Opinión
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - En más de una ocasión y en todos los tonos, convocantes unos, desapacibles otros, el presidente Petro ha insistido en acelerar la compra de tierras para reforma agraria, pues mientras las ofertas suben en ascensor, las compras lo hacen por escalera.
En febrero, la Agencia Nacional de Tierras reportó 1,9 millones de hectáreas ofertadas y apenas anunciaba las primeras compras para marzo.
En abril, el director de la ANT, Gerardo Vega, le informaba a El Espectador que “Hemos avanzado en compras masivas, más de 147.000 hectáreas pasaron la prefactibilidad técnica y jurídica”, es decir, estaban listas para compra.
El 23 de agosto, en entrevista al diario El Tiempo, afirmó que “Nos han ofertado más de 1,6 millones de hectáreas y de ellas hay 764.000 con prefactibilidad técnica y jurídica y están dispuestas para comprar (…) Van 189 propiedades compradas, equivalentes a 32.999 hectáreas”.
Además de la diferencia entre las cifras de febrero y agosto sobre tierras ofertadas -300.000 hectáreas-, el avance en “compras masivas” no lo fue tanto, pues solo se ha comprado el 4,3% de lo disponible y el 2% de lo ofertado.
Hay problemas de información; de hecho, Fedegán ha tenido dificultades para hacerle trazabilidad a las ofertas de sus afiliados, que suman 580.000 hectáreas; pero lo cierto es que el Gobierno ya puede comprar las 500 mil de su meta para esta vigencia.
Hay la tierra; la pregunta es si hay plata para comprarla. Con la reciente adición presupuestal de 800 mil millones a la ANT con esa destinación, su presupuesto total, incluido funcionamiento, se acercó a los 1,9 billones.
No es mucho lo que se podrá comprar frente a la meta, pero cuando los recursos son escasos, las sinergias son valiosas. Si esos recursos se orientan hacia el depósito del 30% que contempla la figura de la “enajenación temprana” de bienes en proceso de extinción en la SAE, ¡340 mil! hectáreas a julio de 2022, además de 99 mil extinguidas, no solo se podrían entregar esas tierras, las mejores del país, sino liberar recursos para mayores compras.
El cuello de botella está en la operatividad del proceso, desde la oferta, pasando por la engorrosa evaluación de prefactibilidad y el avalúo comercial del IGAC, hasta la compra y posterior entrega, con proyectos productivos de la Agencia de Desarrollo Rural y el apoyo del sector privado. Hoy, precisamente, remato estas líneas desde Fonseca, Guajira, donde, junto con la ADR, la ANT, el Ministerio y Banagrario, exploramos el mecanismo de compras parciales con financiación al propietario vendedor y proyectos productivos al beneficiario, que el presidente bautizó como el 50-50.
Si el diagnóstico es de insuficiencia operativa, hacia allá hay que orientar esfuerzos, sin distraerse en alternativas, como el proyecto de decreto que establece la extinción administrativa del dominio, que amenaza la legítima propiedad privada y, lejos de ser una opción de agilidad, enrarece el ambiente y afecta el proceso de oferta verdaderamente voluntaria, que hoy sube “en ascensor”.
Por lo tanto, además de eliminar trabas y reducir trámites, el camino es fortalecer a la ANT, para que, a manera de piloto, logre ejecutar el presupuesto de la vigencia y pueda enfrentar con solvencia el reto de 2024, con una adición anunciada de 5 billones, exclusivamente para compra de tierra.
El Acuerdo suscrito entre Fedegán y el Gobierno es un componente esencial de ese proceso. El gremio ganadero está cumpliendo, pues lo entendemos como un “piloto” de diálogo, consensos y resultados, para avanzar en el Gran Acuerdo Nacional, aquel sobre lo fundamental, que Álvaro Gómez convirtió en propósito nacional; el Acuerdo aplazado que, hoy, el futuro de Colombia nos reclama.
Bogotá, D. C, 2 de septiembre de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz *. - Con un incomprensible “mamola”, parece haber entrado en suspenso la reunión del presidente Petro con los gremios, encuentro éste que surgió para enfriar las tirantes relaciones entre gobierno y los gremios privados.
La situación del país ha reclamado con urgente premura, diálogos constructivos que pongan punto final a los asomos de una recesión que empieza a generar alta precaución, ante los bajonazos en la producción para consumo interno, para exportaciones, para el empleo y la pobreza.
Ya Petro había dejado plantado al sector empresarial, durante la asamblea que se realizó en Cartagena, debido a uno de los frecuentes ataques de malestar estomacal, que lo aquejan, según lo reveló en su entrevista al colega Daniel Coronell, en entrevista para Cambio.
Recuperado de sus dificultades gástricas, y de un viaje a Costa Rica para recibir un doctorado, bajó del avión para atender al Consejo Gremial Nacional, que agrupa a lo más importante del sector privado y de la producción de un país en grandes dificultades económicas.
Varias horas duró la reunión, aunque no el diálogo según los empresarios, que consideran difícil alcanzarlo con el actual gobierno. Extrañamente no acudió el ministro de Hacienda, pero si lo hicieron los titulares de Desarrollo, Vivienda y planeación.
Durante el periplo, para algunos hubo diálogo, pero nada concreto sobre reactivación. “El presidente escuchó”, dijo un poco más diplomático Mac Master, presidente de la Andi.
Para otros nada fue concreto, puro “bla, bla, bla”. “Necesitamos menos diálogos y más trabajo”, afirmaron.
El ambiente estuvo álgido sobre la situación de un país rumbo a la crisis, ante el bajo crecimiento y la alta inflación, que requieren un manejo más ortodoxo de las tasas de interés y control estricto a la usura, temas que pasaron por encima de las conversaciones entre el presidente Petro y los gremios económicos.
Para algunos de los asistentes, el jefe de Estado, parecía estar en las alturas de uno de sus viajes, sin aterrizar los temas sugeridos: pensaba, según algunos en la reforma laboral, que lo condujo a manifestar que el día no terminaba a las 10 de la noche para reconocer horas extras. Fue cuando exclamo: ¡mamola!
Un poco más bajo de tono, Petro entró en diálogo con los empresarios y expuso temas como la transición energética, los servicios públicos, las tierras y la seguridad.
En esos momentos recordó sus planteamientos durante el primer aniversario de su gobierno, para abrir la puerta al Acuerdo Nacional, dentro del Plan de Desarrollo y fue más allá, para pedir el apoyo a los planes sociales que cursan en el Congreso.
Total, que las relaciones de los gremios con el presidente Petro y su gobierno, parecen empantanadas y que ahora solo seguirá dialogo, más no un trabajo.
BLANCO: Apreciamos hoy los gratos recuerdos de nuestro gran amigo y colega Javier Ayala, en este segundo año de su fallecimiento. Se ofrece una misa en Santa Beatriz.
NEGRO: Tremendo plantón el que dio Petro al expresidente Duque durante una comida amigable arreglada por los Gilinski. Como siempre, el presidente los dejó esperando varias horas.
Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2023
Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández *. - Las leyes estatutarias -de superior jerarquía sobre las demás, y reservadas para ciertas y específicas materias- no estaban previstas en la Constitución de 1886, ni en sus reformas. Fueron establecidas en la Constitución de 1991.
Debemos recordar que tienen, como fin esencial, la regulación de materias trascendentales, que requieren un mayor rigor en su estudio y aprobación, lo que explica que la misma Carta Política plasme requisitos de trámite mucho más exigentes que los contemplados para la legislación ordinaria, a la vez que prevea un control constitucional previo y automático. Se estima que ello garantiza la observancia de los postulados constitucionales básicos y el adecuado desarrollo de los principios inherentes al sistema democrático, participativo y pluralista, a la vez que la previa y completa certidumbre sobre la constitucionalidad del trámite y contenido normativo, desde el comienzo de su vigencia.
Han subrayado la Constitución y la jurisprudencia que tales leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta en ambas cámaras, no por simples mayorías ordinarias. Además, solamente pueden ser tramitadas en el curso de una misma legislatura ordinaria, es decir, su tránsito en las cámaras no puede ser diferido en varios períodos, ni llevado a sesiones extraordinarias. Y están sujetas a control previo de constitucionalidad, según lo disponen los artículos 153 y 241 de la Constitución.
Las materias de las cuales se ocupan las leyes estatutarias son concretamente: los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; la administración de justicia; la organización y el régimen de los partidos y movimientos políticos; el estatuto de la oposición y las funciones electorales; las instituciones y mecanismos de participación ciudadana; los estados de excepción y las garantías para la igualdad electoral.
Para el trámite de leyes alusivas a esos asuntos, dada su trascendencia, la propia Constitución ha reservado el mencionado trámite especial. Nos encontramos, entonces, ante disposiciones de una categoría superior, que no deben estar incluidas en leyes ordinarias. La reserva de ley estatutaria implica un procedimiento más riguroso, pues se quiere asegurar que los temas elevados a ese nivel legislativo hayan sido objeto de especial reflexión, análisis y confrontación por parte de los legisladores, así como de una necesaria ponderación acerca de los contenidos normativos, tanto en cuanto a su conveniencia como en punto de su ajuste a los requerimientos constitucionales. Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se procura someter tales estatutos a una exigente y reposada discusión democrática y a un control cualificado, debido a su importancia para el Estado Social de Derecho.
Por ejemplo, normas que de alguna manera afectan, limitan o restringen derechos fundamentales o sus garantías, no deben quedar aprobadas siguiendo el trámite ordinario, por simple mayoría o de “pupitrazo”, ni comenzar a regir sin suficiente certeza en torno a su constitucionalidad.
La Corte ha expuesto, en cuanto a la exigibilidad de dicho trámite, que debe tratarse de iniciativas que toquen efectivamente derechos fundamentales, afecten su núcleo esencial, pretendan regularlos integralmente, o impacten de fondo sus elementos estructurales.
Así que el Congreso, para evitar la inconstitucionalidad, debe verificar el contenido del respectivo proyecto, antes de iniciar el trámite.
Bogotá, D. C, 31m de agosto de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Me costó mucho trabajo encontrar la manera de referirme a él con motivo del centenario de su nacimiento, por allá en un pequeño pueblo en Alemania, hijo de un padre y una madre modestos, trabajadores, de familia hebrea.
Tengo bien sabido que cuenta con críticos apasionados de su gestión como funcionario público, pero no puedo pasar por alto ejecutorias tan notables como las de haber abierto las relaciones de Estados Unidos y China, haber mejorado el entendimiento entre Rusia y Estados Unidos y haber negociado la paz que le puso fin a la guerra en Vietnam. Tan sólo eso sin contar con sus excelentes libros ni los consejos que ha prodigado por aquí y por allá por lo menos durante 75 años, ni el aprecio que por él tienen los dirigentes de países como China y Rusia, hacen inevitable que se examine con admiración su trayectoria política y académica.
Por fortuna, recordé que esa gran periodista Oriana Fallaci le había hecho una entrevista en Washington, por allá en noviembre de 1972 y tenía la idea de que ella siempre lograba poner en evidencia alguna dimensión humana del personaje a quien le formulaba preguntas complejas y osadas y supuse, correctamente, que encontraría algunos datos pertinentes y muy reveladores.
La entrevista con preguntas casi siempre largas tiene 13 páginas y aquí voy a recoger fragmentos muy dicientes sobre su personalidad. Por ejemplo: "no soy hombre que se deje llevar por las emociones. Las emociones no sirven para nada y menos para obtener la paz." "Cuando un país está involucrado en una guerra no basta decir: hay que terminarla. Hay que terminarla con criterio". "Cuando se tiene el poder en la mano y cuando se tiene en la mano por mucho tiempo, se acaba por considerarlo como algo que nos incumbe. Estoy seguro de que cuando deje este puesto, notaré la falta del poder".
Preguntado si le tenía mucho afecto a Nixon, respondió: " le tengo un gran respeto." Y más adelante añadió " lo que yo he hecho ha sido posible porque él me lo ha hecho posible". Y a la pregunta muy incisiva sobre su éxito responde algo muy significativo "la razón principal... sí, se la diré. ¿Qué importa? La razón principal nace del hecho de haber actuado siempre solo. Esto les gusta mucho a los norteamericanos. Les gusta el cowboy que avanza solo sobre su caballo (...) Y añade "(...) estar solo ha formado siempre parte de mi estilo o, si lo prefiere, de mi técnica. Junto con la independencia que es muy importante en mí y para mí. Y, por último, la convicción. Estoy siempre convencido de que lo que hago es lo que tengo que hacer".
Y complementa así: “No he pedido la popularidad, no la busco. Incluso, por si le interesa, no me importa nada la popularidad". Y para sorpresa de todos, afirma contundentemente: "de hecho creo más en las relaciones humanas que en las ideas. Utilizo las ideas, pero necesito las relaciones humanas como he demostrado en mi trabajo”. Y cuando la periodista le toca el tema de la frivolidad y de su condición de Don Juan, respondió: "creo que la reputación de Playboy me ha sido y me será útil porque ha servido y sirve para tranquilizar a la gente. Para demostrarles que no soy una pieza de museo. Y, además, la reputación de frívolo me divierte”.
Para terminar, Oriana Fallaci le pregunta ¿Es tímido doctor Kissinger? Respuesta: "Sí. Bastante. Pero, en compensación creo soy equilibrado. Hay quien me pinta como un personaje atormentado, misterioso y quien me pinta como un tipo casi alegre que sonríe siempre, que ríe siempre. Las dos imágenes son inexactas. No soy ni lo uno ni lo otro. Soy (…) no le diré qué soy. No se lo diré jamás a nadie".
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*. - La precisión de las palabras es muy importante siempre, pero mucho más si se trata de alocuciones presidenciales que se supone marcan el rumbo de las políticas públicas.
El presidente Petro no parece preocuparse -no se sabe si por inadvertencia o deliberadamente- por la precisión en el lenguaje que utiliza.
Todos los días hay ejemplos de ello. El último fue cuando anunció que se iniciaba la “renegociación” del TLC con Estados Unidos dentro del acalorado discurso que pronunció la semana pasada en Pitalito, Huila.
Anuncio que debió ser corregido por el ministro de Comercio Exterior, quién aclaró que de lo que se trata es de poner en marcha un modesto procedimiento de “revisión” de algunos puntos específicos del tratado, más que de una pomposa “renegociación” como se anunció en Pitalito.
Resulta que los dos procedimientos son completamente diferentes: el primero es un mecanismo sencillo previsto en el capítulo 27 del tratado en donde las partes contratantes aclaran o le hacen mejoras al funcionamiento del TLC siempre por acuerdo mutuo. El segundo, el de la “renegociación”, consiste prácticamente en negociar un nuevo tratado que, en el caso de los Estados Unidos, debe ser aprobado por el Congreso de aquel país.
Lo primero sería un mecanismo normal, mientras que lo segundo sería un gigantesco disparate. Una “renegociación” total no tendría, la certeza de que sea aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, tanto más en un momento en que en aquel país se encuentra en marcha un proceso electoral que debe conducir a la elección del nuevo presidente.
Pero, además: resulta patético y denota la improvisación que acostumbra rodear las alocuciones presidenciales que el presidente Petro haya dicho en Pitalito que va a poner en marcha la “renegociación” del TLC con los Estados Unidos porque dizque el tratado prohíbe sembrar maíz en Colombia. Gigantesca inexactitud. En el último año no más se han sembrado 300 mil hectáreas que han producido 1.2 millones de toneladas del cereal. El TLC no prohíbe que se siembre en nuestro territorio ni maíz ni ningún otro cultivo.
Otra cosa bien diferente es que quienes utilizan el maíz como materia prima en su producción (alimentos para la avicultura, la porcicultura, o alimentos balanceados para animales) en un momento determinado consideren que por razones de precio y de calidad les resulta mejor importarlo. Hay que recordar que el maíz producido en tierras templadas y con mayor luminosidad solar diaria como es el caso de los Estados Unidos, de Canadá o del Cono Sur, tienen mayor productividad por hectárea que en el trópico.
Pero lo anterior no significa que no se deban seguir haciendo esfuerzos para producir mayor cantidad de maíz en el territorio colombiano (el maíz nacional aporta apenas el 20% del consumo final de este cereal). En el pasado se han hecho programas importantes para aumentar el área maicera de Colombia que es lo que ha permitido precisamente que estemos produciéndolo maíz en 300mil hectáreas del suelo nacional.
Pero lo que sería un disparate monumental es renunciar al TLC con los Estados Unidos a lo que conduciría la “renegociación”, haciendo imposibles buena parte de nuestras exportaciones a ese país que es nuestro principal cliente comercial, y encareciendo el maíz importado desde los Estados Unidos (cuyos usuarios inmediatamente buscarían otros orígenes para traerlo del Canadá o Brasil o Argentina, que en el pasado fueron los grandes proveedores del cereal para Colombia). Encarecer con aranceles el maíz que llegue de los Estados Unidos elevaría los costos para las industrias procesadoras y el precio final para el consumidor colombiano de huevos, leche, pollos o carne de cerdo.
En tal escenario el efímero aplauso que arrancó el anuncio del presidente Petro en Pitalito terminaría por traducirse en costos enormes para la agroindustria y el consumidor colombiano.
Por eso, la precisión en los términos es importante: así haya que sacrificar aplausos momentáneos para conservar la coherencia en el mensaje.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*. - Entre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto - ley 1276, expedido al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, está la de que dispone que los “contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las subastas asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025”.
Como es bien sabido estos proyectos acusan un notorio retraso en el cronograma de su ejecución, sólo 2 de ellos avanzan de conformidad con el mismo. Según el Decreto en mención, “esto pone en riesgo la subsistencia de las familias y sus niños por la falta de oportunidades que implica la pérdida de demanda de bienes, servicios y empleo que resultan del desarrollo de los proyectos de transición energética en la región”.
Se dice, además, que el retraso de estos proyectos trae consigo “el aumento de las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”, cuando en este caso es al revés, son las “situaciones de conflictividad social” mal gestionadas por parte de los gobiernos anterior y este, la que ha retrasado la marcha de los mismos. No se puede, entonces confundir la causa con el efecto. Es cuestionable que “para hacerle frente a esta situación se requieren medidas dirigidas aliviar, mediante la suspensión de contratos de suministro de energía para generadores de FNCER en el Departamento de La Guajira”. Sí, se trata de “aliviar” a una de las partes de un contrato bilateral, a los generadores, a expensas de la otra, los comercializadores.
Ello ha sido muy controvertido, porque al llevarse de calle la seguridad jurídica inmanente a toda relación contractual entre particulares, como en este caso, de acuerdo con el artículo 868 del Código de comercio la parte afectada podrá interponer una demanda de restablecimiento del equilibrio económico alterado por la intromisión del Estado en una clara extralimitación de sus funciones y competencias, al terciar a favor de una de las partes, los generadores. Y si prospera esta acción legal ante los tribunales, podría derivar, según lo prevé el artículo 90 de la Constitución Política, en que el Estado responda patrimonialmente “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados” a las empresas comercializadoras.
Además, con esta medida que, según el Gobierno, busca “legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”, contraviene lo estipulado en el artículo 1602 del Código civil en el sentido que “los contratos son ley para las partes”. Será, entonces la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra con respecto a la constitucionalidad y a la legalidad de la misma. En medio de semejante embrollo, armado por el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.
Es la propia Asociación de energías renovables – SER Colombia que las representa, la que al reaccionar frente a esta medida se pronunció en los siguientes términos: “reconocemos la buena intención del Gobierno. Quizá si no se hubiesen tomado esta medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica”. En medio de semejante embrollo el sector eléctrico está en ascuas.
Ante semejante dislate, XM, pese a sus reservas y reparos a esta medida, no tuvo otra opción que darle cumplimiento, pues al fin y al cabo como dice el aforismo “dura lex, sed lex” y dicho Decreto tiene fuerza de Ley. XM, entonces, terminó disponiendo “suspender temporalmente las obligaciones de suministro de energía” y de contera “las garantías de cumplimiento actuales no son exigibles”.
La consecuencia inmediata es que las comercializadoras tendrán que salir a adquirir la energía contratada en la Bolsa, quedando ahora más expuestas a los altos precios a los que se cotiza la energía (por encima de los ya pactados con las empresas generadoras) a consecuencia tanto del stress a que está sometido el SIN por el atraso de la ejecución de los proyectos como por la llegada del fenómeno de El Niño. Se estima que por cada $100 que sube el precio en Bolsa impacta la tarifa al usuario final entre 1 y 2%. Y según cifras de XM, mientras el precio promedio del KWH en los contratos para abril de este año era de $281.09, el precio en Bolsa para junio alcanzó los $469.55.
Según el Director de ASOCODIS José Camilo Manzur, “hoy el precio de la energía en Bolsa puede estar 2.5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas”. Y este mayor precio repercutirá, según la experta Carmenza Chahín, en un incremento promedio de la tarifa del 5%. Los usuarios de La Guajira que, según los considerandos del Decreto in comento, supuestamente se busca favorecer, no escapa a esta escalada alcista de las tarifas, que puede ser del orden del 7%. Según Manzur, el efecto de esta medida le significará a los usuarios, que son los paganinis, sobrecostos del orden de los $170.000 millones mensuales hasta diciembre de este año.
Bogotá, agosto 26 de 2023
Economista. ex presidente del Congreso, ex ministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - No me refiero a la extinción JUDICIAL sobre bienes adquiridos ilícitamente, conocida por la opinión pública, sino a otra figura de nuestro ordenamiento jurídico, a todas luces excesiva: la extinción de dominio ADMINISTRATIVA sobre la tierra legalmente adquirida, por el presunto incumplimiento de su función social y ecológica.
Pues bien; la Ley del Plan de Desarrollo, promulgada el pasado mes de mayo, terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, título engañoso, pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para “obligar” al propietario a la “oferta voluntaria”.
Gravísimo, pues lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito; no en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.
Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para Reforma Agraria, bautizado como “Acuerdo para la materialización de la paz territorial”.
Para entonces, manifesté que “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.
Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el Acuerdo firmado con Fedegán. En mayo, a raíz de las reacciones al artículo 61, desde España dejó claro algo que es cierto: “Nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso”; pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentario.
Si ya existe ley para eso…, entonces, ¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio?; ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2023
*Presidente de Fedegan
Por José Manuel Restrepo*. - Una de las frases más exitosas durante la campaña política del expresidente Bill Clinton, en USA, fue la que pegó el asesor James Carville en la sede central de campaña, “es la economía, estúpido”.
Hoy, ya en Colombia, valdría la pena que alguien financiara un cartel similar para colgarlo públicamente, con un título menos ambicioso pero urgente: “¡Es la inversión, estúpido!”. Y no es para menos a la luz de las cifras de crecimiento del 2023 de nuestro país, que de persistir como van nos llevarán a terreno negativo en el siguiente trimestre, a menos que alguien reaccione y prendamos ese motor de crecimiento.
La caída de la formación bruta de capital, que corresponde al aumento en activos de la nación representado en mejoramientos de terrenos, adquisiciones de tecnología, planta y equipos, la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y similares, la vivienda e infraestructura social como hospitales y escuelas, o en general la disposición de inventarios de producción, viene en barrena. Triste decirlo que, con esto, nuestra capacidad de crecimiento a mediano plazo queda bastante limitada.
¡Las cifras alarman! En el primer trimestre de 2023 dicho dato de inversión caía un 8% y en el segundo trimestre del año vuelve y cae en un 24%. Entre el primer y segundo trimestre esto le quito al crecimiento entre 2 y 5 puntos porcentuales y es uno de los factores que más pesa en el PIB del país. Y aunque ha sido un dato golpeado por la pandemia, en 2022 creció en todos los trimestres en su comparación anual entre el 18 y el 21%.
Pero qué asuntos pueden estar influyendo en este resultado. Dicen los estudios que hay tres: ingresos, costos y expectativas. Yo le sumaría voluntad política y seguridad, asuntos que se resumen en la palabra confianza. Si bien las tasas de interés tendrán que reducirse, cuando sea prudente por la inflación, el costo más significativo para la inversión calculado desde el II semestre de 2022, fue el aumento en el costo de capital por la reforma tributaria que, según investigaciones económicas en cabeza de José Ignacio López, oscila entre 7 y 10 puntos porcentuales adicionales, disminuyendo la inversión privada en 2 puntos porcentuales del PIB. A lo anterior súmele el efecto de aranceles “inteligentes” que fueron acordados en el plan de desarrollo.
Mientras tanto, en confianza y expectativas, flaco favor genera las dificultades de seguridad que tienen tan enervados a gobernadores y alcaldes, el bajo nivel de ejecución pública, y las incertidumbres de múltiples declaraciones del gobierno como las de energía, así como las preocupaciones de reformas como la laboral, pensional o de salud que según ANDI reducirán la inversión con relación al PIB cuatro veces más del impacto de la última reforma tributaria.
Para reaccionar, el primer paso es voluntad política para corregir el rumbo y hacerlo de la mano del sector empresarial que es el que sufre en carne propia los estragos de políticas que trimestre tras trimestre reducen la inversión. Aún hay tiempo para construir un acuerdo nacional para aumentar la inversión privada y la reunión con el consejo gremial debe ser el punto de partida.
*Rector Universidad EIA
Por Gabriel Ortiz *. - Hace años un comercial de televisión, popularizo aquello de que “el tubo tuvo la culpa”, para enjuiciar a los responsables de las inundaciones.
Eso parece estar ocurriendo en esta época, en la cual vivimos en un país en el que la corrupción se ha apoderado de todo y de todos.
Nadie llegó a imaginar que, en un grupo tan respetable y respetado como Aval, se utilizaran, indebida o ilícitamente, maniobras en provecho de sus gestores. La red que procedió, con estos hechos, involucra desde dueños, asesores, consultores, directivos y demás personajes vinculados a tan importante corporación empresarial: la más acaudala de Colombia.
Todo empezó hace varios años cuando se inculpó al ex ministro del trabajo y exsuperintendente bancario, José Elías Melo, quien era alto funcionario de Corficolombiana, la importante dependencia de Aval, que participó en negocios de infraestructura en los cuales estuvo involucrado Odebrech, empresa brasilera experta en licitaciones con varios países del continente.
Al filtrarse los primeros detalles del negociado, Aval, aconsejado por su asesor, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, presentó como único inculpado a Melo, quien desde entonces padece el calvario que lo mantiene encarcelado.
Las investigaciones han seguido su curso, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Una estruendosa decisión se produjo en el país del norte, cuando se multó, no a Melo, sino a Aval, con 80 millones de dólares, que días después se redujo a 70 millones por acción de uno de los grupos de abogaos más experimentados del Norte, pero que suma una cuantía casi igual a la multa inicial.
Melo habló a la revista Cambio y soltó verdades sorprendentes: El negocio con Obredech, tenía la aprobación de Sarmiento Gutiérrez, hijo y presidente del consorcio Aval, más el de la Junta Directiva de ese conglomerado financiero.
A estas alturas, la justicia norteamericana tiene en sus manos el negociado y sigue en averiguaciones que darán más luces a lo ocurrido con el Grupo Aval, con Corficolombiana, con Odebrech, con Melo y con todos los que participaron en uno de los negociados corruptos más grandes, que se conozcan en el país.
Todo esto nos lleva a pensar que ya en Colombia, prácticamente ninguna negociación con el Estado, con la empresa privada, o con cualquier sector de nuestra grande, mediana o pequeña economía, esté libre del “CVY”, que traduce: “cómo voy yo?”.
Se de casos como el de una vendedora de aguacates en el norte de Bogotá, que debe entregar diariamente $10.000 al policía, o los policías que tratan de impedirle montar su carretilla con este producto, en una esquina. Los vendedores de artículos en calles y semáforos, están en poder de mafias que los explotan. Cualquier negocio, cualquier contrato incluye su CVY. Hasta la guerrilla se nutre del secuestro y la extorsión para “sostenerse”.
BLANCO: En el número 700 de El Muro, el colega Carlos Ruiz, propone un tribunal de ética del periodismo colombiano y “un gran debate sobre la prensa, su independencia y el control de los grupos económicos o políticos”. Responde así a Matador.
BLANCO: Bienvenido el regreso de Yilber Vega al periodismo colombiano, tras su triunfal paso por CNN.
Bogotá, D. C, 25 de agosto de 2023
Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández *. -El primer fundamento de nuestra organización democrática, como lo declara la Constitución de 1991, es el respeto a la dignidad de la persona humana. La preservación, promoción y garantía de los derechos inherentes a la persona -los derechos fundamentales- resultan ser funciones y obligaciones primordiales de nuestras autoridades públicas.
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución, uno de los fines esenciales del Estado consiste precisamente en asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Y, como dice la misma norma, “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Como lo proclama el artículo 5, “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”.
La Corte Constitucional, desde 1992, ha reiterado: “Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano”. (Sentencia T-571/92)
Para la Corte, “los derechos humanos forman una unidad, pues son interdependientes, integrales y universales, de suerte que no es admisible que se desconozcan unos derechos so pretexto de salvaguardar otros”. (Sentencia C.251/97).
El artículo 93 de la Constitución estipula que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación -inclusive en los estados de excepción-, “prevalecen en el orden interno”. Añade que los derechos y deberes “se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Colombia ha ratificado tratados internacionales sobre Derechos Humanos y sobre Derecho Internacional Humanitario. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969 y el Tratado de Roma de 1998 -que creó la Corte Penal Internacional-.
La Convención Americana se pactó, como dice su texto, sobre la base de que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.
Colombia está obligada por la Convención, en defensa de los Derechos Humanos, y el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana cuando -por acción u omisión- ha violado los Derechos Humanos.
Sin embargo, no faltan quienes, sin importarles el respeto que merecen los Derechos Humanos, ni la esencia de nuestra Constitución, proponen que Colombia se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque les parece que sus fallos han resultado “muy costosos”. ¿Prefieren que el Estado -por acción u omisión- vulnere los Derechos Humanos y no responda, para ahorrar recursos? Corta visión.
Las aludidas son propuestas irresponsables, incoherentes e inadmisibles, en las cuales no vale la pena que se ocupe nuestro Gobierno.
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
