Opinión

El pasado viernes 5 de octubre, se llevó a cabo en Popayán un encuentro muy concurrido por parte de campesinos, indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales del sur occidente del país, venidos del departamento del Cauca, de Nariño, del Putumayo, del Chocó, del Valle del Cauca y del Huila y a la cual asistieron gobernadores de esta región, el sector institucional y la Comisión de Paz de la Cámara y el Senado de la República, con el fin de escuchar a los voceros sociales sobre sus circunstancias de vida, sobre la temática de Derechos Humanos, sobre el proceso de Paz en la perspectiva de región.

A esta audiencia pública denominada “Por la defensa del territorio, la vida, la dignidad y la Paz”, asistieron más de 500 personas de todos los sectores acompañados de sus respectivas guardias campesinas, indígenas y étnicas, en una concurrencia de saberes, de ideas, de aportes desde diferentes ópticas.

Las comisiones del Congreso tuvimos la satisfacción de haber interactuado con ellos y por supuesto nos comprometimos en las conclusiones, que no son otras, que reclamar del Estado varios temas como el de la seguridad para los líderes sociales, para que no sigan siendo asesinados y se les garantice su supervivencia en esta región y en todas las demás regiones colombianas.

Durante nuestra intervención advertimos sobre varias temáticas nacionales que tienen directa incidencia con las comunidades del sur occidente del país, de nuestra parte como miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República, seguiremos asumiendo la tarea de defensa del proceso de Paz, de su implementación, de respeto a la implementación legal y constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente amenazada por actitudes autoritarias de la Fiscalía General de la Nación, también en la defensa de la institucionalidad democrática, no vamos a aceptar la unificación de las Cortes en ningún tribunal supremo, no vamos a aceptar la restricción de la tutela en nuestro país, no vamos a aceptar que se modifique la Ley 1448 o Ley de Víctimas y se eche para atrás todo lo alcanzado en materia de restitución de tierras en nuestro país, vamos a ser defensores de la educación pública y todo lo que esto representa para las nuevas generaciones, es un patrimonio del saber que debemos defender. 

Como miembro también de la Comisión Quinta del Senado de la República, seguiremos adelantando también la implementación en temas de los acuerdos desde el punto de vista agropecuario, en el tema de acceso y formalización de tierras, implementar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria o Ley 1876 de 2017 que nosotros lideramos en el Congreso.

Así mismo nuestra solidaridad con los líderes y lideresas sociales de Colombia y del Cauca y por supuesto también buscar los recursos que demanda  los proyectos productivos del posconflicto.

Como congresista del Macizo colombiano nuestra admiración y gratitud a las organizaciones como el SIMA, ASOMAC, y nuestra invitación para que nos unifiquemos como Macizo colombiano para que se ponga en práctica el documento CONPES 3915, para proteger el Macizo colombiano, fuente del 70% del agua dulce de Colombia.

En éste propósito tenemos que converger los 89 municipios de los siete departamentos que integramos el Macizo colombiano para adelantar planes y programas que permitan su preservación y conservación de esta fábrica de agua que baña a nuestro país.

Desde nuestra curul que es la curul de todos siempre alzaremos la voz por los colombianos más vulnerables, quienes realmente reclaman presencia efectiva del Estado colombiano en sus territorios, quienes buscan un mejor futuro para sus familias, con oportunidades de desarrollo, de empleo, de proyectos productivos, y sobre todo de condiciones dignas que les permitan mejorar su calidad de vida y con garantías plenas de seguridad para quienes habitan la otra Colombia, la Colombia rural y olvidada.

Pasto, 8 de octubre de 2018.

*Senador de Colombia. Partido Liberal

El alza internacional del precio de los combustibles, que ya se acerca a los 80 dólares por barril, y que a juzgar por muchos analistas podría llegar hasta los 100 dólares, le plantea a las autoridades económicas del país un gran dilema: ¿Estos nuevos recursos deben gastarse o ahorrarse?

El presupuesto para 2019 se había preparado sobre el supuesto de unas rentas petroleras calculadas con base en un precio del crudo de 67 dólares el barril. Lo que exceda de esta cifra serán, entonces, utilidades no esperadas que, de continuar los buenos precios, pueden llegar a ser muy cuantiosas.

Ahora bien: la tendencia natural va a ser, ante el déficit tan grande que recibió el nuevo gobierno, la de llevar estos nuevos ingresos a adicionar el programa de gastos para el año entrante. Sin embargo, cabría preguntar: ¿Es esto lo prudente?

Una de las críticas más sólidas que se le hace a la política económica del gobierno anterior fue que cuando hubo buenos precios del crudo no se ahorró nada, y todo se llevó al gasto. Con la consecuencia de que cuando llegaron los malos precios todo se tuvo que manejar, o recortando inversiones o aumentando el déficit, como en efecto ocurrió. ¿Volveremos a repetir la misma historia en esta ocasión?

Mediante ley 1157 de 2007 se creó el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que tiene como propósito, precisamente, servir de instrumento para ahorrar cuando los precios van al alza, y gastar (desahorrando) para estabilizar el precio interno cuando los precios internacionales van a la baja.

Durante los últimos años el fondo no se ha utilizado para lo que se creó, como sucede con tantas cosas en Colombia. Cuando los precios subieron no se ahorró. Y cuando los precios han descendido se ha hecho un desahorro, a base de déficit, que, según estudio reciente de la Contraloría General de la República, asciende a 6.1 billones de pesos. Podría decirse que éste es uno de los chicharrones fiscales mas complejos que recibió el nuevo gobierno.

¿Cómo actúa este fondo? En palabras de la Contraloría el fondo teóricamente debe funcionar de la siguiente manera: “El diseño del FEPC surge de la decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, de establecer fórmulas para determinar el precio interno de la gasolina y ACPM, los cuales se caracterizan por no permitir incrementos mensuales mayores al 3% (resolución 181602 de 2011 para la gasolina y Resolución 181491 de 2012 para el ACPM), atenuando en el mercado nacional la volatilidad de los precios de los mercados internacionales. Es por este diseño que se generan las diferencias entre los precios internacionales y el IP (precios nacionales). El FEPC y las fórmulas aludidas funcionan como un conjunto que permite brindar estabilidad en los precios al consumidor colombiano ante fuertes variaciones en los precios internacionales, tanto al alza como a la baja de los mismos”.

Como los precios están subiendo, y es posible que lo sigan haciendo, pues las sanciones de Trump a Irán han hecho descender la producción en este país, y el desgreño administrativo en Venezuela es tal que la producción de crudos en el vecino país se ha desplomado hasta niveles, cosa inaudita, como el que se registró el mes pasado cuando Colombia produjo más petróleo que Venezuela. Estas restricciones de la oferta de los mercados internacionales muy probablemente continuarán empujando al alza las cotizaciones del crudo.

Así las cosas, lo que parece más recomendable, desde el punto de vista de la Hacienda Pública de Colombia, es que las mayores rentas petroleras se ahorren en este fondo de estabilización y no se lleven al gasto. Absorbiendo de paso parte, al menos, del gran déficit que se ha venido acumulando en este fondo.

Proceder así requerirá naturalmente de un gran coraje fiscal: hacer frente a las inmensas presiones de gasto que hoy recibe el Gobierno central y llevar la totalidad o al menos gran parte de los excedentes petroleros a fortalecer el ahorro del fondo de estabilización.

¿Tendremos el coraje para hacerlo?

Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2018

*Abogado, Economista y Exministro de Estado. 

Ampliar la base del IVA es una manera eficiente de aumentar el recaudo tributario. Por eso se está proponiendo extenderlo a los productos de la canasta familiar, lo que produciría unos $15 billones anuales según estimativos de Minhacienda, a los que habría que descontar unos $2 billones de la compensación para los más pobres.

Sin embargo gravar la canasta familiar es regresivo e iría en contra del objetivo que ha planteado el presidente Duque de una ley de financiamiento que permita tener un sistema tributario más equitativo. Aún suponiendo que se superen las dificultades logísticas para compensar a los más pobres, el mayor impacto sería para los vulnerables, esa nueva clase media que no recibe subsidios pero que apenas subsiste con ingresos un poco superiores a 2 dos salarios mínimos.

La Reforma del 2016 abrió esta puerta al establecer un IVA del 5% % a las ventas de vivienda nueva con valor superior a unos $900 millones. Fue un primer paso en la dirección correcta que debe ampliarse por dos caminos: uno, elevando la tarifa y otro ampliando su aplicación a otras compraventas de finca raíz.

La tarifa del 5% es muy baja en comparación con el promedio de los países de la OECD, que en la mayoría de los casos gravan las ventas de vivienda con la tarifa general del IVA (de 19% hasta 25%); solo algunos países imponen una tarifa menor, tales como España e Italia (10%), mientras que en el vecindario, Chile las grava con la misma tarifa general (19%). Así debería ser en Colombia.

En cuanto al ámbito de aplicación debe ampliarse a todas las compras de bienes inmuebles con excepción de la vivienda VIS y VIP. El gobierno pasado contempló la posibilidad de imponer el IVA a la venta de oficinas, bodegas y locales comerciales, pero se echó para atrás sin que haya justificación para esta excepción.

Cali, 7 de octubre de 2018

*Filósofo, Economista y Consultor.

“Tinglados periodísticos al servicio de abogados”

En este mundo, y especialmente en Colombia, se acude a lo que sea para escapar a la justicia y la verdad. Lo vimos en el gobierno 2002-2010, en donde reinó aquello de “pasemos a la siguiente pregunta”, fórmula de escape que siguió imperando hasta nuestros días. Nunca se llegó a pensar que Trump, el más poderoso del mundo, utilizara iguales “salidas” para escurrir el bulto…

Las argucias, ingeniosidades y artimañas del senador y jefe, aplicadas durante su gobierno para capotear recordadas investigaciones cercanas, lo condujeron a espiar y campanear a la Corte Suprema de Justicia. Son muchos los años que lleva afilando rencillas y altercados; y muchos los abogados y bufetes utilizados para tales fines.

Unas veces “tuitea”, otras lanza dardos y otras pone a los bufetes a blasfemar contra la máxima autoridad justiciera colombiana. A él se le suman otros sectores de la población que también están subjudice o bajo el ojo de la justicia. Sin recato alguno lanzan dardos venenosos a esa rama del poder.

Esta semana la copa parece haberse llenado. El colega Juan Roberto Vargas logró que el presidente de la CSJ, José Luis Barceló, y el de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández, se defendieran de los cada vez más frecuentes ataques, y lo hicieron. Para unos el hecho constituyó una afrenta ¿Contra quién? El interrogante no tuvo respuesta, pero gran parte del país aplaudió la entereza y el carácter de los magistrados.

Por ello deberán enfrentar a famosos, intocables y tenebrosos bufetes de abogados, a los que nadie se atreve a cuestionar, porque tienen listas las demandas a sus contradictores. Por fortuna existen otros, muy pocos, que actúan dentro de los principios éticos que les inculcaron en las universidades.

Acusados, delincuentes y bufetes venales aprovechan los medios de comunicación, las redes y demás tecnologías modernas como estrategia de defensa. Calumnian, enjuician, deshonran y condenan a magistrados, jueces y funcionarios. Con valentía y coraje, los dos magistrados delataron la existencia de tinglados periodísticos apoyando los bufetes. Así montan sus estrategias de defensa.

Según estas delaciones, estamos ante situaciones extremadamente graves que, según los magistrados, involucran al innombrable, a quien reclaman conducta ejemplar, acorde con su gran importancia y trayectoria, porque “un expresidente y gran dirigente debe actuar con toda la rectitud y dar ejemplo a las generaciones actuales y futuras de cómo comportarse y cómo actuar ante la justicia y ante la sociedad”.

Los magistrados están sometidos al escarnio público, porque osaron investigar a un “eterno”, que quiere seguir mandando y gobernándonos de por vida. Grave que haya tinglados periodísticos al servicio de abogados que manejan la justicia desde “acreditados” bufetes.

BLANCO: El Nobel a los científicos que desarrollaron el medicamento contra el melanoma.  

NEGRO: Se inauguró la mermelada con un nombramiento para los Ciros de Boyacá. Sin llenar los requisitos de ley, se designó Directora de la Agencia de Desarrollo Rural.

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2018.

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Han sido divulgados varios proyectos de acto legislativo orientados a modificar las reglas vigentes sobre administración de justicia.

Hay consenso en torno a la existencia de una crisis. Preocupa a los colombianos la creciente congestión; la morosidad que, pese al mandato del artículo 228 de la Constitución (“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”), conduce a decisiones extemporáneas a las que muchas veces se adelanta la muerte del interesado; a lo cual se añaden el excesivo formalismo y la corta visión de muchos jueces sobre el objeto de las normas que aplican.

Se observa, además, una extendida falta de criterio jurídico y hasta de elemental sentido lógico en muchas providencias, lo que nos ha llevado a proponer desde hace años que, para ser juez, se exija a los candidatos una previa preparación académica adicional a la de los abogados, específica e intensa, exclusivamente dirigida a tal efecto, con profesores de las más altas calidades, y con énfasis en la rama del Derecho en que aquéllos quieren desempeñarse. Con exámenes y trabajos de grado que aseguren la excelencia. De modo que a la judicatura no se llegue por casualidad, sin la fortaleza que otorgan el conocimiento del Derecho y la formación de la conciencia jurídica.

Para vergüenza del país, a la impunidad provocada por jueces indulgentes, por el vencimiento de términos, por las maniobras de abogados inescrupulosos; por la generosa aplicación del principio de oportunidad y de inmerecidos beneficios y rebajas de penas; a la grave crisis carcelaria... se añaden ahora la politización en que han caído algunos funcionarios y el preocupante incremento de graves irregularidades en el trámite y decisión de los procesos.

Más que en las disposiciones constitucionales vigentes -a muchas de las cuales se propone introducir innecesarias reformas- el principal problema de nuestra administración de justicia radica en la equivocada selección de quienes administran la justicia. Aunque hay jueces, fiscales y magistrados probos y bien estructurados, no es la regla general, y en cambio, una perniciosa tendencia a la corrupción se acusa en muchos, por lo general acompañada de una débil formación jurídica. Es decir, ante la deficiente preparación en Derecho, se prefiere -porque no se respetan la ética ni los principios- la vía torcida del soborno, la influencia política, la compra y venta de conciencias y el desvío de los procesos hacia los fines perseguidos por quienes no tienen escrúpulos, ni resortes morales.

Hoy, en no pocos despachos judiciales, no valen los argumentos jurídicos, ni pesa el material probatorio. Son sustituidos por la apelación a corruptas modalidades seudo procesales habilidosamente usadas para vencer o neutralizar  a la contraparte, o para impedir la correcta aplicación de las leyes, mediante la interpretación  malévola de sus mandatos. Y cuando eso ocurre se sacrifica el valor primordial del Derecho: la justicia.

Se ha improvisado con los proyectos de reforma, y se ha puesto atención a asuntos que poco o nada interesan a la ciudadanía, ni aseguran el efectivo y real acceso a la administración de justicia. Mientras no pensemos en el elemento humano y en su formación moral y jurídica, de nada sirven las reformas.

Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional.

En los últimos días he sido invitada a varios espacios de opinión a debatir acerca de la radicación que realicé del proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Familia. En casi todos estos encuentros, y a través de mis redes sociales, pude enterarme de  varias preocupaciones y temores al respecto,  sobre los cuales quiero pronunciarme.

La primera es que, si bien de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y jurídico la competencia para crear nuevos órganos del Estado es exclusiva de la rama Ejecutiva en cabeza del presidente de la República, el doctor Iván Duque, este proyecto puede ser viable en la medida en que cuente con el aval del Gobierno, frente a lo cual quiero señalar que ya la iniciativa se encuentra en el despacho de la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez.

Por otro lado, uno de los temores más grandes es que sea un órgano excluyente ya que en el proyecto de ley cité el artículo 42 de la Constitución Nacional en donde se refiere a la conformación de una familia. Quiero dejar claro que mi naturaleza política es profundamente demócrata y el hecho de registrar lo que dice la Carta Magna es sólo el marco normativo que todo proyecto debe incluir.

Además este artículo está contenido en varias leyes como la 1361 de 2009 y la 294 de 1996, todas ellas fundamentales para la protección integral de la familia.

De tal forma quiero que la opinión pública quede tranquila al saber que  mi interés, y ni el del proyecto de ley, es discriminar. Las personas que ya venían siendo beneficiarias por parte de los diferentes  programas continuarán recibiendo las ayudas, no se excluirá a nadie por su raza, sexo, creencias, religión, etc.

Zanjado el tema ideológico, considero que no se debe distraer la atención del centro de esta iniciativa que no es otro que la articulación y sinergia de varios de los programas sociales que habían venido funcionando desde diferentes entidades del Estado.

Otra de las inquietudes que se han despertado es si en verdad es necesario este ministerio o si basta con darle un mayor impulso a los programas existentes. Como legisladora mi trabajo siempre ha estado enfocado al tema social. En ese sentido fui autora de varias leyes como la 82 de 1993 y la 1232 de 2008, que le da reconocimiento y beneficios a las mujeres cabeza de familia o la 1257 de 2008 en contra de la violencia intrafamiliar.

Luego de más de una década de promulgadas estas leyes el panorama no es para nada alentador. La violencia intrafamiliar sigue siendo una dolorosa realidad para casi 16.500 mujeres que el año pasado reportaron ser víctimas de maltrato. Eso sin contar que niños y adultos mayores también tienen que soportar este flagelo llegando a 12 mil casos denunciados.

Ni que hablar del tema de seguridad alimentaria para los menores de edad. Es francamente doloroso saber que 37 pequeños hayan muerto de desnutrición en La Guajira y que esta situación se esté volviendo en algo normal.

¿A dónde se están yendo los 11,03 billones de pesos que es el presupuesto para los programas sociales? Con el Ministerio de la Familia y Social podremos darle, por fin, una supervisión más cercana a la ejecución de los programas sociales y a la focalización correcta de los recursos.

Además de tener una articulación de los programas sociales, con cero costo y sin aumentar la burocracia, el Estado podrá realizar diagnósticos más certeros y unificados de las problemáticas reales que vive la familia colombiana de hoy y ofrecer las soluciones para brindar la protección y la seguridad que los miembros de esta institución, eje de la sociedad, necesita de forma apremiante.

Algunos opinan que la solución sería apoyar más la transversalización de los programas y darles un mayor impulso, y eso no sería otra cosa que darles más recursos, cuando el problema no es ese sino que sean usados de forma eficiente y eficaz.

 El debate sobre la creación del Ministerio debe darse, y en Cambio Radical estamos preparados para ello y mostrar la conveniencia de la aprobación de este proyecto, pero por favor no desviemos la atención en temas de supuestas discriminaciones que claramente no existen, y mientras nos centramos en eso las brechas de inequidad, las cifras de pobreza, de violencia, de muertes al interior de la familia rural y en las ciudad siguen creciendo y volviéndose algo normal para la sociedad colombiana.

Bogotá, D. C. 4 de octubre de 2018.

*Senadora de Cambio Radical

En 13 meses Colombia renovará todas sus autoridades locales. En el último proceso electoral participaron más de 112.000 aspirantes. 144 candidatos a gobernadores, 4.539 competidores para alcaldías, 3.444 aspirantes a diputados, 90.275 buscaron ser concejales y 14.471 a ediles.

Muchos de quienes logren ganar las curules se elegirán gracias al apoyo de organizaciones criminales, otro tanto lo harán con el financiamiento de contratistas que luego esquilmarán las arcas del Estado y un puñado de ellos intentará hacer una política seria y renovadora.

Como las elecciones son en un año deberíamos estar discutiendo cómo garantizar que sean estos últimos los que tengan mejores condiciones para hacer la política, porque su problema es que juegan con desventaja. Quienes reciben dinero ilícito juegan con ventaja, pues pueden gastar lo que sea con la tranquilidad que nada les va a pasar. Ese es el drama de nuestra política, que los criminales la tienen muy fácil para apropiarse de lo público y capturar el Estado.

La prioridad de cualquier discusión sobre reforma política debería ser cómo salvar la democracia local. Si no hacemos algo ahora, vamos a pasar el próximo lustro lamentándolo. En lugar de ello, el congreso empezó a discutir una reforma que busca cerrar las listas, cambiar las circunscripciones y eventualmente establecer la paridad de género, entre otras iniciativas válidas y necesarias pero sin ninguna relevancia para el proceso electoral de 2019. Los resultados del cambio constitucional, si es que logra ser aprobado, se verán en las elecciones de 2022. Las reformas políticas tienen que tener sentido de oportunidad, y aunque se podría decir que el congreso es muy previsivo y visionario, en la práctica lo que está haciendo es su responsabilidad y permitiéndole a los ladrones y delincuentes que sigan controlando la política local.

Ninguna de las propuestas que actualmente tramita el Congreso tendrá vigencia para las elecciones locales porque nada de lo que están discutiendo se pondrá en vigencia para el proceso electoral de octubre del próximo año.

Supongamos que los partidos aceptan la lista cerrada, incluso en ese caso será imposible que los partidos puedan desarrollar mecanismos de democracia interna para ordenar las listas de concejos o asambleas del próximo año por falta de tiempo. La reforma se aprobará en junio y las inscripciones comienzan en julio.

El monto de gasto en las campañas electorales de 2018 va a superar los 2 billones de pesos. De este monto, solo 500.000 millones serán reportados oficialmente. El Estado colombiano asignará un presupuesto de unos 150.000 millones para reposición de votos, los cuales serán pagados a partir del año 2020, tan solo unos mil o dos mil millones se girarán como anticipos electorales. Esto significa que más del 75% de los recursos que invertirán los candidatos en la campaña serán de origen desconocido para los electores y las autoridades. Y este billón y medio de pesos provendrá principalmente de contratistas estatales y redes de narcotraficantes, contrabandistas, mineros ilegales y bandas criminales en los territorios de posconflicto.

El gobierno del presidente Duque ha levantado la bandera de la lucha anticorrupción y la construcción de legalidad, pero si no cuenta con el apoyo de las autoridades territoriales sus esfuerzos para construir el Estado de Derecho no pasarán de las esferas nacionales. El gobierno y el Congreso aún están a tiempo de hacer algo para evitar que la democracia local siga siendo manejada por bribones. Una ley estatutaria para mejorar la transparencia, facilitar el control de los recursos y mejorar los mecanismos de control judicial sobre el gasto electoral es aún posible en lo que queda de legislatura. Pero tal parece que nuestros partidos y congresistas prefieren actuar como la orquesta del Titanic, dedicados a tocar música mientras todos nos hundimos.

Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2018

*Exviceministro del Interior

Al ver y escuchar a Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas no quedaba claro si el que estaba hablando era el presidente de Estados Unidos o el dueño de una marca que cobró 50 millones de dólares o más por ceder su franquicia a un complejo hotelero en Ciudad de Panamá que lleva el nombre de Torre Trump, según contó 'The Washington Post', sin invertir un dólar.

Más allá de ser un exitoso empresario y constructor, detrás de la marca Trump hay toda una oferta de productos como colonias, agua, gafas, colchones y hasta una Universidad llamada Trump, y ni hablar de hoteles y lujosos jets que engloban la multimillonaria fortuna del hombre más poderoso de la tierra. El objetivo de Trump, dice la periodista Naomi Klein, en su libro Decir no, no basta, “era convertirse en una marca hueca: ser propietario de poco, ponerle su marca a todo”.

Klein, también activista ambiental, dice en su texto que “no es posible desligar a Trump, el hombre, de Trump, la marca; son dos entidades que hace mucho que se fusionaron. Cada vez que pone el pie en una de sus propiedades -un club de golf, un hotel, un club de playa- con el equipo de corresponsales de la Casa Blanca a remolque, está haciendo aumentar el valor de su marca, lo que permite a su empresa vender más carnets de socio, alquilar más habitaciones y subir las tarifas”.

Por eso Trump hace lo que se le da la gana; no solo hizo alterar la agenda de la ONU, sino que colapsó la Quinta Avenida en Nueva York al trasladar el cuartel general de la Casa Blanca a la Torre Trump, retando al alcalde de la ciudad que es del partido demócrata y al Estado profundo que no lo apoya y, por supuesto, al resto del mundo. Puede parecer trivial lo que digo, pero ese es el presidente del país más poderoso del mundo: no hace concesiones con nadie y tampoco esfuerzo alguno para matizarlo.

Por ello cuando Trump comenzó su discurso en la ONU, con 30 minutos de retraso, dijo: “En menos de dos años mi administración ha logrado más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país Estados Unidos, eso es muy cierto” y, por supuesto, tal afirmación provocó de inmediato risas en el auditorio de la magna asamblea y él, dueño de la marca Trump, supo sortear la situación, pero no disipar el caos que su administración ha ocasionado en el orden internacional con sus decisiones.

Así como ha gobernado su marca, así gobierna su país y el mundo. Muchos observadores internacionales critican las decisiones del hombre más poderoso del planeta y se preguntan constantemente qué busca Trump rompiendo el consenso global, pero además desafiando al mundo neoliberal debilitando su arma más poderosa: la globalización. Y, como si fuera poco, hoy le abre la puerta a una guerra comercial con China que afectará gravemente las economías emergentes y países más débiles, como el nuestro.

Si a esto le sumamos las decisiones de liquidar el acuerdo nuclear con Irán, el traslado de la embajada de Estados Unidos de Israel a Jerusalén, eliminar el fondo para Palestina, anular la participación de Washington en la Unesco y el consejo de Derechos Humanos, reducir la contribución económica a las fuerza de mantenimiento de la paz y haber liquidado el acuerdo climático de París, solo podemos concluir que nada bueno nos espera en los próximos dos largos años que aún le restan a la marca Trump.

Ese es el presidente de Estados Unidos: no tiene aliados, tiene intereses y nosotros, a través del novel presidente Duque, nos rendimos a los pies de la marca Trump con el pretexto de una eventual guerra con Venezuela y abrirle de par en par las puertas a la fumigación con glifosato. Cómo confiar en un egocéntrico hombre que en campaña se le escapó la siguiente perla: “Confíen en mí porque yo he burlado al sistema”.

Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2010

*Periodista

@jairotevi

La energía es el hilo conductor del desarrollo económico y social. Así como en el siglo XX se impusieron las fuentes de energía primaria de origen fósil, en el siglo XXI se vienen imponiendo las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). Esta es la tendencia en el mundo entero y Colombia avanza en esa misma dirección.

Colombia había dado el primer paso en el 2001 con la expedición de la Ley 697 para promover el uso racional y eficiente (URE) de la energía. El Congreso de la República aprobó la Ley 1844 de 2017 ratificando el Acuerdo de París. Colombia promovió los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los adoptó y adaptó a través del CONPES 3918 de 2018, al tiempo que se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 20% para el 2030.

Según el Índice Global de Desempeño de Arquitectura de Energía del FEM (EAPI), que evalúa 18 indicadores y 3 áreas (crecimiento y desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, acceso a la energía y seguridad), Colombia ocupó en 2017 el 8º lugar entre 127 países examinados y el 1º en Latinoamérica, seguido por Uruguay, que ocupó el 10º lugar. Se suele decir que tenemos una energía “buena, bonita y barata”. Pero esto no están cierto, por lo que nos debemos cuidar de no caer en la trampa de la autocomplacencia. Y no lo decimos a humo de paja, lo decimos porque lo que es una fortaleza de su matriz energética, como lo es una participación del 70% de la generación de energía hídrica es también su talón de Aquiles. Debido al cambio climático esta se ha convertido en la gran vulnerabilidad del Sistema eléctrico Colombiano frente al recurrente fenómeno del Niño.

Con la expedición de la Ley 1715 de 2014, de la autoría del Senador José David Name y con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía, Colombia dio un paso decisivo en la dirección correcta. Los tres ejes fundamentales de esta Ley son: la reconversión de la matriz energética, promoviendo las FNCER, la eficiencia energética, en la cual jugará un papel preponderante el usuario del servicio de energía, que dejará de ser un agente pasivo de la cadena para interactuar con el operador de red y la reducción de las emisiones de GEI.

En su avance, tanto en su reglamentación como en su implementación, la Ley ha enfrentado la resistencia al cambio. Es el caso del Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que llegó a desestimar la importancia del recambio de la flota de Transmilenio con articulados eléctricos diciendo que “los motores eléctricos no se han terminado de inventar”. Y resulta que la Volvo, que ha sido el principal proveedor del Sistema de transporte masivo en Bogotá, ha anunciado que a partir del 2020 no volverán a fabricar motores de combustión interna. Tampoco tiene razón cuando aduce que incorporar esta alternativa a la flota de articulados elevaría los costos, lo que obligaría a subir el precio de los pasajes a sus usuarios. Está establecido que un bus con motor eléctrico, gracias a la mayor eficiencia energética de este, recorre un 85% más de distancia que aquel que opera con motor diesel con el mismo consumo de energía equivalente.

Por su parte, algunas de las empresas generadoras ya establecidas, como es el caso de EPM de Medellín, se muestran esquivos y reacios frente a la alternativa de las energías no convencionales. Es así cómo su Gerente Jorge Londoño le pidió al Gobierno  “respetar la neutralidad tecnológica y que sea el mercado el que revise las mejores opciones y escoja”. En ello están equivocadas. En Colombia la electricidad participa a duras penas con el 17% del consumo final de energía; a guisa de ejemplo la industria en Colombia depende en un 80% de las energías de origen fósil, supremamente contaminantes. Por lo tanto, el reto es electrificar la economía y de esta manera habrá espacio suficiente para todos, tanto para los actuales como para los nuevos jugadores que entren al mercado.

Lo ha dicho la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez: “tenemos como premisa que va a haber espacio para que se desarrollen las fuentes renovables y no renovables. No hay que escoger entre las dos, se necesitan todas”. Las FNCER no vienen a reemplazar ni a desplazar las fuentes convencionales de generación de energía, son el complemento necesario y la larga lo que se busca es la convergencia y acoplamiento de unas y otras. Se respaldan mutuamente. Vamos hacia las soluciones híbridas. Deben operar bajo los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. De esta manera se ganará en seguridad energética, resiliencia, firmeza, confiabilidad del Sistema energético y reducción de las emisiones de GEI! 

Bogotá, septiembre 29 de 2018

*Exministro de Minas y Energía.

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