Opinión
Víctor G. Ricardo*. -Para nadie en un secreto que los valores éticos y los principios morales están en crisis en Colombia desde hace muchos años y que se debe a que estamos fallando en la formación que estamos ofreciendo a nuestros hijos en los hogares, los centros educativos y en nuestro accionar social.
Recuerdo cómo mis padres con frecuencia me decían que veían llegar una triste descomposición del país porque los valores cada día perdían más importancia y, como el dinero tristemente estaba acabando con nuestros buenos sentimientos, con los valores de las personas, nuestro adecuado comportamiento, las buenas maneras, el respeto por la vida, el respeto por los demás, la búsqueda del bien común, entre otros, ya que lo importante estaba siendo reemplazado por la avaricia, el dinero fácil, la envidia, la corrupción tanto, la falsedad, el aprovechamiento en especial de lo ajeno, el individualismo, el egoísmo y en general la maldad.
Todos estos calificativos despreciables en una sociedad han encontrado mayor ascendencia por la influencia del narcotráfico que ha transformado los valores dándole mayor importancia al dinero que al respeto por la vida, la búsqueda del dinero fácil y todo lo que él mismo llama y conlleva y en general la violencia y la delincuencia que, en conjunto, nos están destruyendo, hasta el punto que hoy en día es normal criticar a la víctima por haber dado papaya en lugar de condenar al delincuente por sus acciones o celebrar como sociedad a quien resulta exitoso por “vivo” o “avispado” por encima del ciudadano, trabajador o emprendedor disciplinado respetuoso de los valores sociales.
El tema de mayor preocupación hoy en día es la corrupción, que ha llevado a tocar a las máximas instancias del poder tanto públicas como privadas. Antes se hablaba de actos de corrupción en instituciones como las aduanas o la policía de tránsito. Hoy en día estamos hablando de corrupción en todos los niveles e instancias del país, y estamos frente a una enfermedad que ha afectado campañas políticas, empresas insignia, servidores públicos y ciudadanos de todos los niveles.
Actualmente es muy difícil saber qué elección o decisión es sincera y guiada por el interés general o se encuentra viciada o incentivada por dineros corruptos. Las influencias de recursos ilegítimos a las principales campañas políticas y agencias del Estado cada vez resuenan más en las noticias, generando zozobra.
Para sorpresa de la ciudadanía, los mayores casos de corrupción se han conocido por conducto de las agencias de inteligencia americanas o de las decisiones de entidades judiciales en el exterior divulgadas por los medios y no por el accionar de nuestras autoridades, como es el caso Odebrecht. Y a dicho vacío se suma la creciente impunidad, que termina cerrando el ciclo negativo de reafirmación de que ser corrupto paga.
Definitivamente están temblando las estructuras. Como sociedad tenemos inmensos retos sociales y económicos a los que me refiero permanentemente en mis columnas, pero la base de todo y el pilar de nuestro accionar serán siempre los valores y si no le prestamos atención inmediata y contundente a esta crisis moral, lo demás no tendrá cimientos sólidos y colapsará.
Hago un llamado a todos los padres de familia, educadores, ciudadanos, funcionarios y empresarios de bien, para que reconozcamos que la crisis en valores en nuestro país es nuestra agenda prioritaria nacional y que juntos reforcemos las estructuras de nuestra sociedad para que Colombia sea un país fuerte y sólido por su estructura ética y moral, que es la base esencial de nuestra aspiración al desarrollo con justicia social.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2023
*Ex comisionado de Paz
Por Fernando Cepeda Ulloa *. - La Policía es, realmente, el símbolo más presente del Estado frente a la ciudadanía. Su relación con el ciudadano, su acción preventiva y su eficacia reflejan la naturaleza del Estado, que el ciudadano espera que sea equilibrada, decente, justa, inteligente.
Es que lo primero que un ciudadano busca a su alrededor cuando percibe una situación de desorden o de afectación de sus derechos o de los derechos de otras personas es: ¿dónde está la Policía? Llamen la Policía. Busquen un policía. Y ello para asuntos que pueden tener un potencial de gravedad o para cuestiones que se pueden considerar banales pero que son las que constituyen el sentimiento de orden y de seguridad para un buen ciudadano.
Si la Policía abusa, no aparece, es ineficaz, el ciudadano siente que el Estado abusa, es incompetente, no cumple con su función. Una excelente Policía, nada fácil, transmite la idea de un Estado eficaz, serio, responsable.
Hace unas semanas un grupo de gobernadores recordó la importancia y el significado del lema de nuestro Escudo. Libertad y Orden. Es que el policía representa exactamente eso. El policía es el que protege el ejercicio de nuestras libertades y es el que garantiza el orden que permite ese ejercicio. Y esa es, en esencia, la función primordial del Estado. Lo demás que la educación, que la vivienda, que la salud, que las carreteras, que los puentes, etc. son muy necesarios, tienen sentido, pero el presupuesto de su utilidad es la existencia de la libertad y del Orden. ¿De qué sirven las carreteras cuando proliferan el secuestro, la extorsión, los asaltos? Y así de los demás temas.
Por eso el sentimiento de inseguridad que se dice está creciendo por todas partes, ciudades, municipios y territorios transmite inmediatamente la idea de que el Estado no está funcionando, no cumple con su deber, no responde a su primera función que es la de proteger al ciudadano. Sí. Protección. Eso era para los filósofos políticos de la antigüedad un tema central. Por eso algún experto en la materia denominó la Policía como "Ejército de derechos". No es cualquier cosa. Es lo que nos permite llevar una vida digna, tranquila. Ellos, los policías, son los custodios de esos derechos. Y desde tiempo (qui custodes).
Permitir que la Policía se contamine de los vicios y dolencias que se van presentando en una sociedad es arriesgar la legitimidad misma del Estado.
Algunos estudiosos del tema recomiendan que la Policía sea sometida a un revolcón cada diez o quince años para purificarla de los efectos negativos que la van deformando. La corrupción es el más notorio, pero quizás no el más desastroso de todos los males que la pueden enlodar. Es que la Policía está en un contacto diario con la criminalidad, desde la menor hasta la más organizada. Y sería absolutamente milagroso que esas conductas criminales y despreciables no la tocaran, no la afectaran, no la untaran, no la contaminaran.
Se trata de un tema vital en la organización política del Estado. Que requiere un cuidado diario. Que no permite deslices ni conductas ambiguas. Frente a ella tiene que haber ojos y oídos abiertos.
Es indispensable replantear el tema de los Servicios Privados de Seguridad y su relación formal e informal con la Policía Institucional. Es posible que en dos cuadras encontremos por lo menos ocho guardianes que forman parte de estos servicios de seguridad. Normalmente, fueron miembros de la fuerza pública. ¿Qué tanto cooperan en esas ocho cuadras entre ellos? ¿Qué tanto colaboran con la Policía Institucional? Es un servicio que pagan los ciudadanos. Merece tanta atención como la misma Policía. Debería ser un refuerzo muy apreciado. Difícil reclamar más servicio de protección para un espacio de doscientos o trescientos metros ¿Y esa protección sí es cabalmente efectiva?
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M *. - En el Decreto – ley 1976, expedido al amparo de la emergencia económica decretada por el Presidente Gustavo Petrp, se dispuso la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2 a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y da un plazo de 3 meses para que “la regulación ambiental se ajuste a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio es este artículo.
Entre los considerandos de este Decreto se aduce que “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”, de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de TERMOGUAJIRA en la próxima década”. En auxilio de su argumentación trae a colación el hecho de que en 2022 los precios internacionales del carbón llegaron a superar coyunturalmente los US $400 la tonelada, a consecuencia del conflicto en Ucrania. Añade, además que el impuesto al carbono encarecerá aún más su operación. Se pasa por alto el hecho de que estas plantas son duales y por ende pueden operar con gas natural que es mucho menos contaminante.
Como es bien sabido el parque térmico en Colombia, está llamado a servir de respaldo al Sistema interconectado nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más en tratándose de la región Caribe en la que debido al cuello de botella que, según XM, enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”, la energía que se deje de generar por estas plantas no habría manera de suplirla por otra proveniente del interior del país y así pasaríamos del actual racionamiento a un apagón en toda la región Caribe.
Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximo años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión, por el prurito de que “el Departamento de La guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono-cero neto…a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN, que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento. Se pretende utilizar a TERMOGUAJIRA como conejillo de Indias. No hay derecho.
Es de anotar que si de lo que se trata es de reemplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de TERMOGUAJIRA (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es sólo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones (¡!).
Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio Presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira” ya que, según él TERMOGUAJIRA “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”, lo cual no es cierto, el Presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.
A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y del sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.
La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo. Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo nacional enhorabuena propuesto por el Presidente Petro.
Hay que entender y persuadirse que, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran depresión de 1929 – 1932 “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato…Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”. Más claro, el agua!
Barranquilla, agosto 22 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por José Manuel Restrepo *. - Cuenta la historia que, en los 80s, el presidente de la Andi, Fabio Echeverri, viendo la situación del país de aquel entonces identificaba una economía con buen comportamiento y alentadores indicadores de impacto en el bienestar, pero simultáneamente severos problemas de violencia, indisciplina social, integridad y narcotráfico. La conclusión a la que llegaba es que mientras al “país le iba mal, a la economía le iba bien”.
Algo similar sucedió en los 70s, cuando el presidente de Fedemetal, Carlos del Castillo afirmaba que “el gobierno va bien pero el país va mal”. Y más recientemente en editorial de Fernando Quijano y para resumir un año de gobierno, se hablaba como viendo las dificultades en seguridad, ejecución y gobernabilidad y reconociendo avances macroeconómicos, “la economía va regular y el país va mal”
Nuestra nación en muchos momentos ha estado signada por estas contradicciones entre el mundo político y el mundo económico. Bipolaridades que se suman a otras como las de ser uno de los países más felices del mundo, pero uno de los menos optimistas, viviendo esa especie de “fracasomanía” que describió en los 50s Albert O. Hirschman y que lleva a desesperanza e incredulidades en la política y con eventuales impactos en lo económico.
Hoy Colombia vive una situación delicada y desafiante en su institucionalidad frente a los hechos conocidos por la Fiscalía, donde el único camino de salida debe ser el respeto profundo a las instituciones democráticas y sus actuaciones. Como nación el norte debe ser el la defensa y apego a la verdad, al derecho legítimo a la defensa y al estado social del derecho.
En el entretanto, dichos hechos inevitablemente golpean la gobernabilidad de la nación y querámoslo o no afectan la imagen internacional. Pero retomando nuestra bipolaridad, lo único que no puede suceder es que perdamos el ritmo de la dinámica económica y empresarial. El peor de los mundos siempre será un país con líos políticos y una economía postrada.
¿Cómo entonces enfrentar este dilema? Una salida conocida y exitosa es la que ha tenido el Perú que ha enfrentado sinnúmero de problemas de gobernabilidad e institucionales, pero ha logrado siempre tener a raya esos hechos de su dinámica productiva. La salida ha sido “blindar” el modelo de desarrollo y crecimiento sin importar lo que sucede en el poder y eso lo han logrado con fundamentales macroeconómicos claros, apostándose a fondo por el comercio internacional para generar nuevas divisas más allá de las fronteras, facilitando la dinámica de la inversión privada, respetando la independencia de la banca central, y apoyando al sector privado sin sesgo alguno. Mejor dicho, manejando con finura la economía en modalidad “compartimento estanco”, aislando la economía para que no pase el agua en caso de inundación.
Hacer esto es cuidar nuestro mediano y largo plazo y garantizar que la lucha contra la pobreza y la inequidad, no se perderá y que seguirá siendo nuestra resiliencia la que nos habrá de permitir crecer más y mantener una dinámica empresarial favorable.
Creciendo más y siguiendo el caso del Perú, en lo que sí debemos acertar es en cuidar esos medios de blindaje y no ceder en ellos.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2023
*Exministro de Hacienda y de Comercio. *Rector Universidad EIA
Por Gabriel Ortiz *. - Empiezan a conocerse cifras dramáticas de una economía en apuros, agravada por los escándalos y corrupciones que recaen a diario sobre sectores público y privado.
Los medios han dejado al descubierto tenebrosas maniobras que se registran con mayor encono en estos primeros meses del 2023. Dineros sucios en las campañas debilitan al Estado, mientras corrupciones que alcanzan dimensiones internacionales, desacreditan -hasta ahora- respetables organizaciones financieras. A esto se agregan las tradicionales perversiones políticas, que con los años crecen como la espuma a lo largo y ancho del país.
Los medios que se atreven a investigar y acusar reciben garroteras de todos los lados. La Flip, por fortuna no desmaya en su misión de apoyo a medios y periodistas que se atreven a penetrar en lo oculto.
Ni la venalidad, ni la deshonestidad tienen límites en este país en el que poder y dinero manejan todo a su antojo.
Vale la pena echar una ojeada a lo que ocurre a nuestra economía, porque se nos está cayendo la estantería.
Terminado el gobierno Duque, se armó una tremolina sobre el deterioro en que se dejó al país en términos financieros. Se habló de la olla rapada, por la inexistencia de fondos públicos. Era necesaria una reforma tributaria que con ímpetu defendió y saco adelante el ministro Ocampo. Con ella las cosas serían más llevaderas, decían los nuevos gobernantes.
Pero hoy se entrevé otro panorama debido a la falta de gestión de Petro y sus muchachos. En un año y 11 días, no han sido capaces de manejar el fogoso presupuesto de 405 billones de pesos que les dejaron Duque y la reforma.
Increíble que no se haya logrado utilizar más que un 14% de ese dinero, por ineficiencia, según lo advirtió el Mininterior, Luis Fernando Velasco. Por esa razón, Petro prepara otra remoción de ministros. Habrá caras nuevas en los carros oficiales.
Es increíble que la plata del Estado se encuentre en los bancos y corporaciones beneficiando al sector financiero y al parecer, a quienes escogen las instituciones a las que van esos fondos.
Las altas tasas de interés que fija el Emisor, para controlar la inflación, frenaron la inversión y bajaron la ejecución del presupuesto. Mientras los fondos del Estado duermen, el país soporta una desaceleración en su economía y una baja inversión empresarial y gubernamental. Así se impide la reactivación que Colombia requiere con urgencia para que la construcción y demás actividades como el comercio, la industria y la agricultura, nos devuelvan la tranquilidad y controlen la inflación.
Nadie sabe si la viajadera del presidente, está impidiendo el manejo del gigantesco equipo que lo acompaña. Es decir: tenemos plata, pero guardada o lucrando a otros intereses. El escaparate va al suelo.
BLANCO: Por fin Petro anuncia medidas que controlen los precios de la carne. Freno a exportaciones de carne en pie y ojalá a los hatos que destruyen la selva.
NEGRO: Difícil entender cómo Trump, con 91 inculpaciones criminales, puede seguir aspirando a la presidencia en Estados Unidos, país líder en democracia.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2023
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández *. - El trabajo es, según el preámbulo de la Constitución de 1991, uno de los valores esenciales de nuestro sistema político. En el artículo 1 de la Carta, el trabajo es uno de los cuatro fundamentos del ordenamiento jurídico, al lado del respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general.
En los términos del artículo 25 de la Constitución, el trabajo “es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
La Corte Constitucional ha sostenido sobre el carácter fundamental del derecho al trabajo:
“La interpretación constitucional recae sobre un objeto de mayor complejidad el derecho al trabajo como uno de los valores esenciales de nuestra organización política, fundamento del Estado social de derecho, reconocido como derecho fundamental que debe ser protegido en todas sus modalidades y asegurar el derecho de toda persona al desempeño en condiciones dignas y justas, así como los principios mínimos fundamentales a los que debe sujetarse el legislador en su desarrollo y la obligación del Estado del desarrollo de políticas de empleo hacen del derecho al trabajo un derecho de central importancia para el respeto de la condición humana y cumplimiento del fin de las instituciones” (Sentencia T-611 de 2001).
Para la Corte, “El trabajo se preserva por la normativa constitucional "en condiciones dignas y justas", es decir, sobre el supuesto de que quien aporta su esfuerzo a cambio de la remuneración es un ser humano, que constituye finalidad y propósito de la organización política, del orden jurídico y de las autoridades, y jamás un medio ni un instrumento para alcanzar otros fines, sean ellos particulares o públicos” (Sentencia T-174 de 1997).
Sobre esas bases, la Constitución le ordenó el Congreso de la República algo que -treinta y dos años después de su promulgación- no se ha cumplido: expedir el estatuto del trabajo.
Ese estatuto debería fundarse en los principios mínimos fundamentales que la misma norma consagra, tales como: igualdad de oportunidades; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a beneficios mínimos; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades; garantía de seguridad social, capacitación, adiestramiento y descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, entre otros.
A falta del Estatuto -por omisión del legislador- ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional la que ha venido desarrollando esos postulados. Si aquél existiera no habría tanto problema en la solución de conflictos, ni tantas discrepancias sobre los alcances de los derechos y prerrogativas de los trabajadores, tanto en el ámbito público como en el privado.
Más allá de contemplar un proyecto parcial sobre algunos derechos, de los cuales han sido injustamente despojados los trabajadores -como, por ejemplo, las horas extras-, se debería elaborar un proyecto integral de Estatuto del Trabajo, cumpliendo la Constitución.
Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Giovanni Décola*. - Depende: Para la derecha es un eslabón más para seguir debilitando al círculo de funcionarios leales al ideario del Presidente Gustavo Petro, cuya cabeza, es la única que les importa; para la izquierda, tal vez sea una pieza importante del ajedrez, pero cuya caída, no implicaría la pérdida de la partida; empero para los hombres y mujeres de ideas liberales y progresistas, representa nada más y nada menos, que nuestra identidad y sentido de pertenencia, por una causa que volvimos como propia, la defensa del Gobierno Petro.
Desde el año de 2010, cuando Gustavo Petro por vez primera pretendió conquistar el alma nacional, los liberales lo mirábamos con cierta precaución. Lo escuchábamos, pero aún no le copiábamos, de ahí su precaria votación.
En el 2018, cuando Petro nos empezó a refrescar la memoria de personajes históricos del liberalismo como José Hilario López, en cuyo gobierno se abolió la esclavitud; o de las ideas de Rafael Uribe quien soñaba con una sociedad donde se redistribuyera mejor la riqueza; o de Alfonso López Pumarejo y su “Revolución en Marcha”, al explicarla como el deber del hombre de Estado, de promover los cambios por medios pacíficos y legales, todo lo que haría una Revolución signada por la violencia. Petro también nos recordaba a Jorge Eliécer Gaitán, y al igual que él, nos repetía que, el hambre no es liberal ni conservador, que la verdadera lucha era entre una inmensa mayoría expoliada y explotada, y una pequeña oligarquía liberal y conservadora, que se repartía a pedazos la Nación, mientras conminaban al pueblo a matarse entre sí, por colores que ellos mismos no distinguían. Esos valerosos discursos a favor de prohombres liberales, hicieron que lo empezáramos a admirar de verdad y muchos liberales le depositamos la confianza en 2018, pero dichos votos no fueron suficientes para alcanzar la victoria.
Si, a los liberales nos daba miedo que regresara el oscurantismo clerical o la nueva ola de pastores mercaderes de la fe (no todos), que siguen ciegamente la agenda de la derecha, pero también muchos liberales se dejaron meter el cuento del castrochavismo, y de la carreta de que, con Petro nos volveríamos peor que Venezuela.
Bastó que desde 2021, un liberal de gran talante, como Luis Fernando Velasco, que interpreta como Petro, el querer y la voluntad de ese gran pueblo irredento, se uniera sin ambages a su campaña, para que ese gran pueblo liberal, que yacía atontado desde la derrota de Horacio Serpa en 1998, 24 años después, emergiera con valor y decisión, para darle el respaldo, no a un hombre, sino a unas ideas, libertarias y progresistas.
Detrás de Velasco, continuaron su ejemplo antiguos senadores liberales como Guillermo García Realpe, o jóvenes promesas como el actual presidente de la Cámara, Andrés Calle, pero sobre todo, se sumaron esa multitud de liberales de principios e ideas, que esta vez perdieron el miedo. Sin esos votos de antiguos y nuevos liberales, que desoyeron las voces anacrónicas que invitaban a votar por un señor igual de anacrónico, hubiese sido imposible la victoria.
Por supuesto que, Gustavo Petro supo catapultar el clamor de esos inmensos sectores que hastiados de tanta corrupción, querían votar diferente y darle la confianza para regir los destinos del país, por encima de entendibles temores, que a mi juicio hacen más parte de la fantasía que de la realidad.
Su Gobierno ha emprendido una heroica lucha por reformas que el pueblo espera con urgencia, pero como afecta algunos privilegios injustos de los poderosos, estos arremeten contra Petro, y si no les importa la suerte del país, mucho menos la de un Ministro que en su época de congresista, fue considerado de los mejores Senadores del País. Velasco no solo tiene las capacidades y el talante para dirigir la cartera de la política, y eso lo reconocen, incluso sus opositores, que a sabiendas de que es un funcionario integérrimo y competente, pero sobre todo leal al presidente Petro y a sus ideas, es para ellos imperioso deshonrarlo y acribillarlo, no tanto para verlo fuera del Ministerio del Interior, sino para socavar al anillo más próximo al primer mandatario.
Hoy Petro, quien entiende perfectamente la jugarreta, valerosamente le respondió a esa legión de Gobernadores, cuya gran mayoría son apostatas del Gobierno del cambio, que si él no se involucra en la escogencia de los gabinetes departamentales, no tienen ellos por qué interferir en la designación o retiro de los Ministros.
Entregarle Petro en bandeja la cabeza del Ministro Velasco a la oposición, sería tanto, como cortarse sus propias piernas.
Lo que sí ha quedado claro, es que hay varios Ministros acobardados, que aún no han perdido el miedo para defender a nuestro Presidente, o por el contrario, están asolapados sirviéndoles a Dios y al diablo.
La arremetida de la gran prensa contra el Presidente es brutal, y si hay Ministros que le tienen miedo a la furia enloquecedora de sus esbirros, es mejor que rectifiquen o den un paso al costado. Ser Ministro es un honor, pero Ministro que no entienda, que por la defensa del Gobierno y de su Presidente, tienen que arriesgar hasta su propio pellejo, es porque están en el lugar equivocado.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2023
*Abogado especializado en Derecho Administrativo. Periodista.
Por Fernando Cepeda Ulloa *. - Llama mucho la atención el interés del sector empresarial en señalar la importancia de las alianzas público-privadas para maximizar los beneficios que ofrecen múltiples oportunidades que están surgiendo y que son muy prometedoras. Algunas de ellas tienen que ver con los replanteamientos que se están haciendo con motivo de la nueva situación de la globalización.
Valdría la pena contar con diferentes ejemplos del éxito de estas alianzas tanto en otros países como en Colombia. Y ello tiene validez en cualquier circunstancia, pero con mayor razón en un país en el cual se está hablando de reeditar un Acuerdo Nacional que tuvo una precaria existencia debe dar lugar a una reflexión muy seria. De otra manera, el riesgo de que vuelva a ser un Acuerdo Nacional efímero es bastante probable. Es que las reformas que no pudieron avanzar encontraron un escollo que tenía que ver con el modelo de desarrollo, o sea, cuál es el papel del Estado y cuál el del sector privado. Si estamos hablando de consensos y de no propiciar más fracturas, pues este tema de las alianzas público-privadas es de la esencia.
Luego de los debates para la reforma de la salud la pregunta obvia es: ¿hay un nuevo modelo de desarrollo? ¿Ese nuevo modelo contempla la eventual cooperación del sector empresarial o del sector público? ¿Hay sectores vedados? ¿Existe un consenso sobre la inconveniencia de este tipo de alianzas? ¿Acaso un desacuerdo al respecto bloquearía un acuerdo nacional? ¿Bloquearía las votaciones mayoritarias y así condenaría al fracaso oportunidades muy importantes?
Al verificar tantas expectativas del sector empresarial sobre la conveniencia de estas alianzas público-privadas vino a mi mente el libro del exministro Alejandro Gaviria “Explosión Controlada” en el cual revela, sin reservas ni matices, la posición ideológica del Presidente Petro sobre el papel del Estado en el manejo de políticas públicas estratégicas.
Cuando escucho las expectativas con respecto a eventuales alianzas entre el Estado y diversos sectores empresariales me pregunto qué tan viables eran esos proyectos o esas ilusiones en las circunstancias que estamos viviendo.
La reciente lectura -inescapable- del libro del exministro Gaviria me coloca en una actitud muy escéptica frente a esa posibilidad que, por otra parte, ha dado excelentes resultados en nuestra historia. El libro habla de la siguiente manera a este respecto en relación con la actitud del Presidente Gustavo Petro: “sospecha de las alianzas entre el sector público y privado, en la salud, los servicios públicos, la infraestructura, la vivienda, etcétera. Su posición no obedece a un análisis empírico, a una ponderación de los costos y beneficios, sino a una aversión ideológica”. Y añade: “contrapone el negocio a los derechos. Considera que la participación privada o el ánimo de lucro es incompatible con los derechos sociales (…). Esta hostilidad, que tiene como su anverso lógico una tendencia estatizante, burocrática, revela, en mi opinión, una mentalidad que podría catalogarse como antiliberal” (pp. 63 y 64) y más adelante comenta el exministro: “el debate termina siempre en lo mismo, en un juicio moralista, -nosotros representamos el bienestar general, ellos la defensa de unos negocios” (p. 66) y luego, refiriéndose al tema de la salud: “la reforma identificaba un solo problema (la presencia del sector privado en la administración de los recursos públicos del aseguramiento en salud (…) el objetivo primordial fue desde siempre la centralización de los recursos (p. 93)”.
Uno se pregunta si al plantearse un Acuerdo Nacional sería conveniente que éste incorporara el tema de las alianzas público-privadas o si tal opción, dada la posición ideológica del gobierno actual, está eliminada.
No es un tema menor. Ya hemos visto el desacuerdo fundamental que se produjo en torno de la Reforma de la Salud. ¿Este veto seguirá inspirando otras reformas? ¿Acaso es una línea roja y por lo tanto inamovible en los diálogos con el gobierno y en los esfuerzos para construir consensos?
Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M *. - Como es consabido el pasado 2 de julio el Presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el Departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.
Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de Guerra exterior y conmoción anterior. Y a juicio de ellos la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho las medidas cautelares decretadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) y el Estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.
No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas a estas lacras sociales, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades más vulnerables.
Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola al Departamento de La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla. De modo que este artículo, el 215, hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón y este es el caso!
Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y consulta el espíritu de la Constitución Política y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La guajira y muy especialmente los pueblos indígenas asentados en su territorio. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”!
Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”. Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.
Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el Presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional” en el Departamento de La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica. Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.
En todo caso, como lo establece el artículo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.
Riohacha, agosto 12 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José G. Hernández*. - Para que el Estado -en particular, si se proclama democrático- tenga sentido como organización política de la sociedad y pueda alcanzar los objetivos y realizar los valores que ella procura, resulta indispensable que las instituciones funcionen, es decir, que los principios y normas contemplados en ejercicio de la soberanía -por la Constitución- sean aplicados, inclusive, en el evento de una crisis o en épocas turbulentas o especialmente complejas.
No podemos hablar de una democracia auténtica si, a partir de una coyuntura especialmente difícil, desbaratamos todo y volvemos a comenzar, sin dar oportunidad de operación al sistema de frenos y contrapesos, equilibrio y mutuos controles; sin que las soluciones institucionales tengan lugar, provocando o promoviendo vías de hecho ajenas al orden jurídico.
Así, ante la grave situación generada por la imputación de varios delitos al hijo del presidente de la República y a su expareja, cuando no se tiene nada claro -apenas iniciado el proceso penal- y solamente con base en confusas declaraciones y pruebas aún desconocidas en su integridad, no valoradas ni confrontadas por los jueces competentes, no es lo más democrático salir a proponer la renuncia del presidente o un juicio político en su contra, sin mayores elementos de juicio.
Hay que dejar que las instituciones operen. Desde luego, nadie está por encima del ordenamiento jurídico. Quien haya delinquido debe responder y se le debe aplicar con todo rigor la consecuencia penal correspondiente. Pero eso no se decide en las salas de redacción o las carátulas de los medios de comunicación, en los micrófonos, ni en las redes sociales, ni en una encuesta, sino en los estrados. Una vez culminado el proceso penal, mediante sentencia, con plena garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la prueba, la valoración y análisis de lo que se entienda probado según la ley.
Ahora bien, lo único que hasta ahora ha tenido lugar en el proceso, además del innecesario espectáculo de la captura, ha sido la imputación y la decisión judicial sobre medida de aseguramiento, sin privación de la libertad, aunque con las naturales restricciones a los imputados. Nada más.
Hay un asunto todavía más importante, y de interés público. Acerca de si a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros mal habidos, y si el candidato y su jefe financiero tenían conocimiento, o si fueron excedidos los topes electorales, tampoco hay ninguna claridad, pruebas, ni decisiones judiciales o administrativas. Especulación, choques mediáticos entre opositores y amigos del Gobierno. Nada establecido. Ninguna certidumbre pública sobre lo ocurrido, aunque -a no dudarlo, por la salud del país y de su democracia, para la tranquilidad del electorado y por la legitimidad del Gobierno- las instituciones deben operar. Todo debe ser investigado a fondo, con pruebas, con fundamento, con garantías y pronto por las autoridades competentes. No puede haber impunidad.
La Constitución debe ser aplicada. Debe ser ejercido el control jurídico, y también el político a cargo del Congreso, pero no con base en los endebles elementos de los que hasta ahora se dispone. En la Constitución están previstas las consecuencias, si los hechos en referencia se acreditan. Que operen las normas.
Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
