Opinión
Por Jairo Gómez*.-Es peligroso subestimar el poder del odio ahora que desde la orilla del uribismo, en confabulación con un arsenal de columnistas, se pretenda acorralar a la Justicia tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de llamar a indagatoria al máximo líder del Centro Democrático (CD), Álvaro Uribe Vélez.
Toda clase de epítetos se han lanzado contra los tres magistrados a quienes se les acusa de ejercer la “justicia espectáculo” y de “perseguir” al senador del CD. Uribe fue por lana y salió trasquilado. Su estrategia fracasó. Quiso avasallar a su adversario político y aniquilarlo - el senador Iván Cepeda- y no pudo. Un debate que era nítidamente político lo judicializó y buscó por todos los medios abatir jurídicamente a su contradictor. Cometió un craso error: prefirió ignorar la confrontación dialéctica, la de los argumentos, para, cautivado por el odio, dar una batalla en los tribunales, que va a perder. Él mismo, Uribe, judicializó su vida política. Al parecer, las pruebas en su contra son contundentes y por ello debe responder. “El que la hace la paga”, dijo en campaña su pupilo y hoy presidente electo, Iván Duque.
No se trata de una “revancha judicial” como lo han querido presentar los seguidores del exmandatario, se trata de que la CSJ le devuelva la dignidad a la administración de justicia y acabe con el mito de que “la justicia es pa´ los de ruana”. Seguramente muchos de los simpatizantes, arropados por los parlamentarios del CD y sus aliados en los medios de comunicación, se movilizarán instigando el odio contra la corte para propagar una matriz de opinión virulenta y atiborrada de desprestigio; acción que debe censurarse porque la justicia, en cualquier caso, debe actuar sin presión y con independencia.
Tal vez nada de esto debiera sorprendernos. No le achaco a la llamada polarización el comportamiento de ciertos sectores que hoy se solazan lanzando toda clase de epítetos contra la corte, responsabilizo de esto a quienes prohíjan el paradigma de que el jefe hace cuanto quiere; se mofa, deshonra y humilla a quien quiere y cuando quiere. Esa es la retórica que buscan vender; una retórica que tiene un amplio mercado y la gente lo compra sin chistar. Escenario peligroso; es como jugar con candela.
No se trata de “al caído caerle”, pero este hecho debe servir para aplicar justicia genuina, sin miramiento alguno y más allá del poder que pueda ostentar el sindicado. Esa justicia es el verdadero sustento de una democracia; de una sociedad decente.
Por supuesto, el senador Uribe, como cualquier otro colombiano que afronta problemas judiciales debe contar con todas las garantías procesales y recurrir a los argumentos de ley para controvertir a la corte, pero lo que no puede es deslegitimar institucionalmente a su juez natural renunciando a su investidura como senador, para evitar, supuestamente, esa instancia judicial.
La Constitución del 91 es un estatuto garantista que se fundamenta en el Estados social de derecho, ahí encontrarán el senador Uribe y sus abogados las herramientas adecuadas para salir del laberinto judicial que lo tiene contra las cuerdas o aceptar, como debe ser, la decisión de los tribunales se esté o no de acuerdo.
Bogotá, D.C, 31 de julio de 2028
*Periodista
@jairotevi
Por Amylkar Acosta.- “Conocí también las retroexcavadoras que cargaron de lodo y mercurio las aguas cristalinas y cargadas de peces hoy envenenados en los ríos Yanacué, el Bogue, el Támara y el Ité”: Padre Francisco de Roux.
A partir del día 16 de julio, queda terminantemente prohibido el uso del mercurio en a actividad minera en Colombia, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1658 de 2013, conocida como la Ley del Mercurio y el Decreto 2133 de 2016, que así lo dispuso. Con base en esta normatividad se estableció el Plan Único Nacional de Mercurio con el fin de articular el accionar de siete ministerios para su implementación, al tiempo que se establecieron mecanismos de control así a la importación como a la comercialización del mercurio, a través de un Registro único, al igual que los productos que lo contengan. El propósito era uno sólo eliminar paulatinamente su utilización hasta erradicarlo. Lo propio deberá darse en la industria que lo utiliza en sus procesos productivos para fabricar baterías, bombillas eléctricas, equipos electrónicos, tales como monitores LCD, así como instrumental que se utiliza tanto para los procedimientos médicos como odontológicos, a partir del 2023.
El mercurio es una sustancia química tóxica, líquido como el agua y brillante como la plata, supremamente nociva para la salud y dañina para el medio ambiente, afecta los pulmones de quienes están expuestos a su inhalación al evaporarse mientras se manipula, liberándolo y causando estragos neurológicos a quienes consumen pescado contaminado con mercurio, el cual se transforma por bacterias en metil-mercurio en el lecho de los ríos y quebradas. De hecho, según cifras oficiales, entre los años 2007 y 2011 se registraron 666 casos graves de intoxicación a causa del mercurio, de los cuales 511 en Antioquia. Por ello el mercurio es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los diez productos químicos más críticos para la salud pública. Y no es para menos, dado que su afectación se extiende a toda la cadena trófica (peces, fauna, flora y seres humanos) y a toda la cadena alimentaria, de especie en especie, con un impacto devastador. La mayor afectación recae sobre las mujeres embarazadas, lactantes y la niñez, pues provoca malformación del feto, así como trastornos irreversibles a temprana edad.
En Colombia se utiliza el mercurio fundamentalmente en la extracción del oro, ya sea de veta o de aluvión y sirve para separar el Oro de la escoria. No deja de ser curioso el hecho de que el mercurio (Hg) es vecino del oro en la tabla periódica. En las principales regiones mineras (Antioquia, Nariño, y Chocó) se concentran las mayores emisiones de este letal mineral, con 318 puntos identificados. Esta es parte de las malas prácticas de la extracción ilícita de los minerales en Colombia, que no es menor si tenemos en cuenta que para el 2017 de una producción de 41.06 toneladas, equivalentes a 1’349.000 onzas de oro troy, solo el 19.93 % de ellas provino de explotaciones formales. De allí la preocupación en el sentido que con la entrada en vigor dispuesta por la norma legal, esta sólo se aplique únicamente a la minería formal, mientras la extracción ilícita de los minerales continúe fuera del radar de las autoridades y por ello mismo fuera de control. También se utiliza para la aleación del oro con otros metales y por muchos años se empleó en la odontología para las amalgamas, para las famosas calzas en la dentadura, práctica esta que se abandonó por razones de salud.
Colombia llegó a ocupar el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo, después de China, en el uso del mercurio (180 toneladas/año). Con la fiebre del oro que despertó la escalada alcista de su cotización en los mercados internacionales, pasando de US $260 la onza en marzo de 2001 a US $1.739 en 2011, se acrecentó la actividad para extraerlo a como diera lugar. Según cifras del IDEAM, en el sólo año 2014 se arrojaron a las fuentes hídricas, ríos y sus afluentes, quebradas, contaminando el agua y el suelo, alrededor de 200 toneladas.
El efecto inmediato de esta medida será el cierre a la importación legal de 95 toneladas/año, aproximadamente, que ya se había reducido a sólo 5 toneladas/año, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), pero se teme que la entrada de contrabando a través de la frontera del mercurio al país siga desenfrenada. Según el experto en el sector minero Mauricio Cabrera “lo que ha sucedido es que el mercurio proveniente del mercado negro se ha encarecido. Antes un kilo costaba $150 mil y este momento está bordeando los $800 mil”. Como corolario, la contundencia de la Ley en la proscripción del empleo del mercurio en Colombia dependerá de la eficacia con que se combata a las estructuras criminales ligadas a la actividad extractiva depredadora y del éxito de los programas de formalización y reconversión de la pequeña minería, tradicional y ancestral, que pulula en el país, las cuales se procuran el letal elemento con el remoquete de “azogue”, para utilizarlo en sus rudimentarios procesos.
La mayor reticencia para el cumplimiento de la Ley ha sido que la prohibición de la importación y uso del mercurio puede significar la parálisis de la actividad minera, así como la pérdida de empleos e ingresos. Pero, está demostrado que sin mercurio también hay paraíso. Hace rato, desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, se han venido planteando métodos alternativos de separación y atrapamiento del oro, amigables con el medio ambiente, mediante técnicas gravitacionales, las cuales incluso permiten mejorar la eficiencia de la extracción, pasando de un 45 por ciento de recuperación del precioso metal (con mercurio) a un mínimo de 95 por ciento. Según Óscar Jaime Restrepo, docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, “esa técnica limpia, basada en la utilización de la densidad del oro como propiedad, se basa en la separación usando la gravedad. Procesos gravitacionales. También hay flotación”. Restrepo aseguró, además, que “mediante estas técnicas los mineros van a conseguir más oro y no van a contaminar el ambiente. Asimismo, indicó que con la socialización de ese tipo de técnicas gravitacionales se ha logrado reducir el uso del mercurio”.
Además del imperativo de la Ley, Colombia es signataria del Convenio de Minamata, cobijado por Naciones Unidas, suscrito en octubre de 2013 en Japón y ratificado por el Congreso de la República, mediante 1892 del 11 de mayo de 2018, la cual sigue pendiente del pronunciamiento de la Corte Constitucional, por tratarse de la ratificación de un Convenio internacional. Se espera que para el 19 de noviembre, cuando tendrá lugar la segunda Conferencia de las Partes se haya surtido dicho trámite con el fin de que Colombia pueda participar en la misma con voz y voto tanto en las negociaciones como en las determinaciones que se habrán de tomar tendientes a su reglamentación e implementación. Al suscribirlo el país adquirió el compromiso con la comunidad internacional de “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos”. Como lo manifestó el titular del MADS Luis Gilberto Murillo, “el país supera las exigencias internacionales del Convenio de Minamata sobre Mercurio, que no estableció una fecha de erradicación del uso de este elemento en la minería a nivel mundial”. Esta, por lo demás, es una muestra palmaria del compromiso y adhesión de Colombia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Sólo con la aplicación de medidas tan drásticas como las que ha tomado Colombia, de prohibir su uso en la minería y el tráfico ilegal del mercurio, se podrán evitar mayores estragos de los que ya ha causado el uso y el abuso del mercurio y sus secuelas. Ahora lo que sigue es que el Gobierno se proponga y lo logre erradicar la extracción ilícita de minerales, a las que están vinculados grupos armados al margen de la ley, que tienen en esta actividad una de sus principales fuentes de financiamiento.
Concomitantemente se debe proseguir con los programas que buscan su erradicación voluntaria, de la mano de los pequeños mineros, sus cooperativas y de los consejos comunitarios, tal como se va venido avanzando en Antioquia. En agosto de 2017 fue expedida la Ordenanza número 24 que propende por las buenas prácticas en la actividad aurífera mediante el fortalecimiento institucional, gestión del conocimiento e investigación aplicada, gestión para el cambio y, lo que es más importante, la educación y sensibilización de las comunidades. El Plan Andes Cero Mercurio, aupado por el Municipio de Andes y la Universidad de Antioquia a través de un Convenio para erradicar el uso del mercurio en la minería ha servido de piloto. Participan de él 110 mineros, todos ellos reciben además de la capacitación el financiamiento para que accedan a usar tecnologías para una minería amigable con el medio ambiente. Ha sido tan exitoso que ninguna de las 12 plantas artesanales que operan en el municipio de Andes se usa mercurio en este momento. Este es un ejemplo digno de imitar.
Bogotá, D. C, 31 de julio de 2018
*Exministro de Minas y Energía de Colombia
Por Guillermo García Realpe*.- Por octava vez hizo su ingreso el pasado 20 de julio al salón Elíptico del Capitolio Nacional el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, era su última intervención frente al Congreso Pleno.
Todo el legislativo estaba atento a las palabras de despedida del primer mandatario, palabras que aprovecho para hacer un resumen generalizado de su obra de Gobierno basada en los ejes del fin del conflicto con las FARC, empleo, disminución de la pobreza y los avances en materia educativa.
Sin duda, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el cual concluye este próximo siete de agosto, ha sido uno de los más acertados en diversos campos. Santos logró neutralizar a la guerrilla más vieja del continente y lograr un acuerdo de Paz con las FARC, ahora convertidas en partido político. Para muchos este fue el principal tema para que la popularidad del mandatario fuera baja casi durante todos sus períodos de gobierno, pero como él mismo lo decía en su discurso de despedida “la popularidad, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar… ¡a cambio de una sola de esas vidas salvadas!”, frase que comparto plenamente. Nada está por encima de la vida de seres humanos.
Este fue un gobierno reformista y de derechos que brindó todas las garantías a las minorías, a la oposición, a las etnias, en fin fue un gobierno incluyente, por algo este actual Congreso es de los más diversos, pluralistas, participativos de los últimos 208 años de vida Republicana de nuestro país. Este es un Congreso multicolor, donde una decena de partidos hoy están representados con diversos matices ideológicos, con voz y con voto y como verdaderos voceros del pueblo colombiano.
Uno de los mejores legados que le deja el Presidente saliente a nuestro país, es la Paz con las FARC, hecho que ha permitido salvar miles de vidas de nuestros policías y militares, hoy las camas del Hospital Militar en Bogotá, están vacías, ya no llegan nuestros héroes heridos o en el peor de los casos mutilados por el accionar de la guerra.
Hoy las FARC están disparando ideas, propuestas y no balas que cegué la vida de colombianos inocentes, y yo sí prefiero este escenario y no el de la violencia y el de la hostil guerra.
En materia de seguridad aún quedan muchos retos por delante, nos espera avanzar en diálogos de Paz también con el ELN, acoger en el marco de la Ley de sometimiento a la justicia al Clan del Golfo y a otras bandas criminales que siguen generando violencia en nuestras regiones, neutralizar las disidencias, minimizar los fenómenos de inseguridad ciudadana, el boleteo y la extorsión que aún afecta a varias regiones del país. En este frente no podemos bajar la guardia y se requiere un esfuerzo conjunto de todos los colombianos para rodear a nuestras instituciones y apoyarlas en su lucha también contra el narcotráfico, ese grave flagelo que no sólo afecta a Colombia, sino al hemisferio y a otros muchos países.
La muerte sistemática de nuestros líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos es de un cuidado supremo, el nuevo Gobierno debe ofrecer todas las garantías para prevenir este exterminio que sigue enlutando cada vez más a humildes familias de compatriotas.
En la parte laboral, hoy tenemos a 22 millones 500 mil colombianos con trabajo formal, aún quedan dos millones sin trabajo y ese tiene que ser otro de los grandes retos por superar en el corto y mediano plazo. En los últimos seis años consecutivos se cumplió con la meta de reducir el desempleo a un dígito.
El otro eje referente a la disminución de la pobreza superó todas las expectativas, durante el Gobierno del Presidente Santos, 5 millones 400 mil colombianos salieron de la pobreza, la tarea es seguir combatiendo este fenómeno social para sacar de esta penosa situación a más colombianos, sobre todos aquellos que habitan en las periferias de nuestro país.
En materia educativa, las metas se cumplieron también a cabalidad, el Gobierno garantizó gratuidad en la educación desde cero hasta el grado once, 40 mil jóvenes pudieron ingresar a las mejores universidades del país gracias al programa “Ser Pilo Paga”, se mejoró la infraestructura educativa y se logró más cobertura en informática, antes la cifra era de 24 estudiantes por computador, ahora es de 4 estudiantes por computador, lo que mejora la calidad educativa y el aprendizaje. Se logró dar cobertura también en internet de banda ancha a todos los municipios del país.
En salud, la mortalidad infantil cayó, se regularon los precios de más de 2600 medicamentos, aunque falta seguir combatiendo a fondo la corrupción del sistema y optimizar el servicio.
En vivienda también fueron evidentes los logros de Santos, un millón 800 mil familias lograron el sueño de tener casa propia, de esa cifra 275 mil viviendas fueron bajo la modalidad del programa de Casas Gratis, más de 14 millones de colombianos lograron acceder a agua potable y saneamiento básico y otros tres millones lograron el servicio de gas domiciliario.
La lista aún es larga, pero con satisfacción puedo decir y soy testigo que éste Gobierno también le cumplió al país en vías e infraestructura, en el cuidado y la protección del Medio Ambiente, en lograr que en el mundo nos vean con otros ojos, las relaciones internacionales fueron inmejorables, ahora los colombianos podemos visitar 91 países sin que noes exijan visa, logramos ingresar al selecto grupo de la OCDE, nos convertimos en aliados de la OTAN y conformamos la Alianza del Pacífico, junto a México, Perú y Chile.
En términos generales el legado del Presidente Juan Manuel Santos, es histórico, un Presidente que se jugó todo su capital político para alcanzar la Paz con las FARC y para darle niveles de sostenibilidad al país merece ser recordado siempre, ojalá al término de un par de años no nos haga falta.
Bogotá, D. C, 29 de julio de 2018.
*Senador Liberal de Colombia
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera*.- El documento de propuestas del Consejo Gremial Nacional al presidente electo va en contravía del creciente consenso que se ha venido creando en Colombia y en el mundo entero sobre la prioridad que deben tener en las políticas públicas la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Parece más bien un documento de los asesores de Trump, no por lo que dice, sino por lo que deja de decir.
Los gremios parten de la definición de las prioridades que debe tener el país en la actual coyuntura: “el incremento necesario de la productividad y la competitividad, las restricciones fiscales, las buenas prácticas y compromisos internacionales, la lucha contra la corrupción, la seguridad jurídica y el respeto de la propiedad privada y la economía de mercado”.
Nadie puede cuestionar que esos temas son prioritarios y deben estar incluidos en cualquier agenda de gobierno. Lo cuestionable del documento gremial es la no inclusión de otras prioridades que no solo deben ser parte de toda agenda gubernamental, sino que ocupan un lugar destacado dentro del programa del presidente electo, Iván Duque.
Son mínimas en el documento las referencias a los problemas de la desigualdad y la pobreza en Colombia; de hecho la única mención a ellas dentro del consenso sobre lo prioritario es citando las recomendaciones de buenas prácticas de la OECD. Además es increíble que en pleno siglo XXI se siga viendo la pobreza como un problema de actitud de los pobres que no quieren salir de ese estado: “El CGN considera que la lucha contra la pobreza debe abordarse de una manera asertiva generando incentivos para que las personas mejoren su calidad de vida.”
Por eso es creciente la atención que muchas empresas dan al tema de la Responsabilidad Social y, por ejemplo, para el Consejo Privado de Competitividad “uno de los objetivos transversales y esenciales tiene que ver con todo el tejido social, es decir, cómo logramos tener un país con una paz sostenible, donde no haya brechas, inequidades de género, ni de clases; donde todos quepamos”. El Consejo Gremial va en otra dirección.
Uno de los tres pilares de los programas de Iván Duque es la Equidad. A lo largo de toda la campaña electoral, y también después de ser elegido, ha insistido en que su objetivo es “la construcción de un gran ‘Pacto Nacional’, entre todos los sectores sociales con el objetivo de unir el país, derrotar la pobreza, e incrementar el bienestar de toda la sociedad”.
Por Juan Manuel Galán*.- El martes 24 de julio, el país se sorprendió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre investigar al expresidente y senador -hasta que la plenaria del Senado le acepte la renuncia- Álvaro Uribe Vélez y al Representante a la Cámara por su colectividad Álvaro Hernán Prada. Lo anterior, para que respondan por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, luego de que el alto Tribunal se abstuviera de abrir investigación contra el Senador Iván Cepeda por falsos testigos, ya que encontró que el demandante –Uribe Vélez- al parecer, con su consentimiento, personas allegadas a él, cometieron actos de manipulación de testigos en contra del Congresista del Polo Democrático.
El presunto testigo, que según parece fue forzado a cambiar su testimonio, es el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, miembro del Bloque Metro de las Autodefensas, que operaba principalmente en Medellín, responsable de varias masacres contra la población civil, de narcotráfico y contrabando de gasolina. Por la gravedad de las conductas que realizaba, es importante resaltar la voluntad y el compromiso que ha mencionado Monsalve de contar toda la verdad, no solo en este proceso sino en muchos más en los que se encuentra vinculado.
Al respecto, cabe señalar que una puerta importante se abre para que las más de las 1.8 millones de víctimas del paramilitarismo -de las cuales 1.5 millones son por desplazamiento forzado- vean que después de trece años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y de la extradición de los jefes de los bloques, la justicia en nuestro país “cojea, pero llega”.
Por estos motivos, apoyo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avanzar en sus investigaciones, pues es fundamental para el esclarecimiento de los más de 100 mil casos que no han sido resueltos. Así, los invito a que continúen con la investigación y no caigan en el chantaje del señor Monsalve que anuncia que dirá toda la verdad si es acogido por la JEP. Ese deber es inmediato para y por las víctimas.
Bogotá, D. C, 28 de julio de 2018
*Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Gabriel Ortiz*.- Colombia transita por una línea delgada que podría llevarla a insospechados y tenebrosos destinos. El personaje central: el justiciero juzgado. Objetivo: justicia a mi manera.
El libreto de esta tragicomedia entró en pleno desarrollo esta semana cuando el personaje central acudió a los términos dignidad, descrédito, desacato, renuncia y decoro. El expresidente y actual senador Alvaro Uribe sorprendió al país cuando anunció su retiro de la Cámara Alta, no sin antes acusar a la justicia de mancillarlo y lesionar su dignidad, término que significa “decoro en la manera de comportarse”, es decir honor, respeto y reverencia que se debe a una persona o a una institución.
La CSJ lo llamó a indagatoria por haber encontrado motivos suficientes para involucrarlo en la comisión de delitos de fraude procesal y soborno, que lo comprometen, junto con su hermano en la creación, financiación y conducción de grupos paramilitares. Además de endilgar al senador Iván Cepeda el manejo de falsos testigos, amén de otros delitos denunciados por el colega Daniel Coronel en la revista Semana.
Todo lo anterior ha afectado la “dignidad” del doctor Uribe, quien ha anunciado, por ello, su retiro del Senado, a donde llegó con una abundante votación.
El líder y sus abogados la emprendieron contra la justicia, sin decoro alguno, buscando su disminución y pérdida de reputación, eludiendo sin piedad el debido respeto que merece esa rama del poder.
Se ha cometido un desacato, ya que cuando se desconoce o se busca eludir el derrotero natural de un proceso, se amenaza la autoridad. El expresidente busca una justicia a su manera, a su medida.
Hasta ahí la primera parte de la comedia, porque ya está listo el telón que nos llevará a un segundo episodio. Hasta el momento de escribir esta columna, la renuncia del doctor Uribe no se conoce. Sus adoloridos seguidores, empiezan a preparar un movimiento nacional de respaldo al líder obligándolo a mantenerse en el Capitolio, aunque ello aleje a la fiscalía de asumir su caso.
El desgaste del dirigente no se queda ahí. Las fuerzas de las aguas contaminadas arropan otros sectores. El Centro Democrático y sus figuras saldrán golpeados por la arrogancia que se aprecia en las huestes de un uribismo triunfador en las pasadas elecciones y desde luego que pueden deteriorar la buena imagen y los buenos propósitos deseos de un electo presidente que quiere hacer las cosas lo mejor posible, como se aprecia en las primeras de cambio.
Este es el panorama que vive un país al que quieren manejar colocándolo erróneamente entre la dignidad y el descrédito, para impedir que la justicia actúe.
BLANCO: El freno a la voracidad alcabalera de Peñalosa: no a sobretasa a parqueaderos.
NEGRO: La triste partida de dos caballeros. Dos Gustavos: De Greiff que le dio cuerpo de honor a la Fiscalía y Cárdenas, hombre de las comunicaciones que brilló en la televisión.
Bogotá, D.C, 27 de julio de 2018.
Por José G. Hernández.* Según el artículo 185 de la Constitución, los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, pero “sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”.
El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución establece que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tiene a cargo la función de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular (subrayo); ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.
El numeral 10 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992 (Orgánica del Reglamento del Congreso) ordena a las mesas directivas de las cámaras “darles cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas”.
Según el artículo 73 de la misma Ley, “al congresista que faltare al respeto debido a la corporación, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta, por el presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes: 1. Llamamiento al orden; 2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debidos; 3. Suspensión en el ejercicio de la palabra; 4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión, y 5. Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un (1) día y hasta por un (1) mes, previo concepto favorable de la mesa directiva”.
El artículo 168, numeral 2, de esa Ley contempla, como deber de todo congresista, “respetar el reglamento, el orden, la disciplina y cortesía congresionales”.
El artículo 269 prevé como faltas de los congresistas: “1. El desconocimiento a los deberes que impone este reglamento. 2. El cometer actos de desorden e irrespeto en el recinto de sesiones”.
Por su parte, el artículo 270 consagra, como sanciones la “declaración pública de faltar al orden y respeto debido”, la “suspensión en el uso de la palabra por el resto de la sesión” y el “desalojo inmediato del recinto, si fuere imposible guardar el orden”.
De todo lo cual resulta que sí hay un régimen disciplinario para los miembros de las cámaras, y la previsión de sanciones para aquellos que irrespetan el recinto, a los colegas (que son representantes del pueblo) y a la dignidad de la República y de sus instituciones.
El acto bochornoso y grosero de un senador el pasado 20 de julio, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso -en pleno recinto del Senado, ante el país y el mundo- constituye una falta disciplinaria que debe ser sancionada para que no se repita. Pero, ante todo, es una ofensa al Congreso y a la Nación. No se puede pasar por alto, menos con la torpe excusa según la cual el acto de irrespeto buscaba hacer pedagogía para imponer orden.
El senador en cuestión tiene que saber que “no todo vale” para lograr unos objetivos loables, como algún ex candidato a la presidencia de la República lo dijo con acierto en el pasado. No es válido lo que ahora hizo, y le debe al país, al menos, una disculpa.
Bogotá, D. C, 256 de julio de 2018.
* Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia.
Por: Luis Eduardo Castellanos Ávila. - Fue el querer del Constituyente de 1991, al establecer el Régimen Económico del Estado en la nueva Constitución Política, que bajo el modelo de mercado en una libre competencia, los servicios públicos domiciliarios y particularmente el servicio de energía eléctrica estuviese al alcance de todos los habitantes del territorio, bajo unos mejores niveles de cobertura, calidad del servicio y beneficios de orden tarifario, por ello se estableció el régimen regulatorio en cabeza del Gobierno Nacional, creándose para ello la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que se encargaría de lograr esta finalidad propuesta garantizando la libre competencia, para mejores servicios, manteniendo siempre la posibilidad de que estos servicios fueran prestados tanto por el Estado como por particulares conservando la finalidad de la plena satisfacción como una obligación social del mismo, evitando que bajo la actividad monopólica que en tiempo pasado mantuvo el Estado, con las diversas consecuencias que se generaron de baja cobertura, baja calidad del servicio, y altos costos tarifarios, mantenimientos tardíos, alto endeudamiento del sector, e incluso el recordado apagón del año 1992 que vivo el país, motivasen los cambios en la aplicación del modelo organizativo y funcional que imperaba al interior sector eléctrico, y es allí donde emerge la Ley 142 y 143 del año 1994.
Sorprende que veinte y cuatro años después, de la promulgación de la Ley 143 (Ley Eléctrica), se pretenda regresar al sistema de actividad monopolística, pero esta vez a través de las empresas del sector privado disminuyendo para ello la capacidad regulatoria del Estado, iniciativa planteada por parte del Señor Ministro de Hacienda Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, en el Congreso de Servicios Públicos de Andesco, con el fin de eliminar el porcentaje del 25% establecido por la Ley como límite para la participación de la empresas generadoras en las cadenas de comercialización de la energía eléctrica.
Abriendo esto un importante discusión nacional frente al tema, teniendo en cuenta que el esquema bajo el cual se presenta los servicios públicos domiciliarios, cual es la libre competencia que bajo regulación se mantenga como un deber constitucional por parte del Estado a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el Sector Eléctrico, expone significativamente el valor del mandato previsto en la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos domiciliarios, en desarrollo del artículo 365 de la Constitución Política y de manera particular los objetivos que se establecieron en la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994), en cuanto a que las condiciones en materia de calidad del servicio, aspecto tarifario y las garantías a todos los usuarios tendrían fundamento en la libre competencia de todos los actores que concurriesen a participar en dicho mercado, permitiendo a los usuarios en consecuencia determinar la mejor opción para el establecimiento de una buena condición de vida en los hogares colombianos.
De concretarse la eliminación de la regulación pretendida a iniciativa del Gobierno saliente, se corre un alto riesgo para el sector eléctrico del establecimiento de un esquema monopolístico, teniendo en cuenta la alta concentración de empresas que como holding hoy disputan el mercado cautivo de los usuarios del servicio de energía eléctrica, el cual quedaría en manos de un mercado concentrado favoreciendo el establecimiento de una condición dominante frente a los usuarios del servicio, con las consecuencias de posible abusos en el desempeño empresarial privado de esta actividad.
Lo cual resultaría altamente lesivo para los usuarios del servicio de energía eléctrica al establecerse una contradicción a lo establecido en el Estado Social de Derecho en materia de Servicios Públicos, cual es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población como fin esencial del Estado social, y por ende el derrumbamiento del objetivo fundamental del mismo, cual es procurar la solución de las necesidades insatisfechas de la población más vulnerable en nuestro territorio.
Llama la atención que justamente cuando se habla de entrar a resolver la situación de ELECTRICARIBE, hoy intervenida por el colapso social generado en la Costa Atlántica, por su inoperancia, ineficacia, los cobros irregulares en el sistema tarifario, la falta de inversión y mejoramiento de infraestructura, los cortes permanentes del servicio de energía, y que se plantea la posible liquidación de esta entidad, para que tal servicio sea asumido por un nuevo operador del sector eléctrico, curiosamente se exponga entonces como una necesidad levantar la restricción establecida respecto a la participación de hasta un 25% de las empresas generadoras en las empresas distribuidoras de energía eléctrica, aspecto legal que procura mantener un límite de participación de los agentes generadores del mercado en las empresas de distribución de energía, procurando con ello que la libre competencia sea un factor determinante en la prestación oportuna de este servicio en un claro beneficio desde el aspecto tarifario, cobertura y calidad del mismo, bajo la regulación propia del mercado en una libre competencia.
Sin duda alguna esta iniciativa será un reto para el Congreso, teniendo en cuenta que la misma deberá concluir tras el debate político, en una normativa legal a través de la cual se determinara las condiciones que regirán la prestación el servicio de energía eléctrica por parte de todos los actores que en condición de generadores, distribuidores y comercializadores, concurren a desarrollar tan importante actividad, procurando el desarrollo del bienestar económico y social del país.
Quedando así planteada la discusión política y económica en torno a la regulación de la prestación del servicio de energía eléctrica que la misma ley califica COMO UN SERVICIO PUBLICO ESENCIAL.
Bucaramanga, 24 de julio de 2018
Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Por Juan Fernando Londoño*. Colombia es un país adicto a las reformas políticas. Prácticamente no hay ningún gobernante que no haya intentado o realizado alguna reforma política.
Luego de tantos intentos, deberíamos tener claro que no existe la fórmula mágica que nos permita señalar que habrá una reforma que de manera definitiva nos permita resolver todos los problemas de la política.
En lugar de buscar el Santo Grial de la política, debemos entender que cada reforma ha cumplido un objetivo limitado pero importante. La reforma política de 2003 inició el proceso de reinstitucionalización de los partidos y la reforma de 2009 introdujo el concepto de responsabilidad política para los dirigentes partidistas. La ley 1475 de 2011 reglamentó los temas pendientes y ayudó a mejorar los procesos electorales.
El intento de reforma política derivado de los Acuerdos de Paz fracasó luego de haber perdido su norte y el nuevo gobierno ha anunciado que incluirá una nueva reforma política en su paquete legislativo. Pero en lugar de buscar una reforma constitucional que tardará un año en tramitarse y tres más en tener algún efecto práctico, el gobierno y los partidos deberían empezar a ocuparse de mejorar el proceso de elecciones locales del 2019.
Uno de los problemas encontrados en los enfoques de reforma política es su escaso impacto en las dinámicas locales. Esto se debe a que el enfoque utilizado hasta ahora ha sido la gobernabilidad nacional y la organización del sistema de partidos. Es decir, las reformas no han tenido impacto en los territorios porque ese no ha sido su objetivo, pero sería impensable que con unas elecciones locales en 2019 no empezáramos a elaborar un ajuste institucional para modificar las dinámicas políticas locales.
Es en los municipios y departamentos donde las mafias y organizaciones ilegales cuentan con mayor capacidad para actuar. De hecho, los estudios realizados por distintas organizaciones muestran que muchos municipios de Colombia se encuentran capturados por mafias de contratistas, contrabandistas o narcotraficantes. Si buscamos que el Estado de Derecho reine en todo nuestro territorio no se puede seguir aplazando una reforma que desplace el poder de las mafias y se lo entregue a los ciudadanos.
Para conseguir este propósito será necesario tramitar una ley estatutaria enfocada en regular el proceso de elecciones locales. Una ley de esta naturaleza puede aprobarse en el primer período legislativo, tal como sucedió con la ley 1475 de partidos políticos en el año 2010. Incluso, con un decidido impulso político puede tramitarse en los primeros 100 días de gobierno. De esa manera, la corte constitucional podrá estudiarla y avalarla con tiempo suficiente para que entre a operar antes de que empiecen oficialmente las campañas locales el próximo año.
En cuanto a sus ejes principales, la ley de elecciones locales debe enfocarse a mejorar la transparencia en el financiamiento político, para ello, se deben sincerar los topes electorales, dependiendo del tamaño y capacidad económica de la entidad territorial deberían triplicarse o quintuplicarse, de tal forma que todos los dineros provenientes de fuentes legales sean reportados. En segundo lugar, se debe reducir el costo de las campañas, para ello se debe pensar en limitar la publicidad electoral a solo 30 días previos a los comicios. Se debe mejorar el sistema de anticipos para las campañas de gobernadores y alcaldes y establecer un sistema serio de auditorías sobre los gastos electorales priorizando aquellos sitios con más alto riesgo de captura del Estado.
El reto es claro: o nos ocupamos de transformar la democracia local, o seguimos discutiendo reformas nacionales mientras la criminalidad gobierna en los territorios.
Bogotá, D.C, 25 de julio de 2018
*Exministro del Interior
Por: Parmenio Cuellar Bastidas. - Cuál fue la idea fuerza en el reciente debate presidencial, que le dio la victoria al candidato del Centro Democrático, Iván Duque Marquez? Si una idea fuerza es ese mensaje expresado en pocas palabras, que tienen esa especie de poder mágico de concitar la voluntad, la emoción, y más aún la decisión de muchas personas en un determinado lugar (país) y en un momento dado, para nosotros, esa consigna ruptura (casi rabiosa) fue la expresada por el exministro uribista, Fernando Londoño Hoyos: “Hay que hacer trizas esos malditos acuerdos de paz”.
La lanzó en el momento preciso y empezó a taladrar la mente de muchos colombianos, no solo de los partidarios del expresidente Uribe. Ese mensaje subliminal viajó en el tiempo y permeo la conciencia no sólo de los seguidores del jefe del Centro Democrático (quien guardó silencio, ante lo que muchos consideramos un ultraje a los anhelos de paz de las mayorías nacionales). El candidato Duque reaccionó con temor: “No vamos a hacer trizas los acuerdos, pero si vamos hacer algunas modificaciones” que luego relacionó. Eran cañonazos de profundidad, aparentemente modificaciones menores, pero que, apenas realizadas unas cuantas de ellas por el Congreso saliente, le permitió a Londoño, decir: “Ya no hay que hacerlos trizas; ya están hecho trizas”.
Pero luego, y con posterioridad al debate electoral, los parlamentarios del Centro Democrático solicitaron al Consejo Nacional Electoral la inscripción del Comité para la convocatoria a un Referendo, que tendría como meta acabar de demoler lo que aún quedaba en pie, pero que ya está gravemente averiado: la Justicia Especial de Paz (JEP).
No fue el programa del candidato Duque ni en lo social ni en lo económico, ni en lo ambiental, lo que convocó las mayorías a su favor. Tampoco por el expresidente Uribe y su partido hicieron las mayorías de la victoria de Iván Duque, ni siquiera en las elecciones de la consulta, cuando el Centro Democrático obtuvo menos de la mitad de la votación que alcanzó el candidato triunfante. Este, tan solo en la primera vuelta presidencial sumó a los suyos los votos conservadores de Martha Lucía Ramírez y de Alejandro Ordoñez.
Si no fue ninguna propuesta programática la que concitó la mayoría en torno al hoy Presidente Duque, cual otra pudo serlo? Distinta a esa consigna que recogió la indignación de la mayoría colombiana contra lo que se dijo entonces, y aún se repite: Que “esos criminales”, -como llaman a los exguerrilleros-, no pueden ir al Congreso sin pasar primero por la cárcel (privación de la libertad en vez de la mera restricción de ella).
En esencia, la misma fuerza emocional que le dio la victoria a los enemigos del Acuerdo de Paz en las elecciones del Plebiscito, fue la que movió a la mayoría de los colombianos en las dos elecciones presidenciales (primera y segunda vuelta).
Que fue el miedo al castrochavismo, a las expropiaciones, etc., dicen otros analistas. Esas fueron estrategias que ayudaron o facilitaron la victoria del presidente electo, pero que no tuvieron la envergadura del ataque a los Acuerdos de La Habana. Por eso mismo, los candidatos que no eran acusados como Gustavo Petro de ser simpatizantes del “castrochavismo”, como Sergio Fajardo y Humberto De la Calle tampoco pudieron derrotar al candidato de la derecha.
Más aún, Gustavo Petro presentó a la consideración de los colombianos un rico programa de reivindicaciones económicas y sociales en favor de las mayorías nacionales, y lo hizo como desarrollo o implementación de los Acuerdos de La Habana. Fue la antítesis de la propuesta del Centro Democrático. Esa fue su idea fuerte: La Paz.
Estas reflexiones parecen útiles para tratar de entender lo que pasó y, por lo mismo, para prospectar las estrategias del futuro en Colombia.
