Opinión
Por Paloma Valencia*.- Petro declaró de enemigo del medio ambiente al sector hidrocarburos, y por lo tanto, anunció la suspensión de contratos de exploración de petróleo y gas. En el mundo las emisiones de GEI -especialmente emitidos por los combustibles fósiles- han creado el fenómeno del calentamiento global. Debe ser un compromiso de todas las naciones combatirlo, reducir emisiones. La pregunta que los colombianos nos debemos hacer es ¿acabar el sector de hidrocarburos de Colombia sirve para combatir el cambio climático?
La respuesta es NO. Colombia produce el 0,46% de las emisiones globales de CO2. Nuestras emisiones están producidas en un 37% por la deforestación, un 18% por el sector agropecuario, un 12% por el transporte y un 10% por el sector energético al que habría que adicionarles las emisiones fugitivas que son el 4%. Precisamente por eso, no producir petróleo y gas en nada mejora las emisiones de nuestro país. Es más, seguiremos usando los carros, la maquinaria, las estufas que consumen esos combustibles… entonces simplemente tendríamos que importarlos, como lo ha sugerido la ministra de minas y el embajador Benedetti, y como van las cosas sería de Venezuela.
El sector hidrocarburos produce 6% del PIB nacional, el 15% del presupuesto nacional, el 33% del presupuesto de la inversión de regalías y el 34% de la inversión extranjera directa. Además, produce entre 40% y 60% de las exportaciones del país, unos 20 mil millones de dólares.
Si queremos avanzar en reducir nuestras emisiones y controlar el cambio climático -en el pequeño porcentaje que nos toca- tenemos que detener la deforestación; mejorar nuestras prácticas agropecuarias y avanzar con más velocidad por la ruta de transición energética y el cambio de nuestro parque automotor a vehículos más limpios.
La deforestación es el primer gran reto. Su causa principal es la conversión de áreas rurales en pastizales. Estas conversiones están asociadas al acaparamiento de tierras y la coca. Casi 30% está relacionada con la coca. El 22,4% de la deforestación nacional se encuentra a menos de 1 km de los cultivos de coca. ¿Cuál el programa de Petro contra la lucha del narcotráfico? ¿Cuál es su política para detener la deforestación? Combatir la deforestación requiere recursos, y muchos. Por un lado recursos para las familias que están en los límites de la selva para que la preserven, y por el otro para combatir las mafias de droga, minería ilegal y tráfico de madera y fauna. ¿No le conviene más al país usar las ganancias que nos deja el sector petrolero para enfrentar este reto?
El segundo contaminante es el sector agropecuario. El 62% de la contaminación está relacionado con el sector ganadero, pues utilizamos 38 millones de hectáreas para ese fin. La ganadería puede ser una actividad que capture mucho CO2 pero requiere más tecnificación hacia cultivos silvopastoriles y mejoramiento de pradera, o incluso cultivos que tengan capacidad de mejorar nuestras emisiones. ¿Dónde están los programas y proyectos de reconversión ganadera? Eso también requiere recursos. ¿Si en vez de prohibir el gas y el petróleo usamos esos ingresos con estos propósitos?
El tercer sector es el transporte. El 38% de las emisiones es por la quema de combustibles en camiones para servicio pesado y autobuses. Por nuestra ley del CD hoy ocupamos el primer puesto en Latinoamérica en número de carros eléctricos con más de 8 mil vehículos. Tenemos la segunda flota de transporte más vieja de Latam, se requieren incentivos para cambiarla hacia vehículos con menos emisiones. Tampoco en ello hemos oído nada del gobierno.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático.
Por Gabriel Ortiz*.- El hampa se tomó la capital. No pasa un solo día sin que la criminalidad invada los medios de comunicación, con incontables y tenebrosos hechos delictivos en las 20 localidades. El encierro por el covid19, lo han superado las bandas de delincuentes, que se adueñaron de la ciudad. Salir de casa es una osadía, porque nadie sabe si regresará.
Se pensaba que solo eran 20 bandas de hampones colombianos, las que asechaban a los 8 millones de habitantes de la capital; las últimas investigaciones estiman que pasan de 100.
Gran parte de ellas están integradas por venezolanos que han desplazado a base de torturas, desmembramiento y crueldad criminal a los bandidos nacionales. Así han tomado el control verdugo y territorial de Bogotá.
Nunca se pensó que la apertura populista y politiquera, de abrir nuestra frontera a los vecinos, con un estatuto migratorio loable pero incompleto, se convirtiera en un remedo del éxodo de los “marielitos”, con los que Castro quiso invadir de delincuentes cubanos a Estados Unidos, en el siglo pasado.
Tremendo desprestigio enloda a los millares de migrantes venezolanos, honrados y trabajadores de bien, a quienes se les mezcló el hampa que hoy invade a Bogotá, a pueblos y ciudades.
El tren de aragua, los mileán, yeicos masacre, y maracuchos, montaron sus organizaciones delincuentes para robar celulares, atracar, extorsionar y montar verdaderas organizaciones dedicadas al microtráfico, el asesinato, el hurto, la trata de blancas, la prostitución infantil, la tortura, el desmembramiento y toda una gama de crueldad asesina. No hay sitio, lugar o vehículo fiable y seguro.
Celular, dinero o joyas, son ahora el salvoconducto para salir de casa. Los usuarios de Transmilenio y buses, son asaltados con cuchillos y armas de fuego. Los sitios de esparcimiento para salir con la familia y los amigos, se han convertido en atracaderos. Los restaurantes y hasta las iglesias son territorios preferidos por los delincuentes.
Es tal la congestión del 123 para pedir auxilio a la policía, que cuando responde, ya los hampones han tomado las de Villadiego o alcanzado los comercios que les sirven de cómplices para comprar el producto de las fechorías. Se sabe cuales son, en donde están y como actúan, pero no existe autoridad que los sorprenda.
Ahí no termina el infortunio de los capitalinos. Quienes poseen un coche y se lanzan a los trancones de “villahuecos”, deben enfrentarse a los pinchadores y raponeros rompevidrios, que en el primer semáforo los asaltan, o los asesinan, si no llevan algo de valor.
Esta no es una ciudad, no es un Distrito, no es una Capital. Es un villorrio sin Dios ni Ley, donde subsistir, es una proeza. Es tal la inseguridad, que no hay autoridad suficiente para contenerla, mientras el hampa, encierro y pánico triunfan.
BLANCO: ¡Bajarán tarifas eléctricas! Y ¿cuándo las del GAS?
NEGRO: Otro gran colombiano que nos abandona: el exministro Jaime García Parra, hombre de gran sabiduría cafetera y económica. Hubiera sido un gran presidente.
Bogotá, D. C, 15 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Jorge E. Robledo*.- En el último año, en Colombia las tarifas de la electricidad aumentaron el 25,9 por ciento, más del doble que la inflación y que el alza de los salarios. Pero en el Caribe el incremento fue bastante mayor: Santa Marta 49,9 por ciento, Riohacha 47,1, Barranquilla 44,4, Montería 44,4, Sincelejo 40,7, Valledupar 40,4, y Cartagena 39,2, agravando las condiciones de desempleo, pobreza y hambre de la región, de las peores del país.
El encarecimiento de la electricidad en la Costa –empeorado por el mayor consumo que imponen las altas temperaturas–, obedece a que así lo aprobó el duquismo –con votos en contra, como el mío– en la Ley 1955 de 2019, del Plan de Desarrollo de Iván Duque. Para favorecer a lo que luego serían Air-e y Afinia, las dos empresas que se repartieron a Electricaribe. “Régimen Tarifario Especial” –especial de caro–, llamaron ellos al engendro.
Y lo peor es que este tormento a los costeños no ha terminado. Porque las tarifas deben seguir subiendo muy por encima de la inflación, hasta alcanzar el 88 por ciento real, dado que el incremento “apenas” va en el 46 por ciento, la mitad de lo legalmente ordenado.
En la gran molestia que hay en la Costa –que llevó a los alcaldes de sus capitales a reclamarle a este gobierno urgentes soluciones– cuentan horribles secretos de esta historia que el Contralor no develó, aunque se lo solicité hace dos años.
Porque Iván Duque y sus ministros decidieron que fueran secretos los detalles del negocio y el precio de venta de Electricaribe a Air-e –de Alberto Ríos Velilla y de otros– y a Afinia –de EPM–, ocultamiento que se mantiene y que justificaron con la falacia de que era un negocio “entre privados”, cuando el ciento por ciento de las decisiones las tomaron funcionarios públicos luego de que Electricaribe, por su fracaso, quedara bajo control del Estado, que además se gastó en ella $13 billones, entre los que estuvo asumir su pasivo pensional y regalarles a los compradores la cartera.
Si algo se supo de cipote torcido fue porque empleados de Enerpereira –de despistados– publicaron el secreto de que habían pagado $285.000 millones por la que sería Air-e, a pesar de que luego la Creg reconoció que esos activos valían $2,44 billones, cifra sobre la que el gobierno les reconoce la muy alta ganancia en dólares del 11,36 por ciento, superutilidad que pagan los usuarios con sus elevadísimas tarifas.
Sobre otros torcidos del regalo a Air-e y a Afinia hay dos artículos de Aurelio Suárez que vale la pena conocer. En ellos aparece que Air-e –que se oculta en Panamá– les cobra a los usuarios el 35 por ciento del impuesto de renta, cuando en realidad paga el 17,6, y también los obligan a pagar las pérdidas de electricidad provocadas por la ineficiencia de la empresa.
Sobre qué hacer para proteger a los costeños –y debe hacerlo el gobierno de Petro, así el problema lo creara Duque–, se necesitan por lo menos tres determinaciones: 1. Suspender nuevas alzas en las tarifas. 2. Por lesión enorme, revisar y modificar las condiciones del negocio con Air-e y Afinia. 3. Que el Estado, con sus recursos, asuma parte de las tarifas y/o de las inversiones necesarias.
Coletilla: mucho tiene que haber oculto para que del gobierno de Gustavo Petro hagan parte los partidos Liberal, Conservador y de la U.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Exsenador de la República.
Por Mario Ramírez*.- Sin renunciar a nuestros sentimientos nacionales, los latinoamericanos nos sentimos concernidos en una especie de nacionalismo continental. Personalmente he llegado a un punto en que siendo colombiano y sin renunciar a serlo, me daría lo mismo ser de cualquier país siempre que fuera latinoamericano. Es que si nos pusiéramos a hablar de las diferencias entre nuestros países, nos tocaría ponernos a cortar más delgado y hablar entonces de las diferencias entre una región y otra. Somos y nos sentimos cada vez más latinoamericanos. GABRIEL GARCIA MARQUEZ
La pregunta que nos debemos hacer los colombianos en estos momentos, es la siguiente: Colombia es un Estado soberano?
Después de la independencia en 1810, hemos tenido periodos de incertidumbre y hasta una época de Patria boba, durante casi seis años, durante los cuales la Nueva Granada navegaba al garete, sin rumbo y sin horizontes claros y definidos.
Cada provincia quería tener su propia gobernabilidad e independencia. Posteriormente, viene la época neogranadina, de 1.832 hasta el año de 1.863 cuando los estados soberanos se unen y se federalizan , formando una nación libre , soberana e independiente, bajo el nombre de los Estados Unidos de Colombia, hasta el año de 1.885 que empezamos a llamarnos República de Colombia.
En nuestra Constitución de 1991, se estableció en el Artículo 1. “Colombia es un Estado de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía etc. Y el Artículo 3- nos dice: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución así lo establece”. En nuestra Constitución Política en letras de molde, se ve muy bien, y cuando se lee, se escucha muy bonito, pero la realidad, de acuerdo con los hechos es otra.
Durante muchas décadas los Estados Unidos, han influido en nuestros asuntos internos, a través de ayudas, tratados y acuerdos de cooperación.
Esas épocas están cambiando, y más aceleradamente con la llegada del presidente Gustavo Petro, quien quiere abrir mercados y cooperación con otros países como Rusia, China, Turquía y Venezuela entre otros.
Es tan evidente la injerencia estadunidense en Latinoamérica que el senador norteamericano, por el estado de Virginia y exfuncionario de la Otan, Richard Black, declaró: ”tienen que terminarse las operaciones de cambio de régimen que ha emprendido Estados Unidos contra Venezuela y también en otros países del continente americano, y las sanciones que están provocando “sufrimientos inimaginables” a mucha gente, deben ser derogadas”.
Estados Unidos ha “satanizado” la moneda venezolana, haciéndola “inservible”, y luego decimos: ‘Miren qué mal gobierno es éste, su moneda no vale nada’. Y no fueron ellos los que la hicieron inservible, sino que “nosotros hicimos que no valiera nada”, argumentó Black.
“Luego, tenemos un bloqueo, de hecho, a sus exportaciones petroleras… y entonces decimos: ‘Pero fíjense, no pueden dar de comer a su población’. Y ¿saben qué?, no pueden dar de comer a su población porque nosotros hemos cortado toda su fuente de ingresos” señaló.
En su primera salida internacional a Chile , el presidente Colombiano Gustavo Petro emprendió la tarea de buscar la unidad latinoamericana y aseguró que para la region es «hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos», con Boric habló de relanzar la Comunidad Andina y fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
«Hemos hablado particularmente de revitalizar la Comunidad Andina (…) que tuvo en las épocas del pensamiento económico de la Cepal un papel muy importante en la planificación de los procesos de industrialización de nuestros países», dijo Petro en una rueda de prensa conjunta tras la reunión bilateral con Boric.
Al conmemorarse el Día de la Unidad Latinoamericana y del Caribe, se rescataron la importancia de los sueños de integración que tenía el Libertador Simón Bolívar en el Congreso Anfictiónico que se instaló en Panamá el 22 de junio de 1826.
Entre los líderes contemporáneos que siguieron la línea de la integración latinoamericana, destacan entre otros Dilma Rouseff, Hugo Chávez, Fidel Castro, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica.
Mientras que los Estados Unidos sigan actuando con su política neocolonial en la América Latina, considerando que estas naciones son su patio trasero, van a seguir perdiendo terreno e influencia, que han tenido desde el siglo IX y a lo largo del siglo XX, durante los cuales los estadounidenses disfrutaban de una autoridad incuestionable en estos países.
Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile están tratando de seguir una política independiente activando alternativas al predominio estadounidense.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Abogado y Periodista.
Por Amylkar D. Acosta M*.- El Presidente de la República Gustavo Petro, anunció en la clausura del XXIV Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (ANDESCO) que tuvo lugar en Cartagena, que el Gobierno Nacional va a asumir las funciones que hoy ejerce la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en virtud de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que la creó. Manifestó que para ello apelará al parágrafo 3º del artículo 290 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispuso que “las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas por el Presidente de la República o por el Ministerio de Minas y Energía, según a quien corresponda la función delegada en la CREG”, en el artículo 68 de la Ley de servicios públicos.
El Presidente de ANDESCO Camilo Sánchez manifestó su desacuerdo con la decisión anunciada por el Presidente y la consideró improcedente, aduciendo que la Ley del Plan de desarrollo del anterior gobierno, por haber concluido su cuatrienio, perdió vigencia y no resistiría una demanda ante el Consejo de Estado. Pero, de ser ello cierto, también quedaría sin efecto el paquete de medidas contempladas en el mismo atinentes a la expedición de un régimen regulatorio especial para la prestación del servicio de energía en la región Caribe, especialmente en los artículos 318 y 289 de la misma. De prosperar dicha demanda quedarían sin piso también los decretos que lo reglamentan y las resoluciones de la CREG que fijan las tarifas a Air-e y Afinia.
Manifestó el Presidente Petro que antes de proceder en consecuencia abrirá “primero un espacio de diálogo” con el objeto de revisar el marco regulatorio vigente puesto a prueba por las alzas desmesuradas de las tarifas de la energía, sobre todo en la región Caribe y explorar salidas a la actual encrucijada. El diálogo propuesto por el Presidente debe ser incluyente y soportado en criterios técnicos para evitar un salto al vacío.
La verdad sea dicha, cuando el Presidente Petro anuncia la intervención de la CREG, en rigor de lo que se trata es de un cambio de interventor, porque de hecho ya fue intervenida por el anterior gobierno, al hacerse al control de la misma, habida cuenta que a la fecha la totalidad de los seis integrantes de la misma fueron nombrados por el Presidente Duque. Es más, de ellos sólo dos podrán ser reemplazados al término de sus períodos, que son de cuatro años, uno en noviembre de este año y otro en junio del año entrante, los otros cuatro, como fueron nombrados recientemente, permanecerán en sus cargos durante todo el período del actual Presidente de la República. Ello deja mucho qué desear de la autonomía y del carácter técnico atribuido a la CREG por ministerio de la Ley que la creó.
En mi modesto concepto la intervención de la CREG no debería conducir a la supresión de la misma, puesto que el papel regulador que se reserva el Estado, según lo dispuesto en la nueva Constitución política que data desde 1991, es inmanente al funcionamiento apropiado del mercado, máxime en tratándose del sistema energético, en el que varios de los agentes operan un monopolio natural, como lo es el transporte y la distribución de la energía. Al mercado no se le puede dejar al garete. Para ello, aquí y en cafarnaúm, se requiere contar con un órgano regulador que “raye la cancha”, establezca las reglas de funcionamiento y vele por el cumplimiento de las mismas.
Es entendible y justificado que, si las circunstancias así lo ameritan, el Ministerio de Minas y Energía reasuma las funciones y competencias delegadas en la CREG, así como ha venido ocurriendo en los países que integran la Unión Europea (UE), pero ello debe tener un carácter excepcional y temporal. Al fin y al cabo la misión del Ministerio debe estar centrada en la identificación y caracterización del sector, la formulación, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. No cuenta ni con la estructura ni las competencias para asumir las de la CREG en forma permanente. De dicha intervención el sector energético del país debe salir fortalecido, para garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética del país, fundamentales para el buen suceso de la economía y el bienestar de los usuarios del servicio.
Bogotá, septiembre 13 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José G. Hernández*.- Manifiesta el artículo 1 de la Constitución que Colombia es un Estado Social de Derecho. Su preámbulo expresa, con meridiana claridad, que ella se promulgó, entre otras finalidades, para asegurar a los integrantes de nuestra población “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.
Y, por si fuera poco, el artículo 2 establece, entre los fines esenciales del Estado, “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.
Esto no debe ser algo teórico y formal, sino real. El Estado no puede permanecer inactivo ante las carencias, necesidades insatisfechas de las personas y familias, hambre, desempleo, carestía de los productos y servicios esenciales, ni ante los abusos de empresas, intermediarios y distribuidores, gracias a su posición dominante en el mercado.
El artículo 13 superior ordena al Estado, para realizar la igualdad real y efectiva, adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, proteger especialmente a personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Reafirmado ello en el artículo 333, a cuyo tenor, “la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. El Estado debe impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar o controlar “cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.
El 334 estipula que el Estado, como director general de la economía, “intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía.
En materia de servicios públicos, la Constitución entiende que son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.
Según el artículo 370 de la Constitución corresponde al presidente de la República trazar “las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”. Y dice el 189 que le compete, como suprema autoridad administrativa “ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”.
Así que el presidente goza de plenas facultades constitucionales y legales en estas materias, y, en consecuencia, serán él y su equipo de gobierno quienes fijen unas políticas económicas que permitan realizar el Estado Social de Derecho, impedir alzas desmesuradas en servicios como la energía, o en productos como los alimentos, la salud o los combustibles.
Las atribuciones estatales son, como dice el artículo 334, para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y su acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.
Si, para ello, el Gobierno tiene que intervenir, puede y debe intervenir.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Simón Gaviria*.- Una de las principales innovaciones de la reforma tributaria es la de redefinir la territorialidad de los tributos. En otras palabras, los OTTs (Over The Top) como Netflix, YouTube o HBO deberán pagar impuestos sobre sus rentas en Colombia. Los antecedentes de esta mejora, los creamos en la reforma tributaria de 2016 cuando se les obligó a recaudar IVA. Con los avances de la economía digital, el concepto de territorialidad con el cual se construyeron las tesis tributarias de renta del siglo XX pierde fuerza; se empieza a tributar, no desde donde se produce un bien o un servicio, sino desde donde se consume. La reforma tributaria no solo forja historia en Colombia, crea precedentes globales.
La OECD validó la decisión de Colombia de requerir que las OTTs recaudaran IVA. Con 85% de la pauta digital nacional en manos de Facebook y Google, que no cobraban IVA, tenían una ventaja comparativa injusta. Aunque no se puede culpar el avance de la tecnología, tampoco se puede permitir que se facture publicidad vista en Colombia como irlandesa, para no pagar IVA. Inclusive, si esa pauta que llevó a Google a ser el segundo grupo de medios en Colombia, estuviera disponible, muchos medios de comunicación nacionales no hubieran quebrado. Es verdad que la venta no era en Colombia y que muchas OTTs ni tenían presencia en el país, pero esas son las consecuencias del avance tecnológico, innovación tributaria. Ya el impuesto está superando los $250 mil millones de recaudo.
La modificación del impuesto de renta se reglamenta bajo la figura de presencia económica significativa, no es especificó sobre las OTTs. Crea tres nuevas condiciones para pagar el impuesto para no residentes: ventas nacionales por más de $1,189 millones, uso empresarial del dominio .co, y más de 300,000 usuarios. La primera condición es muy amplia, haría que casi todos los exportadores al país se volvieran contribuyentes de renta. La falta de acuerdos de doble tributación del país causaría un caos de comercio indescriptible, para no decir que podría ser abiertamente violatorio de las normas de la OMC. Las otras dos condiciones son novedosas e innovadoras.
La legislación actual para OTTs solo cubre 108 empresas donde se cobra el 0.5% de su facturación como impuesto de renta. La reforma lleva la contribución de estas empresas a la par con los demás contribuyentes colombianos. El reto está en que estas empresas con presencia económica significativa deben llevar una segunda contabilidad para su actividad colombiana. Construir esta contabilidad traería retos sustanciales como calcular precios de transferencia de matrices que no cobran regalías. Por ejemplo, ¿cuánto cobra Google EEUU a Google Colombia por usar la tecnología de su buscador? Eso no está definido. Los retos de la reglamentación son sustanciales.
Impuesto al Carbono
Lo óptimo sería que la OECD acelerara el acuerdo global de renta digital para que cada país no contribuyera a una colcha de retazos. La OECD propone la transición de impuestos corporativos del domicilio hacia la ubicación de los consumidores. Como las principales empresas digitales son de EEUU, ese país ha frenado avances en esta materia. Si Colombia lidera esta legislación, sería precedente para más países. Después de la pandemia, siendo mucho más digitales, se tiene que avanzar.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2022
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por: Guillermo García Realpe*.-El alza indiscriminada en las tarifas de servicios públicos, especialmente de energía y sobre todo en la Costa Atlántica, amerita un amplio debate nacional.
Lo que se vive hoy en el Caribe colombiano desde hace rato entró en crisis, originada por la privatización que asumió ELECTRICARIBE, una historia conocida por todo el país. No puede ser que en el Caribe el costo en las tarifas de energía haya subido cerca de un 45%, no hay bolsillo que resista una embestida de esas.
La gente hoy vive un doble calvario, es que prácticamente trabajan para pagar las onerosas tarifas de servicios públicos y ¡así no es! Y por si fuera poco, por otro lado, la inflación desbordada que sigue superando el 12%, una herencia del pasado gobierno.
Por eso, en buena hora el gobierno del presidente Gustavo Petro, sugiere la intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- por parte del Ministerio de Minas y Energía, que tendrá la ardua labor de buscar fórmulas que frenen el incremento en las tarifas.
Un ente que ha venido pasando de agache en el actual debate. Esta entidad se había convertido en una especie de rueda suelta, sin resultados a la vista.
Ojalá el Ministerio de Minas escuche el clamor de algunos sectores que piden con urgencia que se convoque a los generadores para lograr acuerdos de actualización de los contratos bilaterales que reflejen la realidad tarifaria.
Aunque esa tarea no es fácil, se conoció por parte del Gerente de la Empresa Air-e, Jhon Jairo Toro, que el servicio de energía no va a bajar por la inflación, aseguró “que por ahora las tarifas de energía no van a bajar mientras la inflación siga con ese comportamiento”, anunciado este tipo de reacciones, lo que debe hacer el gobierno nacional es buscar consensos y fórmulas efectivas para frenar lo que a todas luces es un abuso evidente del cual viene siendo testigo silencioso el país desde hace varios años. Sin embargo, el Presidente de EPM, Jairo Carrillo, manifestó que esta empresa hará el máximo esfuerzo al cobrar en su fórmula la tarifa mínima autorizada por la CREG, lo que fue centro de aplauso por parte de los asistentes al Congreso Nacional de ANDESCO en Cartagena.
Colombia debe dar el salto en Transición Energética, pero de manera justa, donde se logre un consenso general con los usuarios, las empresas, los gobiernos departamentales y locales y por supuesto los gremios. La principal decisión que arroje ese diálogo generalizado entre todos los actores, debe ser que el bolsillo de la gente no debe seguirse viendo afectado, que haya justicia tarifaria y un servicio de buena calidad.
Esperamos que no se les vayan las luces a algunos, en las rondas de acercamiento para ponerle fin a uno de los problemas más comunes y que es el clamor de millones de colombianos.
En buena hora hubo transición de gobierno.
Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Humberto Tobón*.- Es impresionante cómo la inflación se salió de madre. Es un fenómeno mundial que parece no tener techo aun en la mayoría de los países y que afecta especialmente a los más pobres. En Colombia los expertos habían asegurado que en agosto el indicador empezaría a bajar y no sucedió.
La inflación en agosto fue de 1,02% y la variación anual llegó al 10,84%, de acuerdo con el DANE y dadas las condiciones de la economía mundial, las expectativas de que la situación mejore son poco halagüeñas en lo que resta del año.
Las soluciones basadas en el manual macroeconómico no han servido. Por eso, han fracasado aquí y en casi todas las naciones las decisiones basadas únicamente en el aumento de la tasa de interés de referencia de los bancos centrales. Frente a esto, los gobiernos deben adoptar medidas radicales e impopulares, pero necesarias y urgentes.
Una de esas medidas es la intervención por parte del gobierno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, concebida por el expresidente Iván Duque, para regular el mercado de la energía y evitar la especulación de los actores del mercado. El país necesita que las tarifas se ubiquen en un rango que no afecte sustancialmente a las familias. Hoy los comisionados de la CREG actúan contravía de lo que hacen, por ejemplo, los países europeos, que han tomado posesión del mercado de la energía.
Intervenir el precio de las tarifas ayudará a disminuir la inflación, dado que el ítem de los servicios públicos básicos fue el que más aumento después de los alimentos. También se debería revisar la posibilidad de mirar la tarifa de agua potable.
El gobierno además puede establecer los precios de los fertilizantes, utilizando la importación estatal y la venta subsidiada a los productores del campo. Esto ayudará a disminuir los costos de producción de los alimentos, que han sido los que más han contribuido al desbordamiento de la inflación.
Así mismo, existe la posibilidad que el gobierno intervenga los precios de todos los alimentos, que, a propósito, tuvieron un aumento anual, al mes de agosto, del 25,2%, la cifra más alta en los últimos 22 años. Y esto se logra si las autoridades importan directamente la comida que no produce suficientemente el país, pero que se requiere, y se eliminan los aranceles temporalmente, cobijando con ello, también, al sector privado. Así como comprar directamente la producción alimentaria a los campesinos nacionales, eliminando intermediarios.
Y como en una economía de crisis las acciones tienen que ser radicales, otra determinación debería ser congelar el valor de todos los arrendamientos por seis meses, en el entendido que este es otro sector que golpea fuerte la fórmula de inflación.
Finalmente, el gobierno tiene el reto de definir cuál será el aumento del salario mínimo para 2023, sabiendo que los trabajadores perdieron desde el mes de julio el incremento que se aprobó para 2022 y que su capacidad de compra va en franco retroceso.
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional
Septiembre 13 de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
Por Juan Camilo Restrepo*.-Las cifras que ofreció el ministro de Hacienda en la comisión tercera del Senado no pudieron ser más inquietantes: el déficit del fondo de estabilización de combustibles alcanzará este año $ 37,1 billones. Para el 2023 el gobierno calcula que será de $ 27,8 billones.
Del déficit estimado para este año el gobierno Duque saneó $ 6,4 billones (con utilidades de Ecopetrol), y dejó en el presupuesto reservados $ 19,1 billones el déficit que se causará en el segundo semestre del 2022. Queda todavía un hueco que por financiar para 2022 de $ 11,6 billones. La sumatoria de estas tres cifras (6,4+19,1+11,6) es lo que arroja un déficit agregado para el 2022 de 37,1 billones. Suma que, como es fácil observar, resulta superior a todo lo que va a recaudar la reforma tributaria. Ya el ministro Ocampo informó que los 11, 6 billones del déficit no cubiertos quedarán sin apropiación alguna en el presupuesto del 2023. O sea, Dios proveerá.
Este es, sin lugar a duda, el problema fiscal más delicado que tiene el gobierno Petro. Y es el precio que estamos pagando por haber dejado rezagar el precio doméstico de los combustibles a uno de los niveles más bajos de América Latina, apenas superado por Bolivia y Venezuela.
Solo queda un camino: comenzar una tarea gradual pero permanente de reajuste en los precios internos. Cosa que empezó a hacer titubeantemente el gobierno Duque pero que al de Petro le corresponde encarar con toda decisión. Así ello le acarre un grave desgaste político. No hay otra salida.
El fondo de estabilización de los combustibles resultó ser una peligrosa droga: ofrece la sensación equivocada en el surtidor de gasolina que las cosas están tranquilas pues los precios domésticos se aíslan de los externos, a pesar de que los precios de los energéticos están trastornados en grado extremo por la geopolítica internacional.
La seriedad del gobierno Petro en el manejo de los asuntos económicos va a tener en la política de ajustes de precios domésticos su prueba de fuego. No será fácil. No será popular. No es tampoco el mejor momento para hacerlo con el ritmo que trae la inflación. Pero es indispensable.
El problema fiscal se agudiza si se tiene en cuenta el oscuro panorama presupuestal. Los programas de inversión quedaron castigados en $10 billones en el presupuesto que preparó el gobierno Duque para el 2023. Es entendible que los nuevos ministros encuentran que sus programas no caben dentro tan precarias disponibilidades. Solo cuando se apruebe la reforma tributaria, y no antes, es decir el año entrante (informó el ministro de hacienda), se presentará un adicional al congreso para darle entrada a algunos de los programas sociales más apremiantes. Antes es imposible por cuestiones legales toda vez que los ingresos que vienen de la reforma no están aprobados.
Abandonar los precios domésticos subsidiados de los combustibles fósiles no solo es el mejor medicamento para evitar que el déficit del fondo de estabilización se vuelva inmanejable. Es también la mejor de las políticas para avanzar hacia la transición energética coherente.
En este momento existen dos tesis para desalentar el consumo de combustibles fósiles (petróleo y gas) y para avanza hacia la transición energética inteligente: una, la que está practicando todo el mundo que consiste en encarecer el uso de combustibles a los usuarios; y la otra, la nuestra, la que puso de moda el presidente Petro durante su campaña pero que aún es tiempo de rectificar: reducir la producción futura desacelerando la exploración presente.
Con los precios de los combustibles fósiles más bajos de América Latina, luego de Bolivia y Venezuela, es bien improbable que vayamos a apresurar la transición energética.
En los próximos días veremos si Colombia persiste en tomar el camino equivocado para acelerar la transición energética; o si rectifica una política que apenas comienza a vislumbrarse pero que puede llegar a ser insostenible.
La manera como se manejen los precios domésticos de los combustibles, y el instrumento que se utilice para mandar mensajes correctos al mercado para moderar la demanda de combustibles fósiles, será la clave de todo.
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2022
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
