Opinión
No obstante las múltiples advertencias de muchos opinadores, editorialistas y medios de comunicación, el Congreso aprobó la mal llamada reforma a la justicia, con un texto redactado por la comisión de conciliación de Senado y Cámara en el que abundan temas diferentes a los aprobados por cada corporación y que consagra odiosos privilegios.
Un estudio reciente realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CEPAL y el Fondo Mundial para la Naturaleza, destaca que, si bien es cierto que Latinoamérica contribuye “sólo” con el 11% de las emisiones de GEI, si no cambia sus prácticas actuales, la región pasará de generar 4.7 toneladas por habitante de GEI que emite actualmente a 9.3 toneladas, lo cual no deja ser preocupante.
Durante los días 20 y 21 de este mes tendrá lugar en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, más conocida como Cumbre de la Tierra Río + 20 debido a que se realiza 20 años después de la primera en 1992, la cual contó con la asistencia de 172 gobiernos incluidos 108 jefes de Estado y de Gobierno.
El Senado y la Cámara conciliarán el próximo martes los textos de la mal llamada reforma a la justicia, que mediante un acto legislativo tramitó el Congreso de Colombia.
Contrariamente a lo que da por supuesto la Corte Constitucional en su fallo de exequibilidad del Acto legislativo que reformó el régimen de regalías, ninguno de los fondos que hacen parte del Sistema General de Regalías (SGR) que se creó en virtud del mismo dispone de recursos para las comunidades indígenas como participación directa. Esta la tenían en el régimen anterior y con esta reforma se la arrebataron.
Esta semana conocimos la información, según la cual, la Séptima División del Ejército Nacional había alertado al doctor Sergio Fajardo sobre un inminente atentado contra su vida, con serios informes y fundadas razones para creer en la seriedad del mismo.
La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso el 16 de mayo del presente año, que el período de la Mesa Directiva de la Asamblea de Antioquia, que presidía el diputado Héctor Jaime Garro Yepes, comprende desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.
Es bien sabido que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siempre que se tomen decisiones que los afecten, sean ellas de carácter administrativo, legislativo y con más veras si se trata de una reforma constitucional se impone la consulta previa a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Todo hace presumir a los colombianos que la detención del exdiputado a la Asamblea del Valle del Cauca, Sigifredo López, es un nuevo e injusto oprobio infligido por la Fiscalía General de la Nación contra este personaje que ya padeció un secuestro de más de siete años a manos de la guerrilla, la ausencia de su familia y la pérdida de sus colegas atrozmente ejecutados por los asesinos.
Queda cada vez más evidente que principios tan caros, que son parte de la quintaesencia de la Constitución Política de Colombia, como lo son la descentralización y la autonomía territorial quedan heridos de muerte con la reforma del régimen de regalías, que además de fiscalista es recentralizadora.
