio Público resaltó el papel en América de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aseguró que sus decisiones han sido no solo la guía para los estados, sino la esperanza para las víctimas, que hoy constituyen la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 Destacó que “La Corte ha sido una piedra en el zapato para las tiranías de la región, el ángel guardián de los derechos de las víctimas, sus decisiones no han sido bienvenidas por quienes se lucran de la impunidad, porque esta ha sido precisamente obsesión de esta corte y de este sistema”.

Señaló que la lucha de los magistrados del alto tribunal interamericano ha sido vital en la vigilancia, control y supervisión al cumplimiento por parte del Estado de las medidas impuestas por el sistema para garantizar la protección de derechos.

Recordó Carrillo Flórez que en lo últimos años la Procuraduría ha incrementado en un 205% el número de sanciones por violaciones a los derechos humanos y agregó que el 89% de ellas, fueron impuestas a miembros de la fuerza pública.

Al seminario asistieron  la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; los presidentes de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018

Redacción Ecos Nacional

Fuente : Procuraduría General de la Nación.

Se abrió paso en el Congreso de la República la iniciativa para que los actuales mandatarios regionales y locales, terminen su mandato en el 2022 y no el 31 de diciembre del 2019. La razón: La Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de Acto Legislativo, para unificar la elección de gobernadores y alcaldes con la del Presidente de la República.

Con 24 votos a favor y 6 en contra dicha célula legislativa le da vía libre a esa iniciativa de reforma constitucional, un campanazo desde el punto de vista político que abre la polémica para el desarrollo de la institucionalidad colombiana y que según los congresistas que la apoyan, ahorran gastos al Estado.

Tal como quedó el texto del articulado aprobado, en el 2019 no habría elecciones. “Continuarán en sus funciones hasta el 19 de julio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022 para el período constitucional, que iniciará el 20 de julio de ese año. En todo caso, los períodos de gobernadores y alcaldes deberán coincidir con el del Presidente de la República”.

De acuerdo con la reforma, a la que le hacen falta todavía siete debates, la elección de alcaldes y gobernadores será en la misma fecha del Congreso de la República y la elección presidencial se realizará en el segundo domingo del mes de mayo.

La decisión de la Comisión Primera de la corporación, abrió el debate en el Congreso y alertó al Gobierno y a la organización electoral, toda vez que se puede decir que en marzo más tardar se estaría iniciando la campaña para las elecciones territoriales.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018.

Por Luis Fernando García Forero

Ante la petición del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de un cese al fuego bilateral, el jefe de Estado colombiano fue enfático en señalar que deben primero liberar a los secuestrados y poner fin a actividades criminales para reiniciar las negociaciones de paz.

Luego del encuentro con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, el presidente de Colombia Iván Duque Márquez, sostuvo que “durante los 17 meses de conversaciones con el gobierno de mi predecesor fueron más de 430 actos crimínales, entre ellos más de 100 personas asesinadas. Eso es todo menos voluntad de paz”.

Agregó el mandatario colombiano que “Por eso nos mantenemos en lo que hemos dicho”. Insistió que el Estado no puede renunciar al “deber legítimo de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos”.

La petición la hizo ese grupo insurgente el fin de semana, declarando que no podían disminuir sus “acciones militares”, porque respondían a la ofensiva de la Fuerza Pública que inició l el actual gobierno nacional.

Bogotá, D. C 16 de octubre de 2018

Foto: Presidencia de la República de Colombia.

“Los pueblos deben tomar sus propias decisiones, a través del normal desarrollo de las consultas populares, que eviten el centralismo incierto de toma de decisiones que afecten en cualquier caso la seguridad y bienestar de los ciudadanos”.

De esa manera el partido Alianza Verde rechaza el fallo de la Corte Constitucional en el sentido que no se deben realizar consultas populares en las comunidades si son para decidir sobre los recursos del subsuelo, porque son del Estado.

El Presidente de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina,  sostuvo que la sentencia “desdibuja el carácter democrático y soberano de las regiones y sus habitantes. Esta sentencia es contradictoria, puesto que tal y como lo señaló el Consejo de Estado, los municipios no sólo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares, especialmente cuando el desarrollo de cualquier proyecto incluyendo los minero-energéticos, amenazan con crear cambios significativos del uso del suelo que dé lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial”.

Destacaron los Verdes que la Constitución Política da el derecho para que los alcaldes puedan convocar consultas y el pueblo decida sobre asuntos municipales.

“En este sentido, el Partido Alianza Verde expresa que las consultas populares son una clara expresión de la democracia participativa, que no puede verse amenazada por los intereses económicos de una locomotora minero energética que pretende pasar por encima de la toma de decisiones de la ciudadanía en temas de trascendencia local, como lo es la destinación del territorio a la industria minero-energética”.

Sobre el tema la senadora Angélica Lozano afirmó que la actual Corte, nueva en su mayoría, prioriza la lógica privada y derechos económicos del establecimiento.

“Es una corte con naturaleza distinta a las anteriores que se caracterizaron por velar por los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales en armonía”, declaró la senadora Angélica Lozano.

Bogotá, D. C, 12 de octubre de 2018

Redacción Ecos Nacional.

Keiko fue detenida por vínculos con lavado de dinero mientras su hermano Kenji lucha por mantener su vida política en pie y el Patriarca Alberto Fujimori, el otrora hombre fuerte del Perú ruega, desde el hospital, que no lo regresen a prisión, pues eso significará una "condena a muerte" para él. Un argumento digno de una película de Quentin Tarantino.

Una semana después de perder el indulto que sacó de la cárcel, el ex presidente peruano Alberto Fujimori contempla impotente desde la cama de un hospital cómo sus hijos y herederos políticos están a merced de la justicia, igual que él y enfrentados políticamente.

Su hija mayor Keiko, la poderosa líder opositora cuyo partido domina el Congreso del Perú, fue detenida por un supuesto aporte ilegal de 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011.

Su benjamín Kenji, que perdió su banca parlamentaria en junio, enfrenta cargos de cohecho y tráfico de influencias por intentar salvar de la destitución al entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo.

La Familia Fujimori sigue dominando la Agenda Política Peruana, a pesar de sus actuales desgracias y aunque han pasado dos décadas desde que el patriarca se marchó a Japón, la tierra de sus ancestros y envió su renuncia a la presidencia por fax, luego de ser acusado de delitos de lesa humanidad.

Los hermanos Fujimori, con propia trayectoria política, ya que habían sido candidatos a la presidencia y el diputado más votado del Perú, están enfrentados desde diciembre de 2017. El cisma del Fujimorismo se gestó cuando el Congreso de Perú votó un pedido de destitución del Presidente Kuczynski, por mentir sobre sus lazos con Odebrecht.

Keiko quería a toda costa echar a Kuczynski, pero Kenji le lanzó un salvavidas, al abstenerse en la votación junto a otros legisladores leales.

Tres días después, Kuczynski indultó al expresidente Fujimori, gesto interpretado como pago a Kenji, quien se había esmerado en conseguir la liberación de su padre, a diferencia de su hermana, que se había manifestado cauta, por temor a que ensombreciera su liderazgo político.

Kenji renunció en febrero al partido fujimorista (derecha populista) alegando que éste ya no tenía "autoridad moral" por las revelaciones de aportes de Odebrecht, la causa que ha llevado a prisión a Keiko.  Además, sugirió que crearía un partido propio para impulsar sus ambiciones presidenciales, pero la venganza de su hermana no tardó en llegar.

En marzo, un legislador leal a Keiko denunció que Kenji había intentado comprar su voto para salvar a Kuczynski de una nueva moción de destitución y sustentó la denuncia con un video grabado clandestinamente, cuya difusión condujo a la renuncia del mandatario.

En junio, los votos de los legisladores del partido de Keiko despojaron a Kenji de su escaño parlamentario y lo pusieron en manos de la justicia.

"Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja", dijo entonces Kenji.

Todo un entorno familiar lleno de rencillas, ansia de poder y descomposición familiar, que comenzó con el divorcio de la pareja presidencial Alberto Fujimori y Susana Higuchi, por las aspiraciones políticas de ésta.

Por lo visto, los nuevos temas de película no necesitan de mafiosos, narcos o ladrones, con los políticos sobra.

Lima, 12 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

En medio de las marchas y protestas en el país, de rectores, profesores y estudiantes de las universidades públicas, el Gobierno Nacional y las comisiones económicas del Congreso acordaron reasignar $500.000 para el sector educativo.

De acuerdo a esa determinación, las 32 universidades públicas de todo el país recibirán medio billón de pesos adicionales con el objeto de atender las ingentes necesidades que tienen los claustros académicos del estado en educación superior, para inversión y funcionamiento.

"Esta reasignación fue lograda gracias al trabajo conjunto de los Ministerios de Hacienda y Educación, así como de la Dirección Nacional de Planeación”, dijo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera, quien señaló que los recursos provienen de una recomposición de partidas de gasto y de recortes de la cartera de Hacienda, y de la labor que se realiza en conjunto con el Congreso de la República.

El ministro fue preciso en señalar que la reasignación al presupuesto para la educación pública, no implica un aumento en el monto del Presupuesto General de la Nación, que asciende a los de $258,9 billones.

La plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, fue testigo del clamor de los miles de estudiantes de las Universidades e Instituciones de Educación Superior públicas y privadas reunidas en torno a "La movilización nacional por el rescate de la educación superior."

Acompañados por la habitual lluvia capitalina, miles de estudiantes de las Universidades e Insituciones Educativas públicas y privadas salieron a las calles de Bogotá con el fin de movilizarse y mostrarle al país su inconformismo por la actual situación del sistema educativo.

A la par, cientos de estudiantes marcharon en las principales ciudades del país, con la misma intención: solicitarle al Gobierno Nacional el incremento presupuestal, la reliquidación de deudas con el Icetex, el aumento del presupuesto a Colciencias y sobre todo el respeto y la dignidad al derecho de movilización.

El punto de encuentro en Bogotá fue la plaza de Bolívar, donde cerca de 35.000 personas, entre estudiantes, profesores y líderes sociales hicieron públicas sus peticiones mediante cánticos, pancartas, gritos y banderas.

La histórica plaza se llenó en su totalidad, en cada espacio había un estudiante inconforme, gritando con euforia "Vamos a luchar, Vamos a luchar".  La necesidad de encontrar solución a la crisis conmovió a todo el país, las miradas se posaron en aquellas masas que encontraron en la movilización una manera justa de hacer valer sus derechos.

Tal era la pasión y el ímpetu estudiantil, que justo al frente de la Plaza de Bolívar, el Capitolio Nacional temblaba, allí los rectores de las Universidades Públicas estaban reunidos con los miembros del Congreso Nacional haciendo su propia lucha, una lucha diferente pero con el mismo objetivo: exigir al Gobierno equidad y respeto al presupuesto del sector educativo.

Este 10 de octubre, el centro de Bogotá recibió la lucha conjunta de un pueblo carente, convencido de que la educación es el camino correcto hacia el cambio social que necesita el país.

Los estudiantes demostraron su tenacidad y tesón para defender lo propio, quedó claro que ésta no es una generación dócil, y que está fuertemente ligada a los principios del gran García Márquez..."Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro..."

Este histórico 10 de octubre del 2018, Colombia entendió que los estudiantes lucharán e irán cuantas veces sea necesario a la calle por la dignidad estudiantil.

Bogotá, 10 de ocubre de 2018

Por Leimy Zulany Santana Pérez

Así lo anunció el presidente Iván Duque Márquez, quien reconoció las dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno y agregó que “ha hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado. Pero faltan recursos”.

En medio de las marchas y protestas por la falta de recursos para las universidades públicas, en las diferentes ciudades del país, el jefe de estado colombiano afirmó “Hemos hecho en ocho semanas las operaciones necesarias para liberar los recursos y hemos hecho el esfuerzo monumental para tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia”.

Ante varios expresidentes y líderes empresariales que forman el grupo de pensamiento del Círculo de Montevideo y que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá, el presidente Duque reconoció que Colombia es un país que ha tenido grandes progresos, pero agregó que en los últimos 50 años ha visto cómo se aumenta el promedio de vida, pero no la cobertura en educación.

“Entiendo la angustia de muchos jóvenes. Entiendo sus reclamos. Y los entiendo porque ellos quieren tener esa educación pensada para la Cuarta Revolución Industrial. Y tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno”, afirmó el Presidente y dijo que espera “terminar el gobierno superando el umbral de los 400 mil jóvenes –ojalá muchos más– en ese esquema de gratuidad para los estratos de más vulnerabilidad económica”, expresó.

Aseguró que “con este modelo de reactivación que queremos que nos ponga a crecer al ritmo que queremos, será mi compromiso personal darle cada vez más recursos a la educación y a la educación superior”.

Finalmente expresó que respecto al programa Ser Pilo Paga “sería irresponsable” decirles a los actuales beneficiarios que se termina ese plan de ayuda. “Por eso asumimos el compromiso de pagar hasta el último matriculado de ese programa. Porque se trata de honrar la palabra del Estado”, expresó.

Bogotá, D. C, 10 de octubre de 2018

Redacción Ecos Nacional