Opinión

Por Juan Bazán Achury*.- El crecimiento poblacional, la falta de civismo y conciencia ciudadana, junto con la ausencia de administraciones visionarias, han hecho de Bucaramanga, una ciudad adornada y maquillada para mantener el nombre de la Ciudad Bonita: caos vehicular, trancones a toda hora, piratería, transporte informal, mototaxismo, todo ello, como consecuencia del mal funcionamiento del transporte público masivo Metrolínea y de los buses urbanos.

Los huecos en las vías, la suciedad, el aumento desmedido de los habitantes de calle que se tomaron la ciudad en todos los sectores, durmiendo en los andenes y haciendo sus necesidades fisiológicas en las esquinas y rincones de la ciudad; la desmedida ocupación del espacio público, en bocacalles y andenes hay ventas ambulantes, sin permiso, sin orden, sin ninguna responsabilidad con el ciudadano de a pie.

Sumado a ello, los sectores de entretenimiento, como la mal llamada Cuadra Play, son verdaderos sectores en los que pululan el desorden, la prostitución, el consumo y la comercialización de estupefacientes.

No se escapa la venta de comidas callejeras sin ninguna asepsia, alimentos que consumen los transeúntes sin ningún escrúpulo, poniendo en riesgo la salud pública.

Existen clandestinamente garitos o sitios de juego en residencias y apartamentos privados, y para completar ese cuadro tan desagradable, la inseguridad y el crimen que ya no permite que los bumangueses y turistas se sientan seguros en las calles, restaurantes o bares, prácticamente en ningún lugar.

Los atracos callejeros, el fleteo, el raponeo de celulares y bolsos se convirtió en una constante en las esquinas de los barrios, en el comercio y parques de la ciudad. En fin, echamos de menos lo que fue la Ciudad Bonita: ordenada, agradable, segura, buen vividero como se consideraba en el entorno Nacional.

Todo se ha incrementado por la ausencia absoluta de autoridad y la permisividad de la administración. Nuestro alcalde brilla por su ausencia, llamado por muchos bumangueses como el “alcalde fantasma”. ¡Quien lo creyera!, la Ciudad Bonita se convirtió en paraíso de mafiosos y maleantes.

Bucaramanga requiere que el próximo alcalde y los concejales, con el conjunto de la sociedad, hagamos un frente cívico ciudadano para poner en marcha las políticas públicas que permitan la recuperación de la ciudad, lo cual pasa necesariamente, por la participación ciudadana.

Se requiere la construcción de vías que permitan el desembotellamiento de la ciudad. No solo eso, es inminente e indispensable, una campaña muy agresiva de apoyo ciudadano para desestimular el uso del vehículo particular y estimular el uso de la bicicleta. Urge un transporte público ágil, eficiente y oportuno. De esta forma también se puede combatir la piratería.

En relación con los sectores de entretenimiento, se deben establecer en lugares seguros, equidistantes de las zonas residenciales, para garantizar la tranquilidad de quienes actualmente habitan en los alrededores.

En las grandes urbes, estos sitios ya están alejados de las zonas residenciales con el objeto de respetar lo que establecen los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que velan por la tranquilidad ciudadana.

Hay que llevar a Bucaramanga nuevamente por la senda del buen vivir, tener una ciudad segura, con buena movilidad, con ciudadanos comprometidos con el aseo, con una administración trabajando por la gente y comprometida por cambiarle la cara a la ciudad, hay que implementar programas agresivos con los habitantes de calle buscando la marera de resocializarlos.

En fin, hay mucho por hacer y esa tarea le corresponde a la nueva administración.

¡Es urgente y es ya, esto no da espera! Los males pueden tener remedio, ¡recuperemos la Ciudad Bonita que muchos añoramos!

Bogotá. C. C, 20 de enero de 2023

*Exrepresentante a la Cámara por Santander.

Tomado de https://corrillos.com.co

Por Gabriel Ortiz*.- Colombia hace parte de las naciones con mayor índice de violencia infantil, por parte de grupos armados, estamentos políticos corruptos, trata de personas, organizaciones narcotraficantes y la pobreza que se anida especialmente en comunidades indígenas, nativas, e informales.

Los verdugos de los inocentes recorren territorios a sus anchas, para sembrar muerte, pánico y miseria en regiones apartadas o cercanas a los asentamientos de una sociedad que cohonesta con este estado de cosas.

Un espeluznante y pavoroso informe del colega Gerardo Reyes en Univisión, ha puesto al descubierto la forma infame como se atenta contra los niños, niñas y adolescentes en el Guaviare, donde son moneda corriente los abusos, especialmente contra las poblaciones indígenas Nükak Makú, Jiw, Sikuani, Tucano, Karijona, a las que arrebataron su selva, explotan su desnudez y esclavizan.

Desde luego, la miseria, la violencia caustica, hirsuta y áspera, de guerrilleros, paramilitares, cuerpos del Estado y sociedad complaciente, se apropian de todo, mientras gobierno, congreso, poder judicial, Bienestar Familiar, fiscalía, procuraduría y demás Estado, ven actuar sin control alguno a los verdugos de los inocentes. 

La denuncia de Univisión causó escozor, que quiere minimizarse por parte de la Fiscalía, en cuyos informes esta violencia infantil aparece como “supuestas violaciones o delitos”. La palabra “supuesta”, entierra cualquier investigación, dicen quienes denuncian semejantes atropellos, porque se convierte en conjetura o hipótesis para beneficiar a los criminales explotadores.

La pobreza también fomenta este tipo de atropellos contra niños, niñas y adolescentes. Familias indigentes, padres irresponsables y grupos étnicos los venden, prestan o alquilan a narcos, paras y guerrillos, para sobrevivir. Otros quedan en poder de la prostitución.

Los grupos armados reclutan a la niñez, a la que torturan, esclavizan e instruyen política y militarmente. Inicialmente los utilizan como sirvientes de limpieza de cambuches o “carne de cañón” durante sus combates. Si alguno trata de huir o incumple órdenes, es fusilado. “Les aplican la pena de muerte”.

La triste existencia de nuestra niñez es tolerada por autoridades, políticos y sociedad, sin que haya el menor esfuerzo, que permita encontrar la ruta para su emancipación. No se ve el final de esta violencia que los azota desde hace más de 60 años, ni mucho menos el abrazo, la tranquilidad y el sosiego que requieren y anhelan.

Los alzados en armas solo buscan mantenerse activos para matar, secuestrar, torturar, destruir y extorsionar. Su palabrería sobre alto el fuego, freno al delito y acuerdos de paz, se convierten en meras promesas para lograr beneficios y ocultar sus fechorías.

Bienestar Familiar, gobierno y sociedad, no alcanzan a entender lo que nos está ocurriendo y por ello dejan a los inocentes en poder de sus verdugos. Los niños, ni siquiera podrán ahora reclamar su crianza y manutención, a progenitores irresponsables, porque hasta la cárcel les será eliminada por el Minjusticia. Los inocentes seguirán en poder de sus verdugos.

BLANCO: Los peajes ya no serán venas rotas.

NEGRO: Ojo al nuevo alcalde Distrital. Bien diferente a Claudia: constructor de vías, sin odio al carro y que reviva a la Atenas Latinoamericana.

Bogotá, D. C, 20 de enero de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.

Por Paloma Valencia Serna*.- La Ministra Irene Vélez de acuerdo a las instrucciones del Presidente Petro, ha vuelto a decir que no habrá más contratos de exploración de petróleo y gas. El hecho no es menor, pues cuando se le hizo la moción de censura precisamente por la indignación que causó ese anuncio; tanto ella como el Ministro Ocampo dijeron que los contratos de exploración de petróleo y gas continuarían.

Ahora para perplejidad de todos, incluyendo los asistentes al foro de Davos, la ministra vuelve a decir que se prohíbe la exploración de gas y petróleo.

La transición energética que tiene planeada el mundo no supone la desaparición de los hidrocarburos. La carbono neutralidad se piensa aun utilizando petróleo y gas en muy altos porcentajes. Toda la teoría supone mecanismos para disminuir los GEI, atrapándolos, o incluso con aerosoles en la atmósfera para reflejar los rayos solares antes de que queden atrapados.

Petro y su ministra posan de ambientalistas falsamente. No es cierto que esta medida en algo contribuya a luchar contra el calentamiento global. Dejar de explorar o incluso de explotar, no significa que el consumo y sus emisiones disminuyan. Lo explico: si dejamos de producir petróleo y gas, aquello no conlleva a que nuestra demanda cambie: seguiremos usando gasolina, acero, urea, concreto... Tampoco significa que no se produzca; se producirá en otra parte, no sabemos si en su producción se emita más o menos; recordemos que la producción de hidrocarburos en Venezuela hoy en día es bastante más sucia que la producción nacional: se emiten allá más GEI por barril.

Así las cosas, en nada mejora el panorama de emisiones de GEI para Colombia o el mundo por esta decisión. Solo se restringen los ingresos nacionales. En ese sentido, vale la pena reparar en que el 15% de las rentas nacionales viene de los hidrocarburos, como el 30% de las regionales.

Este no es un tema menor. En el mundo cuando se habla de la transición energética justa, el mayor debate se centra en qué países pueden explotar hidrocarburos. Los países en desarrollo dicen que sus explotaciones ya hechas pueden cubrir la demanda hasta el 2050 y que, por lo tanto, nadie más debería explorar y ellos explotarán todo. Los países en vía de desarrollo por su parte, sostienen que los países desarrollados ya han extraído gran parte de sus hidrocarburos y han tenido esa riqueza y, por lo tanto, debería corresponder solo a países en vía de desarrollo la posibilidad de explorar y explotar hidrocarburos.

Impresiona que el presidente Petro esté alineado con los intereses de los países más ricos. Duele que aun viendo lo que ha sufrido Europa al haber renunciado a su soberanía energética, quieran conducirnos por esa vía. Pareciera que los intereses de Maduro tienen más peso en las decisiones del presidente de Colombia que las de su propio pueblo.

También vale la pena que todos sepamos que Colombia solo emite el 0,56% de todos los GEI del mundo. Es decir, si Colombia no emitiera nada, el fenómeno en nada se alteraría. Nuestras emisiones vienen principalmente de la deforestación. Además, Colombia es un país con una grandeza de transición energética; planeada y bien ejecutada. Sin embargo, su mayor desafío no es ese, sino la mitigación. Seremos uno de los países con mayor afectación en el cambio climático y para llevar a cabo las obras necesitaremos muchos ingresos. Esos que hoy el gobierno Petro nos quita.

Bogotá, D. C, 20 de enero de 2023

*Senadora del Centro Democrático.

Por José G. Hernández*.- Acudió a mi oficina un ciudadano del común, quien, sin ser constitucionalista ni abogado, estimó que una norma legal que debe cumplir viola, en su criterio, la Constitución. Presentó por escrito una demanda contra la norma, acogiéndose a la acción pública de inconstitucionalidad -garantizada desde el Acto Legislativo 3 de 1910-, creyendo que para ello era suficiente ser ciudadano -como lo dice la Carta y lo han reiterado, antes la Corte Suprema de Justicia y después la Corte Constitucional, en numerosos fallos-.

Tuve ocasión de examinar el texto de la demanda, tal como lo hacía cuando fui magistrado de la Corte Constitucional, y encontré que el ciudadano había cumplido todos los requisitos formales que contemplan los artículos 40, 241 y 242 de la Carta y 2 del Decreto 2067/91.

Según el artículo 40 superior, “todo ciudadano (como el mencionado) tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”.

De conformidad con el artículo 241 de la Constitución, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de su integridad y supremacía, y debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen; contra las leyes y contra los decretos con fuerza de ley. 

El 242 señala: “Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública”. 

La norma del Decreto 2067 señala: “Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.

Todos los enunciados requisitos estaban cumplidos en el caso al que me refiero. El ciudadano se había esforzado en acatar las normas. No siendo abogado, sino sencillo trabajador, pensaba que podría defender la Constitución, atacando el precepto que estimaba contrario a la Carta, ante la corporación encargada de preservarla -la Corte Constitucional-, a la cual la cual se dirigió.

Para su sorpresa, mediante auto -muy mediocre, por cierto-, una magistrada le dijo que le inadmitía su demanda porque no cumplía los requisitos de certeza, claridad, eficiencia, pertinencia, suficiencia…y otros -que no están en la Constitución, ni en las leyes, y que la Corte ha inventado-.

Entonces, la Corte Constitucional, contra la Carta que debe defender, convirtió la acción pública en una compleja y difícil casación, inalcanzable para el ciudadano del común. Lamentable. Debe corregir.

Bogotá, D. C, 18 de enero de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.- Luego de terminar la temporada vacacional de final y principio de año, se empezaron a conocer reacciones de los viajeros sobre sus experiencias en el eje cafetero y varios columnistas regionales han expresado sus opiniones, casi todas negativas.

Este no es un tema menor. El turismo se ha concebido como un puntal de la mayor importancia para el crecimiento económico de los departamentos y municipios de esta región. Los gobiernos han hecho esfuerzos por concertar políticas públicas con los actores vinculados a este sector, así como la formulación de proyectos, intentando que haya inversión privada, que desemboque en generación de empleo.

Y es indudable que, durante los últimos años, el turismo ha tenido un crecimiento muy acelerado. Muchos más municipios están haciendo parte de la oferta turística regional, algunos con propuestas innovadoras y muy exclusivas como el parapente o el avistamiento de aves. Otros, promueven sus recursos naturales y muchos parques temáticos y sus atractivos arquitectónicos y culturales.

Sin embargo, ese crecimiento no significa progreso y desarrollo. Municipios sin la adecuada infraestructura vial, con problemas en la oferta de servicios públicos básicos y sin los suficientes y adecuados servicios comerciales, se han visto desbordados por la masiva presencia de visitantes, que terminan frustrados por no encontrar lo que esperaban en su destino.

Hemos conocido experiencias no gratas, de familias que llegaron a la región atraídas por promociones muy llamativas, pero quedaron atrapadas en trancones interminables para poder ingresar a su destino, donde no lograron conseguir espacio en los restaurantes y debieron sufrir el calvario de perder mucho tiempo para regresarse. La reacción fue “no volveré”, tal como lo relata el columnista de El Diario, James Fonseca Morales.

Los alcaldes son conscientes de los efectos negativos de las visitas masivas, pero señalan que no tienen las herramientas para controlarlas y en diferentes foros han expresado su preocupación por la mala imagen con la que quedan los turistas.

En turismo, más no significa mejor. Muchos destinos turísticos nacionales, pero especialmente internacionales, tomaron la decisión de evitar la masificación, poniéndole límite al número de visitantes que pueden llegar cada temporada, en el entendido que es preferible tener menos, pero que dejen mayor rentabilidad y se vayan más satisfechos.

Hay coincidencia nacional de que el eje cafetero es espectacular, por los maravillosos paisajes, el colorido y la arquitectura de las viviendas y, sobre todo, por la amabilidad de la gente y la calidad de la atención. Estas potencialidades se deben aprovechar para concertar un plan regional de turismo, que ofrezca un único destino, que permita tener turistas por varios días, con buena capacidad de gasto y con una oferta variada que contribuya al fortalecimiento económico y al bienestar social. En eso anda la Región Administrativa y de Planificación – RAP.

Si no actuamos de manera coordinada y solidaria, veríamos retrasada la posibilidad de que esta región del eje cafetero sea una de las grandes beneficiadas de un turismo de clase mundial.

Bogotá, D. E, 18 de enero de 2023

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

*Conceptos que no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.

Por Juan Camilo Restrepo*.- La medida adoptada por el gobierno consistente en volver permanente el arancel del 40% sobre buena parte de las importaciones de textiles y prendas de vestir tiene un propósito plausible, pero entraña graves riesgos.

El propósito plausible consiste en proteger la industria y el empleo generado en el sector textil y de las confecciones. La competencia desleal que llega de la China es su enemigo permanente. El nuevo decreto establece un arancel del 40% a las importaciones de cualquier origen. Se conservan los aranceles escalonados más bajos para los insumos utilizados por la cadena confeccionista.

Desde tiempos inmemoriales el contrapunto entre protección y libre cambio se ha centrado en torno a los textiles. El imperio británico se fundó sobre la protección a su industria textil. El debate viene desde el siglo XIX y aún desde antes. Siempre que se adoptan medidas en este complejo campo hay argumentos en pro y en contra. No existen fórmulas perfectas.

Cuatro incógnitas pesan, sin embargo, en la coyuntura actual sobre la bondad de esta medida:

Primera: es el peor momento para haberla tomado. Un arancel del 40% -con carácter permanente- sobre las importaciones de textiles y confecciones, cuando estamos sufriendo un grave problema inflacionario, no es ciertamente la más inteligente decisión. Toda alza en los aranceles se transmite a los consumidores. Y el renglón de textiles, prendas de vestir y confecciones ocupa un lugar importante en la medición de la inflación que elabora el Dane. Esta decisión le va a pegar al índice de precios, en momentos cuando el gobierno trata de tomar desesperadamente medidas contra la inflación.

Segunda, la mejor protección a la industria y al empleo nacional la proporciona hoy en día el dólar caro. Como bien lo señaló el presidente de Analdex Javier Díaz: “un sector con dólar a $5.000 que requiere de un arancel del 40%, está en serias dificultades y no precisamente por las importaciones”.

Tercera, unos aranceles tan altos (40%) van a generar más contrabando. Siempre ha habido importaciones ilegales de estos productos: ahora habrá muchas más. La manera racional de combatir el contrabando (que se exacerbará aún más con esta medida) no es ciertamente elevando aranceles.

Debe anotarse también que uno de los primeros damnificados con esta medida, además de los consumidores, va a ser el comercio formal, toda vez que las prendas de vestir que llegan de contrabando se venden usualmente a través de cadenas informales. A menudo manejadas por los propios comerciantes chinos como se demostró en las redadas que no hace mucho hizo la policía fiscal y aduanera en Bogotá.

Cuarto, es muy probable que esta medida vaya a desencadenar una ola de otros aranceles para beneficiar sectores que tendrán similares argumentos. No faltará ahora quienes pidan el mismo tratamiento.

Cuarto, tenemos unos compromisos en la OIC sobre aranceles topes que debemos cumplir. Recientemente Colombia perdió una batalla jurídica en un panel de esta organización donde se nos acusó de haber subido ilegalmente los aranceles a las importaciones de papa. Es un campanazo que debemos atender antes de escuchar los cantos de sirena de quienes creen que las inmoderadas alzas de aranceles son el ábrete sésamo para proteger la industria nacional. Alzas que en una primera instancia arrancan aplausos en los grupos de presión que las promueven pero que a mediano plazo se terminan pagando caro.

La protección de la industria nacional (cuando hay competencia desleal) tiene que ser indeclinable. Pero la única arma para librar esta lucha no son los aranceles. Además del control al contrabando hay un abanico de otras medidas como el antidumping que pueden utilizarse con más claridad jurídica y comercial que los aranceles.

La pelea comercial con la China no es fácil. Pero como lo demostró la fracasada táctica que implementó Trump: el alza ofuscada de los aranceles no resulta ser a mediano plazo el arma más recomendable para librar esta dura batalla.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José Félix Lafaurie*.- En octubre de 2022 se firmó el Acuerdo entre el Gobierno y Fedegán para compra de tierras, como resultado de una real “confluencia” de convicciones sobre el campo, la producción agropecuaria y la Reforma Agraria, como una acción integral del Estado y la sociedad, más allá de la entrega de tierras.

Este es el primer gran valor del Acuerdo: trabajar en lo que nos une, en lugar de ahondar lo que nos separa. Como manifestó el secretario general de la ONU, “Es una clara demostración de que todos los sectores de la sociedad colombiana pueden y deben contribuir significativamente a la implementación del Acuerdo Final”.

Es cuestión de buscar puntos de encuentro, con sectores también estigmatizados y con mucho que aportar, como hidrocarburos y minería extractiva, con proyectos de compensación ambiental a través de Sistemas Silvopastoriles Intensivos, con gran capacidad de recuperación ambiental e ingresos adicionales por mayor productividad y captura de carbono por hectárea.

Para Antonio Guterrez es “alentador” el Acuerdo con Fedegán; un respaldo internacional que, sumado al apoyo local de amplios sectores políticos y de opinión, nos comprometen aún más, no solo para sembrar esperanza en medio de la violencia y la tragedia invernal que se ensañan con el campo, sino para silenciar con resultados a escépticos y detractores. El Acuerdo debe salir bien y debe salir pronto, con resultados tempranos que manden un mensaje positivo a Colombia y al mundo.

Recordemos sus elementos: La compra de tierras a los ganaderos para entregar a quienes no la poseen o la poseen insuficiente, pero con “acompañamiento integral”, representado en crédito de fomento, asistencia técnica, asociatividad que mejore la competitividad campesina en los mercados, dotación de infraestructura física y social, con prioridad en vías terciarias, entre otros.

Como parte del Acuerdo, Fedegán aporta su compromiso, conocimiento técnico y experiencia en Sistemas Silvopastoriles Intensivos, SSPI, como opción de utilización de la tierra en al menos un millón de los tres millones de hectáreas; algo que comulga con el Acuerdo y con la propuesta ambiental planteada por el presidente Petro en la 27º Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, en El Cairo.

El Acuerdo podría ser un “piloto” del establecimiento de SSPI asociativos, que amojone el camino que estamos abriendo para transformar la ganadería, porque construir bosques sin dejar de producir alimentos, debe ser una estrategia paralela a la reconversión energética.

Si no podemos cortar de tajo los combustibles fósiles, mientras tanto podemos convertir millones de hectáreas ganaderas en “aspiradoras gigantes de carbono” que, a partir de la recuperación del paisaje arborizado, enriquecen los suelos y nos devuelven nuestra biodiversidad en riesgo. Ese es el futuro..., un futuro posible.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023

*Presidente de FEDEGAN.

Por Paloma Valencia Laserna*.- El gobierno de Petro se ha mostrado con la convicción insuperable de que en Colombia, antes de ellos, no ha habido gobernantes inteligentes ni propositivos. Por eso, desprecian todo lo que se ha hecho y tienen el ánimo de derrocarlo todo para hacerlo todo de nuevo, con la promesa de que será mejor. Hasta ahora solo nos proponen destruir; nadie, ni ellos mismos, tiene claridad sobre lo que harán. Improvisan en la creación del nuevo mundo; pero con contundencia destruyen lo que tenemos.

A unas fuerzas armadas reconocidas entre las más destacadas del continente, le sacan más de 70 generales, anuncian anotaciones en las hojas de vida para quienes no sean efectivos en evitar las acciones de los criminales, bajan los subsidios de vivienda. ¿Cuál es la propuesta de reforma a las fuerzas? Lo único conocido es la mala idea de pasar la policía a ser una fuerza bajo el control de un ministerio político (que Colombia ya tuvo y se vio obligada a corregir) y pretenden cambiar las alianzas que teníamos con el ejército  EE.UU. por relaciones con el de Venezuela.

En hidrocarburos, donde hemos sobresalido pese a no ser grandes productores, nos llevaron a la suspensión de exploración de petróleo y gas, con la promesa de comprarlos en Venezuela. Perderemos la soberanía energética, perderemos empleo e ingresos para empezar a financiar la dictadura de Venezuela. En nada nos aporta esta decisión, destruye un sector sin justificación ambiental ni económica.

En materia de salud aún no sabemos qué pretenden hacer, pero son explícitos -eso sí- en su propósito de destruir las EPS y con ellas el sistema que hoy tenemos. En nada los conmueven los resultados que hemos obtenido, nada les importa la satisfacción de los ciudadanos con el acceso a la salud.

Mucho nos falta en materia pensional, pero para solucionar el problema de la cobertura nos proponen agravar de manera irresponsable la sostenibilidad del sistema. No solo es irresponsable sino dramático lo que puede significar en términos fiscales.

Ante la inflación galopante del mundo y el encarecimiento de los alimentos -causada en primera instancia por el paro nacional que promovieron desde la oposición- aparecen con la idea de impuestos saludables que gravan los alimentos que consumen los estratos más pobres de nuestra población.

Para los criminales aseguran que no habrá extradición, ni fumigación, ni bombarderos. Nada de lo que se hacía se hará, pues declaran fracasada la lucha contra las drogas. Tampoco sabemos aún qué es lo que harán. Nos proponen todo nuevo. Grupos armados en negociaciones, al igual que narcos, y criminales.  No más cárceles, delincuentes que no estén en la cárcel, sino que salgan de día. Además de ofertas de sueldos e impunidad para los de la primera línea. Improvisan a tal punto que decretan ceses bilaterales al fuego, que dejan al Estado quieto unilateralmente, pues los grupos ilegales no saben del supuesto acuerdo. Hablan de legalizar o regularizar la cocaína sin tener en cuenta los contextos internacionales y cesando toda acción contra las normas, en breve se verán los resultados del crecimiento exagerado del negocio.

Hablan de crecimiento económico y de la industria nacional, pero odian el sector productivo que existe. Quieren demoler estos empresarios para que surjan otros, y en otros sectores. Por supuesto, no han planteado una línea de política industrial, pero aprobaron una reforma tributaria que no sólo subirá los precios de todo, sino que le restará competitividad a las empresas nacionales.

El gobierno Petro está conformado por los profetas del post-apocalipsis: llegaron a un país donde no había nada, según dicen; y se les va a ir el gobierno destruyendo todo lo que había.

Ojalá recapaciten y construyan sobre lo construido.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023

*Senadora Centro Democrático.

Por Amylkar D Acosta M*.- No puede ser más paradójico, mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (Fncer), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra-venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.

En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar - fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el departamento de La Guajira.

No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que yo no he dudado en calificar como el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar.

Y mientras este paso no se surta el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.

De la misma manera que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Gabriel Ortíz*.- Nada es nuevo en Colombia, porque aquí todo se puede, todo se admite, todo lleva el signo pesos impreso y hasta visto con admiración y Aprecio.

La corrupción es apetecida por la facilidad de practicarla, disfrutarla y eludir castigos y sanciones oficiales y sociales.

De tiempo inmemorial existen mecanismos para burlar los controles del Estado, de las agrupaciones políticas, entes de control, sociedad y comunidades, porque la corrupción es tan productiva, que alcanza para las más jugosas reparticiones.

Los corruptos poseen herramientas poderosísimas que les permiten escapar, disfrazar y hasta legalizar fraudulentamente sus fechorías. Conforman grupos de seguidores a través del fanatismo -que es ciego-, el populismo y la polarización. El signo pesos, enturbia ojos, ensordece, enmudece y enriquece.

En este país y en la casi totalidad de naciones, está vigente el poema de Francisco Quevedo: “…yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado poderoso caballero es el dinero”.

Este poema llama la atención de muchos. Hace poco AMLO, el presidente de Méjico lo utilizó para denunciar la estruendosa corrupción en su país, al advertir que no se admitirá que “poderoso caballero sea don dinero: ya no comprará jueces…”

Aquí la cosa es moneda corriente: no hay licitación que no lleve la coima para repartir entre los ganadores, funcionarios y demás participantes. Funciona desde los pliegos sobre medidas, el estudio, las garantías y demás “articulitos”, hasta la celebración. La reciente licitación de los 70.000.000 de Centros Poblados es apenas una radiografía insignificante del universo anual.

Pero también existe el “caballero don dinero”, en decisiones estatales que ciertos funcionarios consideran ejemplares proezas.

Para muestra un botón: el llamado “pico y placa voluntario” que estableció la alcaldesa de Bogotá y que el año pasado llenó las arcas del Distrito Capital con 270.000 millones de pesos, a los que nadie les ha encontrado destino. Que se sepa, ni un solo centavo se ha destinado para tapar los millones de huecos que, podrían albergar el metro subterráneo.

“Poderoso caballero es don dinero”, dijo la administración a los usuarios de las vías públicas, fomentado de paso la “lucha de clases”. En una sociedad democrática y justa, existe igualdad para todos, no para “don dinero”. Quienes deben llevar sus hijos a los colegios, tienen que pagar el bendito ‘solidario”, por los altos costos del transporte escolar. El trabajo y las diligencias requieren el oneroso pago de la alcabala disfrazada e ilegal. Si Quevedo hubiera conocido a Claudia -¿próxima candidata presidencial?- la incluiría en su poema, porque “hace iguales al rico y al poderoso”. Y no se hable del abismo entre el Soat que pagan las motos al que se aplica a los carros. ¡Poderoso caballero es don dinero!

BLANCO: La suspensión de la crisis por parte de Petro. Se elimina cese al fuego y el ELN, seguirá aplicando pena de muerte a los colombianos.

NEGRO: La forma como se despidió a la viceministra de Minas, Belizza Ruiz. Ningún ministro admite que alguien lo supere y por ello requieren amanuenses.

Bogotá, D. C, 13 de enero de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.