Opinión
Por Juan Camilo Restrepo*.- Se cuenta que, durante la revolución francesa, cuando pasaban las múltiples manifestaciones de entonces frente a la casa de Danton, éste le decía a su señora: “averíguame contra qué protestan para salir a apoyarlos”.
Ahora, cuando se están convocando por el presidente Petro concentraciones tumultuarias para salir a las calles a apoyar reformas que aún no se conocen, habría un más motivo conocido y urgente para protestar: el mercurio.
El Estado colombiano contrajo solemnes compromisos internacionales para proscribir su uso que se están incumpliendo protuberantemente. En efecto, en 2013, Colombia firmó el convenio de Minamata que estipulaba que para el 2018 el uso del mercurio debería rebajarse a la mitad y para el 2023 debería estar abolido totalmente en labores de minería. Recuerdo muy bien cuando la ley que así lo disponía la hicimos aprobar con toda energía en el congreso de la república. Nada ha pasado, sin embargo. Y, como sucede tan frecuentemente en Colombia, la ley se ha quedado escrita tristemente.
Según datos divulgados recientemente por la Procuraduría, en 85 sitios debidamente localizados se siguen explotando los placeres aluviales de oro a base de mercurio. La tragedia ambiental y sanitaria que ello acarrea se ha ilustrado recientemente con lo que viene sucediendo en Santander y en Bucaramanga. El máximo contenido tolerable de mercurio en el agua para consumo humano es de dos microgramos por litro. En el acueducto de la capital santandereana se han detectado concentraciones mucho mayores: de 55,100 y hasta 163 microgramos por litro, advirtió el gerente del acueducto de Bucaramanga. Y el procurador delegado Guerrero ha hecho la siguiente aterradora revelación: “desde hace un año se vienen identificando en monitoreos concentraciones de mercurio de hasta 160 veces los límites permitidos en la cuenca del rio Suratá que reciben las aguas en las que se vierten los residuos de las actividades mineras, especialmente del municipio de California” en Santurbán.
Este panorama espectral no es desde luego exclusivo de Santander. Se repite en el bajo Cauca Antioqueño, en el Choco, en Bolívar, en Córdoba, en Nariño, y en otras regiones donde se siguen explotando irresponsablemente a base de mercurio los aluviones auríferos.
Recuerdo con mucha claridad cómo la primera visita que hizo el equipo del presidente Santos el 8 de agosto del 2010 fue a La Mojana, entonces completamente inundada como ahora. La comunidad, sin embargo, para sorpresa de todos los asistentes, lo que le reclamó ahincadamente al presidente recién posesionado no fue tanto por la inundación sino por la ausencia de mano firme contra la explotación minera en el bajo cauca antioqueño cuyas aguas, desbordadas, pero ante todo contaminadas con mercurio, terminaban matando los niños en los municipios de La Mojana.
De esa experiencia nació la idea de impulsar una ley que prohibiera de una vez por todas el uso del mercurio en cualquier clase de minería: grande, mediana, pequeña, formal o informal. Así se hizo con la ley 1568 del 15 de junio del 2013. Pero sus propósitos se han quedado escritos lastimosamente, como queda dicho.
Este descuido gubernamental en hacer cumplir las leyes no se puede escudar con el argumento de que con la pequeña minería de aluvión se debe ser tolerante. Pues resulta que allí se viene concentrando el mayor foco de la mortífera contaminación con mercurio.
Hay que felicitar, por ejemplo, a la fuerza pública por los valerosos operativos que viene desarrollando en comarcas como Timbiquí, Nariño, donde la utilización del mercurio se está haciendo con descaro y a la luz del sol. La destrucción de dragas y retroexcavadoras que allí se viene ejecutando es digna de todo aplauso.
Si Danton viviera en Colombia en estos tiempos nos invitaría a salir a la calle a protestar “con audacia, con más audacia y siempre con audacia”- como él decía en sus discursos- contra la utilización del mercurio en la actividad minera.
Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2023
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Desde hace varias décadas los conocedores de esta parte del mundo llaman la atención para que no se utilice este nombre genérico para referirse a esta subregión del hemisferio occidental. Las razones son muy obvias. México tiene muy poco que ver que Honduras u otros países centroamericanos. Colombia es bien diferente de Bolivia o de Argentina. Chile tiene poco que ver con Venezuela o Brasil. Entonces, siempre es conveniente hacer alusiones muy precisas a los fenómenos que se están describiendo.
Está de moda, por ejemplo, hablar de la nueva izquierda en América Latina. Pero hay una distancia enorme entre el mexicano López Obrador, Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, Lula en Brasil, Boric en Chile o Petro en Colombia. Ya el caso de Castillo en Perú hace mucho más evidente esta necesaria diferenciación. Lo que tenemos son muchas versiones que se proclaman como de izquierda o progresistas, pero cuando se examina con cuidado cada caso se llega a la conclusión de que es muy difícil hacer generalizaciones.
Por eso, por ejemplo, el presidente Biden puede invitar a la Casa Blanca al mandatario Lula del Brasil a las pocas semanas de posesionado. No lo habría hecho así con el expresidente Castillo y, mucho menos, con Maduro. El presidente López Obrador no quiso felicitar la presidencia de Biden sino hasta cuando el Colegio Electoral hizo la elección formal. No estoy seguro si fue el único presidente de la región que obró así. El tratamiento que recibe Cuba o Venezuela o Nicaragua es bien diferente del que se le otorga a Brasil o a Chile o a Argentina.
El presidente Petro ha recibido, hasta ahora, un tratamiento muy apropiado por parte de Estados Unidos y su comportamiento frente a esa nación ha sido igualmente amable, cordial como reconociendo no solamente doscientos años de relaciones diplomáticas sino dos siglos de una relación amistosa, no obstante situaciones que habrían podido generar un conflicto de mayores consecuencias en el tiempo.
El funcionamiento de cada uno de los países de la subregión es notoriamente diferente. Ninguno ha sufrido la experiencia de los presidentes peruanos en los últimos años que han sido no solamente judicializados, sino defenestrados como mandatarios. Creo que en el último período presidencial hubo seis. No hay para qué hacer cuentas. Ya se sabe que es una situación muy inestable. Qué contraste con Venezuela, que ya lleva tan solo dos presidentes en 30 años o con Cuba que tuvo a una sola familia gobernándola por 60 años.
En Chile se logró un progreso institucional, económico y social que se presentaba como modelo para el mundo. Eso estalló. Y hoy nadie se atreve a presentarlo de esa manera. Argentina, que exhibía indicadores de progreso superiores a los de Canadá a comienzos del siglo XX, hoy no es comparable, ni de lejos, con esa gran nación y cada uno de los países centroamericanos es significativamente distinto de cualquier país suramericano.
Y Colombia resulta muy difícil de entender para los observadores internacionales. Les cuesta mucho trabajo aceptar su estabilidad política e institucional no obstante lo que ha sido el papel destructor y desestabilizador de guerrillas, carteles de las drogas ilícitas y otras formas del crimen organizado. Su continuidad democrática, su tradición jurídica, su tradición electoral a muchos les parece que no es verdad.
Cuidado con las generalizaciones.
Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2023
*Exministro de Estado.
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Casi a diario tengo que controvertir la opinión de personas ilustradas que me aseguran que lo que está haciendo Gustavo Petro es lo que hizo Chávez. Destruir el país, comenzando por su enorme riqueza petrolera. Empobrecerlo. Hasta el punto de encontrar satisfacción en que más de cinco millones de venezolanos constituyan hoy una de las diásporas más grandes en el mundo y, sin duda, la mayor en la historia de América Latina.
Por el contrario, he sostenido que el presidente Petro está buscando mejorar muchas situaciones y que alega, apropiadamente, que propuso un gobierno de cambio, que esa propuesta ganó y que eso es lo que está haciendo. Y muestro cómo la mayoría de los partidos políticos viejos y nuevos resolvieron formar parte de la coalición de gobierno para facilitar la gobernabilidad tan necesaria para ese proceso de cambio.
Pero el supuesto de todos esos apoyos no era la renuncia a opinar sobre esas propuestas ni, mucho menos, la aceptación de que ello pudiera ocurrir por vías inconstitucionales o ilegales. Y en ningún caso, por fuera de nuestras tradiciones democráticas. Que reconocía que Petro había llegado a la Presidencia como un jugador respetuoso de los procesos democráticos. Que había respetado perder y ganar en las elecciones, así hablara infundadamente de un fraude de más de dos millones de votos. Que había respetado la tarea de los congresistas y que él mismo se había lucido como uno de los mejores. Que, en su momento, y no obstante su rechazo a la decisión del Procurador General, aceptó abandonar la Alcaldía de Bogotá, la que luego reasumió por decisión de uno de los Organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una decisión concurrente del Presidente Santos.
El primer semestre de su gobierno se ajustó a estas expectativas con respecto a un presidente demócrata que llegó a la Presidencia en virtud de un proceso electoral complejo y no como el resultado del triunfo de una guerrilla. Juró cumplir la Constitución y las leyes. Nada nuevo.
Este semestre se anuncia como uno de radicalización de sus posturas políticas. Como que se muestra intransigente, o autoritario o despectivo con respecto a los procedimientos constitucionales del debate democrático. Y por eso llevamos ya varias semanas con la preocupación enorme con respecto al comportamiento democrático y no populista del presidente Petro. Preferimos verlo conversando con el fiscal Barbosa, y no anunciando que le llevará el pueblo al frente de la Fiscalía para forzar algunas decisiones. Que respete plenamente la capacidad deliberativa y decisoria que le otorga la Constitución al Congreso es lo que hoy se reclama.
Por lo menos durante tres décadas se ha implementado un Sistema de Salud que desde sus comienzos mereció los mejores elogios de instituciones tan respetables como el Banco Mundial. Ahora exministros de salud que han convivido con el sistema y han hecho esfuerzos enormes para corregir deficiencias, es el caso de Alejandro Gaviria, han señalado, con el mejor espíritu, los enormes riesgos de la propuesta gubernamental y el expresidente Gaviria, quien propició el sistema existente, ha dicho en forma contundente que esta reforma no es el mejor camino. Y así de otras personas e instituciones que tienen el conocimiento y la autoridad para pronunciarse. Ojalá Luis Jorge Garay les aconseje un excelente sistema anticorrupción.
Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2023
*Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Los últimos días ha aparecido un verdadero rosario de caprichos del presidente Petro. Todos los días aparece uno nuevo, siempre costosos para el fisco, y de muy dudosa utilidad.
Uno de estos embelecos es meter el metro de Bogotá con trazado subterráneo por un buen trecho de la avenida Caracas. Este capricho frente a una obra que ya está licitada, financiada, con predios adquiridos y chinos trabajando, implicaría un sobrecosto -según sea la opción que se escoja- de entre $ 12 y $8 billones, lo que elevaría el valor total de la obra inmensamente. Y retardaría por lo menos seis años la terminación del metro de la capital.
No quiero referirme por el momento a la dudosa justificación que se le ha dado a este embeleco presidencial: preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de la avenida Caracas, pues francamente no se entiende qué patrimonio se va a preservar al hacerlo subterráneo y no elevado, tratándose de una de las avenidas más feas y desvencijadas de la capital de la república.
Tampoco voy a entrar a analizar si la nueva propuesta vulnera el principio de la contratación pública que prohíbe que las obras ya adjudicadas se adicionen -sin nueva licitación- en más del 50% del valor inicial.
Voy a referirme solamente a los aspectos fiscales que la ejecución de este embeleco entraña. La línea uno ya tiene el cierre financiero asegurado de conformidad con la ley vigente de metros que estipula que en las obras de transporte masivo la nación pagará el 70% y el municipio donde la obra se realice el 30%. La alcaldesa de Bogotá -con buenas razones- le ha dicho al equipo presidencial que si quieren volver a barajar el proyecto de metro que lo hagan, pero que Bogotá no asumirá un centavo de los costos adicionales que represente el tramo subterráneo.
A lo cual el gobierno central responde orondamente: perfecto, no se preocupe señora alcaldesa. Nosotros introduciremos en la ley del Plan de Desarrollo que se va a tramitar próximamente en el Congreso una autorización para que el gobierno central pueda asumir el 100% de los sobrecostos que acarree la satisfacción del capricho presidencial.
Como las vigencias futuras pueden con todo, quizás no habrá dificultad para agregar los billones que vale esta nueva idea a la abultada suma de compromisos presupuestales futuros que ya ascienden a más de $160 billones. Pero lo que no tiene lógica alguna es que se utilice el facilismo de las vigencias futuras simplemente para atender los costos del nuevo capricho presidencial.
Sería una muestra de mal juicio fiscal que el Congreso, al estudiar la ley del Plan, se allane sumisamente a este nuevo diktat del actual inquilino de la casa de Nariño. Si lo hace, quedará sin autoridad alguna para oponerse a los muchos caprichos que están en camino.
Con un agravante: ¿qué pasará con las otras obras de infraestructura de transporte masivos que están en marcha en otras capitales o con las que se emprendan en el futuro? Pues con toda razón reclamarán un tratamiento análogo, es decir, que la nación asuma el 100% y no el 70% de los costos como lo estipula la legislación vigente.
Con este precedente -si prospera el capricho presidencial- será imposible que los futuros emprendimientos de transporte masivo demanden algún tipo de esfuerzo de parte de las municipalidades donde se vayan a realizar obras de transporte masivo. Haciendo aún más costosa e improbable la financiación de estos programas en el futuro.
Grave precedente. La actual ley de metros parte de una filosofía lógica: que el mayor esfuerzo fiscal lo haga la nación pero que las municipalidades beneficiadas hagan también el suyo. Esa sana filosofía volaría en mil pedazos si el último capricho de la casa de Nariño se abre camino finalmente.
El último capítulo de este capricho lo escribe ahora el ministro de transporte amenazando que si Bogotá no se aviene al capricho presidencial de enterrar el metro a lo largo de la Av. Caracas, entonces la nación suspenderá la financiación de otras obras que están adelantándose con la capital.
Es difícil encontrar una argumentación tan torpe como la del ministro de transporte. No solo es un chantaje inaceptable sino un verdadero prevaricato político. Hay contrato firmado para la línea uno; los recursos que la Nación le aporta a Bogotá no son una benevolencia: son la obligación legal que le impone la ley al gobierno central. Por lo tanto, no se puede chantajear a la capital con ellos.
Los caprichos presidenciales nos están saliendo muy costosos, no solo en términos económicos sino institucionales.
Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Amylkar D. Acosta M*.- La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, declaró en el Foro Económico Mundial en Davos que en Colombia “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. […] es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, según expertos y conocedores del tema, las declaraciones de la ministra han estado fuera de lugar.
La ministra Vélez se apoya en un controvertido estudio, hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, en el cual llegan a la conclusión de no conceder nuevos contratos. El estudio, titulado Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero a la vista resalta que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas, imprecisas y con mucha falta de rigor técnico. Es de anotar que la exviceministra Ruíz, quien aparece firmándolo, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”.
La realidad es que el documento no plantea que no se firmen nuevos contratos como lo quiere hacer ver la ministra. De acuerdo con Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y, además, se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por Ecopetrol se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y Va más lejos aún al asegurar que, si se le adicionan los recursos prospectivos actuales, se extenderá el suministro hasta el 2042. Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.
Según el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Flover Rodriguez, no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles con los contingentes y prospectivos. Él dice que los prospectivos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”. Dicho de otra manera, no se pueden sumar peras con manzanas.
Por lo demás, una de las mayores limitaciones del estudio es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van desde el impacto en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario y también en la afluencia de inversión extranjera, entre otros.
Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarán los próximos gobiernos. Es irónico porque, debido al efecto inercial y a la actual coyuntura internacional, el cuatrienio de Petro será el de mayores exportaciones de petróleo y carbón, al alcanzar cifras récord en producción de volúmenes y en ingresos de divisas.
Es entendible la posición del director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, al salirle al paso a la ministra Vélez y advertir que “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.
La ministra ha repetido hasta la saciedad que no cancelará los contratos vigentes. Pero de ello no es de lo que se trata, eso no está en discusión. Ni más faltaba que frenera en seco la actividad de la industria cuando hay de por medio unos contratos firmados. Se trata, según ella, de “un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos, que consta de tres partes: potenciar contratos vigentes, destrabar los suspendidos y la utilización de técnicas como la del recobro mejorado”. El plan es plausible pero no es suficiente para la seguridad energética del país.
El recobro mejorado es una técnica que permite un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos petroleros en los campos maduros, aquellos que ya están en etapa de declinación. Para la ministra, “si hoy Colombia aumentara su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15 % en nuestros recursos de petróleo”. No obstante, aumentar el factor de recobro demanda cuantiosas inversiones y el uso de técnicas sofisticadas de última generación, lo cual implicaría mayores costos de extracción del petróleo, que sólo se justificarían cuando las señales de precio y la regulación ambiental lo favorezcan. Entonces hay que superar muchas barreras para pasar del dicho al hecho. Eso no es como soplar y hacer botellas.
Cabe preguntarse, si Colombia renuncia prematuramente a los hidrocarburos, ¿con qué vamos a suplir las divisas que dejarán de ingresar y los ingresos que dejarán de percibir departamentos y municipios? Cómo asegurar los 350.000 barriles diarios que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o aumentar la producción de petróleo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta.
Riohacha, febrero, 5 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie*.- Se frustró el sicariato moral en redes de los “personajillos” que, con oportunismo carroñero, cayeron sobre los ganaderos, a raíz del cargamento de cocaína incautado en el buque Orión V.
El comandante de la Fuerza Naval del Caribe aclaró que el buque salió “limpio” de Cartagena y fue contaminado en aguas internacionales, presuntamente por el Clan del Golfo; y quedó claro que los ganaderos nada tienen que ver, pues venden sus animales “en finca” a un exportador que los entrega a bordo del buque y, desde ese momento, las responsabilidades se trasladan al comprador.
Siento, sin embargo, que el escándalo en medios, como el de los difamadores de oficio, es un libreto repetido en un país que hace mucho perdió su capacidad de sorpresa frente al narcotráfico.
¿De qué se sorprenden? López era presidente cuando, ¡en 1976!, el Gloria viajó a celebrar el bicentenario de Estados Unidos con más de una tonelada de coca. En 1996, el avión presidencial que iba a llevar a Samper, ya sin visa, a la Asamblea de la ONU, llevaba también 14 paquetes de droga. En 1998, a un carguero de la FAC le encaletaron más de media tonelada, todo ello sin contar los minisubmarinos y la tragedia de las “mulas”.
Paz Total: ¿Posibilidad o utopía?
Los bananeros controlan por GPS los camiones y terminarán prohibiendo la parada hasta para ir al baño, porque en cinco minutos los pueden “contaminar”. Los floricultores siempre han lidiado con ese riesgo, que hoy amenaza a las exportaciones de ganado.
¿De qué sorprenderse?, si tenemos más de 200.000 hectáreas de coca, el Gobierno baja su meta de erradicación a 20.000 y propone legalizar cultivos de hasta 10 hectáreas. Comparto la condición de víctima del campesino, pero veremos “parcelados” cultivos mafiosos y seguiremos en el sinsentido jurídico que también opera en el consumo. Se legaliza el pequeño cultivo, pero ¿a quién le vende el campesino?: al narcotraficante. Se legaliza la dosis mínima, pero ¿a quién le compra el consumidor?: al microtráfico.
La sustitución es la mejor táctica, dentro de la estrategia de recuperar el campo, pero no para lanzar al campesino a la pobreza, sino para sembrar productos agrícolas con potencial competitivo o hacer ganadería silvopastoril rentable, y entonces hablamos de vías, servicios, crédito, asistencia técnica y protección del Estado.
Si de enfocar esfuerzos y mostrar resultados se trata, ahí están los cinco municipios que concentran el 33% de los cultivos de coca, para aplicar herramientas como el Acuerdo con Fedegán para la compra de tierras con asistencia técnica a los nuevos propietarios. Todo el campo debe ser recuperado, pero allí se debería empezar, convirtiéndolos en prósperos centros de producción agrícola y ganadera.
Solo así se podrá empezar a quitarle tierra y, más importante, campesinos al narcotráfico. Solo así el país avanzará hacia la paz total, que pasa por la recuperación económica y social del campo. No hay otro camino.
Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2022
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano.- ¡Libertad para los indios donde quieran que estén en América y en el Mundo, porque mientras vivan vivirá un brillo de esperanza y un pensar original de la vida! Rigoberta Menchú
Recientemente tuve la oportunidad de regresar al corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, por los lados de Pueblo Bello, para visitar el resguardo Businchama del Mamo Félix.
Es algo difícil de explicar cuando a uno ese mágico lugar lo atrae, lo llama y lo subyuga, para limpiar su espíritu y retornar con energías renovadas. El agua, el aire, el fuego y la tierra, como elementos de vida, se manifiestan en sus diferentes formas para envolvernos en una mágica aureola que transmite amor por la naturaleza y fortaleza para protegerla.
En esta gran pirámide natural, única en el mundo a orillas del mar, están los grupos ancestrales arhuaco, kankuamos, kogi y wiwas, que son nuestros "Hermanos mayores" congregados alrededor de las máximas y únicas autoridades que los rigen, los Mamos, quienes mantienen vigente su Ley de Origen, cosmovisión, creencias y sabiduría basadas en el culto y cuidado de la naturaleza.
Para ellos, la Ley de Origen es la guía de comportamiento y conocimientos ancestrales espirituales, y que los han regido de generación en generación y mantienen esa unidad de pueblo. No es fácil compenetrarse con esa sabiduría, más aún cuando los blancos o hermanos menores, seguimos siendo los mayores depredadores del planeta tierra, mientras que estos pueblos ancestrales, entienden y acatan la ley de vida, donde la naturaleza no se puede destruir.
“El agua debe tener su propio cauce, las piedras existir en su mismo espacio. Ella me respeta y yo la respeto”, afirman.
Con razón argumentan que “El Hermano Menor está dañando el mundo. Y por ese camino vamos hacia la autodestrucción”.
Estamos desaprovechando esta gran sabiduría, que ha sobrepasado durante siglos, a los ataques de gente armada, a los embates de religiones que violando todas las normas se han ido incrustando en sus resguardos para cambiarles su saber ancestral y a la invasión de colonos que los desplazaron hacia las partes altas de la Sierra.
Allí, hice mis rituales de limpieza, en una cascada aguas puras y a través de los hilos que representan el cordón umbilical que me ata con la madre tierra, vertí mis pensamientos, mis anhelos y mi petición para poder percibir esa gran conexión cosmogónica de la Sierra Nevada, que nos permitan trabajar por el bienestar de nuestro país.
Esta es una invitación para que ahora que han sido declarados con justa razón, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, conozcamos más de su cultura, para ayudar a frenar la destrucción del mundo.
Desde hace unos 20 años, tuve mi primera conexidad con esta paraíso, porque tuve la oportunidad de conocer a un gran Mamo, en Bogotá, donde trabaja por su gente, para inculcar los conocimientos y ayudarnos en temas de salud. Es Crispín Izquierdo, arwua vicku y su esposa Blanca, incansables defensores de la cosmogonía arhuaca.
Bogotá, D. E, 4 de febrero de 2023
Por Paloma Valencia*.- Esta semana salió otro decreto del Ministerio de Transporte congelando a dedo los precios de 143 peajes a cargo de la ANI y el INVÍAS. En diciembre se firmó un decreto reduciendo en un 50% el valor del SOAT para un grupo específico de vehículos. También el presidente determinó qué presos de “primera línea” deberían salir de las cárceles e incluso incluyó cinco extraditables. También definirá la estructura del nuevo ministerio de la igualdad vía facultades extraordinarias. Y por supuesto, decretó y luego desistió de un cese al fuego bilateral con el ELN y otros grupos con los que ni siquiera hay negociación; en realidad era un cese a la acción legítima de las FFAA, pues los ilegales dijeron no estar siquiera enterados.
La ministra de salud ha mencionado que en su reforma a la salud existirá un manual único tarifario para establecer precios de procedimientos y medicamentos. Una fórmula que ya tuvo Colombia y que beneficiaba a los malos prestadores que cobraban lo mismo que los buenos. Era un fracaso que quieren revivir con el propósito de que el Gobierno fije los precios.
Los borradores del Plan Nacional de Desarrollo están llenos de facultades extraordinarias para que el presidente tome decisiones discrecionales. No hay técnicos ni división de poderes.
El presidente Petro y su gobierno desconfían de los expertos sectoriales. Los despidos o “renuncias voluntarias” de varios ministerios como Salud, Minas, Defensa, Trabajo lo demuestran. Se fueron los mejores, los que sabían; es apetito burocrático y soberbia. Nadie que cuestione sus “originales” ideas.
En la CREG que regula los precios de la energía y gas está el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda, el Director DNP y 8 comisionados. El gobierno tiene veto sobre las decisiones. La semana pasada el presidente tomó las funciones y él mismo determinará los precios de los servicios públicos en el país. Corresponde al Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, decidir; que no solo es nombrado por Petro sino que, él también tiene silla en la CREG, y no fue a ninguna reunión.
A esto se suma la presión por el metro subterráneo de Bogotá que Petro quiere. No contento con irrespetar la autonomía territorial que corresponde a la alcaldesa de la ciudad; ahora extorsionan. Si no se hace el metro subterráneo entonces no financiará el resto de las obras públicas que la ciudad ha puesto a consideración del gobierno. Es un irrespeto, una extorsión y una manera despótica de gobernar.
Petro no quería ser presidente sino emperador. Todas estas decisiones populistas traerán consecuencias graves a mediano plazo. Hay que repetirlo: “Los aplausos de hoy serán las lágrimas de mañana”.
El SOAT puede costar más de un billón para al Estado, los peajes otros miles de millones, el metro hasta 12 billones más. El Ministerio de Hacienda no pudo determinar el valor del nuevo Ministerio. Las tarifas estatales de la salud desconocen la variabilidad de precios del sector y la capacidad técnica adquirida por las EPS en 30 años para negociar tarifas. El modelo de planificación estatal puede generar escasez de procedimientos y medicamentos, y caída en la calidad.
Esto es un gobierno de izquierda que quiere concentrar todo en cabeza del presidente. Les gustan los modelos imperiales. Las obras públicas, la burocratización y el Estado como responsables y ejecutor de todo, serán una constante, así como la destrucción de la participación de los privados en la prestación de servicios y obras públicas. Las consecuencias no es difícil anticiparlas, ya hemos tenido eso. Llevamos un mes con la vía al sur bloqueada y siguen tratando de hacer un puente. Los bloqueos continúan sin solución, los grupos ilegales se toman pueblos y escuelas, pero el presidente está concentrado en acumular más y más poderes. ¿Para qué? Para esconder su ineficiencia con medidas populistas que lo mantengan alto ante la opinión pública.
Bogotá, D. E, 4 de febrero de 2022
*Senadora del Centro Democrático
Por Gabriel Ortiz*.- Ya no hay lugar seguro dentro del millón de kilómetros en que fue ubicada Colombia. Todo empezó por la toma del campo, pasó luego a pequeñas poblaciones y hoy reina en todo el territorio, sin que haya autoridad alguna que se fije el propósito de darle tranquilidad a los 51 millones de víctimas que buscan sobrevivir.
La pobreza y la miseria nos acosan desde hace años y se agudizaron con la pandemia. El encierro decretado por el covid 19, el desempleo y los excesos de convivencia hogareña han ofuscado a la gente.
El emprendimiento y el rebusque, no han aliviado las penurias que dejan la inflación, el encarecimiento del dinero, la desocupación, la falta de ingresos, el desabastecimiento de alimentos y bienes de consumo.
No ha aparecido alguien que sepa como frenar la inflación. El Banco de la República solo acude a elevar intereses que solo beneficia a la Banca privada.
Las ollas vacías y el bostezo de los niños, convierten a nuestra gente en “borregos de panurgo”, que intrépidamente buscan en los bancos costosas tarjetas y créditos inalcanzables y restringidos.
Los competidores de la banca privada aparecen como buitres hambrientos, con los gota-gota, cobradiario y toda suerte de usuras, respaldadas por ejércitos de cobradores que acuden a extorsión, secuestro y asesinato.
En todas partes del territorio nacional existe esta manera de suplir la falta de recursos y la carestía del crédito bancario, que golpea a la ya inexistente clase media, a pequeños empresarios, tenderos, confeccionistas y a quienes aspiraban a montar un negocio. Nadie se ha ocupado de aliviar la difícil situación de una población anémica, desnutrida, enferma, y ahora super endeudada.
Adicionalmente se multiplicó la extorsión y el pillaje. Las víctimas gota-gota y usureros no tienen quien los defienda, libere o ampare. “Ellos son buenas pagas” -dicen los banqueros refiriéndose a los pobres. Pero con los actuales créditos bancarios del 35% y los de usura del 48%, hay que acudir al gota-gota, aunque cueste la vida y se quede a merced de secuestradores que retienen hijos y familias, o de sicarios que van por la bolsa.
Así se ha sembrado el territorio nacional de inseguridad, crimen, extorsión, secuestro, narcotráfico y demás formas de violencia que se conozcan o se inventen.
A diario los medios revelan atropellos, amenazas, extorsiones, masacres y toda suerte crímenes en ciudades, poblaciones y veredas. En Barranquilla, otrora tranquila, han asesinado a 35 personas, especialmente jóvenes, en enero. Nada se diga de Medellín, Cali, Bucaramanga y demás orbes. De Bogotá, para que hablar. Ya los celulares no satisfacen a los atracadores, roban lo que lleven sus víctimas. Tomar un bus, montarse en una bici o en una moto, significa muerte segura.
BLANCO: Este febrero, mes de los periodistas, un merecido homenaje al colega, Norberto Patarroyo, director de El Muro. 13 años cumple al frente del único medio al servicio del gremio. Aplausos.
NEGRO: ¿Cómo bajar las tarifas de servicios públicos, si hasta los usuarios defienden y apoyan a quienes los cobran?
Bogotá, D. C, 3 de febrero de 2023
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.
Por José G. Hernández*.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de proferir sentencia que condena al Estado colombiano - “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”- por su responsabilidad en el genocidio cometido desde 1984 contra miembros, militantes y simpatizantes del partido Unión Patriótica (UP).
En el trascendental fallo, el Estado colombiano fue señalado como “responsable por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en perjuicio de más de 6 mil integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes”.
Han pasado muchos años -es grande el número de compatriotas que eran todavía niños o no habían nacido cuando tuvo desarrollo el genocidio-, y hasta ahora se profiere una sentencia integral, puesto que, como lo señala la Corte, en lo interno hubo impunidad.
Como colombianos, siempre sentiremos dolor y vergüenza cuando sabemos que un tribunal internacional de derechos humanos ha condenado a Colombia. No es la primera vez. Y lo peor: a estas alturas de nuestra historia, continúan la violencia, la muerte, las violaciones de los derechos fundamentales y la impunidad. Casos como los asesinatos de líderes sociales, las frecuentes masacres o los falsos positivos, han golpeado y siguen golpeando a nuestra colectividad. Y es muy probable que, si la impunidad continúa, deba el Estado colombiano asumir nuevas condenas internacionales.
Entonces, no solamente hemos de acatar en su integridad el fallo y cumplir a plenitud -y a la mayor brevedad- lo ordenado por los jueces internacionales, sino que el Estado debe aprender esta lección y asumir el compromiso de la no repetición. Así lo anuncia el presidente Gustavo Petro, quien ha expresado en las últimas horas que su gobierno “apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad”. Pero, desde luego, lo deben hacer en realidad, no solamente el Ejecutivo, sino los demás órganos estatales.
Además, a la luz de la Constitución de 1991 -que no estaba aún vigente para la época de los gravísimos acontecimientos que dieron lugar a la condena-, la sociedad colombiana debe tomar conciencia sobre el valor de la vida humana, los derechos fundamentales, la tolerancia y el respeto a las ideas de los demás, aunque no se compartan. Ninguna razón de carácter político es válida, ni hace legítimo que se emprenda una campaña de exterminio de ciudadanos, por el hecho de pertenecer a cierta tendencia ideológica o partidista. Eso es inaceptable en una genuina democracia.
El artículo 9 de nuestra Carta Política proclama que, entre otros valores, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan “en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.
Su artículo 93 ha dado base al bloque de constitucionalidad, a la importante jurisprudencia constitucional sobre sus alcances y al respeto que nos merecen los tratados y convenios internacionales que hemos ratificado, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Ellos “prevalecen en el orden interno”.
No olvidemos que, según la norma superior, los derechos y deberes consagrados en la Constitución “se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Bogotá, 2 de febrero de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional.
