Opinión
Evidentemente, al presidente Duque no le quedaba otra que salir en la televisión a reconocer un resultado que ni él mismo se lo creía.
Los días previos lo escuchamos invitando a votar la consulta anticorrupción sin el entusiasmo con que acompañó, siendo senador, la campaña a favor del No en el plebiscito de 2016.
No creo que Duque se desmarcara de su mentor, el expresidente y senador Álvaro Uribe, y optara por respaldar la consulta; muy al contrario, a regañadientes, aceptó un tema con el cual se había comprometido en campaña, pero del que nunca se apropió. No hubo un acompañamiento férreo y comprometido con la consulta desde el gobierno y la falsa propaganda contra los siete puntos para desinformar que promovieron algunos sectores, incluidos los desafiantes trinos de su partido Centro Democrático (CD), hicieron daño a los propósitos de conseguir el umbral.
No nos digamos mentiras, al CD y a la Casa de Nariño nos les gustaba la consulta anticorrupción porque, más allá de los siete puntos para ponerle tatequieto a los corruptos, a Uribe solo le convenían unas reformas pactadas en el Congreso y no producto del mandato popular. El exmandatario sabe más que nadie que la votación de este 26 de agosto arrojó unos resultados inesperados que trascenderán políticamente e impactarán las elecciones regionales y locales.
Tiene claro el expresidente Uribe que todos los huevitos de su canasta los tiene puestos en su estrategia para conquistar las alcaldías de las principales ciudades del país y elegir gobernadores en por lo menos diez departamentos y para lograrlo qué mejor que la corruptela regional. Pero la soberbia de quien se cree triunfador le jugó una mala broma e hizo la lectura equivocada. Creyó el senador que negar lo que ya había aprobado era suficiente para llamar al fracaso de la consulta que no ganó, es cierto, pero que logró descifrar un país que está harto de la corrupción.
Sí, el país habló contra la corrupción, pero lo hizo también pensando en la transformación. Es un resultado que obliga a un cambio de mentalidad política. Las llamadas consultas populares se convirtieron en un instrumento de participación efectivo. El ciudadano de hoy, el joven del siglo XXI, siente que la constante convocatoria a decidir a través del voto le abrió la posibilidad de poder incidir sobre su futuro y que este no dependa exclusivamente de los intermediarios políticos, es decir, de un sistema representativo que sin duda ha hecho crisis.
Para el presidente Duque, sin haber cumplido el primer mes de su mandato, la consulta le plantea un reto político en la lucha contra la corrupción y que el modelo presidencialista que garantiza gobernabilidad a punta de mermelada, cupos indicativos o incentivos parlamentarios debe desaparecer.
Un golpe a la mesa de la corrupción es reformar la estructura política del país; Duque no se puede conformar con la eliminación del voto preferente; la democratización de los partidos, la financiación de las campañas y la elección de los entes de control que garanticen independencia y transparencia y una reforma electoral profunda son vitales para darle una respuesta efectiva a los 11 millones 700 mil colombianos que votamos el domingo.
Se avecinan vientos de cambio y el resultado del pasado domingo trae consigo una nueva y esperanzadora cultura política, los jóvenes de hoy y los que en el inmediato futuro entrarán a engrosar el censo electoral comenzaron a inclinar la balanza por la construcción de un país mejor.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2018
@jairotevi
Guillermo García Realpe.- El 2019 será el año en que la participación del agro colombiano dentro del Presupuesto General de la Nación sea la más baja de los últimos ocho años, un hecho que impactará de manera negativa a uno de los sectores más importantes en nuestro país.
Sobre éste particular recientemente se debatió en la Comisión Quinta del Senado, donde el preocupante panorama fue dado a conocer al alto gobierno en cabeza del Ministro de Agricultura Andrés Valencia, quien asistió al debate, escucho las inquietudes del legislativo y se acordó buscar soluciones para nivelar el rubro deficitario que hoy está en 315 mil millones de pesos menos con respecto al 2018.
La vigencia fiscal 2019 prevé una asignación de recursos en $2,1 billones de pesos, comparado con los más de $2,4 billones asignados para el presente año.
Colombia es un país netamente agropecuario, con más de 39 millones de hectáreas aptas para la productividad, aporta el 7% del Producto Interno Bruto y sin embargo sólo recibe el 0.8% dentro del presupuesto, hecho desde todo punto de vista lamentable con un renglón de la economía que tanto contribuye a la economía y empleo nacional.
En la gran ruralidad nacional habitan doce millones de campesinos, que con su esfuerzo y dedicación madrugan todos los días de la semana a labrar la tierra para producir el alimento que consumimos a diario en nuestras ciudades, llegó la hora de reconocer a quienes nos garantizan la seguridad alimentaria.
Nuestro país además de un presupuesto acorde a las requerimientos del campo, necesita mayores recursos para innovación, para ciencia y tecnología, para emprendimiento, para incentivar a nuestros jóvenes a que se queden en el campo y no migren a las grandes ciudades a engrosar los cinturones de miseria, el campo hoy se está envejeciendo y necesitamos recuperarlo, reactivarlo, hacerlo más productivo y competitivo.
Colombia puede ser incluso una potencia agrícola no sólo del hemisferio, sino del mundo, pero debemos respaldar y apoyar decididamente a este sector, tenemos que tenderle la mano en diversas áreas, en vivienda rural, en programas y proyectos para la mujer rural, para estimular a las nuevas generaciones a que se vuelvan empresarios del campo, a tecnificarlo, a brindar mayor asistencia técnica, muchos de estos puntos ya están establecidos en la Ley 1876 de 2017 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y de la cual orgullosamente fui su ponente, ahora tenemos que velar para que la norma se cumpla a cabalidad.
Al campo le debemos entregar también buenas vías terciarias para que haya una verdadera y óptima comercialización de los productos, debemos combatir la intermediación que arruina a los pequeños productores, tenemos que velar para que los precios de un producto insigne que nos reconoce a nivel mundial como el café logre tener un fondo de estabilización de precios, que compense todo el esfuerzo de nuestros cafeteros.
Lo mismo hay que hacer con las 350 mil familias que se dedican a la producción panelera en todo el país, hoy pasan un trago amargo por la falta de apoyo estatal, se necesita entonces de voluntad política y cumplir los compromisos pactados con el gremio.
Así mismo las familias paperas de departamentos como Nariño, Boyacá y Cundinamarca hoy están asfixiadas, debido a los bajos precios del tubérculo y ni qué decir de los lecheros y arroceros que están casi que en la quiebra por cuenta del contrabando y altos precios de los insumos que los tiene en jaque.
De tal manera que en el sector agropecuario convergen todos los factores habidos y por haber, no podemos seguir castigando a un sector tan noble y valioso para el país.
Ahora bien, llega la etapa del posconflicto y uno de los puntos centrales de los acuerdos de Paz de La Habana fue el punto uno sobre Reforma Agraria Integral, que establece todas las herramientas para fortalecer y apoyar al campo colombiano, pero hasta el momento está en letra muerta y no lo podemos permitir, la Ley se hizo para cumplirla.
De nuestra parte seguiremos alzando la voz desde el Congreso de la República para lograr un buen trato dentro del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2019 para nuestro campo, defenderemos el sector en cada una de las discusiones como lo hemos venido haciendo desde hace años y seremos siendo aliados incondicionales de esos doce millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad nacional y que hoy están esperando soluciones de fondo del Estado colombiano.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2018.
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M.- No son pocas las berreras con que han tropezado las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) para su integración a la matriz energética en Colombia. A lo largo de estos 24 años que han transcurrido desde que se expidió la Ley eléctrica (143/1994), Colombia ha contado con un Sistema eléctrico robusto y confiable, de clase mundial. Según el Foro Económico Mundial, su arquitectura lo sitúa en el 8º lugar entre 127 países. Pero estamos ante el riesgo de la autocomplacencia y tentados a permanecer en esta zona de confort y de allí la resistencia al cambio, del cambio de paradigma que se nos vino encima de la mano de la Transición energética que se está dando en el mundo y de la cual Colombia no se puede sustraer.
El Sistema eléctrico colombiano depende en más del 70% de la generación hídrica y esta que es su fortaleza, se ha convertido en su talón de Aquiles debido al Cambio climático. Se impone, entonces, la necesidad de recomponer y diversificar aún más de lo que ya está la matriz energética, desarrollando el gran potencial con que cuenta el país en FNCER. Estas no vienen a sustituir, pero sí a complementar la generación de origen hídrico o térmico, fortaleciendo de esta manera la confiabilidad, la firmeza y, sobre todo, la resiliencia ante situaciones de hidrología crítica como la que se avizora con el retorno nuevamente del fenómeno de El Niño. Y de contera, su promoción va en línea con los compromisos adquiridos por Colombia con la comunidad internacional, así con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como con el Acuerdo de París (COP21/2015), al fijarse la meta de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estamos hablando de 67 MMT de GEI, de los cuales el sector energético deberá contribuir con 11.3 MMT a dicha reducción.
Además, estamos ante un riesgo de marca mayor debido a que la entrada en operación de Hidroituango, que representa el 16% de la toda la capacidad instalada del país, tendrá un retraso por lo menos de 2 años. Esta crítica situación, que estresará al Sistema en los próximos dos años, se constituye en la oportunidad precisa para que las FNCER, que tienen en la Ley 1715 de mayo de 2014 su mayor punto de apoyo y apalancamiento, vengan en auxilio del Sistema y evitar así un eventual racionamiento.
Con la expedición del Decreto 0570 del 23 de marzo de 2018 se desató el nudo gordiano y se le zafaron las amarras que frenaban los proyectos de generación de energías renovables no convencionales, al posibilitar los contratos de largo plazo y de paso el cierre financiero de los mismos. De hecho, el saliente Ministro de Minas y Energía Germán Arce, antes de irse, dejo firmada las resoluciones 40721 y 40795, las cuales dieron vía libre para que en enero próximo se realice la subasta de 3.443 GWH, equivalente a 1.000 MW de potencia instalada, aproximadamente, por parte de la UPME.
Como es bien sabido el mayor potencial de esta la ofrece La guajira y con la adjudicación al Grupo Energía Bogotá (GEB) tanto de la Estación Colectora en Uribia como la línea de transmisión hasta la Subestación de Cuestecitas, para inyectar esa energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN), se removió el último obstáculo para su desarrollo y aprovechamiento. Huelga decir que este es un seguro frente a eventuales contingencias atribuibles al fenómeno de El Niño, dado su carácter contracícilico, toda vez que en las temporadas de verano y sequía es cuando se tiene mayor radiación solar y los vientos son más intensos.
Ya el Ministerio de Minas y Energía, apoyándose en la Ley 1715, había expedido la Resolución O30 del 26 de febrero de 2018, encaminada a facilitar que tanto los hogares como la industria y el comercio puedan generar su propia energía para atender sus necesidades de la misma y, lo que es más importante, puedan comercializar sus excedentes. Con esta medida nace un nuevo agente del mercado, el PROSUMIDOR, empoderando al usuario, que deja de ser sujeto pasivo en la cadena para ser mucho más proactivo de lo que es hoy, interactuando con el prestador del servicio. Y de paso contribuye también a la promoción de la llamada “generación distribuida”, que es aquella que no entra al circuito del SIN, que se consume en donde mismo se genera, muy útil particularmente para poder darle cobertura a los más de 400 mil hogares que aún no cuentan con el servicio de electricidad.
En lugar de la rapiña por hacerse a una tajada del estrecho mercado de electricidad con que hoy contamos, hay que trabajar por su ampliación. Este mercado tiene mucho para dónde crecer. En Colombia la electricidad participa a duras penas con el 17% del consumo final de energía; a guisa de ejemplo la industria en Colombia depende en un 80% de las energías de origen fósil, supremamente contaminantes. Por lo tanto, el reto es electrificar la economía y de esta manera habrá espacio suficiente para todos, tanto para los actuales como para los nuevos jugadores que entren al mercado. Este es el desafío!
Medellín, agosto 26 de 2018
www.amylkarcosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis.- EXORDIO. Votar siete veces si, o si hay desacuerdo con alguna de las preguntas votar no en esa, pero de todas manera votar en la consulta anticorrupción de hoy. Es nuestra oportunidad de que, sin importar el partido político, nuestra indignación ciudadana contra la corrupción pueda convertirse en acciones para controlarla.
Son numerosas las preguntas que se han planteado sobre la propuesta del expresidente senador de hacer un aumento extraordinario y por una sola vez del salario mínimo. ¿Qué si es un contentillo para justificar la rebaja de impuestos a las empresas? ¿Qué si es una forma de compensar la propuesta de extender el IVA a todos los productos de la canasta básica? ¿Qué si es una forma de mermelada para el Congreso, pues se van a aumentar los salarios de los congresistas? ¿Que si son todas las anteriores?
Sin entrar en el juego de las hipótesis o las conjeturas, quiero analizar desde el punto de vista estrictamente económico los pros y contras de la propuesta en la coyuntura actual, para lo cual conviene recordar cuál es el papel que juegan los salarios en el engranaje de la economía.
Para cada empresa por separado los salarios tienen un doble impacto: de una parte son el precio del trabajo empleado en la producción y, por lo tanto, un factor que incide en los costos de manera que cuando se aumentan, o bien disminuyen las utilidades de los empresarios o se trasladan a los precios del consumidor. En la pugna distributiva los empresarios suelen ser reacios a las alzas salariales y más cuando son extraordinarias como la que se propone ahora.
Por otro lado, para el conjunto de las empresas los salarios son los determinantes de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de los consumidores nacionales y, por lo tanto, de la cantidad de productos que puedan vender en el mercado interno. Desde esta perspectiva, se justificaría el aumento extraordinario, pues serviría para estimular demanda interna y por consiguiente ventas y producción.
Sin embargo la propuesta del expresidente tiene una condición que impide que opere este mecanismo de impulso al crecimiento del PIB, pues plantea que el aumento del salario debe depositarse en los fondos de cesantías, es decir es un ahorro forzoso para los trabajadores. Así, la economía se queda con el pecado de los mayores costos de producción y sin el género de la reactivación económica.
Por Juan Manuel Galán*.- ¡Donald Trump no para de sorprendernos! El Presidente del país más poderoso del mundo, se caracteriza por ser una persona errática, contradictoria e irrespetuosa de las normas de su país. El arquetipo del “bully” que esta semana ha visto el infierno representado por la “traición” de sus más cercanos colaboradores. En poco más de 3 años entre la campaña electoral y lo que va de su gobierno, ha sido protagonista de varios escándalos como pagos a prostitutas y acuerdos bajo la mesa con Rusia, archienemigo de los Estados Unidos.
Ahora enfrenta una nueva tormenta, su abogado admitió haber pagado a dos mujeres para callarlas por supuestamente haber tenido relaciones con el entonces candidato. Cohen involucró a Trump como autor intelectual y según el fiscal del caso, si bien en un principio eran dineros privados, luego trataron de ser reembolsados con facturas falsas a la campaña, lo que constituye un delito electoral.
En este enrarecido ambiente, se pensó iniciar un proceso de destitución o impeachment por parte de los congresistas demócratas pero los parlamentarios, preocupados por las elecciones definitivas que se avecinan, no saben cómo actuar en plena campaña electoral. En el mes de noviembre se llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos y un juicio político, irónicamente, por el alto grado de polarización que vive el país y la fortaleza de sus bases, implicaría que los republicanos puedan arrasar y quitarles representatividad a los demócratas.
De esta manera, parece ser que los Presidentes adquieren “súperpoderes” gracias al cargo que ostentan, lo que les garantiza impunidad frente a cualquier conducta inmoral o ilegal que realicen. Así, se debe señalar, que a pesar de que Estados Unidos tiene instituciones sólidas y aparentemente incorruptibles, Trump las reduce a declaraciones desafiantes como la que hizo recientemente en una entrevista para Fox diciendo que “si alguna vez me juzgaran, creo que el mercado colapsaría, creo que todos serían muy pobres”.
Lo anterior, demuestra que juzgar al dirigente de un país es complicado en la medida que son conscientes de la injerencia que tienen para poner en jaque a las instituciones a través de afirmaciones vagas que infunden miedo o cabalgan sobre el populismo. Trump con el agua al cuello, como lo plasmó la revista Time en su última portada, puede fácilmente ceder a la tentación histórica de gobiernos estadounidenses y que recrea la serie ‘House of Cards’: para resolver una crisis doméstica, distraer la atención y estimular el populismo nacionalista, la mejor receta es inventarse un enemigo para después hacerle la guerra. Tal vez a la periodista, que le preguntó a John Bolton en Europa si no pensaba que la principal amenaza a la seguridad de su país era el propio Trump, no le falte razón.
Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2018
Exsenador de la República de Colombia.
Por Jose Félix Lafaurie*.- De mi padre y de un “maestro”, Álvaro Gómez, aprendí que la política no es cuestión de “intereses”, sino de “causas” en las que creemos profundamente. Entonces ganar pasa a un segundo plano. Álvaro quiso servirle al país desde la presidencia y, siempre, “el régimen” se lo impidió…, siempre perdió, pero sus causas, aunque le costaron la vida, siguen vivas.
Con esa óptica cierro el capítulo de mi aspiración a la Contraloría como candidato del Centro Democrático. Aplaudo la posición del presidente Duque. La elección de contralor dependía en gran parte del “guiño presidencial”, una especie de “banderazo” para que los políticos negociaran sus intereses. Los que lo esperaban se quedaron con los crespos hechos, y el presidente dio una lección moral de independencia sin precedentes.
Yo no me meto, fue su posición. El ciudadano Duque puede preferir un candidato, pero al presidente Duque le es indiferente, como debe ser, porque no es ético que el vigilado incida en la elección de su vigilante.
Su propuesta triunfadora giró alrededor de esa independencia moral, porque el país está harto de la repartija del Estado que nos han vendido como necesaria para “la gobernabilidad”. Entidades, contratos y ministerios a cambio de “apoyos” para que la agenda legislativa fluya y se pueda “gobernar”.
Duque empezó bien con un gabinete técnico y representativo de las regiones, que no de los caciques regionales. Siguió bien al marginarse de la elección de contralor, y lo hará mejor si no cede a la presión de la clase política.
Le oí decir a una ministra que si se pretende bloquear la agenda legislativa, el presidente gobernaría con el marco normativo existente. La aprobación del presupuesto será una prueba de fuego, pues siempre ha sido el gran mercado del trueque de apoyos por mermelada, con amplia oferta de “cupos indicativos”. Si en esta ocasión el presidente no cede, así le toque apelar a la dictadura fiscal, el país aplaudirá.
Al nuevo contralor le deseo éxito.
El Centro Democrático, donde seguiré teniendo grandes amigos, es un organismo vivo que aprenderá de sus experiencias, pero no obró bien en el proceso, porque la política se debe hacer con coherencia, y no le mostró eso al país con el abrupto cambio entre la votación interna que me apoyo mayoritariamente, y la posición asumida horas después en el Congreso.
Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2018
*Presidente de FEDAGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz.- Se llegó la hora de saber si realmente los colombianos son Buenos Amantes de la corrupción. Este domingo los sabremos y habrá caras largas, caras alegres y caras confundidas, según los resultados de las votaciones.
Otra vez estamos entre el SI y el NO. Entre la triquiñuela, la insensatez, la manía, la descomposición, y la catarsis, la honradez y la pulcritud. La venda que millones de compatriotas utilizan a diario para desconocer la realidad, pone a temblar a muchos, porque hay fuerzas bien conocidas que buscan el fracaso de la consulta. Es decir que quieren un NO rotundo.
La politiquería que nos ronda, nos azota y nos empobrece, está activa y actúa para que las cosas en Colombia sigan como hace tantos años: pervirtiendo y envileciendo.
El exceso de legalidad que nos rodea desde la creación de esta patria, permite que muchos, sin querer queriendo, expongan argumentos para señalar que no se requiere una elección como la del domingo, porque “tenemos suficientes leyes, decretos, resoluciones y normas” para controlar la corrupción. Y advierten que con el arsenal de disposiciones existentes, se puede eliminar de una vez por todas la descomposición, la podredumbre y la corruptela que alimentan el soborno, el cohecho y demás depravaciones que permiten a los políticos y contratistas deshonestos, apoderarse de los dineros públicos y privados.
Por ello, vemos por los cuatro puntos cardinales de Colombia, obras a medio hacer o en ruinas que son “elefantes blancos”. Contratos incumplidos, niños muriendo de hambre, arcas vacías y nuestros dineros volando.
Son “billonadas” de nuestros dineros los que están en poder de los perversos, de los corruptos y de los ladrones de todos los cuellos que saquean a los colombianos de bien que tienen que apretarse el cinturón para que un Estado sin dientes se deje asaltar. Los corruptos se las idean para eludir la autoridad, el pago de impuestos, para sacar el producto de su rapiña al exterior y para pagar los “funestos servicios” de jueces y autoridades que se confabulan con los pillos.
Por todo lo anterior, urge que la consulta triunfe y no caiga en el despropósito que atravesó el plebiscito por la Paz. Ya nos están anunciando nuevos impuestos para cubrir el déficit que deja la corrupción.
Nada se dice de normas que permitan recuperar los dineros que salieron de Reficar, Vehicolsa, Dragacol, Agro Ingreso Seguro y millares de negociados más. Si se recuperaran esas platas, no habría necesidad de nuevos gravámenes, nuevas reformas tributarias y pensionales, que están orientadas a cubrir el saqueo de los corruptos.
Estas son las razones para salir a votar este domingo. Para poner fin al dinero fácil que enriquece a unos pocos y arruina a millones de compatriotas.
Los dientes que necesita el Estado para acabar con la corrupción, están en esas siete preguntas. Las preguntas de nuestra fortuna.
BLANCO: El regreso de los toros… para los taurinos.
NEGRO: La trampa que lleva la propuesta de un alza al salario mínimo.
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018
Por Juan Fernando Londoño*.-El próximo domingo sabremos el tamaño de la sociedad civil en Colombia. La democracia requiere instituciones, procedimientos… y ciudadanos. La ciudadanía existe cuando los miembros de una sociedad son capaces de ejercer sus derechos y responsabilidades. Lamentablemente, por diversas razones, los colombianos tenemos una capacidad limitada para ejercer nuestros derechos políticos y en particular el derecho al voto, por esto Colombia es uno de los países con más alta tasa de abstención electoral en el mundo.
Por primera vez tenemos la oportunidad de acudir a las urnas con el fin de manifestarnos contra la corrupción, que es uno de los peores males de nuestra democracia aunque enfrentamos el gran reto de conseguir un umbral casi imposible. Por eso quienes defienden los intereses del estatus quo andan haciendo campaña para que la gente no vaya a votar, en lugar de dar un debate leal sobre lo que no les gusta de la consulta. Si el voto fuese obligatorio la situación sería muy distinta. No cabe duda que quienes se tomen el trabajo de ir a los puestos de votación lo harán mayoritariamente para apoyar el contenido de las 7 preguntas de la consulta. El desafío del domingo es conseguir que esa gigantesca indignación que sentimos los colombianos contra quienes se roban nuestros recursos se transforme en una acción decidida de los ciudadanos.
Los resultados de la consulta se miden en dos niveles. Por un lado, el efecto político del mensaje que implica una votación masiva de rechazo a la corrupción y por el otro, el efecto jurídico que genera cada punto al ordenar al congreso legislar sobre la materia. El resultado de la consulta es un mandato político, no un mandato jurídico. El Congreso tendrá la posibilidad de configurar la voluntad de los ciudadanos plasmando en leyes -de la manera más leal posible con el sentido del mandato- las precisiones, ajustes y desarrollo que requiere materializar cada uno de los puntos de la consulta.
Algunos, de buena fe, por ejemplo, han dicho que votarán No al punto 1 de la consulta porque lo consideran inconstitucional. Esta aproximación es equivocada. La pregunta no es si consideramos constitucional reducir los salarios de los congresistas, sino sobre si estamos de acuerdo con ese mandato o no. La consulta no es un test para ver que tanto saben los ciudadanos de derecho constitucional. Lo que el ciudadano expresa es una decisión política. Las implicaciones de la pregunta 1 en particular han resultado tremendamente polémicas, con buenas razones para votarla a favor o en contra, pero lo que es inevitable es que si la pregunta alcanza el umbral se debe abrir un debate sobre toda la estructura salarial de los funcionarios del Estado. Y de eso se trata justamente.
En el año 1991 se decidió atar la remuneración de los magistrados a la de los congresistas para reivindicar la justicia y garantizar que los jueces no tuvieran un tratamiento salarial de segunda. Esa norma, llena de buenas intenciones, ha generado una casta de funcionarios que se benefician mutuamente de unos salarios exorbitantes comparados con lo que reciben los colombianos del común. Y lo peor es que en el caso de los congresistas, muchos ni siquiera asisten a las sesiones que es lo mínimo que deben hacer para cumplir con sus obligaciones. Y en el caso de los magistrados en muchos casos su trabajo es cada vez más lento e ineficiente. Justicia tardía es justicia inexistente.
Yo votaré sí a todos los puntos de la consulta, y votaré el punto 1 para que abramos un debate serio sobre las escalas salariales, los beneficios no salariales (carros, escoltas, etc) que recibe una élite de privilegiados en el país, que ni siquiera cumple con eficacia sus funciones.
El domingo no habrá transporte, no habrá lechona, no habrán camisetas ni gorras, ni pregoneros, ni parafernalia. Sólo ciudadanos conscientes de sus obligaciones en democracia y con la oportunidad histórica de transformar su indignación en acción. Espero que usted, amigo lector, nos acompañe en ese grupo.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2018.
*Exviceministro del Interior
Por José G. Hernández*.- La Corte Constitucional ha proferido el fallo mediante el cual, de manera oficiosa, revisó el proyecto de ley estatutaria aprobado en el Congreso respecto a la regulación de la administración de justicia por parte de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-.
Aunque no se conoce el texto final de la providencia, algo ha informado sobre su contenido el magistrado ponente.
En su mayoría, el contenido de las normas objeto de examen se encontró ajustado a la Constitución y en especial al Acto Legislativo 1 de 2017, que creó esa jurisdicción especial. Se supone que esto permitirá que se superen las dificultades creadas respecto al funcionamiento de la JEP en razón de la precipitada posesión de sus magistrados y de la iniciación de sus actividades sin contar con un estatuto que la estructurara en debida forma.
Es necesario esperar el texto de la sentencia para hacer un estudio de fondo sobre sus alcances y repercusiones. Ello no impide consignar nuestras primeras opiniones en torno al punto objeto de mayor controversia: el referente a la violencia sexual ejercida por ex miembros de las Farc sobre mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Según lo informado, la Corte declaró inexequible la disposición que había remitido a la justicia ordinaria los procesos por delitos sexuales, por entender que el Congreso carecía competencia para señalar penas distintas a las previstas en el Acto Legislativo.
Con todo respeto debo decir que, si hubiera sido magistrado de la Corte en el presente, habría depositado salvamento de voto, pues en la norma estatutaria no se advierte vulneración alguna, ni del Acto Legislativo 1 de 2017, ni de otros preceptos constitucionales.
No se entiende la razón para que, a la luz del Acuerdo de Paz y de las normas constitucionales, la justicia para delitos comunes tan graves como esos -ajenos por completo al conflicto, a la lucha revolucionaria y al delito político- deba ser impartida por la JEP y no por la jurisdicción ordinaria. Si eso es lo que falló la Corte Constitucional -habrá que estudiar el texto-, lo respetamos pero no lo compartimos, porque corresponde a una inconcebible impunidad para hechos del todo abominables.
Se entiende, según los términos del aludido Acto Legislativo, que la Jurisdicción Especial de Paz está prevista para procesos alusivos a conductas delictivas cometidas antes del Acuerdo Final por quienes participaron en el conflicto armado, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos, pero –claro está- “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
De ninguna manera se desprende de la norma la inclusión, en tal categoría, de aquellos delitos completamente extraños –directa e indirectamente- a los de rebelión, sedición o asonada. Porque, para rebelarse contra el Estado, o para adelantar la lucha guerrillera por motivos o ideales políticos o ideológicos, no era necesario violar a mujeres o a niñas, niños o adolescentes.
Con todo respeto: si eso dice la Sentencia, se equivocó la Corte Constitucional.
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Luis Eduardo Castellanos*.- Los hechos sucesivos de múltiples muertes a dirigentes sociales, bajo la modalidad de asesinato selectivo, muestra una realidad palmaria, cual es que en Colombia se le sigue temiendo más a las ideas que a las armas, pues todos estos crímenes contra dirigentes sociales, líderes de protección de derechos humanos, dirigentes sindicales y las múltiples amenazas que arrecian hoy en el país, señalan el quebrantamiento a la tolerancia y al pluralismo que como principios fundantes se establecieron en nuestra Constitución, cuando se le dio la categoría de Estado Social de Derecho a Colombia.
No es gratuito hoy la preocupación internacional, que desde diversos organismos para la protección de los derechos humanos se han venido expresando, como es, que tales hechos puedan repercutir sobre el proceso de paz en un escenario de incertidumbre en materia de seguridad, lo cual puede conducir al alejamiento de la posibilidad de inversión en el país, mejora y crecimiento del sistema productivo y por consiguiente una mejora sustancial en términos económicos y sociales para la población mas vulnerable, muy a pesar de las críticas y las posturas radicales desde diversos sectores que plantean que el mismo, fue un esfuerzo inútil al haber logrado el acuerdo para la desmovilización de las FARC, y poner fin a un conflicto armado de más de 50 años en el país, y que como solución práctica frente a las falencias que pudiese tener este acuerdo se hace necesario el revivir la confrontación armada a cualquier costo.
De arreciar el conflicto armado, hoy conjurado bajo el acuerdo suscrito en la Habana por parte del gobierno del Dr. Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionaras FARC, que participaron como voceros de dicho movimiento, sería un grave retroceso histórico y un hecho imperdonable ante la comunidad internacional que avalo esta iniciativa de paz.
Frente a este tema resulta importante la decisión de la Corte Constitución expresada en la Sentencia T-205A/18, en dicha providencia el máximo Tribunal Constitucional, exhorta a la Unidad Nacional de Protección, para que se den respuesta inmediatas ante la solicitud de amenaza que formulen los líderes sociales, comunales, sindicales, de comunidades indígenas, activistas de derechos humanos, que sean objeto de amenaza, logrando por parte de dicha institución una medida efectiva de protección para salvaguardar sus vidas, quedando entonces evidenciado en dicha decisión la indiferencia de este organismo frente a las solicitudes de protección elevadas por parte del accionante de este mecanismo constitucional.
Y no es solo lo expresado por parte de la Corte Constitucional, sino igualmente, en el contexto internacional el pronunciamiento efectuado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas, quien ha llamado la atención de la comunidad internacional en forma categórica, frente a la grave situación que están viviendo en el Colombia los líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, que vienen siendo asesinados y en donde la mayor preocupación que se expresa por parte del alto comisionado, es la pasividad frente a este proceso de investigaciones y la continuidad en aumento de estos hechos de sangre.
Aspecto estos que muestran la marcada polarización en que se encuentra el país, desde el punto de vista político e ideológico alimentada por sus dirigentes, y que esta situación de la realidad nacional se torna en un pretexto para acallar en forma violenta cualquier expresión que surja de un contradictor en el debate ideológico y político, y que lo mismo pueda calificarse como una amenaza para los interés económicos de ciertos círculos de poder.
Por lo tanto se hace necesario que estos hechos que enlutan hoy a un sinnúmero de familias convoque a la solidaridad nacional, para que en una sola voz todos los ciudadanos demandemos del Estado Colombiano representado por el gobierno y sus instituciones, garantías reales e inmediatas para la protección a la vida de los dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos y que las libertades ciudadanas bajo los principios de la tolerancia y el pluralismo se concreten en una realidad y no simplemente un enunciado dogmático en nuestra Constitución de 1991.
Bucaramanga, 21 de agosto de 2018
*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
