Opinión
Por Jairo Gómez*.-Comienza el presidente Duque su gobierno en un ambiente polarizado, con su mentor ad portas de ir a la cárcel y sin una clara gobernabilidad en el Congreso que estimule un buen inicio y propicie un periodo de gracia con el que cuentan los nuevos mandatarios para instalar su programa de gobierno en la nueva realidad política, económica y social del país.
Ya, el nuevo mandatario, nos esbozó a los colombianos a través de un manifiesto en el periódico El Tiempo su programa de gobierno antes de posesionarse. Aunque somero en su exposición, nada nuevo nos espera para los próximos cuatro años. Más de lo mismo. Sin embargo, creo que de ese manifiesto se puede resaltar la siguiente reflexión: “Nuestro deber -dice Duque- es lograr que todos empujemos como país en una misma dirección y que pongamos en marcha políticas de Estado que vayan más allá del ciclo político de los cuatro años con los que cuenta un presidente”.
Es muy oportuno que Duque hable de elevar a “políticas de Estado” decisiones de gobierno, porque eso fue lo que hizo Santos con el Acuerdo de Paz que suscribió con las Farc. Es un pacto que trasciende esos “…cuatro años con los que cuenta un presidente”, como lo afirma el joven mandatario; hecho relevante, más allá de que la Corte Constitucional sentenciara que el acuerdo firmado con las Farc "no se puede tocar en los próximos tres periodos presidenciales”. Se pueden hacer cambios de forma no de fondo, aclara la corte.
También cita el presidente Duque en cuatro ocasiones, la palabra “resiliencia” para equipararla con la capacidad que tiene el pueblo colombiano de sobreponerse a los momentos más críticos que ha tenido que padecer (yo le agrego: desde tiempos remotos) y eso está bien; pero es importante recordarle al novel mandatario que esa palabra, según la RAL, también significa volver a la normalidad y esa normalidad es la que los colombianos queremos consolidar a través de la implementación del Acuerdo Final, no obstante las discrepancias; en eso se cimenta, creo yo, el pacto por superar la diferencia que propone el nuevo presidente, otro camino más hacia la resiliencia.
Ahora, son buenas esas intenciones y bienvenidas, pero los golpes de granizo que se le avecinan al gobierno que apenas comienza podrían ser insalvables si se deja llevar por la violenta reacción que su propio partido Centro Democrático (CD) instaló en el debate público tras la llamada a indagatoria de su líder por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); una clara muestra de la desafiante desobediencia es la proclama de apoyo a Uribe publicada (pagada) en los medios escritos más importantes del país contra la CSJ cuestionando sus decisiones judiciales e independencia. Es un golpe a la mesa de la democracia, hecho que obliga a un rotundo pronunciamiento del nuevo mandatario a favor del respeto de la independencia de poderes.
¿De qué nos quejamos? A lo Maduro en Venezuela, no lo pongamos en duda, el expresidente Uribe busca instrumentalizar los poderes Ejecutivo y Legislativo para desprestigiar, humillar y desdeñar el poder judicial. ¡Qué Horror! Para nadie es un secreto que tanto Duque como Macías, más allá de la importancia de sus propias investiduras, son fichas del cuestionado Senador y están donde están porque Uribe los puso ahí.
Una realidad compleja se le avecina al presidente Duque. No tendrá un periodo de gracia tranquilo, sosegado –los cien días- para tratar de aparcar su propuesta de gobierno en la opinión pública. De entrada su propio mentor, el expresidente Uribe, con la intimidante proclama del pasado domingo, le echó más limón a la herida de la confrontación y la bien intencionada iniciativa del presidente Duque de gobernar “sin odios, sin revanchas, sin reconocer enemigos y comprometidos con el progreso de Colombia”, terminó más debilitada que nunca.
Bogotá, D.C, 7 de agosto de 2018.-
@jairotevi
Por Luis Eduardo Castellanos*.-La reciente decisión de la Corte Constitucional mediante sentencia SU-075 del 24 de julio de 2018, constituye una significativa regresividad respecto a la garantía de estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo, un cambio en la jurisprudencia mantenida por parte de la Corte Constitucional desde el año 2013 a partir de la sentencia SU-070 del mismo año, bajo la tesis de que solamente opera la garantía de la estabilidad laboral reforzada en la mujer en estado de embarazo, cuando esta sea puesta en conocimiento por parte de la trabajadora hacia el empleador, lo cual quebranta uno de los principios protectivos fundamentales de orden constitucional que estableció el constituyente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, como lo es el principio de la primacía de la realidad, es decir que en dicha decisión se le da prevalencia a un aspecto formal, en cuanto a que si la trabajadora no ha puesto en conocimiento frente al empleador su estado de embarazo, a pesar de encontrarse en el mismo, este hecho faculta al empleador para que sea procedente el despido de la trabajadora sin que tenga que acudir a la autorización previa del ministerio del trabajo y la protección social, tal como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo.
Otro de los fundamentos de la protección especial de la mujer en estado de gravidez deriva de los preceptos constitucionales que califican la vida como un valor fundante del ordenamiento constitucional, especialmente el Preámbulo y los artículos 11 y 44 de la Carta Política. De igual forma, el Estado colombiano se ha obligado internacionalmente a garantizar los derechos de las mujeres durante el periodo de gestación y lactancia. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”, mientras que el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, señala que “se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto”.
Con esta decisión igualmente la Corte Constitucional retrocede históricamente, al desconocer, que a más de una protección de orden laboral hacia la mujer, lo que media por el establecimiento de la garantía de la estabilidad laboral reforzada a la mujer gestante, es la aplicación de los derechos prevalentes que califica la misma constitución como fundamentales del menor que está próximo a nacer, una vez mas tan importante tribunal asume una postura en contravía de la ola que recorre el mundo dando impulso a la progresividad de los derechos laborales, particularmente de la mujer trabajadora acorde con los convenios y tratados internacionales, especialmente con la Organización Internacional del Trabajo.
Es claro que la Corte Constitucional se aparta de lo previsto en el artículo 229 de nuestra Carta Magna, que establece la garantía de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en la aplicación de justicia, de otra parte resulta muy pálido el argumento sobre el cual basa la corte, este cambio de precedente jurisprudencial, el cual es que al eliminar esta garantía, se producirá mayor empleo para la mujer en las empresas del país, cuando en la praxis bajo el mismo argumento se ha ido retrocediendo en materias de derechos laborales, como lo sucedido con la ley 789 de 2002, donde hubo un retroceso histórico de los derechos laborales de los trabajadores para las empresas productivas, sin embargo lo estudios estadísticos han demostrado que nunca sucedió ello, en caso contrario creció el empleo informal, las tercerizaciones en la relación laboral y solamente lo que ha producido es el empobrecimiento, perdida de la capacidad adquisitiva y la población más vulnerable del país.
Queda entonces abierta la discusión de la garantía real de la practica frente a los derechos de los trabajadores que se viene desarrollando bajo el marco de nuestro Estado Social de Derecho y la relevancia que otorgo el constituyente a estas instituciones, reforzado incluso con el llamado bloque de constitucionalidad en el marco de los derechos y tratados internacionales de la OIT.
Vale la pena entonces preguntarnos donde queda el principio del reconocimiento de la dignidad humana y la garantía fundamental del derecho al trabajo y la preservación del mismo para la mujer en estado de embarazo, si bajo una decisión regresiva se prioriza la formalidad de la comunicación al empleador, frente a la realidad fisiológica que representa el estado de embarazo para la mujer trabajadora.
Bucaramanga, 7 de agosto de 2018
*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Por: Guillermo García Realpe.-El 20 de julio pasado cuando se instaló el Congreso de la República, hubo dos hechos muy importantes que poco marcaron el registro de los medios de comunicación.
Uno fue la presencia de las FARC, en un hecho histórico en el Congreso de la República, hoy denominada la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido legal y constitucionalmente creado y establecido y el gran discurso de balance de los ochos años de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en los aspectos de Paz, de educación, de economía, y productivos.
Entonces la gran noticia que resultaba para el país estos dos hechos no lo fue, por el hecho mediático del senador y exalcalde Antanas Mockus, pues al hacer lo que todo el mundo sabe que hizo en la propia sesión Plenaria de instalación de legislatura.
Posteriormente, en los días siguientes la renuncia del ex Presidente Álvaro Uribe, ocupo todo el marco de análisis de información, de referencia y de los usuarios de los medios de comunicación, de la opinión en general de nuestro país, de los columnistas y los mismos artículos de prensa tanto hablados, escritos y televisivos y por supuesto de las redes sociales.
No podemos dejar de registrar estos dos hechos importantes y particularmente la presencia de las FARC en el Congreso de la República, es decir, que el proceso de Paz sigue avanzando con resultados evidentes.
El país es testigo que el Congreso de la República ha aprobado las leyes y las reformas constitucionales en materia de Justicia Especial para la Paz, en materia de participación política, en materia de desarrollo agrario integral y otros asuntos.
Hay que destacar también que las FARC le han cumplido al país, han honrado su palabra, concentrándose inicialmente, segundo, desarmándose y luego desmovilizándose y hoy haciendo presencia como cualquier ciudadano colombiano en el Congreso de la República, esto es algo muy importante.
Los hechos en las regiones también lo corroboran, a pesar de los problemas que hoy continúan alrededor del tema del narcotráfico, que es un tema de dinámica diferente, el tema de la deforestación, de la minería ilegal, no podemos negar que el impacto del conflicto es cosa del pasado.
Muchas veces se ha reiterado de que ya no hay soldados heridos en las camas del Hospital Militar de Bogotá, y en los últimos días han manifestado que los negocios de las funerarias y de los servicios asociados a la muerte en Colombia, en el Sur de Bolívar en este caso, están quebradas las funerarias porque ya no existe los muertos que en otrora existían.
Esas y otras manifestaciones de la Paz en las regiones pues son pruebas de que el proceso de Paz valió la pena. Es el caso nuestro, hoy podemos salir a todos los municipios en el departamento de Nariño y al sur de Colombia a municipios del Cauca, del Caquetá, del Putumayo, cosa que no se podía hacer en otras oportunidades.
De tal manera que bienvenida las FARC a combatir con ideas en el marco de la democracia, a disparar propuestas para el bien del país, a luchar frontalmente contra la corrupción, y ayudar a blindar el proceso de Paz.
Los nuevos integrantes del Congreso de la República del partido FARC tienen que tener claridad que deben construir una agenda social, con una plataforma ideológica clara, basada en varios frentes, donde lo principal por supuesto debe ser la defensa y continuidad de las políticas de Paz y los programas y proyectos a desarrollarse en el posconflicto, abanderarse también del tema ambiental y agrario, sectores claves para el desarrollo futuro del país.
Sólo de esta forma podrán ir allanando el camino para sintonizarse con la opinión pública nacional y para que los ciudadanos los acojan de forma positiva, por mi parte sigo siendo un convencido que prefiero ver a las FARC detrás de una curul en el Capitolio Nacional y no en nuestros campos y regiones generando muerte y violencia.
Así que señores y señoras de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, bienvenidos y bienvenidas al debate de las ideas, a la controversia nacional y a la Casa de la Democracia.
Bogotá, D.C, 6 de agosto de 2018.
@GGarciaRealpe
Por: Jorge Enrique Robledo*.- Es difícil encontrar un ministro de Hacienda peor que Alberto Carrasquilla, tanto por sus ejecutorias en el gobierno de Álvaro Uribe, como por los negocios que montó luego, con grandes ganancias para él y enormes pérdidas para otros, usando las leyes que había promovido desde su Ministerio. ¡La tan perniciosa puerta giratoria entre los asuntos públicos los negocios privados! Iván Duque debe explicar por qué, entre sus muchos amigos neoliberales, tenía que escoger a Carrasquilla, quien no gana, por abusivo, para decir lo menos, el examen para ese cargo, como lo demostraré en el debate en el Senado que espero no me impidan realizar.
La naturaleza retardataria y plutocrática de la gestión de Carrasquilla en el gobierno de Álvaro Uribe salta a la vista. Se aumentó su sueldo y el de la alta burocracia oficial y a la par les eliminó la mesada catorce a los futuros pensionados, les subió los impuestos a los sectores populares y a las clases medias y se los bajó a los magnates extranjeros. En una sola de las gabelas que les dio, se eliminó el impuesto de remesas a las trasnacionales, a un costo fiscal de 25 billones de pesos. Liquidó a menosprecio a Telecom, empresa a la que, ya privatizada y con otro nombre, el Estado le ha invertido 4,7 billones de pesos. Mención aparte merece que el desastre de Reficar lo inició su decisión de privatizarla a favor de la trasnacional Glencore, que carecía de experiencia en construcción de refinerías y que se mamó del negocio, no sin antes dejarla enrumbada hacia sus enormes corruptelas.
Pero lo que más lo inhabilita no son sus ejecutorias rabiosamente neoliberales como ministro, porque gobernar así, por muy equivocado que fuera, era el derecho de quienes ganaron la Presidencia en 2002 y 2006. Lo que lo descalifica para ser parte del gabinete de Duque es haber usado su poder en el Estado para promover los cambios legales a favor de la empresa que Carrasquilla montaría luego, como exministro, y que esas normas y sus actos llevaran a que 117 municipios y muchos colombianos perdieran grandes sumas, en tanto él y sus socios se echaron al bolsillo 70 mil millones de pesos.
Esta es la historia. La Ley 358/97, con buen criterio, no permitía que la plata de los municipios proveniente del Situado Fiscal –luego Sistema General de Participaciones (SGP)– se pignorara para operaciones financieras de futuros. Pero el ministro Carrasquilla, muy acucioso, tramitó en el Congreso una reforma constitucional que ordenó lo que sería la ley 1176/07, estableciendo que en adelante sí se podría. Y una vez salió del Ministerio, se asoció con Andrés Flórez, exdirector de Fogafin y exsubalterno suyo, y crearon Konfigura, la empresa con la que recorrieron el país cuadrando alcaldes para que endeudaran a sus municipios, utilizando de carnada que esas deudas no las pagarían ellos sino los burgomaestres siguientes. Bonos de Agua los llamaron al emitirlos, pero el ingenio ciudadano con acierto los bautizó Bonos Carrasquilla, el creador, vendedor y comisionista.
En la operación se colocaron bonos por 400 mil millones de pesos, pagándoles a los prestamistas la atractiva tasa de UVR+8%, en tanto a los municipios les cobraron la muy alta de UVR+11%, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el tres por ciento, unos 14 mil millones de pesos anuales durante cinco años, cuando el Ministerio de Hacienda tuvo que intervenir el negocio porque los municipios se reventaron. Pues además de las tasas leoninas que les clavaron, el crédito era a 20 años y no podía pagarse por anticipado. Y la ley que permitió estas operaciones de especulación financiera no definió ninguna política seria anticorrupción y desgreño administrativo que garantizara que las obras sí se construirían, hasta el punto de que solo 30 municipios, de 117, las ejecutaron. Además de lo que perdieron los entes territoriales, también cayeron los tenedores de los bonos -y principalmente los trabajadores, víctimas a través de las inversiones de los fondos privados de pensiones–, que se encartaron con ellos, pues nadie los recompraba dado su alto riesgo, y porque al final tuvieron que aceptar que el gobierno les empeorara las condiciones pactadas. Para más detalles, ver este excelente artículo de Alberto Donadío: Enlace 1.
En el debate además veremos a Carrasquilla en los Papeles de Panamá y en sus negocios con Saludcoop y Cafesalud, sobre los cuales seguramente también dirá que actuó dentro de la ley, como afirma de los bonos bautizados con su nombre. Pero ese día también explicaré cómo la corrupción nacional ha evolucionado de “hecha la ley, hecha la trampa” a la muy contemporánea de cambiar las leyes para enriquecerse con la plata del Estado.
Bogotá, D.C, 6 de agosto de 2018.
Por Giovanni Décola*.- El Presidente electo Iván Duque, se posesionará este 7 de agosto, sin tener claras sus mayorías legislativas. Lo que parecía una simple operación aritmética, se ha convertido en su primer dolor de cabeza.
La alianza de las fuerzas congresionales de los partidos de la U y Cambio Radical, obligó a sus escuderos a emplearse a fondo, para que estos partidos no se sumaran a la oposición y definieran las mesas directivas en el Congreso.
Luego de varias concesiones a estos dos Partidos, puede decirse, que el primer pulso, quedó en tablas. Pero no nos llamemos a engaños. Una cosa es la mayoría para elegir las dignidades en el Congreso, y otra para aprobar los principales proyectos del Gobierno.
Se equivoca palmariamente el Presidente Duque, si pretende hacer un Gobierno, donde solo quepan, quienes profesan el credo del Centro Democrático. Ellos representan, tan solo el 18.3 % del legislativo, bastante lejos de las mayorías necesarias para sacar adelante sus pretendidas reformas.
Una cosa es repartirse a pedazos la Nación, para satisfacer intereses contrarios al bien común, y otra muy distinta, es darles la participación justa y necesaria a las colectividades que no solo, fueron vitales para el triunfo de Duque en la segunda vuelta, sino que serían imprescindibles para sacar adelante la agenda del Gobierno del Centro Democrático en el templo de la Democracia, como serían los casos de los Partidos Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical, y los minoritarios Mira y Justa Libres.
El País espera que los mejores hombres de dichas colectividades sean quienes ocupen las principales dignidades del Gobierno, pero para servirles a la Nación y no, para representar oscuros intereses que consagren el clientelismo. No obstante, el nuevo Gobierno, cree que podrá formar mayorías en el Congreso, sin repartir canonjías a los Partidos Políticos aliados. Mucho trecho hay entre el deseo y la realidad, o entre la utopía y la praxis política.
Ya la U y Cambio Radical, mostraron sus dientes, y visto está que, sin ellos, el Gobierno pierde automáticamente las mayorías en la Comisión Primera del Senado, la más importante de todas. Y no demorará en hacerlo el Liberalismo, si Duque cree que con recordarles el pasado de su padre y el suyo en la militancia Liberal, es suficiente para mantenerlos cohesionados en su apoyo.
Si el Gobierno, no se mueve hábilmente en el próximo mes, difícilmente hará elegir un Contralor de sus afectos y se quedará en minoría ante la elección de los nuevos Magistrados del Consejo Nacional Electoral, donde solo tendrían garantizados dos cupos de los nueve escaños.
No solo, de burocracia se trata. El Nuevo Gobierno deberá extraer lo mejor de las propuestas de los candidatos presidenciales derrotados, muchas de las cuales, no son ambivalentes a lo planteado por Duque en su campaña. Eso le dará un aire de sinceridad y sensatez a su anhelo de unir al país.
César Gaviria, si fue capaz de alzar su voz en el Gobierno Santos, teniendo cuantiosas cuotas burocráticas a nombre del liberalismo, no le temblará el pulso, para apartar su Partido del Gobierno, sino se siente representado y respetado. Sabe de sobra que los 14 votos en el Senado y los 35 de la Cámara, son vitales para el Gobierno y los sabrá hacer valer. Es un viejo zorro y tal vez, el mejor negociador político del País, y sabe leer los momentos políticos. En alguno en especial, alzará su voz.
Germán Vargas Lleras, quién lo creyera, después de salir chamuscado de las elecciones, con la jugada maestra de unir a la U y Cambio Radical, es una especie de péndulo en el nuevo Congreso y el Gobierno lo sabe. Se le complace o se desplazará a la oposición.
Los Conservadores, es sabido su apego por el Gobierno, pero eso tiene su precio, y no es la Vicepresidencia de Martha Lucia.
La oposición con Petro, Mockus y Robledo a la cabeza, no se la hará fácil al Gobierno, pero saben que su dicha será total, si a Duque se le desbarata la coalición que lo llevó al poder.
Sólo esta oposición y el Centro Democrático, tienen sus cartas jugadas. Las demás colectividades, esperan el son del Gobierno, de ahí dependerá el ritmo que le pongan al baile.
Barranquilla 6 de agosto de 2018.
*Abogado y Periodista.
Por Mauricio Cabrera Galvis.-Los recientes problemas operativos de Avianca han vuelto a poner sobre el tapete el tema de los precios de los pasajes aéreos pues con la cancelación de un número considerable de vuelos de esa aerolínea aumentó la demanda de pasajes en otras y los precios se dispararon. Un trayecto Bogotá Cali podía costar más de $700.000.
Se justifican las aerolíneas diciendo que este es un comportamiento acorde con las reglas del mercado, pues si hay más demanda que oferta los precios suben y, por el contrario, bajan cuando hay exceso de oferta. Lo mismo pasó en la huelga de los pilotos de Avianca cuando fueron los precios y no los aviones los que se fueron a las nubes.
Es el episodio de la huelga el que plantea un interrogante de fondo, pues esa huelga fue declarada ilegal porque se argumentó que el transporte aéreo era un servicio público esencial en los que, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución, no están permitidas las huelgas.
La pregunta que se plantea un lego en la materia es ¿por qué los precios de un servicio público esencial como el transporte aéreo, no están regulados por el Estado? Estos servicios no son como cualquier mercancía que se puede comprar y vender en el mercado libre, ni sus precios fluctuar al arbitrio de la oferta y la demanda, sino que por ser esenciales su prestación debe ser garantizada por el Estado con criterios de universalidad, obligatoriedad, calidad, continuidad y permanencia. La protesta pública serían monumental si ante una epidemia que aumente el número de pacientes los médicos y los hospitales cobraran más por atenderlos, o si en una gran sequía subieran sin control las tarifas del agua o la energía. En el caso concreto de los servicios públicos domiciliarios existen detalladas reglamentaciones que regulan las fluctuaciones que pueden tener los precios en situaciones de restricciones a la oferta. ¿Por qué no existe un control similar para los tiquetes aéreos?
Este debate lo planteó el año pasado en el Congreso el entonces senador Juan Manuel Galán con ocasión de la huelga de Avianca el año pasado, pero no hubo reacción alguna de parte de la Aeronáutica Civil y todo volvió a su estado “normal”: Avianca despidió a los huelguistas por ser ilegal el paro y todas las aerolíneas siguieron manejando a su antojo los precios de los tiquetes.
Bogotá, D. C, 5 de agosto de 2018
Por Juan Manuel Galán*.-Hace 28 años en la ciudad de Tunja (Boyacá) nació Nairo Quintana o “Naironman” como es apodado, en referencia al mítico súper héroe “Iron Man”. Hijo de Luis Quintana y Eloísa Reyes, tuvo que empezar a trabajar a la edad de siete años junto con sus hermanos Esperanza y Dayer, debido a que su papá sufrió un terrible accidente que no le permitió seguir sosteniendo por su cuenta a su familia.
De esta manera transcurrieron los años, cuando un día su padre le regaló una bicicleta para que se pudiera desplazar con mayor facilidad hasta el colegio que se encontraba en el municipio de Arcabuco a dieciséis kilómetros de distancia. Es allí, en ese recorrido que Nairo, pedalazo tras pedalazo, le ganaba a jóvenes que contaban con la “pinta” y con una bicicleta de mejor calidad que la que él tenía. Por este motivo, don Luis no sólo vio que disfrutaba montando, sino que también tenía un gran potencial como deportista, por lo que decidió comprarle un “caballito de acero” con el cual también pudiera entrenar.
Posteriormente, luego de tres años de mucha disciplina, esfuerzo y dedicación como miembro de dos equipos colombianos, llegó al “Movistar Team” de España en el año 2012. De ahí en adelante, el apellido Quintana es sinónimo de éxito y gloria, tanto para su carrera como deportista de alto rendimiento como para nuestro país. Así, es pertinente resaltar que Nairo ha sido subcampeón en dos ocasiones del Tour de Francia, Campeón de la Vuelta al País Vasco, de la Vuelta a España y del Giro de Italia, entre otros, dejando en alto el nombre de Colombia, enorgulleciéndonos día tras día de ser colombianos.
Por este motivo, en esta ocasión quiero hacerle este sentido homenaje a “Naironman”, representante del campesino digno, trabajador, luchador, humilde, que no acepta un no como respuesta, que se despierta todos los días con una sonrisa para trabajar por los suyos “que hace el bien sin mirar a quien”. Por eso Nairo, GRACIAS! Siempre recuerde que es el mejor ciclista colombiano de la historia y a mi criterio, el mejor deportista que ha tenido nuestro país. Los contratiempos de este año se superarán y vendrán tiempos mejores, por eso ¡jamás te dejáremos solo! ¡Siempre adelante, ni un paso atrás!
Bogotá, D. C, 4 de agosto de 2018.
* Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Gabriel Ortíz*.-“Me siento moralmente impedido para ser senador”, sentenció con mucha fuerza e hidalguía el expresidente Uribe, cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria por soborno y fraude procesal. Tras seis eternos días dio marcha atrás y ordenó al presidente del Senado retener “sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la CSJ deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”.
Previa a esta determinación, había convocado la “corte de rionegro”, en su flamante finca privada para analizar lo que la Corte Suprema de Justicia había ordenado: ¡indagatoria!
Lo más granado y “Granados” de la defensa penal en Colombia se reunió en tan airoso concierto, durante el cual se debía calificar, clasificar y pontificar sobre la decisión de la CSJ. Salieron a relucir muchos alias: tusos, manoleches, caliches, Hamilton, el viejo, chaparrudo y tantos representantes del bajo mundo, el paramilitarismo y el hampa, que se encuentran referidos en el proceso.
Al final de la reunión de la “corte de rionegro”, se conocieron los epítetos, adjetivos, descalificaciones y agravios contra la justicia colombiana. Según ellos, todas las actuaciones de la justicia obedecen a persecuciones políticas.
El “injuriado” expresidente descalificó a tal punto a la Corte Suprema, que recusó a los tres Magistrados encargados de su negocio. No se escapó ninguno. Inclusive consideró que uno de ellos, es indigno para juzgarlo, porque cuando estudiaban, era amigo de un contrincante de Uribe.
Los abogados hicieron coro a las acusaciones del expresidente, para descalificar una vez más a la justicia colombiana. “Muchos miembros de la rama son corruptos, venales, indeseables para la sociedad”.
El hasta ese momento renunciado Senador, actuó como lo ha hecho a lo largo de los ocho años del mandato de quien dicen sus áulicos, fue un traidor. Durante los cuales torpedeó, saboteó, descreditó y calumnió aquí y allá cuanto se hacía en Colombia, sin importarle las consecuencias. Hipnotizó malignamente a los compatriotas de aquí y del exterior a través de falsas noticias, mensajes maléficos en las redes, foros y conferencias.
Esto puede sucederle a Duque, joven figura que puede constituirse en el respiro que esta patria espera, necesita y reclama para salir de la polarización y de la dependencia de quien consideran, algunos, “el político más importante del siglo XXI”.
Afortunadamente no hay mal que dure cien años. Hay una Corte Suprema de Justicia que sin lugar a dudas actuará con la ecuanimidad y absolverá o condenará al doctor Uribe, actuando con toda rectitud.
En buena hora el expresidente, como persona de bien, resolvió retirar su renuncia, someterse al veredicto que como lo advierte, “por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”. Excelente decisión.
BLANCO: La legalidad de los títulos académicos del alcalde Peñalosa.
NEGRO: El torpedo que algunos uribistas aplicaron al nombramiento de embajador a Rodrigo Rivera. ¿Empezó el revanchismo?
Bogotá, D.C, 3 de agosto de 2018.
*Periodista y exdirector del Noticiero Nacional y Radio Super.
Por José G. Hernández *.-El próximo 7 de agosto toma posesión como presidente de la República el Dr. Iván Duque, a quien conocemos como persona honesta y vertical que -esperamos- sin perjuicio de los derechos de la oposición, sea apoyado por los partidos, por el Congreso y por la ciudadanía, respecto a los grandes problemas nacionales –que a todos nos afectan-, para brindar al país eficaces fórmulas de solución que permitan cristalizar los propósitos del Estado Social y Democrático de Derecho.
Es indispensable que -sin necesidad de destruir, desconocer o incumplir lo acordado por el actual gobierno en desarrollo del proceso de paz-, se proyecte e introduzca los correctivos que merecen varias normas dictadas en desarrollo del Acuerdo Final. Como todo se aprobó bajo el apremio y la presión del Ejecutivo, en virtud de un procedimiento acelerado (“fast track”) y sin independencia del Congreso -porque el objetivo oficial, más que en la realidad y sostenibilidad de la paz, estaba puesto en la apariencia de éxito ante la comunidad internacional-, se provocó un caos normativo que ha conducido a la gran inseguridad jurídica hoy existente, particularmente en materia de justicia y en lo relativo a la necesaria satisfacción de los derechos de las víctimas y de muchos desmovilizados.
Asuntos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los linderos de su competencia -que no puede ser omnímoda-, las reglas de juego claras acerca de los procedimientos y de los sujetos sometidos a ella, así como su aconsejable integración a la jurisdicción ordinaria, deben ser cuidadosamente examinados, con criterio jurídico coherente y debidamente informado.
Pero ese no es el único asunto -muy complejo- que debe enfrentar el nuevo jefe del Estado. El territorio está infestado de coca, y los erróneos y permisivos criterios judiciales acerca de la dosis personal han dejado libre el camino a los narcotraficantes para que sigan corrompiendo a la niñez y a la juventud.
Por otro lado, el Gobierno debe enfrentar la realidad en materia económica –que no es tan buena como nos dicen- y superar el engañoso sistema informativo oficial en materias como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, las cárceles y el orden público, que están lejos del paraíso descrito por el Gobierno.
Igualmente, nos deben decir la verdad acerca de las equívocas cifras gubernamentales en el campo laboral, pues -entre otras cosas- pretenden mostrar como halagüeña y real una tasa de disminución del desempleo real sobre conceptos formales o aparentes, como el denominado “empleo no remunerado”.
Muchas fueron las equivocaciones gubernamentales y legislativas en materia tributaria; la enorme carga que soportan las empresas, los profesionales independientes, la clase media y las familias, tiene que ser objeto de estudio, para proyectar unas reformas de trascendencia, que sean democráticas y razonables.
Al desear al gobierno entrante los mayores éxitos en su gestión, le aconsejamos que la emprenda con base en los valores y principios de la democracia, con enfoque realista, en beneficio de los más pobres y de las regiones abandonadas.
Bogotá, D. C, 2 de agosto del 2018
* Ex presidente de la Corte Constitucional
Por Juan Fernando Londoño*.- Culmina el gobierno Santos y con él dos ochenios que han cambiado la historia de Colombia. Para quienes lo hemos vivido, este período ha sido intenso y convulsivo,tanto que hemos quedado divididos en dos bandos, los partidarios de Uribe y su ochenio de la guerra y los partidarios de Santos y su ochenio de la paz.
Pero cuando la historia decante lo que Colombia ha vivido en esta época, es probable que se encuentren más continuidades que rupturas entre uno y otro presidente, al tiempo que se reconozca el tema de fondo: el cierre de un ciclo histórico y los albores de uno nuevo.
La polarización hace muy difíciles los análisis serenos, pero no sobra intentar una mirada más desapasionada a lo que ha significado este período con el cual finalmente termina el siglo XX colombiano. Del mismo modo que los historiadores marcaron el final del siglo XIX en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en Colombia el siglo XX terminó en 2016 con la firma del acuerdo de paz con las Farc y el cierre de la violencia política que caracterizó la anterior centuria iniciada con la guerra de los mil días.
El ascenso de Álvaro Uribe al poder fue producto tanto del fracaso de las negociaciones de paz de Pastrana, como del cambio de paradigma mundial en la lucha contra el terrorismo luego de los ataques a las torres gemelas. Uribe fue presidente y comandante, aglutinó al país en la lucha contra las Farc y recuperó la iniciativa militar del Estado. Como líder militar identificó al enemigo y le endilgó todos los males del país. Quien no estaba de acuerdo con su concepción del mundo era un aliado de los enemigos de la patria. Los matices y las críticas que su gobierno recibía eran simples argucias de los idiotas útiles de la guerrilla. Su visión emocionó a grandes capas urbanas de la población y se convirtió en el portaestandarte de los poderosos.
Su exitoso ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue elegido para continuar su obra de gobierno y terminar con la guerra. Pero la forma como Santos concebía el fin de la confrontación armada no era la misma que Uribe tenía en mente. Para Uribe, la guerra se podía terminar con una negociación, pero lo único que se debía negociar era el desarme del enemigo. Si para lograrlo era necesario hacer unas concesiones estas no debían afectar el statu quo, pues mantener el orden prevaleciente fue siempre la razón por la cual el establecimiento hizo la guerra.
El problema de la visión de Uribe era que requería un enemigo derrotado y sin capacidad de exigir condiciones. En su hábil narrativa, la victoria militar era cuestión de meses, no de años. Por eso se hizo reelegir en 2014 e intentó lo mismo en 2018. Una guerrilla derrotada tendría que aceptar la generosidad del bando triunfador, dispuesto a conceder incluso impunidad a los guerrilleros pero jamás a aceptar las propias responsabilidades durante los años de guerra. Uribe, el mejor político colombiano de la historia reciente, convenció a la opinión pública de que terminar la guerra sin reconocer responsabilidades no sólo era posible, sino lo políticamente correcto, pues no se podía comparar a las fuerzas armadas, que siempre defendieron a los buenos, con la guerrilla, que solo representaba una causa criminal.
Santos sabía que detrás de esta narrativa solo se ocultaba la prolongación de la guerra. Las Farc no estaban derrotadas ni dispuestas a aceptar una oferta limitada a discutir la dejación de las armas. El dilema real era continuar la guerra o abrir la puerta para una negociación. Santos, el estadista, prefirió acelerar la finalización de la confrontación abriendo la puerta a una negociación que fuese más allá del desarme de la guerrilla. El fin de la violencia política debía ocuparse también de ayudar a remover las condiciones que hacen de Colombia una tierra fértil para resolver los conflictos con las armas.
La gran estrategia de Santos consistía en cerrar el siglo XX y abrir la puerta a una etapa de transformaciones institucionales. Lo que nunca logró fue conectar esa visión con el imaginario popular. Al frente suyo, Uribe, el político, permanentemente recordaba a la opinión que las guerrillas eran simples organizaciones criminales y que cualquier concesión era una claudicación. Detrás de Uribe, un poderoso establecimiento, sin ninguna intención de renunciar a sus privilegios, estuvo siempre dispuesto a apoyarlo en su lucha contra los contenidos del acuerdo firmado con las Farc.
Sin Uribe, el político, no hubiese sido posible que Santos, el estadista, hubiese cerrado el conflicto armado para terminar con la historia de la violencia política en Colombia. Pero Santos, el estadista, nunca tuvo la capacidad de convencer a la mayoría de la sociedad de la bondad y la pertinencia de un acuerdo de paz que no solo desarmaba a las Farc sino que abría la puerta a una era de transformaciones. Por eso, luego de dos ochenios, el estadista se va, mientras el político se queda para evitar que el acuerdo de paz afecte el statu quo por el cual el establecimiento libró la guerra.
Bogotá, D.C, 1 de agosto de 2018.
*Exviceministro del Interior
