Opinión

Por Amylkar D. Acosta M.-La aguda crisis que afronta Venezuela tiene tres aristas fundamentales, la política, la económica y la social, con una gran imbricación entre ellas tres. Desde 1999 empezó a gestarse en Venezuela lo que denomina acertadamente el sociólogo argentino O´Donnell la “democracia delegativa” o de “baja intensidad”, que llevó a los venezolanos a delegar todo el poder de decisión en las manos de un líder mesiánico, carismático y providencial, como lo fue en vida Hugo Chávez Frías. Y ello fue posible por el desencanto del pueblo y su desapego a la institucionalidad, a consecuencia de la corrupción rampante y el desprestigio de la política y de los políticos tradicionales. El “socialismo del siglo XXI” que preconizó Chávez y profundizó Maduro ha conducido a Venezuela a un callejón sin salida y ha trocado a Venezuela en un Estado fallido. De hecho Venezuela ocupa el puesto 117 entre 167 países calificados por The Economist Intelligence Unit y Ecoanalitica en el Índice de democracia, con una puntuación de 3.87 sobre 10.

Es bien sabido que la políticaes la expresión concentrada de la economía, no se pueden separar la una de la otra, pretender separarlas sería como intentar aplaudir con una sola mano. La economía sigue la suerte de la política y esta la de aquella. La política económica durante el largo período de la llamada “revolución Bolivariana” ha sido un desastre, pues lejos de superar las dolamas que agobiaban a la economía a consecuencia de su total dependencia del petróleo, se acentuaron. Sus exportaciones de crudo representan el 96% de las exportaciones totales y de allí que mientras el precio del mismo superaba los US $100 el barril, la bonanza de los petrodólares alcanzaba para dar y convidar. Pero esta es sólo una cara de la moneda.

Como bien dijo Warren Buffet, “cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo” y eso pasó con Venezuela. Después de exportar crudo a US $246.50 el barril en junio de 2008, su precio llegó a rozar los US $25 en enero de 2016, para luego repuntar en el 2017 hasta alcanzar el precio promedio de US $52.10 el barril, muy lejos de los añorados US $100. El impacto de la destorcida de los precios en su balanza comercial y en sus finanzas públicas ha sido demoledor, tanto mayor en cuanto que al desplome de los precios se vino a sumar la caída de la producción, desde los 3.4 millones de barriles/día en 1998, en vísperas del ascenso de Chávez al poder, a los 1.83 millones en noviembre de 2017. Y las expectativas no son halagüeñas, ya que la exploración viene de capa caída, de 81 taladros en operación en 2013 pasó a sólo 40 en 2017. Ello no deja de ser paradójico en un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo (297.000 millones de barriles), por encima de Arabia Saudita.

Este descalabro de la industria petrolera en cabeza de la estatal PDVSA ha arrastrado a la economía, hundiéndola en una profunda recesión, en la que se combina una caída del crecimiento del PIB del 15% en el 2017 con una hiperinflación sin par en el hemisferio de 2.616% (¡!), según el FMI, el único país en el mundo con inflación de cuatro dígitos. Se estima que Venezuela ha perdido 40% de su PIB en los últimos 4 años, durante los cuales se ha venido destruyendo su aparato productivo. El férreo control de precios por parte del Gobierno, la intervención del mercado y las medidas confiscatorias que se han tomado sólo han servido para provocar el desabastecimiento de los productos básicos y el saqueo del comercio por parte de turbas enardecidas para hacerse a ellos. Esta espiral alcista ha dado al traste con el poder adquisitivo del Bolívar “fuerte”, al punto que la tasa conocida como Dicom, ahora la única oficial, que se cotizaba en agosto de 2017 a 4.146.13 bolívares por Euro, pasó ahora a transarse, con el “Nuevo Sistema de Cambio Complementario”, por disposición del Banco Central, a 30.987.5 bolívares (¡!). Es tanta la desmesura que de muy poco les ha servido a quienes devengan el salario mínimo en Venezuela que en el transcurso de 2017 se lo hubieran reajustado 6 veces (¡!) y que arrancara el 2018 con un primer reajuste del 40% (¡!).

El Gobierno de Nicolás Maduro atribuye esta calamitosa situación a la “guerra económica” que le ha declarado el “Imperio” y se enfrenta a este tal y como el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha lo hizo contra el espejismo de los molinos de viento. De allí que, en su desesperado afán de evitar el colapso de la economía llegó al extremo de aferrarse a la criptomoneda, cuya moneda virtual bautizó con el sugestivo nombre de Petro, dizque “para vencer el bloqueo financiero” del cual, supuestamente, es objeto Venezuela. Según él dicha moneda está respaldada por la riqueza del país, fincada en sus reservas de petróleo, gas, oro y diamante. Pero estas maniobras no han impedido que las firmas calificadoras de riesgo Standard and Poor´s y Fitch rebajaran la nota para la deuda soberana de Venezuela  y a la misma PDVSA a “categoría especulativa de alto riesgo” y “default selectivo”, respectivamente. Es un hecho que la economía venezolana ha implosionado y le tomará mucho tiempo reponerse.

Barranquilla, febrero 10 de 2018

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Por Gabriel Ortiz.- Encuestas con diversos resultados, propaganda negra, posverdad, falsas noticias, extravagante y malintencionado populismo, terrenos vedados, sabotaje a concentraciones, odio, polarización extrema y total desorientación reinan en esta campaña electoral para Senado, Cámara y Presidencia.

El engaño y la mentira apestan, desorientan a los electores y estimulan la creación de organizaciones que coartan la libertad a electores, candidatos, partidos y movimientos.

A De la Calle le niegan un foro universitario y a Timochenko lo insultan, apedrean e impiden llegar a las plazas públicas. Afloran candidatos cuyas banderas llevan el único sello del insulto, el descrédito y la descalificación de sus contendores. Los tuits repletan el internet con toda suerte de mensajes, generalmente falsos. Increíble que un conocido e influyente personaje haya aprovechado las redes para insultar y vituperar a quien va ganando, con la publicación del montaje de un falso afiche de Fajardo. 

Hay una organización ambulante -que parece ser de una disidencia del CD- detrás de las manifestaciones de la Farc, que insulta y lanza objetos para impedir que sus simpatizantes puedan conocer los programas y objetivos. Si hemos logrado la paz, debemos respetarla y respetar a sus actores. Son populistas que posan de mansas ovejas y redentores de un país que va por buen camino.

La manida arenga de que seremos Venezuela con Maduro y todo, ya está desgastada. Por ello se acude a una palabrería violenta sin límite. Los hermanos venezolanos vienen a Colombia porque somos un país próspero y con futuro asegurado.

Hay quienes quieren ganar el próximo gobierno contra viento y marea. Con compra de votos, con engaño, poniendo a la gente a rabiar y conducirla a las urnas con odio en sus corazones.

Por ahora, tenemos una perentoria advertencia de la Corte: “todos son responsables de lo que suban a las redes sociales”. Ya hay material suficiente para empezar a sancionar. Los conocidos hacker están actuando al igual que los manipuladores de votos.

Entre tanto, la sociedad debe estar lista para defender nuestra democracia, amenazada por el populismo. Ese populismo que las extremas quieren aplicar en Colombia. Ese experto en engañar a los electores y asustarlos con los fantasmas de Maduro y del No.

La Colombia sensata está alerta para impedir que el aterrador espectro, ese coco del populismo, que asusta y aterra, pueda desviar unos resultados electorales limpios, utilizando preliminares encuestas, para pescar en rio revuelto.

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Hoy, día del Periodista en Colombia, debemos rendir un homenaje a los defensores de la libertad de expresión, a un grupo de colegas que ha creado la Fundación Colombiana de Periodismo, que busca poner fin a la posverdad y a las noticias falsas. Es la única organización que se ha ocupado de este cometido que nos conducirá a la verdad y al rescate de la reportería y la ética, para defender la democracia y la libertad de prensa.

BLANCO: La buena hora de Millonarios campeón.

NEGRO: Toda Bogotá, es el nuevo relleno sanitario.

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Por José G Hernández.- Ante el rechazo de comunidades a las cuales ha concurrido en busca de votos, Rodrigo Londoño -“Timochenko”- ha dicho que “no tiene por qué arrepentirse” de sus delitos pero que pide perdón por ellos.

Aunque no me quiero referir a su responsabilidad penal, pues definirla corresponde a la Justicia, vale la pena reflexionar sobre los términos usados. Se ha puesto  fin a un conflicto en cuyo curso se cometieron crímenes atroces, de lesa humanidad, y se causó inmenso daño a miles de víctimas.

María Moliner, en su Diccionario de uso del Español, recuerda que la voz “arrepentirse”, del  latín “paenitere”, lo mismo que “penitencia”, significa “sentir haber hecho o dejado de hacer cierta cosa, bien por no encontrarla conveniente después de hecha, bien por ser una mala acción o por el daño causado”.

La misma obra señala que la expresión “perdonar”, del latín tardío “perdonare”, significa “renunciar alguien voluntariamente a castigar una falta, delito u ofensa, o a cobrar una deuda”. También quiere decir “no guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio o se es objeto de falta de la estimación o el cariño por parte de alguien”.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra “arrepentimiento” es “pesar de haber hecho algo”; en Derecho, es arrepentimiento “el que manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito, o a facilitar su castigo. Puede ser  circunstancia atenuante”.

Aunque el “arrepentirse” es algo que  proviene del fuero interno de quien ha cometido la falta o el crimen, o  que ha  inferido agravio u ofensa, al paso que el “perdonar”  alude a la actitud del agraviado (o del Estado, en los sistemas en que se contempla la figura del perdón ejecutivo, legislativo o judicial),  lo cierto es que, cuando del agresor o criminal proviene la petición de perdón dirigida a la víctima, a la sociedad o al juez, el arrepentimiento no es solamente un sentimiento que comienza y termina en el interior del arrepentido, sino que se traslada a la víctima o al Estado, unido ese sentimiento a la voluntad de no volver a incurrir en la falta o en el crimen del que se trata.

Ninguna importancia jurídica tendría pedir perdón pero sin el arrepentimiento y la consiguiente voluntad de no repetir la conducta por la cual se pide perdón. No es sincera, ni es digna de crédito la expresión de solicitar perdón por un hecho u omisión -lo que encierra la promesa y seguridad de no repetir la misma conducta-, sin haberse arrepentido de haber actuado o dejado de actuar en daño de un determinado bien jurídico o en perjuicio de una o varias personas. En tal caso, se pediría perdón, pero reservándose la decisión futura de repetir o no el mismo delito, con la misma o con otras víctimas.

Si quien ofendió o causó daño dice no arrepentirse, está diciendo que le parece bien lo que hizo, y por tanto, que lo volvería a hacer, porque  estima que obró correctamente. Ello es muy grave para una sociedad que no quiere repetir la experiencia de un conflicto en que, por acciones de muchos -que pueden no estar arrepentidos, y que estiman laudable lo que hicieron-, miles de personas fueron lesionadas, torturadas, privadas de su vida o de su libertad. Y ello se hizo como ilícito, contra la ley, contra la sociedad, contra el deber ser, y no como digno de encomio.

La voluntad de paz de quienes conspiraron contra la sociedad y dejaron víctimas en su camino, comienza por el arrepentimiento.

Por Jairo Gómez.- Además de dedicarle diez minutos de su discurso sobre el Estado de la Unión a aterrorizar a los inmigrantes nacidos en los “países de mierda” amenazándolos con la deportación, Donald Trump aprovechó para desprestigiar a China y Rusia, acicate que utilizó para justificar el arsenal nuclear que posee su país y para advertirle a sus ciudadanos el riesgo que representan esos países para USA.

Perdidos los estribos, como lo evidencian sus fallidas salidas en público para tratar de desviar cualquier investigación que corrobore la “manipulación rusa de las elecciones” a favor de su candidatura en detrimento de Clinton y la entrada de dinero ruso al proceso electoral, Trump le ordenó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, realizar un periplo por América Latina con una tarea específica: desprestigiar a Pekín, su gran competidor comercial, y a Moscú, el enemigo estratégico de Washington en la región.

Previo a comenzar su larga correría, Tillerson habló para los estudiantes en una universidad americana y, tras matizar las verdaderas intenciones de su viaje, decidió lanzarle un misil al gobierno de Maduro, y no descartó la posibilidad de que los militares de ese país tomen cartas en el asunto y retiren al presidente venezolano del poder. En resumen: eventualmente, apoyaría un golpe de Estado.

Lo curioso de este viaje del secretario de Estado es que en dos países de los cuatro que componen el periplo, se celebran elecciones este año: México y Colombia. Curiosidad que no termina ahí: en estos dos países en mención los aspirantes presidenciales que encabezan las encuestas son de centroizquierda.

Pues bien, Tillerson en México dijo: “Sabemos que Rusia tiene sus huellas dactilares en elecciones de todo el mundo. Mi recomendación es que presten atención a lo que sucede”. Blanco es, gallina lo pone y frito se come, dice el refrán popular. Cree la Casa Blanca, además de tratar de opacar el apoyo de una trama rusa a Trump para derrotar a Clinton, que en México como en Colombia la posibilidad de reeditar un régimen a lo Maduro está a la vuelta de la esquina y el más interesado en que ello ocurra, calculará, es Moscú y su “zarista” líder, Vladimir Putin.

Consciente de haberse aislado erróneamente de la realidad latinoamericana, la Casa Blanca pretende recomponer las relaciones con el sur de América, territorio en el que Pekín como Moscú, le han empezado a pisar los talones a Washington. Pero la tarea no va a ser fácil, creo yo, luego de los desplantes y amenazas que Trump, en su acostumbrada patanería, ha proferido contra estos países: A México, además de tratar de ningunearlo en el TLCAN, le recuerda que el muro en la frontera no se lo rebaja; a Argentina, otro de los países que visitó, le negó la comercialización de limones luego de que Obama le abriera las puertas del mercado gringo; y a Perú, el cuarto país en la agenda, tratará de disuadirlo de salirse de las garras de China, hoy su primer socio comercial.

El gigante asiático ya le respondió a Trump, y en un tono inusual le recordó: “En vez de perder el tiempo criticando a China, quizás sería una buena idea que Washington rebajara la retórica hostil que ha provocado la ira en América Latina con propuestas como endurecer la inmigración, construir un muro o buscar inclinar los tratados comerciales a su favor”.

Y en medio de esta refriega imperial, Tillerson pisará suelo colombiano. Seguramente será el encuentro menos hostil de su visita. Aquí encontrará una gran alfombra roja, garantizada la venia y el besamanos. ¿Qué asuntos albergará la agenda bilateral? Veamos: Sobre Venezuela, ya Santos le dijo que no aceptaba una intervención militar, esperemos que no cambie de parecer. Comercialmente, la dependencia del país del norte es inmodificable, es de acero y aquí China y Rusia son marginales. ¿Entonces qué queda en la tablet? ¿La imposición del glifosato para erradicar los cultivos de hoja de coca? Sin duda, este será un tema central en las narcotizadas relaciones con Estados Unidos. Claro, en vísperas de unas elecciones y con la centroizquierda liderando las encuestas, alertará sobre los riesgos que desde las estepas siberianas decidan meterle la mano al debate electoral.

Aunque en este último punto ni Trump ni su mensajero diplomático tienen la autoridad moral para hacerlo; sin embargo, la advertencia lleva implícita una preocupación: que la centroizquierda llegue al poder.

@jairoevi  

Por Amylkar D. Acosta M.- Para seguir avante en el propósito de aprovechar el cuarto de hora que les queda al carbón y al petróleo se tendrán que superar dos escollos que tiene a la actividad extractiva en Colombia en ascuas: la inseguridad jurídica y la conflictividad social. En cuanto a la inseguridad jurídica manifiesta el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería Santiago Ángel que “si las cortes siguen abriendo en forma retroactiva y parando los proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”.

Pero, la verdad sea dicha, una de las principales fuentes del activismo judicial y del exacerbamiento de los conflictos sociales en las regiones en donde operan las empresas extractivas es la falta de un ordenamiento territorial, dando lugar a un  conflicto de usos y de ocupación del territorio y de contera un conflicto de competencias entre las entidades territoriales y el Gobierno central. Un ejemplo patético de ello es el lío que se ha armado alrededor de la tardía delimitación del Páramo de Santurbán. A esto se viene a añadir, en el caso de la minería, los vacíos jurídicos que deja el anacrónico Código de Minas, que no responde a las nuevas realidades.

Pero, indudablemente, el detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones productoras fue la expedición del Acto legislativo 05 de 2011, que reformó el régimen de regalías en detrimento de ellas, que ahora no se sienten bien compensadas con lo que reciben con el nuevo reparto de las mismas. Alegan y con razón que el mayor impacto económico, social y ambiental de la actividad extractiva se da en el territorio en donde operan las empresas. En su momento se adujeron razones de equidad para repartir la “mermelada” en toda la tostada nacional, pero el impacto no se reparte, se queda en las regiones productoras. Se pretextó también que el manejo de las regalías en las regiones era una fuente de corrupción, pero con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) lo que se hizo fue vender el sofá de la infidelidad, porque la corrupción ha hecho metástasis y ninguna institución o rama del poder público ha escapado a ella. En su momento, ante la amenaza en ciernes del despojo desde las regiones clamaban porque le dejaran las regalías y se llevaran a los corruptos y lo que sucedió fue todo lo contrario, se llevaron las regalías y les dejaron a los corruptos!

Capítulo aparte merece la proliferación de consultas populares y acuerdos municipales en contra de la actividad extractiva. De los 1.122 municipios con los que cuenta el país, desde el año 2013 se han realizado consultas populares en 9 de ellos, en 127 de ellos están en curso iniciativas para prohibir la actividad extractiva a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas 81 consultas populares y 46 acuerdos municipales aprobados, de los cuales sólo 9 han sido objetados. Las altas cortes le han dado un espaldarazo a estas iniciativas ciudadanas al disponer de una parte que son las entidades territoriales las competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio y de otra que el resultado de las consultas populares tienen efecto vinculante.

Es de anotar que la actividad extractiva ha sido y sigue siendo una de las más importantes fuentes de ingresos del Estado, así como del Gobierno central como de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) casi su única fuente de financiación de sus proyectos de inversión. En el año 2013, la actividad extractiva le llegó a significar al país entre impuesto de renta, regalías y dividendos la no despreciable suma de $29.8 billones, de los cuales $20 billones se apropiaron en el Presupuesto General de la Nación, representando el 29.3% de sus ingresos corrientes. Para ese mismo año el SGR recibió el remanente, es decir $9.8 billones. Es más, según la Contraloría General, entre 2012 y 2016 la actividad extractiva alimentó al SGR con $40.3 billones, de los cuales el 80.4% provinieron de la extracción de crudos y el 19.6% de la minería propiamente dicha.

Y, según el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez, el freno de mano que le han impuesto las protestas, bloqueos y oposición a la actividad extractiva se han dejado de recibir ”por concepto de regalías cada año superarían los $226.000 millones y significarán para el país en los próximos cinco años un hueco fiscal de $1.2 billones”. De manera que quienes le dicen no, sin atenuantes, a la actividad extractiva en el país deberán decir también con qué otras fuentes de ingresos se van a suplir los que se dejarían de recibir si ella se paraliza, porque estamos hablando de un monto sustancial de recursos con los cuales se financia  tanto el funcionamiento como la inversión del Estado.  

Riohacha, febrero 3 de 2018 

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Por Mauricio Cabrera Galvis.- La decisión de Humberto de la Calle y Clara López de unirse para las próximas elecciones es una luz de esperanza en medio de las tradicionales divisiones de las fuerzas progresistas del país que les dificultan construir una alternativa que sea ganadora frente a la más organizada derecha, que siempre es capaz de superar sus diferencias para llegar al poder.

Tanto la iniciativa de Humberto de invitar a Clara a ser su fórmula vicepresidencial como la decisión de ella de renunciar a sus aspiraciones de candidata a la presidencia son una demostración de coherencia y madurez política, que es posible cuando hay afinidad en los principios y en los objetivos.

La alianza es coherente porque desde que se lanzaron como candidatos ambos hicieron continuos y persistentes llamados a la unidad de los partidos y movimientos de centro izquierda. Desafortunadamente hasta ahora no ha sido posible, pero ellos decidieron dar un primer paso, que no significa que abandonen su empeño. De hecho, al anunciar su decisión, reiteraron que no desistirán en su propósito de lograr una amplia convergencia para garantizarle a Colombia un posconflicto con profundas reformas sociales.

También hay coherencia por las muchas coincidencias programáticas de las dos campañas. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero no hay duda de que a pesar de las diferencias de matices, Humberto y Clara son ambos liberales de izquierda, y que hay mucha más cercanía programática e ideológica entre ellos que la que puede nunca llegar a darse entre el conservatismo tolerante de Marta Lucía y la intransigencia homofóbica del ex procurador, o entre el extremo centro de Sergio Fajardo y la izquierda sesentera de Robledo. Por el contrario, los programas del candidato liberal y los del movimiento “Nuestro partido es Colombia” tenían grandes afinidades. No solo los une el compromiso con la paz sino el consenso con las cuatro prioridades que debe tener el próximo gobierno. 

Primera, la equidad y la justicia social. “primero los pobres” dice Humberto, mientras que Clara enfatiza la necesidad de pagar la deuda social; segunda acelerar el crecimiento, modernizar la economía y generar empleo decente; tercera, disminuir la inseguridad ciudadana y cuarta combatir la corrupción.

Por Juan Manuel Galán.-Todos nos preguntamos qué va a pasar con el ELN. ¿Aún es posible sacar adelante un proceso de paz con esta guerrilla? ¿O no tiene ningún sentido la Mesa de Quito? La respuesta parece depender de la voluntad del Presidente de turno, o del respaldo político con el que cuente, de la coyuntura de las elecciones o, incluso, de los comunicados que ordene publicar Gabino. Sin embargo, hay formas más serias de manejar el futuro y la seguridad de un país.

Para tomar decisiones tan delicadas como las que hoy nos convocan, es necesario contar con herramientas adecuadas y suficientes para la recopilación, análisis y transformación de información confidencial dirigida a garantizar la seguridad de más de 48 millones de ciudadanos.

Me refiero a las agencias de inteligencia que deben ser la principal fuente para la toma de decisiones sobre estos temas. En la actualidad, en Colombia existe la Inteligencia de la Fuerza Pública y las Unidades de Inteligencia de la Fiscalía General de la Nación. Recientemente, en 2011 se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, como un cuerpo civil encargado de producir inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado y asesorar al presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional. 

Sin embargo, seguimos dejando en el último lugar los servicios de inteligencia civil, perdiendo así una importante fuente de información estratégica para la toma de decisiones sobre negociaciones de paz. La única manera de tener información adecuada y suficiente en materia de inteligencia, es diseñar un sistema de incentivos para que los organismos encargados de ella vuelvan a los objetivos para los que fueron creados y afinen sus herramientas de recolección y análisis. Así, los recursos financieros destinados a la defensa y seguridad del país, se deben distribuir dependiendo de la efectividad de la labor de cada agencia y no de su carácter civil o militar.

Por Gabriel Ortiz.-Cuando Peñalosa ganó las elecciones para convertirse en alcalde de Bogotá, una de sus promesas fue hacer de la capital la ciudad más segura del país. Para lograrlo, anunció la creación de una flamante secretaría dedicada por completo a ese objetivo.

Dos años después nos encontramos con una amarga realidad: una metrópoli invadida por la criminalidad, el desasosiego y el nerviosismo. Cada ocho minutos atracan a un ciudadano para robarle el celular, no sin antes aplicarle una cuchillada.

Bogotá es una ciudad amarga, una capital sin destino, una urbe en poder del hampa. Está invadida de maleantes locales y venidos de otras áreas. Hay centenares de supuestos venezolanos, que cuando no están delinquiendo hacen política en el Transmilenio, pregonando a los usuarios que si no votan por los del No, caeremos en las garras del castrochavismo. ¿Quién los financia?

Los “carteles” también azotan a los capitalinos. Los de “la toga”, de la “defensa”, de los “jueces”. Muchos funcionarios judiciales, siguen el ejemplo del “cartel de toga”. Tienen sus propias tarifas para liberar de inmediato a los delincuentes. Los maleantes salen a las calles antes de que sus víctimas terminen de poner las denuncias.

El “cartel de la defensa” -integrado por millares de corruptos abogados- merodea por juzgados y Uris esperando la llegada de los delincuentes detenidos en flagrancia por las autoridades. Este cartel conoce las tarifas del “cartel de los jueces”. Por ello hay delincuentes que en un año han sido detenidos más de 29 veces.

El violador que abusaba de dos niñas, una su propia hija, era denunciado ante las autoridades, pero nunca recibió castigo alguno. Cuando la comunidad enardecida lo quiso linchar, apareció la policía. Posiblemente este monstruo estará de nuevo abusando de las menores, mientras los vecinos habrán recibido amonestaciones y denuncias por parte de las autoridades. Todos conocen la existencia de los carteles, pero el Consejo de la Judicatura con todos sus poderes, no actúa… no sanciona.

Así se combate la inseguridad en el país y en la amarga capital. Mientras la congoja embarga a Bogotá, su alcalde solo se preocupa por invadir los humedales y las reservas forestales, de elevar las tarifas del transporte, de los estacionamientos y de cuanto servicio demanda la ciudadanía.

Cuanto se le ocurre, lleva el sello de la irritación y la amargura. No se conoce medida que satisfaga a la generalidad de la ciudadanía. Sus actuaciones, ideas y medidas incluyen dosis severas para enojar, cabrear y rabiar a los sufridos habitantes.

Inaugura parques como el de La Victoria que carece de servicios públicos. Solo lo abre por horas y como no tiene iluminación, ya los ladrones lo desvalijaron.

En la amarga Bogotá no hay seguridad, tampoco ideas, solo medidas irritantes.  ¡Bogotá, peor para todos!

NEGRO: El duro golpe que reciben el Llano y Colombia con el cierre de la carretera. ¿Habrá sanciones para los culpables?

NEGRO: Mientras el Emisor baja y baja las tasas de interés, la Superfinanciera sube y sube la usura. 

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Por José G Hernández.- Los cobardes ataques a la Policía Nacional en Barranquilla, Soledad -Atlántico-, Santa Rosa -Bolívar-, Tumaco, sumados a los muchos crímenes contra uniformados cometidos en los últimos meses en distintas localidades, indican que hay un deliberado propósito, o un plan orquestado, dirigido contra esa institución. De ello no parece ser consciente el Ejecutivo.

Hay otro plan criminal en marcha: asesinar a líderes sociales y a defensores de derechos humanos. Son muchos los homicidios que, a manos de sicarios, han tenido lugar en el último año, el más reciente al momento de escribir estas líneas, el cobarde asesinato de Temístocles Machado en Buenaventura.

Agréguese a ello la alarmante expansión de la inseguridad y el crimen en todas las ciudades del país. En medio de decisiones judiciales en cuya virtud quedan libres los capturados en flagrancia, quienes reinciden, son capturados, vuelven a reincidir y vuelven a quedar libres, en un incomprensible círculo vicioso que confunde el debido proceso con la impunidad.

Todo esto deja ver que -contra lo que quisiéramos- los colombianos no vivimos en paz. La paz es un bien social integral que debe ser disfrutado, percibido y sentido en la vida real de la comunidad, más allá de un simple documento firmado por el Gobierno con una cierta organización guerrillera. La tan publicitada por el presidente Santos a nivel internacional, no existe. Lo que contemplamos en general es impunidad, impotencia oficial ante el delito, pérdida del principio de autoridad, incapacidad real de la organización política para perseguir y sancionar a los criminales y terroristas, y la inutilidad de las medidas que se adoptan, todo lo cual lleva a que, en la práctica, las autoridades públicas no estén pudiendo garantizar,  como lo exige la Constitución,  la vida,  honra,  bienes,  derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia.

Varias veces hemos resaltado que una sociedad no puede funcionar sin el Derecho,  y que ese Derecho,  a su vez,  no sirve si se reduce a un complejo normativo inasible y contradictorio, y totalmente teórico, carente de efectividad, incapaz de generar impacto alguno en la vida real de la ciudadanía.  Si el Derecho es inane, si sus previsiones son apenas buenos deseos del Constituyente o del legislador, es como si no existiera y en el seno de la sociedad se imponen las vías de hecho, el delito impune y el caos.

Presenciamos la ineficacia del Derecho, la impotencia del Estado para hacer valer el orden jurídico, con una Fuerza Pública maniatada y con la malsana tendencia oficial a prometer perdón anticipado de los crímenes y su insistencia en mantener diálogos con grupos armados que no quieren dialogar sino distraer y seguir delinquiendo.

Reiteramos lo dicho: con la impunidad se tolera el delito, en contra del interés colectivo, en cuanto se multiplica y difunde la tendencia a violar la ley. El delito impune  lleva al delincuente a repetir los hechos punibles y conduce a otros a delinquir, porque saben que nada pasará. El mensaje que recibe la comunidad es muy negativo. La impunidad comporta, para el ciudadano, la natural sensación de inseguridad y desazón. El temor a quedar, junto con su familia, en manos de la delincuencia.

Una reacción colectiva ante la impunidad es la tendencia -entre nosotros cada vez más frecuente- a hacer justicia por mano propia. Algo que no se justifica pero se percibe: linchamientos y venganzas cuando las comunidades han visto que la justicia no opera y que los delincuentes quedan libres.

Un propósito nacional debe ser, entonces, la aplicación real y efectiva del Derecho. Otro: acabar con la impunidad y no seguir, mediante ella, estimulando el delito.

Por Amylkar D. Acosta M.-La primera observación que tengo que hacer con respecto a lo que se conoce de las recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional para determinar laos pasos a seguir luego de la intervención a ELECTRICARIBE,  no dice nada nuevo que ya no se supiera, es como llover sobre mojado. En su diagnóstico llega a las mismas conclusiones a las que había llegado el estudio que contratamos con la experta y ex comisionada de la CREG Carmenza Chahín hace ya casi 4 años, cuando me desempeñaba como Ministro de Minas y Energía.

Una falencia fundamental de las nueve opciones planteadas por la FDN es que en las mismas se hace abstracción de una realidad del tamaño de una catedral y es el hecho que, aunque ELECTRICARIBE esté intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos con fines de liquidación, sus activos siguen siendo de su dueño, Gas Natural Fenosa (GNF). Estamos en presencia de una intervención y no de una confiscación. Por consiguiente, esta se convierte en una gran restricción y reduce el margen de maniobra para implementar cualquiera de ellas, máxime cuando hay de por medio una controversia no resuelta interpuesta por GNF ante la CIADI.

Es evidente que en el contexto planteado por la FDN se requiere encontrar primero que todo una fórmula de transición, que no puede ser  “contratar un gestor” al que habría que pagarle una “comisión de gestión” por hacer lo mismo que viene haciendo el interventor, mientras se adelanta el proceso para la escogencia del nuevo operador. Ello, en razón de que de otro modo se prolongaría en el tiempo la solución, a la espera, entre otras cosas, de los ajustes regulatorios requeridos, que son condición sine qua non para lograr la viabilidad y sostenibilidad de ELECTRICARIBE, tanto desde el punto de vista financiero como operativo.

Pero la peor de todas las opciones que plantea la FDN es la que plantea contratar “un operador que presta el servicio por su cuenta y riesgo, el cual recibe las tarifas y le paga a la distribuidora un derecho de cesión. Otras entidades recaudan y depositan los ingresos en una fiducia. El pasivo pensional sigue a cargo de la distribuidora”. Rico Don Pepe!

Coincidimos con la FDN en que ELECTRICARIBE “no resulta atractivo para un inversionista bajo la Resolución 019 de la CREG”, que está para comentarios y en que “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifa que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”. Esta Resolución no consulta para nada la realidad del mercado de la región Caribe y por ello deja sin resolver el nudo gordiano en que se ha convertido la regulación. De hecho, como lo manifestamos con respecto a la Resolución de la CREG 097 de 2008, ésta, al tomar como referencia el costo medio histórico y no el costo medio de largo plazo, que propusimos, se da una señal que va a contrapelo de la necesidad de incentivar las inversiones necesarias en expansión para garantizar una mayor calidad y confiabilidad, amén de la reducción de las pérdidas, ya que no le son reconocidas al operador sino ex post. Ello es claro como el agua y este es el busilis de la compleja problemática de ELECTRICARIBE.

En suma, en lo que ha trascendido hasta el momento a través de los medios con respecto a las recomendaciones de la FDN no se vislumbra todavía una propuesta de solución pronta y definitiva a este maremágnum en que se ha convertido la calamitosa situación de la prestación del servicio de energía para los usuarios de la región Caribe, que sigue frenando su desarrollo. Ello es tanto más preocupante si tenemos en cuenta que, según registros recientes mientras el crecimiento promedio del consumo de energía en el país en 2017 fue de 1.3% en la región Caribe fue de 3.8%, de lo cual se colige que el stress de la capacidad de distribución de energía en la región es cada día mayor. Y la única forma de repotenciar y estabilizar la capacidad de ELECTRICARIBE para prestar el servicio y de que este mejore son las inversiones contempladas en el Plan5Caribe, que no se pueden seguir aplazando sin que el sistema colapse.

Está en mora el Gobierno Nacional, particularmente el Ministerio de Minas y Energía, de precisar cuál será la hoja de ruta a seguir, así como también establecer unos plazos y unos hitos de cumplimiento para los distintos pasos a dar en procura de seleccionar un nuevo Operador de red para la región Caribe. En estos días se ha llegado a rumorar la posibilidad de que GNF vuelva a controlar y a operar a ELETRICARIBE, lo que sería impensable. Por ahora estamos en una sinsalida, ya que las recomendaciones de la FDN deja el sinsabor de encontrar en ellas más preguntas que respuestas y lo que es peor llegan en un momento inapropiado para un debate tranquilo sobre las mismas, que no esté interferido por el proselitismo electoral.

Riohacha, enero, 27 de 2018 

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