Opinión

Por José G Hernández*. - Algunos hechos recientes nos llevan a concluir, con gran pesar y preocupación, que la democracia no tiene segura su vigencia en ningún país del mundo; que los ataques contra sus instituciones y contra el Derecho en ellas inspirado no han desaparecido, y que las asechanzas -ocultas o públicas- de sus enemigos continúan. Los demócratas tenemos la obligación de seguir en el empeño de corregir sus fallas y equivocaciones, con el objeto de resguardar el que Winston Churchill catalogara como el menos malo de los sistemas de gobierno.

- En Washington, hace dos años -el 6 de enero de 2021- un grupo de terroristas partidarios del expresidente Donald Trump irrumpió con violencia en el Capitolio -la sede del Congreso de los Estados Unidos-, alegando a gritos desconocer y rechazar los resultados de las elecciones en que resultó triunfante el actual presidente Joe Biden.

Antecedente: desde cuando fueron divulgadas las cifras de la votación, en noviembre de 2020, Trump se negó a reconocer su derrota y anunció acciones legales, afirmando estar convencido de su victoria y asegurado que los comicios eran inválidos y que, por tanto, el proceso correspondiente estaba muy lejos de terminar.

-El 7 de diciembre de 2022 la policía alemana detuvo a 25 personas, en su mayor parte pertenecientes a una organización de ultraderecha que de tiempo atrás conspira, con el propósito de derrocar al gobierno y formar uno nuevo. Según las autoridades, se trata de una asociación extremista denominada “Reichsbürger” (Ciudadanos del Reich), que rechaza la República Federal de Alemania y desconoce por completo todo su ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución vigente. Los violentos quisieron ingresar por la fuerza en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento, con la finalidad de dar un golpe armado, asaltar las actuales instituciones, abolir la organización republicana y restaurar el imperio alemán abolido en 1918.

-El miércoles 7 de diciembre, horas antes de que la rama legislativa del Perú debatiera, sin cumplir los requisitos constitucionales, una moción orientada a destituir al presidente Pedro Castillo, éste   anunció su decisión de disolver -también inconstitucionalmente- el Congreso, para convocar a nuevas elecciones. Horas después, el pleno del Congreso, sin un debido trámite procesal, resolvió destituirlo y dar posesión a la vicepresidenta Dilma Boluarte. Lo que ha seguido no ha sido nada diferente del caos, con destrucción y muerte. La democracia desapareció.

El pasado domingo en Brasilia, en un evento similar al de Washington, numerosos partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto -sedes del poder público-, causando pánico y destrozos, para reclamar una intervención militar que derrocara al recién posesionado presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Dos semanas antes de la segunda vuelta, Bolsonaro -como, en su momento, Trump- proclamó su desconfianza en el sistema electoral, y denunció, sin pruebas, que le iban a robar las elecciones. Después, ya derrotado, salió del país y no estuvo presente en la transmisión de mando a Lula Da Silva, como ha debido ocurrir.

La democracia sigue siendo atacada por las extremas de todos los signos y orientaciones. Debemos defenderla de ellas, siempre dispuestas a su descrédito y destrucción. 

Bogotá, D. C, 11 de enero de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.- Lo que pase en el mundo económico en 2023 afectará directamente a Colombia. Ningún hecho es tan lejano como para no tener incidencia en esta región del mundo. Ya lo hemos comprobado con creces en los últimos años. La globalización es una buena amiga, pero también una enemiga furiosa y despiadada.

El primer hecho que tiene la capacidad de seguir impactando negativamente la economía, es la guerra entre Rusia y Ucrania, que parece se profundizará en intensidad, dada la decisión de algunos gobiernos de entrar a respaldar o de continuar apoyando el esfuerzo de Volodímir Zelenski por frenar el avance de las agresiones de Putin.

El segundo hecho con efectos en el desempeño económico, es la caída de la producción China por un pésimo manejo de la pandemia de Covid 19, que está generando millones de contagiados y miles de muertes diarias, lo que se convierte también en una amenaza sanitaria mundial. China tiene un desempleo en aumento, crisis en la manufacturera, caída del sector inmobiliario, bajas ganancias de las corporaciones y pérdida de mercados en Europa y Estados Unidos.

Un tercer acontecimiento que empieza a asomarse, es la posibilidad de que haya una nueva crisis financiera en Estados Unidos, debido a las deudas asumidas por el tesoro norteamericano, el aumento significativo del precio de los bienes raíces, que estarían configurando una nueva burbuja inmobiliaria, el aumento de los créditos del sector privado, la sobrevaloración de la moneda, las crecientes tasas de interés, la desbordada inflación y el bajo crecimiento del PIB.

La cuarta circunstancia, que suena tenebrosa, es el anunció de las autoridades monetarias internacionales de que en 2023 habrá recesión en las tres economías más grandes del mundo: Estados Unidos, China y Unión Europea. Si resultan ciertas estas predicciones, la situación de países tan subordinados como el nuestro, será francamente preocupante, no sólo en términos económicos, sino también sociales.

Todos estos hechos están ocurriendo de manera simultánea, con consecuencias ya conocidas como la escasez de alimentos, materias primas e insumos, originada por unas cadenas de distribución rotas o muy deterioradas, lo que se traduce en una inflación acelerada, que conlleva a un problema adicional, la rápida contracción de la demanda y, por tanto, la ralentización del crecimiento económico a niveles críticos.

Para Colombia las perspectivas para 2023 se ensombrecen, luego de dos años iluminados por un crecimiento alto, impulsado especialmente por los excelentes precios del petróleo y el café en los mercados externos y por un alto consumo interno.

El panorama gris que ya han empezado a pintar los especialistas para Colombia, se traduce en un crecimiento cercano al 1% del PIB. Ellos abordan variables esenciales como, por ejemplo, el riesgo de una disminución sustancial de la cotización internacional del petróleo, la persistencia de la inflación, la devaluación de la moneda, tasas de interés que frenarán la producción y el consumo, decrecimiento de las exportaciones y la imposibilidad de incrementar el gasto público.

Pereira, 10 de enero de 2023  

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

*Conceptos que no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - La mesa de La Habana convoca el Foro de Desarrollo Agrario Integral, al cual asisten 1.314 personas de 522 organizaciones que, en dos días, presentan 546 ponencias y hacen 411 intervenciones sobre 6 ejes temáticos, cuyos resultados fueron entregados en enero de 2013.

Diciembre de 2022. El Gobierno convoca una Convención Nacional Campesina, con 2.000 participantes que, también durante dos días, sesionan sobre 4 ejes temáticos divididos en 54 mesas y submesas. Su relatoría, de 570 páginas, incluye una gran variedad de proposiciones sobre Desarrollo Rural, a mano y en hojas de cuaderno algunas, y otras extensas y sesudas, no presentadas por campesinos, sino por organizaciones y “expertos” que se abrogan su representación.

¿Qué diferencias y similitudes hay entre estos dos procesos que, en el fondo, se ocuparon de lo mismo con diez años de diferencia?

El primero tuvo una intención meramente legitimadora, exigido por las Farc utilizando de “validadores” a la Universidad Nacional y a la ONU. Los temas, “propuestos” por la Mesa, eran los que las Farc ya habían negociado con el Gobierno, pues, rápidamente, en mayo de 2013, el punto 1 se declara oficialmente “acordado”, con una participación tan “cosmética” y tan a espaldas de la población rural lo negociado, que dos meses más tarde estalla “el tal paro agrario” que no existió para Santos, pero que, presionado por su reelección, lo obligó a compromisos que tampoco cumplió.

El segundo fue convocado por el Gobierno, como parte de sus compromisos de vincular a la ciudadanía a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y de cumplir la Reforma Rural Integral, pero sobre todo de sus propuestas, que compartimos, de un Desarrollo Rural verdaderamente integral y de convertir a Colombia en potencia agroalimentaria. Los temas centrales fueron formulados por el Gobierno a partir de estas premisas, aunque en el proceso aparecieron propuestas de todo y para todo, algunas que poco o nada tienen que ver con la ruralidad campesina.

En resumen, el primero fue un montaje; el segundo un proceso permeado por narrativas extremas, pero democrático. Frente a las similitudes, ayer como hoy, persiste el radicalismo de colectivos ideologizados que se quedaron varados en viejas narrativas de odio, frente a un Gobierno “de izquierda”, pero que entiende el valor de buscar puntos de encuentro y avanzar en la recuperación del campo.

En esa convicción se basa el acuerdo con Fedegán para la compra directa de tierras, descalificado por esos segmentos radicales como la legalización del despojo paramilitar, frente al cual exigen expropiación pura y dura de las tierras ganaderas.

En esa misma convicción, el presidente Petro sostiene conversaciones en Brasil sobre Reforma Agraria con la muy capitalista y tecnificada Corea del Sur, buscando modelos exitosos en otras latitudes, aunque algunas organizaciones campesinas radicales descalifiquen el modelo capitalista de “sectores como Fedegán, que ven el futuro en la tecnificación del campo, siguiendo ejemplos como Israel, Brasil o Argentina”, y le añado Corea del Sur. ¡Ojalá los siguiéramos!

Entretanto, el Gobierno avanza en una Reforma que no se quede en la propiedad de la tierra, sino en la dotación de condiciones que la conviertan en factor de cambio. Seguramente mostrará resultados tempranos y marcará derroteros, mientras otros persisten en la narrativa del odio, asociada al “latifundista” y a un paramilitarismo que ya no existe y del que los ganaderos también fuimos víctimas, reemplazado por el narcotráfico que los ataca y ni siquiera mencionan.

Los resultados son la mejor estrategia contra el odio que se atraviesa a la recuperación integral y pacífica del campo. Por ello, a pesar de todo…, no pierdo la esperanza.

Bogotá, 9 de enero de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Amylkar D. Acosta M*.- La economía colombiana, entonces, cierra el año 2022 con un crecimiento del PIB que supera el 7%, producto del efecto rebote y comienza el 2023 con una marcada tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, entrando en barrena. Después de haber alcanzado un pico de crecimiento del 17.2% en mayo del año pasado, el mismo ha venido perdiendo fuerza e impulso y termina el año en su cuarto menguante. Es así como el crecimiento del PIB el tercer trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior fue escasamente del 1.6% (¡!).

De acuerdo con la previsión del Banco de la República, se espera un crecimiento anémico de la economía, reduciéndose a un exiguo 0.5%, lo cual repercutiría en una sensible reducción del PIB per cápita, toda vez que dicho crecimiento estaría por debajo del crecimiento vegetativo de la población, lo cual sólo se ha dado en Colombia dos veces en los últimos 23 años, durante la recesión económica en 1999 y en 2020 a consecuencia de la crisis pandémica. Y, lógicamente, ello también incidirá en una merma del ingreso y la capacidad adquisitiva de los colombianos en 2023.

Ello será otro lastre con el que tendrá que cargar el crecimiento de la economía, ya que en el último tramo del año anterior el consumo de los hogares ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento del PIB, tanto más en cuanto que se ha visto impactado y de qué manera por la inflación galopante, que en lo corrido del año anterior hasta el mes de noviembre se trepó hasta el 12.54%, superando en más de 7 puntos porcentuales la del mismo período del 2021. Esta inflación, que tiene un gran componente importado, sólo se compara con la que se registró hace 23 años. 

La Junta del Banco de la República, en su afán de contener esta escalada alcista de los precios y de paso responder a la seguidilla de aumentos en la tasa de intervención decretada por la Reserva federal, que ha provocado un éxodo de capitales desde los demás países, incluido Colombia, hacia EEUU, ha venido también incrementando la tasa de interés de intervención desde el 3% de un año atrás al 12% actual con el que cerró el 2022.

Como es obvio, ello se ha traducido en una restricción y encarecimiento del crédito, sin lograr su cometido de contener la inflación. El comportamiento de la Junta del Banco emisor es lo más parecido al perro que da vueltas sobre su propio eje tratando en vano de morderse la cola. En consecuencia, el costo del crédito es el más alto desde 2001 (¡!). Con las medidas tomadas el Banco de la República aspira y espera que para finales de este año la inflación se reduzca hasta el 7% y regrese a su meta de inflación objetivo de 3% sólo en 2024. Lo ha dicho en forma rotunda el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, para el 2023 “en vez de más inflación y tasas de interés, esperamos menos inflación y bajas en las tasas de interés”.

El sector externo se ha visto favorecido por el aumento sin precedentes de los precios de sus dos principales productos de exportación, como los son el carbón y el petróleo, aupados por la crisis energética global que se desató a raíz de la confrontación de los países que integran la OTAN, encabezados por EEUU y Rusia. Y muy seguramente esta tendencia se va a mantener en el curso de este año por el doble efecto de la inercia, de los mayores volúmenes y mejores precios ya negociados de sus exportaciones y de contera por la prolongación del conflicto en Ucrania. En el caso del petróleo habrá de contribuir a mantener sus precios al alza el anuncio de Putin de no venderle petróleo a los países rivales.

En medio de los vientos cruzados que soplan a nivel internacional y la incertidumbre que generaron los primeros anuncios de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, de parar en seco la firma de nuevos contratos petroleros y del Director de la Agencia Nacional Minera (ANM) de hacer lo propio en minería, llama poderosamente la atención el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero-energético. Al cierre de octubre pasado el total de la IED creció el 62.8% con respecto al mismo período del año anterior, ascendiendo a la suma, nada despreciable, de US $9.491 millones. Según el Banco de la República desde el 2015 no se registraba una cifra tan alta como esta. Se destaca el hecho que entre petróleo y minería acaparan el 72% del total de la IED, con US $6.866 millones, para un incremento del 77.7% con respecto a los primeros diez meses del 2021.

El mayor reto que tiene la economía colombiana para este año es sortear los factores desestabilizadores que vienen desde el exterior, que no favorecen la reactivación, largamente aplazada, los cuales se transmiten a través de los vasos comunicantes de nuestra balanza de comercio exterior, en momentos en los que el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos supera el - 7% (¡!). Le tocará maniobrar con mucha habilidad al Ministro Ocampo para que la economía colombiana tenga un aterrizaje suave este año y evitar a toda costa un aterrizaje forzoso!

Bogotá, enero 7 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energíawww.

amylkaracosta.net

Por José G. Hernández *. - La Constitución Política de 1991 ha sido reformada más de cincuenta veces y lo sigue siendo. La legislatura que se reinicia el 16 de marzo tendrá a su consideración varias propuestas de acto legislativo -algunas ya avanzadas-, y se anuncian y preparan otros proyectos de modificación constitucional.

Además, el Ejecutivo continuará en su política orientada a lograr la paz total, y no es extraño que, de los diálogos con las organizaciones armadas y de lo que se acuerde, surjan nuevos compromisos de reforma de la Constitución y las leyes, como ocurrió tras el proceso de paz adelantado durante la administración Santos.

Por otra parte, no faltan quienes insisten en la convocatoria de una asamblea constituyente, y otros hablan de posibles referendos, con distintos propósitos.

Todo ello significa que, pese a ser -en teoría- una constitución rígida, que contempla exigentes requisitos para su modificación, en la práctica nuestra Carta se ha ido flexibilizando, especialmente por razones de carácter político y coyuntural. 

Ahora bien, como lo han expresado los tratadistas, sin bien toda constitución debe irse adaptando a los cambios y desafíos que van surgiendo en el interior de la sociedad, por múltiples causas y razones -sociales, económicas, políticas, jurídicas, endógenas y exógenas-, y, por tanto,  no puede permanecer inmodificable, lo que sí requiere es una mínima estabilidad, de modo que no se convierta en pieza normativa manipulable y débil, sometida a los caprichos de quienes ejercen el poder y sujeta al vaivén propio de las conveniencias políticas de corto plazo.

Indudablemente, hay disposiciones vigentes desde 1991 que deben ser revisadas. Por ejemplo, las que consagran el alambicado sistema de fueros, que ha terminado rompiendo por completo la igualdad de los colombianos ante la ley y la justicia, y ocasionando impunidad. O las reglas para elegir a los titulares de la Fiscalía y los órganos de control, para que sean -de verdad- autónomos e independientes, como lo proclama el artículo 113 de la Constitución.

Igualmente, es preciso que los ciudadanos recuperemos la acción pública de inconstitucionalidad, plasmada con fortuna desde 1910, pero obstruida desde hace unos años por la propia Corte Constitucional, que se inventó exigencias formalistas a las demandas, convirtiendo ese derecho político en un complicado recurso extraordinario de casación, y periclitando ella en el ejercicio de la guarda judicial de la integridad y supremacía de la Carta Política.

Pero una cosa es introducir necesarios ajustes y correcciones al ordenamiento superior -lo que, inclusive, garantiza que los hechos y los nuevos retos sociales no le hagan perder vigencia-, y otra cosa muy distinta improvisar y aprobar -a las carreras- innecesarias enmiendas, sin previo y detenido estudio acerca de sus alcances y consecuencias. Además, hay el riesgo de acoger proyectos de acto legislativo cuyo contenido, más que reformar, acabe sustituyendo la Constitución, sus postulados y valores intangibles.

No caigamos en el error histórico de convertir a la Constitución Política -base y sustento de nuestro sistema democrático- en una suma de disposiciones inestables, inconexas y hasta contradictorias entre sí, que se acomodan a la coyuntura política dominante, y que se van introduciendo irracionalmente, en la medida de las momentáneas conveniencias.

Bogotá, D. C, 4 de enero de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Juan Camilo Restrepo *. - El debate sobre la adquisición de una nueva y costosa flotilla de aviones de combate, para reemplazar a los Kfir, es bueno ponerla en sus justas proporciones.

Yo celebro el cambio de opinión del presidente Petro. Seguramente los argumentos que recibió como mandatario le hicieron modificar los que tenía como candidato. Y ha entendido que esta costosa adquisición de aviones coincide con los mejores intereses del país y de su seguridad. Un presidente no puede aferrarse a prejuicios anteriores; y tanto más tratándose de asunto tan delicado.

Ahora bien: el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares no se reduce a adquirir una nueva flotilla de aviones de combate. También hay que mirar lo que está sucediendo con el equipamiento del ejército y de la policía. Causó, por ejemplo, mucho estupor -que aún no ha sido dilucidado- la reducción en el presupuesto de las fuerzas en la suma de $800.000 con relación al que venía ejecutándose. Por los lados de la policía hay también desasosiego. Un reciente informe de la fundación “ideas para la paz” da cuenta por ejemplo de la caída notoria que han tenido las operaciones militares este año. Y en no poca medida esto parece estar relacionado con deficiencias en el equipamiento y en los contingentes profesionales de nuestras fuerzas militares.

Flota en el ambiente el sentimiento de que el gobierno Petro es indiferente frente a las necesidades inmediatas de las fuerzas militares. Está bien que renovemos la flotilla de los desuetos Kfir. Pero con la misma lógica el gobierno debe poner extrema atención en concurrir a las necesidades más inmediatas, pero no menos importantes, de nuestras fuerzas militares.

La situación de orden público del país atraviesa por una época critica. A veces se tiene la sensación de que los esfuerzos de nuestro ejército y policía quedan desbordados por el poder creciente de los agresivos grupos narco delincuentes. Según ha informado el comandante del ejército, el general Ospina, los contingentes de los grupos de alta criminalidad ascienden a 5000. Y con otro tanto cuenta el Eln que, contrariamente a lo que afirmó el gobierno Duque no está disminuido, sino que por el contrario está altamente fortalecido.

Las tratativas para comenzar diálogos de “paz total” con unos y otro son bienvenidas. Pero esto va a tomar tiempo. Y mientras tanto la capacidad ofensiva de nuestras fuerzas militares debe fortalecerse al máximo. El propio gobierno anunció recientemente que su táctica en el Cauca cambiaba: ahora, dijo, se pasa a la ofensiva apoyándose en soldados profesionales. Y esto requiere fuerzas con renovada capacidad táctica.

Lo anterior recibe un argumento adicional con los anuncios que se pueden vislumbrar de la nueva política antidrogas que ha dejado conocer el gobierno. En efecto, ha dicho el presidente Petro que los cultivos ilícitos se tolerarán hasta que la rentabilidad de los lícitos supere los rendimientos de los cultivos de coca. Esto ha creado desconcierto. No es poca la gente que adivina en este anuncio una tolerancia indefinida con los cultivos ilícitos sin política alguna de erradicación.

Ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reclamado “cautela” del gobierno colombiano, y le ha solicitado que defina con claridad una política contra los cultivos ilícitos que aún no se logra adivinar de los confusos trinos presidenciales sobre la materia.

Lo único concreto que ha dicho el gobierno Petro es que en ausencia de una política de no erradicación forzosa se intensificarán las operaciones de interdicción contra el trasiego de narcóticos. Pero aún para poner en marcha este nuevo postulado se requerirá fortalecer la disponibilidad de equipos y militares especializados, capaces de llevar a cabo algo tan complejo como es una política eficaz de interdicción.

No solo, pues, es asunto de una nueva flotilla de aviones: se requiere mucho más.

PD: Mis mejores deseos para un buen año 2023 a todos los amables lectores de esta columna.

Bogotá, D. C, 2 de enero de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.-Después de la recesión económica a nivel global, de la que no escapó, porque no se podía desacoplar, la economía colombiana, se esperaba y aspiraba que el 2022 fuera el año de transición, en el curso del cual la economía se repondría, se recuperaría y se reactivaría, pero no fue así, porque con los primeros retoños verdes, cuando la economía mundial apenas empezaba a levantar cabeza, su impulso se vio truncado por los tropiezos que tuvo que enfrentar la cadena de valor y de suministros, que se originó con la crisis de los contenedores en china, como secuela de las medidas extremas que se tomaron para combatir el COVID 19. La consecuencia no se hizo esperar, el ritmo de crecimiento de la economía global se ralentizó, tanto más en cuanto que China se ha convertido en la última década en su remolcador.

Luego sobrevendría otro hecho aún más inesperado. Razón tuvo José Manuel Marroquín cuando en su hermosa poesía La perrilla dijo que “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Pues nadie esperaba, pues no era previsible, que un delirante Putin se atreviera, contra todo pronóstico, ensoberbecido por su ambición expansionista, a invadir a Ucrania. Y, claro, como lo pudo establecer Isaac Newton en su tercera Ley, “para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto”. La OTAN, encabezada por EEUU, reaccionó con drásticas sanciones contra Rusia. Y así se desató una turbulencia que está lejos de amainar.

Y como la política y la economía están inextricablemente correlacionadas, este conflicto frenó su crecimiento, al punto que se ha venido incubando una recesión global que, según el Banco Mundial, podría estallar en 2023, con el agravante de una incontenible espiral inflacionaria, configurándose de esta manera el peor escenario al que el mundo podría verse abocado de una recesión con inflación (estanflación), que no se ha vuelto a ver desde 1970. En su intento por contener este brote inflacionario los bancos centrales de todo el mundo, empezando por la Reserva Federal de EEUU, han elevado sus tasas de intervención, atizando la inflación y frenando aún más el crecimiento de la economía.

Uno de los factores que más ha contribuido a la inflación es la escalada alcista de los precios de los energéticos, particularmente del petróleo, el carbón y el gas natural y de contera la electricidad, hasta alcanzar niveles históricos. La crisis desatada ha terminado por fragmentar y compartimentar la globalización, obligando a las grandes potencias a concertar acciones en aras de garantizar su seguridad y soberanía energética en riesgo.

Después de crecer su PIB por décadas por encima del 10%, luego de una caída hasta el - 2.2% en 2020, China registró un crecimiento de 8.1% en 2021 y hasta el tercer trimestre del 2022 la tasa de crecimiento interanual ha sido de sólo el 3.9% (¡!). Por su parte la economía de EEUU tuvo un decrecimiento del - 3.4% en 2020, el crecimiento del PIB en 2021 fue del 5.7% y para el tercer trimestre del 2022 el crecimiento interanual registrado fue de un anémico 1.9%.

No obstante los nubarrones amenazantes que presagian una estanflación para el 2023, las proyecciones de las Naciones Unidas estiman que después del bajonazo de la economía mundial en 2020 de - 3.5%, esta se repuso, pero no con la velocidad esperada, en el 2021, registrando un crecimiento del PIB del 5.5%, pero la perspectiva para el 2023 es de un magro crecimiento del 3.5%.

Entre tanto, Latinoamérica, después de una contracción de su economía del orden del - 6.8% en 2020, viéndose compensada con un crecimiento del PIB del 6.9% en 2021, según las previsiones del Banco Mundial, se ve venir una desaceleración del ritmo de crecimiento en el 2023, limitándolo, según se espera al 2.5%. Se puede concluir, entonces, que la tendencia, tanto de la economía global como de la economía latinoamericana es de una ralentización del crecimiento en el 2023, con todas sus consecuencias en materia de empleo. El gran reto, entonces, de cara al 2023, es revertir dicha tendencia, lo cual será asaz difícil mientras el viento que sopla no cambie de dirección.

Medellín, diciembre 30 de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Felix Lafaurie Rivera *.- Una de las más hermosas tradiciones de Año Nuevo es comer doce uvas con las campanadas finales del 31 de diciembre, dedicadas a nuestros deseos y propósitos para el año que comienza.

Se desea con mayor intensidad lo que nunca se ha tenido y, por eso, la paz no falta en los deseos de los colombianos, pero más que gastarle una uva, es mejor entender que la paz es el resultado de otros deseos y otros propósitos que deben cumplirse, y a esos dedico mis doce uvas para Colombia en 2023.

1. Seguridad en las ciudades; que podamos volver a pasear, ir a nuestros trabajos y actividades sin temor a perder hasta la vida. Deseo seguridad como bien público y derecho fundamental.
2. Deseo seguridad para el campo, donde se acumulan todas las violencias y la peor de ellas, la violencia del abandono.
3. Por ello, deseo que el Estado llegue al campo con sus instituciones y recursos, y que la sociedad civil lo acompañe, para que la vida y el trabajo rural no sean un riesgo sino un proyecto de vida, porque nunca habrá paz en Colombia sin la recuperación del campo.
4. Mi cuarta uva se la dedico a la justicia, debida y oportuna, que proteja los derechos de todos y sancione sin impunidad a quien los vulnere. Sin ella, nunca habrá paz…, ni habrá país.
5. Seguridad, justicia y desarrollo rural deben ser las armas contra el narcotráfico. Deseo que esa combinación virtuosa libere a Colombia de tan nefasta maldición, mal de males y combustible de la violencia.
6. Más libertad bien merece una uva, pero libertad efectiva, ligada a la equidad en el acceso a las oportunidades, que es lo que nos permite ejercer la libertad como un derecho. Libertad de ser, de pensar, de expresarse, de hacer y emprender, siempre con el límite del respeto a los derechos de los demás.
7. Deseo que la educación sea ese canal de acceso a las oportunidades, que deje de ser factor de inequidad, espacio de adoctrinamiento y escuela de libertinaje. Educación sin calidades diferenciales que discriminan; educación donde el ciudadano aprenda a conocer y ejercer sus derechos, pero aprenda también los valores de la civilidad que permiten la convivencia.
8. Deseo que la protección de la naturaleza sea un propósito compartido, sin extremismos innecesarios, pero sin la indiferencia que destruye; buscando el equilibrio entre preservación y desarrollo.
9. Deseo que los servidores públicos sean ejemplo de esfuerzo y pulcritud, y que el liderazgo político recobre la dignidad que exige el inmenso honor de representar a sus compatriotas.
10. Si exigimos voluntad política y pulcritud a nuestros gobernantes, debemos exigirnos voluntad ciudadana y la pulcritud en nuestra vida diaria, porque la disciplina social es una expresión de la paz. Abandonemos la trampa pequeña, la colada en la fila y el orgullo tonto del avivato, esa pequeña corrupción que les enseñamos a nuestros hijos.
11. Ninguno de nosotros puede salvar a Colombia de todos sus males, pero sin el esfuerzo individual de cada uno…será imposible. Si nos proponemos pasar por la vida sin hacerle daño a nadie y ayudando a quien podamos, estamos aportando a la construcción de la paz.
12. Mi última uva es por la única paz que puedo desear, la paz en el corazón, la que surge de la conciencia tranquila, del respeto a la diferencia, el diálogo, el perdón y la tolerancia; la que depende de nosotros mismos y es nuestro mejor aporte a la paz de Colombia.

Paz en el corazón y prosperidad para todos en 2023.

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por José G. Hernández*.- Hace veinte años, mediante Acto Legislativo 3 de 2002, se introdujo el sistema penal acusatorio y se estableció, entre otras reglas del mismo, la vía del Principio de Oportunidad, en los siguientes términos:

“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito” (…) No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías”.

Pero, por causa de erróneas interpretaciones, el aludido principio y los acuerdos con los procesados, en especial por delitos de corrupción que afectan gravemente el patrimonio y el interés público, se están prestando para la impunidad y el beneficio de los corruptos.

Esa no es la finalidad de esas excepcionales figuras. Si algo las justifica en el ordenamiento jurídico, es la posibilidad -real, fundamentada y efectiva- de encontrar y procesar a otros autores del delito y a sus determinadores; mejores pruebas y elementos de juicio orientados a que se haga justicia y no se configure la impunidad.

Al respecto, ha expresado la Corte Constitucional:

“Como características generales del principio de oportunidad, este Tribunal ha identificado: i) debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; ii) es una figura de aplicación excepcional y reglada; iii) las causales de aplicación deben establecerse por el legislador de manera clara, precisa e inequívoca y estar conforme a la Constitución; iv) su regulación debe ser compatible con la vigencia de un orden justo, el principio de legalidad y los derechos de las víctimas; v) el fiscal goza de un margen razonable de interpretación en la aplicación de la ley pero este no es ilimitado; vi) estará sujeto al control de legalidad por el juez de control de garantías” (…)

“…la finalidad esencial para la consagración del principio de oportunidad consiste principalmente en racionalizar la actividad investigativa del Estado en la labor de la persecución de los delitos, dada la imposibilidad fáctica de la justicia penal para satisfacer exigencias de aplicación irrestricta del principio de legalidad”. (Sentencia C-387 de 2014).

Se busca, por supuesto, asegurar mejores resultados investigativos y efectividad en la aplicación de un sistema penal que alcance sus objetivos y realice una justicia eficaz; la reparación integral y la satisfacción plena de las víctimas (entre ellas, el Estado, si se trata de delitos de contenido económico y si  está de por medio el patrimonio público); la prevalencia del interés general, y la oportunidad de reinserción social para el delincuente que, en efecto y de verdad, haya colaborado con la administración de justicia.

Tales instituciones no se conciben como formas o modalidades de ingeniosa manipulación que, en últimas, sirva solamente a los beneficios y ventajas de quien, además de haber delinquido, no ha contribuido a tales finalidades, y, en cambio, se ha burlado de la administración de justicia. Mucho cuidado.

Bogotá, D. C, 8 de diciembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Humberto Tobón*.-En una presentación tranquila, respetuosa, austera y detallada, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, hizo la exposición de su informe anual de gestión. El balance es bastante positivo en temas sociales, económicos y de infraestructura. Es evidente que el esfuerzo administrativo ha sido grande y aplaudido por líderes de opinión, según se destaca en reciente encuesta nacional de la empresa Cifras y Conceptos.

En el campo social, el compromiso del gobernador Tamayo, es indiscutible. Ha estado presente, durante toda su gestión, al lado de los sectores más débiles, marginados y vulnerables. Sus programas de alimentación, por ejemplo, responden a una necesidad especialmente crítica, que se traduce en que cerca de una cuarta parte de los risaraldenses consumen dos o menos comidas al día.

La crisis social originada por la pandemia de la Covid 19, el desempleo, los fenómenos climáticos y la inflación, ha llevado a que muchas familias requieran del auxilio del Estado, una situación que no es exclusiva de la región o el país, sino que también ocurre en las naciones desarrolladas, donde los gobiernos han tenido que implementar planes masivos para rescatar del hambre a muchos de sus ciudadanos.

El gobernador Tamayo tiene, además, un plus en las decisiones de acompañamiento, respaldo y financiación de proyectos, tanto en las zonas rurales como urbanas, beneficiando a los pequeños empresarios. Los campesinos gozan de una especial atención, impulsando la asociatividad y la presencia en mercados importantes del país y el extranjero. Los emprendedores urbanos, por su lado, empiezan a tener visibilidad comercial e importantes resultados en sus actividades creativas.

El trabajo emprendido por el Gobernador, desde cuando se desató la pandemia, en pro de mantener activas las empresas, brindándoles opciones para acceder a los beneficios de la administración central y acercándolos al sistema financiero con tasas de interés de fomento, sirvieron para contener, en parte, el desempleo y la clausura de actividades productivas.

Un aspecto a destacar, es la inversión que se ha realizado con recursos propios o a través de la gestión ante las entidades nacionales, en el mejoramiento de la infraestructura vial y construcción y adecuación de escuelas, colegios y canchas deportivas. Las acciones han beneficiado a todo el departamento y han llegado a sitios que no habían tenido la oportunidad de ser parte de los servicios sociales y públicos del Estado.

El trámite de iniciativas a través de recursos de regalías y el respaldo de la clase política, permiten que se hayan asegurado las partidas para la construcción del hospital regional de alta complejidad, uno de los proyectos más importantes en materia de salud en el centro-occidente del país.

El apoyo a los procesos de regionalización, la vinculación de las organizaciones étnicas, las políticas de respeto y equidad con las diferentes creencias religiosas y tendencias sexuales, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el trato responsable a los adultos mayores, hablan bien de un gobierno que ha cumplido, a pesar de las grandes di dificultades que ha tenido que sortear por causas externas.

Pereira 7 de diciembre de 2022 

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.