Opinión
Por Luis Eduardo Castellanos*.- La consagración del derecho a la salud en el artículo 49 de la Constitución Política, generó importantes debates por no haber sido incluido este derecho bajo la característica de fundamental en el texto normativo superior, sin embargo, importantes decisiones de la Corte Constitucional en comienzo como la T-597 de 1993, en la cual se consideró que aunque la salud no se hubiese incluido en el texto de la Constitución de 1991 como un derecho fundamental, la misma podría ser exigida por vía de tutela abriéndose paso la garantía como fundamental por conexidad al derecho a la vida, no obstante, en una reafirmación de la garantía de este derecho como fundamental la Corte Constitucional declaró al mismo en forma autónoma como derecho fundamental a partir de la Sentencia T-016 de 2007, continuando aun así el debate si efectivamente el derecho a la salud, era un derecho fundamental a pesar de encontrarse este, reconocido y consagrado en el derecho internacional e incluido en el Bloque de Constitucionalidad como un derecho fundamental autónomo.
Es a partir entonces, de la expedición de la Ley 1751 de 2015, Ley estatutaria que consagro en su artículo 1° como objeto de dicha disposición: “garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”…,y así mismo el artículo 2° consagra: …“El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas”....
Muy a pesar de ello con las garantías jurídicas de protección otorgadas a tres años de haberse expedido la Ley Estatutaria de Salud, continua la peregrinación de los pacientes hacia los juzgados clamando por vía de tutela la atención oportuna al derecho fundamental a la salud, en lo que corresponde al otorgamiento de las citas, el inicio de tratamientos especializados, tratamientos quirúrgicos, la no entrega oportuna de los medicamentos, las autorizaciones para tratamientos de alto costo y la atención para las denominadas enfermedades huérfanas que en su mayor parte golpean a la población infantil, ante lo cual muchos hacen ver como si el problema de la salud en Colombia tuviese como origen las acciones constitucionales de tutela que diariamente se presentan por los pacientes ante los jueces del país y dejando de un lado la verdadera realidad que afronta la población colombiana del sistema de salud tanto de los afiliados como de los beneficiarios que dan cuenta de la debilidad del estado para exigir a través de la Superintendencia de Salud en forma oportuna, eficaz y con la contundencia que requiere el actuar para proteger este derecho fundamental, como uno de los ejes esenciales de nuestro Estado Social de Derecho bajo su característica antropocéntrica del respecto a la dignidad humana, quedando claro entonces que a más de una estructura jurídica que proteja el derecho fundamental a la salud, se hace necesario una voluntad política por parte del Estado para que este avance normativo desarrollado por parte de la Ley 1751 de 2015 no se quede en un simple enunciado de orden literal, sino que el mismo se constituya en un verdadero instrumento para la protección del derecho a la salud como garantía fundamental desde la realidad material a cada u no de los usuarios del sistema de salud en Colombia, respetando los principios que se establecieron en dicha disposición como es la autonomía médica y la pronta y oportuna atención en salud de manera eficaz y eficiente para el verdadero disfrute de una vida digna.
Por: Luis Eduardo Castellanos Ávila. Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Bucaramanga, 19 de junio de 2018.
Por: Guillermo García Realpe*.- En los últimos días la ciudadanía de nuestro país y los medios de comunicación en particular han registrado la negativa de varios senadores y de senadoras que se han opuesto a la aprobación del proyecto de Ley por medio del cual se implementa la Justicia Especial para la Paz –JEP- .
Es un pulso, así se ha manifestado, entre el actual Gobierno y los senadores afectos al nuevo Presidente, el doctor Iván Duque. Por supuesto, aquí también se han sumado antiguos miembros del Partido de la U, del Partido Conservador, Cambio Radical y algunos del Partido Liberal.
Esta circunstancia agrava lo que hoy está demandando el país, claridad en los procedimientos de los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, de sus magistrados. Ha habido mucha crítica de que el tema de Jesús Santrich, por ejemplo, no ha tenido la suficiente claridad y precisamente ese proyecto de Ley ayuda a dar claridad sobre las tareas de la JEP.
Por eso no se justifica, lo que hoy están promoviendo algunos sectores en oponerse a la implementación del proceso de Paz.
Tampoco se entiende la posición negativa o de ausentarse del debate de parlamentarios que apoyaron durante ocho años el proceso de Paz, votaron por el Sí en el plebiscito, aprobaron los proyectos de Ley o los proyectos de acto legislativo, por ejemplo, alrededor de participación política de los desmovilizados, del mismo proyecto o Ley Estatutaria de creación de la Justicia Especial para la Paz, siempre apoyaron y ahora no quieren apoyar la reglamentación que prácticamente es un acto complementario y procedimental.
Lo central fue la creación mediante acto legislativo y Ley Estatutaria que creó la jurisdicción, que hoy existe, han sido nombrados sus magistrados, están administrando justicia, lo que hoy demanda reglas de jugo para el procedimiento hacia adelante.
Ellos están dictando su propio reglamento y tienen competencia para eso, pero el Congreso debe dar una Ley marco de esos procedimientos. Entonces, hoy ya existe lo central que es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo marginal o lo complementario es esta Ley, de reglamentación, por lo tanto tampoco se justifican las negativas. Por un lado, como se manifiesta de alguien que apoyó política y jurídicamente en el Congreso durante ocho años para después empezar a negar el complemento.
En segundo lugar, no hay razones jurídicas estrictas porque lo central está aprobado y está funcionando. Lo que debemos hacer los ciudadanos colombianos es levantar nuestra voz para que el Senado de la República, le dé vía libre a la reglamentación de la JEP, porque la Cámara ya lo aprobó, es más, ese es otro argumento adicional que la Cámara ya superó ese escollo. Ahora, esta el espacio en el terreno del Senado de la República, por lo tanto, esa es nuestra posición, que debemos seguir implementando el proceso de Paz para superar la crisis que hoy tiene.
En las últimas horas el Presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, se pronunció de manera clara, manifestando que la reglamentación de la Ley Estatutaria puede hacerse de manera inmediata sin esperar que finalmente salga el análisis de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con esto no hay ningún pretexto de tramitar en los próximos días en el Senado de la República la aprobación de la reglamentación de la JEP.
No podemos retroceder ni un centímetro en lo que a temas de Paz se refiere, vivimos más de cinco décadas buscando la Paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos, por eso el gran reto es mantenerla en el tiempo de una manera integral, efectiva y duradera.
Bogotá, D. C, 25 de junio de 2018.
*Senador Liberal de Colombia.
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M *.-De la ley del talión, ojo por ojo, sólo se puede esperar, según Mahatma Gandhi, que el mundo acabará ciego. Ante el empecinamiento del Presidente Trump de imponer su omnímoda voluntad al resto del mundo, este le está respondiendo con la misma moneda. La retaliación de los países afectados está al orden del día. Y no es para menos, toda vez que EEUU en lugar de acudir a la OMC y plantear allí su querella sobre la supuesta transgresión de sus normas, ha recurrido a las vías de hecho, al imponer unilateralmente aranceles proteccionistas a sus importaciones. Para justificarse, EEUU apela a la cláusula de seguridad nacional y alega que por ello mismo su arrogante proceder no es impugnable ante el tribunal de Justicia de la OMC. Pero este subterfugio no tiene asidero en las causales previstas por la OMC para invocarla.
La reacción de los países afectados por las trabas impuestas por EEUU para el acceso a su mercado doméstico no se hizo esperar, uno tras otro tomaron medidas compensatorias inmediatas, amparándose para ello en las normas de la OMC que las contempla, en respuesta a las salvaguardias arancelarias decretadas por el camorrista de Trump.
Uno de los primeros en reaccionar, en medio de su renegociación del TLCAN forzada por Trump fue México. En un lacónico, pero contundente pronunciamiento el Gobierno mexicano anunció que “impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, lámparas, piernas y paletas de cerdo, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas arándanos, diversos quesos, entre otros (…) Esta medida estará vigente hasta tanto el Gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos”. Luego las hizo extensivas a las importaciones de soya y concentrados para animales de origen estadounidense, renglones estos que son tan sensibles para los granjeros, particularmente en los estados de Iowa, Wisconsin, Missouri o Indiana, fortines electorales de Trump.
El Gobierno de Justin Trudeau no se quedó atrás y dijo que Canadá responderá con la misma moneda, “el gobierno estadounidense tomó una decisión que deploramos y obviamente va a llevar a medidas de represalia, como debe ser”. Y dejó claramente establecido que “los canadienses somos amables y razonables, pero no nos vamos a dejar avasallar”. Trudeau añadió que “espera que algún momento prevalezca el sentido común…Desafortunadamente, las medidas tomadas hoy por el Gobierno estadounidense no parecen avanzar en esa dirección”.
Jean –Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, dijo sin rodeos que la decisión de Trump “va contra toda lógica e historia”. Y fue más lejos al decir que “es un mal día para el comercio mundial…La UE no puede quedarse sin reaccionar…EEUU nos deja ahora sin otra opción que proceder con un caso de solución de controversias en la OMC y con la imposición de aranceles adicionales a una serie de importaciones desde EEUU. Defenderemos los intereses de la Unión, cumpliendo a rajatabla con la Ley comercial internacional”.
Por su parte portavoz del Ministerio de Exteriores de China Geng Shuang fue tajante al afirmar que “cualquier intento de poner a China de rodillas con amenazas e intimidaciones nunca tendrá éxito. Tampoco tendrá éxito esta vez”. Ello, en respuesta a la amenaza proferida por Trump. El gigante asiático no vaciló al momento de responder a la provocación y anunció la aplicación de un arancel adicional de 25% a partir del próximo 6 de julio a 545 productos estadounidenses. Es claro, entonces, que la estrategia extorsiva de Trump no le está funcionando como él lo esperaba.
Y, tristemente, Colombia, que se precia de ser el aliado estratégico de los EEUU, no se libró de la injusta medida; hasta última hora el Gobierno estuvo esperanzado de su exclusión de la lista de 28 naciones que tendrán que pagar los nuevos aranceles. En concepto de Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI, “tan sólo por la restricción que tendría China, habría 12.5 millones de toneladas que buscarían como fuera un nuevo destino como Colombia. Esa cantidad de acero es más de 6.6 veces la producción nacional, por lo que si llega, afectaría en gran medida al sector metalmecánico”. EEUU no sólo no excluyó a Colombia de esa lista sino que la incluyó en la lista negra de “observación prioritaria” en materia de propiedad intelectual, que lleva la Oficina del Representante de Comercio de los EEUU (USTR, por sus siglas en inglés), por supuesto incumplimiento. Ante la sordera de Trump a sus rogativas al Gobierno le tocó ponerse serio y fue así como la Ministra de Comercio María Lorena se vio precisada a manifestar que “nos vamos a hacer terceros en los procesos que están adelantando otros países como la UE y México en ese organismo multilateral”, refiriéndose a la OMC. También anunció que el tema se llevaría a la Comisión administradora del TLC firmado por los dos países, habida cuenta que los aranceles impuestos a las importaciones desde Colombia del acero y el aluminio lo transgreden.
* Amylkar D. Acosta M
Bogotá, junio 24 de 2018
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Por Juan Manuel Galán.*-Si algún mensaje enviaron los electores en Colombia, es que quieren votar libremente y buscan otra manera de hacer política. Los resultados del pasado ejercicio electoral dieron como ganador a Iván Duque y al mismo tiempo, las fuerzas progresistas, triplicaron la votación histórica que habían obtenido con Carlos Gaviria.
Sin embargo, más allá de los primeros resultados, lo más significativo de la pasada jornada, fue que transcurrió en completa paz. Según datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 19 millones de colombianos pudieron trasladarse a sus mesas y puestos de votación, sin dificultades. Todas las mesas de votación del territorio abrieron y funcionaron sin inconvenientes, y no hubo ningún traslado de mesas de votación por razones de orden público. De otro lado, además de votar en paz, la gente lo hizo de una manera libre.
El comportamiento electoral nos muestra, que estamos superando viejas estructuras de caciques electorales y feudos políticos. Nos adentramos en nuevos orientadores de votantes, que buscan liberarse de yugos clientelistas y partidos “cascarón”, para encontrar causas que los seduzcan y movimientos de ciudadanos que los interpreten. En Colombia, desde Rafael Uribe Uribe, se habla de lo disfuncional de nuestra democracia, caracterizada como una maquina fraudulenta, en donde se concentra y se hereda el poder político, para gobernar a través de pequeños grupos de élites locales, muchas veces en detrimento de los derechos y las libertades políticas de los colombianos.
Sin embargo, categorías como las de caciques, gamonales, manzanillos o barones electorales entran ahora en desuso, para darle paso a una posición que está yendo desde el escepticismo político, hacia una nueva anatomía del poder hastiada de las formas tradicionales, que rechaza la corrupción y el clientelismo.
Las ciudadanías libres fueron las grandes ganadoras de las elecciones. El mensaje que el nuevo presidente debe enviar con su gabinete, debe ser de independencia frente al ex presidente Uribe y el ala más reaccionaria del centro democrático; y, a favor del respeto y el diálogo con las minorías que solo se vieron representadas en el voto en blanco, pero que probablemente, en las elecciones del 2019, impulsarán nuevos liderazgos que serán los encargados de mostrar dinámicas regionales que rediseñen las relaciones políticas y la gastada geografía del poder centralista.
*Juan Manuel Galán.-Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Actualmente Senador del Partido Liberal.
Bogotá, 24 de junio de 2018.
Por Phumzile Mlambo-Ngcuka.* - Los números son impactantes: al menos una de cada tres mujeres en el planeta ha sufrido violencia física o sexual, generalmente a manos de un miembro de la familia o una pareja íntima. Más de 700 millones de mujeres, en la actualidad, se casaron cuando eran niñas. Hasta 250 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital femenina.
Si bien la violencia contra las mujeres y las niñas es ampliamente reconocida como una pandemia mundial, la respuesta ha variado de indiferente a esporádica o inadecuada, con una débil aplicación de las leyes, la continua impunidad de los perpetradores y recursos limitados para abordar el problema.
Hace menos de un año surgió la Iniciativa Spotlight (Bajo el Foco), una asociación multianual sin precedentes entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, con 500 millones de euros en fondos iniciales de la UE. Con un alcance integral y enfocado, la Iniciativa está cambiando la forma en que hacemos negocios en todo el sistema de la ONU y en todos los países y regiones.
Reconocemos que la violencia contra mujeres y niñas es un fenómeno complejo profundamente arraigado en las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y las normas, prácticas y comportamientos sociales persistentes que discriminan a las mujeres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general.
Varios factores pueden aumentar aún más el riesgo de que mujeres y niñas se enfrenten a la violencia, como su origen étnico, religión, edad, ingresos, condición de inmigrante, discapacidad y orientación sexual.
Aquellas mujeres y niñas que son más vulnerables a la violencia son muy a menudo cuyas vidas están bajo amenaza de otras maneras, a través de la pobreza o la falta de acceso a la salud o la educación. A menudo son aquellas a las que la sociedad ha dejado por fuera. Ellas son las que no quedarán atrás a través de Spotlight, siguiendo el principio central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hasta ahora, las inversiones en prevención y servicios esenciales para los sobrevivientes de violencia y sus familias han sido insuficientes o desiguales dentro de los países. Sabemos que las soluciones dependen de trabajar en múltiples niveles y traer a muchos actores diferentes a la mesa. Necesitamos tener las conversaciones incómodas que abordan las causas fundamentales de tal violencia y extender los derechos y oportunidades a aquellas que anteriormente han sido excluidas.
Desde su lanzamiento, la Iniciativa Spotlight ha estado trabajando en colaboración con países de Asia (el programa Safe and Fair – Seguro y justo - para trabajadoras migrantes), África (con un enfoque en la violencia sexual y de género y prácticas nocivas) y América Latina (centrándose en feminicidio) con planes para extender las actividades al Pacífico y al Caribe en los próximos meses.
La fase de planificación ha sido nada menos que inspiradora: funcionarios de gobiernos de varios departamentos saliéndose de la estructura con socios internacionales de diferentes agencias de la ONU y la UE, la sociedad civil y activistas que generalmente son excluidos de las mesas de toma de decisiones y diseño de proyectos. Cada programa de país está dirigido por el Coordinador Regional de la ONU, en línea con los últimos esfuerzos de reforma de la ONU para hacer que la iniciativa sea más colaborativa, transparente y efectiva.
En Malawi, a través de Spotlight, apoyamos el diálogo sobre normas sociales discriminatorias. Por ejemplo, a través del teatro comunitario se involucran a líderes y educadores tradicionales para enseñar a sus comunidades cómo construir relaciones no violentas, respetuosas y equitativas desde la primera infancia en adelante.
En México, estamos capacitando a personas que trabajan en el sector salud para identificar los primeros signos de abuso y prevenir la violencia contra las mujeres a través de campañas escolares para crear conciencia sobre los estereotipos de género y las ideas negativas sobre la masculinidad.
En Níger, estamos involucrando a hombres y niños, y fortaleciendo la capacidad de defensores de los derechos de las mujeres para abogar por una reforma de políticas y comprometer a quienes toman las decisiones. El enfoque en Níger, como en los otros siete países participantes en África, es la violencia sexual y de género, las prácticas nocivas (como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina), así como los derechos de salud sexual y reproductiva.
En Zimbabwe, estamos utilizando la radio y otros medios para generar conciencia sobre la problemática. Para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios, incluyendo a quienes tienen discapacidad, estamos introduciendo medidas como rampas de acceso en los centros de servicios, lenguaje de señas, versiones en braille y audio de materiales de información.
Guiada por principios comunes de derechos humanos, por los beneficios del multilateralismo, así como por los objetivos establecidos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Iniciativa Spotlight refleja un profundo compromiso con la eliminación de la violencia de género en todo el mundo. La Iniciativa es un programa emblemático para la reforma de las Naciones Unidas a fin de cumplir de manera integrada con los ODS.
La violencia contra las mujeres ha sido ignorada o mantenida en las sombras por demasiado tiempo. El nombre de la Iniciativa, Spotlight, simboliza la importancia de llevar este problema a la luz para que pueda ser visto, abordado y eliminado. La ONU y los países participantes están dispuestos a difundir esa luz. Ahora es el momento para que todos nos unamos.
* Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
Nueva York, 22 de junio de 2018
Spotlight (Bajo el reflector en español)
Foto: ONU Mujeres
Por Gabriel Ortíz.*- Lamentable nuestro proceder y nuestro destino. Muchos colombianos nos comportamos como unos trúhanes, y nos ufanamos de serlo. Poco o nada nos importa quedar ante el mundo como rufianes. Como buenos exhibicionistas buscamos escenarios que permitan divulgar nuestras malas costumbres sin frontera alguna.
El Mundial que se desarrolla en Rusia, que deberíamos haber utilizado para fortalecer el turismo que nos desborda, mostrar la fortaleza de nuestra selección y a presentarnos como ejemplo de prosperidad, fue usado por unos indeseables para deshonrarnos y mancillarnos.
Mientras los alemanes dieron una muestra de grandeza, izando sus banderas para felicitar a Méjico por su triunfo, los japoneses celebraron su victoria sobre nuestro combinado aseando las graderías del estadio, nosotros nos presentamos ante la sociedad universal como bribones.
La cultura del narcotráfico nos ha penetrado tanto, que ya no existen buenas costumbres, buen lenguaje, buen comportamiento. Es tal nuestra bajeza, que cierto exmandatario, hizo pública una conversación, maliciosamente filtrada a los medios por la propia Casa de Nari, amenazando a un excolaborador de darle en “la cara mar…”
Los medios de comunicación de la Atenas Latinoamericana, que se cuidaban de utilizar el mejor lenguaje hoy están inundados de vulgaridades. Muchas y muchos colegas se recrean utilizando vocabularios soeces, que son irracionalmente celebrados por directores y público. La locura del “rating” nubla la imaginación.
Solo son “berracos”, los que más acuden esa palabreja. Los sinónimos de ella desaparecieron del diccionario y del buen hablar. Ya nadie es admirable, destacado, calificado, superior, brillante, capaz o sobresaliente, si no es “berraco”.
Ese es uno de los calificativos o vocablos que reinan en los medios, porque hay centenares de mayor calibre, que hacen parte de la jerga moderna.
Colombia es el país que está a la vanguardia de la vulgaridad. Basta sentarse a ver, en otro país un programa, un reportaje, o una de esas exitosas telenovelas que producimos. Parecen, una canastada de patos. Allá hay regulaciones que impiden epítetos de grueso calibre. Para taparlos les aplican pitos que parecen graznidos. Es espantoso ver una de nuestras telenovelas en el exterior.
Infortunadamente los colombianos que quieren viajar a otras naciones, y en estos momentos quienes quieren disfrutar del Mundial de futbol, llevan el peso de unos inadaptados, regularmente traquetos, que queriendo exhibir “viveza”, piensan que el dinero lo puede todo. La cultura que le dejó el narcotráfico a Colombia, se pasea por el mundo, como lo podemos observar en este mundial. Es la opulencia de mal gusto y la diversión insana.
Esa puede ser una de las tareas del nuevo gobierno de Iván duque. Empezar por una educación al estilo Rochester, su colegio. Hay que desterrar la cultura del narcotráfico, si queremos aprovechar el creciente turismo y rescatar el buen nombre de los colombianos en el exterior.
BLANCO: La mirada del mundo hizo rectificar la política de Trump que separaba los niños de sus familias.
NEGRO: El rudo golpe de la Corte Constitucional a los pensionados.
Bogotá, D. C, 22 de junio de 2018.
*Periodista, exdirector del Noticiero Nacional.
Por Amylkar D. Acosta M*- La Cumbre del G-7 en Quebec (Canadá) el pasado 8 de junio puso de manifiesto el aislamiento de EEUU y su distanciamiento con respecto a sus aliados más importantes, por cuenta del unilateralismo hirsuto de las políticas del Presidente Trump. Él entró a esta Cumbre con el pie izquierdo, al proponer la reincorporación al G-7 de Rusia, después que se le apartó del mismo en 2014 a consecuencia de la anexión mediante la fuerza de la península ucraniana de Crimea por parte de Moscú. Desde luego, los restantes jefes de Estado rechazaron de plano la impertinencia, al tiempo que el propio ministro ruso de exteriores Sergei Lavrov desautorizó a Trump al dejar en claro que “jamás pedimos a nadie recibirnos de vuelta”. Como quien dice, afana más el velón que el dueño dela olla.
Esta cumbre estuvo precedida del brillante discurso del Presidente de Francia Emmanuel Macron ante el Congreso de EEUU abogando, a contrapelo de Trump, en favor de una “nueva generación de multilateralismo eficaz, responsable y orientado a resultados. Un multilateralismo que respete, proteja y apoye nuestras culturas”. Así de claro!
El ambiente en esta cita de este grupo relevante de países industrializados, integrado, además de EEUU, por Alemania, Francia, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido, no podía estar más crispado. La razón, la decisión del Presidente Trump de no dar pie atrás en su decisión de gravar con un arancel del 25% a sus importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Pudo más su obstinación que la razón, así se malquistara con sus principales aliados, como en efecto ha ocurrido.
No es de extrañar por ello los términos del Comunicado dado a conocer al término de la Cumbre de Charlevoix, en el cual se dijo enfáticamente que propendían por un comercio “libre, justo y mutuamente benéfico y por desechar el proteccionismo”. Esta es una reiteración de la posición asumida al unísono por parte de todos los países que se han visto afectados por el paso en falso que ha dado Trump al empecinarse en su trasnochada política proteccionista. La tercera Ley de Newton es infalible: a cada acción siempre se opone una reacción igual y esta no se ha hecho esperar. El primer Ministro de Canadá Justin Trudeau fue categórico al ripostarle al insolente Trump: “los canadienses somos amables, pero no nos vamos a dejar avasallar”.
La postura de Trump, al repudiar y retirar su firma del texto final de la Declaración de esta Cumbre, en concepto del Nobel de Economía Paul Krugman, “bien podría anunciar el comienzo de una guerra comercial”, si es que ya no empezó. Y es bien sabido que en una guerra comercial, como la que ha desatado Trump con sus medidas atrabiliarias, como lo afirma el Director para América Latina del FMI Alejandro Werner, “no hay ganadores y perdedores”, pero, a largo plazo todos pierden.
Según Krugman “Trump fue a Canadá a exigir que nuestros aliados dejen de hacer lo que no están haciendo y eso no es defender los intereses estadounidenses. Es una declaración de ignorancia y una política insensata…Lo sucedido en Canadá fue una humillante debacle total”. Trump está jugando con candela, su revanchismo y las retaliaciones que viene provocando pueden dar al traste con la reactivación que se venía dando del comercio internacional, después del largo letargo que provocó la crisis global reciente, que se inició con la crisis hipotecaria de EEUU en 2008.
Acorralado por sus propios desvaríos, el errático Trump apeló a su característica diplomacia pirotécnica para tender una cortina de humo para tratar de restarle importancia y gravedad a sus desencuentros con sus aliados y de paso al encarcelamiento ordenado por la Juez federal Amy Berman Jackson de su ex jefe de campaña Paul Manafort, por cuenta de la trama rusa de su presunta interferencia en los comicios de 2016 para favorecer la elección de Trump. Así se explica que quien la víspera hacía alarde de que su botón nuclear “es mucho más grande y poderoso” que el del tirano de Corea del Norte Kim Jong Un, ahora dice que fumó con este la pipa de la paz, de una paz nada creíble para la comunidad internacional. Con razón dijo el Presidente del Centro de Análisis The Inter – American Dialogue Michael Shifter, “ambos dirigentes tienen una inclinación por el teatro y la teatralidad”. No es más que eso, una pieza deplorable del teatro del absurdo!
Un sabio consejo, a propósito de la elección del Presidente Iván Duque: como dijo el excanciller chileno Gabriel Valdés, “en el sistema democrático el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”.
Riohacha, junio 19 de 2018
*Exministro de Minas y Energía y Expresidente del Congreso de Colombia
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Por Juan Fernando Londoño.*- El nuevo presidente va a encontrar buenas condiciones para comenzar con pie derecho su mandato.
La economía se está recuperando, la violencia ha disminuido y ambas condiciones hacen el país atractivo para los inversionistas. Su llamado a la unidad y a superar la etapa de polarización cala muy bien en una opinión pública hastiada de los enfrentamientos entre las élites políticas y ayudará a su favorabilidad. Adicionalmente, parece tener su gobernabilidad asegurada gracias al apoyo mayoritario del Congreso, los gremios y los medios de comunicación. Para cualquier presidente estas condiciones bastarían para asegurar el buen trámite de la administración, pero las apariencias en este caso pueden ser engañosas.
El aspecto más complicado de su gobernabilidad va a ser la relación con el Congreso. Es cierto que el nuevo presidente ha logrado asegurar las mismas mayorías con las que en su momento contó Alvaro Uribe o el propio Santos en 2010. Sin embargo, las promesas de campaña apuntan a romper con la situación de extorsión mutua entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente enfrentará un dilema: cumplir con su programa en materia de lucha contra la corrupción y arriesgarse a perder el control del Congreso, o continuar con los mecanismos de intercambio clientelar para asegurar el apoyo parlamentario a sus iniciativas y perder el apoyo de la opinión pública.
El presidente electo ha prometido acabar con la famosa mermelada y no entregar las instituciones del Estado a cuotas políticas de los parlamentarios. Estos dos elementos constituyen de por sí una reforma política de gran calado porque eliminarían las dos principales fuentes de corrupción política. La pregunta es qué incentivo tienen los políticos para renunciar a dichas canonjías. Si el nuevo presidente les quita a los parlamentarios sus dos principales fuentes de poder político y económico, ¿seguirán siendo leales defensores de sus proyectos como parte de la coalición de gobierno o iniciarán una labor de sabotaje de sus iniciativas como muy bien saben hacerlo?
Colombia necesita romper la dinámica extorsiva entre gobierno y Congreso en la cual quienes perdemos somos los colombianos, pero el costo político de cambiar esta relación no es fácil de asumir. Una alternativa es permitir que los parlamentarios puedan apadrinar la gestión que hacen para sus regiones. Así, ganan visibilidad y presencia política. El incentivo es poder mostrar que trabajan por sus votantes, tal como sucede en todos los congresos del mundo.
El segundo reto de gobernabilidad es la relación con la oposición. Por primera vez, el nuevo presidente tendrá un esquema gobierno oposición institucionalizado que le dará un gran poder a los partidos opositores para controvertir al gobierno. Pero en el caso de que el presidente decida adelantar una agenda de gobierno radical, la principal oposición se la va a encontrar en las calles. La capacidad de la sociedad civil y las organizaciones sociales de acudir a canales populares para confrontar la acción del gobierno ha ido creciendo y el presidente Santos tuvo que soportar buenas dosis de ello. En particular, las políticas para el sector agrario serán un motivo de pugnacidad entre el gobierno y las organizaciones campesinas. En este caso, el Presidente debe estructurar una política de diálogo social orientada a la prevención de los conflictos y no a su solución rápida como ha hecho el gobierno que termina.
El tercer problema que puede afectar la gobernabilidad del presidente es la ruptura de la negociación con el ELN. Ninguno de los proceso de diálogo que se han roto en Colombia o en otros países ha conducido a la reducción de la violencia. Al contrario, en las condiciones actuales solo aumentaría la degradación de la confrontación. Si los diálogos se rompen la espiral de violencia crecerá y muchos de los logros de la paz con las Farc se verán amenazados. Dados los lazos del ELN con algunas organizaciones sociales los efectos de una ruptura afectarán también los procesos de diálogo social y generarán un ciclo de ingobernabilidad en las regiones. El reto para el presidente es mantener la negociación abierta pero modificar la metodología para asegurar avances reales en el corto plazo.
La gobernabilidad de la Colombia tradicional parece favorecer al nuevo Presidente, pero las nuevas realidades del poder pueden convertirse en factores de ingobernabilidad. Un manejo democrático y constructivo de estos desafíos mostrará el talante del gobierno y la posibilidad de que su agenda de desarrollo permee las realidades en las regiones.
Bogotá, 20 de junio de 2018.
*Exviceministro del Interior.
Por José Gregorio Hernández*.EL claro respaldo obtenido en las urnas por Iván Duque, tanto en primera como en segunda vuelta, va en la misma línea del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se debe, entre otros motivos, a que los colombianos no estuvimos conformes con la manera como se desacató el veredicto del pueblo, ni con la caótica expedición de normas -de nivel constitucional y legal- a propósito de la denominada implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Duque captó ese descontento.
No creo equivocarme al afirmar que tras esa votación a favor de Duque -más de diez millones de votos en segunda vuelta- está la solicitud popular de que el Presidente de la República, con la colaboración del nuevo Congreso, restablezca la vigencia del orden jurídico y ponga término a la inocultable crisis institucional que hoy se advierte, así como a la inseguridad jurídica que se ha generado, particularmente en materia de impunidad para numerosos crímenes de lesa humanidad y de guerra y sobre el ámbito competencial de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
Obviamente, no es posible, ni sería conveniente para la paz de Colombia, que el nuevo gobierno se propusiera destruir por completo lo acordado. De modo que nadie puede esperar que el 8 de agosto, tras la posesión de Duque, todo cambie automáticamente, en especial si se tiene en cuenta que todo ajuste no solo debe ser acordado entre las partes -porque las cosas se deshacen como se hacen- sino que las modificaciones han de sufrir los trámites propios de las reformas constitucionales y de las leyes respectivas, que están en vigor y en su mayoría han sido declaradas exequibles por la Corte Constitucional.
Es urgente que, mientras esos ajustes se tramitan, las partes cumplan lo pactado. Ha habido incumplimientos de ambas partes, y dificultades que se deben superar.
El caso “Santrich” demuestra a las claras que no hubo cuidado en la elaboración de las normas; que la JEP jamás ha debido independizarse de la jurisdicción ordinaria y que en estos asuntos la improvisación -para mostrar resultados- no es un buen procedimiento.
El Presidente Duque será seguramente quien deba resolver si extradita o no al ex guerrillero, siempre que la JEP defina como fecha de sus posibles delitos una posterior al 1 de diciembre de 2016, y que la Corte Suprema de Justicia emita concepto favorable a la extradición.
Como lo dijimos en el libro “Las dos caras del proceso de paz”, recientemente publicado, "Colombia tiene derecho a la paz y la debe buscar mediante el diálogo y la reconciliación, sobre la base del Derecho. Una paz genuina, real, sincera, integral, democrática y respetuosa del sistema jurídico y de los Derechos Humanos. No reducida al egoísta beneficio de unos pocos, ni lograda a cambio de la rendición del Estado, de la confusión de los poderes o de la ruptura del orden institucional. Una paz que no ha de reñir con la justicia ni desatender las decisiones del pueblo".
Hacemos votos porque así lo entiendan el Presidente electo y sus asesores, y porque todo se lleve a cabo dentro de los cauces constitucionales y sin traumatismos.
Bogotá, D.C. 20 de junio de 2018.
*Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia.
Por Jairo Gómez*.- Qué tal el presidente electo Iván Duque, calificando de hirsuta la oposición que a partir del próximo siete de agosto ejercerá, legítimamente, Gustavo Petro, a quien ocho millones de colombianos le delegaron esa responsabilidad. No se dio cuenta, el nuevo mandatario, que los resultados vistos en las urnas revelan claramente que este país cambió y que, para bien de la democracia, el nefasto Frente Nacional desapareció.
Este 17 de junio nació en Colombia una oposición que desde de la otra orilla, sin prebendas ni canonjías, asumirá un verdadero control político, hará un estricto seguimiento a las acciones de gobierno y vigilará que el acuerdo de paz llegue a buen puerto. Eso es sano para un país que encontró en el voto el mejor instrumento de cambio. En el inmediato pasado convocaban a los colombianos cada cuatro años a las urnas. Eso cambió. Hoy hasta para salvar los páramos contamos con un instrumento para protegerlos, el voto; voto que ejerceremos en tres o cuatro meses, de nuevo, para erradicar a los corruptos sufragando a favor del referendo anticorrupción.
Una oposición fuerte, vigorosa, prácticamente inédita en nuestra vida republicana, es lo más positivo que dejó este debate electoral; porque este proceso va más allá de los ocho millones de colombiano, va camino a constituirse en una verdadera alternativa de poder, despertando, sin prisa pero sin pausa, una conciencia crítica en las nuevas generaciones en torno al valor de las acciones políticas.
El suyo, como lo han dicho Petro, Claudia López, Navarro, Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, es un proyecto con vocación de poder, no para dejar constancias históricas. Será una oposición rigurosa que además podrá recurrir a la réplica después de una alocución presidencial. En algo se avanzó.
No puede ocultar el presidente electo, Iván Duque, que tras su gobierno acecharán las sospechas de corrupción si sus propuestas son negociadas con un Congreso que hará valer sus mayorías aplastantes y le cobrarán por ventanilla ese apoyo. Todos sabemos que toda esa caterva de políticos tradicionales, no da puntada sin dedal: su apoyo cuesta y mucho dinero. Pero ocho millones de colombianos estarán vigilantes y harán piña para denunciar esos desmanes.
No se trata de sacar conclusiones absolutas, sino de mirar el presente y el futuro de la democracia colombiana. El mundo no camina en línea recta, luego no es una utopía pensar que Colombia dará un viraje a la izquierda seguramente en los próximos años. Las ataduras al pasado de la derecha, esa sí hirsuta y aglutinada bajo la égida uribista, consolidarán, en los próximos cuatro años, las políticas económicas neoliberales, la situación agraria pasará por el tamiz de los dueños de la tierra, y los campesinos, como siempre, se quedarán viendo un chispero. Seguramente Duque se rodeará de tecnócratas para dejar en sus manos el futuro fiscal. Su tarea inmediata será recuperar los ingresos de la nación a través de la economía extractiva (petróleo y carbón), de la reforma tributaria y pensional en la que subyace el aumento de la edad y, por supuesto, un recorte en el gasto social. El ajuste que se nos viene pierna arriba, no tiene nombre.
Ni qué hablar de la erradicación de los cultivos ilícitos; creo que la erradicación manual en este nuevo gobierno será historia y volveremos, según dictamen del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la fumigación con glifosato. Lo dejo ahí, espero equivocarme.
Ardua tarea, pues, tendrá la oposición y el escenario pinta bien porque, desaparecidas las Farc, la derecha no tendrá la disculpa para acabarla a tiros.
Bogotá,D.C, 19 de junio de 2018.
*Periodista
@jairotevi
