Opinión
Es una realidad la enorme dependencia de la economía colombiana con respecto al sector minero – energético, el cual llego a representar hasta el 12% del PIB, más del 70% de las exportaciones y más del 24% de los ingresos corrientes de la Nación. A ello contribuyó el boom que trajo consigo la espiral alcista de los precios de las materias primas, el cual se prolongó en el caso de los productos mineros (carbón, oro y ferroníquel, especialmente) entre 2003 y 2011 y para el petróleo entre 2003 y mediados de 2014.
Con la destorcida de los precios del carbón, el oro y el ferroníquel a partir del 2012 y los del petróleo, que tuvieron en junio de 2014 su punto de inflexión, se resintió el crecimiento de la economía y las exportaciones, también se vieron afectados los ingresos del Estado, tanto los del Gobierno central como los de las entidades territoriales. Tanto más en cuanto que el impacto se dio en el renglón petrolero por partida doble, dado que a la caída de precios se vino a sumar la caída en la producción.
La coyuntura de altos precios dio lugar a la nociva e inconveniente reprimarización de la economía colombiana, en detrimento de la industria y del sector agropecuario, afectados por lo demás por la contagiosa enfermedad holandesa que trajo consigo el boom minero – energético. A ello contribuyó y de qué manera, la revaluación del peso frente al dólar, la cual fue la constante desde 2003 hasta el 2010. Lo mismo ocurrió en el resto de América Latina, razón por la cual en un pronunciamiento de la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas advirtió que “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados…Así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.
Las cifras hablan por sí solas: al cierre del 2010 la participación en el PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario (7%), después que aquél participaba con sólo el 2% y este último llegó a representar el 22% en la década de los 70 y 21% durante el período 1985 – 1995; entre tanto, la industria que participaba en el PIB con el 24% bajó de manera intermitente hasta el 11% en el cual está anclada actualmente. Con las exportaciones ha ocurrido otro tanto, las exportaciones tradicionales, que son básicamente las de productos primarios, pasaron de representar el 47.4% de los US $29.991 millones que se exportaron en 2007 al 63.7% al cierre de 2010. Y lógicamente lo que ganan las exportaciones tradicionales lo pierden las no tradicionales, las cuales perdieron 22 puntos porcentuales de participación en las exportaciones totales entre 2007 y junio de 2011.
Es una verdad de a puño que a Colombia no le conviene para nada seguir manteniendo la excesiva dependencia con respecto al sector minero – energético y para ello se impone la necesidad de un cambio de modelo económico, reprimarizado, por otro que se enfoque hacia la transformación y diversificación productiva y de paso lograr la diversificación de la canasta exportadora, así como el destino de nuestras exportaciones. Pero ello implica un proceso serio y continuado, pues dicho objetivo no se va a alcanzar de la noche a la mañana, pero tampoco se va a dar por generación espontánea. Como bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía.
La euforia que ha despertado el repunte de los precios del carbón, el oro y el ferroníquel, así como los precios del petróleo hayan repuntado a partir del 2016, no nos puede llevar a abandonar los esfuerzos tendientes a diversificar la economía, toda vez que dichos precios tienen un comportamiento cíclico y la economía no puede seguir expuesta a la montaña rusa que caracteriza su errática trayectoria. No hay que olvidar que este repunte de los precios es efímero y tarde o temprano los precios de estos productos volverán a sus niveles “normales”.
La transformación productiva es una asignatura que tenemos pendiente, porque no se ha avanzado en ello mayormente, a sabiendas de que, como lo afirma el experto Manuel José Cárdenas, que “apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales, puede ser una buena manera de comenzar pero una mala manera de continuar”.. De allí la admonición del gran pensador venezolano Arturo Uslar Pietri: “es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales”. Y esto, justamente, es lo que hemos debido hacer en Colombia y no lo hemos hecho.
Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018.
*Ex ministro de Minas Y Energía y Ex presidente del Congreso de Colombia.
Esta semana las calles de varias ciudades colombianas se convirtieron en verdaderos ríos humanos, eran miles y miles de jóvenes universitarios que salieron a protestar de manera pacífica por lo que llamaron un recorte exagerado en el presupuesto que financia la educación superior pública del país.
Sobre la defensa de la educación superior hay estudios de la Asociación Colombiana de Universidades Públicas y Privadas –ASCUN-, del Sistema Universitario Estatal -SUE-, muy serios, investigaciones, donde prácticamente se identifican con cifras que cada año el aporte estatal se disminuye para la educación superior, especialmente, la educación para los pobres, que en el Pacífico solamente tiene acceso el 7% de cada mil estudiantes que egresan del bachillerato o educación media.
La Ley 30 del 92 por la cual se organiza la educación superior prácticamente indexo al IPC el aporte nacional. La población universitaria en 1993, año siguiente a la Ley 30 era de 159 mil estudiantes en las aulas de las universidades públicas, hoy esa misma población alcanza los 611 mil estudiantes, quiere decir que ese IPC es absolutamente insuficiente.
Ahora bien, los aportes del gobierno nacional en 1993 a la universidad pública representaba en ese entonces 3,6%, hoy a cifras del 2015, podemos registrar que hoy se aporta sólo el 2% del gasto público nacional.
Las universidades públicas, sólo reciben el 10% del presupuesto total para el sector educación, reclaman al gobierno medidas urgentes y de fondo para subsanar un déficit de medio billón para funcionamiento y un desfinanciamiento estimado de $15 billones, producto de la disminución en el porcentaje de aportes del Estado, que en 1993 representaban 73% del presupuesto y a 2016 solo llegaron a 48%.
Las universidades se han multiplicado en facultades, las facultades se han diversificado en programas de manera significativa casi que en todas las 32 universidades públicas del país, por otro lado, el gobierno nacional, en buena hora califica la educación pública superior como de calidad, pero no apropia los recursos suficientes para garantizar ese sello.
Los programas de Registro Calificado para la universidad pública, los programas de Acreditación de Alta Calidad que demandan laboratorios, bibliotecas, profesores de educación avanzada con doctorados, hospitales y clínicas para educación en salud, pues esos recursos no están apropiados por el gobierno nacional que exige alta calidad, pero no mejora el presupuesto educativo para la educación superior.
Ante esta realidad nacional, vemos muy justas las reclamaciones de los docentes y el estudiantado y de toda la sociedad colombiana en mejorar las condiciones de financiamiento a la educación superior pública.
El impuesto sobre la renta para la equidad –CREE- que fue saludado por nosotros, le aportaba supuestamente 433 mil millones de pesos a la educación superior pública, terminó aportándole cien mil millones y así el IVA social de hace un par de años terminó prácticamente en un desfinanciamiento de lo que se esperaba, por lo tanto encontramos toda la razón en esa reclamación de los universitarios en nuestro país.
Nuestras universidades públicas deben ser sólidas y sostenibles, fuentes del conocimiento que ilustren a los nuevos profesionales como ciudadanos de bien, útiles a la sociedad, que le aporten a un país que ve en ellos su futuro.
Un país donde no se garantice una educación de calidad, está condenado a vivir en el atraso, a perpetuarse en el subdesarrollo y a seguir navegando entre la ignorancia y una pobre mentalidad que lo sumerge en el día a día, sin aportar nada a la dinámica nacional, se necesita entonces una educación que transforme a la sociedad.
En el saber está el progreso de las naciones, la educación es la base que transforma a las sociedades, no podemos minimizar sus recursos, cuando cada vez más se necesitan de estos para su funcionamiento, para inversión, para ciencia y tecnología y para tantas otras necesidades que hoy requieren de manera urgente nuestras 32 universidades públicas.
Siempre apoyaremos la justa causa de nuestros jóvenes universitarios, que es la causa de todos, porque #LaEsperanzaEsLaEducación
Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018
Guillermo García Realpe. Senador de la República
@GGarciaRealpe
La movilización política y social en Colombia sigue dando sorpresas este 2018: tres elecciones que sirvieron para revelar el notable crecimiento de las fuerzas alternativas, la consulta anticorrupción que sorprendió a propios y extraños y, el pasado 10 de octubre, la masiva movilización estudiantil.
Describir esta realidad revela, sin equívoco alguno, que el país está cambiando. Ya no es un cuento y tampoco es producto de análisis motivados por las emociones. La respuesta es clara y directa: los colombianos le quieren apostar a un cambio; es una idea que se viene madurando en muchos sectores de la población, concretamente en las clases medias y los estratos bajos. Hay un malestar generalizado producto de la ineficacia e inoperancia de las instituciones que pierden terreno frente a la desbordada corrupción.
La vida política colombiana sigue bajo el cerrojo y sofocante control del poder secular de los políticos tradicionales que no quieren ceder un ápice. La educación pública la pretenden sostener con míseros centavos y condicionarle su inversión; mientras a los ricos les rebajarán los impuestos. Desde todos los flancos buscan restringir la democracia, asfixiarla. Ahora surgió la malintencionada idea de alargarle el periodo a alcaldes y gobernadores y, al mismo tiempo, cortarle las alas a las consultas populares. Es tal el abuso del sofocante control que se inventan riesgos donde no los hay (satanizar la protesta social) para fortalecer los mecanismos de defensa e incrementar la capacidad represiva de los estamentos militares y de Policía.
Impedir que el país se movilice y las renovadoras fuerzas políticas avancen es una estrategia en constante movimiento. Por ello no debemos bajar la guardia. El asunto es imperativo: hay que consolidar la paz para garantizar una participación democrática amplia y pluralista y garantizar la verdad como mecanismo de reconciliación.
Sabotear la verdad para preservar a la sacrosanta élite nacional es una causa superior. Por eso el notable hostigamiento contra la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Ver y escuchar a exoficiales del Ejército comparecer ante esta institución, asumir responsabilidad y pidiendo perdón a las víctimas tiene un enorme valor que encarna la virtud de develar cómo los llamados falsos positivos, al parecer, obedecían a una política de Estado.
La opacidad como método de ocultamiento es como se ha concebido el poder en Colombia durante siglos y ese manual hizo crisis. Todo esto resume el orden político y la ambición de una casta aferrada al poder que no ha hecho otra cosa que falsificarnos la democracia. Durante décadas promovieron la codicia y después infectaron la política.
Ese es el perverso esquema que hay que neutralizar, y se puede lograr si el país que votó la consulta y los jóvenes de hoy y mañana mantienen el ímpetu de cambio que reclama la nación. Es hora de hacer a un lado a esa vieja política que no ahorrará esfuerzos para detener la renovación. No hay que bajar la guardia.
Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
La reforma tributaria de Trump sigue de moda. Bajar impuestos a los más ricos se presenta como la fórmula milagrosa para generar empleo y acelerar el crecimiento, tan buena que en Colombia algunos quieren copiarla. Por fortuna el presidente Duque no se ha tragado ese cuento fantasioso sino que ha planteado que quiere un sistema tributario más equitativo donde los privilegiados de altos ingresos paguen más impuestos.
En otras partes del mundo también se adoptan medidas orientadas a disminuir la desigualdad y a dotar al Estado con más recursos para financiar programas sociales. El año pasado, por la misma época en que los congresistas conservadores aprobaron la neoliberal reforma trumpista, en otro país el Congreso aprobó una reforma diametralmente opuesta. A pesar de ser un país importante, su reforma no tuvo cubrimiento en los medios de comunicación.
La estrategia central de esa reforma fue el aumento de la tarifa del impuesto sobre la renta a las grandes empresas y a las personas naturales de altos ingresos; además se aumentaron los impuestos a las ganancias de capital y se limitaron deducciones a gastos financieros que permitían bajar los impuestos pagados.
El objetivo del gobierno no era una reforma neutra, es decir no subió unos impuestos para poder bajar otros, sino que espera incrementar el recaudo tributario el 5%, para fondear los crecientes costos de sus programas de salud, pensiones y vivienda subsidiada.
En ese país los impuestos a las personas naturales ya eran elevados y progresivos con tarifas desde el 6% para los ingresos bajos hasta el 40% para los más ricos. Con la reforma se subió la tabla, y los ingresos más altos quedaron con un impuesto del 42%., frente al 33% de Colombia. A diferencia de nuestro país donde el impuesto a las ganancias ocasionales es fijo y bajo -solo 10% para cualquier ganancia- en ese otro país se tenía un impuesto progresivo con tarifas entre el 6% y el 40% dependiendo del monto de la ganancia. Con la reforma también se modificó esta tabla, de manera que la tarifa más alta subió al 42%.
Con altos impuestos a la personas, las empresas gozaban de una tributación más baja: solo 22% de sus utilidades, más una sobretasa del 10% del impuesto pagado. Con la reforma se elevó esta tarifa al 25%, pero solo para las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas continuaron con el anterior 22%...
Pregunta para concurso: ¿cuál fue el país que hizo esa reforma progresista?
Cali. 14 de octubre de 2018
Folòsofo y Economista. Consultor.
Es sabido que el Banco Agrario fue utilizado durante el gobierno Santos como fortín político. Es sabido también que se arriesgaron 120 mil millones de los recursos para el campo, con la bendición del exministro Iragorri, para lanzarle un salvavidas a Navelena en medio del escándalo de corrupción. El Banco incursionó en el negocio de compra de cartera y hoy tiene embolatados 19 mil millones en el fraude de Estraval, una operación que violó sus políticas y que, de lo puro ingenua, es muy sospechosa, pues un banco, y además público y de fomento para un sector sin recursos, no puede dejarse timar con la ilusión de extraordinarios rendimientos.
En medio de esa trampa de corrupción, politiquería y mermelada, el Banco Agrario olvidó su misión y su responsabilidad histórica con el campo, mientras esa Colombia olvidada era asolada por todas las violencias, incluida la peor de ellas: el abandono del Estado. Es urgente recuperar la institucionalidad agropecuaria y es prioritario hacerlo con el Banco Agrario, pues la transformación del campo exige flujos crecientes de capital, un nicho que no le interesa a la opulenta banca privada, así como un canal eficiente para irrigarlos y convertirlos en progreso, en condiciones ajustadas a la realidad rural, sin amiguismos ni politiquería, con asistencia técnica y seguimiento a la inversión. Gran reto para el nuevo presidente, Francisco José Mejía, quien encontró un banco con una caída en colocaciones de 320 mil millones a partir de 2017; un indicador de cartera vencida (7.9%), que dobla el promedio del sector (4.1%); gastos administrativos del 30.4% del margen de intermediación, también superiores al promedio (25.4%), y gastos de nómina con crecimientos del 16%; síntomas todos de clientelismo y derroche.
Son muchos las tareas, empezando por erradicar el clientelismo y la corrupción, para acatar luego la instrucción del presidente Duque, de orientarlo hacia los pequeños y medianos productores, sin desmedro del apoyo a la producción empresarial. No puede ser que el Banco Agrario apenas intermedie el 11% de los créditos Finagro para medianos productores, la gran clase media rural que empuja la recuperación del campo; ni que financie el 95% de los destinados a pequeños productores, pero esa cifra se desinfle con el recordatorio del presidente a Francisco Mejía: “solo tres de cada diez pequeños productores pueden acceder a algo de crédito”. Eso nos lleva a dos temas críticos: 1) Hay que facilitarle el acceso a los medianos, y 2) Hay que, por lo menos, doblar la bolsa de Finagro para los pequeños, lo cual es posible si se tapa o se controla el tubo de escape de las “inversiones sustitutivas”.
Bogotà, D. C, 14 de octubre de 2018
* Presidente de Fedega.
Todo lo que es y ha sido la humanidad es el resultado de la conjunción de dos factores: los bienes que nos brinda la naturaleza y el conocimiento con el que la transformamos y nos relacionamos entre nosotros. Y esto es cierto en las ciencias naturales y en el de las ciencias sociales y las artes. ¿Qué son un teléfono móvil y la más bella melodía? La manera como se expresan los conocimientos acumulados desde los tiempos más remotos.
De ahí que uno de los momentos decisivos del progreso social –ocurrido con el advenimiento del capitalismo, para más señas– ocurrió cuando los líderes de la sociedad empezaron a hacer conciencia de que la bárbara ignorancia de esos días no podía continuar, ni entre las élites ni en los sectores populares. Apareció así el objetivo de la educación universal, es decir, para todos, a la que debieron encontrarle cómo alcanzarla, si a través de los negocios privados, de insuperable incapacidad para estos efectos, o si, dada su importancia estratégica, la responsabilidad la asumiría el Estado, la única fuerza capaz de lograrla.
Nació así la consigna de la educación universal, de alta calidad y gratuita, para que ante la escasa capacidad de compra pudiera ser para todos, y pública, porque solo el Estado puede pagar el alto costo de la gratuidad, la base de esta revolución. Y pública debe incluir que no habrá pensamiento oficial sino libertad de cátedra, porque un ambiente democrático es el mejor para crear y transmitir ciencia y conocimientos. Vale resaltar que los burgueses más entendidos promovieron estos cambios porque entendieron que les convendrían a sus negocios, como en efecto ha ocurrido.
La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad. Porque los pobres no alcanzan a pagar ninguna, ni la más barata y peor, y por norma las clases medias solo pueden costeársela pero cara y mala, de garaje, drama que además pagan sufriendo durante años, porque los estudiantes y sus familias reducen el consumo durante las carreras o después, pagándole una deuda de usura al Icetex. Y también se la cobran cuando lo que llaman el mercado no los emplea, por la menor reputación de la universidad que les otorgó los títulos y a la que estos jóvenes llegaron obligados, porque el Estado les negó el derecho a una educación universal, de alta calidad, gratuita y pública, como la de Finlandia, para mencionar un caso.
Las grandes movilizaciones universitarias de esta semana fueron en contra de quienes, como Duque, se han opuesto y oponen a que la línea educativa del Estado colombiano sea la planteada aquí, sin la cual Colombia no será nunca un país de primera categoría. ¿Cómo probar que la privatización es su política? Aunque parezca mentira, ¡luego de 26 años y seis presidentes!, sigue vigente la Ley 30 de 1992, que congeló en términos reales las transferencias del Estado a sus universidades, con lo que la mitad de los estudiantes asisten a instituciones privadas, la transferencia del gobierno por alumno cayó de 3.153 dólares a 1.696 entre 1993 y 2017 y, según los rectores, el déficit de las 32 universidades estatales llega a 18,2 billones de pesos, cifra que no es mayor porque se ha sacrificado la calidad, en tanto la participación del Icetex en los recursos públicos del sector pasó del dos al 20 por ciento.
Si quienes gobiernan fueran francos, dirían que para qué educación y ciencia como las de los países que le llevan a Colombia grandes ventajas en todos los órdenes. Para qué si los TLC y la globalización neoliberal imponen que el progreso nacional no vaya más allá del muy mediocre que permitan las exportaciones de materias primas agrícolas y sobre todo mineras.
Coletilla: Violando la ley, los partidarios de Duque en el Congreso sostienen que el ministro Carrasquilla no tiene que responder políticamente por su pasado ni por su vida privada en una Moción de Censura por corrupción (https://bit.ly/2CcEpPJ). ¿Se imaginan la dureza de la crítica que recibiría un congresista que alegara lo mismo ante una acusación grave? Y con toda razón. Pero como en Colombia manejar chequera oficial da patente de corso, pueden asumir decisiones autoritarias, al costo de que, con su actitud y ejemplo, degradan más al país.
Bogotá, D. C, 12 de octubre de 2018.
*Senador del Polo Democràtico Alternativo
La reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la consulta en los proyectos mineros reviste una inmensa trascendencia. En palabras simples, podemos decir que nuestro juez de constitucionalidad acaba de reivindicar para el Estado el derecho preeminente para disponer sobre el subsuelo.
O dicho en otras palabras, que no es a través de consultas entre la ciudadanía como debe decidirse si en un determinado municipio habrá o no minería, sino de acuerdo con la ley.
Con esta sentencia, la Corte Constitucional vuelve por los fueros de lo que siempre fue, desde los tiempos del derecho indiano, un derecho preeminente de la Corona; principio que heredó la República.
Recuérdese que toda la legislación de Indias sobre explotación de minerales se fundaba precisamente en que el dueño del subsuelo era la Corona. Quien recibía la licencia para explotar minerales sacados del subsuelo debía pagarle un derecho, que desde siempre recibió el nombre de regalía.
Este principio está recogido por lo demás en nuestra Constitución en su Artículo 332, que dice así: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
Todo el fundamento, por ejemplo, de la legislación petrolera del país se basa en ese principio: como el dueño de los yacimientos petrolíferos o gasíferos es el Estado, éste puede disponer de ellos otorgándole a particulares el derecho de explotarlos, ya sea mediante contratos de concesión primero, y luego, de asociación que es la figura que rige actualmente. Por virtud de las cuales el particular que reciba dicha concesión debe pagarle al Estado una determinada regalía.
Toda la legislación hoy vigente sobre regalías que, recuérdese, cubre cualquier explotación de recursos naturales no renovables, se apoya en este viejo principio de que el subsuelo es del Estado.
La jurisprudencia titubeante que habían empezado a trazar nuestras altas cortes queda revisada con el fallo de esta semana en el que, en esencia, lo que se está diciendo es que quien define sobre el subsuelo es la ley y no las consultas, que no proceden porque el subsuelo no es propiedad ni de los municipios ni de sus habitantes.
Con buen criterio lo que hizo la Corte fue decretar una moratoria de consultas municipales para prohibir o autorizar el uso del subsuelo, mientras el Congreso dicta una reglamentación al respecto. Ojalá el Congreso no escurra en esta ocasión el bulto como ha sucedido cuando, para otros propósitos, la Corte Constitucional le ha demandado legislar sobre otros asuntos, Su responsabilidad ahora es legislar con juicio y oportunidad sobre la manera como habrá de autorizarse o restringirse la explotación de recursos naturales no renovables en el país.
El tema no es menor. Como iban las cosas hasta este fallo estábamos caminando hacia la anarquía. Ya hay sobre la mesa 158 solicitudes de consultas ciudadanas por las que otros tantos municipios proponen la prohibición de que en sus jurisdicciones se desarrollen explotaciones mineras. Varias de ellas proponen la prohibición para explotar no solo minerales sino también hidrocarburos, en un momento en que las reservas del país no llegan a 6 años y que de seguir como vamos, sin intensificar la exploración y la explotación, iríamos camino a la menesterosa situación de volver a ser importadores netos de hidrocarburos, como lo fuimos a comienzos de los años 70 del siglo pasado, cuando dimos el afortunado viraje de los contratos de concesión hacia los de asociación.
Este fallo de la Corte será objeto, desde luego, de infinidad de debates. Pero no podemos dejar de abonarle a la Corte Constitucional el coraje que ha tenido. No se ha dejado endulzar el oído de los que esperaban que ella se fuera por la línea de menor resistencia.
Cuando dentro de algunos años se haga un balance sereno de cómo Colombia logró conjugar una explotación razonable de sus recursos sin estropear el medio ambiente, y cuando logremos darle el giro a la peligrosa línea por la que hoy estamos transitando, según la cual las reservas petroleras están en un peligroso nivel de agotamiento, habrá que volver a mirar hacia este fallo para reconocerle sus méritos innegables.
Bogotà, D. C. 14 de octubre de 2018.
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Todos los colombianos del común, los que se dejan seducir e ilusionar por las promesas de las campañas creyeron que realmente íbamos camino a una Venezuela. Y votaron para impedirlo.
Al despertar se encontraron con otra realidad. Bien diferente a la plantilla que utilizó el presidente del Senado, Ernesto Macías en el discurso de posesión del Presidente Duque, para desprestigiar al anterior mandato.
Macías recibió 16 “reconocimientos” como “huilense ilustre”, por gremios y entidades de su departamento. Medallas, galardones, accésit y hasta la Cruz de Boyacá, que solía entregarse solo a quienes hubieran ofrecido grandes servicios a la Patria. Ni en Guinness World Records existía una marca que se equiparara a semejante abundancia.
Fue una zafia y tosca manera de remunerar y pagar servicios y lengüeteos, que hasta el senador Uribe practicó, cuando unió al homenajeado con el Presidente Duque para tomarles una foto que al minuto puso a circular en las redes.
Ese frenético reparto medalleríl, es apenas comparable con la desenfrenada carrera que lleva el dólar. Nuevamente está desbocado, para beneficio de unos pocos. Hace dos o tres años, el minhacienda Cárdenas lo llevó de los 1.800 a los 2.800 pesos, sin que nada hubiera pasado. Los exportadores se beneficiaron, llenaron sus alforjas, mientras los trabajadores a su servicio, solo recibieron los mismos incrementos salariales ligados al mínimo.
Hoy vemos, no con sorpresa, porque se sabe que quienes tienen información privilegiada, utilizan las normas, para beneficiarse. El dólar está que vuela… y según dicen los que manejan el Banco de la República, continuará el desenfreno, porque el Emisor saldrá diariamente al mercado a buscar la divisa para incrementar las reservas internacionales de Colombia. Los exportadores de nuevo, llenaran bolsillos y sus cuentas en el exterior, mientras sus trabajadores continuarán bajo el imperio del raquítico mínimo, viendo como sus anhelos de una vida mejor, se aleja a saltos de canguro, porque el dólar arrastra todo.
Durante la pasada campaña, se ofreció a través de todos los medios, en las plazas públicas, conferencias, entrevistas y conversatorios, que estábamos al borde de convertirnos en una Venezuela y que para evitarlo era indispensable votar por Duque. El pánico cundió e hizo el milagro. Pero las cosas no han salido del todo afortunadas. Arrancaron con el anuncio de una reforma tributaria que para suavizarla llaman “Ley de Financiamiento”. Incluye toda una carga de IVAS, con legalizados bonos de agua. Y se prepara otro golpe a quienes aportan o aportaron a la seguridad social, durante años para que ciertos políticos se apoderaran de esos dineros.
El Presidente Duque parece tener claro que aún es tiempo de sacudirse, de acudir a sus valiosos conocimientos económicos que lo destacaron en el BID, aplicar imaginación y rodearse de jóvenes y viejos que piensen más en su pueblo, su gente y la equidad que requiere Colombia, para alejarnos de la temida Venezuela.
BLANCO: La presencia de los estudiantes para defender la educación.
NEGRO: La mordaza de Macías a los estudiantes.
Bogtá, D. C, 12 de octubre de 2018
*Periodista exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
“Dejar de tolerar la impunidad”.
Es necesario que sigamos refiriéndonos al abominable acto perpetrado en el municipio de El Carmen (Norte de Santander). El secuestro días atrás del niño Cristo José, hijo del alcalde municipal. La víctima fue liberada ayer, según informaban las autoridades.
No por ser hijo del burgomaestre, sino por ser niño, el delito -aunque no es el primero de esta naturaleza- ha despertado la reacción de todo el país, inclusive con repercusiones internacionales. El propio Presidente de la República acudió a la casa de la familia, para expresar su solidaridad y el interés del Gobierno en lograr la libertad del menor.
De suyo, el secuestro es un delito atroz -que inexplicablemente quedó totalmente impune en el caso de las Farc, que tantas veces lo perpetraron- y que han cometido y siguen cometiendo impunemente el Eln, el Epl, las llamadas disidencias de las Farc, los paramilitares, los narcotraficantes, las Bacrim, los delincuentes comunes, en contra de una sociedad que, ante el mundo, se proclamó en absoluta paz, sin haberla disfrutado.
Pero el secuestro de un niño es algo que hiere profundamente la sensibilidad de cualquier persona, y produce necesariamente sentimientos de rabia e impotencia, como lo hemos podido palpar en estos días en todos los sectores.
Se necesita ser muy cobarde y canalla para aprovecharse de la inocencia, del estado de indefensión y de la natural debilidad de un niño para privarlo de su libertad y someterlo al tormento del cautiverio. En sí mismo es una tortura para cualquier persona mayor, pero con mucha mayor razón es una tortura para el niño. Y una infinita tortura para sus padres, hermanos y familiares.
Vimos el dolor reflejado en el rostro de la madre, y escuchamos sus palabras, llenas de esperanza en que todavía pudiera quedar algo de sensibilidad humana entre los criminales.
El país entero reclamaba, exigía, la liberación inmediata, a salvo, del niño Cristo José.
Aparte de que se trate de un delito -no de cualquier delito, sino de uno muy grave-, desde el punto de vista humano, el plagio de un menor de edad es algo inaudito, que no tiene perdón de Dios y que no lo debe tener del Estado, ni de la sociedad.
Infortunadamente -si hablamos de los deberes estatales de garantizar la libertad, la vida y la integridad de las personas, y de hacer justicia- , nuestro Estado ha fracasado. Toda vez que hemos dado en tomar las liberaciones de secuestrados como actos de magnanimidad y generosidad de los plagiarios, y en perdonarlos en aras de una fementida voluntad de paz, el secuestro -ahora con los niños- seguirá dejando su imborrable huella en las familias colombianas, a menos que el Estado -Gobierno, Congreso y jueces- asuma en serio su papel ante la delincuencia y deje de tolerar la impunidad.
Bogotá, D.C, 10 de octubre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Qué hace que la lucha contra la corrupción en Colombia sea algo abstracto, inalcanzable. Elemental: la inocultable complicidad entre los poderes, no para atacarla sino para perpetuarla.
Yo te protejo tú me proteges, aún por encima de las leyes. Cierran filas y se hacen inexpugnables para los órganos de control que también son apéndice de ellos. Ni qué decir de los capitales privados que subyacen en la toma de decisiones del Estado a través de la puerta giratoria. Así es imposible, estamos perdiendo la batalla como sociedad.
Algún día le escuché al Concejal Juan Carlos Flórez, decir acertadamente: la corrupción es el sistema, y creo que no se equivoca. Imponen una versión de la ley que se ceba sobre los recursos públicos, neutralizan la posibilidad de cualquier veeduría; acuden al largo historial de intimidar a sus críticos, a los periodistas y a cualquiera que los estorbe. En el mismo Congreso -el recinto de las leyes- se utilizan argucias jurídicas para evitar, por ejemplo, el control político.
Aterricemos, para no ir tan lejos, en la supuesta audacia del presidente del Congreso, Ernesto Macías, para impedir la moción de censura que los senadores del Polo, Robledo y López, le quisieron aplicar al ministro de Hacienda Carrasquilla: se inventó artilugios jurídicos para evitar un control político. Qué paradoja, en el templo del debate político se imponen los argumentos jurídicos para evitar que la oposición se oponga.
Ese es el talante de Macías y del gobierno Duque. De nada sirvió el debate en donde se demostró hasta la saciedad cómo, de una triquiñuela legislativa que Carrasquilla ayudó a diseñar como ministro, se aprovechó para meterles a 117 alcaldes un paquete chileno; pero más grave aún, le mintió al Congreso: dicen los promotores del debate que el ministro había tasado sus ganancias en ocho mil millones cuando en realidad fueron 22 mil millones de pesos.
Ese solo hecho, más las indelicadezas del ministro Carrasquilla en el proceso para estructurar el negocio diseñado para comprometer el futuro de los 117 municipios, merecía llevar al funcionario a una moción de censura, que además es una figura constitucional que fortalece la independencia de poderes y le da herramientas a la oposición para ejercer el control político y cuestionar que holgazanes del partido de gobierno se apoderen de las arcas del Estado y abusen de la autoridad.
Negarle esa posibilidad a la oposición no es más que un acto de autoritarismo que viola los preceptos constitucionales. No hay argumento jurídico que esté por encima de un procedimiento político genuino y necesario en cualquier democracia. No puede el presidente Duque avalar acciones despóticas contrarias a la democracia liberal. Debe aceptar con entereza las reglas de juego y buscar derrotar a la oposición en franca lid, a voto limpio, en las instancias del sistema. Eso es más admirable que buscar argumentos sacados de un cubilete que hiede a corrupción. Creo que es la mejor manera de disipar cualquier duda sobre su ministro de confianza.
Ahora, no todo parece perdido. La Cámara de Representantes asumiría esa responsabilidad y todo parece indicar que en ese recinto se revivirá la moción de censura contra el ministro Carrasquilla. Esperemos que sea una decisión genuina, transparente y no un instrumento de chantaje para obtener beneficios. Y al gobierno, por segunda vez, no le quedará nada bien arrebatarle ese derecho a la oposición.
Bogotá,D. C, 9 de octubre de 2018
*Periodista
@jairotevi
