Opinión
Por Amylkar Acosta*.- En los albores de la República se hizo manifiesta la polarización política en torno a la arquitectura del Estado. Mientras el Libertador Simón Bolívar defendió a capa y espada una estructura centralista, Francisco de Paula Santander tomó partido por el federalismo. No había término medio, así se gestaron dos corrientes ideológicas irreconciliables, los unos defendiendo el centralismo y los otros, en la orilla opuesta, defendiendo el federalismo. Entre estos últimos se destacó una de las figuras cimeras más descollantes de la afrocolombianidad, amigo y correligionario de Santander, Caribe él y que ocupó la Presidencia de la República, Juan José Nieto.
El Siglo XIX fue escenario de dos grandes tensiones, que provocaron una lucha feral entre dos fuerzas políticas contendientes: en política económica el proteccionismo vs el librecambismo y en cuanto a la gobernanza del país, el centralismo vs el federalismo. Huelga decir que el conservadurismo propendió y abogó por el proteccionismo y el centralismo hirsuto, mientras que el radicalismo liberal abrazó la causa de librecambismo.
En 1853 se establece la Confederación granadina, que sirvió de piedra angular del régimen federal que se constituiría posteriormente, el 8 de mayo de 1863, cuando se promulgó la nueva Constitución, aprobada el 3 de febrero del mismo año, de los Estados Unidos de Colombia por parte de la Convención de Rionegro, convocada y liderada por Tomás Cipriano de Mosquera.
Rafael Núñez, quien a mediados del siglo XIX abrazó entusiasta la causa del Radicalismo liberal, se declaró partidario del federalismo, que él no dudó en considerar como “la tierra prometida”, pues “la historia administrativa de la nueva granada, casi desde su fundación, es la historia del desarrollo de los fueros seccionales, a despecho de la más obstinada resistencia del poder nivelador, o sea del centralismo” (1855).
Posteriormente, Rafael Núñez da un viraje de 180 grados, imbuido de las ideas del positivismo spenceriano en boga en Europa. A su regreso al país se aparta de las tesis del Radicalismo liberal, declarándose liberal independiente y con su lema “regeneración administrativa fundamental o catástrofe”, planteó que la regeneración “es la política del orden y la libertad, fundada en la justicia”. Así nació el regeneracionismo.
Luego convocó una Asamblea Nacional Constituyente amañada y excluyente, para expedir una nueva Constitución política al alimón con el líder conservador Miguel Antonio Caro, dándole entierro de tercera a la Constitución de Rionegro. En la Constitución de 1886, al tiempo que se hizo tabla rasa de la anterior se entronizó la fórmula dicotómica de la “centralización política y la descentralización administrativa”. Pero, en la práctica, siempre tuvo más de centralización política que de descentralización administrativa.
Los estados soberanos de enantes fueron suprimidos, no sin antes despojarlos de lo que les pertenecía. Así quedó consagrado en el artículo 202 de la Carta: los bienes que pertenecían a los estados soberanos, ahora “pertenecen a la República de Colombia, los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados (soberanos), cuyo dominio recobra la Nación”. Este fue un duro y artero golpe asestado contra las regiones de Colombia.
Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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Por Humberto Tobón*.- La prensa mundial mostró imágenes de la coronación – por fin – de Carlos III como Rey del Reino Unido, luego de esperar durante décadas a que su madre, la eterna Isabel II, muriera a los 96 años.
Dicen los expertos en monarquías que la ceremonia estuvo llena de simbología y de recuerdos atávicos de la casa de Windsor. Hablaron de los Eduardo VII y VIII y de los Jorge V y VI, quienes junto con Isabel II reinaron durante 123 años. Y muchos creen que seguirá el reinado durante muchas décadas más con el príncipe William, duque de Cornualles y Cambridge y su hijo el príncipe Jorge, que acaba de completar 10 años de edad. Y si Jorge no puede, entonces seguirá Carlota, o sino Luis. Y si William no tiene más hijos y Luis tampoco puede, entonces el turno le tocará a Harry, o a los príncipes Archie o Lilibet.
Y en esa línea de linaje hay 16 príncipes más, a quienes se suman duques, duquesas, condesas, condes y vizcondes. Todos ellos pagados con los impuestos de los orgullosos ingleses, que ahora no cantarán en su himno “Dios salve a la Reina”, sino “Dios salve al Rey”, y tendrán que cambiar la cara de Isabel II por la de Carlos III en los billetes de la Libra Esterlina.
Esa libra esterlina golpeada por una inflación del 10%, que está llevando a que el Reino Unido esté a punto de entrar en recesión (se prevé un crecimiento negativo del 0,6% en 2023) y sea el motivo por lo cual los trabajadores se han movilizado para reclamar acciones del gobierno en favor de la economía.
Mientras miles de ingleses se sometían al congelamiento para ver pasar la carroza con Carlos y Camila, millones intentaban conseguir alimentos en los supermercados, que tenían sus exhibidores casi vacíos o peleaban por entrar a un comedor social en búsqueda de una sopa caliente.
La prensa británica denuncia que no hay frutas ni verduras y que las familias sólo pueden comprar un número limitado de huevos. Se me vienen a la memoria Cuba y Venezuela.
El orgullo inglés se ha tenido que resignar a hacer largas colas, durante muchísimas horas, a la espera de que los supermercados abran sus puertas y les vendan unas pocas raciones de alimentos, bastante caros por cierto.
A esto hay que agregarle que el número de familias sin vivienda ha aumentado a niveles de los tiempos de la segunda guerra mundial y los andenes se han convertido en habitáculos. Y como si fuera poco, la tasa de desempleo ya supera el 4% y entre los jóvenes está por encima del 10%.
Rishi Sunak, el flamante primer ministro inglés, miembros del Partido Conservador, reemplazante de la breve Liz Truss, ha visto cómo los problemas lo sobrepasaron, pero no tuvo empacho en destinar 120 millones de dólares para garantizar la coronación de Carlos.
Los ingleses tienen hambre y los ataca ferozmente la pobreza, pero tienen Rey.
Pereira, 9 de mayo de 2023
*Subgerente de Planeación Regional de la RAP Eje Cafetero. Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Que el Presidente enterró la Coalición de Gobierno dice en titular de primera página el principal periódico colombiano.
En Colombia no ganó una guerrilla. Ganó un exguerrillero. Y tan solo ganó la Presidencia de la República, que no es imperial ni dictatorial como creen muchos sino democrática, que representa constitucionalmente a toda la nación y no solamente a los que votaron por Petro o contra él sino a todos, incluyendo a los que no votaron, que son mayoría. En todo lo que he leído escrito por Gustavo Petro o escuchado en sus entrevistas y discursos no he encontrado por parte alguna que su aspiración sea la de ser un Castro III o un Chávez II, un Maduro II, o un Ortega II... entendí que su aspiración era la de hacer un buen gobierno desde su perspectiva de izquierda que es respetable pero que no puede ser totalmente dominante. Aquí no ganó un movimiento revolucionario sino una fuerza política que se autocalificó de centroizquierda y que, luego, afortunadamente se vio reforzada por tres grandes movimientos políticos: el Liberalismo, el Conservatismo y la U.
Digo afortunadamente porque ello permitió que el propósito de buen gobierno del presidente Petro obtuviera las mayorías que necesitaba para poder sacar adelante unos proyectos reformistas que, inevitablemente, requerían de un proceso de concertación y no de una orden antidemocrática en un sistema político que se precia de ser pluralista, que cree en la participación como un elemento central del sistema político. Es que el presidente Petro no ganó electoralmente unas mayorías en el Senado y en la Cámara. Lo proclamó, lo intentó, pero no lo consiguió. Siendo el Congreso la rama del Poder Público que aprueba la legislación y que está en capacidad de remover algunos de sus ministros por la vía de la moción de censura, el Presidente no podía darse el lujo de pretender gobernar eficazmente promoviendo un escenario de confrontación con esta rama del poder público.
Lo que la Constitución predica es la independencia del Ejecutivo y la del Legislativo, pero, también, la colaboración armónica. Por ello el anuncio un día antes de la Segunda Vuelta en el almuerzo del Hotel Marriot allá en la carrera 9ª. con 73 era la de un Acuerdo Nacional para asegurar un buen gobierno. Ministerios tan importantes como el del Interior o el de Hacienda o el de Defensa o el de Educación no se les asignaban a partidos del Pacto Histórico, ni a petristas de toda la vida sino a personalidades que habían mostrado, sobradamente, su capacidad para formar parte de un gobierno en las carteras que les asignaron o en otras. Era el Acuerdo Nacional. Era la colaboración armónica.
Así quedó demostrado con la brillante gestión del ministro José Antonio Ocampo. O con la que venía desarrollando, y que se resolvió interrumpir bruscamente, la de Alejandro Gaviria. La ausencia de reglas de juego de la coalición llevó a la brutal salida del ministro de Educación. Qué mejor para el gobierno que contar con la reciente experiencia de seis años en el manejo del Sistema de Salud. Qué oportunidad de trabajo armónico. Y terminó en una confrontación absurda y en el desprecio por ese conocimiento y esa experiencia que eran excepcionales.
La coalición, contribución de los partidos no petristas a la tarea de la gobernabilidad democrática, es indispensable. Un gobierno minoritario en el Congreso no le satisface a nadie. Un gobierno basado en la seducción individual o de facciones de los partidos de la coalición es una deformación grotesca del sistema político. Hablaría muy mal del Presidente y de los ministros que lo acompañen. Obtener la aprobación de unas reformas por la vía de la vía de votos a cambio de prebendas del más diverso orden es una corrupción institucionalizada. Se desacredita grave e irremediablemente el papel de los congresistas. Nuestra tradición democrática merece un tratamiento completamente diferente. Creo que la voluntad para lograrlo está ahí. El espíritu del Acuerdo Nacional forma parte de la tradición política colombiana y no impide que exista una oposición fuerte. Los dos mecanismos contribuyen a la gobernabilidad democrática. Al buen gobierno. A fortalecer el pluralismo político.
Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Causa cierta monotonía escuchar los repetidos llamados del presidente Petro para que la gente salga a la calle a apoyar sus reformas. Después del primer balconazo desde el palacio de Nariño -que costó millones por cierto y no fue tumultuario como se quería- la gente no ha vuelto a salir a pesar de los múltiples llamados presidenciales.
Queda la impresión que la pólvora de la democracia callejera se mojó. Hay un nuevo llamado presidencial en pie para este primero de mayo. Pero todo indica que el método de gobierno con el que tanto sueña el presidente Petro se ha agotado.
Y es explicable: la gente para salir masivamente a la calle requiere de unas pocas y grandes razones. No sale porque se le presente cotidianamente una mazorca de quejas. Y súmele a esto el componente de inflación, del desempleo, de la informalidad y de la inseguridad, fenómenos que golpean por parejo a los que están siendo llamados a la calle como a los que no están convocados.
A Petro le ha dado por pelear, con todo el mundo, todos los días, con espejo retrovisor y sin él, y por todo tipo de causas y razones.
¿Con quién no se ha peleado? Lo ha hecho con el gobierno del Perú, con los empresarios, con los dueños de las EPS, con los de los fondos privados de pensiones, con las empresas petroleras, con las carboneras, con las del gas. Con sus antecesores en el Palacio de Nariño. Le ha soltado destemplados epítetos al Banco de la República. Ha reñido con los banqueros, con los comerciantes. Con todos aquellos que según la clasificación de la señora Mazzucato pertenecen a los sectores estériles, o sea, no productivos como ella los llama.
Se ha enfrentado también con los usuarios de las vías, con los generadores de energía, con los prestadores de servicios públicos, con los directores de los partidos políticos que no hacen parte de su coalición, con una buena parte de los oficiales de las fuerzas armadas y de la policía. Y con los que no se ha peleado les ha hecho el desaire de dejarlos plantados o les llega tarde a reuniones programadas con semanas de antelación.
Es un estilo de gobierno curioso: da la impresión de que a Petro más que gobernar (es decir, liderar cambios con tacto y aplomo) le gusta es mantener una especie de oposición permanente desde el gobierno. Olvidando el mandato constitucional que muy claramente dice que el presidente de la República lo es de todos los colombianos. No de una porción de ellos.
Todo nace de un equívoco político que se repite a diario por los voceros de la Colombia humana: se dice que cuanta cosa se le ocurre al presidente o cuanta pelea plantea en sus trinos es un deber sagrado que debe respaldarse a cualquier costo. Y resulta que no es así: los partidos que apoyaron explícitamente al presidente Petro durante la campaña no suman más del 25% de los congresistas. Los otros 75%, o son opositores, o están unidos a una coalición que nos los obliga a renunciar a pensar o a actuar con ética política de borregos. Este equivoco es el que estamos viendo en la discusión de la reforma a la salud y el que seguiremos observando en las que vienen.
El presidente debe entender que el gobierno se hace dentro de las instituciones y observando unas reglas mínimas de cortesía política. Y no es recurriendo a reuniones tumultuarias de sus seguidores, las cuales, además de habérseles mojado la pólvora, nunca sustituirán las vías institucionales.
PD: Las movidas políticas de esta semana demuestran que el presidente Petro, al resolver gobernar solo con sus amigos, abandona la política de coaliciones. Como el petrismo puro no cuenta con más del 25% de los votos en el Congreso, el gobierno de ahora en adelante será mucho más difícil. No habrá contradictores en el Palacio de Nariño, pero habrá muchísimos más en el Capitolio.
Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar Acosta*. - La Asamblea de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292 del 2010, reconoció el derecho humano al agua. Además, el objetivo 6 de los ODS se ocupa del agua limpia y el saneamiento. 2.200 millones de habitantes ven vulnerados este derecho fundamental. Se trata, además, de propender por la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Colombia no es ajena a este drama. 3.2 millones de personas no cuentan con ningún tipo de servicio de agua potable, es decir el 6.4% de los colombianos. Es más, al menos 6.2 millones de colombianos consumen agua no apta para el consumo humano. Resulta dramático que, por lo menos 368.000 conciudadanos están expuestos a que el agua que consumen contenga altas concentraciones de bacterias coliformes fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos, como minerales y sustancias químicas, todas ellas nocivas para la salud.
Increíble, pero cierto, sólo uno de cada tres municipios en Colombia suministra agua de buena calidad (¡!). Por ello no es extraño que el 71.6% de las muertes por enfermedad diarreica aguda, que afecta sobre todo a la primera infancia y a los adultos mayores, tiene como factor desencadenante la pésima calidad del agua que ingieren.
Vale la pena destacar que, por fin, después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, sólo en el 2015 se creó en Colombia el Consejo Nacional del agua (artículo 250 de la Ley 1753), después de 22 años de haberse expedido la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Pero hubo que esperar hasta junio del 2018 para que empezara a operar, pero desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de su existencia siquiera. Esta es una asignatura pendiente.
Se aspira y espera que, en línea con su programa de gobierno el Presidente Gustavo Petro le dé la importancia que se merece y lo convoque a la mayor brevedad. En concepto del Director del DNP Jorge Iván González en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia que se tramita actualmente en el Congreso se “plantea, por primera vez, la importancia del ordenamiento territorial, del espacio y la geografía alrededor del agua, para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental”.
En este sentido, vale la pena resaltar lo planteado en los artículos 21 y 22 de dicho proyecto. En el primero de ellos se hace hincapié en la prevalencia del agua como determinante del ordenamiento del territorio y el segundo en la necesidad de “fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio en torno al agua”. Definitivamente, como lo acota el Director del DNP "si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible". ¡Así de claro, como el agua!
Entre la deforestación y el stress hídrico hay una relación de causalidad evidente. Como lo explica el jefe de la Unidad Forestal de la FAO Jorge Meza, “Los bosques regulan el régimen hídrico…Cuidar los bosques de la región es también cuidar el agua”.
Bogotá, D. C, 2 de mayo de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El pasado 13 de abril, en un Consejo de Seguridad con el gobernador de Caquetá, el diputado Wílder López hizo una denuncia pública de la mayor gravedad: En los municipios de San Cayetano y Puerto Rico fueron citados por las “Farc – EP Segunda Marquetalia”, cerca de ¡cien ganaderos!, obligados a pagar vacuna a ese grupo narcoterrorista.
10.000 pesos por cabeza; 10.000 por hectárea; 50 por kilo de queso y 20 por litro de leche, y si quiere, multiplique por dos, pues otros grupos ilegales, haciéndose pasar por la Segunda Marquetalia, también están cobrando. ¿A quién pagarle?, ¿cuál es la verdadera?
Cuando están en juego la seguridad y la vida no hay espacio para verificaciones.
La extorsión y la zozobra de la inseguridad en campos y ciudades vuelven a amenazar al país, que atraviesa por un momento confuso en el ámbito trascendental de la Paz Total.
En noviembre de 2022, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN; hace unos días, Iván Mordisco, comandante del “Estado Mayor Central” de las FARC – EP; y a finales de marzo, Walter Mendoza, representante de las FARC – EP “Segunda Marquetalia”, anunciaron optimistas su ánimo de diálogo en busca de la paz.
Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, mesiánicas todas, persisten los ataques a la Fuerza Pública y los hostigamientos a la población derivados de sus economías ilícitas, en un escenario violento al que se suman el Clan del Golfo, una veintena de bandas medianas y centenares de bandas urbanas de microtráfico, además de la acción envalentonada y creciente de las Guardias Campesinas, moviéndose en el límite del Código Penal y, como si fuera poco, los enfrentamientos armados entre unos y otros.
Ese escenario de confusión tiene como telón de fondo el Acuerdo con las Farc para “una paz estable y duradera” que nunca llegó, en tanto que el Acuerdo quedó colgado a la Constitución por la puerta de atrás y su cumplimiento es bandera del actual gobierno.
Frente a la línea base del Acuerdo del Teatro Colón, el ELN ni lo desconoce ni lo reconoce. Para Pablo Beltrán fue un acuerdo entre “cúpulas” para lograr reivindicaciones políticas y beneficios; un acuerdo a espaldas de la sociedad, cuya participación, por el contrario, es el eje de las actuales negociaciones.
Para el EMC de Mordisco, en guerra con el ELN y enemigo de la Segunda Marquetalia, a la que acusa de alianzas paramilitares, el Acuerdo ni siquiera existió. De hecho, no se consideran “disidencias”, porque ellos son las Farc y, por tanto, en una negociación empezarían de ceros.
La “Segunda Marquetalia, por su parte, es enemiga acérrima del EMC -al parecer Mordisco mandó matar a Márquez-, pero defensora del Acuerdo, del cual este último fue jefe negociador. Sin embargo, tras la muerte de Santrich, “El Paisa” y Romaña, y con Márquez fuera de escena, se muestra acéfala y debilitada.
En este maremágnum de violencias cruzadas y frente al eventual rompecabezas de tres procesos simultáneos con grupos, a cuál más dogmáticos, recalcitrantes y permeados por el narcotráfico, percibo que el ELN, cuyo proceso de negociación tiene vocación de “locomotora” de la Paz Total, podría convertir la encrucijada en oportunidad y tomar la delantera, si se decide a ofrecerle al país lo que a gritos le está pidiendo: ¡señales de paz!
Un piloto regional de cese de hostilidades, es decir, de sus actividades ilícitas en una de sus zonas de influencia, con mecanismos de verificación y con la presencia integral del Estado, que siempre ha faltado para copar los espacios con inversión social, sería una señal de paz para el país. ¿Será que la sensatez regresa a la Mesa?
Bogotá, D. C, 29 de abril de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Paloma Valencia Laserna*. - El Presidente Petro está muy molesto con los partidos a los que había invitado a ser parte de su coalición de gobierno que construiría un gran acuerdo nacional, no le aceptaron un contrato de adhesión y le exigieron concertación. Es más, oyendo a los petristas, parecieran exigir la aprobación de todas sus iniciativas sin modificación, ni comentario. Dicen que para eso ganaron y que no aprobarlas o modificarlas o criticarlas es como desafiar la democracia. Ganaron porque sectores no petristas votaron por ellos. Contrasta precisamente por eso, que esos sectores están hoy siendo excluidos del gobierno.
Me parece que olvidan que eligieron un presidente y no un emperador. Los presidentes como todos los poderes democráticos están circunscritos por límites y contrapesos: Las Cortes y el Congreso. Los congresistas también son elegidos democráticamente, también representan a los colombianos, y como tal, sus comentarios y críticas e incluso sus rechazos son legítimos.
Todos los presidentes elegidos enfrentan las dificultades del Congreso. Todos los mandatos están limitados por otros quereres democráticos, técnicos, jurídicos de los otros poderes. No todo lo que se quiere aprobar se aprueba, nunca igual… y a veces, las Cortes echan para abajo un proyecto que ha sido muy difícil aprobar. Así es la política democrática.
El caso del Presidente Petro además se le suma que ofreció un gran acuerdo y en nada escuchó a los que quisieron acompañarlo. Resultaron sordos a las sugerencias como agresivos a la crítica. La soberbia con la que actuaban permitía predecir este desenlace. Sorprende, sin embargo, que el Presidente Petro haya salido de forma intempestiva, desafiante y casi con amenazas a romper la coalición de gobierno. Es una pésima señal que se suma a la soberbia con la que gobiernan, y al profundo desconocimiento técnico de los asuntos de Estado. El escenario tiene a muchos colombianos muy preocupados: a la incertidumbre, la está sobrepasando el desasosiego.
El presidente parece querer apostarles a asuntos bastante antidemocráticos. Pasamos del acuerdo nacional a la adhesión obligada. Y los mecanismos son cuestionables. Quiere desconocer los liderazgos de los partidos, comprando, a punta de corrupción, los votos que necesita para sacar sus malos proyectos. Los efectos serán por un lado, el debilitamiento de los partidos que son fundamentales para la supervivencia de la democracia. Además, terminamos secuestrados por la corrupción política que por años ha venido saqueando a nuestra Colombia. Empoderar a los más corruptos como voceros no es trivial.
Así las reformas pasaran y fueran buenas, el gobierno quedaría atado a prácticas de las que no hay retorno. Pero, es más grave aún. Las reformas -a las que les quiero admitir buenas intenciones- son equivocadas y sus efectos serán nocivos y destructores. La reforma a la salud nos dejaría sin salud. La laboral encarecía más la vida de los colombianos y sería un tremendo golpe a la competitividad de todo nuestro sector productivo.
Colombia ha ido optando por modelos mixtos -donde operan públicos y privados- como mecanismo para superar la precariedad de los servicios prestados por el Estado, su ineficiencia y su corrupción. Por supuesto, que en el sector privado también hay episodios de corrupción, pero son más fácilmente controlables.
El presidente debe tranquilizarse. Este atrincheramiento donde sectores diversos que lo apoyaron fueron excluidos, empieza a dibujar en la realidad lo que muestran las encuestas. El presidente está perdiendo el centro que lo acompañó. Se radicaliza, insiste en destruir. Llama a las calles, parece añorar los paros, incluso celebra la lucha armada. Es un paso equivocado, deben enmendar. Volver a buscar acuerdos y tratar de construir, tarea bien difícil e ingrata. Un gobierno que no construye sobre lo construido, menos lo hará sobre lo destruido.
Bogotá, D. C, 28 de abril de 2023
*Senadora del Centro Democrático
Por José G. Hernández*. - En la Feria Internacional del Libro, que tiene lugar por estos días en Bogotá, me he permitido presentar un nuevo trabajo bibliográfico sobre temas jurídicos, en esta ocasión acerca de la necesidad de preservar, con sindéresis e independencia, el imperio y la plena observancia de los valores, principios y reglas de nuestro máximo ordenamiento: la Constitución de 1991.
El libro se titula “Supremacía de la Constitución y control constitucional” y fue escrito a propósito del trigésimo aniversario -cumplido en 2022- desde la instalación del máximo tribunal, al que tuve el honor de pertenecer por espacio de nueve años.
Se trata de actualizar algunos conceptos, según la evolución de la jurisprudencia, y de subrayar la importancia de decisiones, tesis y doctrinas sentadas por la Corte Constitucional, durante más de tres décadas. Desde luego, con sentido crítico pero respetuoso, tanto en lo positivo como en lo negativo.
El papel de la Corte en la defensa de la Constitución ha sido trascendental, y a sus sentencias se debe en buena parte la innovación que hoy muestra el Derecho Público colombiano, como lo reconocen tratadistas y profesores, dentro y fuera del país. Igualmente, ha sido la Corte Constitucional la institución más atenta a la efectiva cristalización de los fundamentos proclamados por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991: el respeto a la dignidad de la persona humana; los derechos y sus garantías; los valores de la justicia, la democracia, la libertad, la igualdad, el trabajo, el conocimiento, la paz, la prevalencia del interés general, el Estado Social de Derecho, entre otros.
Han sido muchos los aciertos de la jurisprudencia constitucional, como lo fueron en su época los de la Corte Suprema de Justicia, a la que se confió la guarda de la integridad constitucional desde el Acto Legislativo número 3 de 1910. Pero también hemos querido aludir, con la debida consideración y respeto, a algunas decisiones equivocadas, que han afectado la credibilidad y el prestigio de la corporación en diferentes momentos. Lo dijo el autor de estas líneas, inclusive en su condición de magistrado, mediante salvamentos y aclaraciones de voto, y también, desde el plano académico y como profesor universitario.
La más negativa ha sido la reciente tendencia a desconocer el derecho político fundamental del ciudadano a la acción pública de inconstitucionalidad. Los ciudadanos demandan ante la Corte -como se lo garantiza la Carta-, pero se encuentran con exigencias formalistas no previstas en la Constitución ni en las leyes, que obedecen -en cambio- al variable y personalísimo concepto de quienes han convertido tan democrático mecanismo de control constitucional en un procedimiento más difícil -para el ciudadano del común- que el recurso extraordinario de casación.
Se pretende, erróneamente, que el ciudadano demandante -que no necesita ser especialista, ni graduado en Harvard, para ejercer un derecho eminentemente popular- presente un escrito casi equivalente a un trabajo de grado o a una sentencia de la propia Corte, cuyo contenido -visto desde una subjetiva y caprichosa percepción-, tiene que reunir las condiciones de claridad, especificidad, precisión, pertinencia, subsistencia, suficiencia, y otras exigencias que ninguna norma jurídica consagra.
Ojalá los nuevos magistrados corrijan esa tendencia y respeten el derecho ciudadano.
Bogotá, 28 de abril de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Giovanni Décola*. - Se celebra este primero de mayo, el día internacional del trabajo. Desde su establecimiento, es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago y a las reivindicaciones laborales.
En 1886, y pese a que el presidente Andrew Johnson, había promulgado una ley que establecía una jornada laboral de ocho horas diarias, la mayoría de las empresas, siempre incluían cláusulas que permitían al patrono jornadas entre 14 y 18 horas. La consigna de las protestas ese primero de mayo de 1886, fue: “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”.
La protesta iniciada en Estados Unidos el 1° de mayo de 1886, continuaron el 2 y 3 de mayo en Chicago, ciudad en donde eran deplorables las condiciones de los trabajadores. Este último día, la protesta fue disuelta brutalmente por la policía, que disparó a quemarropa sobre la multitud, dejando seis muertos y casi un centenar de heridos.
El periodista alemán Adolf Fischer, en una octavilla, hizo la siguiente proclama:
“Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer frente a la fábrica McCormik, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad la que nos hace gritar. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden….¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís! ¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos¡”.
Fischer fue uno de los cinco líderes que fueron condenados a la horca por la justicia del país que se autoproclama defensor de los derechos humanos.
El día 4 de mayo, la clase trabajadora estaba enfurecida, se concentraron en la plaza de Haymarket. Se declaró estado de sitio y el toque de queda. Otra vez fueron los obreros reprimidos y varios asesinados y torturados. La proclama obrera retumbó en todo el país. Tocó a los patrones acceder a la jornada laboral de ocho horas. El deseo de los trabajadores se había cumplido.
Curiosamente, en Estados Unidos no se celebra el día del trabajo el 1 de mayo, sino el primer lunes de septiembre.
En Colombia, muchas conquistas de los trabajadores, empezaron a ser conculcados por un modelo de Estado pro rico, que privilegia al gran capital en desmedro de los más desprotegidos. A ellos se les venía premiando con más exenciones y menos impuestos, mientras a la clase trabajadora, le cercenan derechos laborales, que parecían una conquista lograda para siempre.
La reforma laboral que pretende ahora el Presidente Petro, apunta a romper con el modelo imperante, que solo le interesa que el crecimiento económico apunte exclusivamente al aumento del patrimonio de los más fuertes. La reforma apunta a devolverle a los trabajadores su dignidad.
La reforma pensional también es urgente. las nuevas pensiones, son un extraño privilegio; salarios cada día más irrisorios; contratos de trabajo leoninos en perjuicio del trabajador; cooperativas al capricho del patrón; pero lo más triste es que hace años al sindicalismo lo tienen silenciado: el régimen mafioso les recuerda a sus líderes que pueden tener la misma suerte que los mártires de Chicago…
Defendemos el progreso y desarrollo de la sociedad capitalista, para que haya una mayor creación de riqueza, pero dándole a la propiedad privada una función social y ecológica como lo demanda nuestra carta magna, y que esa creación de nueva riqueza, jamás sea a costillas de ver sacrificados los derechos de los trabajadores, sino por permitirles a ellos, la ampliación del conocimiento que les facilite desarrollar mejores técnicas de trabajo y con medios y útiles más óptimos y en condiciones fitosanitarias de inmejorable condición.
La clase trabajadora debe seguir alerta por conservar los derechos hasta hoy obtenidos, pero exigiendo más garantías entre más utilidades obtenga la empresa donde labora, y debe aprovechar esta oportunidad de oro (de tener por primera vez en su historia, un aliado sincero de sus proclamas laborales) para salir este 1° de mayo masivamente a las calles a respaldar las reformas propuestas por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, y advertirle a los sectores retardatarios y reaccionarios del país, que el pueblo está del lado de las reformas, y que si éstas son torpedeadas por el Congreso, no nos dejarán otro camino, que exigir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que haga realidad el Estado social de derecho y un país justo.
Desde esta Tribuna felicitamos a todos los trabajadores de Colombia y exhortamos a la clase empresarial a dar y ofrecer las mejores condiciones de trabajo posible a su recurso humano, sin olvidar, que sin ellos, sería imposible, la generación de nueva riqueza.
Barranquilla, 29 de abril de 2023
*Abogado administrativista.
Por Humberto Tobón*. - En lo corrido de 2023 estamos repitiendo, casi exactamente, la misma realidad en materia de inflación que se vivió en 2022. En ambos años, al finalizar el primer trimestre, el índice de precios al consumidor fue 4,56%. El dato de marzo de hace un año fue 1% y el de este alcanzó 1,05%. Al final, el acumulado de doce meses el año pasado con corte a marzo era de 8,53% y el de este fue 13,34%. Y los mensajes que manda el mercado, es que las cosas van a continuar así, no se sabe hasta cuándo.
Este cúmulo de cifras es importante para el análisis de los expertos, que miran tendencias y se aventuran, casi siempre sin éxito, a hacer predicciones. Pero en el diálogo ciudadano, la frase que se escucha es “todo está muy caro”.
Los alimentos, las bebidas no alcohólicas, los arrendamientos, el transporte, la energía, el agua, el gas, los restaurantes y los combustibles, son los que más contribuyen al aumento de la inflación y, por tanto, los que más afectan al bolsillo de las familias.
Al comenzar el año, existía la expectativa de que la inflación iba a descender a niveles del 5% anual, pero todo ha sido una ilusión. Hoy los cálculos de los bancos y de los organismos multilaterales, hablan de una inflación para 2023 del 9%.
Las familias intentan mantener el consumo de bienes esenciales, acudiendo al crédito, a pesar de las altas tasas de interés. Es una reacción de supervivencia en el corto plazo, aunque las consecuencias para la economía hogareña pueden agravarse en el futuro cercano, cuando se agote la capacidad de pago.
Eso sí, la alta tasa de interés de referencia del Banco de la República y las que ofrecen los bancos comerciales, han generado que muchas familias hayan desistido de la compra de viviendas, automotores y productos de lujo. También estén buscando sustitutos para ciertos alimentos que están excesivamente caros.
Se esperaría que con la caída en picada del valor de los fletes marítimos (-80%) en los últimos seis meses, la reducción de la inflación en Estados Unidos y el precio del dólar a la baja, la inflación en el país cediera lo suficiente. Pero hay factores que aguan la fiesta, como el incremento de los precios de los combustibles, el valor de los arrendamientos, la largas temporada invernal que afecta la producción de alimentos, las malas condiciones de las vías terrestres, el precio de los tiquetes aéreos y la negativa de los empresarios a bajar el costo de las mercancías que tienen en stock.
La combinación de todos estos factores, nos están anunciando que la economía colombiana apenas sí crecerá un máximo del 1%. No es un hecho exclusivo de nuestro país. La desaceleración será mundial. Algunas economías poderosas apenas sí llegarán a un crecimiento del 1,3% y es posible que algunas tengan signos negativos.
De momento, lo que se debe imponer en los hogares es la racionalidad en el gasto y la cautela con el endeudamiento, para evitar futuros dolores de cabeza.
Pereira, 25 de abril de 2023