Opinión
Por Gabriel Ortiz *. - Empezaron a lanzarse los sucesores de Petro. Unos creen que terminará antes, otros que habrá cansancio, y los aventajados esperan el cambio prometido.
Hay exceso de aspirantes que empiezan a mostrarse en público y en privado fabricando coaliciones o montando campañas para desprestigiar a quienes tengan posibilidades.
Germán Vargas Lleras y Claudia López tomaron la delantera para lograr mayorías de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en las elecciones del 29 de octubre.
Ninguno de ellos reconoce afortunadas gestiones en quienes hoy manejan la cosa pública. Menos duro ha sido el exvicepresidente, porque la alcaldesa se ha venido con todas.
Claudia tiene desesperada ansiedad. Ataca a Petro y quien se cruce en su camino. Con afán sepulta su la primera parte de su alcaldía.
Sus dos primeros años fueron vacantes que ocasionaron el deterioro de una capital que reclamaba reformas, seguridad, obras, progreso y desarrollo. Inició su tercer año desbaratando y paralizando lo poco que funcionaba. No existe vía, calle o avenida que no haya estropeado, ocasionando un caos que hizo florecer la inseguridad. Atracos, robos, extorsiones, atropellos, microtráfico, asesinatos y modalidades de secuestro, fueron moneda corriente. La movilidad contribuyó a todo lo anterior, porque la parálisis benefició al hampa. Todo se lo ha endilgado a la policía, quién según ella, le “raponeó” un grupo de agentes preparados por el Distrito. La institución dice lo contrario.
La ciudad está en poder de la delincuencia, pero la alcaldesa con viveza la ubicó en la 7 con 98 -su predio-, para eludir sus responsabilidades. Los centenares de cámaras que solo controlan una velocidad que nadie conoce en Bogotá, debería dedicarlas a reforzar la seguridad.
En su último año y medio la alcaldesa no puede ver una calle en buen o regular estado. De inmediato la llena de maletines y pone a dos obreros a intervenirla. Esa parálisis dura meses.
Esa, a grandes rasgos, ha sido la “brillante” labor de una alcaldesa que ahora acusa a otros de su discutible gestión. Es su forma de llegar a la Casa de Nariño en el 26.
Nadie sabe qué sucederá con el flamante presupuesto de la capital durante la “ley de garantías”, ni con la repartija que se hará en los 1.100 municipios, los departamentos y el gobierno nacional, para incrustar los candidatos que favorezcan las pretensiones de los actuales gobernantes.
Regularmente llegan a sus nuevos cargos super endeudados con los contratistas que financian las campañas y que al final son quienes manejan los presupuestos. Ahí también figuran los grupos subversivos que permiten la realización de las elecciones.
Estos cuatro meses son cruciales y altamente preocupantes para un país que no ha podido librarse del caos inagotable en que lo mantiene la corrupción.
BLANCO: El libro de Orlando Supelano sobre Colombia, un país herido por guerras y conflictos, que hasta se reciclan.
NEGRO: Hace 25 años el ElN ofreció acabar con el secuestro y la extorsión, durante los acuerdos de Viana y Mainz. ¡Lo mismo que ahora!
MUY NEGRO: El asesinato de la escritora Victoria Amelia por Putin, el Hitler moderno que acosa al mundo.
Bogotá, D. C, 8 de julio de 2023
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José Manuel Restrepo*. – La Constitución de 1991 creó dentro de los estados de excepción la emergencia económica como mecanismo para enfrentar hechos que amenacen gravemente el orden socioeconómico. Dicho instrumento es del Presidente, quien con su firma y la de sus ministros, responden personalmente cuando eventualmente se abuse de aquel.
Han sido cerca de diez emergencias las que se han declarado, la mayoría de las cuales exequibles según la Corte Constitucional, y han respondido a hechos excepcionales y sobrevinientes como el covid-19, terremotos, fenómenos climatológicos abruptos con afectaciones a embalses, la crisis migratoria venezolana o desastres naturales.
Este ha sido un instrumento para que el gobierno dicte decretos con fuerza de ley (Leyes de la República) sin pasar por el Congreso, para modificar tributos o para implementar medidas a corto plazo para enfrentar la emergencia.
Dado este poder, es indispensable cuidar el instrumento y lograr que responda verdaderamente a un hecho sobreviniente y que las motivaciones sean apropiadas. Sorprende por ello que se pretenda que la nueva emergencia haga “una reforma a la salud por decretos de emergencia…” así sea sólo en La Guajira. Mucho más cuando nuestro mandatario ha insistido en este instrumento tres veces. La primera en campaña cuando la propuso para enfrentar el hambre, la segunda en septiembre del2022 para enfrentar el eventual fenómeno de La Niña (lluvias) y ahora por el fenómeno del Niño que se avecina.
La preocupación con la más reciente emergencia es que el instrumento se vuelva costumbre, o se utilice para lograr lo que el Congreso no ha aprobado en salud y empleo. Mucho más cuando se combina una situación autoinfligida de deterioro en el financiamiento en salud por los pagos no realizados a EPS o los costos de empleo por decisiones como las de vivienda VIS.
En el caso de La Guajira, si bien todos los colombianos compartimos la urgencia de atención a niños y familias, y dar respuestas sociales y económicas al departamento, somos igualmente conscientes de que esto debe responder a una institucionalidad. Sorprende, por ello, que el decreto es bastante débil para demostrar que hay un hecho sobreviniente y menos sobre sus impactos (fenómeno El Niño), e increíblemente las cifras históricas que se anexan en salud por desnutrición y mortalidad infantil parecen probar todo lo contrario. Este es un decreto que seguramente requerirá mucha justificación adicional ante la Corte.
Surgen además otras dudas. ¿No se podían buena parte de las medidas vía Plan de Desarrollo o adición presupuestal si ya anticipábamos el problema?, ¿Situaciones similares no suceden en Cesar o Magdalena o problemas sociales parecidos en el Pacífico u otros departamentos de la Amazonía? ¿Medidas como la Universidad Wayúu o la pista aérea responden a una emergencia o los médicos o enfermeras o viajes que se necesitan se pueden obtener de otra forma más rápida en emergencia?
Esperamos que estas dudas se aclaren para lograr éxito en la emergencia. Pero las insinuaciones y decretos mismos parecen más una forma de enfrentar la emergencia que sufren las reformas.
Flaco favor haría a la democracia e institucionalidad abusar de la emergencia para promover reformas vía decreto, hoy en La Guajira o mañana en cualquier lugar de Colombia.
Bogotá, D. C, 7 de julio de 2023
*Rector Universidad EIA
Por Paloma Valencia Laserna *. - Gobernadores y alcaldes le están pidiendo al gobierno redireccionar su programa de “Paz Total”. El gobernador de Caquetá afirmó que volvimos a la violencia de hace 30 años, y la MOE reporta que este último año ha sido el más violento desde que tienen registros. Los ceses al fuego fracasaron y la nueva política de drogas del gobierno tiene a los grupos armados más fuertes. Con poblaciones sometidas, candidatos amenazados y cultivos de coca en máximos históricos, el país entró a un nuevo ciclo de violencia.
En lo corrido del 2023 el país ha tenido 52 masacres con 170 víctimas. El secuestro ha aumentado en un 126% con 104 casos y 144 víctimas. La trata de personas aumentó en 52% con 326 víctimas, la extorsión creció en un 33% con 4.232 casos, los delitos contra los recursos naturales aumentaron en un 7% con 1.530 sucesos. El Suroccidente está muy afectado. En Cauca donde el presidente Petro instauró el “Puesto Unificado por la Vida” cuándo recién fue elegido presidente, esta semana asesinaron a 15 personas. Candidatos de nuestro partido han tenido que renunciar a sus candidaturas por su seguridad.
En Buenaventura salen videos de encapuchados con armas llamando a la violencia con otros grupos armados. En el sur de Tolima intentaron asesinar a nuestro candidato en Alpujarra, en el Huila asesinaron al presidente de la junta de acción comunal de Tello. En Puerto Gaitán, las FARC piden 3 millones de pesos para que vehículos ingresen a Campo Rubiales. Y estas noticias solo corresponden a la última semana.
Bajo el gobierno y sin autoridad la criminalidad ha avanzado. Sus discursos y proyectos de ley favorecen a los criminales. El gobierno renunció a la estrategia de erradicación forzada de cultivos. El país tiene más de 200 mil hectáreas de coca, y a mayo de este año, la erradicación cayó en un 87%. Solo 4.511 hectáreas han sido erradicadas. El gobierno mencionó que la nueva lucha contra las drogas es la interdicción. Pero esto no ha funcionado. La cocaína incautada ha caído en un 18%, la heroína en un 45%, la marihuana en un 11%. La inmovilización e incautaciones de insumos sólidos ha caído en 41%, y de insumos líquidos en un 28%.
El ELN se burla de los colombianos. Prometieron un cese al fuego bilateral donde podrán seguir extorsionando y secuestrando. Esta semana asesinaron a tres policías en dos ataques en Norte de Santander. Además, declararon paro armado en la región del San Juan en Chocó. Sus principales jefes siguen dando órdenes y viven en Cuba desde el 2019.
En las ciudades la situación es la misma. El hurto a residencia ha crecido en un 8% con 14.054 casos, el hurto a personas subió en un 16% con 151.125 personas. Y esto solo son los casos denunciados. El general Salamanca también reconoció que cerca de 25.600 cámaras de seguridad que tiene el país, al menos el 48% no sirven. Mientras tanto el presidente Petro está próximo en lanzar su programa “Jóvenes en Paz” para que jóvenes que hagan parte de bandas criminales reciban un salario del Estado si deciden salirse de la vida delincuencial. ¿Se convertirán en los “colectivos chavistas”? ¿Por qué seguir premiando criminales?
Bogotá, D. C, 8 de julio de 2023
*Senadora del Centro Democrático
Por Paloma Valencia Laserna*.-Esta semana fue aprobado en primer debate mi proyecto de Bono Escolar. Los padres tienen el derecho a elegir el colegio privado o público que desean para sus hijos, y el Estado asume el pago total de los derechos académicos y servicios complementarios: pagos de pensión, matrícula, costos de enseñanza, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comidas, administración y útiles escolares. Lo diseñamos para niños en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema; 5,9 millones podrían beneficiarse.
Los niños más pobres de Colombia están condenados a una educación de muy mala calidad con el sistema actual. En el año 2021, los estudiantes de colegios privados obtuvieron en promedio 43,7 puntos más que los colegios públicos en las pruebas de Estado. En departamentos como La Guajira, con una pobreza monetaria de 67,8%, los colegios privados obtienen 62 puntos adicionales; en Córdoba, con una pobreza de 59%, los privados sacan 54 puntos más. Bogotá, con una pobreza de 36%, 32 puntos adicionales. O en Valle, con pobreza de 29%, 30 puntos más. Las brechas de recursos tienen su más dramática expresión en la desigualdad en la educación.
Tenemos que trabajar en conseguir igualdad de oportunidades, que empieza por acceder a la mejor educación disponible. El proyecto reivindica la capacidad de las familias para escoger los colegios de sus hijos, porque lo que debe ser público es el acceso y no el edificio. Y al mismo tiempo y de manera inmediata abre la puerta para que puedan acceder a mejor calidad. El requisito de los colegios privados es estar por encima de la media de colegios públicos, y nadie se puede pasar a un colegio de inferior rendimiento de aquel en el que está.
Colombia tuvo un programa de Bono Escolar exitoso. El programa Paces en los años 90. De hecho, el premio Nobel de economía Michael Kremer demostró que los beneficiarios tuvieron un 16% de más probabilidad de terminar la escuela secundaria a tiempo. Un aumento de la matrícula en la educación superior en un 16%, y un aumentó los ingresos formales en un 8%.
En septiembre pasado en su visita a Colombia le presentó estos resultados al entonces ministro de educación Alejandro Gaviria y le recomendó el bono escolar para mejorar la calidad educativa. Otro estudio, el de la universidad de los Andes, señala que el programa incrementó en casi 10% la probabilidad de permanecer y continuar en el sistema educativo respecto a un grupo que no obtuvo la beca.
Colombia también ha tenido colegios en concesión con resultados sobresalientes: en 2021 obtuvieron 14,1 puntos más que los colegios públicos en las pruebas de Estado. El Bono Escolar también ha sido exitoso en muchos países: en Chile con la mejor educación de Latinoamérica.
El proyecto, al que le faltan todavía tres difíciles debates, no afectará la educación pública. Se trata de recursos adicionales y se prevé que los colegios públicos también puedan recibir el bono. El caso de Suecia es muy significativo, Bohlmark y Lindahl demostraron que el bono favorece a la educación: el aumento de 10% en la proporción de alumnos de escuelas privadas se asocia con un rendimiento 1,7 veces superior al de colegios públicos.
El futuro exige decisiones audaces con resultados en el corto plazo. La peor brecha de inequidad hoy en Colombia, sin duda alguna, es la educación. Estamos segregados de acuerdo a la capacidad de pago; el Estado debe tomar medidas ahora y garantizar equidad en lo que más importa, las oportunidades y la libertad de elegir.
Bogotá, D. C, 20 de junio de 2023
*Senadora del Centro Democrático
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada mencionaba el enorme desequilibrio externo del país que se refleja en el cuantioso déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos que llegó el año pasado a un máximo de USD 21.500 millones, equivalentes a 6.2 % del PIB. En 2015 el país había registrado déficits similares, pero con una diferencia muy importante pues en esos años el precio del crudo cayó a menos de 40 dólares por barril, mientras que el año pasado los precios del barril de petróleo fueron cercanos a USD 100, de manera que el déficit se produjo por el enorme crecimiento de las importaciones.
Cuando alguien gasta más de lo que tiene, o cuando un país compra en el exterior más de lo que vende, alguien debe financiar ese déficit; cuando esto se repite por años como ha sido el caso de Colombia después de la recesión de 1999, el país va acumulando pasivos con el exterior que lo ha hecho más vulnerable a las fluctuaciones de los mercados de capitales internacionales.
Colombia ha tenido la fortuna de contar con abundantes fuentes de financiación externa que le han permitido cubrir su déficit comercial. De una parte recursos de Inversión extranjera directa que en lo corrido del siglo suman USD 227.000 millones, De otra parte se han recibido créditos externos por valor de USD 151.000 millones, de manera que como proporción del PIB la deuda externa del país pasó del 36% al 55%.
Como en economía no hay almuerzo gratis, y hay que pagar por esos pasivos externos. En el mismo período los inversionistas extranjeros han recibido dividendos por un valor de USD 166.000 millones (casi el 75 % de lo que invirtieron), y por intereses se han pagado USD 82.000 millones. Estos dos rubros se contabilizan dentro de los egresos de la cuenta corriente y explican parte del déficit.
Por supuesto, además de acumular pasivos con el exterior, los residentes del país también adquieren activos en el exterior. Colombianos han invertido cerca de USD 73.000 millones en empresas extranjeras y otro tanto en bonos y fondos de inversión internacionales; además el Banco de la República ha acumulado reservas por USD 58.000 millones.
De todas maneras son más los pasivos que los activos externos del país, por lo que la posición de inversión internacional neta llegó a ser negativa en USD 180.000 millones en marzo pasado. No es extraño este valor dados los déficits acumulados de la Balanza de pagos, pero si es alarmante el ritmo de crecimiento, toda vez que a principios del siglo era de solo USD 25.000 millones.
La tradición de la estabilidad macroeconómica del país y su reputación de buen deudor, que nunca ha incumplido sus pagos, han permitido que hasta ahora se financien los crecientes déficits externos. Si se quieren mantener abiertas las fuentes de financiación es indispensable mantener esas condiciones, pero sobre todo es importante disminuir la vulnerabilidad externa del país con un gran esfuerzo público y privado para aumentar las exportaciones y sustituir importaciones de manera que se disminuya el déficit y se requiera menos financiación.
Bogotá, D. C, 18 de junio de 2023
*Filósofo y Economista. Consultor
Por José Félix Lafaurie Rivera *. - No es fácil entender, o mejor, “desentrañar” el Acuerdo del “Cese al Fuego” entre el Gobierno y el ELN, que tiene además una estrecha relación con el Acuerdo de Participación y, literalmente, no se puede entender el uno sin el otro.
Esa relativa complejidad da pie a interpretaciones desinformadas y juicios sesgados que terminan dándole a la sociedad visiones distorsionadas o incompletas, cuando lo que se requiere es una lectura y análisis desapasionados para comprender lo acordado.
Por ello el acuerdo obliga al ELN y al Gobierno a desarrollar acciones pedagógicas para “enseñar” el alcance de los acuerdos y protocolos, a lo que ayudaría mucho que los medios y formadores de opinión se sumaran a esta “pedagogía social”.
Me estreno en ella con una explicación apretada de estos dos acuerdos. El de cese al fuego tiene tres fases: una primera, entre el 9 de junio y el 5 de julio, de “Alistamiento” en temas de comunicaciones, protocolos pendientes, pedagogía y Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
La segunda, entre el 6 de julio y el 2 de agosto, inicia con la orden del cese de “acciones ofensivas”, tipificadas en el “Protocolo de Acciones Específicas”, que establece lo que se puede y no se puede hacer. En esta fase, mientras avanza la pedagogía, deberá producirse un “desescalamiento” que empiece a detener el tren sin frenos de la violencia del ELN.
La tercera fase inicia el 3 de agosto con la implementación plena del cese al fuego, por 180 días prorrogables y con “vocación de continuidad”, a partir de evaluaciones periódicas con la información del monitoreo y, especialmente, de la Veeduría Social. Desde el 3 de agosto también, el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia, de oficio, denunciará eventuales incumplimientos, o cualquier ciudadano que, gracias a la pedagogía, ya comprende el Acuerdo y estará en capacidad de hacerlo.
Es aquí donde se encuentran los dos acuerdos, pues sin cese al fuego y también de hostilidades, la participación será instrumentalizada o impedida por el sometimiento a las comunidades derivado de acciones ilícitas, como el secuestro y la extorsión, justificadas por el ELN como “fuentes de financiación”.
El Acuerdo de Participación contempla tres fases también; la primera, de máximo seis meses, será de “diseño” del proceso por parte del Comité Nacional de Participación, cuyos 80 miembros de 30 sectores escucharán a las comunidades en los territorios.
La segunda, de “diagnóstico”, busca establecer las causas de la violencia, a mi juicio sobrediagnosticadas, a partir del diálogo con diferentes actores sociales y la compilación de información de referencia.
La tercera es el proceso de participación propiamente dicho; participación masiva y libre de las comunidades y de la sociedad toda en los territorios -así se espera-, cuyos resultados, debidamente sistematizados, se consolidan en el Plan Integral de Transformaciones, como entregable del Comité Nacional a la mesa de Diálogos.
Esta fase final, siempre acompañada de prórrogas sucesivas del cese al fuego, se extenderá hasta mayo de 2025, la fecha del malentendido presidencial, que no lo es tanto, pues el Plan Integral de Transformaciones, evaluado por la Mesa como instancia bipartita, se plasmará en decisiones vinculantes que, a su vez, serán el insumo para un Acuerdo Final que, para entonces, estaría cercano.
Recapitulemos: sin cese al fuego y de hostilidades no habrá participación posible y la construcción “colectiva” de la paz será otra promesa de valor incumplida. Por ello, estos acuerdos enfrentan el imperativo de cumplir su finalidad de generar condiciones para que la población ejerza sus derechos en libertad y, en últimas, para mejorar la vida de los más vulnerables en los territorios. Esperemos que así sea.
Bogotá, 18 de junio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*.- Ante la confirmación por parte de la Oficina de administración oceánica y atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés) de la llegada del fenómeno de El Niño, caracterizado por la sequía y la baja pluviosidad, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez se anticipó a anunciar que es inevitable un incremento en las tarifas de energía si, como se prevé, “se genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas. Sí va a haber un impacto en la configuración del precio y sobre todo va a haber un impacto en aquellos mercados que están más expuestos en bolsa”.
Y no es para menos, dada la gran vulnerabilidad del Sistema eléctrico colombiano frente al cambio climático, al depender en un 68% de la generación hídrica. Tanto más en cuanto que de los 23 embalses que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos (El Peñol) tiene una capacidad de regulación superior al año. Y los proyectos de generación de energía eólica que le darían una mayor resiliencia y que han debido empezar a entrar a operar desde el año pasado están en veremos. Por ello hemos dicho que si bien es cierto no estamos ante la inminencia de un racionamiento de energía como el que padecimos entre los años 1992 y 1993, sí existe un elevado riesgo inmanente al Sistema.
En condiciones de hidrología extrema, como la que se espera, obligará a apelar al respaldo del parque térmico cuyo costo de generación es más costoso, tanto más en cuanto que estamos ante una coyuntura Internacional de altos precios tanto del carbón como del gas natural, indispensables para su operación, de ser requeridas y despechadas sus plantas, que deben estar en condiciones óptimas para honrar sus compromisos de entrega de energía en firme a que las compromete la asignación del cargo por confiabilidad. Este no es otra cosa distinta a la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Enficc (máxima energía eléctrica que puede generar una planta).
Ello repercutirá en mayores alzas de las que ya se vienen dando tanto en los precios en bolsa como en las tarifas de energía, debido al estrés al que está expuesto el Sistema interconectado nacional, debido a la estrechez entre la Oferta de energía en firme, que no supera los 225 GWHD, para atender una demanda de 222 GWHD, a causa del atraso de la entrada de varios proyectos claves de expansión de la capacidad instalada de generación. Mientras tanto el consumo de energía que creció a un ritmo de 3.34% en 2022 a 5.24 en 2023 y se acelerará aún más con la entrada de El Niño y sus altas temperaturas. De hecho, el precio en Bolsa pasó de $374.24 el KWH en enero a $533.7 en febrero, hasta alcanzar los $823.6 en mayo.
Obviamente, el impacto va a ser mayor para los usuarios de aquellos mercados que como los de los operadores de red ELECTROHUILA, CEDENAR en Nariño, DISPAC en Chocó y CEO en Cauca, tienen una exposición en Bolsa altísima, en algunos de ellos superior al 80%. Todas ellas están en riesgo de colapsar con la llegada de El Niño.
A lo anterior se vienen a añadir los problemas de liquidez que afrontan todos los operadores de red debido a la enorme cartera que representa para ellos las alzas diferidas a sus usuarios bajo la modalidad de opción tarifaria, que ya supera los $6 billones, suma esta equivalente a dos veces los ingresos anuales de los mismos.
Además, las empresas distribuidoras de energía afrontan una delicada situación financiera debido a la mora en el giro por parte del Gobierno de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales provienen de dos fuentes, de la contribución que pagan los usuarios de los estratos 5 y 6 y del Presupuesto General de La Nación. Son $2.3 billones los que se le adeudan por este concepto, por eso ASOCODIS, que las agrupa y representa ha puesto el grito en el cielo y está en rogativa frente al alto gobierno.
Esta compleja situación amerita la rápida intervención del Gobierno, razón por la cual reiteramos nuestro llamado para que la Ministra Vélez convoque cuanto antes la Comisión asesora de coordinación y seguimiento a la situación energética del país (CACSSE), del cual hacen parte ISA, XM, el Centro Nacional de Operación (CNO), la CREG y la UPME. Esta es una especie de Puesto de mando unificado (PMU) energético, que presidiría en este caso la titular del Ministerio. Eso fue lo que hicimos a nuestro paso por este Ministerio ante los amagos de un Niño en el primer trimestre de 2014, pues es una manera de precaverse y evitar sorpresas desagradables, haciéndole un seguimiento en tiempo real a las diferentes variables de la ecuación para conjurar cualquier contingencia.
Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Medellín, junio 17 de 2023
www.amylkaracosta.net
Por Luis Eduardo Castellanos*.- El trabajo no puede verse como un simple insumo de la producción, desconociendo que el mismo es inescindible de la condición humana.
El actual debate que se suscita en torno a la reforma laboral se ha ubicado únicamente en un análisis de conveniencia desde el punto de vista económico, impacto de resultados financieros, análisis de costo para la disminución del costo de la mano de obra, sin tener en cuenta que lo pretendido a través de la reforma laboral puesta a consideración del Congreso de la República, no es otra cosa que reivindicar los derechos disminuidos con la reforma laboral de la Ley 789 del año 2002, siendo relevantes los cambios que se introdujeron en los artículos 25, 26 y 28, bajo el sustento de “apoyar el empleo y ampliar la protección social…”,
En la mencionada norma se realizaron modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo en aspectos como: la modificación del horario para el pago del recargo nocturno, el porcentaje de liquidación de la hora suplementaria en el caso de los dominicales y festivos, la disminución del pago de la indemnización por despido del trabajador sin justa causa, la eliminación del contrato de aprendizaje con garantía laboral, entre otras disposiciones, su promulgación no obedeció únicamente a una política de disminución del desempleo, sino igualmente surge como consecuencia de una iniciativa gubernamental para flexibilizar el marco laboral y atraer inversión extranjera, es decir, para adecuar las legislación nacional a las necesidades del mercado, bajo la teoría de implementar la modificación de condiciones laborales para mejores, mayores y productivos empleos, planteando que con la misma se lograría la creación de 160.000 empleos para un total de 640.000 en cuatro años, lo cual no se cumplió como lo comprueban hoy las estadísticas de los estudios realizados por diversas observatorios laborales de importantes universidades del país, algunos de estos estudios plantearon que los propósitos de la Ley 789 de 2002 no fueron conocidos por los diversos actores del sector empresarial y mucho menos los trabajadores con lo cual se desconoció el principio constitucional de la concertación tripartita en materia laboral.
Uno de los pilares de la actual reforma laboral se sustenta en la definición del contrato de trabajo con prevalencia a término indefinido, lo cual necesariamente tiene relación con los principios mínimos protectivos del trabajo que establece la Constitución Política en su Artículo 53, pero además de ello, es sencillamente reivindicar el respeto a los convenios y tratados internacionales en materia del trabajo debidamente suscrito por Colombia, no se puede hablar de globalización y apertura económica solamente de la perspectiva de los tratados y convenios comerciales bilaterales o multilaterales, sin tener en cuenta que los convenios y tratados del derecho al trabajo como derecho fundante de carácter humano envuelven importantes compromisos en el marco del derecho internacional público en materia laboral y en materia de Derechos Humanos.
Recordemos que uno de los principios económicos sociales y culturales en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores es el principio de progresividad y el compromiso adquirido por parte de los Estados que hacen parte de estos acuerdos internacionales debidamente suscritos, cual es el respeto a estas disposiciones, como los señalados en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . . . “los Estados partes se comprometen adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional específicamente económica y técnica para lograr progresivamente plena efectividad los derechos que serían de las normas económicas sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida la Carta de la Organización de los Estado Americanos, reformado por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida que los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados, así mismo, en el artículo 2.1 el Pacto Internacional de Derecho Económico Social y Culturales (PIDES), establece … “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económica y técnica hasta el máximo de los recursos de que se disponga para lograr progresivamente por todos los medios, por todos los medios apropiados inclusive en particular la opción de medidas legislativas de la plena efectividad de los Derechos aquí reconocidos”.
Vale la pena resaltar y recordar lo referente a la dimensión que se ha denominado positiva en el mundo del constitucionalismo sobre la progresividad de las normas sobre Derechos Humanos, la cual puede ser interpretada en dos sentidos; en un primer sentido, como una expresión que refiere al “gradualismo” admitido por varios instrumentos internacionales y textos constitucionales para la puesta y aplicación de medidas adecuadas como lo admite el artículo 427 del Tratado de Versalles y un segundo sentido es la progresividad que debe ser entendida como una característica de los Derechos Humanos fundamentales perfectamente aplicables a los laborales, bajo criterio que el orden público internacional tiene una vocación de desarrollo progresivo en el sentido de lograr siempre una mayor extensión y protección del derecho al trabajo como derecho social.
Así mismo, es importante recordar que la Constitución Política a partir de su preámbulo estableció como un derecho constitucional fundamental el trabajo bajo dos principios rectores, cual es la condición digna y justa (Art. 25 C.P), y cuando se habla de estas condiciones implica que el derecho al trabajo debe constituirse efectivamente en un medio para el desarrollo humano y digno del trabajador, su familia y su entorno social, tal como lo ha señalado en reiteradas posturas incluso la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral.
El principio de progresividad implica que frente a lo que se ha avanzado en el desarrollo de garantías laborales no se pueden establecer nuevas disposiciones normativas que retrocedan, desmejoren o que tiendan en un momento dado a disminuir los derechos y garantías de orden laboral; por esa razón, el debate que se da actualmente en la reforma laboral no puede estar simplemente circunscrito a planteamientos hipotéticos bajo predominio ideológico y político de unas posibles consecuencias que de dicha reforma puedan derivarse, con efectos sobre rentabilidad económico en los sistemas de producción, utilizando esta tesis para justificar la disminución o generación de empleo.
Por esta razón es necesario que en armonía con los convenios y tratados internacionales, partiendo de la Convención de Viena, la Declaración de Constitución de la OIT y sus Convenios, la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDECS) la discusión y el debate legislativo por parte del Congreso se plante de manera amplia con todos los actores que convergen en el mundo del trabajo bajo el criterio del tripartismo y la concertación, como esencia de diálogo social que pregona la OIT, se procure una reivindicación de los derechos laborales que resultaron disminuidos con la reforma laboral /Ley 789 de 2002, restableciendo con ello el principio constitucional del trabajo bajo una condición digna y justa como derecho humano que se enaltece y bajo la especial protección del Estado que encomendó la Constitución de 1991, teniendo en cuenta además que la misma Carta Política estableció el criterio de responsabilidad social que deben adoptar las empresas en su crecimiento y desarrollo, para lo cual se hace necesario una legislación bajo principios constitucionales en consonancia de los convenios y tratados internacionales, que estimule el crecimiento económico al mismo tiempo que no sea regresiva frente al derecho al trabajo como derecho social.
Bucaramanga, 17 de junio de 2023
Doctorando en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos
Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Por José Félix Lafaurie Rivera*.-180 días prorrogables de cese al fuego bilateral y nacional firmado por el Gobierno y el ELN; 180 días cruciales para saber si negociamos “en círculo” o si, realmente, hay salida a la vorágine de violencia que ha sido la historia de Colombia.
Lo sabremos al término de la evaluación para la eventual prórroga; pero lo que sí podemos afirmar es que no tiene antecedente y está enfocado a generar condiciones para que la población pueda vivir y ejercer sus derechos en libertad, dentro del cumplimiento al DIH, supuesto básico para lograr una activa participación de la sociedad, sin amenazas ni hostigamientos, en la búsqueda de soluciones transformadoras que eliminen de raíz la excusa de acudir a la violencia para solucionar los problemas del país.
Nunca se había logrado un acuerdo sobre un punto cualquiera de la agenda propuesta en las múltiples negociaciones con el ELN, y menos sobre “el corazón” del proceso: La Participación. En esta oportunidad logramos algo de gran importancia: unas reglas de juego claras, sobre el cómo y bajo qué condiciones se silenciarán las armas, sin que la Fuerza Pública desatienda sus obligaciones constitucionales; y sobre el cómo y bajo qué condiciones se desarrollará la participación de la sociedad, sin vulnerar la democracia y sus instituciones.
Ahora bien, esas reglas, bien definidas, incluyen mecanismos creíbles de monitoreo permanente y preventivo, como también de verificación, con participación de la ONU, la Iglesia y los países garantes, a lo cual se suma un componente clave de “veeduría social”, porque son las comunidades en los territorios, que viven la zozobra de los fuegos cruzados entre diferentes violencias y el “síndrome de la maleta lista” para el desplazamiento, las que tendrán información de primera mano sobre eventuales incumplimientos.
No obstante, la veeduría de las comunidades, sin un entorno de seguridad que la permita, sería un loable ejercicio de inclusión, pero también un riesgo para quien denuncia. No olvidemos que, según cifras de Indepaz, fueron asesinados 59 líderes sociales en el primer cuatrimestre, con un “abril negro” que sumó 21 de ellos.
La seguridad será esencial, pero también “la pedagogía”, que el Acuerdo sobre participación plantea como elemento central. En un país sin cultura de participación, más allá del bloqueo y la marcha callejera, debemos alentar la participación efectiva, que solo es posible a partir de una actitud de “ventanas abiertas”, porque solo una sociedad informada sobre las reglas pactadas en relación con lo prohibido y lo permitido durante el cese, podrá identificar incidentes de incumplimiento y denunciarlos con las garantías debidas de seguridad.
Información y promoción de la participación efectiva; ese es mi compromiso como miembro de la mesa y dirigente gremial, y ese debe ser el compromiso del Gobierno, de todos los sectores y, sobre todo, de los medios de comunicación, que auscultan a diario y conocen, como el que más, la realidad de violencia en los territorios.
La veeduría social al cese al fuego, como expresión de participación, será un gran reto y, de lograrse, un resultado sin antecedentes y una señal positiva para avanzar en la unión de propósitos y voluntades hacia la construcción “participativa” del “Gran Acuerdo Nacional” sobre lo “fundamental”, para lograr desarrollo con equidad, que es sinónimo de paz; un Acuerdo Nacional que no surja del recinto cerrado de una mesa de negociaciones, ni sea impuesto desde el Olimpo del liderazgo político, sino construido entre todos en el valle donde compartimos a diario la inseguridad y todas sus causas, con el narcotráfico en primer lugar.
Amanecerá en 180 días y veremos con mayor claridad las posibilidades de la paz, mientras tanto…, prefiero el optimismo.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Me cuesta trabajo aceptar que el tema de la financiación de campañas electorales, de los partidos y de los políticos siga perturbando en forma tan notoria la actividad pública en Colombia.
El primer ensayo que escribí cuando regresé de los Estados Unidos, hace más de 60 años, se refería al tema de la financiación política en ese país. Con base en el libro más reputado en ese momento "Los costos de la Democracia" (Revista Arco No. 4 pg. 248-251).
En el primer libro que publiqué sobre este tema, 1997, me propuse presentar un bosquejo, seguramente incompleto, de los planteamientos que dirigentes de diferentes fuerzas políticas habían hecho al respecto, Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López Michelsen, Laureano Gómez, Luis Carlos Galán, Belisario Betancur, Virgilio Barco.
Son muchas las disposiciones legales que se han adoptado y muchas también las que se han rechazado. Pero difícilmente, los gobiernos han logrado salir indemnes de las consecuencias de una financiación que desborda los mandatos legales.
No tiene sentido que la dirigencia política quede en entredicho como consecuencia de la financiación de sus campañas. Me parece que la financiación estatal que llaman preponderante, ha sido generosa. Y no obstante la ambición de poder pisotea los límites constitucionales y legales que se han venido estableciendo. La desconfianza que caracteriza la actitud de los colombianos frente a los políticos tiene mucho que ver con la relación entre el dinero y la política. Un país como Colombia cuasi-sitiado por el crimen organizado que recibe billones de pesos por sus actividades ilícitas, no se puede permitir el lujo de abrir las puertas de la financiación de la vida política a estos grupos criminales. Buena parte de la crisis del sistema político colombiano que ya lleva varios años tiene su origen en el papel que estos grupos han jugado en el proceso electoral y, luego, en el proceso de contratación pública y en la propia formulación de políticas públicas. No es cualquier cosa. Nuestra Democracia ha estado muy expuesta a un colapso ya varias veces por este vínculo fatal entre dinero y política.
Lo menos que debiéramos hacer es blindar la figura presidencial para que jamás ella pueda ser objeto de contaminación, ni siquiera con una salpicadura, por estos dineros. A tal punto que ni la más baja chismografía pueda alimentar suspicacias con respecto a la dignidad presidencial. La majestad del Presidente de la República no puede jamás estar expuesta a estos riesgos.
La financiación estatal total, por lo menos, de la campaña presidencial en todas sus etapas y la estricta vigilancia que bloquee cualquier otro tipo de contribución, en dinero o en especie, debe ser una preocupación de todos los ciudadanos.
Alguna experta en este tema escribió que si la política estaba para la venta, todos los ciudadanos debiéramos estar decididos a comprarla y ello es lo que se logra con la financiación estatal total. Para los escépticos recojo muy rápidamente la manera como se pueden reducir los costos aparentes de las campañas porque los otros son muy difíciles de establecer y creo que son aún mayores: 1. Limitar la duración de las campañas. 2. Otorgar espacios gratuitos en radio y televisión para todos preferiblemente por la vía del debate con reglas de juego previamente establecidas. 3. Prohibir comerciales políticos que, además, degradan el debate político. 4. Conceder franquicias que faciliten la comunicación política. 5. Suministrar transporte gratuito el día de elecciones. 6. Facilitar el voto aprovechando las nuevas tecnologías.
En todo caso hay que impedir por todos los medios que el dinero compre influencia. El engranaje de la política, han escrito algunos, no puede estar aceitado por el dinero.
Bogotá, D. C, 12 de junio de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
