Opinión
Por Fernando Cepeda Ulloa*.En ocasiones olvidamos que países muy exitosos son resultado de políticas migratorias muy generosas que, con el tiempo, han venido siendo limitadas, por razones obvias. Estados Unidos, Canadá son ejemplos emblemáticos. Y en América Latina: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.
Colombia, históricamente, ha sido muy hostil o indiferente frente a las corrientes migratorias. Casi que podríamos recitar los nombres de las familias extranjeras, alemanas, suizas, italianas, etc. Lo propio podría decirse con respecto a la comunidad judía. La proliferación del secuestro hizo que esas pequeñas olas migratorias se detuvieran o que muchos se fueran del país. Nos hemos beneficiado, en gran medida, pero de muy pocos migrantes, por ejemplo, en la vida académica. Venezuela fue un país muchísimo más abierto que Colombia.
De la noche a la mañana la grave situación venezolana nos trajo un número impensable de migrantes, algunos citan la cifra de tres millones. Quizás la migración más significativa y permanente ha sido la de los sirio-libaneses, particularmente en la Costa Caribe. Muy exitosa. Diría que cambiaron la manera de hacer política, no precisamente en el mejor sentido. Han contribuido a desarrollar industria y no han sido ajenos a las labores agrícolas.
Al mismo tiempo, hemos sido un país que ha generado olas migratorias muy significativas, por ejemplo, hacia Venezuela antes de que se instaurara el régimen chavista. Se trataba de un país rico frente a Colombia. Millones de colombianos llegaron allá. Quizás la migración más sofisticada salió hacia Estados Unidos, huyendo del secuestro, la violencia y el desempleo profesional. El número de médicos colombianos que desempeñan altas posiciones en hospitales y universidades no ha merecido un análisis cuidadoso y no se toma en cuenta para el mejoramiento de la prestación del servicio médico entre nosotros. Entiendo que la clínica Luis Carlos Sarmiento ha hecho un esfuerzo meritorio en ese sentido y seguramente otras de alto nivel, como la Cardio Infantil o la del Valle de Lili, en Cali. Me ha sorprendido mucho el éxito de abogados colombianos que han sido contratados por bufetes, firmas y universidades en los Estados Unidos.
Cuando se examina el éxito o fracaso de algunas olas migratorias latinoamericanas es de rigor mencionar el éxito de los cubanos en Estados Unidos, en todos los campos, incluyendo el político, y, claro está, el académico. Lo primero que exportó Fidel Castro fue la élite intelectual y empresarial cubana. Hablaban inglés, tenían contactos en Estados Unidos, conocían el medio. Al respecto hay estudios muy reveladores. Más que una carga fueron gran contribución.
Años después llegarían muchas ondas de “Marielitos” que iban en busca de supervivencia pero que también han hecho importante contribución en sectores que los necesitaban. No sé qué ha ocurrido con la migración venezolana de alto nivel. El Programa de Becas Ayacucho formó miles de profesionales en las mejores universidades. Supongo que el régimen chavista despreció todo ese talento. Y Colombia no creo que lo haya aprovechado suficientemente; espero no equivocarme a este respecto.
Los migrantes colombianos son hoy una fuente vital de ingreso. Constituyen, preferiría no hablar así, uno de los principales productos de exportación. Contribuyen con diez mil millones de dólares al año. Varias reformas tributarias. Y al buen manejo de estas remesas contribuyó desde sus inicios, Manuel Orozco, un funcionario del Diálogo Interamericano, quién como nadie conoce el tema en todas sus dimensiones. Gracias a él ya no es tan costoso, como lo fue, el envío de estas remesas. Miles de familias colombianas dependen de estos giros.
Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Juana Yolanda Bazán Achury*.- Para analizar la justicia social tomaré planteamientos de Nancy Fraser, feminista norteamericana, quien considera que el análisis de la justicia, desde la perspectiva moderna requiere, la redistribución (donde se ubicarían los problemas relativos a las estructuras políticas y económicas) y el reconocimiento (donde se ubicarían problemas de índole cultural) En el mundo real las economías de lo cultural y político se encuentran entrelazadas y por lo tanto todas las luchas contra la injusticia implican exigencias de redistribución y reconocimiento.
Las trasformaciones culturales por lo general se mezclan con los cambios económicos. Por lo que se podrían identificar dos concepciones amplias de injusticia: la socioeconómica, arraigada en la estructura político-económica de la sociedad como la privación de bienes y servicios necesarios para una vida digna o la marginación económica propia de los trabajos indeseables.
La otra la injusticia social, arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación, por ejemplo, la dominación cultural de una sociedad androcéntrica y patriarcal que con frecuencia considera a las mujeres solo por sus diferencias con los varones y a su vez se define por la construcción autoritaria de normas que privilegian los rasgos asociados con la masculinidad: Encaja en lo que se ha llamado como el sexismo cultural que no es otra cosa que: la difundida devaluación de aquellas cosas que se codifican como femeninas que se expresan en un conjunto de lesiones que sufren las mujeres, entre ellas el ataque sexual, las explotación sexual y la difundida violencia doméstica e incluso el feminicidio.
El modelo citado, ha privilegiado a los varones en la toma de decisiones en los espacios públicos y privados, lo que dificulta en muchos ámbitos el acceso real de las mujeres a los servicios y la posibilidad de relaciones más igualitarias con los hombres.
Injusticia cultural es el no reconocimiento, es decir, hacerse invisibles a través de prácticas representativas, comunicativas e interpretativas propias de los varones, dejando a menudo en la marginalidad a las mujeres, tanto en el reconocimiento de sus necesidades específicas como el clásico uso que hacen las mujeres en la protección y cuidado de otros, ya de los hijos, los padres, los esposos y de todos aquellos que demandan cuidados especiales.
Tanto la justicia cultural como la económica, están difundidas en la sociedad si bien hay una franja que se ve mayormente afectada, pasa por las mujeres campesinas que en un alto porcentaje tiene un enorme atraso socio-cultural también, mujeres que no han podido acceder a la educación, y las que, pese a estar en grandes ciudades no han tenido posibilidades de incorporarse de manera real a la sociedad, permaneciendo en la marginalidad y la pobreza extrema.
Este tipo de injusticia, la cultural y la económica, se perciben a través de las normas que se institucionalizan en el Estado y su economía, estableciendo desventajas que impiden la participación igualitaria en la construcción de la cultura en las esferas públicas y en la vida cotidiana.
Uno de los avances más importantes conseguido por las mujeres, en el concierto internacional, ha sido el reconocimiento de los derechos humanos, como parte inalienable e indivisible, esto implica una serie de obligaciones para los Estados, al adoptar en sus legislaciones, los tratados internacionales.
Los Estados deben respetar, garantizar, y proteger sus derechos, enriqueciéndolos en su interpretación y alcance, de acuerdo a las expectativas de vida propias en cada una de sus regiones.
En Colombia, se expresan tales compromisos en los artículos 1 y 13 de la Constitución Política y en la ratificación y adopción de los tratados internacionales.
En las constituciones y tratados Internacionales, algunos de carácter jurídico y otros que expresan consensos internacionales sobre sus derechos: la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén Do Para, el Plan de Acción de el Cairo y la Plataforma de Acción de Derechos Humanos Beijín, todos incluyen verdaderos compromisos de Estado para legislar en materia de equidad de forma permanente y trasversal a las políticas pública, en lo nacional y regional.
Estos instrumentos ratificados por nuestro país, pretenden mejorar las condiciones de las mujeres en todos los ámbitos sociales y culturales, teniendo presente que el enfoque de los problemas de las mujeres desde los Derechos Humanos, implica que la dignidad como base de los mismos, elimine las inequidades existentes en su vida.
Ello supone que las mujeres se auto determinen, puedan tener control sobre sus cuerpos y sexualidad, y en todas las esferas de su vida desarrollando con ello, los dos elementos fundamentales de los derechos humanos: la libertad y la igualdad, superando la falta de balance entre los miembros privilegiados de la sociedad y los no empoderados, en el caso de la mujeres, parte del creciente reconocimiento de la exclusión, opresión y subordinación injusta, a través de estereotipos de género practicados desde las instituciones.
En el abordaje de los derechos humanos, es fundamental reconocer todas las necesidades de las mujeres, desde su condición de dadoras de vida, en un marco de integralidad que supone la atención durante todo el ciclo vital.
Todo lo anterior, nos lleva a una concepción compleja de la equidad de género, que supone unir los pensamientos de la igualdad y la diferencia. Debemos trabajar para erradicar la pobreza y la explotación; propugnar por la igualdad en el ingreso y garantizar el respeto, tanto en lo público como en lo privado.
En nada avanzamos si no establecemos, en forma contundente, las condiciones necesarias para nuestra participación verdadera en la sociedad, aniquilando la cultura patriarcal, de lo contrario, los hombres continuarán representando la norma de lo humano.
Bucaramanga, 17 de febrero de 2023
* Abogada con especializaciones en Derecho Comercial, Alta Gerencia, Derecho Constitucional y Parlamentario y Derecho a la Información. Exrepresentante a la Cámara por Santander.
Por Rubén David Salas Arias*.- Alguna vez Jorge Luis Borges enunció una memorable frase sobre la democracia describiéndola como: “…una superstición, basada en la estadística…” debido a que “…Toda la gente no entiende de política, como no podemos entender todos de retórica, de psicología o de álgebra…”. El enunciado comprende un sentido irónico y ofrece una seria reflexión sobre este sistema de elección política.
La observación evidencia una enorme grieta en la pared que se trata de evitar de mirar y resulta imposible. Es interesante describir a una institución como una “superstición”. En el fondo es algo más allá de la realidad práctica porque comprende una forma ideal. Pero, qué sucede cuando caen los dioses, así como podrían estar cayendo ese tipo de ideas (institucionales). Los hechos quedan en manos de los mortales.
En ese proceso de "caída" como consecuencia de los recientes resultados electorales en múltiples escenarios políticos del mundo, en los medios hay afirmaciones como que la democracia está en crisis por cuenta de la polarización, la facilidad en la manipulación de la opinión pública, la desconfianza, la abstención electoral, la toma de vías de hecho como medios para expresar necesidades, entre otras circunstancias más.
Varias de las problemáticas suceden por falencias en la representatividad democrática. Usando otra frase de Borges, puede que la democracia llegue a ser “…un abuso de la estadística…”, porque entre la agregación de individualidades perdemos esas expresiones particulares en favor de una generalidad, la cual incluso no llegaría a ser universal, y no sería efectivamente la voz de la totalidad de la población -si es posible alcanzar esa idea-.
Aunque, del ejercicio democrático destaco la posibilidad de llegar a acuerdos públicos dejando al yo en favor de unos otros para crecer en comunidad, y si no rescatamos eso; entonces, qué más se puede hacer. En ese sentido, si evidenciamos unas problemáticas, estas tienen que ser atendidas por la propia sociedad. A menos que las elecciones políticas las deleguemos en manos de terceros -incluso privados- y perdamos la libertad de elegir.
Si hay problemas de polarización, las propias instituciones y los ciudadanos propiciemos espacios de diálogo para llegar a acuerdos sin conflictos. Si hay problemas de manipulación de la opinión pública, la población tiene que contar con mecanismos para verificar la precisión de la información, así como espacios para generar opiniones críticas con apertura al diálogo, y la información debe verificarse por agencias independientes con recursos suficientes para ello. Si hay problemas de abstención electoral, busquemos mecanismos que incentiven el interés por la política y la participación de nuevos liderazgos que atraigan a esas poblaciones. La confianza se recupera desde actos puntuales y en esto confluye que la solución está en manos de la ciudadanía.
Para finalizar, la democracia es un llamado a la elección libre y está compuesta por una serie de reglas para cumplir a cabalidad por los seres políticos. Esa libertad de elegir está acompañada por la responsabilidad de respetar los resultados y de hacerse cargo de la elección propia, incluso para aquellos que se consideran “apolíticos” y supuestamente no eligen -Sobre esto último, ser “apolítico” no tiene sentido porque las decisiones que se tomen desde un aparato institucional influyen sobre todas las formas de vida-. Es así como desde cada una de nuestras individualidades que hacen parte de un conglomerado social podemos promover la comunión llegando a acuerdos desde distintas orillas. En ese proceso está la esencia de la democracia no como una mera elección, sino como un reconocimiento entre múltiples alternativas, oportunidades y posibilidades de existencia. Resulta que en la vida en sociedad es imposible no entender de política, la vivimos a cada día en nuestras interacciones de manera directa e indirecta: opinando, participando, decidiendo, ejerciendo poder, asumiendo posiciones de estatus, entre otras situaciones políticas en la convivencia en el hogar, el trabajo, el transporte, los espacios públicos, etc. Tan solo hay que familiarizarnos con ese hecho de la vida en sociedad para, ante cualquier situación de elección, reconocer que somos capaces de decidir con propiedad.
Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023
*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana
Twitter: @RDSalasA
Correo:
Por Mario Ramírez Arbeláez*.-Los seres humanos, sensatos y pacíficos jamás estaremos de acuerdo con las guerras, conflictos y confrontaciones armadas entre países o entre sectores de una misma nación.
Somos ajenos a la violencia y a resolver las diferencias por las armas. Por eso no nos gusta la guerra que soterradamente y en cuerpo ajeno propiciaron y lograron que se iniciara entre Rusia y Ucrania.
A Ucrania la están utilizando como carne de cañón, como trompito de poner o como ratón de laboratorio, para medirle las fuerzas a Rusia y ver como la debilitan ante una posible gran confrontación internacional.
No se oyen voces de paz, ni de acuerdos, son voces que solo hacen anuncios de más y más armas de todo tipo para escalar el conflicto y mantenerlo en el tiempo. Llegan armas de última generación, tanques, aviones, lanza cohetes, drones, para probarlos y ver qué tan posicionadas están para están confrontaciones y estos envíos están obviamente auspiciados por los fabricantes de armas. Que son los que al final ganan en las guerras porque venden sus productos de muerte.
Y esta confrontación, entre Rusia y Ucrania, se veía venir por las intenciones de occidente de rodear y acercar sus armas cada vez más cerca de las fronteras de Rusia y Ucrania que se prestó para ser el puente final.
Los Estados Unidos han presionado a los países latinoamericanos para que cambien su posición neutral en el conflicto de Ucrania y presten asistencia técnico militar y personal armado a Kiev.
Moscú se ha venido acercando a la región, por varias vías, especialmente durante la pandemia de Covid-19 cuando las naciones ricas acapararon las vacunas, el Kremlin supo responder presente: la Sputnik V fue la primera vacuna en llegar a Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
Rusia, tiene presencia en Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, incrementado su influencia en los últimos 10 años con base en la estrategia de proyección global.
Esto hace que la amenaza de extender el conflicto a la región, está latente, entre Rusia y los países miembros de la Organización Trans Atlántica. Aunque ningún país latinoamericano, se ha alineado incondicionalmente con Rusia frente a su operación militar especial en Ucrania y pese a la enorme presión estadounidense, el hiperconflicto hibrido, solo se desarrolla, en el territorio de Ucrania. Por eso todo el mundo está tranquilo, mientras la guerra y los muertos sean en otro lugar y mejor, si es bien lejos.
A pesar de que Latinoamérica no es un actor relevante en el escenario de las tensiones geopolíticas ocasionadas por el conflicto Rusia-Ucrania, esta nueva situación global impacta a América Latina y el Caribe porque los precios de todas las materias primas que producen Rusia y Ucrania, se han disparado. En particular, el petróleo y el gas. Pero también varios metales: aluminio, neón, titanio, níquel, cobre, hierro, paladio. Algunos productos alimenticios: trigo, aceite de girasol, maíz. Y también los fertilizantes y el sector turístico se están viendo fuertemente afectado porque podría hacer perder, unos 500.000 mil visitantes y miles de millones de dólares.
El presidente Colombiano, Gustavo Petro , El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente brasileño, Lula da Silva, el presidente argentino, Alberto Fernández y Nicolas Maduro de Venezuela , se pronunciaron en contra del envío de armas a Ucrania y abogaron por la neutralidad de los países que no están involucrados en el conflicto.
Petro aseveró que América Latina, en vez de escoger entre los bloques de potencias mundiales, tiene que optar por la paz y construcción del diálogo.
La guerra, está trayendo consecuencias impredecibles para Latinoamérica y el resto de continentes, ante la posibilidad de que esta se extienda a las dos superpotencias, enfrentamiento que pondría en riesgo la supervivencia de los humanos en el planeta tierra.
Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023
*Abogado y Periodista.
Por Gabriel Ortiz*.- Finalmente, y tras 7 meses, se dejó ver el proyecto de reforma de la salud, que muy pocos hasta ahora han auscultado, pero de la cual todos hablan, tratan de entender y mucho para explorar.
La piedra angular que se suponía, serían las EPS, no desaparecieron, aunque les metieron un “tijeretazo” que persigue, según el gobierno, quitarle los aportes que entregan hoy a las IPS. Había cierta razón para hacerlo, debido a las quiebras, desapariciones y casos de corrupción que se han presentado. A las clínicas y hospitales, será la Adres, (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) la que surtirá esos dineros.
Hay de todo en el proyecto que debe estudiar, modificar y aprobar el legislativo, cosa que obligará a todos los parlamentarios a profundizar en las letras grandes y menudas que contempla el documento que, el presidente Petro dio a conocer el lunes.
Hay mucha tela para cortar y alcanzar un entendimiento, despejar las conjeturas que surgieron en estos 7 meses, sobre la calidad de la salud en Colombia. Unos la consideraban la peor del mundo, mientras otros con válidos argumentos la calificaban, respaldados con estadísticas internacionales, como una de las mejores del planeta.
Se incluye un nuevo sistema de atención a los pacientes, con novedosos Centros de Atención Primaria CAP, que atenderán a unas 25 mil personas y familias en una misma zona, y en la Colombia Oculta, que según sus padecimientos podrán ser trasladados a centros complementarios para ofrecerles tratamientos más avanzados.
Contempla la autonomía médica, que era objetivo principal que querían eliminar las EPS, y plantea la “dignificación de los trabajadores de la salud”. Establece la autorregulación, con ética y evidencia científica. Condiciones laborales justas y dignas y facilidades para que se actualicen y alcancen una educación continuada y de calidad para todos los trabajadores de la salud. Proyecta crear universidades de la salud en territorios apartados y abandonados.
Hay pues de todo, como en “botica”. La medicina prepagada, también tiene sus renglones que la dejan prácticamente en iguales condiciones a las de hoy.
Algo que destaca, aunque existe en los centros de salud más avanzados del país, es el establecimiento del sistema de información pública disponible en línea y la aplicación de la inteligencia artificial.
Deja sin embargo rendijas e intersticios, con unas comisiones intersectoriales departamentales, distritales y municipales determinantes sociales en salud. Es decir, una puerta abierta para la corrupción que manejarían gobernadores y alcaldes, con sus jefes políticos.
Será mucho lo que tendrán que analizar parlamentarios, gobierno y opinión, antes de entregar facultades extraordinarias al presidente, menos ahora, cuando enardecido pide al pueblo, a ese mismo que lidera para alcanzar la “paz total”, levantarse para imponer sus reformas, cuando existen mecanismos constitucionales y democráticos para lograrlo, sin llegar al Estado de opinión.
BLANCO: El FMI pide a Colombia diversificar sus exportaciones.
NEGRO: El presidente debe comprender que en Colombia aún la prensa es libre.
Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2023
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Son varios los asuntos de especial importancia sobre los que habrá de ocuparse el Congreso durante el presente año. Provenientes de la iniciativa gubernamental, los legisladores deberán resolver sobre los proyectos en materia de diálogos y procesos orientados a la búsqueda de una paz total, el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas al sistema de salud, a la administración de justicia -entre otras-, y hay varias propuestas de ley y de reforma constitucional que han tenido origen en los partidos políticos, tanto los que apoyan al Gobierno como los independientes y de oposición.
Además, se ha anunciado que, en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades extraordinarias, entre varios propósitos más, para regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas; crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva; modificar los objetivos, funciones, estructura orgánica y régimen jurídico de las entidades de la misma rama; capitalizar las empresas que se creen, fusionen, escindan o integren; establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación; crear la entidad pública de la rama ejecutiva nacional que utilice su infraestructura para la prestación de servicios de salud, la investigación en salud, así como reglas para su funcionamiento; regular los usos alternativos de la planta de coca, los usos alternativos del cannabis y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas, y otros numerosos asuntos objeto de la función legislativa.
Tanto el Gobierno como los senadores y representantes deben tener en cuenta el sentido estricto que, para este tipo de facultades, contempla el artículo 150-10 de la Constitución, toda vez que nuestro sistema democrático -si bien es presidencial, no parlamentario- confía al Congreso, como regla predominante y básica, la función legislativa. La atribución presidencial de expedir decretos con fuerza material de ley se encuentra contemplada con carácter limitado y taxativo, según definición expresa que debe hacer la norma habilitante. Se excluye toda extensión, generalización, afinidad o analogía.
Como ha subrayado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la institución de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Ejecutivo está caracterizada por su sentido restrictivo en cuanto son excepcionales, ya que la función legislativa corresponde, por cláusula general de competencia, al Congreso de la República”.
Ello -dice la Corte- significa que, mediante una ley de facultades no se confiere al presidente una investidura legislativa general, sino que “se lo comisiona por el Congreso para actuar en calidad de legislador respecto de asuntos precisamente definidos, de modo que, cumplida la comisión se entiende agotada la facultad” (Sentencia C-514 de 1992, entre otras).
El Congreso no puede trasladar al Ejecutivo -de modo amplio e indeterminado- sus atribuciones legislativas. Solamente caben las facultades extraordinarias “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”, como lo advierte perentoriamente el precepto constitucional. Las facultades deben ser precisas, de suerte que el Gobierno, al ejercer una función que normalmente no es suya, ha de obrar estrictamente ceñido al texto legal que lo autoriza.
La importancia misma de los asuntos arriba mencionados exige evitar cualquier motivo de inconstitucionalidad.
Pereira 15 de febrero de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Humberto Tobón*En casi todas las universidades se tienen instalados, en sitios especiales, hileras de hornos microondas. No son para experimentos académicos, sino para calentar la comida que llevan los estudiantes. Es común ver a los jóvenes, sacar de sus maletines cajas plásticas con su almuerzo.
Esto de llevar alimentos al sitio de trabajo es común entre las trabajadoras de confecciones, los obreros de construcción y las empleadas domésticas. A ellos se están sumando los estudiantes, los empleados de bancos y almacenes, funcionarios públicos y profesores.
Esto sucede, en gran medida, porque el dinero que perciben ya no les alcanza para comprar alimentos en los restaurantes, lo cual obliga a que los tengan que preparar en casa y llevarlos al trabajo. A esto se agrega, que la cantidad y calidad de alimentos en el hogar ha disminuido sustancialmente, generando un problema de desnutrición, que está afectando especialmente a los niños.
¿La razón? La inflación, ese concepto económico que habla de un aumento constante de los precios, y que para muchos era del lenguaje exclusivo de los economistas, se metió de lleno en la vida de todos, no sólo en Colombia, sino en el mundo, y está causando estragos en la capacidad de compra de las familias, que hacen maromas para subsistir, a pesar de que el salario ha aumentado significativamente en los últimos dos años, pero ha sido insuficiente para responder a una inflación desatada, especialmente en el sector de los alimentos.
El ministerio de agricultura ha reconocido que la presión inflacionaria se debe a que han disminuido las cosechas por factores como el invierno y la falta de suficientes abonos, la mayoría de los cuales se importan, y que cuando llegan al productor, estos deben pagar precios muy altos, que en oportunidades hacen que prefieran no sembrar, pues no alcanzan a obtener ningún tipo de ganancia.
El ritmo inflacionario no parece ceder. Enero de 2023 tuvo una variación en el índice de precios al consumidor de 1,78% (1,67% en enero de 2022), en tanto, según el DANE, la inflación anualizada fue de 13,25% (6,94% en enero de 2022). La inflación de alimentos llegó a 2,46%.
Si la situación sigue como hoy, el precio del corrientazo se tendrá que incrementar más, y se disminuirán las porciones de comida, porque los artículos que hacen parte del menú se mantendrán por las nubes.
Ya no es tan corriente el corrientazo. Ahora lo que se impone es el portacomida.
Pereira, 2 de febrero de 2023
* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.
Por Rubén David Salas Arias*.- Viejas discusiones se convierten en nuevas discusiones. Algunas se superan con el paso de los hechos y el registro de la historia de los vencedores. Sin embargo, varios temas quedan latentes y se convierten en debates sin fin. Como puede suceder con el debate sobre el rol que debe adoptar el Estado, así como su capacidad y alcance de intervención. En el cual, siempre hay una disyuntiva entre la importancia de lo público en relación con lo privado, y viceversa. Pese a ello, se puede identificar que en el debate se busca atender a una pregunta esencial sobre: Cuál debe ser el papel del Estado en nuestra sociedad.
Es un hecho la existencia del Estado como un conjunto institucional con funciones definidas que desde la soberanía cumple con el objetivo de la organización social. Esto le da un papel importante en las interacciones humanas, porque tiene las facultades para impartir disposiciones sobre cómo debería funcionar la realidad colectiva -no es extraño que por ello sea un botín a capturar para aquellos ansiosos de poder-.
Sucede que cada interacción funciona como un juego con reglas definidas y resultados concretos, pero las reglas pueden ser insuficientes para alcanzar desenlaces en los cuales se de un equilibrio entre la justicia y la eficiencia, o, que en las interacciones existan prácticas no observables de facto que inciden sobre los resultados potenciales de manera desigual. Allí entra este agente tercero a evaluar la posibilidad de ajustar las reglas en función de una visión colectiva, o mejor dicho, la búsqueda del bien-estar social. Su papel es en principio de observador, pero cuando los resultados están desalineados de regulador.
Se espera que las actividades del Estado y su potencial influencia sobre las formas de vida deben estar orientadas con base en la garantía de todo aquello universalmente aceptable para la autorrealización de la vida. En ese ejercicio de organización social, las actividades ejercidas por el Estado se deben analizar por sus diferencias cualitativas en los modos de existencia, es decir, por el sentido que llegan a tomar en un contexto social dado. Lo cual deja de lado si las intenciones de las políticas -y sus políticos- son virtuosas o corruptas. Hay que analizar el panorama desde un sentido amplio que comprenda los múltiples elementos atados con las interacciones sociales o mejor dicho las “reglas de juego” legales o de hecho. Abogando por una intervención de practicidad por conocimiento.
El mundo no se ha construido solamente de buenas intenciones, porque una noble intención ingenua puede desencadenar en resultados perversos, e incluso, una intención maliciosa puede a la larga producir efectos favorables. Es que la confluencia de los múltiples hechos, sus motivos y mecanismos de perpetuación y transmisión son los que terminan dictando los resultados y la realidad.
Con base en lo anterior, cualquier hacedor de política que esté en posesión del marco institucional estatal debe, cual maquinista, entender para qué y cómo funcionan las interacciones, y orientar sus decisiones en función de la práctica existencial de los hombres en función del bien-estar.
Si no se muestra evidencia de ese ejercicio reflexivo, ante cualquier cambio a realizar el Estado regulador no necesariamente va a funcionar como un Estado defensor. Simplemente como un Estado reactivo sin sentido práctico que atiende a caprichos de los gobernantes de turno. En ese caso pierde la sociedad y se propician espacios de inequidad en los que ganan unos pocos, perdiendo la esencia institucional del Estado como agente regulador.
Bogotá, D. C, 13 de febrero de 2023
*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana
Por Amylkar D Acosta M*.- En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), en el cual se fijaron dos objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1.5 grados a finales de este siglo y tercero alcanzar la carbono – neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía la clave para alcanzar los otros dos objetivos.
De la Transición energética /Energiew ende) se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.
Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73.5%. No es el caso de Colombia en donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.
Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son infimas en comparación con otros países, apenas representan el 0.55% del total de dichas emisiones. Las emisiones per capita de Colombia, alrededor de 1.6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4.5 toneladas e incluso del promedio de Latinoamérica, que tiene un registro de 2.6 toneladas. Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores estos que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI. Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.
Además de las particularidades anteriores que acusa Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la Hoja de ruta de la Transición energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, de ingresos para la Nación, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, por concepto de renta petrolera y dividendos y más del 40% de los recursos para la inversión de las entidades territoriales, provenientes de las regalías que paga esta industria. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una Transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.
Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas cargando a cuestas con el resto del mundo. Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.
La encrucijada para Colombia, entonces, es doble, estamos ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando nuestra balanza comercial, porque no sólo dejaríamos de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.
Barranquilla, febrero 10 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Se sentaron a conversar nuevamente el presidente Petro y el expresidente Uribe, en una reunión que no estaba en la agenda del primer mandatario y tampoco tenía propósito temático alguno; fue más bien un “encuentro”, con todo lo que esta palabra significa para un país de “desencuentros” derivados de la polarización, que no es mala en sí misma, pues estar en polos ideológicos opuestos y pensar diferente no tiene por qué ser sinónimo de violenta enemistad, sino, por el contrario, de complementación y enriquecimiento.
No ha sido así, sin embargo, y por ello este país fracturado se sorprende, acostumbrado a estar dividido por mitades, desde que un gobierno calificó a una de ellas como “enemiga de la paz”, por rechazar en democracia unas negociaciones que entregaron mucho por muy poco, y un Acuerdo que prometió una paz “estable y duradera” que nunca llegó, que violentó la democracia, dejó disidencias instaladas, permitió el crecimiento desbordado de rentas ilícitas en los territorios y, como se ha venido a saber, terminó en el mayor lavado de activos de la historia.
En este país de enemigos, las reuniones entre Petro y Uribe envían un poderoso mensaje, un ejemplo de que es posible llegar a “puntos compartidos” en medio de las diferencias, para llevarlos al “Acuerdo sobre lo fundamental” que necesita Colombia para sanar sus fracturas y avanzar hacia el progreso sostenido y con equidad en todo el territorio, en el campo y en las ciudades, que es el otro nombre de la paz total.
Ese es el significado que percibí en este último encuentro, en el que la conversación y los temas fluyeron con facilidad, quizás porque no estaban preestablecidos; no se trataba de llegar a conclusiones, aunque estoy seguro de que ambos salieron con las suyas. En fin, no se trataba de acordar ni de pactar nada, ni de que Uribe convenciera a Petro de algo, o Petro a Uribe.
Se trataba de lo que el país ha perdido y es importante recuperar, si de verdad pensamos en una “paz total”. Se trataba de HABLAR sin cálculos ni reservas con quien siempre se habían tenido, y lo más importante, de ESCUCHAR a quien siempre se oía sin escucharlo, sin descalificaciones sumarias, con interés por sus argumentos y respeto a la diferencia.
No dudo de que estas conversaciones informales sin agenda previa ayudan a desarrollar relaciones personales que, si bien no se pretende que lleguen a la amistad, si se espera que alcancen para el respeto mutuo, en un ambiente que permita identificar áreas de acuerdo y soluciones creativas a problemas complejos y desafíos políticos, lo que puede ser útil donde las soluciones convencionales han fracasado.
¿Qué más significan estas conversaciones, antes de presentar unas reformas que prometen convulsionar al país? Creo que el Gobierno, con buen juicio, sabe que parte de sus mayorías en el Congreso, no se comportarán como tales frente a temas sensibles, como la salud, y sabe también que tantas y tan trascendentales reformas no se pueden imponer a espaldas del medio país al que el presidente Petro venció por 700 mil votos en las elecciones, cuando estamos en un año crucial de elecciones territoriales.
Así las cosas, las reformas sufrirán las modificaciones que expresan los intereses y expectativas del pueblo representado en el Congreso, como debe ser en una democracia liberal y civilista, no la del “fast track”.
En ese escenario, escuchar a la oposición, limpia de intereses clientelistas, es como mirarse en un espejo que no miente, es tender puentes para lograr reformas que unan al país alrededor de ellas, porque esta patria herida… no resiste más fracturas.
Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
