Opinión
Uno de los temas que no se ha mencionado en el debate sobre los bonos de agua y que no tiene nada que ver con el ministro Carrasquilla es ¿qué pasó después de los bonos?, ¿quién salió ganando y quién salió perdiendo con el desmonte de los préstamos a los municipios financiados con los bonos?
Hay que recordar cómo funcionaba el mecanismo: un grupo de inversionistas creó el Patrimonio Autónomo Emisor y Prestamista (PAEP), una especie de banco paralelo que captaba recursos del público (en la modalidad de bonos) para hacer préstamos a 19 años a municipios y se ganaba un margen de intermediación anual de 3% en el negocio.
Como la tasa de captación de los bonos era alta (IPC + 8%), los préstamos a los municipios resultaron costosos (IPC + 11%). Entonces el Minvivienda decidió salir en ayuda de los municipios e inventó un mecanismo para reemplazarlos, que se plasmó en el decreto 1300 de 2014.
En el nuevo esquema, una entidad pública –la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter- constituyó un nuevo Fideicomiso que sustituyó el PAEP y recompró los bonos con plata que le prestaron 6 bancos comerciales a una tasa mucho más baja, de manera que le pudo bajar la tasa a la mayoría de los municipios.
Lo ingenioso del asunto es que los bancos pudieron prestarle al nuevo fideicomiso de Findeter a una tasa mucho más baja que la de los bonos, porque lo hicieron con recursos que les dio el mismo Findeter a una tasa subsidiada del IPC + 0.5%. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió?
Ganaron los 100 municipios pequeños a quienes se les redujo la tasa de interés a IPC + 7. No ganaron los 17 municipios grandes a los que se les mantuvo una tasa similar a la anterior.
Los grandes ganadores fueron los bancos comerciales, a los que les entregaron gratis un negocio de créditos por $490.000 millones durante quince años, sin haber tenido que invertir un peso en su estructuración.
Si lo que se quería era aliviar la situación de los municipios, ¿por qué Findeter no prestó directamente los recursos al Fideicomiso, sin necesidad de intermediarios, de manera que los prestamos se hubieran podido hacer al IPC + 0.5%? Según el decreto 1300 hubiera podido hacerlo.
Cali, 23 de septiembre de 2018.
* Economista y Filósofo. Consultor Independiente.
El gobierno Duque ha ido anunciando, de puntada en puntada, lo que será la próxima Reforma Tributaria o Ley de financiamiento como ahora la ha denominado.
Primero, con mucha prudencia porque es evidente que no quiere aplicar con rigor el espejo retrovisor, ha empezado a anunciar el déficit de apropiaciones que entraña el proyecto de presupuesto para el 2019 que actualmente se discute en las comisiones económicas del Congreso.
Se trata naturalmente de un déficit de apropiaciones, es decir, de la diferencia entre los gastos proyectados y necesarios y los ingresos estimados para el año entrante. Al efecto se ha mencionado la cifra de 25 billones de pesos que naturalmente es altísima. Esta cifra la ha citado el propio Presidente Duque, su Ministro de Hacienda Carrasquilla y el nuevo director de la DIAN. De ser exacta esta cifra no tendría precedentes en la historia fiscal del país. Pero aún si es menor, digamos un 50% menos, estaríamos hablando de un déficit de apropiaciones para el año entrante de dimensión impresionante.
Otras puntadas que se han dado son las de que habrá menor tributación para las empresas y mayor para las personas naturales. Igualmente se ha mencionado que se ampliará el IVA a los productos de primera necesidad, acompañado de algún mecanismo de devolución para los sectores más débiles de la población, que a su turno son los mayores pagadores de IVA.
La última puntada la dio el propio Presidente Duque en la Asamblea de Confecámaras cuando dijo que él nunca había hablado de Reforma Tributaria propiamente dicha, sino de una ley de reactivación económica, que además de algunas medidas para activar la economía tendría las características de una ley de financiamiento.
¿Qué es una ley de financiamiento? La respuesta nos la proporciona el Art. 347 de la Constitución que establece exactamente el procedimiento a seguir ante circunstancias fiscales como la que estamos viviendo. “El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente.”
Durante la vigencia de la Constitución de 1886 era obligatorio que los presupuestos se presentaran a consideración de las cámaras equilibrados. La Constitución de 1991 permitió que el proyecto de presupuesto se pueda presentar desbalanceado; pero si tal es el caso, deberá ir obligatoriamente acompañado de una ley de financiamiento, en la que se le propondrá al Congreso “la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el gasto de montos contemplados”.
Esto es lo que veremos en los próximos días: un proyecto de ley de financiamiento que responda a la angustiosa pregunta de cómo se va a financiar el inmenso déficit de apropiaciones con que se preparó y presentó el proyecto de presupuesto para el año entrante.
En el fondo esta es una de las dos modalidades de Reforma Tributaria que existen. La una es para aumentar ingresos, pero sin que este incremento en los tributos esté relacionado directamente a la absorción de un déficit específico. La otra es la del artículo constitucional que hemos citado, que es justamente la vía que debe seguirse cuando el Congreso se enfrenta a un proyecto de presupuesto protuberantemente desfinanciado, como es el caso actual.
Ya las puntadas se han dado. Ahora lo que le corresponde al gobierno es presentarle al Congreso y al país la colcha completa que ha venido tejiendo a través de puntadas en las semanas anteriores. Ojalá no nos vaya a resultar una colcha de retazos.
Bogotá, 23 de septiembre de 2018.
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
José Antonio Bernal es un productor del norte del Cauca que me escribe pidiendo, qué digo, clamando, por mi “intervención ante las instituciones gubernativas encargadas del control territorial, para que se respete la propiedad rural privada en el norte del Cauca”. Hago público su nombre porque, en su desesperación, dirigió similares solicitudes al ministro de Defensa, el director de la Policía, el presidente de Asocaña, la alcaldesa de Caloto y otras instancias nacionales y regionales.
¿Quién está agrediendo el derecho de José Antonio a la legítima propiedad de la tierra?, ¿acaso las disidencias de las Farc, el Epl, las autodefensas gaitanistas, los pelusos, o los nuevos combos?, todos ellos presentes en la región, todos vulgares narcotraficantes, y todos interesados en el control territorial de las zonas de cultivos ilícitos, de minería ilegal y, sobre todo, de las rutas de las droga.
Si así fuera, esta sería una denuncia fácil. Pero no son ellos los que presionan violentamente a José Antonio para que termine vendiendo su hacienda a menosprecio y se convierta en desplazado. Es la dirigencia indígena, concentrada en el Consejo Regional Indígena de Cauca, CRIC, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Ahí la cosa es más compleja, porque en este país anclado en estereotipos mediáticos, culturales y políticos, hablar mal de los indígenas es, al decir de la sabiduría popular, “como pegarle a la mamá”. El indígena es pacífico, no usa armas sino bastones; era el dueño de toda la tierra antes de que llegara Belalcázar por esos lados, Quezada y demás conquistadores. Toda esa tierra, por lo tanto, son “territorios ancestrales”, sagrados, que todos los colombianos les han robado durante siglos, pero que les siguen perteneciendo.
Dentro de esa cosmovisión, los indígenas legitiman lo que el CRIC reconoce como el proceso de “la liberación de la madre tierra”. En esas estaban, según el mismo CRIC, los “comuneros” que, en octubre de 2017, recorrían la Hacienda Miraflores en zona rural de Corinto, cuando se toparon con el ejército, que, según ellos, les disparó sin fórmula de juicio.
¿Qué hacían los comuneros en un predio privado que no hace parte de los más de 80 resguardos indígenas que existen en Cauca con más de 600.000 hectáreas de extensión? ¿En qué consiste la liberación de la madre tierra? José Antonio lo ha vivido. Desde hace cuatro años le destruyen jarillones e inutilizan reservorios, además de la estrategia de meter furtivamente ganado robado –cercas de cien animales–, para destruir plantaciones y todo lo que encuentren a su paso.
No son tan pacíficos. En julio de 2012, una muchedumbre humilló a 100 militares en el cerro Berlín, atacándolos con piedras y bastones, y sacándolos arrastrados y a empellones. En septiembre de 2017, cerca de 100 “liberadores de la tierra” incendiaron cultivos y enfrentaron a la tropa con artefactos explosivos. En enero de 2018, en Corinto, los indígenas la agreden con insultos y uno de ellos le pone un cuchillo al cuello a un soldado, obligando a sus compañeros a dar tiros disuasivos y, otra vez, al retiro humillante. Ante cualquier inconformidad, la carretera Panamericana es bloqueada con actos violentos.
La Constitución de 1991 les garantizó muchos derechos, pero parece que ningún deber. José Antonio se pregunta si están eximidos de cumplir la ley fuera de sus resguardos; se pregunta quién defenderá a los productores si no lo hace la fuerza pública. Por eso me pide intervenir ante el presidente Duque y sus ministros, para que alguien los proteja de la liberación de la madre tierra.
Bogotá, D. C, 22 de Septiembre 2018
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
A veinte días de ese 26 de agosto, cuando los colombianos atiborraron las urnas para pronunciarse contra la corrupción, afloraron las más preocupantes denuncias en torno al tema que saquea las finanzas nacionales y el producto de los impuestos que dejan exhaustos los bolsillos de nuestros compatriotas.
En Colombia, uno de los países que más agua posee en la faz de la tierra, millares de habitantes mueren de sed, o de enfermedades que contraen por consumir el precioso líquido completamente contaminado. Contaminado por nosotros mismos, que lo enrarecemos con el glifosato –que beneficia a Monsanto e importadores- la minería ilegal, el ELN con sus atentados al oleoducto, la incultura y tantos factores más.
Sale ahora a flote, según denuncias del Colega Daniel Coronell y otros columnistas, el ingente negocio que montó en Panamá hace años el actual ministro de Hacienda con los llamados “bonos Carrasquilla”. Con extraños mecanismos, ubicaban municipios, les entregaban dineros con leoninas clausulas y altísimos intereses, que debían pagar durante 19 años. Ni los más avaros y usureros bancos, que se sepa, tienen modalidades de ese tenor. La corrupción reinante en la mayoría de esos municipios, permeaba a alcaldes y concejales que hacían festines con esos dineros, mientras la sed agobiaba a sus habitantes, o las enfermedades diezmaban su población.
Esta perversa situación fue denunciada por Simón Gaviria y luego por el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Este último, con nuestros impuestos, logró a través del Findeter, recoger algunas de esas deudas y librar a los municipios de las garras de los “bonos Carrasquilla”. “Bonos impotables”.
El inventor de los bonos, se defiende –y tiene todo su derecho- señalando que no se enriqueció con esos bonos. La corrupción, no tiene medida, ni modalidad, ni cuantía monetaria. Es simplemente corrupción. En la antigua Roma, Julio César dijo: “No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”.
Fue casi imposible para el Minhacienda y el enjambre de senadores hambrientos de la mermelada -que Duque ha eliminado hasta ahora- encontrar argumentos para sacralizar, limpiar o purificar los “bonos Carrasquilla.
En Colombia nos invade la corrupción. Por fortuna, el Presidente Duque dejo en firme el proyecto de ley que adopta las normas aprobadas por la Consulta del 26 de agosto y la envió al Congreso.
Es urgente. Ya no hay espacio que no ocupe la corrupción. En Bogotá, se acaba de adjudicar la licitación de los semáforos inteligentes con papeles falsos, mientras el Alcalde se hizo el de la vista gorda, como ocurrió en su anterior administración con la invasión de bolardos, pésima calidad de las losas y tantas cosas más. Ahora vemos cómo habilidosamente se oculta bajo abultados presupuestos de publicidad en importantes medios, para escurrir el bulto, eludir responsabilidades y escapar a una “requeteaplazada” revocatoria y traer buses contaminantes.
¿Lograremos unos bonos de agua potable?
BLANCO: El reconocimiento del Presidente Duque a Pékerman.
NEGRO: ¿A quiénes les interesa una guerra con Venezuela? Hasta la OEA y Pacho Santos buscan armarla.
Bogotá, D.C, 21 Septiembre 2018
*Periodista. Ex director Noticiero Nacional y de NotiSuper.
Un vicio, infortunadamente arraigado en quienes se ocupan de prescribir las reformas cuando algo viene fallando, o cuando se quiere atacar un determinado problema, consiste en aconsejar cambios sobre asuntos que no guardan relación alguna con aquello que se necesita solucionar. En materia legislativa, al expedir la ley, muchas veces no se tiene la perspectiva de una norma general y abstracta –como es su naturaleza-, sino que se procede, de manera improvisada, a partir de un caso específico. Y consagramos normas y más normas, sin importar si son o no coherentes con las vigentes, ni si en verdad su aplicación tendrá utilidad con miras a lograr el propósito regulador que le es propio.
Lo propio ocurre con las reformas constitucionales, y por ello, desde 1991 la Constitución ha sido modificada cuarenta y ocho veces, casi siempre por motivos coyunturales y de cortísimo plazo, lo que ha llevado a una gran inestabilidad institucional.
Ahora, a propósito de las reformas a la administración de justicia, el primer punto que proponen los proyectos de reforma consiste en restringir la acción de tutela.
En los foros internacionales sobre justicia –acabo de participar en uno de ellos, en México-, tanto la consagración del mecanismo como su desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son materia de elogio, estudio y análisis por juristas y profesores. Por ello, preocupa que, mientras en el exterior se habla de trascendentales avances colombianos sobre defensa y protección efectiva de los derechos fundamentales -en buena parte gracias a la tutela-, en el interior los enemigos de la tutela aprovechen cuanta ocasión tienen para desmontar el único mecanismo que -por su informalidad y carácter sumario- ha logrado asegurar a muchas personas el acceso a una administración de justicia más ágil y eficiente que la ordinaria.
Según el proyecto gubernamental, la posibilidad que hoy tiene toda persona de acudir a la acción de tutela, ya no existirá si esa persona no está “legitimada para hacerlo”. No podrá actuar una, en defensa de los derechos fundamentales de otra, cuando por cualquier causa ella no pueda ésta actuar directamente. Así, en el caso de los derechos de los niños, ya no podrá cualquier persona, como lo prevé el artículo 44 de la Carta, exigir que les sean respetados.
- Se pretende que ya no pueda resolver un juez de cualquier jurisdicción, como hoy ocurre -porque en materia de tutela, todos son jueces constitucionales-, sino que la protección únicamente se pueda reclamar “ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda con el asunto objeto de amparo”. Es decir, se quiere especializar (o tecnificar) lo que debe ser general, de obligatorio conocimiento y observancia por todos los jueces: la aplicación de la Constitución y el respeto a los derechos constitucionales fundamentales.
- Se elimina la posibilidad de ejercer la acción de tutela en cualquier tiempo, como hoy lo estipula el artículo 86 de la Constitución. Es decir, en un determinado momento, caducaría la posibilidad de acudir al juez de tutela para defender un derecho fundamental.
Reitero: no se solucionan los problemas, ni las deficiencias de la administración de justicia, ni tampoco la corrupción, socavando o haciendo estériles las garantías constitucionales.
Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2018
*Expresidente Corte Constitucional
Cubriendo los diálogos de paz, en una de tantas conversaciones que sostuve con el entonces guerrillero-negociador, Pablo Catatumbo, en La Habana, le dije: “No espere que la gente los reciba con bombos y platillos, cuando lleguen a hacer política”.
Y así fue. Se encontraron con un ambiente hostil, por supuesto, atizado por la campaña adversa del Centro Democrático, enemigo declarado del acuerdo, y también, por qué no decirlo, producto del pánico que durante décadas las Farc le provocó a la población en general con su arma mortal, el secuestro.
Pero un año después la criatura llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -Farc- comienza a tomar forma pese a las dificultades y la inclemente arremetida contra lo negociado por parte del fiscal general de la Nación que, a toda costa, busca atravesarle un palo a lo poco del contrato que hoy funciona, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Creo que, a diferencia de unos pocos, la llegada del partido de la flor es un buen suceso para la democracia política y una presión para que fuerzas como el ELN entiendan que la salida es negociada y que el escenario es la vía democrática.
Los miembros de Farc y su dirigencia nacional, incluidos senadores y representantes, saben que comenzaron a hacer política remando contra la corriente (50.000 votos en marzo) y que el fúsil, su arma de disuasión política, tuvieron que reemplazarlo por el argumento y la palabra. Como dicen algunos teóricos; “la política odia el vacío: si no se ha llenado de esperanza, habrá quien lo llene de miedo”, y ese es el reto que deben asumir quienes hicieron la dejación de las armas.
Son evidentes las divisiones internas, cosa lógica en un partido en construcción; sin embargo los temores afectan a buena parte de la base que también le apostó a la paz y a implicarse en la vida cotidiana con proyectos productivos y orientación política; en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) reina la incertidumbre y la sensación de abandono por parte de la dirigencia con su militancia pone en grave riesgo el proceso de reincorporación, como bien lo dijo el delegado de la ONU en Colombia.
No pueden poner bajo sospecha, líderes como Iván Márquez, jefe negociador en Cuba, un proyecto que apenas comienza y al cual le apostaron para consolidar la paz política en el país. Más allá de los argumentos esgrimidos por Márquez para abandonar el ETCR es necesario que aparezca y le ponga la cara al país y a la JEP, y si tiene que denunciar algún tipo de persecución que lo haga por los canales que la democracia le entregó una vez dejó las armas; fuimos muchos los colombianos que le apostamos a la paz y no nos puede defraudar. Sus compañeros de lucha decidieron cumplir, Iván Márquez también lo debe hacer. Ese ambiguo mensaje desorienta a las bases y las lleva al terreno de la desesperanza.
Desde el lado del gobierno, es indispensable que el presidente Duque se ponga al frente del cumplimiento e implementación de lo pactado; echar por la borda el acuerdo y la llegada de Farc a la vida política, social y económica es una decisión de altísimo riesgo para la seguridad nacional porque una realidad distinta -la gente tomando el camino hacia la disidencia- puede desembocar en una violencia insospechada y mediada por fuerzas sin organización e interlocutor válido. Dirigencia de Farc y gobierno no pueden jugar con candela, debe brillar la sensatez.
Bogotá, D. C, 17 de septiembre de 2018.
*Periodista
@jairotevi
En el 2018 se cumplieron 100 años de la industria del petróleo en Colombia y 70 años de ECOPETROL, la principal empresa del Estado. Colombia sigue siendo un importante productor de hidrocarburos, pero no se puede considerar como país petrolero debido tanto a las precaria reservas probadas de las cuales dispone como por sus volúmenes de producción. No obstante, la economía colombiana, para bien y para mal, tiene una enorme dependencia con respecto a ellos y la dinámica de su crecimiento está al vaivén del comportamiento de los precios internacionales del crudo, que son volátiles y más parece una montaña rusa.
Venimos de un largo ciclo de precios altos de todos los commodities, que para el petróleo se prolongó hasta junio 16 de 2014, fecha esta que marca su punto de inflexión cuando alcanzó su pico de US $107.95 el barril de la referencia WTI y US $115.19 de la referencia BRENT. Desde entonces se vinieron en barrena, a tal punto que a finales de enero de 2016 los precios bordearon los US $24 el barril, para luego repuntar hasta alcanzar un año después precios por encima de los US $52 el barril, para un incremento de más del 100%.
Y desde entonces los precios del petróleo han observado un alza sostenida, al punto que después de haber registrado una cotización, en promedio de US $52 el barril en 2016 y US $54 en 2017, en este momento oscila alrededor de los US $70 el barril y es muy probable que cierre el año con un precio promedio superior a los US $65. Pero nadie está capacidad de vaticinar el curso que tomarán los precios en los próximos años, ahora que se vislumbra el fin la era del petróleo por cuenta de la Transición energética hacia las energías renovables y limpias.
Este comportamiento de los precios se refleja fielmente en el desempeño de las distintas variables de la economía nacional. Durante la década del boom de los precios del petróleo el crecimiento del PIB llegó a superar el crecimiento potencial de la economía (4.5%), para luego, cuando se descolgaron, no sólo se desaceleró el crecimiento del PIB, sino que hasta el crecimiento potencial se vino a pique y perdió un punto porcentual, situándose en el 3.5%. Después de alcanzar un crecimiento del PIB de 6.6% en 2011, bajó al 4% en 2012, luego tuvo un ligero repunte en 2012, 2013 y 2014 con un crecimiento del 4%, 4.3% y 4.6%, respectivamente, para luego sumirse en un prolongado letargo que le significó la economía crecimientos mediocres en los últimos tres años, de 3.1% en 2015, 2% en 2016 y 1.8% en 2017, el más bajo en lo que va del siglo después de 2001 (1.5%) y 2009 (0.8%). Huelga decir que cada punto de crecimiento o decrecimiento del PIB se cifra en $2 billones en moneda corriente.
Por su parte las exportaciones llegaron a su culmen en el 2014 con US $57.900 millones insufladas por el renglón del petróleo y sus altos precios, para luego desinflarse hasta caer un 61%, registrando sólo US $35.600 millones en 2017, de los cuales el 32.8% corresponden a las exportaciones petroleras. Y ello a pesar de los mejores precios del crudo, repercutiendo también en el saldo negativo de la Balanza comercial, que pasó de un déficit de US $3.800 millones en 2014, pasando por uno más abultado de US $15.900 millones en 2015, otro de US $12.000 en 2016, hasta cerrar el año anterior en US $9.300 millones.
Ello obedece al peso específico de los hidrocarburos en el PIB, dado que ha llegado a representar hasta el 8% y en el sector externo, el 55% de la totalidad de las exportaciones. Con la destorcida de los precios, además del crecimiento de la economía y las exportaciones, también se vieron afectados los ingresos del Estado, tanto los del Gobierno central como los de las entidades territoriales. Tanto más en cuanto que el impacto se dio por partida doble, dado que a la caída de precios se vino a sumar la caída en la producción, la cual, después de haber alcanzado el millón de barriles diarios en 2013, a partir del 2014, cuando en promedio la producción diaria fue de 988.100 y 2015, cuando superó ligeramente el millón de barriles nuevamente, con una producción promedio al día de 1´005.400 barriles, la misma ha venido decayendo hasta alcanzar a duras penas los 885.000 barriles en 2016 y 854.121 millones en 2017. Es más, la meta fijada en el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda para el 2018 es de 840.000 barriles/día.
Bien dijo Buffet el acaudalado inversionista y filántropo Warren Buffet que “sólo cuando baja la marea se sabe quien estaba nadando desnudo” y este es el caso de Colombia. Con el doble golpe infligido a las finanzas públicas del desplome de los precios y el freno de mano de la producción la sostenibilidad fiscal queda seriamente comprometida. Y no es para menos, pues la renta petrolera pasó de representar el 23.8% de los ingresos corrientes de la Nación en 2013 a un ínfimo 0.8% en 2016, cuando, gracias al efecto rebote, sube penosamente al 2.8% en 2017 y se aspira al 6% en 2018. En fin, el petróleo le ha servido al país de salvavidas y de él puede decirse que es preferible tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo y…por ahora, mientras no tengamos otro recurso de su importancia que ocupe su lugar, lo necesitamos!
Bogotá, septiembre 15 de 2018
*Economista. Expresidente del Congreso. Exministro de Estado.
Alguna vez le pregunté al presidente Rafael Correa del Ecuador cómo manejaban ellos las consultas previas. Y me dio esta respuesta, muy en el tono autoritario que el maneja. Me dijo: nosotros si hacemos consultas previas acá en el Ecuador, pero lo que no admitimos es que esas consultas nos paralicen las obras públicas. La magnífica red de carreteras que tiene el Ecuador demuestra que las cosas se pasaban exactamente como me dijo Rafael Correa.
Esto se me viene a la memoria al leer que está próximo a salir una sentencia en la Corte Constitucional en virtud de la cual se revisa una nefasta jurisprudencia que había sentado esta misma Corte, por virtud de la cual se permite hacer en cualquier municipio consultas sobre asuntos mineros que tienen la virtualidad de paralizar, en caso de salir vencedoras, toda explotación minera en el respectivo municipio. Al día de hoy se cuentan por decenas los municipios en los que está proscrita toda actividad minera, luego de la negativa ciudadana que se ha expresado en tales consultas.
El anuncio de la sentencia que está por salir dice que, como es lo lógico, la Corte reivindica el viejo principio que viene desde los tiempos del derecho indiano, según el cual el subsuelo es propiedad de la Nación y no de los municipios o de las comunidades allí asentadas. Con lo cual quedan prohibidas este tipo de consultas hasta que el Congreso - que dispondrá de dos años para ello- disponga lo contrario.
La otra noticia que ha aparecido por estos días es que el partido Cambio Radical se dispone a presentar ante el Congreso un proyecto de ley por el cual se reglamentan las consultas. Definiendo que ellas no pueden durar indefinidamente, y que cuando se convoquen deben obedecer a un real interés de la sociedad en dichos asuntos. Ambas noticias están concatenadas. La Corte le daría dos años de plazo al Congreso para regular el tema de las consultas, que hoy no tiene un marco legal claro; y la iniciativa de Cambio Radical conduciría a que el Congreso, por fin, tenga que ocuparse del asunto.
La regulación de las consultas previas para evitar los abusos que se vienen cometiendo con ellas es algo apremiante. Si las cosas transcurren como se han anunciado el Congreso dispondría de dos años para regular la materia; tiempo que coincidiría con el requerido para darle consideración y trámite al proyecto de ley preparado por Cambio Radical.
El tema no puede ser más urgente. Puede decirse sin exageración que los abusos que se vienen cometiendo en materia de consultas previas están, de una parte, ahuyentando la inversión de la minería en el país que, bien regulada, no tiene porqué entrar en colisión con la protección del medio ambiente, y de otra, paralizando muchas inversiones prioritarias.
Un país como Colombia, con menos población indígena que Ecuador, Perú o Bolivia, le ha dado curso a más de 900 consultas previas. Al paso que los países mencionados tienen consultas que fluctúan en un número de 40 a 50. Hay pues una clara desmesura y a menudo abusos, en la manera como se viene utilizando el instrumento de las consultas previas en Colombia.
Tenemos pues una preciosa oportunidad entre manos: si el fallo de la Corte sale en la dirección que se ha anunciado, se iniciaría una especie de moratoria con relación a las consultas previas que vienen prohibiendo la minería a lo largo y ancho del país con grave demerito para nuestra economía. Y de otro lado se abre la posibilidad para que el Congreso, cosa que no ha hecho hasta el momento, se ocupe con seriedad de regular la figura de consultas previas.
Sería frenético, pues, una saludable moratoria que nos daría un respiro frente al carrusel de consultas en que estamos envueltos, y nos permitiría visualizar un escenario de modernidad como el que hoy tiene el Ecuador; y que solamente se lograría si se le pone orden a las consultas disparatadas. Estamos necesitando con apremio una moratoria en matera de consultas.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2018.
*Abogado y Economista. Exsenador y Exministro de Estado.
Ahora que se buscan por todas partes ingresos fiscales que le permitan al Gobierno cumplir su promesa de rebajar los impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo cubrir el faltante del presupuesto y además disminuir el déficit fiscal, es necesario tener imaginación y audacia para diseñar una reforma tributaria en la que no paguen el pato los mismos de siempre.
En la última reforma se bajó un poco la tributación de las empresas, a costa de subir la de asalariados y trabajadores independientes de ingresos medios y altos, además de los tres puntos adicionales en la tarifa del IVA. Esa receta no se puede repetir y se deben buscar fuentes distintas de recaudo tributario. Los impuestos a la tierra son una de esas fuentes de ingresos fiscales que no solo pueden llegar a ser muy cuantiosos, sino que además tienen beneficios colaterales para el desarrollo económico.
El debate más reciente sobre los impuestos a la tierra lo planteó una fuente insospechada, la revista The Economist, conocida por sus posiciones ortodoxas y de apoyo al libre mercado. Un primer paso conservador sería eliminar las recientes rebajas a los impuestos a las herencias (en Estados Unidos). “Una propuesta más radical sería crear un impuesto sobre el valor de la tierra, que es la forma más eficiente de impuestos sobre la propiedad”. El principal argumento de la revista es la realidad del enorme incremento en los precios de la tierra, sobre todo en las áreas urbanas y suburbanas, lo que ha generado pingües ganancias a los actuales propietarios y, en las grandes ciudades ha frenado el acceso de los jóvenes a la vivienda propia por los precios inalcanzables.
En Colombia también se trata de una propuesta muy antigua y defendida con ahínco por una de los grandes líderes empresariales del siglo pasado, don Hernán Echavarría. Es conocido su diagnóstico de que la mayor parte de la tierra no es un activo productivo, sino una especie de alcancía que se compra esperando la valorización sin preocuparse por explotarla adecuadamente. En su opinión esto es la base del problema agrario en Colombia y un obstáculo para el desarrollo económico.
Se puede objetar que en el actual marco constitucional del país este tipo de propuestas incrementarían los ingresos de los municipios pero no los de la nación. Es cierto, pero hay formas de superar esta dificultad.
Cali 16 de septiembre de 2018
*Economista y Filósofo. Consultor independiente.
“Ojalá la vida no le sea ingrata a Elías con el futuro de Vecol. Ojalá los afanes de reemplazo no respondan a compromisos burocráticos para consolidar apoyos urgentes. Ojalá una empresa pulcramente administrada y competitiva internacionalmente, no se convierta en caja menor del Ministerio de Agricultura, botín político o nido de corrupción…”.
Así escribí en marzo de 2016, cuando el exministro Iragorri le impidió a Elías Borrero asistir a la Asamblea de Accionistas para entregar, después de 16 años, la empresa que había convertido en joya de la corona de la institucionalidad agropecuaria. Ya lo había intentado Lizarralde en 2014, cumpliendo instrucciones de Palacio de entregarle la empresa a un político, pero la Junta Directiva se atravesó y el señor Hugo Graciano y su jefe político tuvieron que esperar dos años. Pero los clientelistas no tenían afán en el gobierno Santos.
Con Iragorri, las cosas fueron a otro precio. Algún día me preguntó si estaba de acuerdo en cambiar a Elías y, ante mi negativa, sacó a Fedegán de la Junta y a todo el que le estorbara; y colocó sus fichas y al viceministro Pineda, recordado por inepto y por su ladina obsecuencia para hacerle “mandados” al jefe, como atropellar a un hombre digno como Elías o empujar al Fondo Nacional del Ganado a su liquidación.
Mis “ojalás” de 2016 se quedaron en deseos. El ministro “armó” su proceso de selección y, ¡oh sorpresa!, el candidato Graciano resultó ser el mejor dos años después.Ya en la Gerencia empezó ese proceso que tanto daño le ha hecho al país: llegaron los amigos a contratar con los amigos; las empresas paisas amigas se pusieron de moda en Vecol; llegaron los asesores bien pagos, todos de Medellín y con pasajes de fin de semana. Hubo “reestructuración”, para ajustar unidades clave para el “éxito empresarial”, como el Departamento de Compras -¡claro!-; para acomodar los amigos y para cambiar trayectoria e idoneidad por inexperiencia e incompetencia.
Mucha tela que cortar para la Contraloría y la Procuraduría. ¿Por qué se perdió el negocio de vacuna con Ecuador, de casi tres millones de dólares en 2017?, algo que dejó dudas y sospechas. ¿Será cierto que, de afán e indebidamente, se registró el ingreso de una millonaria exportación a Uruguay a finales de 2017, para “cuadrar año”, no solo de ventas y utilidades, sino de una bonificación por resultados muy jugosa para los gerentes? ¿Por qué las ventas crecen, pero las utilidades disminuyen? ¿No será la euforia del gasto? Vecol sobrevivió a Graciano por la solidez heredada –más de 55.000 millones en caja dejó Elías Borrero-, pero está herida...
El ministro Valencia “la tiene clara”. Parodiando a Bolívar en el Pantano de Vargas: ¡Ministro: salve usted a Vecol!
Bogotá, D.C, 16 de septiembre de 2018
*Presidente de Fedegan
