Opinión
Pocas veces se ha enfrentado el deporte con toda la seriedad que requiere esta actividad en la vida nacional. Esta vez, el presidente Duque decidió entregar tan comprometedora labor a un experto y decidido personaje. Ernesto Lucena será el encargado de dar el empuje que requiere el deporte en nuestro país.
Nunca antes, el deporte estaba en punto tan alto en Colombia. Las diferentes disciplinas sacan a diario la cara por la patria en los más exigentes escenarios del mundo. En salto, en ciclismo, en fútbol, en tenis, en clavados y en tantas especialidades más, se destacan nuestros muchachos y muchachas. Copas, medallas y premios llenan las vitrinas de nuestros representantes. El tricolor se iza en cuanto proscenio, entablado, escenario y teatro se premia a los mejores.
El deporte hace parte de la promoción de nuestro país como potencia muscular y como atracción turística, porque ambas marchan al unísono. El Mundial de Rusia lo demostró, llevando a incalculable número de visitantes. Las vueltas a Francia, España e Italia, enseñan la belleza estos países e interesan a los turistas del mundo entero. Lamentablemente la vuelta a Colombia es cada vez más lánguida. Este evento que paralizaba al país, hoy poco importa. Son ciclistas de segunda los que se disputan la camiseta y las copas. Hasta los ecuatorianos derrotan a nuestros jóvenes pedalistas. Dirigentes de la talla de Miguel Ángel Bermúdez brillan por su ausencia. Ya no participan equipos con la insignia nacional, como ocurría con el combinado “Café Colombia”, que patrocinaba la Federación de cafeteros.
Esas son las labores que esperan a Lucena, un joven que siempre se ha ocupado del deporte, desde las aulas del Sergio, hasta los escenarios deportivos. Y de verdad fue un acierto de Duque y un compromiso de quien llevará en sus hombros tan difícil pero promisorio encargo. Tendrá que rescatar el nombre de Colombia en sus disciplinas tradicionales y promocionar y desarrollar nuevos semilleros, porque talento y capacidad tenemos.
También le espera una ingrata gestión dados los vicios en que han incurrido dirigentes, como aquello de revender boletas para el mundial y tantos desmanes más que denuncian a diario en los medios.
Él sabrá rodearse de los mejores colaboradores y reglamentar la promoción de muchas disciplinas en la prensa, la radio y la televisión, para atraer cada día a más jóvenes y alejándolos de la droga y los vicios que tientan a quienes se alejan del deporte.
Lucena puede lograrlo. Tiene toda la capacidad y las ganas de fomentar el deporte en todas sus manifestaciones, para engrandecer cada vez más a esta Colombia que quiere sobresalir en todos los deportes que se practican en mundo entero.
Es uno de esos personajes que salen al panorama para fortalecer nuestra imagen en el mundo del músculo y del turismo que florecen con ímpetu y energía para fortalecernos.
BLANCO: La recuperación de las finanzas de Ecopetrol.
NEGRO: El fallecimiento de Humberto Salcedo Jr. Gran cronista deportivo y buen amigo.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2018
*Periodista exdirector de Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva
Los agarofóbicos creen que cuando la gente opina retrasa el desarrollo, desinstitucionaliza el país y cosas similares. Por eso no les gustan las consulta previas, ni las consultas populares ni las consultas sociales de ninguna índole.
Este temor a que los ciudadanos se atrevan a incidir en el rumbo de los acontecimientos lo podemos llamar agorafobia.
Como sabemos, el Ágora era el sitio donde los atenienses se reunían a deliberar y tomar decisiones. Los atenienses se veían a sí mismos como iguales y por tanto asumían que todos tenían la misma capacidad de discernimiento para tomar las decisiones que más les convenían. No creían que hubiese que elegir a alguien que tomara las decisiones por ellos, ni que los saberes técnicos implicaban una preponderancia para definir el destino colectivo.
La agorafobia se relaciona, según la academia de la lengua al temor con los espacios abiertos, pero en el sentido que acá le queremos dar no es el temor al espacio vacío, sino el temor a los espacios llenos… llenos de gente… de gente que se cree igual a uno… y que además pretende ser escuchada para tomar decisiones: el horror.
Ese horror es el que ha acompañado a los sectores más reaccionarios de la sociedad siempre que alguien más pretende ocupar un espacio de poder. El temor que tuvieron los nobles con los burgueses. El temor de los burgueses con el pueblo raso. El temor de los hombres de ese pueblo raso con las mujeres. Y la historia de la democracia es la conquista de ese derecho a opinar y decidir.
El problema es que hoy la gente no se conforma con decidir quién los va a gobernar. La democracia no consiste solamente en votar cada cuatro años y esperar a ver si el gobierno de turno lo hace bien. Esa democracia es cosa del pasado. La gente quiere opinar todo el día, todos los días, y lo hace a través de encuestas y sobre todo de las redes sociales. Pero esa acción no representa un cambio en las relaciones de poder ni una incidencia real en el futuro colectivo.
Por eso la gente busca los espacios de participación que les permitan incidir en aquellas decisiones que considera que van a afectar gravemente su vida. Como los macroproyectos que van a cambiar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrolla su vida y la vida de sus hijos. Y usualmente sus opiniones son no solo legítimas, sino útiles para que las cosas salgan mejor. Del mismo modo que un proyecto de ley que se discute en el Congreso siempre sale mejor luego del debate público, así mismo sucede con los proyectos de desarrollo que van a afectar a la gente en las regiones.
Pero a los agarofóbicos eso les parece terrible. Como a los viejos nobles en los jardines de Versalles, como a los burgueses ricos que no querían que los pobres sin educación tuvieran derecho a votar, como los hombres que pensaban que las mujeres no tenían nada que opinar. Los agarofóbicos cren que cuando la gente opina retrasa el desarrollo, desinstitucionaliza el país y cosas similares. Por eso no les gustan las consulta previas, ni las consultas populares ni las consultas sociales de ninguna índole. Ellos, los agarofóbicos, que son privilegiados, educados, ricos y poderosos, son los que saben lo que conviene, no solo para ellos, sino para los demás y para los que vengan en el futuro, para todos.
Lastimosamente para ellos, y afortunadamente para los demás, esa idea ya no tiene cabida en el mundo democrático moderno. En Colombia, en América Latina, en Africa, en Asia, por doquier, la gente quiere ser escuchada, la gente quiere ser tenida en cuente, la gente quiere ser incluída. Y muchos se han dado cuenta de que eso es lo mejor que puede suceder, pues no solo los proyectos se ejecutan mejor, se descubren aristas que no se preveían, se incorporan saberes desconocidos, se garantiza un mejor uso de los recurso, se genera mejores beneficios para capas más amplias de la población y se proveen bases de sostenibilidad para los proyectos. Hacer cosas contra la gente ya no es una opción y hacerlas con la gente y a favor de la gente es el mejor negocio para todos.
La mayor parte de las empresas y las agencias de cooperación han descubierto esto y cada vez más las buenas prácticas corporativas incorporan los elementos de consulta social. Del mismo modo que 50 años atrás el mundo incorporó los impactos ambientales en su desarrollo hoy el reto es la institucionalización de los procesos de consulta social.
Los distintos métodos y mecanismos de consulta social requieren reglas que resuelvan dilemas complicados, como saber quiénes pueden y deben participar, cuál es el alcance de la consulta y cuáles son las reglas del debate. Todos estos aspectos tienen que ser refinados. Existen cada vez más distintas metodologías y opciones para buscar los mejores resultados. Es muy probable que una votación abierta no sea el mejor método para resolver cómo dar el mejor manejo a una explotación minera, pero pretender que la gente se va a quedar en la casa mientras otros deciden qué hacer con su territorio, con su comunidad y con su futuro es no entender el mundo en que vivimos.
Las consultas sociales, en sus distintas versiones, son la mejor opción para enfrentar los retos del desarrollo, pero como en el pasado, toca enfrentar el temor de los agarofóbicos. Y como en el pasado, la gente terminará triunfando.
Ex viceministro del interior*
Hemos visto en estos días -con gran alarma y con dolor- cómo el maltrato infantil se está convirtiendo en práctica común que, además, queda impune en la mayor parte de los casos. Se habla de un promedio de sesenta y seis casos diarios de maltrato, y de una cifra escalofriante de denuncias, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: tan solo en lo que va transcurrido de este año, ellas llegan a diez mil novecientas setenta y siete. Casos denunciados. ¿Cuántos serán los no denunciados?
Este lunes se divulgó un video de seguridad en que se observa la crueldad con la que, en un jardín de Cali, una empleada -la misma que tenía a cargo su cuidado- maltrata a una bebé de diez meses, quien presenta fractura de fémur y otras lesiones como consecuencia de la violencia ejercida. Y el mismo día se conoció que un niño de cinco años murió en Neiva, también como consecuencia de maltratos.
Si a los casos de maltrato sumamos los de violencia sexual ejercida contra los menores, el panorama es de gravedad extrema. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es de los países en donde se registra mayor violencia contra los menores.
Solamente entre enero y marzo de 2018, en Bogotá fueron reportados mil cuarenta y un casos de abuso sexual contra niños. En 2017, según el ICBF, fueron denunciados cerca de cinco mil casos.
Más de diez mil menores son víctimas de violencia intrafamiliar cada año, y, como lo dice el Instituto de Medicina Legal, no existe un sistema de información adecuado que permita hacer un seguimiento más realista de la creciente violencia desatada en el país contra la niñez.
Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el problema no se tiene por falta de normas protectoras. Las hay muchas, comenzando por las constitucionales, las penales y las contenidas en convenciones y tratados internacionales que obligan al Estado colombiano.
El artículo 44 de la Carta Política establece con claridad que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Dice el precepto que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales, además, prevalecen sobre los derechos de los demás.
El Presidente Duque propone -y estamos de acuerdo- la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. Pero es necesario que, ante todo, el Estado diseñe una política de verdadera y efectiva protección de los niños, y verifique el real cumplimiento de las normas vigentes. Porque muchas nuevas disposiciones se pueden dictar y también se quedarán escritas, mientras no tomemos conciencia -todos- de la necesidad de actuar. Se requiere la denuncia por parte de quien tenga conocimiento de estos casos; y se necesita que las investigaciones se lleven a cabo y que las sanciones se apliquen de verdad a los salvajes que cometen este tipo de delitos contra los niños.
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2018
Con mucha preocupación el pueblo nariñense viene siendo testigo de una nueva crisis humanitaria que se viene presentando en el municipio de El Charco, en la costa pacífica de nuestro departamento, todo por un masivo desplazamiento forzado por cuenta de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de las rutas del narcotráfico y como siempre, la población civil y las familias humildes son quienes llevan la peor parte, porque al buscar preservar sus vidas tienen que dejar lo poco que tienen para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.
No es posible, que en tiempos donde el país busca enrutarse en la etapa del posconflicto se repita la historia de las épocas de la violencia, donde el desplazamiento, el despojo y la muerte era el común denominador, sobre todo en zonas marginales como la de nuestra costa pacífica.
No podemos permitir que la historia se repita y siga cobrando la vida de inocentes y enlutando a muchas familias de nuestra región y del país donde se registran situaciones similares a las que ocurren en el departamento de Nariño.
Lo ocurrido recientemente en El Charco y otros episodios de desplazamiento sucedidos éste semestre en municipios como Roberto Payán es verdaderamente grave y muy triste.
Quienes somos defensores de la vida, de la Paz y la reconciliación nacional vemos con suma preocupación estos hechos que empañan a toda una región trabajadora, llena de gente noble y con esperanzas de un mejor mañana.
El desplazamiento masivo en El Charco de 90 familias que representan 300 personas, que les tocó huir en días pasados de seis zonas rurales del municipio de manera inesperada, nos debe despertar toda la solidaridad y llamarnos a buscar acciones colectivas que permitan apaciguar la tragedia que viven y garantizar de la misma manera que no vuelvan a vivir este tipo situaciones.
Y es que según las autoridades, los desplazamientos selectivos se vienen presentando desde el año 2007, sin que hasta el momento ninguna autoridad le haga frente a este penoso flagelo.
La única solución que ofrece el Estado es la militarización de la zona como lo confirmó la Fuerza de Tarea Hércules, que ha desplazado a cuatro mil hombres para preservar el orden público por toda la ribera del río Tapaje, muchos nos preguntamos ¿será que la vía militar es la solución al histórico abandono estatal de estas comunidades?
Lo que realmente necesita El Charco, la Costa Pacífica nariñense y en general todo el Litoral Pacífico, es más salud, mejor educación, más fuentes de trabajo, más agro industria y menos corrupción, es decir, todo el componente de inversión social que lleva años esperándose.
El Estado debe saldar la deuda social con el Pacífico y no sólo ofrecer la salida militar como única alternativa a la grave crisis social, representada en la pobreza extrema, en la miseria, en la marginalidad y la exclusión, a la cual tienen sometidos a todos estos compatriotas que habitan en la otra Colombia, la que sólo se conoce a través de los mapas en cómodos escritorios en Bogotá.
Por otro lado, es preocupante el exterminio que continua presentándose en Nariño contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el último de ellos, cobró la vida de Jair Escobar, un dirigente social que hacía parte de la junta directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en el municipio de Tumaco.
Según la Defensoría del Pueblo, ya son 20 los líderes asesinados en Nariño, entre enero de 2016 y agosto de 2018, hechos luctuosos supremamente graves en un país que firmó un proceso de Paz, y que busca la reconciliación nacional.
Así mismo en nuestro sur del país, pero en el departamento del Putumayo, los periodistas Jairo Figueroa, corresponsal de Noticias Caracol, Germán Arenas, corresponsal de Colprensa en Caquetá y Putumayo y Duván García, periodista de la emisora comunitaria Noticias al Día, han sido víctimas de amenazas por parte de actores desconocidos.
Aseguran, que han recibido tres amenazas en menos de un mes, sin que hasta el momento la autoridad competente reaccione. La UNP apenas la semana pasada realizó el estudio de riesgo y la respuesta es que hasta dentro de tres meses dará contestación si ameritan o no medidas de protección.
Ojalá, que durante ese plazo, no les suceda nada que lamentar a estos tres periodistas que con valentía, profesionalismo y veracidad informan a diario al Putumayo y Colombia.
Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2018.
@GGarciaRealpe
Sí, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo 'The New York Times' (NYT) hizo de un “ensayo” anónimo, la noticia más importante de la última semana en Estados Unidos que, por supuesto, estremeció los muros de la Casa Blanca.
El anónimo publicado por el NYT, al parecer una persona de las “entrañas” de Donald Trump reveló, palabras más palabras menos, la incapacidad de su jefe para ejercer la presidencia de Estados Unidos con sus consecuentes peligros para la seguridad nacional. El escrito nada nuevo dice sobre Trump, pero el periódico la utilizó para sacar ventaja sobre la figura presidencial y ponerlo en aprietos. Hecho censurable por tratarse de una denuncia que no tiene origen en una investigación propia del periódico.
Bien lo dijo la periodista de The Washington Post, Margaret Sullivan, según cita la revista SEMANA, que la decisión del Times de publicar la pieza fue “un pantano de rareza lleno de cuestiones de ética periodística y con posibles consecuencias legales”.
La primera reacción de Trump fue calificar la publicación a través de su arma preferida, el Twiter, de “traición”, y le reprochó al periódico que si “ese anónimo cobarde de verdad existe, NYT debe, por razones de seguridad nacional, entregarlo al gobierno de inmediato”.
Seguramente el periódico no revelará la identidad de su “fuente”, pero lo que es éticamente cuestionable es que un medio de comunicación del prestigio del NYT decida darle entero crédito a un anónimo sin contrastar la veracidad de lo escrito, y justificar la decisión de publicarlo sencillamente porque conoce el nombre del responsable y su cargo en la Casa Blanca. Ahora, si es cuestionable la publicación del anónimo, es más grave aún que no tenga la opinión de la contraparte, en este caso el presidente Trump. Una regla de oro del periodismo.
Y qué tal el esperpento de argumento de la sección editorial del periódico para justificar por qué puso a circular la versión anónima: “Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”. Es decir, vamos a fiarnos de los embusteros para hacer noticia.
No hay explicación que justifique ese adefesio periodístico salvo que haya existido la intención editorial de revelarse políticamente ante sus lectores y declararse abiertamente anti-Trump. Es legítimo que un periódico o un canal de televisión o una emisora asuman una postura política, pero debe decirlo. Eso es transparencia ética.
Esa realidad se repite con frecuencia en los medios de comunicación occidentales cuyo sesgo ideológico desvirtúa la idea de que la prensa es un foro público, una especie de ágora que fortalece la democracia.
“Un periodismo que acepta vivir con una memoria corta de los hechos, tal como aparecen en un día determinado, y con la versión que de ellos han ofrecido las fuentes interesadas, es un periodismo mutilado que se pone en manos de las partes enfrentadas”, sentencia Furio Colombo, en su libro Últimas Noticias sobre el Periodismo.
@jairotevi
Desde que tengo uso de razón he estado oyendo hablar del Proyecto de la Represa del Ranchería en La guajira, un sueño largamente acariciado y aplazado indefinidamente que tiende a convertirse en una pesadilla por cuenta del desdén y la desidia de los sucesivos gobiernos. Estamos hablando de un proyecto multipropósito: irrigar 18.030 hectáreas, generar 7 MW de energía y servir de fuente de abastecimiento de los acueductos de 9 de los 15 municipios que integran el Departamento. El mismo ha servido de caballito de batalla en todas las contiendas electorales, sobre el cual han cabalgado los aspirantes al solio de Bolívar en los últimos 50 años; mal contados, estamos hablando de más de 12 cuatrienios presidenciales y aún sigue siendo una promesa incumplida. La Represa del Ranchería sigue inconclusa y como en el cuento del gallo capón, cuando se pregunta por ella sólo se tienen preguntas por respuestas.
Como en el drama de Sísifo, una y otra vez se intentó porfiadamente ir más allá de los estudios sin encontrar eco en el Gobierno Nacional, sin cuyo concurso es imposible su realización, dada la envergadura del mismo. En uno de esos tantos intentos frustráneos, como Presidente del Congreso de la República logramos persuadir al Presidente Ernesto Samper de su importancia e impacto regional y la necesidad de su apoyo. En efecto, en las postrimerías de su gobierno se abrió la licitación para los estudios, diseños y ejecución del Proyecto, pero con tan mala suerte para La guajira que el triunfo en las urnas del Presidente Andrés Pastrana truncó el proceso al declarar desierta la licitación el 11 de octubre de 1999. Pudo más la revancha contra el Gobierno anterior que los superiores intereses del Estado en este desaguisado. Como Senador no me quedó más que protestar enérgicamente “a propósito de este atropello inadmisible por este golpe bajo” que se le infligió a La guajira y a los guajiros. Se nos quemó el pan en la boca del horno!
A todo señor todo honor, al ex presidente Álvaro Uribe se le abona su determinación al desengavetar el Proyecto del Ranchería y ordenar los diseños y la ejecución de la primera fase del mismo. En diciembre de 2010 se dio por finalizada la presa El Cercado, con un área inundable de 640 hectáreas y una capacidad de embalse de 198 millones de metros cúbicos de agua, así como las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar. El monto de la inversión fue del orden de los $650.208 millones, de los cuales aportó el Departamento la suma de $69.733, con cargo a sus regalías directas. Y desde entonces a este Proyecto, redentor para la región, ha estado represado y se le ha venido mamando gallo para posibilitar la ejecución de su segunda fase, sin la cual la primera, como lo afirmó el Contralor General Edgardo Maya Villazón, “no cumple con los fines que perseguía la inversión realizada“. Esto es inaudito!
Con el arribo del Presidente Juan Manuel Santos La guajira abrigaba la esperanza de que se le diera solución de continuidad a este Proyecto, pero fue muy poco lo que se avanzó al respecto. Su primer Ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo fue muy escéptico sobre el mismo, al que calificó como un “elefante blanco a medias”. Llegó a afirmar que este es “un buen caso de mala asignación de recursos fiscales” porque, según él, esta obra terminará costando $1.2 billones y dado que las tierras que serán objeto de riego tienen una extensión de 18.536 hectáreas, el costo del riego por hectárea saldría a $50 millones, diez veces el costo promedio en el país.
No obstante, para llegar a esta escandalosa cifra, el Ministro parte de la base de cargarle al costo del riego tanto el valor de la inversión de la primera fase como la que resta, cuando, la verdad sea dicha, lo ya construido debe considerarse un bien público con el que la Nación apenas empieza a redimir una vieja deuda social que tiene con este Departamento. Por lo tanto, dicha inversión debe considerarse como un costo hundido que no se puede trasladar a la tarifa por el uso del agua, si se quiere que este proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. Del Gobierno Nacional depende que el Proyecto de la Represa del Ranchería se quede a medio palo!
Como lo registró la CGR en su Informe de Auditoría, a pesar de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la declaratoria del Estado de cosas no constitucional por parte de la Corte Constitucional amparando el derecho al acceso por parte de la población al agua potable, “si bien las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de METESUSTO están muy avanzadas, aún no se ha conectado a la conducción del Distrito Ranchería”. Huelga decir que no obstante que el uso del agua para consumo humano es la primera prioridad, el aprovisionamiento de la misma a partir de la Represa del Ranchería, dado su carácter integral, depende de la ejecución de la segunda fase de este Proyecto. Así de claro!
Bogotá, D. C, 10 de septiembre de 2018
Desde la revolución industrial del siglo XVIII el sector textil ha jugado un papel fundamental en la industrialización y el desarrollo económico del mundo y sigue siendo un importante generador de valor agregado y empleo en muchos países. En Colombia lo estamos destruyendo.
El sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir y otros artículos para el consumidor final. En Colombia alguna vez todos esos eslabones fueron muy fuertes, pero se han ido debilitando.
La destrucción del sector textil en Colombia empezó con la quiebra y desaparición de los productores de algodón que fue un sector de gran dinamismo. Entre 1950 y 1978 el área cultivada de algodón se multiplicó por diez, pasando de 35.000 a 350.000 hectáreas. Con aumentos en la productividad, la producción de la fibra creció aún más (20 veces) pasando de 20.000 a 400.000 toneladas.
En 1978 comenzó la debacle de los algodoneros, tan catastrófica que el año pasado se sembraron menos de 10.000 hectáreas. Las hilanderías se quedaron sin materia prima nacional y debieron recurrir a importarla. O tal vez fue al contrario: como por la revaluación y la apertura hacia adentro resultaba más barato importarla, se acabaron los productores nacionales.
El siguiente eslabón de la cadena que se está destruyendo es el de la tejeduría y producción de telas. Según el DANE, en lo corrido de este siglo el valor agregado de esta industria ha disminuido 37%, bajando su participación en el total de la producción industrial de 2.5% a 1.5%. Como además Colombia vive un proceso de desindustrialización, y la Industria cada vez pesa menos en el PIB, la participación de la producción de textiles en el PIB se redujo a una tercera parte de lo que era en el 2000 (0,10% contra 0,32%).
A los confeccionistas les había ido un poco mejor. Haciendo ropa con telas importadas crecieron el 60% hasta el 2007, año en que les cambió la marea porque la apertura hacia adentro no solo facilita la importación de telas sino también la de prendas de vestir, de manera que desde ese año han decrecido un 5%.
Tan malos resultados no se deben a que los consumidores estén comprando menos productos textiles. Por el contrario desde principios de siglo las ventas de estos productos en el comercio minorista ha crecido 140%; lo que solo se explica porque las importaciones crecieron 400% hasta el 2014, y solo se redujeron un poco con la devaluación de estos últimos años.
Contrasta esta triste realidad con la de la India donde hay 11 millones de hectáreas sembradas de algodón, el sector textil da empleo a 105 millones de personas y contribuye con el 14% de la producción industrial y el 4% del PIB. Además el objetivo de la política del gobierno es que el sector siga creciendo a tasas del 10% anual, y que en los próximos 5 años cree 35 millones de empleos adicionales.
La diferencia radica en que en India hay un Ministerio de Textiles que desarrolla toda una política de promoción del sector, mientras que en Colombia el Ministerio del ramo se dedicó a firmar TLCs y se olvidó de la Industria. Necesitamos un Ministerio de Industria
Cali 10 de septiembre de 2018.
*Por Giovanni Décola.- El hecho de que el Gobierno de Iván Duque no haya tenido luna de miel, en gran medida se debe a su desastroso Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
Este Ministro, tristemente recordado, cuando en el Gobierno de Alvaro Uribe, ocupando el mismo cargo, dijo que en Colombia: “el salario mínimo era ridículamente alto”. Cuando es sabido, que es uno de los más desiguales, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. En esta oportunidad, cada anuncio del Ministro de marras, ha sido un bombazo nefasto para los más pobres del país.
Sus pretensiones de obligar a declarar renta a más colombianos, de gravar con IVA a la canasta familiar, de revisar el régimen pensional, de una nueva reforma tributaria que le recortaría los impuestos a los ricos y empresarios y se los aumenta a la clase media y trabajadora, se han quedado cortas, ante las escandalosas denuncias que pesan contra Carrasquillla.
La utilización del cargo, usando información privilegiada, para promover leyes, que pronto sirven de soporte legal para crear empresas y negocios, que a la postre, enriquecen no solo a él, sino a su círculo cercano, con quien no solo se hace rodear en la esfera de lo público, sino también de lo privado, para empobrecer a más de un centenar de municipios, a cambio del enriquecimiento de su camarilla, y para rematar, no pagan los impuestos que les corresponde en Colombia, sino que para evadirlos, hacen una truculencia de ficciones legales en el exterior, para atesorar el dinero en paraísos fiscales, sin dejar rastros en el fisco colombiano.
Un “personaje” de esos, no merece ser Ministro de Estado, y mucho menos de Hacienda. La valiente denuncia del Columnista Daniel Coronell, refiriéndose a “la murga de Panamá”, de ser cierta, lo cual parece evidente, deja sin opciones al Presidente Duque: Lo declara insubsistente o le acepta la renuncia de manera inmediata.
De lo contrario, se expone el Gobierno, a que en el Congreso, donde aún no tiene mayorías, se abra paso, muy pronto, un debate de control político contra el Ministro Carrasquilla, y consecuencialmente, uno de moción de censura, donde los partidos de oposición y los declarados independientes, se frotarán las manos, para pasarle la primera cuenta de cobro al naciente Gobierno.
Si de verdad, el Presidente Duque, quiere hacer una cruzada contra la corrupción; considero que el ejemplo empieza por casa. Se equivocó en nombrar de embajador en la OEA, al exprocurador Ordoñez, quien fuera separado del cargo por corrupto, y se malograría gran parte de su credibilidad, si mantiene en el cargo, a quien sería un corrupto en ciernes, a la cabeza, nada menos, que del Ministerio que maneja la chequera del Estado.
Barranquilla, 10 de septiembre de 2018
*Abogado y Periodista
El ICA enfrenta un nuevo escándalo por la captura de siete funcionarios por traficar con Guías de Movilización para “blanquear” contrabando de ganado desde Venezuela; un delito de extrema gravedad por su impacto negativo para la ganadería. ¿Qué pasó en el ICA?, una entidad clave para modernizar la producción agropecuaria y transformar el campo; un socio estratégico de los gremios productivos y de Fedegán especialmente, con el que dimos pasos bien encaminados en trazabilidad, avanzamos en un sistema de Guías Sanitarias de Movilización y alcanzamos, con el Fondo Nacional del Ganado, el estatus de país libre de fiebre aftosa, hoy perdido y en proceso de recuperación.
Para responder tomo prestadas las palabras del ministro Valencia en reciente entrevista: “Es una entidad (…) completamente permeada por la política y con altísima percepción de corrupción. Hace demasiadas cosas para su capacidad de gestión (…) entre 2006 y 2008 fue la cuarta entidad más transparente… En el más reciente reporte, (…) ocupó el lugar 68 entre 75 entidades”.
“Hace demasiadas cosas…”. Esa es la causa efectiva de su inoperancia. El ICA terminó hipertrofiado por “contratitis” (3.048 contratos en 2015 por más de 121 mil millones!, y 975 en 2016 por 36 mil millones). He ahí la razón última: una entidad eficiente convertida por el gobierno de la mermelada en otra “permeada por la política y con altísima percepción de corrupción”.
¿Qué hacer? El ministro “la tiene clara”. “El ICA debe ser una autoridad de sanidad animal y vegetal exclusivamente”, le respondió al entrevistador; y a la pregunta por las funciones actuales, contestó sin ambages: “Las tercerizamos. Las trasladamos a entidades públicas o privadas, sin que se pierda el control…”.
Es volver a andar lo desandado. En 2012, el Ministerio rescindió los convenios con Fedegán para el manejo operativo de las Guías de Movilización y de la trazabilidad a través de gremios regionales, sin menoscabo de la función del ICA como autoridad sanitaria. Entre tanto, a pesar del clamor lechero, no existe la red de laboratorios de referencia para quitarle a la industria el papel de juez y parte. Por su costo, el ICA nunca alcanzará ese objetivo autoimpuesto, pero sí el sector privado, sujeto a exigentes protocolos y bajo estricta vigilancia de la autoridad sanitaria. De lejos, la admisibilidad sanitaria para el acceso a los mercados con TLC suscritos es la principal deuda.
Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2018
@jflafaurie
Tremendo dilema por el que atraviesa el gobierno Duque, con sus preocupaciones en torno al incremento de la drogadicción que a diario penetra nuestra juventud. Hay crecientes sectores que buscan frenar el consumo de estupefacientes, -marihuana, coca, heroína, ácidos, sintéticas, etc-. Otros defienden el libre desarrollo de la personalidad que contempla la Constitución y los traficantes y jíbaros que se lucran de tan pingüe, tenebroso y lucrativo negocio a través de las ollas que invaden las ciudades.
Con acertada intención el gobierno ha dado 15 días a la sociedad para pronunciarse sobre los alcances de una medida que prohíbe el porte de la dosis mínima, el consumo en lugares públicos, ordena la destrucción la droga y establece multas a los portadores.
Es claro que las leyes defienden a los adictos, que por cuestiones de salud deban consumir estupefacientes, siempre y cuando tengan prescripción médica para ello. Es decir: existe un carné marihuanero invisible que los autoriza.
Pero como suele suceder, nuestros legisladores van aprobando cuanta iniciativa llega al Congreso, sin investigar, analizar, buscar decisiones contrarias. Lo vemos en multitud de leyes que golpean a la comunidad. El “pupitrazo”, es moneda corriente. Afanosa, o “mermeladamente”, se aprueban deseos del gobierno, de los gremios o de otros interesados.
Hoy el Código de Policía aplica la prohibición del consumo de drogas, por esas mismas contradicciones de nuestras normas. Se decomisa la dosis mínima y se multa a los portadores.
Es decir: la cosa y la norma se utilizan, legal o ilegalmente, según el criterio de quien lo advierta o analice.
Y lo más grave es que debemos enfrentar el tema sin mayores dilaciones, porque tenemos que defender a nuestra población y a nuestra juventud. Es cierto que hoy se fuma o consume droga en los parques y lugares públicos, en donde hay niños, jóvenes y adultos que deben soportar a los infractores. Los colegios, escuelas y universidades están rodeados de jíbaros, distribuidores e iniciadores de jóvenes “colinos” como los llaman. Los celulares son los vehículos que conectan a los traficantes y a las ollas, con los muchachos para gestionar pedidos.
Hay que actuar con urgencia. La ley permite consumir droga en privado, lejos de la gente sana, de los niños y de la juventud.
Esta podría ser una oportunidad para aclarar las contradictorias normas actuales, que benefician a los traficantes y de una vez por todas se proteja el libre desarrollo de la personalidad que consagra nuestra Constitución, para que no sirva de escudo para maleantes y traficantes. Otros países suministran la droga a los enfermos, con lo cual se impide que los precios de estos presionen el funesto comercio clandestino. Hay quince días para debatir, investigar, analizar y tomar sabias decisiones que llenen el vacío existente. Por ahora existe el carné marihuanero que ampara a los adictos.
BLANCO: Se va, abdica, nos deja el Padre Linero. Lástima. Pero el Man está vivo.
NEGRO: Parece que el ELN, contaminará a Colombia hasta el último instante.
