Opinión
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Es una observación de alto calibre del exministro Alejandro Gaviria, que tiene un fundamento indiscutible: durante seis años fue ministro de Salud de la Administración Santos y, ahora, seis meses con el presidente Petro. Ilustró tamaña afirmación con un ejemplo dramático al respecto. Contó que un día laboral llegó al palacio a las 5:15 de la tarde y ya no había actividad alguna. Se diría que las luces ya estaban apagadas. Para una persona con su experiencia tuvo que ser algo muy sorprendente.
Estados Unidos es el país que más ha estudiado el tema de la organización de la presidencia. Hay varios centros de investigación que hacen un seguimiento de lo que allí ocurre y elaboran estudios comparativos con oficinas similares en otros países. Varios presidentes colombianos han estudiado ese caso para encontrar lecciones que les permitan construir una oficina que los ayude. Es que hasta el manejo de la agenda presidencial, que ha sido bien analizado en estudios de varios países, es clave para el buen desempeño del Presidente.
Algunas memorias de expresidentes ofrecen datos útiles como los que recogí en la columna que escribí sobre Carter (El Expresidente. Nuevo Siglo 05.03.2023) que el Presidente cuente con la mejor colaboración en todos los campos, desde el conductor del automóvil, personal de la cocina, su secretaria, hasta los más altos funcionarios. Algunos compatriotas han tenido el privilegio de servir al Presidente y es mucho lo que pueden aportar. Un caso excepcional ha sido el de María Lorena Gutiérrez, quien fue consejera, secretaria general, y ministra de Energía en una crisis de ese sector, embajadora en Alemania y, finalmente, ministra de Comercio, Industria y Turismo Una experiencia invaluable de ocho años desde perspectivas muy diferentes. Un caso único. No hay una escuela de gobierno que pueda enseñar lo que ella aprendió, ni un libro o varios que puedan compararse ventajosamente con una vivencia tan diversa al más alto nivel.
En Colombia somos expertos en despreciar la experiencia. Recientes ejemplos si fueran necesarios: Felipe Bayón, muy exitoso presidente de Ecopetrol; Alejandro Gaviria, mucho más que un tecnócrata, exministro del tema que más nos agita que es el de la Salud. Así funciona el sector público. Disfuncional.
Por fortuna, en el sector empresarial no es así y los resultados exitosos están a la vista. Así ocurre en otros campos. La Santa Madre Iglesia Católica, no juega con la estabilidad de sus más importantes jerarcas. ¡Cuántas crisis dificilísimas ha superado en su larguísima historia! Mucha burocracia en la Presidencia es una mala receta. Hay momentos en que eso ha hecho inmanejable la institución. Muy poca, dificulta gravemente la agobiante tarea del Presidente. Eso hay que calibrarlo según las circunstancias.
1933 es el año que se menciona como el comienzo de la presidencia moderna en los Estados Unidos y eso tiene mucho que ver con el enorme prestigio universal de Franklin D. Roosevelt. El libro editado por Malcolm Shaw está dedicado a explicar este tema específico y allí se reconoce que es importante tener claro que esta organización debe responder no sólo al estilo presidencial sino a la evolución de la administración pública, de la vida internacional y de la dinámica de la sociedad.
No es que recomiende copiar ni lo que se hizo hace casi cien años ni lo que ocurre ahora. Hay algunos elementos muy útiles pero lo más apropiado es acomodar esa oficina presidencial a la evolución de las circunstancias más relevantes. Sin duda, habrá que hacer ajustes por el camino. Y, eso sí, aprender de la experiencia de todos los que han colaborado en ella, algunos por mucho tiempo, otros no tanto.
Y no se debe olvidar lo que el Presidente López Michelsen repitió tantas veces: la guerrilla de la administración contra el gobierno. En diferentes países se utiliza otro lenguaje para describir el mismo fenómeno que es el de la resistencia pasiva o activa de la burocracia para no implementar la visión presidencial.
Bogotá, D. E, 12 de marzo de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*.- El presidente Petro asumió el pasado 16 de febrero las funciones regulatorias de los servicios públicos de electricidad y gas que venía ejerciendo la Greg desde hace treinta años. Hay mucha expectativa sobre qué hará con estas funciones. Afortunadamente el Consejo de Estado decretó la suspensión temporal de este procedimiento, al encontrar indicios de inconstitucionalidad en el decreto que anunció la asunción presidencial de las responsabilidades que venía ejerciendo la Creg. Es una decisión temporal hasta cuando venga el fallo de fondo del contencioso. Pero, por el momento, es un saludable freno de mano que le pone pausa a la precipitud que se vislumbraba.
El asunto no es fácil, pero es trascendental. Y va mucho más allá del tema de las simples tarifas de la energía eléctrica. El futuro mismo de la sostenibilidad de los servicios domiciliarios en Colombia depende de la seriedad con que se desarrollen estos decretos.
La ministra de Minas y Energía en entrevista que concedió a la revista Semana dice que se aspiran a bajar el costo de las facturas eléctricas en 10%. El superintendente de servicios públicos en nota que publicó en el periódico Portafolio asegura que no hay nada que temer, pues la intervención presidencial estará regida por los parámetros técnicos y de sostenibilidad financiera que exigen las leyes. Un grupo de exministros de minas y energía de todas las vertientes políticas nos permitimos dirigirle una carta abierta al presidente recordando que el acumulado técnico de la Creg es un activo nacional que no se puede echar por la borda, y que si la presidencia no actúa con sindéresis se puede ahuyentar la inversión nacional e internacional en los ensanches eléctricos que tanto requiere la seguridad energética del país. El tema, pues, no es de poca monta.
Hay que evitar por supuesto caer en el facilismo que propone irresponsablemente el alcalde de Medellín en carta pública que dirigió al presidente Petro, pidiéndole congelar de golpe y porrazo las tarifas de los servicios públicos en medio país. Proceder como lo aconseja el alcalde de Medellín conduciría a que una gran cantidad de empresas puedan entrar en graves problemas de solvencia (incluida EPM que él preside); escenario donde el gran damnificado sería el usuario a mediano plazo.
El problema inmediato es el de las tarifas en la costa caribe que han subido cerca de 50% en el último año. Quizás la presidencia cambie el índice del precio al productor que hoy se utiliza por el índice al consumidor como factor de ajuste de los contratos, siendo a la fecha más moderado el segundo que el primero. Pero esto sería apenas un leve alivio para las tarifas costeñas.
En el caso de la costa caribe lo fundamental será definir qué se va a hacer con las pérdidas que se les permitió a las empresas que sucedieron a Electricaribe llevar a la tarifa. Según cálculos que se han hecho recientemente suprimir este vínculo entre tarifas y pérdidas haría bajar la tarifa eléctrica en la costa en cerca del 20%. Pero naturalmente: habría que decidir quién corre con este costo que es inmenso. Puede ser el estado directamente vía la política fiscal de la misma manera que lo hizo cuando asumió la totalidad de las pensiones de Electricaribe; o puede ser “mutualizando” en todo el país el costo de las pérdidas de la costa atlántica que son tres veces superiores de las que se registran en el interior del país. Dicho de otra manera: que los consumidores de todo el país asumamos la cuota parte de las abultadas pérdidas de la costa para que estas no sigan yendo a la tarifa como hoy sucede.
¿Qué otros cambios regulatorios contendrán los decretos presidenciales, una vez se dilucide la suerte de suspensión provisional que acaba de decretar el Consejo de Estado? No se sabe. Ojalá sean juiciosos y no queden manchados con el populismo indefensable que destila de la propuesta del alcalde de Medellín.
No es exagerado afirmar que estos decretos del presidente serán una de las piezas fundamentales para juzgar la seriedad como se van a seguir manejando los servicios públicos en Colombia. Hay dos vías: una, el populismo que levanta fácilmente el aplauso de la galería pero que se termina pagando caro más temprano que tarde. Y otra, la de la seriedad y de la sindéresis, que quizás no sean tan taquilleras en el corto plazo pero que resultan mucho más sólidas y fructíferas en el mediano y largo plazo.
Afortunadamente la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado da un margen prudente de tiempo para no echar por la vía atolondrada de la improvisación y el populismo que se veía venir.
Bogotá, D. C, 12 de marzo de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- El lunes 2 de marzo de 1992, el Presidente Cesar Gaviria se vio precisado a tomar una medida extrema, al decretar el racionamiento en la prestación del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio nacional, la cual se prolongó hasta el 5 de febrero de 1993
Como una medida complementaria a la anterior y con el propósito de ahorrar energía se adelantaron en una hora las manecillas del reloj y de esta manera aprovechar la luz solar, reduciendo el consumo de energía. Esta medida estuvo en vigor desde el 28 de abril de 1992 hasta el 5 de febrero de 1993.
Una y otra medida de emergencia se tomaron para poder sortear el déficit en la capacidad de suministro de energía por parte de los generadores, el cual tuvo múltiples causas que lo precipitaron. Esta crisis se venía incubando imperceptiblemente. El Sistema eléctrico en su integridad estaba en manos del Estado, este era generador, transmisor y distribuidor de energía, asumía sus costos de operación y el financiamiento de los proyectos requeridos. Los créditos adquiridos con tal fin se convirtieron en un pesado fardo para la Nación. Entre tanto las tarifas de la energía se administraban más con criterio político que con criterio técnico y las alzas, cuando se autorizaban, no respondían a la suficiencia financiera y a los costos eficientes en que incurrían las empresas que prestaban el servicio.
Adicionalmente, hizo carrera entre la tecnocracia el aserto de que el sector eléctrico estaba sobreinstalado, dado que su capacidad instalada de generación era más que suficiente para garantizar la prestación del servicio de energía sin interrupciones. Pero resulta que el 78% de la misma dependía de la hidrología, tornándola muy vulnerable frente a los embates del cambio climático. A ello contribuyó el criterio de mínimo costo, que fue determinante para que en el plan de expansión se priorizara la generación hídrica, frente a la generación térmica.
También contribuyó al déficit en el abastecimiento de energía el atraso y los sobrecostos de proyectos tan claves para asegurarlo como el de El Guavio. A ello se vino a añadir la falta de diligencia por parte de los responsables para darle el debido mantenimiento al parque térmico, que servía de respaldo a los generadores hídricos. De manera que cuando se desató el fenómeno del Niño, el Sistema no estaba en condiciones de garantizar la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio en condiciones de una hidrología critica como la que se presentó. Tanto más en cuanto que el nivel consolidado de los embalses de las hidroeléctricas era del 28% y el de El Peñol particularmente, el único con capacidad de regulación anual, era de sólo el 20.66% (¡!). Este fue el detonante de la crisis a la que se vio abocado el Sector eléctrico.
Los intentos de paliar las consecuencias que se derivaron de la misma, como fue la importación al país de dos barcazas generadoras de energía, fueron fiasco total y piedra de escándalo de corrupción. No generaron un solo kilovatio. Este y otros desaguisados llevaron al Congreso a adelantar debates de control político cuestionando el manejo dado al sector eléctrico por parte del Gobierno Nacional, así como la politización de las empresas distribuidoras. La Fiscalía general y los organismos de control asumieron las investigaciones de rigor, tomando como base el Informe que rindió la Comisión V del senado de la República en el cual se establecieron las causas del racionamiento y los funcionarios responsables de este, quienes recibieron el condigno y ejemplar castigo.
Esta fue una dura prueba para el país, de la cual quedaron varias lecciones aprendidas. En primer término, en lugar del criterio de mínimo costo a la hora de definir la prioridad en la ejecución del plan de expansión eléctrico debe primar el de mínimo riesgo, que es el que garantiza la confiabilidad y firmeza del Sistema. Y de allí la importancia de diversificar la matriz robusteciendo el componente térmico de generación. En segundo lugar, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone en el momento justo en que se requiere.
También quedó clara la necesidad de contar con el concurso del sector privado para garantizar los recursos necesarios para invertir en los proyectos sin la limitación del espacio fiscal de los gobiernos de turno. Y, finalmente, para garantizar la sostenibilidad del Sistema y espantar el fantasma de un nuevo racionamiento se requería contar con un órgano de regulación que fijara las reglas de juego y otro que velara por el cabal cumplimiento de las mismas. Estas lecciones aprendidas fueron la base para la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, que son gemelas.
Bogotá, marzo 11 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Nos despedimos de México dejando una agenda acotada para iniciar los temas sustantivos de las negociaciones con el ELN. Fue una etapa no exenta de debates a veces circulares, pero estamos allí, precisamente, para intentar “encontrarnos” y encontrar también salidas en lo “fundamental”; para buscar ese acuerdo Nacional que fue razón de vida para Álvaro Gómez y sigue siendo una urgencia nacional.
El primer punto de la agenda es “La Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz”, y entre más pienso y repienso el tema, entiendo que no es de poca monta y que, por el contrario, involucra la concepción misma de nuestra democracia.
En principio me pregunto: Si la verdadera paz, no la del cese de la violencia apenas, sino la del bienestar para todos es también responsabilidad de todos, ¿cómo alcanzarla en medio de la indiferencia ciudadana, de la ausencia de cultura de participación?
Perdimos esa cultura como resultado de décadas de violencia y de la degradación del talante moral del país por el narcotráfico y la corrupción política. Perdimos la cultura de participar, hasta en algo tan esencial como la paz, porque desconfiamos de los resultados de hacerlo. Perdimos la esperanza de la paz, porque ninguna de las generaciones vivas en Colombia la ha conocido siquiera.
Así pues, el problema no es, a mi juicio, de falta de mecanismos de participación, que los hay muchos en la Constitución del 91, hasta para el uso y el abuso en muchos casos. No temo equivocarme al afirmar que nuestra Carta es una de las más garantistas del mundo.
El problema es la ausencia de esa cultura de participación, reemplazada por la del “todo vale”, que tiende a limitar la democracia al ejercicio del sufragio —Yo voto y me desentiendo—, mecanismo de participación por excelencia, pero tan desprestigiado que hasta mercancía se ha vuelto, mediante el cual, sin embargo, le otorgamos poder a un tercero para que gobierne o legisle en nuestro nombre, porque en la democracia, “el gobierno del pueblo”, todos no podemos estar en la Casa de Nariño, ni en gobernaciones y alcaldías, ni en las corporaciones públicas.
Sin embargo, los elegidos con nuestros votos, con honrosas excepciones, ya sea por la presión de la financiación que debe ser pagada, o por la codicia de sus intereses, han perdido la concepción dignificante del quehacer político como servicio público, y ese “envilecimiento” de la política está en la base de la perdida de cultura participativa.
No por falta de instrumentos, insisto, sino de cultura de participación y de una clase política consecuente, nuestra democracia se convirtió en meramente representativa y distante, y está en riesgo de convertirse en tumultuaria, caótica y extorsiva a partir de la violencia, paradójicamente por cuenta del garantismo, que no cuestiono por excesivo, sino por manipulado y mal utilizado. Basta revisar los noticieros para constatar esta realidad.
El reto es pasar a una democracia más participativa, que no se agote en el sufragio, pero sin que esa mayor participación pretenda suplantar al Estado, porque entonces, ¿para qué elegimos gobernantes y legisladores?
“Ni mucho que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”, decían las abuelas. No creo que se requieran más esquemas de participación. Creo que debemos recuperar la cultura perdida de “co…laborar”, que traduce trabajar juntos para el bien común, una causa en la que los ministerios de Educación y “Cultura” deberían ser uno solo, y la mesa de negociaciones un verdadero piloto de participación para concertar acciones transformadoras en las regiones.
Creo que la mayor expresión de ese bienestar común es la paz… de la que seguimos huérfanos.
México. 11 de marzo de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Paloma Valencia Laserna*.- El 3 febrero fue secuestrada la empresa Emerald en el Caquetá. Unos días después, la viceministra de diálogo social, Lilia Solano, afirmó en San Vicente del Caguán que “la vía estaba desbloqueada y que no había ningún tipo extorsión o secuestro”. Era mentira. La comunidad informaba de 44 tractomulas secuestradas y personas “ajenas” a la comunidad exigiendo un millón de dólares a la empresa. El 2 de marzo supuestos “campesinos” habrían asesinado a un miembro del ESMAD y secuestrado a más de 50 en San Vicente. Ni el ministro ni los refuerzos de la Fuerza Pública llegaron a tiempo. El ministro alega que no es un secuestro sino un cerco humanitario.
El 10 de febrero la Ministra de Salud, el Ministro del Interior y el Presidente Petro se reunieron con representantes de las EPS para dialogar sobre la reforma a la salud. El ministro concluyó que no iban a eliminar las EPS ni a ponerles término de subsistencia. El 13 de febrero el gobierno radicó un proyecto radical de reforma a la salud acabando las EPS.
En agosto de 2022 VivaAir le pidió una decisión a la Aerocivil sobre su posible integración con Avianca. La negaron, la decisión fue apelada y pasaron seis meses, y el Gobierno no tomó una decisión. La aerolínea tuvo que suspender operaciones: perdió la mitad de su flota y su flujo de caja solo alcanzó para pagar sus colaboradores. Para la contingencia, el Gobierno Nacional, no dialogó tampoco.
En septiembre de 2022, la Ministra de Minas, el CREG y empresas del sector eléctrico llegaron a un acuerdo para la reducción de tarifas de energía. Para noviembre el presidente ya preparaba el decreto para tomar las funciones del CREG y elegir desde presidencia las tarifas de los servicios públicos. El acuerdo era para aparentar que el gobierno tiene en cuenta todas las posiciones. Para fortuna de los colombianos el decreto se cayó; porque la tentación del populismo con las tarifas de servicios públicos podría haber terminado quebrando empresas y dejándonos sin servicios públicos.
El 30 de enero se filtró un borrador de proyecto de ley para bloquear aplicaciones de movilidad como Uber. El gobierno habló con las agremiaciones y decidió retractarse del proyecto. El pasado 1 de marzo el ministerio emitió una circular para que la policía emita sanciones a quienes presten servicio en carros particulares. Otra vez los 100 mil conductores quedaron en jaque.
El gobierno oye, pero no escucha. Se sienta con los sectores, y al final hace lo que quiere. Es un monólogo. Y esto es evidente dentro del mismo gobierno. La ex viceministra de minas Belizza Ruiz presentó inquietudes sobre el informe de “Balance de contratos de hidrocarburos y contratos disponibles”. Le hicieron caso omiso, y publicaron el informe. La ex viceministra de pensiones Flor Esther Salazar, afirmó poca compatibilidad con MinTrabajo, y renunció al cargo. El Ministro de Salud presentó dudas sobre la reforma a la salud, y el presidente le pidió la renuncia. Se sospecha que la ex ministra de Cultura salió del cargo porque no estuvo de acuerdo con el viceministro Ignacio Zorro y la primera dama sobre aplicar un sistema de orquestas como el venezolano en Colombia.
La ministra de trabajo quien lleva trabajando la reforma laboral afirma que busca “llegar al mejor acuerdo posible” con empresarios y trabajadores. Sin embargo, con el borrador filtrado no hay ningún sector que considere que es un texto concertado. Otra vez, sentaron las partes, posaron para la foto, pero no escucharon. Impondrán la reforma que quieren.
Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2023
*Senadora Partido Centro Democrático
Por Humberto Tobón*.- Los países democráticos del mundo están aterrados de observar en vivo y en directo, a través de las redes sociales, las violaciones de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de El Salvador, en contra de millares de personas acusadas de ser miembros de organizaciones criminales. El líder de esta operación, es el presidente de esa pequeña república centroamericana, Nayib Bukele.
Bukele lanzó un ataque feroz contra las bandas criminales conocidas como las Maras, señaladas de asesinar indiscriminadamente a centenares de personas. Las operaciones han sido un éxito, porque se han capturado varios miles de delincuentes y desbaratado las estructuras delictivas, dándole un respiro a la población, que estaba prácticamente secuestrada por Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18.
Sin embargo, lo que sigue después de las capturas, es aterrador, porque viola todos los principios básicos de humanidad y convierte las prisiones en campos de concentración. Por orden de Bukele, que mantiene al país en estado de emergencia, los presos no tienen derecho a la defensa judicial, ni a conocer de qué se les acusa, ni a ir a juicio, ni tener privacidad, ni tomar los alimentos básicos, ni ver a sus familiares, ni un espacio digno para dormir.
El mundo democrático le recuerda al presidente Bukele, que así sean los peores delincuentes o los asesinos más despiadados, tienen derecho a un juicio transparente, justo y con garantías procesales (ver caso Núremberg).
Como las comunidades estaban confinadas en sus territorios por las Maras, sienten que las decisiones de Bukele son justas y adecuadas, por lo cual lo cubren hoy con una aceptación superior al 80%, que lo convierte en virtual presidente reelecto.
Mientras Bukele se presenta ante sus ciudadanos como un salvador de su situación, las autoridades de Estados Unidos revelan cómo su gobierno negoció hace pocos meses con los líderes presos de los Maras, para que bajaran el número de asesinatos, y permitir que la institucionalidad presentara buenas cifras de seguridad.
Sin embargo, algunos líderes de las Maras quisieron presionar más dádivas del gobierno y lo desafiaron matando decenas de personas durante un fin de semana, lo cual le dio a Bukele la oportunidad de poner en marcha un plan agresivo: cerrar las ciudades, registrar casa por casa y apresar a todo quien fuera sospechoso, sin dar ningún tipo de explicación, gracias a leyes excepcionales de estado de sitio.
Hoy existe un régimen de terror en El Salvador, ya no generado por las poderosas organizaciones delincuenciales, sino por el propio Estado. Los gobiernos democráticos del mundo denuncian prácticas de tortura aplicadas a los presos y detenciones arbitrarias.
Además, en medio de todo este espectáculo cinematográfico montado por Bukele, se conocen también episodios de corrupción de los más cercanos colaboradores del Presidente, incluyendo generales, que no sólo se están apropiando de los recursos públicos, sino también, y al mejor estilo de lo que pasa en Venezuela y Nicaragua, mejoran sus finanzas personales con el tráfico de drogas.
Pereira, 9 de marzo de 2023* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano. Subgerente de Planeación Regional de la RAP Eje Cafetero
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.
Por Gabriel Ortiz*.- Colombia se ha convertido en el escondite de felonías, trastadas y delitos, desde cuando el narcotráfico tomó las riendas de la sociedad del todo vale, del enriquecimiento ilícito, la politiquería, la corrupción y la desigualdad.
Bandas de delincuentes, auspiciadas por el Estado y la oposición de entonces operaban desde mediados del siglo pasado, con “chulavitas”, pájaros y llaneros. Personajes de la época trataron de alcanzar una paz “estable y duradera”, que se lograba a medias y sucumbía por violencia política.
Llegó la época de la marihuana, o “marimba” como le decían, manejada por influyentes familias y grupos que se enriquecían y manejaban los hilos del poder. Así apareció la coca, con narcos de la costa, el Valle y Antioquia. Pablo Escobar y demás traficantes empezaron a manejar el negocio y a sembrar el terror en todo el país.
Desde entonces Colombia no ha tenido respiro alguno, porque se mezclaron todas las fechorías, a través de los insaciables del poder y la riqueza. Nos convertimos en el emporio del cultivo, florecimiento, producción, manejo, distribución, tráfico y conexiones internacionales que permitían mimetizar las ingentes cantidades de dinero que, hasta hoy, inundan el mundo entero. Las mafias penetraron nuestra sociedad y se convirtieron en los personajes a los que abrían sus puertas los más exclusivos clubes sociales, encumbradas oficinas de las ramas del poder y los recintos del legislativo.
Desde entonces flotillas de aviones, embarcaciones y enjambres de “mulas”, han inundado el mundo con coca.
Desde entonces las verdes hojitas que ubérrimamente cubren nuestros campos, sustentan y manejan nuestra economía, corrompen y destruyen una sociedad que aún no advierte que caminamos hacia el fin.
El narco maneja todo y mantiene a Colombia en vilo: es el motor de la minería ilegal, que maneja a su antojo poblaciones enteras, mientras destruye la naturaleza y contamina las aguas con mercurio. Financia los paros “cívicos”, la tala de árboles para interrumpir vías, mientras recluta niños y jóvenes para las guerrillas y asaltos de entidades oficiales; organizan bandas de extorsionistas y secuestradores. Costean vaqueros que incendian bosques y selvas que convierten en ganaderías intensivas.
Con esos grupos mafio-guerrilleros, que mantienen a millones de compatriotas amedrentados y sometidos, que van a la cama sin ingerir alimento alguno y que solo conocen la desigualdad y la pobreza extrema, se está buscando la paz total.
Con esos que manejan el microtráfico para elevar el consumo de estupefacientes en el país. Con esos que cierran comercios a su antojo y ordenan secuestrar policías, empleados y campesinos, práctica que ahora denominan “cerco humanitario”.
Esta martirizada patria, no alcanzará su redimirse y liberarse, mientras siga acosada por la corrupción y la felonía de la tal “narcoacción humanitaria”.
BLANCO: Por segunda vez, Miguel Gómez es designado decano de Economía de la Universidad del Rosario, segunda más importante de Latinoamérica. Gran acierto, porque su propósito es popularizar la economía y presentar varios proyectos de ley sobre temas fundamentales que Colombia necesita.
NEGRO: El atentado al Director de la Unidad Nacional de Protección.
Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2023
*Periodista. Exzdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Colombia es un Estado Social de Derecho, y, por tanto, a su amparo, los diferentes sectores sociales -entre ellos, el sector campesino- gozan de los mismos derechos, libertades, oportunidades y garantías. No pueden ser sometidos a discriminación.
El artículo 13 de la Carta Política destaca que el Estado está obligado a promover las condiciones indispensables para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como lo ha sido el sector campesino. Es necesario que los gobiernos vuelvan la mirada hacia el campo y que la actividad estatal se despliegue, con el objeto de otorgar a los campesinos y a sus familias mejores condiciones, dentro de un criterio de dignidad humana. Son sujetos de especial protección constitucional.
Según los artículos 64 y 65, el Estado ha de promover el acceso de los trabajadores agrarios -en forma individual o colectiva- a la propiedad de la tierra.
El 65 ordena que la producción de alimentos goce de la especial protección estatal. Se debe dar prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.
Por supuesto, las organizaciones campesinas también tienen derecho -que les debe ser garantizado- a las libertades de expresión y reunión, y, en su caso, a la manifestación y protesta pacífica (arts. 20 y 37 de la Carta).
Todo eso es así, y entendemos que el actual Gobierno tiene el propósito de hacerlo realidad. Pero también es cierto que todo derecho implica deberes y responsabilidades, y que ninguna organización ni sector social puede abusar de sus derechos y garantías, so pretexto de reivindicarlos o de formular los reclamos a que haya lugar.
Lo ocurrido en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá) -cuando una comunidad de campesinos, alegando sus derechos, procedió a secuestrar a setenta y nueve miembros de la Policía Nacional y a seis empleados de una empresa petrolera, cuyas instalaciones fueron tomadas con violencia- es completamente inadmisible. Tanto más si se considera que, en el curso de los hechos, dos personas -un oficial de la Policía y un particular- perdieron la vida. El informe policial señala que el subintendente Ricardo Arley Monroy fue asesinado, en total indefensión.
Integrada una comisión gubernamental, se entró en diálogo con la organización campesina y -finalmente- las personas secuestradas fueron liberadas, tras varias horas de privación arbitraria de su libertad, habiendo sido sometidas a amenazas, maltratos y vejámenes.
Después, el ministro del Interior manifestó públicamente que la “retención” no fue otra cosa que un “cerco humanitario”.
Con el debido respeto, hemos de afirmar que se equivocó el ministro. Díganse las cosas como son. Lo que menos hubo en este caso fue algo humanitario. Se cometieron delitos, y muy graves. Secuestro -no “retención”- y homicidios. La administración de justicia debe adelantar los procesos pertinentes y aplicar las sanciones que establece la ley.
El Estado no puede garantizar ni consentir la impunidad. Tampoco debe perder su autoridad en lugar alguno del territorio.
Bogotá D. E, 9 de marzo de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Rubén David Salas Arias* Al expresar un pensamiento, para distinguir lo que se quiere decir (idea previa) y la narrativa (expresión posterior), las formas y los contextos son relevantes en la comprensión del sentido de la palabra. Es así como la política -desde el encuentro social- y la historia, importan en las interacciones comunicativas. En especial, porque subyacen relaciones de poder, el curso de los hechos, y las posibilidades prácticas para la ejecución de acciones resultantes de los discursos -entendidos como el conjunto de enunciados producto del encadenamiento de representaciones-. Sucede que esas herramientas humanas están articuladas e inciden en la formación de las narrativas y la construcción de la realidad.
Un ejemplo sobre la relación entre una representación y su sentido se encuentra en la obra de arte “La traición de la imágenes” de René Magritte -el icónico cuadro al óleo sobre lienzo con el enunciado Ceci n´est pas une pipe (Esto no es una pipa)-. La pintura evidencia que en la cotidianidad lo que se quiere decir no necesariamente está reflejado en la encadenación de representaciones explícitamente; por lo que, las expresiones serían una construcción de ideas ajenas a la realidad práctica. Esto generaría una brecha comunicativa que impediría la ejecución de acciones correspondientes con las ideas previas. Para lo cual, se debería acudir a especificaciones más precisas que ayuden a expresar el pragmatismo de los hechos -hay una representación de una pipa, no una pipa-.
Cada palabra -como representación- contiene una promesa de significado según ideas provenientes de la subjetividad del deseo; por lo cual, no es extraño que el sentido de las expresiones con intención de comunicar se explique por un carácter “sentimental”. De ahí que en los discursos se quiera llegar a esos sentimientos y movilizar las pasiones. Sin embargo, en esa movilización se podrían cegar los sentidos y la razón, presentándose espacios para el engaño consentido y la mala interpretación, propiciando la decepción y el desdén por la realidad ante promesas incumplidas.
Por tal motivo, es importante tener conciencia sobre a qué atiende la palabra usada en un discurso. Esas representaciones hiladas en expresiones no son la mera ejecución de una narrativa. Componen un origen, una idea y una percepción de realidad, la cual no necesariamente se expresa de manera total (siempre es aproximada). Debido a que hoy es difícil acudir al sentido exacto desde el origen, y de ahí representar lo real. A su vez, porque la inmediatez demandada en la actualidad no da espacios para las reflexiones a conciencia.
Es así como las palabras funcionan como un engaño práctico, al cual los usuarios del lenguaje acuerdan hasta qué punto se dejan enredar. Por lo tanto, cuestionemos la forma de representación de la realidad y los hechos subyacentes en los usos del lenguaje por medio de los discursos. Hagamos un análisis de las relaciones de poder en las que participamos y la historia que nos define, con la finalidad de encontrar un punto de satisfacción para el entendimiento y la comprensión de los discursos y sus narrativas evitando malentendidos comunicativos. Tras el juicio reflexivo está el sentido de la palabra.
Bogotá, D. C, 9 de marzo de 2023
*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana
Twitter: @RDSalasA
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Por Humberto Tobón*.-El trabajo de los congresistas de la región RAP Eje Cafetero, ha permitido que sea posible que iniciativas esenciales para la integración territorial, estén vinculadas al proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se discute actualmente en el Congreso.
Las infraestructuras logísticas especializadas de La Virginia y La Dorada, se mantienen en el Plan, dada la importancia que ellas van a tener en los procesos de internacionalización de la economía. La de La Virginia, tiene el potencial de convertirse en una desconsolidadora de mercancías y plataforma agroindustrial y agrologística; en tanto, la de La Dorada, es fundamental para acercar el centro con el Caribe, a través de transporte multimodal.
Entre los proyectos que le dieron vida a la RAP Eje Cafetero en 2018, está la necesaria interconexión férrea, lo que implica solucionar primero los problemas jurídicos del Tren del Pacífico, que permitirá la conexión entre Buenaventura con el corredor central de La Dorada – Santa Marta, uniendo de paso a Tebaida y La Virginia con esta línea. Estos proyectos ferroviarios, adicionados al Tren de Cercanías entre Armenia, Pereira y Manizales, figuran en el texto del Plan de Desarrollo.
También están en el articulado de los proyectos estratégicos regionales, las conexiones viales a través del Corredor Chinchiná – Mariquita, el trayecto Pereira - Dosquebradas, los conectores entre vías del Samán Cerritos – Colibries y el mejoramiento y rehabilitación del corredor Chinchiná -Mariquita – Honda.
Figura el reasentamiento de viviendas por la ola invernal y se destaca que el gobierno nacional esté pensando en un sistema supradepartamental de la gestión del riesgo, que para el caso de la región RAP Eje Cafetero, ya fue aprobado por parte del consejo directivo, integrado por los gobernadores de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
Se compromete el Plan con la construcción del aeropuerto del Café y el mejoramiento de los otros que funcionan en la región. A esto se suma un plan de fortalecimiento de la red vial terciaria, para poder integrar el sector rural con los mercados urbanos, lo que es vital en el proceso de darle viabilidad a un campo productivo.
El trabajo de los congresistas permitió revivir el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales en Pereira, así como la construcción de un teleférico en Salento y un cable aéreo en Armenia.
En la discusión del Plan de Desarrollo en el Congreso, quedan varias tareas para asegurar que otros proyectos regionales sean aprobados. Uno de ellos, es el plan de intervención del paisaje cultural cafetero, que a pesar de ser respaldado por una ley, está por fuera. Lo mismo sucede en el plan de protección del parque nacional natural de Los Nevados, sobre el que pesa una acción legal emitida por parte de la Corte Suprema. A esto, se suma el hospital regional de cuarto nivel, que ya tiene recursos en fiducia, apertura de licitación de obras y espacio presupuestal para 2023.
Pereira D. C, 1 de marzo de 2023
* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano. Subgerente de Planeación Regional de la RAP Eje Cafetero
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.
