Opinión

Por José G. Hernández*.- El artículo 5 de la Constitución proclama: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. El 42 reitera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; dice que “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”; que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes” y que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. La misma disposición consagra que la pareja tiene el deber de sostener y educar a sus hijos “mientras sean menores o impedidos”. Es decir, es un derecho, una función y un deber de la familia hacerse cargo de su educación, en todos los aspectos, y con plena libertad, según sus valores y criterios. Es algo que no corresponde al Estado sino a los padres, y el Estado no puede invadir esa órbita.

Por otro lado, el artículo 44 de la Constitución dispone que los niños serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral, y contra el abuso sexual, entre otros peligros. Y agrega que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El 45 estipula, respecto a los adolescentes, que tienen derecho a la protección y a la formación integral.

Es claro que, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que adopte el Estado son las apropiadas para “proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, mientras se encuentre bajo la custodia de los padres o de quien lo tenga a cargo. 

Estas normas -tanto las constitucionales como las convencionales- buscan la protección de los niños, no su madurez prematura en materia sexual.

A nuestro juicio, el legislador no debe -contra la Constitución y los tratados- promover iniciativas que conspiren contra esas garantías esenciales, ni despojar a los padres de familia de las indicadas funciones y derechos, en lo que atañe a la educación sexual. Es equivocado trasladar al Estado el papel de la familia, y despojar a los padres de su libertad de enseñanza. Y muy grave hacer obligatoria la denominada “ideología de género”, que los padres -en ejercicio de la libertad que la Constitución les garantiza- pueden o no compartir, y tienen todo el derecho a no educar a sus hijos dentro de ella. 

En estos días, en España, una ley -supuestamente orientada a proteger a los menores-, ha conducido -por el contario- a la libertad de violadores y abusadores, sobre la errónea base según la cual no es delictiva la relación sexual con un menor, si éste da su consentimiento.

La ministra española de la Igualdad, autora de la iniciativa, ha culpado a los jueces y tribunales por el efecto perverso de una norma improvisada y equívoca. Que no pase aquí lo mismo.

Bogotá, D. C, 24 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón* Todo indica, de acuerdo con los anuncios meteorológicos, que las lluvias seguirán arreciando y que podrían extenderse, por efectos del “fenómeno de la Niña”, hasta comienzos de 2023. Una verdadera tragedia.

El impacto social de esta temporada de lluvias es catastrófico. Lo que se sabe hasta el momento es que son 243 muertos por efectos directos de la lluvia, 500.000 personas damnificadas y daños cercanos a los 400.000 millones de pesos.

Frente a esta situación, ha empezado a surgir una pregunta clave: ¿Se podía prevenir este desastre? La respuesta depende de si se tiene o no un mapa de riesgo detallado y un plan de acción para la prevención. Y de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la mayoría de los municipios del país no tienen estos instrumentos.

Se sabía, de acuerdo con los anuncios de las autoridades, que las lluvias en el segundo semestre de 2022 serían cada vez más fuertes y frecuentes. Ante esto, el presidente electo Gustavo Petro, les pidió a los alcaldes en julio que tuvieran listos sus planes de riesgo climático. Muy pocos respondieron afirmativamente.

Ante la magnitud de los daños, lo que les corresponde a las autoridades es reaccionar con los elementos de los que disponen, que en general son muy escasos. El gobernador de Boyacá, por ejemplo, aseguró que no tiene cómo atender las emergencia en 120 de los 123 municipios de su departamento. Lo mismo señaló el gobernador de Cundinamarca, donde 82 de los 116 municipios están afectados por inundaciones y deslizamientos.

Con lo que está ocurriendo ahora, viene a la memoria la temporada de lluvias de 2010 y 2011, que le costó la vida a miles de personas y los daños fueron billonarios. En ese momento se dijo que era necesario avanzar en los planes de prevención, porque esta situación se volvería a presentar. Y el resultado que tenemos a la vista, es que no se actuó.

Con los actuales niveles de lluvia, las vías terciarias están prácticamente destruidas, lo que impide la movilización de los campesinos hacia los cascos urbanos, a lo que se adiciona que vías secundarias y troncales nacionales también están deterioradas, impidiendo que los alimentos y muchas otras mercancías lleguen a las ciudades, acelerando la escasez y el aumento de precios.

La inflación de los alimentos tiene muchas explicaciones, que van desde la ausencia de fertilizantes, la baja productividad nacional, el costo de las importaciones, la devaluación del peso y la especulación del comercio. Sumándose, ahora, la baja oferta interna por la imposibilidad de llevar productos agrícolas y pecuarios a los centros de abasto, plazas de mercado y de ferias y centros de sacrificio.

Alimentos más costosos, daños en las tierras productivas y pérdidas de cosechas, nos pondrán, además, frente a otras situaciones socialmente muy preocupantes: el aumento de la pobreza y del hambre.

Ojalá, con esta nueva emergencia sea posible tomar en serio la formulación y aplicación de los planes de gestión de riesgo de desastres.

*Estos comentarios no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional.

Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2022

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

Por Paloma Valencia Laserna*.- El presidente Petro fue a la COP 27 y dio 10 recomendaciones. Solo puedo compartir dos: la referida a la importancia del Amazonas y los esfuerzos nacionales e internacionales que serán necesarios para salvarlo. La segunda, una idea que muchas veces ha rondado; cambiar deuda internacional por cuidado ambiental, y en el caso de Petro, por inversiones en adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Las otras recomendaciones son una escalada de insensateces, nuevamente con una táctica poética que disfraza realidades complejas con mentiras sonoras pero al fin y al cabo falsas.

La más burda de todas sus propuestas es la que invita a que la banca internacional y multilateral deje de financiar hidrocarburos.  Suena bien, pero olvida -o esconde- el Presidente el hecho de que hoy casi todo lo que hacemos involucra combustibles fósiles. Los proyectos del agro incluyen toda la urea. Este principal e indispensable abono se obtiene de las explotaciones de gas -con GEI-. También la construcción tiene un severo impacto en el calentamiento global, pues involucra el acero que hoy no podemos hacer sin carbón coque -con GEI- y concreto cuya producción también involucra combustibles fósiles -con severos GEI-. A esto habría que sumarle todo el sector transporte que sigue siendo dependiente de los hidrocarburos. La transición energética avanza, pero no a la velocidad que se quisiera. No hay aviones eléctricos, ni energía suficiente para pasar todo el transporte a esa modalidad.  Así someramente, el Petro le pidió a la banca no volver a financiar proyectos de agro, ni de construcción, ni de transporte… y habría que agregarle todo lo que use plásticos también provenientes de los hidrocarburos. En fin, la propuesta es absurda.

Sugirió al mundo hacer lo que el pretende con Colombia; acabar con el sector de hidrocarburos. Suena bien, pero no es tan simple. Si mañana no se produjera una gota de petróleo o gas o carbón la humanidad la pasaría muy mal. No solo por el invierno que se avecina, sino porque muchos países en su provisión energética también dependen de hidrocarburos: no habría transporte, ni concreto, ni comida, ni luz, ni muchas cosas que definen hoy la vida misma.

Pero además esa idea tiene una falacia fundamental: prohibir un sector necesariamente activa otros. Cabe recordar que las grandes petroleras del mundo como BP, Shell, Chevron, Total, Eni, Exxon invierten miles de millones de dólares en investigación de nuevas energías. Seguramente serán ellas, como Ecopetrol en Colombia, quienes liderarán la producción de nuevas energías. Si se quiebran las petroleras esa riqueza desaparece y no habrá quien invierta en esa investigación. Se requieren eso sí más y mejores incentivos económicos para que se invierta más y más rápido en energías limpias. Eso es lo que el Presidente parece no entender.

La solución es y pesa por el mercado, al contrario de lo que opina Petro. Dijo: “Es la hora de la humanidad y no de los mercados”. Se equivoca al ponerlos como antagonistas. Si queremos mayores energías renovables, necesitamos que los mercados las produzcan y las financien.

Cuando Petro propone la agenda de solo la “planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada” dirigida por la ONU no solo contradice su propia visión de que “el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo” no sirve para solucionar el problema del cambio climático, sino que además propone la idea comunista de una económica centralmente planificada. Que no funciona, no ha funcionado ni en la Unión Soviética ni en Cuba ni en Venezuela ni funcionará a nivel global.

Su desprecio por el mercado denota una profunda desconfianza en las libertades ciudadanas. Sobretodo demuestra su desconocimiento sobre cómo los incentivos económicos son capaces de influir los mercados y marcar el rumbo de las economías.

Eso se refleja en su reforma tributaria -sin un solo aporte a la política industrial- y en su visión estatista de todos los ámbitos vitales. Ahora el Estado nos dice que podemos comer con el rótulo de saludable; que nos debe gustar restringiendo prácticas culturales; y nos quiere administrar la salud, producir los remedios, y quien sabe que más.

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2022

*Senadora del Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- La capital colombiana, va de mal en peor, por culpa de sus habitantes, sus gobernantes, sus visitantes, sus acusadores, sus defensores, sus autoridades, sus servicios, etc.

Orgullosamente se identificaba como Bogotá, D.C., nombre que ya se cambió por Bogotá, U.C.I., porque ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, como último recurso para buscar nuevos, íntegros, entusiastas e idóneos gobernantes y dirigentes la revivan y la saquen de la postración.

Está invadida de “maletines naranja”, que antes de considerarlos como apoyo a la movilidad y la organización, se les aprecia como el gran negocio para fabricantes, vendedores y compradores.

El “pico y placa”, que algunos esperaron sirviera para descongestionar el tránsito, es ahora un filón ideado por Claudia, para paralizar la ciudad.

Los escasos días que se puede usar un vehículo que, paga el más abultado impuesto de rodamiento, se debe disponer del día entero para cualquier diligencia. Las anteriores calles, avenidas y rutas, ya no se pueden tomar, las angostaron para instalar antitécnicas ciclorrutas y franjas exclusivas para buses que pasan desocupados ante las congestiones y la inseguridad. El poco espacio que aún queda para los vehículos, debe compartirlo con millares de motos, que, “culebrean”, por entre los carros, sin respetar la menor norma de tránsito.

Nada se diga del pésimo estado en que se encuentran las pocas vías, llenas de huecos. El “reparcheo”, es de pésima calidad, pero valiosamente contratado. ¿Y qué tal las obras mínimas que taponan calles enteras? ¡Planeación, por favor!

Nadie sabe a ciencia cierta, si en Bogotá, U.C.I., hay gobernantes, subalternos, expertos en movilidad, Concejo, policía, poder judicial, fiscalía o solo existe una comunidad sumisa y tolerante que debe se somete a lo que le impongan. Esa que votó por falsos espejismos.

Capítulo aparte tiene la inseguridad. Ya no hay quién pueda escapar al hampa que se apoderó de todo: que asesina, atraca, hurta, extorsiona, secuestra, ejerce el feminicidio, el rapto de niños y niñas para prostituirlos. Son organizaciones criminales criollas, reforzadas por las que Duque dejó entrar de Venezuela. Desde las propias cárceles de Maduro, manejan el pingue negocio criminal en Bogotá.

La alcaldesa trata de eludir sus responsabilidades, acusando a la justicia -que en realidad cohonesta- porque liberara a los capturados por la policía, la fiscalía y la ciudadanía. La gran escuela del crimen se “cuela” en Transmilenio, que se ha convertido en su territorio natural.

Adicionalmente Bogotá, U.C.I., es la ciudad más fea de Colombia, con esas basuras depositadas en las horrorosas canecas que invaden los andenes. Con desechos que tapan las alcantarillas e inundan vías y barriadas. Los espantosos grafitis y demás arandelas que desdibujan casas, muros, y edificios, han destruido la Capital, la Atenas Suramericana, la ciudad amable y la joya de la corona que antes fue. ¿Vendrá algún alcalde que la rescate?  

BLANCO: Será posible que el “metro subterráneo”, abra el tránsito de Bogotá. ¿Probamos?

NEGRO: Papas, huevos, carne y el alza de intereses, dispararon la inflación. ¿Alguien pondrá el cascabel al gato emisor?

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.-La convivencia -que es propia de cualquier sociedad, por rudimentaria que sea- se está haciendo imposible en Colombia. Las relaciones de toda índole entre las personas no se desenvuelven en un clima de mínimo respeto, entendimiento y mutua consideración, como seres racionales y supuestamente civilizados, sino en un escenario cada vez más hostil, de individualismo, insolidaridad, inseguridad, agresividad, deshonestidad, intolerancia, polarización, violencia, discriminación, delito e impunidad.

Hemos llegado a extremos inconcebibles que, se suponía, eran evitables mediante la educación, la moral social, la acción estatal y la vigencia de un orden jurídico eficaz: masacres diarias, sicariato, extorsiones, amenazas, violencia sexual en aumento, permanente peligro para las mujeres y los niños. A medida que el tiempo pasa, la situación se torna más grave. Las autoridades han perdido el control. Y lo peor: la sociedad se ha ido acostumbrando a ese estado de cosas, y en su interior ha venido normalizando lo que debería ser por completo anormal y excepcional. Se ha perdido todo respeto a la vida y a la dignidad humana.

La sociedad no cesa de preguntarse qué hay detrás de las repetidas masacres que tienen lugar en distintas regiones, y de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y desmovilizados.

La colectividad no entiende cómo ha sido posible que, en un hotel de Melgar, un padre haya asesinado a su hijo de cinco años, con el único propósito de causar dolor a su pareja, la madre del menor. Y que, pese a las previas denuncias de la mujer y a la existencia de registros en Comisaría de Familia sobre violencia intrafamiliar y violencia psicológica, hubiesen sido autorizadas las visitas.

Tampoco hay explicación para el crimen cometido por sicarios en Cartagena, quienes dieron muerte a un hombre y su niña de diez años, tras recoger a sus hijos en el colegio. Ni para la violencia sexual ejercida sobre una menor en una estación de Transmilenio en Bogotá. Ni para el horrendo crimen cometido en Andes -Antioquia- contra una joven de dieciocho años, quien fue torturada, violada y asesinada por sus captores. Ni para la acción de una madre desnaturalizada que, tras dar a luz a su bebé, ordenó a sus otros hijos menores, abandonarlo en un basurero.

Todo se quiere resolver mediante la violencia. Un sencillo llamado de atención por parte de agentes de tránsito a un infractor da lugar a la reacción energúmena de éste, a la grosería, la vulgaridad y la amenaza. Una protesta indígena por incumplimientos de la administración provoca el ataque violento contra miembros de la Policía, entre ellos una joven agente recién vinculada. Para proclamar un supuesto derecho al aborto, mujeres enmascaradas pretenden incendiar la Catedral de Bogotá. El acto de violencia de la menor en Transmilenio -que jamás ha debido ocurrir- provoca enfurecido ataque contra el medio de transporte, las estaciones y los buses, causando daño al patrimonio público y a miles de personas totalmente ajenas al delito cometido.

Sobre estos y otros hechos, Colombia debe reflexionar. ¿Qué hemos venido haciendo mal, desde hace años, en todos los frentes, para que hayamos convertido la convivencia social y el mutuo respeto en imposibles? 

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.-No están China, Rusia e India, tres de los grandes contaminadores mundiales, en la Conferencia de las Partes – COP27, que se realiza en Egipto. Esto quiere decir que de este evento saldrá, nuevamente, una declaración reducida, de buenas intenciones y de compromisos gaseosos.

Los acuerdos, presionados esencialmente por intereses políticos y económicos, seguirán tratando de proteger una economía tradicional basada en energías fósiles, mientras se escucharán potentes discursos hablando de la necesidad de salvar el planeta, que está dando muestras continuas de deterioro. Hipocresía en un máximo nivel.

Este encuentro sobre el clima, se produce en un momento donde las naciones europeas dan pasos atrás en sus compromisos de transición energética y regresan al carbón para poder garantizarle a su gente una fuente de energía, luego de la decisión de Rusia de no provisionarlas de suficiente gas, especialmente en la temporada de invierno.

Esta crisis en Europa, demuestra la inmensa incapacidad de los gobiernos de la Unión de avanzar hacia el desarrollo de tecnologías que oferten energías limpias. Todo lo que promocionaron durante décadas fueron mentiras. Cuando llegó el momento, ni Francia, ni Alemania, ni España, ni Italia, ni Portugal, ni nadie, tenía cómo darle una respuesta tranquilizadora a su población sobre la oferta de una energía suficiente y amigable con el planeta.

Lo que se ve hoy en Egipto es el desfile de los más poderosos lobistas del mundo, negociando con los gobiernos, especialmente los que representan a las naciones más ricas, el aplazamiento de decisiones cruciales sobre el petróleo y el carbón. “Todavía hay mucha existencia de estos combustibles, como para dejarlos enterrados en el suelo”, dirán.

La ambición humana, la corrupción gubernamental, el poderío de los grandes capitales  y la insensatez de nosotros los consumidores, contribuyen a un deterioro acelerado del planeta, que se evidencia a través del cambio climático, cuyas consecuencias están dejando una estela de destrucción, dolor y muerte.

El futuro de la Tierra está en manos de gentes como los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, que le prohibieron al gobierno controlar las emisiones contaminantes de las grandes empresas. O de personajes como Trump, que muy seguramente ganaría la presidencia norteamericana si decide lanzarse, que no cree en el cambio climático y retiraría a su país de todos los acuerdos sobre el ambiente.

Cuál esperanza se puede tener en líderes como Putin, dispuesto a impulsar una guerra atómica; o Xi Jinping​ que sigue basando su economía en el carbón; o Narendra Modi, que tiene sumida a gran parte de su nación en la pobreza extrema.

Macron, Sánchez, Scholz, Meloni y Sunak, no tienen el peso para imponer una agenda climática mundial más ambiciosa y obligatoria. Tampoco lo tiene Biden, que, a pesar de sus buenas intenciones, está preso por el poder de las industrias automotriz y petroquímica.

Las conclusiones de la COP27, se sumarán a las de otros encuentros, que han resultado ser mentiras arropadas por un buen discurso. Sólo venden humo.

Bogotá, 08 de noviembre de 2022

Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

@humbertotobon

Por Juan Manuel Galán*.-Con bombos y platillos celebró el Gobierno la reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores en Caracas. Un encuentro que, sin lugar a duda, produjo gran expectativa en el país y en toda la región. Selló la semana la victoria del presidente Lula Da Silva en Brasil, lo que sin duda sitúa a nuestro continente en la “marea roja”. Sin embargo, la victoria de Lula refleja un país profundamente dividido y polarizado.

En la agenda binacional con Venezuela se trataron los temas de fortalecimiento a la comunidad andina, relaciones diplomáticas, económicas y comerciales, la “consideración” del reingreso de ese páis al sistema interamericano de derechos humanos, la protección de la Amazonia y el reinicio de labores de inteligencia. Todos anuncios importantes, aunque parece que se “pidieran favores” sin garantía de cumplimiento.

Así las cosas, en cuanto a los derechos humanos, el presidente Petro debió haberle expresado a Maduro la gran preocupación que existe en la comunidad internacional por su evidente violación, sobre todo, contra los sectores de oposición, que no tienen ningún tipo de garantía para ejercer su rol. Esto es primordial para que cualquier democracia funcione y demuestra que el régimen venezolano de Maduro es antidemocrático, dictatorial y autoritario.

Sorprende que no se hizo referencia a los más de 2.2 millones de migrantes que actualmente viven nuestro país. Es necesario que de manera urgente se establezca un mecanismo internacional que le dé corresponsabilidad al estado venezolano sobre la situación de los migrantes. Los colombianos hemos sido solidarios para agradecer al pueblo venezolano que durante décadas recibió a compatriotas migrantes. Sin embargo, es imposible atender a los migrantes con cargo exclusivo al presupuesto nacional.

Igualmente, y de gran trascendencia, es restablecer la cooperación en materia de seguridad y judicial para enfrentar a las mafias de contrabando, minería ilegal y narcotráfico que tienen azotada a la frontera. Entre todas estas estructuras criminales, hay una que debe parar ya y es la de trata de menores de edad con fines de explotación sexual entre el ELN y bandas delincuenciales venezolanas. Nuestros niños son absoluta prioridad, y su abuso no puede quedar en la impunidad.

Celebro que se haya reabierto la frontera, la reunión de los presidentes, pero son grandes los retos binacionales. El costo del “cerco diplomático” a Venezuela de Duque, lo tendremos que pagar durante décadas. No solamente se trata del desafío económico. Tiene una gran tarea el embajador Benedetti. El cuidado de la dignidad humana y del planeta deben ser el eje de Colombia como “potencia mundial de la vida”.

Bogotá, D. C, 07 de noviembre de 2022

*Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París y realizó una Maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Ocupó cargos diplomáticos en Londres, exsenador de Colombia.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El Congreso colombiano tiene una eficiente peluquería. Así lo demostró con la peluqueada que le hizo a la reforma tributaria, que entró aspirando recaudar $25 billones y saldrá con unos $19 billones. Lo lamentable del resultado es que se hizo para mantener los privilegios y exenciones de unos cuantos afortunados y la reforma resultó menos equitativa y progresiva.

La más significativa desde el punto de vista de la equidad es el rechazo al impuesto a las megapensiones. Utilizando el demagógico argumento de proteger a los pobres pensionados, los congresistas estaban defendiendo sus futuras pensiones y los privilegios de una minúscula minoría de tan solo 16.500 personas (el 0.7% de los 2.5 millones de pensionados) que reciben un cuantioso subsidio de los contribuyentes, porque lo que cotizaron no les alcanza para la elevada pensión que están recibiendo.

Otro recorte que atenta contra la equidad fue la decisión del Senado de no gravar las actividades comerciales de las iglesias, con otro argumento demagógico que era la defensa de la libertad de cultos y de la labor social de las iglesias. Nadie niega que la mayoría de las iglesias adelantan importantes obras en beneficio de las comunidades, sobre todo de las más pobres y marginadas, pero a estas actividades no se les iba a poner ningún impuesto. Lo que es inexplicable es que no se apruebe que las iglesias tengan el mismo tratamiento de las demás entidades sin ánimo de lucro y ONG, que no pagan ningún impuesto si sus excedentes son destinados a obras de beneficio social, pero sí deben pagarlos cuando los desvían para fines particulares. Es la mejor forma de controlar los abusos que desafortunadamente existen en algunos casos con lo diezmos y primicias que pagan los fieles. La Cámara si aprobó este tratamiento y pueda ser que en la conciliación se confirme.

Aunque no lograron tumbarlo, en el Congreso sí trasquilaron los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, no solo aplazando su entrada en vigencia sino también excluyendo varios ítems y rebajando el monto del tributo en proporción al contenido de azúcar. Pudo más la presión de los empresarios que la salud de la población.

La peluqueada más inexplicable es la del sector minero. Si bien es cierto que la no deducibilidad de las regalías es para todo el sector, el impacto fuerte de esta medida es solo para el petróleo y el carbón, pues el oro, la plata, el cobre y todos los demás minerales pagan regalías irrisorias. Por el contrario la sobretasa variable que depende de los precios internacionales, solo la pagarán los hidrocarburos mientras que los demás minerales quedaron exentos. Otro triunfo del cabildeo de las empresas.

La peluquería del Congreso no atendió el llamado del ministro Ocampo que siempre estuvo abierto a revisar la reforma, pero esperaba propuestas que compensaran los impuestos eliminados. Solo se hicieron unas dos o tres, y por eso se redujo tanto el monto del recaudo esperado.

Bogotá D.C, 07 de noviembre de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los temas más controvertidos del proyecto de reforma tributaria que radicó el gobierno nacional en el Congreso de la República fue la propuesta de un impuesto del 10% de las exportaciones del petróleo y el carbón, habida cuenta de sus altas cotizaciones en los mercados internacionales. Para ponernos en contexto citemos a dos economistas de campanillas, quienes hace más de una década se pronunciaron sobre el particular.

El ex ministro de hacienda Rodrigo Botero, planteó en el 2010 “gravámenes adicionales a ese sector, ya sea por intermedio de un impuesto a las ganancias ocasionales o de regalías crecientes para recaudar la mayor proporción de los aumentos de precios internacionales del petróleo y la minería”. Por su parte el hoy Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, planteó para entonces, mucho antes de volver a ser ministro, que “la mejor política para manejar la bonanza es un impuesto a la exportación de minerales. Se replicaría en este campo la manera como manejamos las bonanzas cafeteras en el pasado, con éxito bien reconocido”.

Más recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres manifestó: “urjo a todos los gobiernos a gravar estas ganancias excesivas y a utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles”. Y añadió: “lo que estamos diciendo es que el dinero que se obtenga con ese gravamen se debe poner a disposición de los más vulnerables y golpeados precisamente por los altos precios que benefician a un número muy limitado de compañías en el mundo”.

Este impuesto fue muy criticado e incluso se llegó a afirmar que era violatorio de los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Colombia, que se estaría exponiendo con ello a sanciones por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incluso a medidas retaliatorias por parte de aquellos países con los que tiene intercambio comercial. Por ello, el Ministro de Hacienda se transó por imponer más bien una sobretasa sobre la renta y el pulso con los gremios del sector lo llevó a reducir y flexibilizar la tasa impositiva.

En efecto se trata, en el caso del petróleo, de una sobretasa del 5% cuando el precio promedio del año gravable se sitúe entre el 30% y el 45% por encima del precio móvil de los 10 años anteriores, del 10% cuando el aumento del precio oscile entre el 45% y el 60%, aplicándole el 15% cuando supere este rango. En tratándose del carbón, dicha sobretasa aplicable será del 5% cuando el aumento del precio fluctúe entre el 65% y el 75% y el 10% cuando supere dicho límite, tomando siempre como referencia la media del precio de los 10 años anteriores al año gravable. De ello se sigue que la sobretasa es temporal, porque tan pronto caigan los precios por debajo de dichos niveles se desactiva.

Una observación muy importante: en mi concepto esta sobretasa sólo debería ser aplicable a los contratos anteriores al 2002, ya que los firmados con posterioridad a esta fecha con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contemplan ya la cláusula de precios altos (windfall profits). La primera vez que se estableció esta cláusula fue en el contrato de asociación TEXAS – ECOPETROL en 2002, el cual se extendió para desarrollar el proyecto Catalina, mediante el cual se perforaron dos pozos horizontales para elevar la producción del campo de gas de Chuchupa en La Guajira. Ello fue posible gracias a la renegociación de dicho contrato por exigencia del entonces Contralor General Antonio Hernández.

Hay una razón de peso, además de las anteriormente expuestas, que justifica esta sobretasa, con la salvedad anotada y es la reciprocidad. Por que, así como cuando los precios se han desplomado y las empresas del sector han afrontado dificultades, perdiendo competitividad frente a sus pares, el Estado (gobierno y congreso de la república) ha sido generoso y les ha tendido la mano. Dos ejemplos al canto: la flexibilización del régimen de regalías en la ley 756 de 2002 y el beneficio tributario y arancelario que se derivó para el sector al poderse acoger al régimen de Zona franca. De la misma manera, las empresas, en momentos que los precios se elevan muy por encima de sus previsiones y expectativas deben compartir con el Estado las ganancias ocasionales que se derivan de tales coyunturas. 

Riohacha, octubre 31 de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.    

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- El arrogante Musk, una vez cerró la negociación de Twitter, y luego de despedir buena parte de altos ejecutivos de la empresa y de recibir las efusivas felicitaciones del señor Trump que va a ser reintegrado a la plataforma de donde había sido expulsado por comportamientos antiéticos, concluyó: “el pájaro ha sido liberado”.

La Unión Europea le respondió inmediatamente: “el pajarito de Twitter podrá ser liberado también en nuestro territorio, pero tendrá que cantar bajo las normas de la UE”.

La defenestrada de Carlos Gustavo Cano de la presidencia de la junta Ecopetrol, un día después de que la junta lo había elegido por unanimidad, obedeció según se supo a un diktat imperial que lanzó el presidente Petro, por no estar de acuerdo con la decisión unánime que la junta había adoptado la víspera sobre el nombre del presidente de su junta.

Es cierto que los presidentes de la República han contado siempre con personas de su confianza en la presidencia de la junta de Ecopetrol. Lo que resultó chocante en esta ocasión es que el presidente Petro hiciera dar marcha atrás a una decisión que había sido tomado por unanimidad. Habría que decir entonces - siguiendo con los símiles animales- que en esta ocasión “la iguana resultó maltratada”.

Más allá de lo pintoresco de este episodio, hay que decir que la decisión del presidente es cuestionable por dos razones:

Primera, porque si bien es cierto la mayoría de las acciones de Ecopetrol pertenecen al estado colombiano cuya personería ostenta el poder ejecutivo, no es menos cierto que las decisiones tomadas por unanimidad por la junta de la petrolera deben respetarse por el accionista mayoritario.

Si los representantes presidenciales no consultaron previamente la decisión inicial con la casa de Nariño puede ser algo infortunado. Pero no justificaba de ninguna manera la contraorden presidencial. Y es un mal preludio de lo que puede suceder en adelante con las decisiones que tome la junta que quedan sujetas al precedente de que las cambien desde la Casa de Nariño.

Y, en segundo lugar, porque Ecopetrol está pasando por un momento difícil en el que lo menos que se pueden dar son mensajes contradictorios como éste. A diferencia de lo que está sucediendo con todas las petroleras en el mundo que se han valorizado espectacularmente por los altos precios de los combustibles, Ecopetrol ha perdido en las últimas semanas cerca del 40% de su cotización bursátil.

Quizás la mayor responsabilidad en esta pérdida de valor bursátil provenga de la ambigüedad que ha rodeado el mensaje gubernamental sobre si al fin se van a firmar nuevos contratos de exploración, o no. Toda la evidencia científica disponible indica que no hacerlo llevaría en el mediano plazo a bajar producción severamente; a perder ingresos fiscales; a depender de inciertas exportaciones; a hacer imposible la reposición de las maltrechas reservas energéticas del país; y lo más grave: a perder la autosuficiencia que con tanto esfuerzo ha adquirido Colombia.

En los últimos días, y casi con tirabuzón, se ha logrado que el gobierno haya abierto una tenue posibilidad según la cual sí firmará los mencionados contratos. En hora buena. La renuencia para corregir este mantra de la campaña petrista es lo que más negativamente ha afectado la acción de Ecopetrol en las últimas semanas. A lo cual, por supuesto, contribuyen mensajes desafortunados como éste de la contramarcha que costó la cabeza como presidente de su junta al Dr. Carlos Gustavo Cano. Y que ha terminado por golpear la imagen de la Iguana.

Tirios y troyanos coinciden en que hay que avanzar en la tarea de la transición energética. El punto es: ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? En casi todos los países del planeta lo que se está haciendo es encarecer el uso de combustibles fósiles para desestimular su consumo. O sea, desestimular la demanda. En Colombia, por virtud de la consigna lanzada durante la campaña presidencial se está trabajando en otra dirección: sofocar la oferta de combustibles fósiles a base de cerrar el grifo de nuevas exploraciones.

Ojalá estos últimos episodios sirvan para que el gobierno recapacite.  Y no solo para que respete en el futuro las decisiones de la junta de Ecopetrol. Sino para que entienda que la mejor manera de avanzar hacia la transición energética inteligente no es sofocar la oferta de hidrocarburos, lo que tendría costos inimaginables. Ni la de echar atrás desde la Casa de Nariño decisiones adoptadas por unanimidad por la junta directiva de la empresa.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.