Opinión

Por Juana Yolanda Bazán Achury*.- ¿Se reduce la democracia en Colombia a un simple procedimiento electoral? ¿Existe una verdadera democracia o se trata simplemente de participar en elecciones cada cuatro años según se trate de las justas regionales o nacionales?

Política partidista y electoral

Atendiendo a nuestra cultura política, debemos mirar hacia la participación de los ciudadanos en el desarrollo institucional de la nación.

Cómo entender la participación política electoral en Colombia, frente a 16 partidos con personería jurídica, admitiendo igualmente la posibilidad de ejercer la participación política electoral a través de grupos significativos de ciudadanos.

Es muy difícil en una democracia, hacerle seguimiento a la ideológica de 16 partidos, además de los grupos significativos de ciudadanos. ¿Quién ejerce la representación legal, qué propuestas defienden en el Congreso de la República, en las Asambleas Departamentales o en los Concejos Municipales? ¿Qué proponen a los colombianos, qué organizaciones de base tienen, cómo es el proceso de formación política de las bases, cuáles los cuadros directivos visibles, cómo es la democracia interna, existe pertenencia de sus militantes, fidelidad, disciplina quién lo dirá?

Por experiencia se sabe que los partidos por lo general son meramente de papel, existen los estatutos y cumplen con los requisitos y exigencias del Consejo Nacional Electoral para obtener la personería jurídica, participar en las elecciones y de esta manera recaudar los recursos que el Estado ofrece a título de reposición de votos, y por tener vigente la personería jurídica.

Si inadvertidamente le preguntamos a una persona sobre la ideología del partido de su preferencia, por lo general no nos da una respuesta que esté acorde con lo que se ha registrado en el Consejo Electoral, como plataforma ideológica para obtener el reconocimiento de su personería jurídica, la respuesta estará orientada hacia un personaje de su simpatía o favoritismo, en ocasiones solo tienen empatía con el nombre.

Cuando se hacen las encuestas en las votaciones se les pregunta a los ciudadanos si tienen pertenencia a un partido y en un alto porcentaje responden que no.

Los partidos políticos como organizaciones encargadas de fortalecer la democracia y la gobernabilidad, han perdido por completo su popularidad, porque la gente se ha dado cuenta que en ellos no hay una verdadera organización que aglutine a las bases, que las eduque, que les permita tener reconocimiento interno y posibilidad real de llevar la representación de la colectividad a través de los distintos estamentos internos y externos.

¿Se reduce la democracia en Colombia a un simple procedimiento electoral? Existe una verdadera democracia o se trata simplemente de participar en elecciones cada cuatro años según se trate de las justas regionales o nacionales.

Al analizar las democracias de los países desarrollados encontramos que se estructuran a partir de 2, 3 o máximo 4 partidos fuertes, que aglutinan las ideologías que más demanda la sociedad, abanderan las verdaderas expectativas de los ciudadanos y las responsabilidades de quienes gobiernan está fuertemente atadas a las propuestas de sus partidos u organizaciones políticas. Por lo general se conoce al interior de los partidos por el líder en quien recaerá la sucesión de la representación, en cuanto se trata de ciudadanos formados dentro de la colectividad y por lo tanto cuentan con el respaldo de las bases y de las directivas.

Sus mecanismos internos de representación son muy fuertes y respetados, y a través de ellos, el ciudadano siente su vinculación y pertenencia a la organización política.

En Colombia, luego de la Constitución Política de 1991, se ha dado sin duda una apertura política, pero no como se esperaría para fortalecer la democracia e instrumentalizarla a favor del conglomerado social. Por el contrario, cada candidato quiere un partido o un proyecto personal para sus logros políticos, con lo cual se debilita la democracia y el proceso de participación ciudadana.

Sin partidos fuertes, no hay verdadera democracia. La situación es aún peor, cuando se trata de candidatos que aspiran a las gobernaciones o Alcaldías, la mayoría no tienen pertenencia a los partidos por el contrario les huyen, acuden a las firmas o a la independencia no se sabe de qué o de quien, y en muchos casos son sacados del sombrero mágico, sin ninguna trayectoria política o vinculación con lo público.

Mecanismos de participación ciudadana

Desde otra óptica, seria del caso analizar si los mecanismos de participación ciudadana que han quedado reglamentados en las leyes 134 de1994 y 1757 de 2015, son efectivos instrumentos de participación ciudadana, si cumplen la función de ampliar la base democrática del país, permitirle al ciudadano sentirse parte de la conformación del poder político y de la toma de decisiones que afectan su vida de manera cotidiana.

El objetivo de la ley 1757 de 2015 fue el de promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y así mismo a controlar el poder político.

Se les introdujeron modificaciones a los mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto; y se establecieron normas fundamentales por las que se debe regir la participación democrática de las organizaciones civiles.

Lo anterior, con el propósito de imponer al estado la obligación de promover, proteger, implementar y acompañar instancias de participación, un factor fundamental para el desarrollo de las instituciones y fortalecimiento de la democracia.

Sin embargo, aún estamos muy lejos de hacer efectiva la participación de los colombianos en la conformación real del poder político y no solamente en un mecanismo electoral, ejercido la mayoría de las veces por mera simpatía con uno u otro candidato.

El legislador en el trámite de la reforma política, que cursa actualmente el Congreso, tiene la posibilidad de hacer los ajustes necesarios para que se establezcan mayores exigencias en la conformación de los partidos, que sean pocos, pero fuertes, y a través de ellos, los ciudadanos canalicen inquietudes, reclamos y aportes, a la conformación del poder político que debe estar representado directamente por sus dirigentes a nivel local, departamental y nacional.

Bucaramanga, 2 de febrero de 2023

*Exrepresentante a la cámara por Santander.

Por Humberto Tobón*.- La Amazonía tiene una extensión 6,5 veces más que el territorio colombiano. Sus 7,4 millones de kilómetros cuadrados son esenciales para el planeta en temas como la regulación del clima y la preservación de miles de especies, muchas de las cuales aún no descubiertas. Además, juega un papel muy importante en la protección cultural y etnográfica de países como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Surinam y Guyana.

A pesar de su enorme valor, la Amazonia es objeto de un ataque permanente y despiadado, sin que los gobiernos de estos ocho países, y mucho menos la comunidad mundial de naciones, hagan algo para detener su destrucción.

Los momentos más críticos para esta región en lo corrido del siglo, se vivieron durante el mandato del presidente brasileño Bolsonaro, quien permitió que se deforestara sin control alguno cerca de  13.000 kilómetros cuadrados, impidiendo la actuación de las autoridades contra organizaciones criminales. Fueron años terriblemente dañinos para este ecosistema y para cientos de resguardos indígenas que habitan allí.

Los criminales no sólo llegan a las entrañas de la Amazonía por su madera, sino también por el oro, destruyendo decenas de afluentes, a través de una minería ilegal, que produce miles de millones de dólares cada año. Por si fuera poco, los incendios son constantes y cometidos por traficantes de fauna silvestre o por colonos que pretenden ampliar la frontera agrícola.

Colombia, que tiene el 40% de su espacio territorial en la Amazonía, le ha dado la espalda. Las intervenciones del gobierno nacional son nulas y las desastrosas consecuencias ambientales se evidencian en los departamentos amazónicos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, donde se concentra también la pobreza, la violencia y la marginalidad.

La Amazonía no son sólo ríos y árboles, sino también “ciudades, carreteras e industrias… se contraponen todo tipo de actividades económicas con múltiples impactos ambientales, sociales y económicos”, de acuerdo con Kurt Holle Director de WWF Perú, entidad que acaba de publicar el informe “Amazonía Viva 2022”.

Frente a un panorama tan desolador y peligroso, el mundo ha visto con especial interés la decisión de los presidentes Lula Da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, de liderar un plan regional para hacerle frente a los graves problemas que se viven en la Amazonía y convocar al mundo a ayudar económica y científicamente para recuperar este pulmón de la tierra.

Entre las acciones urgentes que se recomiendan por parte de los expertos, está la formación de una fuerza multinacional que combata la deforestación y la contaminación con mercurio; erradicar la ganadería extensiva; sancionar a los compradores de madera ilegal; proteger a las comunidades indígenas, muchas de ellas en riesgo de extinción;  y evitar la sobreexplotación y el desvío de los cauces de los ríos. Todo es posible, siempre y cuando haya voluntad política.

Pereira, 2 de febrero de 2023

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

Los conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.

Por Guillermo García Realpe*.-Se cuenta con información de diferentes entidades nacionales y regionales de los dos departamentos, del Cauca y de Nariño sobre lo que ocurrió el pasado 9 de enero en el deslave de Rosas, Cauca. Hay información sobre los adelantos de dos variantes para el tránsito de pasajeros de carros pequeños y de carga. Uno por La Sierra y otro por El Tambo, Cauca.

También se conoce los anuncios del señor Presidente de la construcción de la variante Estanquillo-Timbio y la doble calzada entre Pasto y Popayán que lo hiciera el día de la visita a la zona.

Igualmente, se conocen las medidas que se tomaron en el Consejo de Ministros el sábado de la semana pasada acerca de la atención de la contingencia de la emergencia, especialmente con el tema de la compra de productos y distribución en la región sobre todo de la leche y de la papa en el departamento de Nariño y otras medidas sobre precios y suministros de combustibles provisional mientras dura la emergencia.

También se ha manifestado por parte de voceros de la región sur colombiana que, la emergencia social y económica debe decretarse para tomar medidas con fuerza de ley que modifique la estructura tributaria, la estructura económica en el tema de recursos y aplicar medidas de choque para superar la quiebra del aparato productivo tanto del sur del Cauca, como del departamento de Nariño y buena parte del Putumayo.

Definitivamente la emergencia social y económica es necesaria para tomar medidas más trascendentales porque definitivamente la economía regional ha colapsado y se conoce la designación del Dr. Luis Fernando Velasco, como gerente de la recuperación del Plan Sur o Pacto Sur para tomar medidas del corto, mediano y largo plazo en la región.

Ahora, nos resta hacer unos análisis y enfocarnos en sacar conclusiones porque este bloqueo de la carretera Panamericana no es un bloqueo aislado en el tiempo, ha habido muchas emergencias sobre este importante corredor vial y también bloqueos por manifestaciones y protestas. Por lo tanto, con respecto al departamento de Nariño tenemos que decir que la sociedad regional, una sociedad pujante, resiliente, tiene que tomar medidas para que no tengamos un solo punto de suministro de bienes y servicios de salidas de la producción regional.

Definitivamente en materia de vías se tiene que implementar cuanto antes la construcción de la vía San Francisco-Mocoa para tener otra salida al norte del país que conecte a Nariño, Putumayo y de ahí con Pitalito y Neiva por la vía de la cuenca del río Magdalena.

En materia de combustibles, el departamento de Nariño, tiene que optar por otras alternativas adicionales, hoy solamente se tiene la fuente de suministros de combustibles a través de carro tanques entre Yumbo y Pasto y la vía ha repetido la historia de escasez de gasolina en la región paralizando la actividad económica y de transporte de todo tipo, de carga, de pasajeros, de encomiendas, de particulares en fin, se ha convertido en una verdadera tragedia para nuestros usuarios, verlos en la noche o en la madrugada en largas filas para que les vendan una cantidad limitada porque así tiene que imponerse por parte de las autoridades, una disciplina de consumo de combustible.

Por lo tanto, Nariño tiene que abocar en temas de combustibles las alternativas que hoy tiene y que ha servido en esta emergencia como lo es el puerto de Tumaco , puerto que nos sirve para importación y exportación de mercancías en este caso de combustible que ha permitido paliar y manejar esta crisis. Ha entrado combustible por el puerto de Tumaco en buques de cabotaje desde Buenaventura, también desde Barranquilla y Cartagena y ha atendido, aunque medianamente está emergencia, ha sido la solución. En los próximos días entrarán varios cientos de toneladas de gas, GLP fundamentalmente para la región.

También el puerto de Tumaco ha permitido sacar mercancías de la producción regional, especialmente de la papa y otro tipo de productos. Igualmente, se tiene que habilitar la planta de almacenamiento que existe en Chachagüi y que hoy no está funcionando por pleitos jurídicos entre distribuidores de combustibles que no debía existir una actitud de egoísmo e individualismo, todo lo contrario, aquí debe haber una actitud solidaria respecto a los cientos de miles de habitantes del departamento de Nariño y del sur del Cauca.

Definitivamente se impone la construcción del poliducto Yumbo-Pasto. Una región debe tener esta infraestructura de suministro de combustible, la región tiene que tener estas cuatro fuentes para garantizar la seguridad energética y de combustibles. Una sociedad que no tiene alternativas energéticas, es una sociedad en riesgo y totalmente vulnerable, tenemos que defender de manera general y asumir una postura regional para tener estas alternativas para suministro de carga, importación y exportación y de bienes esenciales como son la gasolina y el diésel para nuestras comunidades.

Bogotá, D. E, 1 de enero de 22023

*Exsenador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Pues sí, estamos en la era de la posverdad, pero un gobierno no se puede permitir jugar con las cifras para establecer una política pública. Mucho menos si se trata de la principal.

Lo que se dice que ha ocurrido en el Ministerio de Minas y Energía, dirigido por una respetable profesora de la Universidad del Valle es inconcebible, porque eso sería lo que jamás se esperaría de una profesora que llega a desempeñar un cargo tan importante. La biografía académica de Irene Vélez exhibe un número impresionante de trabajos científicos en las mejores revistas internacionales. Algo que contribuye a incrementar su respetabilidad.

Que un Gobierno le ofrezca a la opinión pública información distorsionada o falsa es inaceptable. Si algo le ha dado prestigio internacional a Colombia ante el sistema financiero internacional, ante los inversionistas extranjeros es, precisamente, el rigor que ha venido caracterizando la presentación de lo que comúnmente denominamos las estadísticas. Que recuerde la agencia responsable de los datos más básicos, el Dane, ha contado con la confianza pública.

El ingreso de Colombia a la OCDE, para situarse al lado de las principales economías del mundo, no habría sido posible si no hubiera contado con una agencia tan respetable en estas materias. Por ejemplo, que su último director hubiera sido considerado por el nuevo gobierno, de estirpe ideológica bien diferente del anterior, para que continuara al frente de la entidad, es una señal clarísima de la credibilidad que el Dane y, en este caso, su director Juan Daniel Oviedo, tenían. No sé si la ciudadanía conoce que existen fechas fijas para la presentación pública de algunos datos, para evitar que la información sea manipulada por razones de conveniencia electoral o de otra naturaleza.

La ciudadanía asistió sin un reproche a la corrección que solicitó el candidato Petro cuando consideró que los datos de la elección parlamentaria no eran correctos y que en efecto lo desfavorecían. En materia tan delicada en una semana se hizo la corrección correspondiente y la asignación de varias curules adicionales en el Senado; ello con el consentimiento de todas las fuerzas políticas. Otro ejemplo de la respetabilidad que se espera de una institución gubernamental.

Leer un titular de primera página (El Nuevo Siglo, 25 de enero) que dice: ¿Gobierno "infló" las cifras sobre las reservas de gas? La distorsión estadística la había difundido Caracol. Gravísimo porque se trataba de justificar la decisión de no suscribir más contratos de exploración. Un tema de enorme envergadura. El periódico consideró que era necesario acompañar esta noticia de un editorial contundente "El desplome de un informe". Mucho más grave que el informe se hubiera presentado con las firmas tanto de la viceministra como las de otros funcionarios que pronto se desvincularon de la autoría de ¡¡¡un trabajo mentiroso!!!

El mismo miércoles la ministra Vélez ofreció una rueda de prensa en la cual hizo afirmaciones no menos contundentes. “aquí estamos actuando con mucha transparencia, con mucha ética profesional y con mucha certeza técnica.” “Las cifras son correctas, el informe es correcto, no se le ha mentido a nadie”. Quiero creerle a la Ministra porque no puedo concebir otra cosa en una académica internacionalmente reconocida como ella. Imposible que ponga en duda su credibilidad. Si no fuera así estaría abrumado y perplejo. La veracidad es de la esencia en un gobierno democrático.

Bogotá, D. C, 31 de enero de 2023

*Exministro de Estado.

Por José F. Lafaurie*.- Fue esa la pregunta central del Foro Colombia 2023 de la revista Semana sobre el tema de la paz promovido por la revista Semana, en el que participé y que merece unos comentarios. En principio, quiero acotar el concepto y por esa vía, también la respuesta y nuestras responsabilidades sobre algo que se parezca a la “paz total”.

Y cuando digo “que se parezca”, estoy afirmando que, efectivamente, la paz total sí es una utopía, lo que no quiere decir que, como propósito, no deba ser buscada. La utopía, un concepto originalmente aplicado a las condiciones de una sociedad perfecta, ideal y, por lo tanto, imposible, se extendió a todo lo inalcanzable; como la felicidad total, también utópica, pero cuya búsqueda da sentido a nuestras vidas.

Igualmente, la búsqueda de esa utopía cobra sentido en una sociedad fracturada como la nuestra. Por ello, debe ser el propósito, el “dogma” que, al decir de Ortega y Gasset, la entusiasme para construir un “Acuerdo sobre lo fundamental” entre los colombianos, como soñó Álvaro Gómez, tomó prestado éste gobierno y gravitó como respuesta en el foro.

Nadie dudó de la importancia de pasar la página, de superar el odio que se expresa en la polarización política y en narrativas estigmatizantes y violentas, para encaminar las energías del país hacia ese Gran Acuerdo Nacional, a partir del diálogo para encontrarnos en lo compartido y acercarnos en las diferencias.

En ese contexto, las negociaciones con el Eln adquieren condición de “piloto” y deben mostrar resultados tempranos en los territorios, que le devuelvan la confianza a los colombianos, como un camino hacia el Acuerdo Nacional.

Se hizo evidente que resulta fácil responder al QUÉ, pero más difícil encontrar el cómo avanzar hacia esa utopía, sobre todo mientras exista el narcotráfico y las rentas ilegales que conducen al control territorial que somete a los ciudadanos y limita su libertad, y mientras exista esa tendencia a la ilegalidad que se volvió cultura en el país. También estuve de acuerdo, por supuesto, en que genera desconfianza la laxitud de la JEP frente a los crímenes de las Farc y el rigor extremo frente a la Fuerza pública.

Todos coincidimos en la necesidad de un verdadero plan de acción en los territorios, que desate su desarrollo y mejore el bienestar de la Colombia rural; y en que no basta el copamiento militar, sin una dotación integral de infraestructura y de bienes públicos, la justicia incluida, que permita una vida digna y económicamente viable, como condición para sustituir las rentas ilegales.

De ahí la pragmática afirmación de uno de los contertulios sobre los límites de la paz total, pues no se logrará negociar el sometimiento de todos los actores armados y, por lo tanto, el asunto es de “zanahoria y garrote”, con una efectiva política de seguridad que seguirá siendo necesaria.

Carlos Ruiz-Massieu fue prudente, por su condición de delegado especial de la ONU, pero volvió a referirse a que, de cara a los diálogos con el Eln, el Acuerdo de Tierras con Fedegán y una mayor asignación presupuestal para el desarrollo rural, son señales positivas hacia una paz posible.

En fin, fue un debate interesante, incluso con quienes ayer no encontraba sino diferencias, que aún perduran, pero de eso precisamente se trata el Gran Acuerdo Nacional; de acercarse a puntos de encuentro sobre lo “fundamental”, una de mis convicciones heredadas, como lo es también mi premisa de siempre, en la que insistí: “Sin la recuperación del campo, algo que se parezca a la paz total nunca será posible”, y esa paz total, aunque utopía, bien merece el esfuerzo de los colombianos que queremos un país mejor.

Bogotá, 30 de enero de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Amylkar D. Acosta M*.- “Ahora o nunca”: Evaristo Sourdís.

Enhorabuena el pasado 26 de diciembre la señora Gobernadora del Atlántico, que funge como Presidenta del Consejo regional administrativo de Planeación, Elsa Noguera y los demás gobernadores de los 8 departamentos que integran la Región administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, resolvieron ponerla en marcha. Me ha cabido en suerte a mí, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Honor que me hacen, de lo cual les quedo muy reconocido. Con esta ya son 7 RAP que operan en el país, cada una de ellas en la región de su jurisdicción.

Este 1 de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

Como antecedente más remoto tuvimos la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, las cuales dejaron de operar desde el año 2000. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región en la misma (Eduardo Verano, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza, Juan B Fernández, Raimundo Emiliani y Orlando Fals Borda), al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía (artículos 1 y 287) sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después, de conformidad con los artículos 306 y 307, como destino final.

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2.5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sino quanom para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento.

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los CORPES. Las RAP, constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET. Bien dijo el gran alemán Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que no se hubiera obtenido lo posible sino se hubiese pugnado, una y otra vez, por alcanzar lo imposible”.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo.

Son muchos los retos que tenemos por delante y no podemos ser inferiores a ellos. Bien sabemos que, como dice Karl Popper “el futuro no está predeterminado, todos nosotros contribuimos a determinarlo”. Y para ello tenemos que concitar todas las energías de todos!

Sumados son 8 los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos, unidos, somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el Solio de Bolívar el Libertador.

Barranquilla, febrero 1 de 2023

*Economista, expresidente del Congreso y exministro de minas y energía

www.amylkaracostamedina.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- Se cuenta que Barak Obama tuvo como senador un éxito inmenso con la utilización del Twitter. Luego, ya siendo presidente, quiso seguir utilizándolo febrilmente. Pero fue tal el desconcierto administrativo que esto provocó en los Estados Unidos que sus propios consejeros de la Casa Blanca le recomendaron que abandonara el Twitter. Y así lo hizo.

Es entendible: el Twitter en manos de un presidente se transforma en arma mortal para dar órdenes perentorias o que se interpretan como tales por la administración pública y por la gente. Un trino presidencial no tiene el mismo significado que el de un ciudadano cualquiera.

Termina desinstitucionalizando gravemente la buena marcha del Estado. La inmediatez que rodea las ordenes u opiniones presidenciales lanzadas a través de trinos conduce a que los propios ministros se enteran a menudo de las orientaciones gubernamentales, no en los consejos de ministros como sería lo normal, sino a través de las redes sociales. Las mismas decisiones de la administración pública se transforman en fogonazos electrónicos detrás de las cuales no hay ni el debido estudio, ni el soporte presupuestal, ni la sindéresis apropiada. Y, por supuesto, como son el fruto de la improvisación, frecuentemente tienen que corregirse o echárseles para atrás.

Y eso es precisamente lo que le viene sucediéndole a la administración Petro.

Un día anuncia por Twitter que el gerente de la federación de cafeteros debe hacerse a un costado, cuando tal no es el procedimiento ni para remover ni para elegir la cabeza de un gremio privado como el cafetero. Otro día da órdenes para construir una variante de doble calzada entre Popayán y Pasto sin tener la más remota idea de sus costos y sin ningún tipo de estudios. Así como anuncia un tren entre Barranquilla y Buenaventura lo hace para advertir que primero renuncia sin hay que elevar la edad de las pensiones en Colombia, a pesar de que su ministro de hacienda acababa de decir que ese era un tema que debería al menos considerarse.

En otra ocasión anuncia, también por Twitter, que ha reconsiderado su afirmación de campaña y que ahora sí va a renovar la flotilla de aviones de combate para renovar la desueta de Kafires. Pocos días después nos sorprende un nuevo Twitter palaciego en sentido contrario: ya no habrá -al menos por el momento- nuevos aviones. El 31 de diciembre pasado anuncia jubiloso por Twitter que hay un cese al fuego listo con el Eln y que será por seis meses. El reproche vino inmediatamente, como es sabido, de las toldas del mismo Eln.

Y así podríamos seguir recordando la seguidilla de trinos presidenciales que ha sido necesario revocar o matizar por el gobierno del cambio.

Las normas de la administración pública tenían como principio cardinal aquel de: “publíquese y cúmplase” como vía para anunciar y fijar la vigencia de las normas jurídicas. Así se les daba les daba la debida publicidad publicándolas en los diarios oficiales, la gente se familiarizaba con ellas, y su vigencia comenzaba normalmente cuando terminaba el plazo señalado en su correspondiente publicación.

En este gobierno las cosas no parecen darse así. Las órdenes gubernamentales, como los ukases en la antigua Rusia, comienza a tener vigencia a partir de la fecha en que los Twitter presidenciales hacen su sorpresiva aparición en las redes sociales.

Sería bueno volver a la sana costumbre que recomendaba el viejo y sabio código de régimen político y municipal: las normas se anuncian y rigen solo a partir de su publicación en el diario oficial; y es en ese momento cuando normalmente comienza su vigencia.

Eso lo entendió muy bien Barak Obama: ojalá Gustavo Petro siga también ese sabio consejo. El “publíquese y cúmplase” de siempre, no es recomendable sustituirlo ahora por el novedoso “trínese y cúmplase”.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Estados Unidos, España, Brasil, Chile, Colombia, lidian con un tema que hoy está en la primera página de los medios de comunicación y en la agenda de gobiernos y partidos políticos.

Varios hechos así lo ilustran. En las librerías de Estados Unidos ya se encuentran diversas ediciones del “Informe sobre el 6 de Enero”, cuidadosa investigación realizada por una Comisión del Congreso de Estados Unidos, 724 páginas. Y la pregunta es qué hará la justicia con una narrativa que responsabiliza al entonces presidente Donald Trump de un intento de golpe de estado, una insurrección en términos constitucionales de ese país.

En Brasil el 8 de enero de este año ocurrió algo similar, pero en contra de un presidente, Lula da Silva, recientemente posesionado y debidamente elegido, pero que se extendió a las tres ramas del poder público. Se hacen acusaciones contra el expresidente saliente Bolsonaro. Ambos casos se refieren a una negación del resultado electoral.

En Chile, dos ministros se ven obligados a renunciar porque no informaron suficientemente al presidente Gabriel Boric sobre el caso de manifestantes que estaban presos y que el mandatario ordenó liberar.

Muy interesante, tanto desde el punto de vista político como desde la perspectiva jurídica. Y, claro está, desde una correcta concepción de la democracia.

En Brasil encarcelan masivamente, destituyen militares, y altos funcionarios y, también, excarcelan en números apreciables. El presidente Lula habla de vandalismo. Ojalá se elaborara un Informe tan enjundioso como el de Estados Unidos.

En España van más adelante. Ya reformaron el Código Penal y el periódico El País, del 18 de enero, informa sobre las interpretaciones jurídicas de la nueva legislación, que como se sabe, si es favorable se aplica con efecto retroactivo. Se trata de los acontecimientos que tuvieron que ver con la lucha por la independencia de Cataluña y los procesos penales que se venían adelantando contra sus principales dirigentes. La nueva legislación elimina el concepto de sedición y lo sustituye con el de “desorden público agravado”. Describe una controversia al respecto entre la Fiscalía y la Magistratura, que es imposible desarrollar aquí.

En Colombia estamos en controversias semejantes entre el Fiscal Barbosa, los jueces, la Procuraduría y el Gobierno. Y la ciudadanía contempla el espectáculo de encarcelaciones en Brasil, indultos en Chile e intentos de excarcelaciones en Colombia. Es inapropiado decir que la Fiscalía y la Procuraduría se ha convertido en la oposición del Gobierno. De ninguna manera. Si sus interpretaciones son incorrectas existen los procedimientos legales para desvirtuarla, de buena fe, que se debe presumir, están cumpliendo con sus funciones. Se reconoce que el tema es muy controversial porque está referido a una práctica de acción política que tiene enormes implicaciones.

El tema es de primera importancia. Implica una concepción del derecho democrático a la protesta social o política. Y la legislación debe ser interpretada en igual forma por gobiernos de izquierda o de centro o derecha. Al respecto debiera existir claridad y consenso, entre otras razones porque es evidente que la calle, la protesta multitudinaria, ha entrado a formar parte de la vida política, pero ahora con herramientas tecnológicas y recursos que la hacen más efectiva y que amenazan con desconocer otros derechos no menos fundamentales. Hay que hacer un cuidadoso seguimiento de la evolución del tema en diferentes regímenes.

Bogotá, D. E, 22 de enero de 2023

*Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Según el Grupo Intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (IPCC), integrado por más de 200 científicos de multiplicidad de países, de distintos credos y creencias, ideologías y religiones, han llegado al consenso de que a mayores concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera más alta es la temperatura global y mayor el efecto invernadero. De hecho la temperatura global ha subido 1.1 grados celsius con respecto a la era pre-industrial (alrededor de 1780). Una segunda conclusión a la que arribaron es que el mayor responsable de las mismas es la actividad humana y por ello hablan de causas antropogénicas.

Hablemos de las características del Cambio climático, el cual, en rigor, es mejor denominarlo como Variabilidad climática. En primer lugar, se caracteriza por fenómenos extremos de alta pluviosidad (la Niña) o sequía (el Niño), en segundo término, estos fenómenos no son cíclicos o estacionales, de serlo serían previsibles y pronosticables y no lo son, son, en cambio, recurrentes. Además, dichos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, más intensos y de mayor durabilidad y por lo tanto sus estragos son mayores.

Hay un antes y un después de 2015 en la lucha de la comunidad internacional contra el Cambio climático. A finales de este año tuvo lugar la 21ª Conferencia de las Naciones sobre el Cambio climático (COP21), en la cual se aprobó el Acuerdo de París, el cual ha sido firmado por 193 partes (192 países más la Unión Europea). Dicho Acuerdo contempla como estrategia fundamental la descarbonización de la economía, con el propósito de reducir las emisiones de GEI y de esta manera contener el aumento de la temperatura global.  

El Acuerdo de París se fijó como objetivo impedir que el aumento de la temperatura global con respecto a la era pre-industrial supere los 2 grados Celsius. Dicho umbral se redujo en una Conferencia posterior de las Naciones Unidas (COP26) a sólo 1.5 grados. Según los estudios del IPCC, de superar este umbral, estaríamos en presencia de la más alta temperatura experimentada en los 10.000 años de historia de la civilización y de darse la Casa común, como llama el Papa Francisco a nuestro Planeta tierra, se tornará mucho más peligroso e inhabitable.  Y, por lo pronto, no tenemos otro Planeta habitable, no disponemos de Plan B (¡!)

El Secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres ha sido enfático en que “nos acercamos al borde del abismo…Si no cambiamos la dirección corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado”. Nos quedan, muy pocos años para tomar medidas urgentes para evitar el desastre y salvar nuestro Planeta. Como lo afirmó el último líder de la URSS y premio Nobel de paz Mijail Gorbachov, “el futuro dependerá de si somos capaces de encontrar una síntesis de los valores ecológicos, liberales y sociales, lo que yo llamo ´los valores perennes´”.

No hay duda de que los mayores responsables de la acumulación en la atmósfera de los GEI, de sus emisiones y del Cambio climático son las grandes potencias, encabezadas por China, EEUU, la Unión Europea y la India. A nivel global es el sector energético el de las mayores emisiones de GEI con el 73%, le sigue el sector agropecuario y la deforestación con el 19%. En este punto es bueno recalcar que en Colombia, a diferencia del resto del mundo, las mayores emisiones provienen de este último sector, con el 59% y no del sector energético, que a lo sumo contribuye con el 38%. Las bajas emisiones de GEI del sector energético del país se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo el 68% de la generación de energía es de origen térmico, en Colombia ese mismo porcentaje corresponde a la generación hídrica.                                     

Por ello, la Transición energética en marcha, que tiene por finalidad contribuir a la descarbonización de la economía, difiere de país a país y por ello su hoja de ruta y las acciones a seguir no puede ser la misma en todos los países. Colombia no puede calcar su hoja de ruta de otros países con otras realidades diferentes a la suya. No puede ser igual la hoja de ruta de la Transición energética en aquellos países que dependen de la importación de petróleo y carbón a otro, llamado Colombia que depende de su producción y exportación. Por ello, hablamos de la Transición energética a la colombiana.

Manila, enero 21 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Lorena Rubiano.- Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan... Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón: María Montessori.

Un gran malestar y repudio creó en el país el influencer que utilizó un niño para ganar dinero, haciéndolo pasar por un gran matemático, a través de las redes sociales. En el video aparece el “niño calculadora” mostrando su destreza.

El creador de esta novela, Andrés Arango, al parecer lo hizo sin querer queriendo, utilizando al menor Juan José, de 11 años quien reside en el municipio de Cartago, Valle del Cauca y sirvió para ratificar el poder de las redes sociales.

El video ganó vertiginosamente audiencia, se volvió viral e incluso frente a varias vitrinas de venta de televisores en la calle se veía a la gente viendo el video que era repetido una y otra vez…Al final caímos todos.

Muchos colombianos, funcionarios del gobierno, alcaldes y gobernadores, comenzaron a localizar el niño en todo el país para ofrecerle becas y brindarle apoyo, para sacar a su madre y dos hermanitos de la pobreza absoluta. El propio gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se dedicó a buscar al menor para ofrecerle ayuda y otorgarle una beca para su estudio.

Lo cierto es que al conocerse que el video no era real, que había sido programado, y que todo era un engaño para asaltar la sensibilidad de los colombianos y por eso se desató una polémica en torno a las personas que lo habían publicado y sobre todo por la utilización de un menor al que finalmente le dieron 200.000 pesos, mientras ellos ganaban ingentes sumas de dinero, por la entrada de las personas a las redes para ver el video, a la familia le tocó mudarse  de municipio para esconderse, para que no se supiera dónde estaba el niño, porque temían de alguna represalia.

“Ayúdenme a encontrar este impresionante genio”. Se decía por las redes. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. Unidos vamos a apoyarlo. Por favor quienes tengan información me escriben, escribió el mandatario departamental en su cuenta de twitter.

Después de varias investigaciones, se supo que el niño pertenece al Club Deportivo de Fútbol de Cartago y su familia es quién cubre los gastos, pero no siendo suficientes. Además, el padre del niño está vivo, contrario a lo que dijo en el video que llegó hasta las manos del gobernador antioqueño, quien lo pensaba apoyar brindándole estudio.

A raíz de este hecho quedan en el ambiente muchos sinsabores y la molestia causada a muchos colombianos que estuvieron prestos a apoyar al menor. Yo creo que penalmente no hay nada, pero si hay que tener cuidado de no repetir estos hechos, para no ir minando la credibilidad de los compatriotas y cuando de verdad se necesite un apoyo ya no crean.

Bogotá, D. C, 21 de enero de 2022

lorenarubianof @gmail.com