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Por la poca financiación de la educación, principalmente en las universidades públicas que se encuentran en crisis. Ante eso, rectores, profesores y estudiantes de todo el país, se lanzan a las calles para pedir al Gobierno y al Congreso, aumentar en el Presupuesto General de la Nación, $16 billones, que es el déficit en el sector educativo para lograr el normal funcionamiento, cobertura y calidad académica, que garantice el mejor desarrollo y futuro de Colombia.

Las Universidades públicas están en un estado tan crítico que por ejemplo, la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, está a punto de caerse en su edificación porque no hay recursos para su mantenimiento.

Por eso las calles de las principales ciudades del país estarán este miércoles desbordadas con voces de protestas, mensajes semióticos y S.O.S, para salvar a esas universidades estatales que se encuentran en cuidados intensivos.

Rectores, profesores y estudiantes coinciden en señalar que es la única forma de participación democrática para lograr que el Gobierno Nacional y el Congreso, en estos momentos en que se tramita el Presupuesto General de la Nación, apruebe los suficientes recursos que permitan el mejoramiento, cobertura y desarrollo de la educación superior.

El sector educativo, según se aprobó en el primer debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara, quedó con 41,26 billones de pesos para el 2019, cifra que representa sólo el 10 % frente a lo que se aprobó para este año.

Para el sector educativo del país no es suficiente. Son problemas coyunturales reales y que representan un déficit demasiado alto en las sedes de las 32 universidades públicas y donde sufren más de 700 mil estudiantes universitarios de Colombia.

“Con las marchas, donde esperamos que participen al menos 600.000 estudiantes, se busca que la sociedad, el Gobierno y el Congreso,  entienda que si no hay recursos para la universidad, no hay futuro”, sostiene Alejandro Palacio, Presidente de la Asociación de Representantes Estudiantiles de educación Superior – ACRES- de la que forman parte las públicas y privadas.

Aunque destacan que en gobierno Santos el presupuesto fue el más alto de la historia, con $37,49 billones, la inversión apenas llegaba a $3,42 billones. Los 34 billones restantes eran para gastos de funcionamiento divididos en varios items, entre ellos los más representativos: nómina, $8,51 billones y pensiones de $3,79 billones.

El Gobierno Duque ha señalado que no cuenta con los 16 billones que reclama la Universidad Pública. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió ante los medios que “el compromiso de este gobierno se demuestra en el proyecto de ley de presupuesto, que está calculado para 2019 en $41,26 billones, dividido en gastos de funcionamiento e inversión, pero estos no están desagregados porque el presupuesto aún no ha sido aprobado en el Congreso”. Se espera todavía el último debate.

El tema es tan complejo que  si bien el presupuesto aprobado para educación es el mayor al de otros sectores, entre ellos defensa que está en $33,53 billones, la salud con $32,29 billones, entre otros, los $41.26 que están asignados en el proyecto actual en educación resulta insuficiente para atender las necesidades que año  tras año han aumentado en las universidades del territorio nacional.

Bogotá,D. C, 10 de octubre de 2018

Por Luis Fernando García Forero

Las medidas de gracia no pueden concederse para Crímenes de lesa Humanidad, ni las razones humanitarias pueden alegarse simplemente a la edad de la persona, explican varios relatores de derechos humanos, que aplauden la decisión de la Justicia Peruana.

Un grupo de expertos* de la ONU en DD.HH., Fabián Salvioli y Agnès Callamard,  celebraron la decisión de un juzgado de la Corte Suprema Peruana de derogar el indulto concedido al ex Presidente Alberto Fujimori. Los expertos señalan que la decisión devuelve la justicia a las víctimas y “cumple con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Alberto Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes considerados de lesa humanidad en el derecho internacional, pero fue indultado por razones humanitarias el pasado mes de diciembre por el ex Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

El perdón presidencial provocó protestas callejeras y una violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de las manifestaciones pacíficas.

La anulación del indulto fue solicitada por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, dos de los casos por los que fue condenado Fujimori.

El pasado tres de octubre el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema anuló el perdón concedido al exmandatario peruano y ordenó su búsqueda y captura para su reingreso en prisión.

“La decisión del Juzgado restaura el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, quienes vienen luchando hace 25 años para asegurar que los crímenes aberrantes que han sufrido no queden en la impunidad, y que los responsables sean debida y efectivamente sancionados”, señalaron.

Restricciones de los indultos

Los expertos consideran que el fallo “cumple con los estándares internacionales de derechos humanos” que restringen la concesión de indultos en casos de crímenes de lesa humanidad. Además, consideraron que constituye una “violación del derecho interno peruano, el cual prohíbe taxativamente el otorgamiento de indultos a los condenados por delito de secuestro”.

Los especialistas argumentaron que para conceder un indulto humanitario se han de cumplir una serie de “requisitos concretos” como, por ejemplo, una enfermedad terminal, pero que “no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad”, como fue caso de Fujimori.

Ginebra, 10 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Foto: Rick Bajornas/ONU.

Nota: *Los expertos de la ONU son: el Sr. Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y la Sra. Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y el Sr. Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

La Oficina del Alto Comisionado ha solicitado una investigación independiente e imparcial sobre el caso del líder opositor Fernando Albán, concejal del Partido Voluntad Popular, cuando se encontraba detenido. También ha pedido la puesta en libertad de 59 colombianos detenidos sin juicio durante más de dos años. Además, ha asegurado que las condiciones de las cárceles venezolanas son “más que monstruosas”.

“Estamos profundamente preocupados por la detención continuada de 59 ciudadanos colombianos que han estado recluidos sin cargos en Venezuela durante más de dos años”, ha dicho la portavoz de Michelle Bachelet ante la prensa de Ginebra.

Ravina Shamdasani explicó que los colombianos fueron detenidos en operaciones de seguridad separadas a fines de agosto y principios de septiembre de 2016, y se encuentran detenidos en una celda en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Según los informes que ha recibido la oficina, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos.

“Se cree que muchos de los 59 hombres están enfermos. Un prisionero, William Estremor, quien, según se informó, estuvo gravemente enfermo durante varios días, fue llevado a la sala de urgencias de un hospital, según su abogado. Luego se informó que fue trasladado a una pequeña enfermería en los locales de los servicios de inteligencia nacionales en Caracas. No tenemos información actualizada sobre su condición”, dijo la portavoz.

La Oficina instó a las autoridades venezolanas a garantizar que Estremor reciba la atención médica necesaria y que, en todo el sistema penitenciario, se garantice a los reclusos el acceso a medicamentos y tratamientos adecuados.

Los colombianos fueron recogidos durante redadas de seguridad conocidas como Operaciones para la Liberación de la Gente, que, según el gobierno, estaban diseñadas para disolver pandillas criminales y llevarlas ante la justicia. Los detenidos fueron acusados de ser paramilitares, pero hasta la fecha no se han presentado pruebas ni cargos contra ellos y, en noviembre de 2017, un juez venezolano dictaminó que debían ser liberados incondicionalmente.

“Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con esta decisión y los liberen”, aseguró Shamdasani, quien agregó que los detenidos eran migrantes legales e irregulares y trabajaban en construcción y la economía informal.

Condiciones de cautiverio son “monstruosas”

La portavoz también informó que alrededor de 90 colombianos habían sido detenidos en las redadas, pero algunos fueron liberados, mientras uno de ellos murió por problemas respiratorios dentro de la cárcel.

Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades”.

Las autoridades colombianas han remitido el caso al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de DD.HH.

 “Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades”, dijo, explicando que las cárceles están abarrotadas, llenas de ratas y de insectos y los prisioneros muchas veces no tienen acceso a luz natural, comida o agua potable.

“Las condiciones son más que monstruosas”, aseguró Ravina Shamdasani, añadiendo que muchos prisioneros pierden peso porque solo se les da una pequeña ración de comida al día. Lo que ha conducido a hechos violentos y motines.

Investigación caso supuesto suicidio de Albán

La Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. también pide a las autoridades venezolanas una investigación independiente e imparcial de la muerte del opositor venezolano Fernando Albán.

Según la fiscalía venezolana, Albán, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia; pero su partido, Primero Justicia, denuncia que fue asesinado.

En la Oficina de Michelle Bachelet, están preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana.

"Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado, hay mucha especulación y por eso necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte”, dijo Shamdasani.

Según despachos de prensa y declaraciones del presidente Nicolás Maduro durante la Asamblea General, Venezuela se encuentra dispuesta a recibir a la Alta Comisionada en el país.

Sin embargo, la portavoz aseguró que el acceso para la realización del mandato del Consejo de Derechos Humanos de llevar a cabo una investigación, que podría incluir casos como el de Albán y el mismo atentado al presidente, aún no ha sido garantizado.

“No nos han dado el acceso a Venezuela. Hay informes de que están felices de invitarnos, pero aún no recibimos ninguna invitación formal”, concluyó la portavoz de Michelle Bachelet.

Ginebra, 10 de octubre de 2018.-

Por Luis Fernando García Forero.

Foto: Telemundo.

Por fin se dio inicio formal a un sueño que por más de 30 años han esperado los habitantes de los municipios de Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca, pero que empezó a hacerse realidad cuando el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, firmó este martes 9 de octubre, el contrato de estructuración técnica, legal y financiera, del sistema de transporte Regiotram de Occidente, un moderno sistema férreo para la movilidad desde Facatativa pasando por Madrid, Mosquera, Funza hasta Bogotá y al contrario, que mejorará la calidad de vida a 11 millones de personas cuando empiece a rodar y a sonar en las diferentes estaciones, a partir del año 2023.

El hecho se ha catalogado como histórico porque los pobladores de esa importante región del departamento de Cundinamarca y quienes viven en el occidente de la capital de la República, están ávidos de ver y utilizar ese megaproyecto, que gracias a la voluntad política del Gobernador Rey, se inició el camino para darle una solución al problema de la movilidad de los habitantes de esa región que han padecido desde años atrás los más terribles trancones y horas enteras de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, perdiendo cada instante en calidad de vida a nivel familiar y laboral.

Está previsto que El Regiotram movilizará 126.000 usuarios por día y que su recorrido desde Bogotá a Facatativa y viceversa, será de 48 minutos, permitiendo reducir en un 60 por ciento, el tiempo de viaje.

El Consorcio Unión temporal Egis-Deloitte-Durán & Osorio-Sumatoria, será el responsable de realizar la estructuración técnica, legal y financiera para la construcción de la infraestructura ferroviaria, su mantenimiento y la operación integral, que incluye la adquisición del material rodante y la prestación del servicio del proyecto, de acuerdo al modelo aprobado.

“Este proyecto lleva más de 30 años en la expectativa de la comunidad y se ha venido estructurando durante los últimos ocho años en Cundinamarca. Hoy tenemos la grata fortuna de decirle al país que este es un nuevo paso firme hacia su consolidación, que no tiene vuelta atrás. Bienvenidos a la modernidad”, afirmó emocionado y en forma contundente el Gobernador Rey durante la firma del contrato.

Ecos logró establecer que el valor del contrato adjudicado asciende a $8.632 millones y tendrá un plazo de ejecución de 13 meses, tiempo durante el cual el Consorcio entregará la estructuración integral del megaproyecto.

Es importante destacar que el consorcio que realizará la obra lo logró mediante el concurso de méritos, donde participaron ocho firmas, en un exigente proceso de adjudicación, que inició el 28 de junio y se cerró el 4 de septiembre de 2018.

“Acompañamos la visión del Gobernador para llevar el transporte de Cundinamarca a la modernidad y al futuro, a través de este proyecto tan importante, donde nuestro compromiso como consorcio es sacarlo adelante, rápido y bien hecho”, sostuvo Gabriel Taboada, representante  legal del Consorcio quien precisó que serán responsable de generar las especificaciones abiertas para la construcción de la infraestructura, realizar el estudio socioeconómico, de mercadeo y elaborar los estudios y diseños a nivel de factibilidad.

Regiotram es un sistema Tren-Tram que ofrecerá  servicios en áreas urbanas y suburbanas, en un un recorrido de 44.7 Km y 20 estaciones:  6 ubicadas fuera de Bogotá, 12 dentro del Distrito Capital y dos más en los terminales aéreos Dorado 1 y el futuro aeropuerto El Dorado 2 que estará en límites del municipio de Madrid.

Bogotá, D. C, 9 de octubre de 2018

Por Luis Fernando García Forero.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados se encuentra de visita en América Latina, para evaluar la situación en la que viven los refugiados y migrantes venezolanos. Su primera etapa ha sido Colombia, donde ha presenciado tanto la salida de miles de personas como del trabajo de las comunidades de acogida.

Filippo Grandi, visitó Villa del Rosario, donde fue testigo de cómo unos cuatro mil venezolanos cruzan la frontera a diario para entrar en Colombia, en este caso, a través del Puente Internacional Simón Bolívar.

En una entrevista con el Centro de Información de las Naciones Unidas en Bogotá, Grandi dijo que “lo más asombroso es el tamaño de la corriente de las personas que salen de Venezuela y se dirigen a Colombia”.

“Visité el puente un domingo por la mañana y lo que se ve es una corriente de personas que vienen. Tiene todo tipo de grupos. Venezolanos que vienen a quedarse o a continuar su marcha hacia Ecuador u otros países en Sudamérica. Venezolanos que vienen solo por unos días para comprar productos o simplemente comer o ir a un centro de salud. También hay colombianos que han vivido en Venezuela durante muchos años que regresan por la penuria que sufren. Muchos tienen lo que llamaríamos necesidad de protección internacional, son refugiados en otras palabras. Otros vienen por razones más prácticas”, comentó Grandi.

El Alto Comisionado comentó que todos ellos conforman una población vulnerable que tiene un impacto enorme en el área. En los servicios, en la vivienda y, hasta cierto punto, debido a la muchedumbre, en la seguridad.

También se dijo “impresionado” por la respuesta de las autoridades colombianas, de las autoridades locales y de la sociedad civil. “Hay mucha solidaridad y muchos colombianos recuerdan que Venezuela acogió cientos de miles de ellos durante el conflicto en Colombia”, aseguró.

Apoyo internacional para Colombia

“Los desafíos son enormes”, comentó el Alto Comisionado para quien es importante que Colombia reciba “mayor atención y apoyo internacional”. 

Grandi explicó la ayuda que está ofreciendo la Agencia de la ONU para los Refugiados en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones.

“ACNUR y la OIM estamos trabajando conjuntamente, porque es un flujo mixto. Lo que hemos hecho es crear una plataforma regional para coordinar entre las varias respuestas en los diferentes países impactados por esta corriente de personas hacia Colombia, pero también a Ecuador, Perú, Brasil y otros muchos países. Unos quince países en la región”, señaló.

La plataforma “asegurará que hay una respuesta coherente”, dijo el responsable de ACNUR, porque hay varios asuntos que son similares entre los países, como la necesidad de mejorar el registro y documentación de los que cruzan, tarea que calificó de fundamental.

También es muy importante dar una respuesta coherente “al vínculo entre la respuesta humanitaria y la necesidad de moverse rápidamente a intervenciones a largo plazo”, aseguró Grandi, que citó como ejemplos: “asegurar que los niños van a la escuela o que la gente tiene acceso a los servicios de salud o que, en algún momento, y esto va a ser muy duro, que la gente tenga acceso a puestos de trabajo, para que puedan sustentarse”.

Tales intervenciones serán coordinadas por los distintos Estados, pero tendrán que estar apoyadas no tanto por agencias humanitarias, sino por agencias especializadas en el desarrollo e instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Cúcuta, 10 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Foto: Fabio Cuttica/ACNUR.

El Presidente de la República Iván Duque Márquez, asumió una defensa de la labor de la Fiscalía General de la Nación y pidió “cordura y humildad” respecto a la denuncia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz, al referirse a que el ente investigador cometió una intromisión en el caso 001 y que tiene que ver con la relación de los secuestros que se le atribuyen a los excombatientes de las Farc.

El Jefe de Estado afirmó que “Los magistrados también deben ser humildes cuando reciben observaciones de otro ente y que alertan sobre riesgos que se pueden estar presentando en las estructuras de las jurisdicciones".

Precisó el mandatario colombiano que no busca terciar en la controversia pero pidió “cordura y llamar a la armonía de poderes”, tras señalar que lo que necesita el país en este momento en la lucha contra la corrupción.

“Donde quiera que haya corrupción enfrentarla con total determinación, donde quiera haya una influencia indebida denunciarla y desarticularla, pero no podemos satanizar el papel investigativo de los órganos que la Constitución haya creado para cumplir con esas misiones”, dijo el mandatario.

Con el fin de expresar su solidaridad, el presidente de la República, Iván Duque, visitó este domingo la casa del alcalde del municipio de El Carmen (Norte de Santander), Edwin Contreras, y su esposa, Diana Arévalo, padres del menor Cristo José, recientemente secuestrado en esa zona.

El jefe de Estado llegó a El Carmen cerca de las 9:00 de la mañana, donde también habló con los oficiales de la Fuerza Pública encargados de la zona, para indagar sobre los avances en los operativos de búsqueda del pequeño. Posteriormente, ingresaron a la habitación otros familiares.

“Vine aquí a expresarles mi solidaridad y afecto por la familia y estamos haciendo todo lo posible para que Cristo José esté de vuelta en su hogar”, sostuvo el Jefe de Estado.

Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2018

Fuente Colprensa.

El ultraderechista Jair Bolsonaro suma un 46,70 % de los votos en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil, según datos oficiales, con un 95,57 % del censo escrutado, que confirman que disputará una segunda vuelta frente al progresista Fernando Haddad, que acumula un 28,37 %.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), escogido “a dedo” por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva una vez que no pudo presentarse por su condición de preso y condenado por corrupción, tiene ya garantizado el segundo puesto y su lugar en esa nueva elección, que será celebrada el próximo 28 de octubre.

Según las normas electorales brasileñas, la segunda vuelta es necesaria cuando ningún candidato supera el 50 % de los votos, una meta de la que Bolsonaro ha quedado a apenas un paso con un apoyo que ha superado en casi diez puntos lo que le atribuían las encuestas.

En tercer lugar, muy lejos de Haddad, se situó el laborista Ciro Gomes con un 12,52 % de los votos válidos.

Las encuestas publicadas hasta este sábado apuntaban que, en caso de una segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad, ahora confirmada, ambos estarían empatados en torno a un 45 % de los votos.

La posibilidad de la segunda vuelta fue anticipada por una encuesta a pie de urna divulgada tras el cierre de las mesas por el instituto Ibope, que le adjudicó a Bolsonaro un 45 % de los votos válidos, frente al 28 % que habría obtenido Haddad.

Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2018

Por EFE.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se siente optimista porque las instituciones colombianas seguirán trabajando en el núcleo de la Agenda de Paz, según su último informe sobre la Misión de Verificación en Colombia, en el que, no obstante, señala que los desafíos permanecen siendo tremendos, entre los que cita la expansión de las economías ilegales, la competencia de los grupos delictivos por el control territorial y la persistencia de la violencia.

“El compromiso del nuevo Gobierno de aplicarse en la implementación del Acuerdo de Paz y el amplio apoyo del que goza el Acuerdo entre la oposición y los partidos independientes, son testimonio del mayor apoyo para el Proceso de Paz que hay en la actualidad”, se lee en el último informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

El documento añade que, además del Gobierno y de los partidos políticos, variadas instituciones importantes del Estado, entre ellas el Congreso, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, han apoyado la implementación de partes clave del acuerdo y han contribuido a esa implementación.

“Si la viabilidad de un proceso de paz se juzga por cómo sale parado el proceso tras un cambio de gobierno, del que negoció y firmó el acuerdo de paz a otro nuevo, las medidas adoptadas por el presidente que se señalan en el presente informe son prometedoras”, asegura Guterres.

Por este motivo, el titular de la ONU asegura ser “optimista” y albergar “esperanzas” de que las instituciones colombianas seguirán trabajando en las cuestiones que en el núcleo de la agenda de paz: la seguridad, el desarrollo y el estado de derecho en las zonas afectadas por el conflicto; un sistema eficaz de verdad, justicia y reparación a las víctimas; y los compromisos esenciales contraídos con quienes han dejado las armas.

Colombia tiene retos enormes

No obstante, los desafíos “siguen siendo tremendos”, señala el titular de la ONU. Un tema de permanente preocupación para el Secretario General es el aumento del número de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales.

Todas las fuentes, incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), atestiguan que los asesinatos y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos no han cesado.

De acuerdo con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en febrero de 2018, los asesinatos y amenazas afectan a 12 de los 32 departamentos del país. En esta misma alerta se señalan los múltiples factores que hay detrás de estos asesinatos, entre ellos la participación de las víctimas en la:

La defensa de la tierra y recursos naturales.

La implementación del Acuerdo de Paz, en particular del programa de sustitución de los cultivos de coca y la formulación de planes de desarrollo rural, la restitución de tierras y el regreso de los desplazados y la defensa de su tierra frente a intereses privados son desafíos de gran envergadura.

Además, las economías ilícitas, que incluyen la extracción minera y las drogas, son una fuente continua de violencia en el país y constituyen una amenaza para el proceso de paz. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó un informe en el que se señala que el cultivo de coca en el país había alcanzado un nivel histórico de 171.000 hectáreas, con una producción potencial de 1.379 toneladas de cocaína pura.

La reincorporación económica, todavía lejos de lograrse

Sobre la reincorporación, el Secretario General reitera que el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a los excombatientes, dista mucho de haberse logrado, como ilustra el hecho de que solo se han aprobado 17 proyectos, de los cuales solo 2 cuentan actualmente con financiación.

Ante esta situación, la Misión ONU Colombia ha redoblado sus esfuerzos por apoyar actividades de generación rápida de ingresos, utilizando recursos del fondo fiduciario del Departamento de Asuntos Políticos y contribuciones adicionales de los donantes.

En total, esas iniciativas apoyan 47 emprendimientos de excombatientes en los 25 espacios territoriales y en 22 nuevos puntos de reagrupamiento. Nueve de esas microempresas están dirigidas por mujeres y en todas las iniciativas apoyadas se tienen en cuenta consideraciones de género.

Referente a las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, el Presidente Iván Duque ha dejado claro que espera un cese total de la violencia; mientras el ELN ha afirmado que se propone lograr un cambio sustantivo sobre la base de un amplio diálogo social.

Los dos objetivos no son incompatibles, señala el informe.

Nueva York, 7 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

El Comité Noruego concedió el Premio Nobel de Paz 2018 a Denis Mukwege y Yazidí Nadia Murad, como reconocimiento en la lucha que han librado contra la violenia sexual.

"Nadia Murad es la testigo que habla de los abusos cometidos contra ella y otros. Ella ha demostrado un valor extraordinario al relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas", dice el Comité que otorga el galardón. Murad vivía con su madre y sus 12 hermanos en el pueblo de Kojo, al norte de Irak, cuando el 3 de agosto de 2014 llegaron los soldados del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Fue secuestrada y vendida como esclava sexual. La joven logró escapar en noviembre de aquel año, gracias a la ayuda de los vecinos. Acabó en un campo de refugiados de Irak y después se trasladó a Alemania. 

El médico Denis Mukwege, de 63 años, ha pasado gran parte de su vida ayudando a las víctimas de violencia sexual en la República Democrática de El Congo. En 1999 fundó, gracias al apoyo de las organizaciones de ayuda internacional, el hospital de Panzi, en la ciudad de Bukavu, al este del país. Como cirujano jefe de este centro, él y su equipo han intervenido a decenas de miles de mujeres violadas y víctimas de la ablación.

"El doctor Mukwege ha condenado repetidamente la impunidad por violaciones masivas y ha criticado al Gobierno congoleño y a otros países por no hacer lo suficiente para detener el uso de la violencia sexual contra las mujeres como estrategia y arma de guerra", sostiene el Comité Noruego.

"Acepto este premio por vosotras", ha dicho Mukwege  desde el hospital Panzi, según informó el diario local Actualité. "Esto demuestra que vosotras (las mujeres) ya habéis sido reconocidas. Este premio no tendría sentido si no reconociera la lucha de la mujer", añadió el ginecólogo. En octubre de 2012 sufrió un atentado en el que murió uno de sus colaboradores, justo un mes después de haber dado un discurso en la ONU en el que pedía a la organización una "condena unánime" contra los grupos rebeldes "responsables de actos de violencia sexual".

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2018

Redacción Ecos Internacional. 

Resumen de Agencias Internacionales.