Opinión
El resultado de la consulta popular contra la corrupción nos evitó una discusión jurídica sobre los alcances e implicaciones constitucionales de varias preguntas, pero éste es un debate que no debemos evadir por la importancia que tiene y que tendrán los mecanismos de participación democrática para el futuro de la política.
El punto medular es si se podían votar el punto número 1 y 7 dado que su desarrollo debía plasmarse en reformas constitucionales.
Para un grupo muy importante de juristas resulta inconstitucional que se incluyan este tipo de preguntas en las consultas populares porque la Constitución no se puede reformar por este mecanismo. El argumento de los constitucionalistas tiene al menos dos problemas desde mi punto de vista.
El primer problema es que asimila un mandato político a una reforma constitucional en sí misma. Cuando los ciudadanos votan en una consulta sobre un tema no están adoptando, ni negando, ni refrendando una norma de carácter constitucional. Lo que están haciendo es enviar una orden a la instancia respectiva, en este caso el Congreso, para que desarrolle de un modo más completo y adecuado aquello sobre lo que se ha pronunciado. En otras palabras, la consulta popular tiene como resultado mandatos políticos que los cuerpos representativos tienen la obligación de realizar.
El hecho de que la consulta produzca mandatos políticos se explica por la necesidad que se regulen temas complejos y farragosos. De las preguntas pueden derivarse cambios no solo de una sino de varias leyes, e incluso desarrollos pormenorizados en cada ley. Para que el mecanismo funcione, los ciudadanos dan la orden a sus representantes de regular un mandato específico, pero son ellos, sus representantes, los que tienen que hacer la tarea de darle un cuerpo normativo a lo que los ciudadanos aprobaron.
Por lo tanto, es evidente que cuando los ciudadanos aprueban una pregunta en una consulta no están aprobando una norma, sino que generan una obligación para que se adopte una norma. En este sentido, carece de sentido el argumento de que se está modificando la Constitución al votar una pregunta en una consulta popular.
Un segundo problema, mucho más complicado porque no se trata de un problema de técnica jurídica sino de contenidos democráticos, es si los ciudadanos pueden opinar sobre temas constitucionales en las consultas populares. Y es especialmente grave si, como lo han propuesto, se establece un control previo por parte de la Corte Constitucional, pues inevitablemente esa corte empezaría a interpretar el grado de afectación constitucional que se deriva de una pregunta, incluyendo por ejemplo, que la pregunta en cuestión pueda afectar su propia jurisprudencia.
El alcance de las preguntas contenidas en las consultas populares tiene ya un control de constitucionalidad, que es el que ejerce el propio Congreso de la República, tema que suele ser desconocido por quienes creen que el único guardián de la Carta Política es la Corte Constitucional cuando realmente no solo ella lo hace, sino todos los jueces, las otras cortes y el propio congreso. Al dar el visto bueno a las preguntas contenidas en la consulta es el Congreso quien debe evaluar la constitucionalidad de las mismas, para que se evite por ejemplo, atentar contra derechos fundamentales (como sucedió cuando el Congreso negó el referendo que propuso Vivian Morales). Y en todo caso, si alguna pregunta que ponga en riesgo derechos fundamentales llega a ser aprobada por una mayoría parlamentaria, se pueden usar otros mecanismos como la tutela contra la decisión del Congreso para proteger dichos derechos, pero en ningún caso una instancia que limite la soberanía de los ciudadanos.
El siglo 21 será el de la democracia participativa, no sólo en Colombia sino en todo el mundo. Un elemento central de este modelo democrático es permitir que temas difíciles, como el derecho al aborto por ejemplo, pueda ser resuelto por los ciudadanos. No conviene que se limite el derecho de la gente a opinar sobre los temas más críticos, incluso aquellos con repercusiones constitucionales. Supongamos por ejemplo, que un grupo político empieza a promover un modelo federal para Colombia y propone realizar una consulta sobre la adopción del federalismo como base de la organización territorial. Si prospera la tesis de restringir las consultas, una pregunta en ese sentido nunca podría ser sometida a consideración popular, porque implica necesariamente abrir un debate que afecta la constitución. Y como ese, miles de temas.
La democracia implica que los ciudadanos puedan tomar decisiones y cada vez es más evidente que la revitalización de las instituciones políticas requiere mayor participación ciudadana, no menos, esto implica dejar que puedan decidir sobre los asuntos más acuciantes de la vida en comunidad y eso incluye, por supuesto, la posibilidad de abrir debates sobre el contenido de la Constitución para que luego sea reformada por los procedimientos establecidos.
José G. Hernández*.-La mejor prueba acerca del carácter inoficioso de la costosa consulta “anticorrupción” consiste en que, pese a no haber obtenido el umbral para que produjera algún efecto jurídico vinculante, ya están presentados varios proyectos con ese objeto y ha comenzado su trámite. Además, el Presidente de la República se ha reunido con los promotores y, de manera voluntaria, ha asumido la misión de sacarlos adelante, frente a un verdadero cáncer que ha venido carcomiendo el patrimonio público y la credibilidad institucional.
Es que la consulta tenía, al menos en apariencia, ese loable propósito, con el que coincidimos. Lo que nos permitimos apuntar sobre ella consistió en subrayar que, desde el punto de vista de su eficacia, no era el instrumento de participación indicado, en cuanto mediante consulta popular, por expresa norma estatutaria –así hubiese alcanzado el umbral-, no se podía modificar la ley y menos la Constitución, y si, de todas maneras había que llevar todo a la consideración del Congreso, no se justificaba el altísimo costo del proceso electoral llevado a cabo: más de trescientos mil millones de pesos. Lo adecuado habría sido la convocatoria de un referendo constitucional, previsto en el artículo 378 de la Carta Política, pues mediante él, desde luego alcanzando el umbral (la cuarta parte del censo electoral, menor que el de la consulta) y la mayoría favorable, el pueblo habría podido modificar directamente las normas superiores, sin necesidad de tantas vueltas.
Todo ello, como también lo dijimos, si para luchar contra la corrupción es suficiente la expedición de más y más normas, inclusive disposiciones ajenas a aquélla (como la propuesta de rebaja de los salarios de servidores públicos). Por el contrario, pensamos que, aun siendo aconsejable adicionar algunas reglas a las ya existentes, lo importante es que todas ellas se cumplan y se apliquen. Y lo más importante: más que de normas, el problema de la sociedad colombiana reside en la paulatina pérdida de respeto a los valores y en el desconocimiento de los principios tutelares, que deberían regir y gobernar tanto la actividad pública como la vida personal y familiar de los colombianos. Infortunadamente, entre nosotros se han relajado los resortes de la moralidad, las sanas costumbres, la ética, la observancia del Derecho, la honestidad que obliga por convicción y buena conciencia, más que por temor al castigo.
Se ha abierto y extendido la equivocada idea según la cual el fin justifica los medios. De tal suerte que si la finalidad de una persona radica –como también se piensa erróneamente- en lograr la riqueza de manera fácil y rápida, es válido y aceptable cualquier procedimiento, así sea ilícito o inmoral.
Eso no puede continuar así. Tenemos que volver a educar a los niños y a los jóvenes con arreglo a principios, ética y valores. Enseñarlos a que robar y poner trampa no es bueno. A respetar unas mínimas exigencias de comportamiento, por persuasión interna, más que por apariencia ante los demás.
De las tertulias con los amigos surgen ideas locas. De eso se trata. No hay cosa más agradable que especular y si se trata de política mucho mejor. En una de esas a alguien se le ocurrió decir: “Creo que vamos hacia un régimen semi-parlamentario”, es decir, “a cuatro años en que el parlamento tendrá igual o más poder que el jefe del Estado”.
Obviamente, en un país acostumbrado a los regímenes presidencialistas es descabellado pensarlo, pero, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas. Duque tuvo las mayorías necesarias para ser elegido presidente, pero eso no quiere decir que ello le garantice mayorías parlamentarias para imponer su agenda legislativa.
Por lo visto hasta ahora, los hechos parecen corroborar esa tesis: la agenda legislativa del naciente gobierno es muy pobre y, desde el otro lado, desde el Congreso, los partidos como Cambio Radical y otras formaciones, incluida la izquierda, ya comenzaron a marcarle el derrotero, mientras el Centro Democrático -el grupo de gobierno- solo piensa en salir de la sequía burocrática.
Los errores del uribismo están a la carta; para la muestra un botón: el senador Uribe lanza el globo del incremento del salario mínimo, 24 horas después su exministro de Hacienda, Carrasquilla, hoy jefe de las finanzas del gobierno Duque, anuncia a los colombianos la bomba de gravar todos los artículos de la canasta familiar y, finalmente, el presidente dice que en materia tributaria “el presidente tiene la última palabra”. El descoloque es total.
Es ahí donde ese “semiparlamentarismo” hoy se hace fuerte e impondrá su voluntad, pero con un agravante: el Congreso está fraccionado y nada le garantiza a Duque que sus tardías propuestas se las compren los parlamentarios que le apoyaron el 17 de junio.
La tal cumbre de palacio para resolver el problema de la corrupción, puede concluir en una epifanía para los 11 millones 700 mil colombianos que votamos la consulta. Que el Congreso asuma reformas anticorrupción es como poner al ratón a cuidar el queso. Aquí el problema es de puestos y mermelada, no nos digamos mentiras. Si le hicieron conejo a la implementación del Acuerdo de Paz, ¿por qué no hacerlo con una consulta, que además perdió? Los partidos tienen el sartén por el mango: el próximo siete de septiembre se vence el plazo para que, según el nuevo estatuto de la oposición, las fuerzas políticas con asiento en el Congreso se declaren en la oposición, partidos de gobierno o independientes.
El chantaje subyace. Es el as bajo la manga con el que cuenta el “neo semiparlamentarismo”, a la colombiana, que hoy cobra inusitada importancia para garantizarle a Duque gobernabilidad. ¿Se revivirá la mermelada? Para allá vamos y no hay de otra, y esta vez habrá para todos los gustos y sabores. El presidente tiene la solución a la mano: se trata de reactivar los códigos de los llamados cupos indicativos que Pastrana se inventó y que supieron instrumentalizar divina y eficazmente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en sus 16 años de gobierno. O, si no, ¿cómo gobernaron?
@jairotevi
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Dije recientemente en una columna que Duque no tendría luna de miel; que no tendría los cien días de gracia que los observadores le dan al nuevo gobierno para delinear su proyecto de país de y hoy lo corroboran las encuestas que a menos de un mes en el poder no le son favorables. Comenzar con esos síntomas de impopularidad no le viene bien al novel gobernante, lo hacen ver débil y sin carácter.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, invitó a los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y de más fuerzas religiosas a acompañar al gobierno del presidente Duque en un gran pacto, pero a ¿qué precio? Es la pregunta.
Acostumbrado el país político al presidencialismo, es decir a un presidente con plenos poderes y capaz de imponerse, hoy no lo vemos. Los partidos que le votaron se le adelantaron y saturaron de proyectos de ley la carga legislativa. Son más de 200 los presentados desde el pasado 20 de julio. Reformas como la tributaria y a la justica ya fueron llevadas al Congreso y no son de origen ejecutivo.
Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2018
Mientras en Colombia celebramos la inesperada pero extraordinaria votación de los 12 millones de ciudadanos que siete veces dijimos ‘No más corrupción’ y esperamos que pronto se traduzca en cambios en la forma de hacer política y negocios, el mundo se sacude con crisis económicas y políticas en diversas latitudes, a las que hay que prestar atención porque pueden tener consecuencias negativas para el país. Sobre todo las económicas.
La más cercana es la de Argentina, donde el peso se ha devaluado más del 100% en este año llegando la cotización del dólar a cerca de $40. En diciembre de 2015, cuando empezó el gobierno de Macri, que supuestamente iba a arreglar el desorden del gobierno anterior, el precio del dólar era de $9.70.
Para tratar de defender su moneda el banco central ha subido sus tasas de interés hasta el 60%, las más altas del mundo, y ha negociado un crédito de 50.000 millones de dólares con el FMI, con las conocidas condiciones de austeridad fiscal.
El vecino Brasil ha sufrido el contagio del temor de los inversionistas internacionales. El real brasileño se ha devaluado 31% frente al dólar en el último año por la salida de capitales, también presionada por la crisis política. El impacto en Colombia ha sido menor.
En otra esquina del mundo Turquía es el foco de preocupación de los mercados. Por las salidas de capitales internacionales, en agosto la lira turca llegó a devaluarse 27% frente al dólar, y en lo corrido del año su pérdida del valor llegó al 80%.
Además del efecto contagio sobre los flujos de capitales internacionales, las crisis cambiarias de estos dos países tiene un impacto negativo sobre Colombia por el lado de los flujos de comercio. Hace dos años una lira turca valía $1.150 y hoy vale $426. Frente al peso colombiano, el peso argentino pasó de $330 a $100 en el mismo período. Esta enorme apreciación de nuestra moneda encarece nuestras exportaciones a esos países.
El otro cataclismo en la economía mundial es la guerra comercial que el señor Trump ha declarado contra Europa y China, imponiendo aranceles a los productos importados de esos países, que ha sido respondido por ellos con aranceles a los productos gringos, en una escalada que tiende a empeorar.
Somos 11.671.420 de colombianos que estamos hastiados de la corrupción en nuestro país. Nos cansamos de que unos pocos continúen desangrando el dinero público de sus compatriotas. No es posible que personas inescrupulosas roben cerca de 50 billones del erario, recursos que deberían estar dedicados a programas tan importantes como la alimentación escolar (PAE), que diariamente afecta en el país de manera directa a 8 millones de niños. El pasado 26 de agosto dijimos: ¡no más!
En una votación sin precedentes, la mayor que ha habido en nuestro país, bajo unas condiciones desfavorables -tres votaciones en siete meses-, además de ser unas elecciones en frío, donde la “maquinaria” no iba invertir ni un solo peso, el clamor de la ciudadanía se hizo sentir. Por eso, y aunque no tiene efectos jurídicos inmediatos, el político no se hizo esperar; muestra de lo comentado es la reunión el pasado miércoles en la Casa de Nariño de todas las bancadas del Congreso con el Presidente de la República. Finalmente, el Presidente Duque, actuando como jefe de Estado, propició un pacto anti-corrupción, que, de salir adelante, estará aprobado antes de diciembre del presente año.
El mundo destacó el resultado de la consulta. Diarios como el Washington Post, New York Times, El País de España y hasta la cadena de televisión catarí, Al Jazerra, destacaron que, a pesar de no alcanzar el umbral, los resultados no podían ser desconocidos. Así, se observa que este hecho político ya no es exclusivamente del país, a la comunidad internacional le interesa lo que sucede en Colombia. Es en parte por eso que los proyectos que se presenten y que van a desarrollar los puntos de la consulta, deben ser debatidos en el Congreso de una manera seria, responsable y, sobretodo, sin contratiempos.
Por lo anteriormente expuesto, hago un llamado a que nosotros, los ciudadanos, nos apoyemos más en las herramientas que tenemos hoy en día para hacernos sentir. Escribamos derechos de petición al Senador o Representante por el que votamos, pidiendo que apruebe las iniciativas. Además, usemos las redes sociales -Facebook y Twitter- para exigirles a los parlamentarios y al Estado que nos cumplan.
No debemos ser indiferentes ante la situación que vive hoy el país. Esta consulta unió a todos los colombianos sin importar su espectro ideológico. La corrupción sólo se acabará cuando acabemos la cultura clientelista y logremos un cambio en la conciencia colectiva.
Que 11,7 millones de colombianos votaran en la Consulta Anticorrupción, casi todos ellos por el sí –¡más que los que eligieron de Presidente a Iván Duque!–, muestra su rotundo éxito a pesar de no superarse el umbral. Quién lo creyera: ¡una derrota legal convertida en un gran triunfo político!, hasta el punto de que ya se inició la lucha para lograr que el Congreso convierta en leyes las famosas siete preguntas. Y este triunfo es mayor si se recuerdan las duras circunstancias en las que se dio, con lo que se comprueba que en Colombia sí están pasando cosas difíciles de creer, en razón de que las gentes están mamadas de los mismos con las mismas y las redes acabaron con el monopolio de las comunicaciones.
La campaña a votar #7VecesSí se hizo literalmente con las uñas, con escasísimos recursos económicos y sin coacción a los electores, como no se había visto en ninguna elección en la historia del país, caracterizadas por corruptelas y vagabunderías. Muy digno de resaltar es que miles y miles de colombianos de todas las condiciones trabajaran como voluntarios a favor de la Consulta, acción política que no se origina en intereses mezquinos sino pensando en lo mejor para el país.
El triunfo de la Consulta Anticorrupción también se agiganta porque implicó derrotar a todo el rancio poder político nacional, que la saboteó, abierta o solapadamente, con unas excepciones. Pastrana, Gaviria y Vargas Lleras no hicieron nada a su favor e igual ocurrió con los partidos Liberal, Conservador, U y Cambio Radical, fichas del Frente Nacional duquista. Mención aparte merecen las vivezas en contra de la Consulta de Iván Duque y su partido, como se verá, hoy de cínicos apropiándose del fenómeno del 26 de agosto.
Cuando el 5 de junio, por unanimidad, el Senado aprobó la Consulta Anticorrupción –incluido que el Estado pagara sus costos, así lo oculten–, sobraron los discursos a favor. Dense el gusto de ver y oír al senador Uribe Vélez: https://bit.ly/2PqBbLY. Y lo mismo dijo Iván Duque, en esos días dedicado a engatusar en su campaña presidencial. Por tanto, la feroz campaña en contra de la Consulta del jefe del Centro Democrático y de su gente empezó con una reculada, voltereta que les facilitó el Presidente Duque, a quien tampoco le convenía políticamente que la Consulta sacara la votación que sacó y menos que obtuviera el umbral, daño que sí lograron.
Los siguientes hechos demuestran que Duque, Uribe y sus partidarios sí actuaron de acuerdo contra la Consulta. 1. El 7 de agosto, un video de Noticias Uno mostró que era falso el respaldo del Centro Democrático a la Consulta Anticorrupción (https://bit.ly/2MoL1wv). 2. Al otro día en la mañana, ¡qué casualidad!, Duque, a través de su ministra del Interior, con unos proyectos de ley, les tiró a sus conmilitones unos salvavidas para la denuncia de Noticias Uno. 3. Y esa misma tarde, el senador Uribe Vélez utilizó dichos proyectos para correrse de su promesa de dos meses atrás (https://bit.ly/2OPPWZ0), alegando sin razón que con las leyes de Duque la Consulta sobraba, con lo que le dio inicio a una agresiva campaña de falacias para que no se saliera a votar el 26 de agosto, buscando convertir la votación en un fracaso. Se equivoca entonces quien crea que Duque sí respaldó de verdad la Consulta porque soltó un par de frasecillas que ocultaran estas verdades.
Y una vez confirmada la derrota del Frente Nacional duquista, Duque, dedicado al engaño de “desuribizarse” pero de mentiras cuando le toca, salió a la televisión a apropiarse del triunfo de quienes lo derrotamos, a lo que también se ha dedicado después. Es notorio que lo que busca es fortalecerse políticamente, para mejor golpear a los colombianos con la horrorosa reforma tributaria que, por encargo suyo, prepara el ministro Carrasquilla.
Coletilla 1: Muy mal cayó que la reducción de los sueldos de los Congresistas informada por la reunión de la Casa de Nariño, a la que decliné asistir, no sea inmediata, como decía la Consulta Anticorrupción, sino diferida a lo largo de los años. Va a ser dura la lucha por impedir que la mayoría del Congreso convierta en letra muerta las leyes anticorrupción. Coletilla 2: Propondremos en el Congreso una ley que persiga la corrupción en el sistema tributario, el cual facilita los mayores robos al erario, en especial en los llamados paraísos fiscales, en verdad infiernos desde donde se destruye a Colombia.
Bogotá, 31 de agosto de 2018.
Por Jaime Enrique Durán Barrera *.- Como Presidente de la Comisión Segunda del Senado asumo una responsabilidad respecto a una decisión de Estado que tiene que ir más allá de la sustitución de los cultivos ilícitos por medios más eficaces como lo es el uso de la tecnología del dron, que puede ser eficaz y eficiente, pero que no minimiza los efectos y demás impactos en la salud y el ambiente, por la aplicación de una sustancia herbicida sistémica que está bajo controversia a nivel mundial.
En este tipo de decisiones estratégicas, no se pueden confundir los aspectos tecnológicos y científicos. Las declaraciones del ministro de defensa Guillermo Botero Nieto en los últimos días, se limitan al desarrollo de la estrategia en términos del uso de la tecnología de drones, sus costos y el rendimiento de estos aparatos, pero se requiere, reconsiderar la utilización del glifosato, debido a los grandes debates que a nivel mundial se han desarrollado desde el 2004 sobre el manejo de herbicidas sistémicos.
Con razón el Ministerio de Salud en el 2015 recomendó la suspensión de las fumigaciones con glifosato cuando se estableció que dicho herbicida era “probablemente carcinogénico para humanos”, por parte de la Agencia Internacional para la investigación en cáncer, de la Organización Mundial de la Salud.
La recomendación del Ministerio de Salud se hizo teniendo en cuenta el auto 073 de la Corte Constitucional el cual señala que, frente a las aserciones aéreas con glifosato, que en caso de no llegarse “a una conclusión definitiva con base en criterios técnicos y científicos razonables sobre la inexistencia de un riesgo actual grave e irreversible para el medio ambiente y / o la salud de las personas” se debe “dar aplicación inmediata al principio de precaución”. Según la Corte Constitucional, el principio de precaución debe aplicarse si se cuenta con “la valoración de indicios que indiquen la potencialidad de un daño”.
Ante las infinitas incertidumbres científicas, sobre los efectos del Glifosato, me pregunto como legislador ¿está el Ministro de la Defensa aplicando el principio de precaución ante las impredecibles consecuencias de efectos de este herbicida en la biodiversidad y la salud de los colombianos? Porque se use un dron con precisiones milimétricas, no significa que el glifosato no va a contaminar.
Lo más impresionante de este debate es que nosotros aún estimemos una salida viable del uso del glifosato ante las reacciones del mundo a los efectos de este herbicida en los agricultores. De hecho, la caída de las acciones de Bayer, actual dueño de Monsanto, productor del herbicida, indica que la presión de las demandas colectivas puede influir determinantemente en su comercialización.
En la economía se trabaja con datos reales y concretos. Los efectos neurotóxicos del Glifosato en humanos y animales y sus posibles consecuencias en el medio ambiente ya son estimados por los especuladores bursátiles.
Que no sea crea que no estoy de acuerdo con la imperiosa necesidad de sustituir los cultivos ilícitos, pero la erradicación química con glifosato es supremamente costosa en términos ambientales y sanitarios en todos los casos. La sustitución de cultivos es una estrategia de desarrollo rural que exige que los estados inviertan en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos, porque cultivar coca, marihuana y amapola, es más rentable que legumbres, frutas y hortalizas.
El Congreso tiene la responsabilidad de exigir que esta estrategia de control de cultivos ilícitos no perjudique la salud de los colombianos y la riqueza bio diversa del país, su principal potencial.
Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2018.
*Presidente de la Comisión II del Senado de Colombia
Más de once millones de colombianos, demostraron que existe un país nuevo, capaz de darle un giro a una nación gangrenada por la corrupción, el despilfarro y la violación de todos los cánones de decencia y rectitud.
Sin tamal, aguardiente, tejas y cemento, transporte y apabullante billete, más de la mitad de quienes tradicionalmente acuden a las urnas, le dijeron a Colombia que urge un cambio de rumbo que elimine la corrupción y nos oriente hacia un futuro certero, firme y provechoso. Pero como aún la corrupción tiene sus manejos, un tal umbral, dejó el clamor de un pueblo sin valor alguno, mientras los enviciados se frotaban las manos de felicidad, con menos de cien mil votos.
Las gentes de bien, los progresistas, los contados dirigentes cuya meta insobornable es la rectitud invitaron con decisión a votar 7 preguntas, mientras los de siempre, los amantes y practicantes de la corrupción, hacían campaña en contra, sin mucha fortuna.
El propio jefe del Estado, ese joven que día a día deja colar su independencia, respaldó el querer de un pueblo que quiere sacudirse de la maldición que tiene penetrada nuestra clase política. Varias veces, Duque, ha vareado la ruta que quiere señalarle su mentor, con el beneplácito de propios y extraños. Con todo carácter, mostró su autonomía citando a todos los movimientos políticos, incluidas las Farc y los organizadores de la consulta, a una reunión durante la cual se pudiera sellar una serie de medidas legislativas contra la corrupción. Igualmente una reforma política que tantas veces se ha enterrado, que de paso elimine a los compradores de votos y creadores de esas empresas familiares que manejan despiadadamente las elecciones para apoderarse de los presupuestos. Fue una reunión exitosa y productiva.
También el Presidente Duque, ha hecho una “llave” con el Procurador Carrillo, para darle dientes al Estado para combatir la corrupción. Esa “llave” permite que la procuraduría este siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionarlas. Cómo será de buena la propuesta de esta “llave” que ya tiene fuertes enemigos, entre ellos el Fiscal Martínez.
El despertar de un pueblo con gran afluencia de jóvenes que salieron a votar el domingo, nos muestra otra visión, progresista, constructiva y propositiva, que requerimos con urgencia, si anhelamos un nuevo país. El Presidente Duque tiene en sus manos la cristalización de ese empeño nacional.
BLANCO: Este nuevo país, queda perfectamente plasmado en la extraordinaria obra “Ella es Colombia”’, que estrenó Misi en el teatro Cafam. Se conjugan en ella, nuestra mágica realidad macondiana, con una nación repleta de una gente valiosa. Resalta magistrales arreglos musicales, con las bellezas naturales y el acontecer de nuestras vidas, pasando por la guerra y alcanzar la paz que hoy disfrutamos. Es una obra que nos muestra con orgullo en cualquier parte del mundo.
NEGRO: Difícil explicar la embajada ante la OEA, en manos de quien fue sancionado por la Procuraduría y no propiamente por quemar libros.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2018
Imagínese usted un campeonato de futbol en el cual los 4 o 5 grandes equipos del torneo son los encargados de escoger los árbitros. ¿Cree usted que los resultados de la competencia son creíbles para los futbolistas, los equipos o los aficionados?
¿Qué garantía tienen los equipos chicos de que no van a pitar contra ellos? ¿Y en los enfrentamientos directos quien puede dirimir las disputas entre los dueños de los árbitros? Sin duda que un sistema así no puede funcionar, pero así es exactamente como funciona la autoridad electoral en Colombia.
Los árbitros del proceso electoral son las nueve personas que componen el Consejo Nacional Electoral, y aunque no imparten justicia tienen el nombre de magistrados. A diferencia de los verdaderos magistrados, los consejeros electorales no actúan en defensa de la Constitución o las leyes, sino en defensa de los partidos que los colocan allí.
Esta semana el Congreso de la República ha convocado la elección de estos magistrados sin que haya mediado ningún mecanismo de transparencia o información sobre quiénes serán los postulados para ocupar dichos cargos pese a que la Constitución establece en su artículo 126 que todo proceso de “…elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.
Los miembros de los partidos, aducen que eso no es con ellos, porque otro artículo de la Constitución, en este caso el 264 señala que los nueve miembros del CNE serán “…elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos”.
Según los voceros de los partidos, cuando la postulación proviene de ellos la norma constitucional que establece un proceso meritocrático no se aplica. Esta interpretación no solo es contraria al ordenamiento jurídico, sino que desafía de manera directa el sentimiento de hastío ciudadano expresado en la consulta anticorrupción del pasado domingo. El hecho de que las postulaciones provengan de los partidos no conlleva eludir el proceso meritocrático. Al contrario, si las organizaciones políticas quieren ganar de nuevo el respeto se requiere que entiendan el momento político.
¿Acaso no es función de los partidos ayudar a seleccionar a los mejores miembros de la sociedad y presentárselos como candidatos a los votantes? ¿No es posible que las organizaciones políticas puedan mostrar que son capaces de reclutar personas idóneas y cualificadas para las más altas responsabilidades del Estado?
Esta no es una votación rutinaria. La democracia colombiana ha venido siendo atacada sutilmente por distintos actores políticos que no están dispuestos a aceptar que las urnas les lleven la contraria. Esta semana hemos visto, por ejemplo, cómo algunos sectores del Centro Democrático han demeritado los resultados de la consulta popular aludiendo un inaudito fraude pues sería el primer fraude de la historia que se hace para perder. Y vale la pena recordar que en la primera vuelta el candidato Gustavo Petro llenó las redes sociales con acusaciones infundadas de fraude electoral ante el temor de no pasar a segunda vuelta.
Hasta ahora hemos tenido la fortuna que los resultados electorales han sido holgados y no han dado lugar a disputas, pero nada garantiza que esto se mantenga así en el futuro cercano. ¿Puede proclamarse presidente alguien con una diferencia menor al 0,5 por ciento como la que tuvimos en el Plebiscito por la paz? ¿Si se requiere un reconteo el nuevo Consejo Electoral dará las garantías de credibilidad necesarias a quien vaya perdiendo?
No deberíamos perder de vista que muchas crisis democráticas en la región han tenido como ingrediente la incapacidad de ofrecer garantías a la oposición para que puedan participar en los procesos electorales. No podemos poner en riesgo los avances democráticos conseguidos con el burdo intento de los partidos de nombrar en el Consejo Electoral a unos árbitros que ni siquiera saben pitar.
Bogotá, D. C, 29 de agosto de 2018
*Exministro del Interior
Aunque el número de votos depositados no fue suficiente para que las propuestas formuladas en la consulta contra la corrupción se convirtieran en mandatos de forzoso cumplimiento, no se debe desconocer que muchos colombianos participaron. El certamen tuvo un efecto político, y esa alta participación tiene un sentido, en cuanto se trata de un llamado a los órganos estatales y a la sociedad misma para que todos nos empeñemos en rechazar la corrupción y en defender la legalidad como reglas fundamentales de conducta.
Ahora bien, se deben presentar y tramitar normas -no necesariamente las que se proponían en el texto votado-, orientadas a cerrar todas las vías que permiten a los corruptos conseguir sus nefastos fines en perjuicio de la moralidad y el patrimonio público. Pero ante todo, es necesario aplicar las normas que ya están vigentes y desactivar la cultura de la corrupción que se ha adueñado de muchos sectores.
Muchas de las disposiciones propuestas ya hacen parte del ordenamiento, como la extinción del dominio o la obligación de hacer públicas propiedades e ingresos de funcionarios. Pero hay otros elementos que hacen falta: la necesidad de hacer que los corruptos paguen de verdad pena de prisión -en la cárcel, no en lujosos pabellones-; que se les aumenten las penas de manera drástica; que no dispongan de beneficios ni de rebajas o subrogados; que -sin perjuicio del debido proceso y las garantías constitucionales- no se puedan seguir beneficiando de la artimañas de abogados deshonestos para lograr casa por cárcel o libertad por vencimiento de términos, con duras sanciones penales y disciplinarias a esos profesionales tramposos; que se los obligue en serio a restituir las millonarias sumas conseguidas mediante sus ilícitas actividades; que se les haga efectiva la inhabilidad permanente para desempeñar cargos públicos o contratar con el Estado.
Se requiere un trabajo de proyección normativa bien concebido y estructurado, sin improvisaciones y sin repetir lo que ya existe. Y sin politiquería.
Desde luego, en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, los dirigentes políticos deben evitar acudir a ellos cuando sean manifiestamente inadecuados para el fin que se busca. Reservarlos para muchos efectos en que la voluntad popular debe ser consultada. Así, esta consulta, tan costosa -más de trescientos mil millones de pesos-, no era necesaria para que el gobierno -como en efecto lo hizo el Presidente Duque- se comprometiera a liderar los procesos legislativos, administrativos y de control para salvaguardar el patrimonio público. Lo indicado desde el punto de vista jurídico, si se quería oír al pueblo, era un referendo constitucional, toda vez que, mediante él los colombianos habríamos podido aprobar directamente y sin más trámites todas las reformas que requiriera la Constitución.
Bogotá, D.C, agosto 29 de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
