Opinión

Por Jorge Enrique Robledo*.- Al golpe que se prepara hay que sumarle el pésimo negocio que le impusieron Duque y Carrasquilla a Ecopetrol cuando, tras otra demagogia de falso ambientalismo, la obligaron a comprarle ISA al Estado colombiano por 14,2 billones de pesos, plata que despilfarraron en politiquería.

Cuenta Esopo en una de sus fábulas que un mago le regaló a un campesino una gallina que ponía un huevo de oro cada día, con lo que se volvió el más rico de la comarca. Y que este nuevo rico un día decidió matar la gallina con el sueño infantil de apoderarse en un instante de la totalidad de la mina de oro que supuso tenía adentro, con lo que sin nada se quedó.

Esta historia me llega a la mente por el fuerte castigo que la reforma tributaria le propinará a Ecopetrol, de 7,6 billones de pesos en 2023, monto tan alto que representa la tercera parte del aumento del recaudo, calculado en 22 billones. Y la exacción escalará a 12 billones desde el 2026. Con razón, directivos de la empresa y analistas le han reclamado al ministro de Hacienda y a los congresistas petristas.

Los nuevos impuestos provienen de una sobretasa al impuesto de renta y de la no deducibilidad de las regalías que define la reforma, que además le crea un problema mayúsculo a Reficar –del Grupo Ecopetrol– por el cambio del régimen de zonas francas, empresa a la que se le debería dar un trato distinto a las privadas pero que los TLC impiden, como ocurrió con el día sin IVA solo para la producción nacional.

Se castiga a Ecopetrol, una empresa que en un 88,5 por ciento pertenece al Estado, es decir, a los colombianos y cuya producción e impuestos financian en grande el gasto público nacional, las regalías de los departamentos y buscar y producir más hidrocarburos, de cuyos éxitos depende que el dólar y la crisis nacional no se salgan de madre.

Y esos mismos recursos deben financiar la urgente modernización de la refinería de Barrancabermeja –que no adelantaron ni Santos ni Duque y que el candidato Petro ni siquiera incluyó en su programa–, para que Colombia salga del peor extractivismo imaginable, el del absurdo de exportar petróleo e importar el 37 el 35 por ciento de la gasolina y el ACPM, respectivamente.

Al golpe que se prepara hay que sumarle el pésimo negocio que le impusieron Duque y Carrasquilla a Ecopetrol cuando, tras otra demagogia de falso ambientalismo, la obligaron a comprarle ISA al Estado colombiano por 14,2 billones de pesos, plata que despilfarraron en politiquería. Para empeorar las cosas, en un año, las acciones de ISA se han desvalorizado en 2,8 billones de pesos y en dividendos apenas pagarán el tres por ciento, en tanto Ecopetrol paga 17 por ciento más –en pesos– por su deuda adquirida en dólares. Y Duque dejó listas las privatizaciones de Cenit e Invercola, del Grupo Ecopetrol.

Que no resulte que una falsa defensa del medio ambiente –falacia demostrada hasta la saciedad y protegida por sectarismos políticos–, haya levantado una ola antipetrolera y anti Ecopetrol tan fuerte, que le abra paso al objetivo privatizador de décadas y revierta la lucha nacionalista de los trabajadores del petróleo y de los demócratas colombianos, incluido Jorge Eliecer Gaitán, que en 1951 convirtieron en Ecopetrol a las trasnacionales petroleras que monopolizaban el negocio en Colombia, convirtiéndose en la mayor empresa de la historia nacional y la número 294 entre las 300 más grandes del mundo (Forbes, 2021).

Sin duda, esta es una de las razones por las que al FMI le gusta la reforma tributaria. El colmo sería que se sacrificara la gallina de los huevos de oro de los colombianos.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2022

*Exsenador de Colombia

Por José Félix Lafaurie*.- En general fue bien recibido el Acuerdo para la compra de tierras a ganaderos que quieran venderlas en condiciones válidas de mercado, con destino a campesinos sin tierra. Sin embargo, no faltaron descalificaciones: a la ministra porque me agradeció; y a mí, porque si me opuse al Acuerdo de Santos con las FARC, tildan de incoherente y sospechoso que participe en un proceso con el Gobierno para su cumplimiento.

Al Gobierno, por negociar con un gremio “de derecha”, y a ambos, Gobierno y Fedegán, por una propuesta populista; y claro, no faltan las narrativas de los “odiadores”, para quienes la tierra de los 600.000 ganaderos, pequeños, medianos y grandes, es despojada y, por tanto, hay que quitársela... y punto.

“Oídos sordos” a tan envenenadas reacciones y, más bien, algunas reflexiones:

1. Colombia no es un cuadro en blanco y negro, sino una realidad con matices en los que podemos encontrarnos. Lo opuesto al negro no es blanco solamente, sino, simplemente, NO negro.

El Acuerdo de Tierras: histórico

2. La recuperación del campo y el sueño de convertir a Colombia en potencia agroalimentaria no es populismo, es un reto posible a partir de grandes ventajas comparativas; reto que no es de izquierda ni de derecha. Decía Ortega y Gasset que solo una “aspiración” mantiene unido y vivo a un pueblo. Sí, aspiraciones, sueños alcanzables.
3. ¿Quién ha dicho que el campo está condenado al abandono y la violencia, que no podemos tener un modelo de desarrollo equilibrado, en el que lo urbano, que se sirve de lo rural, le retribuya en inversión, desarrollo y bienestar?; una deuda histórica, una recuperación siempre prometida y siempre incumplida.
4. No se trata, finalmente, de una compra-venta de tierras para entregarlas a campesinos y abandonarlos con su título de propiedad, como en el pasado. La INTEGRALIDAD hace parte del Acuerdo. Ya la ministra del ramo planteó un programa de vivienda rural, el Gobierno se compromete con vías, quizás la expresión más dramática del abandono; y deberán incorporarse Finagro, el Banco Agrario y el MinTIC con internet, mientras que Fedegán brindará asistencia en ganadería sostenible a partir de Sistemas Silvopastoriles, que capturan CO2 y generan ingresos por servicios ambientales.

Ya acordamos el QUÉ y avanzamos en el CÓMO. Fedegán prepara un documento sobre los procesos de compra y sobre su participación en las comunidades beneficiadas. El Gobierno hace lo propio y nos encontraremos en una Mesa de Trabajo con tres principios claros:

1. Transparencia en los procesos de compra y asignación de tierras.2. Integralidad, pues su carencia fue la causa de fracasos anteriores.3. Responsabilidad frente al campo y el país. Esto no puede salir mal.

En un país donde no se presume la buena fe, sino la mala, siempre habrá aves de mal agüero, y carroñeras también, pero a palabras malintencionadas..., oídos sordos.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2022

*Presidente de FEDEGAN

Por Amylkar D. Acosta M*.-Primero fue el Presidente de la República Gustavo Petro quien, ante la gravedad de la situación planteada por el alza desmesurada de las tarifas de energía, amenazó con la intervención de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), no sin antes abrir “primero un espacio de diálogo” entre los agentes de la cadena y el gobierno en el propósito de bajarlas. Por su parte la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, siguiendo sus instrucciones, instó a las empresas generadoras y comercializadoras de la energía para que procedieran a renegociar los términos de sus contratos bilaterales de compra-venta de energía tendiente a lograr dicho cometido.

Eso sí, su advertencia fue perentoria: “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales”. Y reiteró que “si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. Cumplido el ultimátum dado a las empresas por parte de la Ministra para que arribaran a sus acuerdos con la contraparte, se anunció por parte de ella el acuerdo alcanzado, al que denominó “Pacto por la justicia tarifaria”.

Básicamente la reducción de la tarifa al usuario final, la que se reflejará  en la factura del mes de noviembre, oscilará entre el 4% y el 8%, que no es tan significativa para los usuarios.  Estos esperaban más, un alivio mayor en sus bolsillos. La verdad sea dicha,  es irrisoria en unos casos e inexistentes para otros la rebaja. De allí que los usuarios del servicio de energía se debatan entre la insatisfacción y el desconcierto, porque la misma está lejos de sus expectativas toda vez que no le mueve la “aguja” a las desproporcionadas alzas, que superan el 40% en la región Caribe y el 24% en promedio en el resto del país. Esta rebaja lejos de ser un remedio es un remedo, no pasa de ser un placebo. Como en la fábula El parto de los montes de un insignificante ratón, lo anunciado está muy lejos de lo que los usuarios aguardaban.

Ahora bien, como era de esperarse, la renegociación entre generadores y comercializadores se circunscribió a lo atinente a la reducción del Índice de precios al productor ((IPP), que había pasado inexplicablemente del 4% al 34% y a la solicitud de los distribuidores para diferir los pagos que realizan en el mercado mayorista de energía, similar  a la opción tarifaria que los comercializadores aplican a los usuarios para el pago de energía.

En lo que respecta al indexador de los contratos bilaterales vigentes se revisó a la baja y hacia el futuro se logró el consenso en el sentido que en delante se adoptaría el menor valor entre el Índice de precios al consumidor (IPC) y el Índice de precios al productor (IPP), mientras se establece un nuevo indexador específico para la actividad de generación y comercialización, además de diferencial según la fuente de generación. Ello es un avance significativo y la última palabra, al momento de definir la metodología a seguir, la tiene el DANE, el mismo que armó el tierrero al modificar el indexador que rigió hasta el 2020.

Capítulo aparte merece el cargo por restricciones (R). Quedó por fuera de esa renegociación, porque además no les incumbe a ellos, porque es un tema regulatorio propio de la CREG, lo concerniente a los costos de restricción (R), que también están presionando al alza las tarifas de energía, toda vez que pasaron de $20 por KWH en enero a $70 por KWH. Como es bien sabido los costos de restricción obedecen a ineficiencias que se presentan en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), debido a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación o de transmisión, que obligan a despachar “generación de seguridad”, casi siempre Térmica y por ende más costosa.

Dichas limitaciones en la infraestructura de SIN, impiden que el servicio de electricidad se preste con eficiencia, calidad, continuidad y confiabilidad, tal y como lo dispone la Ley eléctrica 143 de 1994. En este caso se habla de restricciones eléctricas. Pero también se presentan restricciones operativas, cuando el SIN falla a la hora de responder a las fluctuaciones de la demanda de electricidad por parte de los generadores.

Desde luego, el costo de las restricciones se calcula con base en los precios de oferta de los generadores y las mismas se asignan a los comercializadores de energía que atienden la demanda. No obstante, cabe resaltar que al comienzo de la operación del mercado mayorista (la Bolsa), de conformidad con la Resolución de la CREG 035 de 1995, el cargo por concepto de las restricciones se repartía, 50% y 50%, entre los generadores y los comercializadores. Posteriormente, la misma CREG expidió la Resolución 063 en el año 2000, que modificó la anterior y se dispuso que el 100% del costo de las restricciones las asumieran los comercializadores, las cuales a su vez terminan endosándoselas a los usuarios finales vía tarifas (¡!).

No es justo que sean los usuarios quienes tengan que asumir un sobrecosto en las tarifas por este concepto, cuando deben ser los responsables de dichos atrasos quienes lo asuman.

La CREG, entonces, debería eliminar sin tardanza el cargo por restricciones, excluyéndolo de la fórmula tarifaria (CU). Ahora que el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia afirma que ya están “trabajando en las bases metodológicas sin dejar de lado la estructura general del costo unitario”, es la oportunidad para que se ocupen de ello y le hagan justicia a los usuarios. De esta manera, la rebaja de la tarifa podría llegar hasta el 16%, que sí sería significativa.

Cota, octubre 17 de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Fernando Cepeda Ulloa*.-Tengo bien sabido que escribir libros, ensayos o columnas no es lo mismo que influir. Y eso lo compruebo una y otra vez. No importa el tema.

Ahora cuando comienza a hablarse de las elecciones subnacionales, Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos, me pareció útil devolverme casi medio siglo, cuando con la ayuda de una persona familiarizada con el tema estadístico, Claudia González, nos formulamos una serie de preguntas sobre el comportamiento del voto urbano y su impacto en la vida política y en la relación de fuerzas entre liberales y conservadores, las dos corrientes políticas predominantes.

En la perspectiva de hoy los datos son impactantes. El sólo tema de la abstención electoral habla por sí sólo. “El desarrollo y la urbanización parecían estar asociados de alguna forma a la apatía política”. Entre 1958 y 1974 la votación liberal en Bogotá pasó de 46.0 de participación a 26.1. Asombroso. Entre 1958 y 1974 la abstención con respecto al potencial de sufragantes mayores de 21 años, es enorme: 64.6 en Bogotá; 70 en Medellín; 67 en Cali; 67.2 en Barranquilla; 70.8 en Cartagena.

Y al lado de este fenómeno, el presidente López Michelsen (estoy usando un libro publicado en 1976) anotaba en su Informe al Congreso: “Poco a poco la dependencia económica (…) ha hecho irrumpir en la política candidatos del contrabando, del chance, de las mafias, de los concesionarios de casinos, etc. Y, obviamente tal práctica debe ser extirpada, por medio de una vigilancia más severa”.

Al terminar el libro (“Comportamiento del voto urbano en Colombia: una aproximación” Bogotá, Uniandes, 1976) se presentan unas consideraciones que han mostrado su vigencia desde entonces, hace casi medio siglo. Leamos: “La urbanización del voto se ha convertido en un serio factor de incertidumbre (…)” “El voto no cautivo está ahí, disponible, a la espera de circunstancias y de fenómenos de liderazgo que bien lo pueden canalizar hacia postulados de izquierda, de derecha o de corte populista”.

Y la frase final del libro: “¿Podrán los partidos políticos colombianos darse el lujo de mantenerse al margen del proceso político urbano? El futuro político pertenece a los partidos que sean capaces de movilizar el voto disponible de las áreas urbanas”.

Creo que la elección presidencial de 2022 es una respuesta contundente a esta afirmación.

En octubre de 2023 el voto urbano estará otra vez disponible en las ciudades. Son 32 capitales. Es fácil hacer una contabilidad político-electoral para determinar cuántas hay que conquistar para asegurar así una mayoría nacional en el nivel presidencial. Ya está claro cómo es que se construye una infraestructura urbana para ganar, sobre todo si está reforzada con una buena estrategia nacional.

Hacer política electoral es una tarea muy dura. Requiere muchos sacrificios. Perseverar en ella no es fácil. De allí la importancia de los partidos políticos que, siendo permanentes, realizan un trabajo que ya es casi imposible para un ciudadano individualmente., ¡Aunque están en crisis en todo caso, hacen una diferencia muy grande! ¡Por eso los han desacreditado tanto… y ellos se ayudan!

El fraccionamiento de los partidos no ayuda. En la campaña presidencial algunos candidatos me dijeron que presentarse como representante de un partido era un suicidio político. Lo que tocaba era decir que venía apoyado por firmas y buscando firmas. Lo que esto quiere decir es que se requiere una inteligente estrategia de acreditación de los partidos políticos, ojalá acompañada de menos fraccionamiento.
Difícil hacer política al margen de las organizaciones que se inventaron para esa compleja tarea.

Bogotá, D. C. 16 de octubre de 2022

*Abogado - Ex Ministro del interior y de justicia de Colombia

Por Juan Camilo Restrepo*.-El hoy presidente Petro no ha podido dejar atrás un método de comunicaciones que le fue útil durante la campaña, pero que está resultando nefasto para utilizarlo desde el gobierno. Me refiero al disparo de ráfagas inesperadas de trinos que levantan una gran polvareda, que a la postre no terminan en nada, pero que en el entretanto causan inmenso daño a la imagen institucional del país. Últimamente vivimos metidos en un torbellino de sustos y sobresaltos ocasionados por los trinos fallidos del presidente.

Un buen día está el presidente Petro visitando el departamento del Atlántico, desde donde dice que habrá que decretar una especie de emergencia económica precautelativa frente a la ola invernal que se avecina. La emergencia económica prevista en el artículo 215 de la Constitución no fue ideada para cubrirse precautelativamente, sino para hacerle frente a hechos inesperados o emergentes de gravedad. Sin embargo, la idea comenzó a sonar. ¿Se avecina entonces un estado de emergencia constitucional se preguntó la gente? Al fin no pasó nada, pero hubo casi una semana de sobresalto constitucional por cuenta de este anuncio.

En otra ocasión el presidente Petro, en la asamblea de Andesco en Cartagena, anunció que se disponía a “Intervenir la Creg”, pasándole sus funciones regulatorias al ministerio de Minas y Energía ante el alza de las tarifas en la energía eléctrica. Nuevamente hubo confusión y sobresalto. ¿Cómo es eso se preguntó de nuevo la gente que se va a intervenir la entidad especializada en regular las tarifas de los servicios públicos creada hace 30 años para (rompiendo toda la institucionalidad) pasarle sus funciones a un ministerio? Esta amenaza presidencial resultó ser un mero volador de distracción, que no acabó en nada distinto de generar susto y desconcierto.

Tercer ejemplo. En repetidos trinos el presidente Petro dio a entender que el gobierno se disponía a quebrantar la Regla Fiscal para adquirir tierras con base en más endeudamiento. De nuevo cunde el desconcierto. ¿Cómo así que se va a abandonar la norma que nos garantiza un mínimo de estabilidad financiera para comprar tierras con endeudamiento desmesurado por $60 billones, cuando la Reforma Agraria se puede cumplir perfectamente sin reventar la Regla Fiscal? De nuevo el susto y el desconcierto. Afortunadamente el ministro Ocampo salió a decir lo contrario de lo que estaba sugiriendo su jefe, y las aguas volvieron a tranquilizarse.

Último ejemplo: con el propósito de echarle el agua sucia de la inflación, que efectivamente está muy alta, al Banco de República, el presidente sale a desconceptuar en un insólito hilo de trinos al emisor, afirmando que en vez de subir las tasas de interés que ha elevado el Banco para enfriar la economía, lo que debería pensarse sería en un impuesto a la salida de capitales golondrina como el que estableció la Argentina cuando inició su descenso a los infiernos. De nuevo susto, sobresalto y estupor. La cotización del dólar no se hizo esperar y llegó en los días subsiguientes a este trino a niveles históricos. Es seguro que ni el Banco de la República ni el ministro Ocampo acompañarían al presidente en este despropósito. Pero el mal quedó hecho. Y la reacción del mercado cambiario fue la mejor muestra de la sorpresa que causó el inesperado trino presidencial.

La moraleja de todo esto es que parece que nos vamos a tener que acostumbrar a un curioso estilo de gobierno en el cual, en vez de hechos concretos se lanzan voladores que duran tanto como los de los fuegos artificiales, que no terminan en nada, pero que causan un inmenso daño por la incertidumbre que crean sobre la seriedad de la acción gubernamental.

Bogotá, D. C. 16 de octubre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Gabriel Ortiz*.-Empezó la resurrección de la reforma agraria que le frustraron al expresidente Carlos Lleras Restrepo y que entregó un millón de hectáreas. Para qué recordar los oponentes, que arruinaron las ilusiones de un gobierno, un pueblo y una nación por alcanzar pacificación, concordia y armonía.

Esta vez la paz total, podría mitigar la voracidad de quienes ven en la tierra, su razón de existir.

El presidente Petro y su ministra de agricultura, Cecilia López, se impusieron la obligación de darle un vuelco a la tenencia de tierra. En escasos dos meses alcanzaron un acuerdo con los ganaderos para dotar de granjas a los campesinos sin parcelas, dentro de su plan para adelantar la reforma agraria que está consagrada en los acuerdos de La Habana.

Se comprarán 3 millones de hectáreas de tierras productivas y de excelente calidad, con vías, agua y demás servicios. Se invertirán de 10 billones anuales para pagarlas y entregarlas a los nuevos propietarios. Esos predios, no pueden tener ningún proceso, deben estar saneados fiscalmente y sus precios no pueden estar por fuera del mercado, ni de las especificaciones que exija la UPRA. Tampoco podrán ser producto de la acción de las autodefensas u otros grupos subversivos.

El gobierno está a la espera de las primeras ofertas, para que el país conozca al primer campesino granjero, dentro de la paz total.

Es de esperar, que no toda la tierra, provenga de los ganaderos, ni que sea Fedegán el único oferente. Existen extensiones de muchos terratenientes que quieren entrar en la subasta. Por ello, no se admitirán intermediarios. De terrateniente a Gobierno, será la negociación.

Logrado lo de la tierra, hay otros frentes que deben actuar: las asesorías para producción de alimentos y los abonos, ya que Monómeros está en crisis. Hay manera de reemplazarlos y producirlos orgánicamente en las propias granjas, como lo hizo Fedecafé en épocas de Don Arturo Gómez Jaramillo y Hugo Valdez. Hay una tecnología caucana, a base de hoja de coca que produce humus de altísima efectividad, que al mismo tiempo desplazaría ese cultivo para narcóticos.

El Banco de la República, debe bajarse de la arrogancia y la nube, y reducir los intereses, permitiendo al sector financiero suministrar crédito barato agroindustrial y alcanzar producción masiva de alimentos. Así, sin abusar de las tasas se reducirá efectivamente la inflación, sin encarecer y recalentar el resto de la economía.

Estos granjeros podrán conformar organizaciones cooperativas, que los capacitarán para alcanzar eficientes técnicas de producción, conformar medios de transporte, establecer centros de mercadeo al por mayor y al detal y exigir precios de sustentación.

Estamos frente al resurgir de una nueva Colombia con un enjambre de granjeros que conformarán una poderosa clase media capaz de derrotar la inflación, crear empleo y llenarnos de divisas.

BLANCO: El Emisor no le cree al crecimiento del 2.2% en el 2023 que nos calcula el FMI. Solo nos permitirá un 0.7%.

NEGRO: La TV mostró las casas de 600 millones que se llevó el huracán Julia de Providencia.

Bogotá D.C. 14 de octubre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Paloma Valencia*.- El gobierno Petro se jacta de que escucha, de que dialoga; en realidad monologa. He sabido por asistentes a los “diálogos regionales vinculantes” que solo las voces de sus seguidores se escuchan. Las voces divergentes apenas se pronuncian por el ambiente sectario que se respira. Claro que ese será el diálogo vinculante, porque escuchan exactamente lo mismo que ellos planean hacer. Dijéramos, para ser más precisos, que los diálogos regionales son justificantes.

Pero esa misma forma de “diálogo” es que se evidencia en todas las esferas. La tributaria ha sido un despliegue de una gran pantomima. Dicen que han oído, que se han reunido, que han escuchado, que han ido por todo Colombia (Cali, Barranquilla y Cúcuta); que la oposición habló, y habló… y sí; nosotros y los colombianos hablamos, opinamos, pedimos, recomendamos y ellos se hacen los que oyen. Nada escuchan: hacen lo mismo que tenían pensado.

Esa técnica de fingir que escuchan se empieza a ver en todos los episodios políticos. 

La senadora Padilla, por ejemplo, tiene un proyecto que prohíbe las corridas de toros bravos, las corralejas y también las riñas de gallo. La plenaria aprobó que se hicieran foros regionales. Ella lo avaló -según parece sin leerlo- y después dijo que ella ya había hecho un recorrido por toda Colombia y no lo aceptaba. Tuvo que citar a una subcomisión. Estuve ahí de principio a fin. Nos puso a todos a opinar. La reunión duró más de dos horas y media. Al terminar de oírnos -con las mayorías que la acompañan- simplemente dijo que todo seguía como venía. Si su recorrido por Colombia fue en un diálogo como el que tuvo con nosotros entiendo la frustración de todos esos sectores; los oyen como un proceso formal, que se cumple y no cambia nada.

La simulación de diálogo es peor que la imposición, porque nos hace perder tiempo y confunde a la opinión pública haciéndoles creer que son amplios en su criterio. Dialogar tiene como  presupuesto previo la disposición de ceder, de entender y buscar puntos medios. La esencia del diálogo es el acuerdo. Un diálogo donde no hay acuerdo, es un fracaso.

El totalitarismo de imponer, no tener en cuenta a los otros, es controlar todo de acuerdo a una sola voluntad: le cabe perfectamente al petrismo. Lo hacen con disimulo, sacan a relucir miles de reuniones donde nos oyeron, sin contarle a nadie que no escuchan, que en nada de lo que se les dice les penetra, ni les importa, ni los mueve. Es un diálogo con sordos.

Coletilla: La reforma tributaria le quita los recursos al sector ambiental. Eliminan la destinación de los ingresos del impuesto al carbón que hoy financia el sector ambiental. Desde 2018, el 5% de esos recursos se direccionan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el 25% al Ministerio de ambiente, y mediante un artículo de mi autoría en el Plan Nacional de Desarrollo de 2019, un 15% para la conservación de los bosques de la región amazónica. Esto se acaba con la reforma de Petro. Y me preocupa también la modificación de la ley de regalías -que ya han anunciado- donde también logré que el sector ambiental reciba regalías. El presupuesto del Ministerio de Ambiente es de 1,3 billones de pesos. Lo que alcanzamos con la reforma regalías para el ambiente suma otros de 1,5 billones de pesos más los ingresos por carbono unos 65 mil millones más por año.

La Amazonía colombiana está compuesta por 476 mil kilómetros cuadrados. Al año se deforestan entre 98 mil y 140 mil hectáreas que equivale al 60% de la deforestación de Colombia. Se requiere recursos para proteger nuestras selvas y se los están quitando. El compromiso ambiental era solo discurso.

Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2022

*Senadora del Centro Democrático

Por Jorge E. Robledo*.- Sobre el texto de la reforma tributaria que las comisiones empezaron a aprobar a pupitrazo el jueves, sea lo primero mi rechazo enfático a que se votó sin que los congresistas ni los colombianos supiéramos cuánto nos costará en impuestos cada una de las partes de la ley, en especial lo que se les encarecerán las bebidas azucaradas y las comidas procesadas los sectores populares, la suma en la que no se reducirá el impuesto de renta de las pymes aunque es un mandato constitucional y lo de más que les sacarán a las clases medias y a los pensionados con la falacia de que son parte de los “más ricos” de Colombia.

Porque es obvio que al no saberse cuánto pagará cada sector social, los congresistas partidarios del gobierno votaron como irresponsables, sin conocer lo que aprobaban, y a los colombianos –los paganinis– no nos trataron como ciudadanos sino como súbditos de la Casa de Nariño. Y dejo constancia de que esta información se la reclamé con anticipación al ministro de Hacienda, porque él sí la conocía.

De otra parte, el candidato Gustavo Petro les prometió a los pequeños y medianos empresarios que sus tasas de impuesto de renta serían inferiores a las de las mayores, según el tamaño de las ganancias, como llevan años solicitándolo con serios argumentos económicos y sociales, microeconómicos y macroeconómicos, las agremiaciones que representan a las pymes.

Pero a la hora de la verdad, el Presidente del “cambio” se opuso a esta modificación. Porque insiste en que las pymes sigan pagando tasa de renta del 35 por ciento, la misma de las empresas con ganancias centenares o miles de veces superiores. Con un agravante: las pequeñas y medianas tienen menos cómo recurrir a la alquimia tributaria para defenderse, con lo que, en realidad, pagan tasas más altas que las mayores y las supermayores.

La progresividad tributaria de las empresas hace parte de las concepciones democráticas en las economías de mercado, existió en Colombia con las sociedades anónimas y las compañías limitadas, hasta que llegó el neoliberalismo en los días de la creación del IVA, y está expresamente consagrada en el artículo 363 de la Constitución nacional. Y como se sabe, son progresivos los impuestos prediales, con tasas diferentes según los montos a gravar.

Un alto funcionario de este gobierno rechazó la progresividad a favor de las pymes con el cuento de que se promovería la evasión. Paja. En la era de los computadores la persecución de los tramposos dejó de ser un problema técnico para convertirse en negligencias corruptas y corrupciones descaradas. A propósito: en esta reforma el gobierno no propone la cárcel que se merecen los evasores de impuestos, también a diferencia de lo que sucede en otros países, un cambio que sí que hace falta.

La falacia del funcionario la refutan los países donde existe la progresividad en las tasas empresariales, entre ellos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Australia, Brasil, Corea del Sur, China, Sudáfrica e Indonesia, luego no echen cuentos. Y existe porque esa política les sirve a los países para estimular la creación de más riqueza y más y mejores empleos.

En anteriores reformas tributarias estuvimos a pocos votos de ganar la progresividad tributaria a favor de las pymes. Mi invitación cordial a los congresistas de todos los orígenes a que esta vez sea la vencida.

Bogotá, D. C, 12 de octubre de 2022

*Exsenador de la República.

Por José G. Hernández*.-Se discute en el Congreso el proyecto de ley, de origen gubernamental, que introduciría otra reforma tributaria. Entre los varios puntos discutibles de esa iniciativa está la consagración de un impuesto sobre las pensiones que consideran "altas", es decir, superiores a diez millones de pesos. 

Como lo han expresado varios juristas, esa propuesta debería ser retirada por el Ejecutivo, o negada, pues resulta abiertamente inconstitucional. 

Al tenor del artículo 48 de la Constitución, modificado por Acto Legislativo 1/05, “por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.”. La disposición constitucional ordena: “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”. 

De conformidad con el artículo 363 de la Constitución, “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. No es equitativo, eficiente, ni progresivo establecer impuesto sobre las pensiones. Quienes reciben pensiones "altas", en razón del nivel salarial, no son los responsables de las normas que previeron su cálculo, y no pueden ser castigados por ello. Téngase en cuenta que también sus aportes fueron altos, en proporción a su remuneración.

De conformidad con el artículo 53 de la Carta, “el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”. Si lo que está allí garantizado, como lo prevén igualmente cláusulas de la OIT y normas de tratados internacionales, es el reajuste, resulta evidente que lo que recibe el pensionado se debe incrementar, período por período, con el fin de asegurar que conserve el poder adquisitivo de la moneda. Ello tiene hoy especial importancia, dada la espiral inflacionaria, la más alta en mucho tiempo, que golpea a los trabajadores y también a los pensionados. Del perentorio mandato constitucional resulta que las pensiones no pueden -contra su claro texto- ser recortadas, disminuidas, ni gravadas.  

Por otra parte, según la jurisprudencia constitucional (ver Sentencia C-177/98), la pensión de vejez es un derecho social conquistado por los trabajadores, que no puede ser afectado, eliminado, ni disminuido en su cuantía, en cuanto no se trata de un regalo, subsidio o cortesía del Estado, sino de la justa retribución del ahorro efectuado a lo largo de años, mediante aportes provenientes del salario. Para la Corte, la pensión constituye un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo".   

Es oportuna la advertencia de la procuradora Margarita Cabello (columna titulada “Gravar pensiones, propuesta inconstitucional”, El Tiempo, octubre 9/22): “Esa propuesta es inconstitucional, amenaza derechos adquiridos de los pensionados y debe ser eliminada en el texto”, toda vez que “la seguridad social es un derecho humano y, por tanto, debe garantizarse y no desmejorarse”.  

La procuradora cita, al respecto, varios instrumentos internacionales ratificados por Colombia, como el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, el Protocolo de San Salvador y la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, a cuyo amparo, “…en ninguna circunstancia, autoridad alguna podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”. 

El Gobierno y el Congreso debe recapacitar sobre este sensible asunto.

Bogotá, D. C, 12 de octubre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Humberto Tobón*.-Alguien me preguntó hace unos días si ¿la  única responsabilidad de los miembros de la junta del Banco de la República, es subir las tasas de interés para controlar la inflación?

El Banco tiene como función principal preservar la capacidad adquisitiva de la moneda y para ello tiene varias opciones. Lo que pasa es que la Junta no ha echado mano de ellas y se han ido por una única receta que está demostrando ser perjudicial, como es subir la tasa de interés con el fin de que baje el consumo y se frene la trepada de los precios.

Estas decisiones de la Junta del Banco no han rendido sus frutos en Colombia, como tampoco lo han logrado la Junta de la Reserva Federal en Estados Unidos ni el Banco Central Europeo. La inflación sigue imparable, afectando, eso sí, el crecimiento económico, que se estima para nuestro país en 0,7% en 2023, muy similar al de otras economías del mundo.

Entre las otras opciones de la Junta está obligar a los bancos comerciales a aumentar el coeficiente de caja, evitando que haya más dinero en circulación, y para este mismo objetivo, vender deuda pública.

Frente a los resultados de las decisiones del Banco de la República, el presidente Petro los confrontó con el argumento de que “la intención real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EEUU”. Muchas voces lo increparon para que no se meta con la Junta del Banco, porque ella es independiente.

Petro complementó su comentario con una propuesta sobre la salida de capitales: “Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”. Y ahí fue Troya. Los exministros de hacienda Hommes, Cárdenas y los Restrepo pusieron el grito en el cielo y predijeron una catástrofe.

Pues resulta que la propuesta de Petro sigue el manual del Fondo Monetario Internacional. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz y el economista Jonathan Ostry, nos recuerdan en una columna publicada el fin de semana, que “los Artículos de Acuerdo del FMI correctamente les dan una amplia flexibilidad a los gobiernos de los estados miembro para implementar controles de capital, siempre que esas políticas no perjudiquen a otros países en beneficio propio”.

Pareciera que los exministros de hacienda no hubieran leído el Marco de Política Revisado del FMI, que habla de las nuevas fórmulas de ese organismo para enfrentar temas como la inflación y la recesión. Una de ellas se refiere a los controles preventivos de ingresos de capital (2022).

Los Restrepo, Hommes y Cárdenas deberían tener en cuenta este postulado de Stiglitz: “Los avances en la teoría económica, claramente han demostrado la prudencia de imponer controles de capital en ciertas circunstancias”.

*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022

Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

@humbertotobon