Opinión
Por Alfredo Benavides Castillejos*.-Cambiar la economía extractivista por una productiva, es la política principal del nuevo gobierno de Colombia. En otras palabras, producir, producir, producir.
Pero cómo hacerlo en un país en donde el 60 % es informal o vive del rebusque con sus micro negocios. Además se llega al 90% sumando micro y medianos empresarios los cuales en su mayoría luchan el día a día bajo cargas de impuestos, pagos costosos de materias primas, precios de ventas a veces no competitivos ante los productos y servicios importados, y cada fin de mes o quincena, hay que cumplir como sea con la nómina si la hay, debiéndole a todo el mundo; bancos, proveedores incluso a los temidos cuenta gotas en pueblos y veredas.
Hay cientos de teorías administrativas, foráneas y ajenas a la idiosincrasia de un país de microrregiones en donde los pueblos se fundaron lejanos y sin comunicación provocando que por ejemplo al otro lado de un rio o a pocos minutos de una montaña pareciese que se pasara a otro país.
Algunos países han logrado adoptar, adaptar y mejorar exitosamente algunas, a su modo de vida como es el caso asiático en Singapour, Corea del sur y otros. Una de ellas es la clusterización de la economía planteada por el profesor de economía de la Universidad de Harvard; Michael Porter, la cual plasmada al pie de la letra favorece a empresas e industrias consolidadas en una región determinada pero estas son minoría en Colombia, por lo tanto llevar esto a un plano social es lo que he llamado CLUSTER SOCIAL o AGLOMERADO O CONGLOMERADO SOCIAL algo que no se ha realizado en ningún lugar del mundo y lo considero una innovación social que eliminaría en corto plazo la desigualdad en Colombia.
Este modelo de clúster social aglomeraría en especial los micronegocios por actividades productivas similares, parecidas o complementarias realizadas especialmente por mujeres porque en Colombia son las que en mayor proporción emprenden, viviendo precariamente de sus emprendimientos casi sin ningún apoyo, por esto bastaría hacer censos de productividad por barrios, veredas, pueblos y ciudades de manera localizada por microregiones , aglomerar sin asociar para que trabajen desde sus casas o lugar de trabajo como uniempresas, no es maquilar, es producir de manera aglomerada en cadena de valor , crear una gobernanza oficial y financiada por el estado a través de alcaldías y gobernaciones.
Funcionaría como una junta directiva integrada por las emprendedoras sociales, universidades, y gobiernos locales, con un gerente o clúster manager o gerente social encargado de ayudar y apoyar a esas emprendedoras en innovación, compras conjuntas de materias primas, almacenamientos conjuntos o controlados, marketing en especial digital, internacionalización o exportación, asuntos financieros, consecución de recursos.
Todo se debería hacer mediante una política pública con conpes de clusterización de la economía que cambie las reglas de juego de las comisiones regionales de competitividad. Entre otras cosas, sería la mejor forma de canalizar las ofertas institucionales y aumentar la formalización productiva.
Personalmente estoy liderando una prueba piloto del primer clúster social del mundo con 40 mujeres emprendedoras en la localidad de Usaquén-Bogotá llamadas emprendedoras con amor, algo maravilloso y coincidencia porque es el amor lo que produce los cambios.
*Ingeniero Industrial especializado en Gerencia Social.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Crece como la espuma la indignación y la protesta en la región Caribe por el alza desmesurada de las tarifas de energía, las mas altas del país, a tal punto que el aumento en las facturas por la prestación de ese servicio por parte de los dos operadores Air´e y Afinia entre junio del año 2021 y junio de 2022 sobrepasó el 70%, cifra esta escandalosa, en momentos en los que el DANE acaba de anunciar que la inflación anualizada en Colombia se trepó hasta los dos dígitos (10.2%). Es más, este incremento en las tarifas habría sido mayor de no aplicarse por parte de dichas empresas la llamada “opción tarifaria”.
Como afirma el Obispo de la Diócesis de Riohacha Monseñor Francisco Ceballos, “es muy difícil con un salario mínimo pagar los costos de energía, se paga energía o se come y la gente primero tiene que comer”. Como bien dice el Editorial de El Heraldo, “el progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador”. Así de grave y amenazador es el asunto.
A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas reconocidas (PR), que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH. Y no es para menos, habida cuenta que mientras en el resto del país las PR son del orden de 12.75% dicho cargo en la fórmula tarifaria de la región Caribe es del 34.23% para Air´e y 30.68% para Afinia. Ello en razón de que no sólo se les reconocen las pérdidas técnicas sino aquellas atribuibles a robo de energía e instalaciones fraudulentas, que son responsabilidad de las empresas y no hay razón para que tengamos que pagar justos por pecadores.
Según explica el Viceministro de Energía Miguel Lotero, “estos aumentos se explican porque la región tiene un régimen especial tarifario que fue definido cuando llegaron los nuevos operadores Air´e y Afinia”. Afirma también el Viceministro, para justificar las alzas de tarifas, que “la financiación de estas nuevas inversiones debía hacerse vía tarifa”. Es decir que, a diferencia de lo que se da en el resto del país, en donde a los operadores la CREG les reconocen y remuneran las inversiones ejecutadas en los últimos 5 años a través de la tarifa, en la región Caribe es al revés, somos los usuarios los que vía tarifas estamos financiándole a las empresas, como bien dijo el Viceministro, las inversiones que ejecuten.
Así lo había recomendado la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que fue la entidad a la que le encomendó la Superintendencia de Servicios públicos diseñar y estructurar el esquema aplicable a los nuevos operadores. Esto dijo: “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas”.
Por su parte el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia planteó ante el Congreso de la República como explicación de las alzas desproporcionadas de las tarifas de energía que el órgano regulador “debe velar por tarifas eficientes y servicios adecuados, pero también para que las empresas puedan recuperar los costos en que incurren”, cuando, como ya lo hemos visto, no han incurrido en ellos. Por ello, con toda razón, le respondió la Directora de El Heraldo que “eso no es lo que ocurre con exactitud. La desazón de los usuarios en la Costa frente a los impagables valores de su factura demuestra que la CREG cumple su labor a medias”.
La controversia que se suscitó por el cuestionamiento que se ha venido dando en torno a las condiciones pactadas entre el Gobierno y estas empresas para que relevaran en la operación de red a la inefable ELECTRICARIBE, dio lugar a que la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño terminara revelando el secreto mejor guardado por parte del Gobierno sobre los términos de la negociación que medió la transacción para que ellas asumieran el control de sus activos.
En efecto, las declaraciones la Superintendente, le merecieron titular de prensa, según el cual “Afinia y Air´e pagaron más de $6.4 billones (¡!) para operar servicio en la Costa Caribe”. Según ella “el valor de la transacción tiene tres componentes y sin alguno de ellos no se hubiese podido cerrar… El primer componente es la obligación mínima de inversión de ambos mercados que fue de $5.7 billones. El segundo componente fue el pago por capitalización de las nuevas sociedades que se hizo por $567,862 millones. Y el tercer componente fue el pago a la fiduciaria FONECA por las acciones. En este caso fueron por $149.207 millones”.
Pero, esta es una falacia, la realidad es otra, la Superintendente está sumando peras con manzanas para inflar el monto de la cifra que desembolsaron Air´e y Afinia para hacerse al control y operación de sus dos mercados. Los $5,7 billones son inversiones que se harán en activos eléctricos que van al patrimonio de las empresas, a su balance general, no al Gobierno, por los cuales, además, recibirán su remuneración anticipada vía tarifas. El valor de la capitalización ($567,862 millones) también va al patrimonio de las dos empresas. En últimas, en plata blanca, lo único que recibió el Estado de parte de las empresas fue el pago a la fiduciaria FONECA ($149.207 millones). No se puede hacer pasar gato por liebre para engañar a incautos. A otro perro con ese hueso!
Por lo demás, contrasta ese valor con lo que, a guisa de ejemplo, recibió la Nación en 2009 por la enajenación de la Empresa de Energía de Cundinamarca, con sólo 230.000 clientes vs 2.7 millones usuarios del Caribe de la suma de $212.000 millones!
Bogotá, agosto 20 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El nuevo gobierno ha dicho que va a hacer dos cosas aparentemente contradictorias: de un lado, cumplir con los postulados de la regla fiscal; y de otro, desarrollar los frondosos anuncios de más gasto público ofrecidos durante la campaña.
Tal es la aparente cuadratura del círculo fiscal cuya superación hace indispensable la reforma tributaria que empieza a discutirse.
En efecto, si el gobierno se dedicara solamente a administrar lo que recibió, o sea a cumplir con la regla fiscal, tendría que reducir en dos puntos porcentuales el déficit fiscal de ahora al 2025; disminuir fuertemente el endeudamiento que tuvo que contratarse durante el tiempo de la pandemia; y contraer en cerca de 10 billones de pesos la inversión pública el año venidero.
Es evidente que dentro de ese marco de austeridad fiscal no cabe el gobierno Petro. Y mucho menos sus ambiciosos programas sociales. De ahí la imperiosa necesidad de una reforma tributaria que recoja entre 20 y 25 billones de pesos el año entrante.
Si esta reforma no se hace, prácticamente quedaría incumplido el ambicioso programa de gasto con el que se comprometió el presidente electo durante la campaña. Por eso se le ha dado primera prioridad a lo fiscal en la agenda legislativa.
Ahora bien, que la reforma sea indispensable no quiere decir que la presentada sea la mejor.
Algunos reparos justificados ya empiezan a mover tempranas rectificaciones. Veamos algunos: Se había dicho que la columna vertebral de la reforma tributaria sería la remodelación de la tributación de las personas naturales. No hay tal. El proyecto de reforma descarga un duro golpe sobre las personas jurídicas, apenas comparable al que recae sobre las personas naturales.
En la exposición de motivos puede leerse, por ejemplo, que a las personas jurídicas se les pretende gravar con 5 de los 25 billones que la nueva norma busca recaudar. A esto habría que agregarle 7 billones que se buscarán por los lados de las empresas petroleras (comenzando por Ecopetrol, demás petroleras y empresas mineras en general).
Lo anterior nos conduce -en una cuenta de servilleta- a que las personas jurídicas tributarán 12 billones (5+7), que es aproximadamente la mitad de lo que se busca recaudar con el total de la reforma propuesta. No es exacto pues que el grueso del esfuerzo se haga recaer sobre las personas naturales. El garrotazo cae por igual sobre jurídicas y naturales.
El proyecto de reforma le dispara sin clemencia a Ecopetrol, a las demás petroleras, al carbón y al oro. El verbo político de la campaña contra la economía extractiva sigue resonando en las normas propuestas. A estas empresas no solo se les prohíbe que puedan seguir descontando de su renta líquida lo pagado por regalías, sino que se les impone un tributo nuevo cuando el valor de sus exportaciones sobrepase límites señalados mediante una elaborada fórmula matemática que aparece en el texto de la reforma.
Se dice en la exposición de motivos que lo que se busca es captar para el Estado una parte de los beneficios que las empresas petroleras y mineras obtengan durante los periodos de auge en las cotizaciones de los productos básicos. Pero si tal es el propósito hubiera sido mucho más técnico gravar las utilidades extraordinarias que obtengan estas empresas más que las exportaciones mismas. Como está haciendo el Reino Unido en este momento.
Además, gravar las exportaciones es un peligroso antecedente. El día de mañana ante alguna penuria fiscal se puede recurrir, por ejemplo, a gravar las exportaciones de café, de flores, de banano, o de algún otro mineral, alegando que sus precios en los mercados internacionales exceden límites razonables.
El gobierno Petro considera que todo lo concerniente al IVA es intocable. Este puede ser un error de apreciación grave. Y no me refiero a los bienes alimenticios de primera necesidad que, evidentemente, no resulta conveniente gravar en este momento con más IVA. Me refiero a la conclusión ignorada en este proyecto a que llegó la comisión de expertos internacionales que presentó un magnífico informe sobre los privilegios tributarios en el 2021. Esta comisión arribó a la conclusión de que el 62% de los bienes y servicios que se producen en Colombia, de una u otra manera, se escabullen de la tributación. En lo que configura uno de los mayores focos de elusión y de regresividad que existe en el país. Nada de esto se toca en el proyecto de reforma tributaria.
El proyecto tiene un telón de fondo que es irreprochable: es necesario avanzar hacia una estructura más progresiva y equitativa en la fiscalidad colombiana.
Ahora nos falta conocer el segundo capítulo, que consiste en saber en qué se van a gastar los dineros que se recojan con la nueva reforma tributaria. La moderna literatura de la Hacienda pública enseña que el gasto bien focalizado redistribuye mucho más que el impuesto.
Ya sabemos cuál es la idea gubernamental sobre los nuevos impuestos. Resta por conocer cuál es la destinación que va a dársele a los nuevos recaudos.
Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*.-Una de las preguntas más importantes, pero menos analizada es la siguiente: ¿de qué magnitud debería ser la sangría que se le aplique a las empresas y a los hogares colombianos con la próxima reforma tributaria?
Primero se dijo durante la campaña que la nueva reforma iría por $ 50 billones. Rápidamente se vio que esto era una barbaridad, pues pretender extraer a los contribuyentes de golpe y porrazo tal cantidad y en un solo año era imposible.
Entonces el ministro Ocampo sacó de su fértil imaginación una respuesta: no se trata de gravar a los contribuyentes con 50 billones de un solo golpe, dijo, sino gradualmente a lo largo del cuatrienio. Su respuesta tranquilizó los ánimos.
Ahora se abre un segundo capítulo en la discusión, cuando en la exposición de motivos del proyecto se dice que la nueva reforma buscará recaudar 25 billones de pesos del año entrante y otros tantos en el resto del cuatrienio. Para llegar así a la cifra mágica de los 50 billones durante el gobierno Petro.
Algunos son escépticos inclusive sobre la conveniencia de extraerle a los contribuyentes en los momentos actuales una suma de esta magnitud. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, ha formulado la siguiente pregunta: “el ahorro de las familias se desplomó en 2022. Además, la inflación les quitó un 10% de sus ingresos. No sé el ministro Ocampo de dónde quiere sacarle 15 o 20 billones de pesos más de impuestos”.
Estas afirmaciones del exministro están confirmadas por hechos y cifras: ya sabemos, por ejemplo, que el buen crecimiento económico que tendrá Colombia en 2022 se debe fundamentalmente al mayor consumo que hubo por parte de los hogares. En 2022 se dio un desahorro monumental de las familias. Los hogares ahorraron durante la pandemia, pero salieron de ella con grandes energías consumistas que atizaron los días sin IVA. Sin embargo, esos ahorros ya se han agotado y no serán motor predominante en el crecimiento del 2023.
Igual viene sucediendo con la inflación que con las cifras del aumento de precios en julio superó la barrera del 10%. El aumento de precios en el solo primer semestre ya devoró el incremento en el salario mínimo que se decretó en diciembre pasado para todo el 2022. Y volvimos, lo que es aún más lamentable, a índices de inflación de dos dígitos que no se veía desde 1999. Estuvimos 23 años con inflaciones de un solo dígito, pero desde el mes de julio de este año entramos de nuevo en los cenagosos terrenos de los dos dígitos. Una verdadera lástima.
Las necesidades de gasto social son por supuesto gigantescas y las promesas de campaña también lo fueron. Pero ni la sostenibilidad fiscal- si se quiere cumplir realmente con los parámetros de la regla fiscal como se ha afirmado- ni la capacidad económica de las empresas y de los hogares, permiten una sangría tributaria desmedida.
Cuando se habla de tributación no solo es conveniente preguntarse: ¿cuánto se necesita extraer con los nuevos impuestos para financiar el gasto? sino: ¿de cuánto es posible diseñar la sangría sin comprometer el crecimiento de la economía?
Es obvio que sangría habrá de todas maneras. El empeño político del nuevo gobierno está concentrado en la tributaria como primera prioridad. Y como “la casa no quedó en orden”-tal como lo dijo el comité autónomo de la regla fiscal- es evidente que se necesita una reforma tributaria para que el país pueda financiar un mínimo del apremiante gasto social. ¿Cuáles serán estos gastos? No lo sabemos aún: lo dirá el plan cuatrienal de desarrollo.
Pero no por ello debemos olvidar que -así los nuevos impuestos se hayan diseñado acertadamente para que estén a cargo de los más adinerados- no es el mejor momento para recargar la mano en exceso a los contribuyentes; y tanto más si el garrotazo mayor cae sobre las rentas de personas naturales, que es la columna vertebral de la reforma presentada.
Llama por ejemplo la atención que, salvo en lo que toca a la gasolina de frontera, en el proyecto de reforma tributaria nada de lo concerniente al IVA se toca. A pesar de que allí radica uno de los mayores focos de distorsión de la fiscalidad. Cerca del 62% de los bienes y servicios que deberían estar pagando IVA no lo hacen. Y no se trata de los alimentos de primera necesidad que, desde luego, no deben gravarse.
El gobierno parte del supuesto de que nada que tenga que ver con el IVA se puede tocar. Esto no es correcto. El informe de los expertos en privilegios tributarios concluyó que la mayoría de las gabelas injustificadas se origina en el diseño defectuoso del IVA. Y de nuevo: no estamos hablando de gravar la canasta familiar; estamos refiriéndonos a ese 62% de bienes y servicios que escapan a la tributación del IVA. Lo que es una de las razones que hacen regresivo e ineficiente el sistema fiscal colombiano.
Este es un tema para analizar al estudiar los pormenores del proyecto de reforma que tiene, desde luego, cosas muy plausibles. Ante todo, su afán de avanzar hacia una tributación más progresiva. Pero que sea plausible, no significa que no surjan muchos aspectos que es necesario desmenuzar. Como tendremos que hacerlo más adelante desde esta columna.
Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2022
*Abogado y Economista Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Los últimos años han sido pródigos y promisorios en materia de gas natural. El más reciente anuncio, por parte del Presidente de ECOPETROL Felipe Bayón, del gran hallazgo de un nuevo yacimiento, Uchuva - 1, se viene a sumar a otros no menos importantes, tales como Gorgon - 1 (2017), que ahora se confirma como muy prometedor, Kronos (2015) y Orca - 1 (2014).
Se estima que la magnitud de las reservas de Uchuva - 1 es equivalente al actual volumen de reservas probadas, es decir que ampliaría el horizonte del coeficiente reservas/producción (R/P) otros 8 años más. Su localización es estratégica, porque está a solo 80 kilómetros de las dos Plataformas de Chuchupa, lo cual permitirá utilizar sus facilidades para poder extraer el gas y conectarse con la misma y así empalmar con el gasoducto Ballenas - Barrancabermeja y Ballenas - Cartagena para su transporte hasta los centros de consumo.
Aquí hagamos una digresión para destacar que gas natural vehicular (GNV) reduce en un 99% las emisiones de material particulado (PM2.5) y los óxidos de azufre y en un 30% las emisiones de CO2, en comparación con la gasolina y el diésel-motor. Y en comparación con el uso del carbón, especialmente para la generación de energía, sus emisiones son menores entre un 50% y 60%. Ello llevó a la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, el pasado 2 de febrero, mucho antes de la invasión rusa a Ucrania a incluir y considerar al gas natural como actor “clave en la Transición energética y lucha contra el cambio climático”. Según ella, esta decisión permitirá “abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; a favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”, enfatizó.
El gas, “gracias a unas virtudes que le colocan en una situación relativa mejor que el carbón o el crudo, se sitúa como la fuente de energía más adecuada en la costosa transición hacia el mercado dominado por las renovables. Hasta cierto punto - sobre todo el GNL - garantiza la independencia energética y exhibe flexibilidad operativa para transformarse en electricidad. Los próximos quince años serán del gas. Por algo el gas ha sido considerado el príncipe de los energéticos, llamado a ocupar el lugar del petróleo cuando este, que sigue siendo el rey, sea destronado.
Estos descubrimientos refuerzan mi propuesta de montar en La Guajira una planta bidireccional, que permita la licuefacción de gas para exportarlo cuando tengamos excedentes y/o regasificarlo en la eventualidad de que tengamos que importarlo para cubrir un déficit temporal. Ello, en lugar de insistir en el embeleco, en el que se empecinó la administración Duque, de montar una planta regasificadora en Buenaventura solo para importarlo, con lo cual, de paso, se estaría desalentando y desincentivando la exploración y explotación del potencial de gas con el que contamos. Huelga decir que, debido a la actual coyuntura internacional la cotización del gas natural en los mercados internacionales está pegada al techo, superando los US $8 el MMBTU.
Estos hallazgos ponen de manifiesto que los hidrocarburos sólo se encuentran si se buscan y la inconveniencia de detener la actividad exploratoria a sabiendas de que las reservas con las que se cuenta son muy precarias. En cuanto al gas natural se refiere las reservas probadas con las que cuenta el país, 3.16 TPC, sólo garantizan la autosuficiencia por los próximos 8 años. La euforia que despiertan las albricias, entonces, no nos pueden llevar a la autocomplacencia y a bajar la guardia, pues el fantasma de la importación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) nos sigue rondando.
En este sentido también tenemos buenas noticias. Me refiero al paso que acaba de darse, después de una larga espera, de la interconexión de las dos grandes redes de gasoductos con las que cuenta el país (el que opera PROMIGAS y el que opera el GEB) integrando en un solo mercado, que estaba segmentado, las reservas y la producción de gas del Caribe colombiano con las del interior del país. Ello permitirá hacia el futuro que el transporte del gas se pueda dar en ambos sentidos según las necesidades y la demanda regional y así no estar expuestos a la paradoja de acusar déficit de suministro en uno de los mercados concomitantemente con excedentes de producción en el otro por no contar con la infraestructura que permitiera el flujo de gas en ambos sentidos.
Cota, agosto 13 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.- No alcanzó a posesionarse Petro, cuando la corrupción del gobierno de los 20 años nos pasó la cuenta. Durante la campaña todos los candidatos alertaron al país sobre la necesidad de una reforma tributaria inmediata. Las arcas estaban exhaustas ante la voracidad, la venalidad y la podredumbre de ciertas clases políticas, económicas y privilegiadas.
El empalme descubrió la olla raspada. Era necesario enfrentar la caótica situación financiera, la extrema deuda pública y la inflación, porque de lo contrario al país lo derrumbarían el desempleo, la pobreza y el hambre.
La infantil jugadita de Duque con la espada del Libertador casi pasa inadvertida ante la dimensión del incalculable hueco económico. Las canas que exhibió Duque durante cuatro años no alcanzaron para ocultar su biche madurez para el manejo de un Estado.
Era urgente y necesaria la reforma tributaria. Petro advirtió que el 10% de los colombianos posee el 70% de la riqueza, lo que nos lleva a edificar una patria más igualitaria. Contrariamente a lo que muchos esperaban, hizo un discurso moderado y orientado a reiterar su propósito de dialogar para cambiar el fracaso por el éxito, que nos conduzca a una sociedad con trabajo, producción y conocimiento, sin impuestos confiscatorios.
Planteó la necesidad de darle un novedoso tratamiento a la droga y al narcotráfico -que tanto nos han costado y que son culpables un desastre- que con la participación de todos los países, productores y consumidores, puede redimirnos. Igual acción se debe adelantar con nuestra selva amazónica.
Hizo especial énfasis en libertad de expresión: “los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán a la oposición, ni a la prensa libre, ni al poder judicial, ni al que piense diferente”. Se acabarán las “chuzadas”.
Y fue más allá: “no quiero dos países, ni dos sociedades, quiero una Colombia fuerte, justa y unida.”
Pero esta nación fuerte, justa y unida necesita que la reforma tributaria sea equitativa. Que se entienda que las pensiones no son rentas de trabajo, ni objeto de impuestos, como lo falló la Corte. Son un ahorro individual para sostener la vida amable de quienes entregaron sus mejores años al trabajo. Si sus ahorros fueron superiores al equivalente a 10 millones mensuales de hoy ¿Por qué deben sufragar impuestos que ya pagaron y que cada año se reducen por la diferencia entre el incremento del mínimo y el de los pensionados? Uribe ilegalmente elevó al 12% los aportes para unas EPS, que no responden por atención digna ni por medicamentos. Esa la razón para que deban acudir a las medicinas prepagadas, a las que también le aplican IVA.
Si 10 millones de pesos mensuales convierten en clase media a una familia, estamos en un país miserable. Ministro Ocampo: no son 10 millones de dólares mensuales, son 10 millones de devaluados pesos, de esos del Banco Emisor.
BLANCO: Biden da el primer respaldo a Petro para luchar contra las drogas.
NEGRO: Nadie toca los 60 billones anuales de la corrupción. Podrían evitar la reforma tributaria.
Bogotá, D.E, 12 ed agosto de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Está muy bien que el presidente electo Gustavo Petro se haya comprometido, desde su campaña, a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia" (Art. 192 C.P.), sin perjuicio de promover los ajustes y reformas que pueda requerir para realizar su programa de gobierno.
El 7 de agosto deberá prestar juramento en tal sentido, y habrá de tener presente lo que, sobre su cargo señala expresamente el artículo 188 de la Carta Política: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Eso implica que el poder y la autoridad que se le confiere estarán al servicio de toda la colectividad, sin discriminación alguna, y no de un determinado grupo u organización política, como antecesores suyos lo pensaron y practicaron.
Son muchos los compromisos que asume el nuevo jefe de Estado. Entre otros, mencionamos los siguientes:
-El nuevo Ejecutivo deberá orientar su actividad hacia la realización de un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo manda la Constitución, y en procura de erradicar la enorme desigualdad que afecta a millones de colombianos, en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, propiedad de la tierra, empleo y seguridad social.
-Asumir la dirección general de la economía, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
-Debe orientar sus esfuerzos a la búsqueda de una paz integral, real y efectiva, no solamente mediante la implementación y desarrollo del Acuerdo Final suscrito en 2016 con las Farc, sino con base en procesos que abarquen a otros movimientos subversivos, siempre que demuestren genuina voluntad en tal sentido, cese al fuego y renuncia a la violencia y al terrorismo que hoy practican.
-Es indispensable y urgente que el Estado actúe para garantizar de manera eficaz la vida y la integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, firmantes del Acuerdo de Paz y desmovilizados, así como de miembros de la fuerza pública, pues las cifras sobre crímenes y masacres son verdaderamente impresionantes, ante la actual parsimonia y tolerancia de las autoridades.
-Debe ser aprobado por el Congreso, con miras a su ratificación, el Acuerdo Regional de Escazú, sobre acceso a la información, protección, participación pública y justicia en asuntos ambientales, en América Latina y el Caribe. Y deben ser restablecidas las relaciones con Venezuela, en beneficio de los muchos colombianos que vienen siendo afectados por el actual estado de cosas. No se olvide que el Estado tiene la obligación de preservar un ambiente sano y, al tenor del artículo 9 de la Constitución, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia, a lo cual agrega: “De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Y nos quedan faltando muchos otros asuntos urgentes e importantes.
Bogotá, 29 de julio de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Juan Camilo Restrepo*.- Los recién nombrados ministros de Gustavo Petro, que han estado muy locuaces por estos días, han demostrado una gran habilidad para matizar en sus declaraciones las propuestas del presidente electo durante la campaña.
Y es entendible: tienen que responder ante los medios preguntas para las que todavía no tienen respuestas. Prácticamente ninguna de las propuestas de la campaña ha aterrizado aún en proyectos de ley concretos y cuantificables.
Razón por la cual no les queda a los ministros designados otra alternativa que capotear los medios con respuestas prudentes, y lo suficientemente vagas como para que cualquier cosa que se digan hoy quepa mañana en las iniciativas concretas que habrán de aparecer cuando se redacten los correspondientes proyectos de ley.
No es insólito lo que está pasando: casi siempre los gobiernos recién elegidos llegan al 7 de agosto con un morral de planteamientos generales con los que cautivaron a los electores durante la campaña pero que no sirven para gobernar. La razón principal es que en Colombia se acepta que los ofrecimientos de campaña se puedan formular desde las tarimas de la plaza pública sin tener en cuenta costos ni restricciones fiscales.
El almendrón de todo lo que está pasando lo resumió bien el ministro de Hacienda designado quien dijo aplomadamente lo siguiente: “vamos a hacer más gasto social, pero cumpliendo la regla fiscal”.
¿Las coordenadas de la regla fiscal- tal como están a la fecha- qué indican? Que la nueva administración no se puede endeudar un céntimo más; y que los ingresos- a pesar de que han mejorado sensiblemente los recaudos- no son suficientes para atender los cuantiosos gastos sociales anunciados por el nuevo gobierno.
Con lo cual, si se cumple el dicho del nuevo ministro de Hacienda, solo queda el camino de una nueva reforma tributaria para atender la presión inmensa del gasto que se viene.
El nuevo ministro de Educación dice que solicitará más recursos para cumplir la promesa de la universidad gratuita. ¿Cuánto vale? No se sabe. La nueva ministra de Agricultura advierte que procederán a comprar los inmuebles rurales improductivos. ¿Cuánto vale esto? No se sabe. La ministra designada de Salud dice que se suprimirán las EPS y que todo el esquema de salud se organizará bajo un modelo de oferta estatal. ¿Cuánto valdrá esta cirugía? No se sabe.
Se dice que se suspende toda nueva exploración de crudo hasta que se examinen 180 contratos que están firmados. ¿Cuánto puede llegar a costar esta política en términos de menores ingresos fiscales y desfallecimiento de la autosuficiencia energética del país? No se sabe.
Se aseguró durante la campaña por el candidato ganador que los pequeños mineros del carbón no debían preocuparse, pues el estado le compraría toda su producción a un precio de sustentación adecuado. ¿Cuándo valdría llevar a la práctica esta promesa en el evento de cumplirla? Nadie lo sabe. Se dijo que se reimplantaría el Idema. ¿Cuánto costaría esta iniciativa? Nadie lo sabe.
Se dijo que el gobierno engancharía a todos aquellos que acreditaran estar desempleados. ¿Cuánto costaría esta promesa de seguro de desempleo subsidiario y universal? Ni idea.
Se dijo que se promocionarían diálogos regionales “vinculantes”. ¿Qué quiere decir lo de vinculantes? Nadie lo sabe. ¿Qué repercusiones podrían llegar a tener estos diálogos “vinculantes” sobre el presupuesto pues es obvio que la gente acudirá a ellos a pedir más gasto público? Nadie lo sabe. Y así por el estilo…. La lista se haría interminable.
¿De cuánto será la nueva reforma tributaria que se necesita en términos de recaudo? Tampoco se sabe aún. Inicialmente se había dicho que sería de 50 billones, pero después un autorizado vocero del nuevo gobierno, el doctor Ricardo Bonilla, dijo que eran apenas “cifras hipotéticas de campaña”. Inclusive alguien de la campaña dijo que sería por $ 70 billones. El doctor Ocampo ha dicho que todavía no se sabe pero que se procurará acercar la cifra a la meta de los 50 billones. Nunca una reforma tributaria en el pasado se ha acercado ni de lejos a esta cifra. Siguiendo con la buena tónica de matizar los planteamientos de campaña, el ministro de hacienda ha aclarado que la meta de los 50 billones no es para recaudarlos en el primer año sino a lo largo del cuatrienio.
Por el momento no queda otro camino que seguir afilando el lápiz y las cuentas; procurar que los apremiantes proyectos de ley estén listos tan rápido como se pueda; y que se cumpla aquello de que “se hará más gasto social, pero cumpliendo la regla fiscal”.
Y mientras aparecen cuantificaciones confiables de las promesas de campaña habrá que seguir matizándolas. Como lo vienen haciendo los nuevos ministros.
Bogotá, D. C, 17 de julio de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Amylkar D. Acosta M*.- Primero fue la inflación galopante, la que sobrevino en la cresta de la ola de la reactivación de la economía global, a consecuencia de la debilidad de la oferta frente a la mayor demanda y a la interrupción de las cadenas de suministros, en momentos en los que no se terminaba de reponer y recuperar de la crisis pandémica de 2020. A ello contribuyeron la escalada alcista de los precios de los commodities, especialmente de los energéticos.
La invasión a Ucrania por parte de Rusia le sirvió de catalizador. La inflación en los EEUU en mayo alcanzó el 8.6% y en la Unión Europea el 8%, las más altas en más de 40 años. Entre tanto en Colombia el aumento anualizado del Índice de precios al consumidor (IPC) al cierre del mes de junio de este año fue de 9.7%, el más alto en 20 años, con el agravante de que para los estratos más bajos de la población dicho índice fue de 11.14%, casi dos puntos porcentuales más alto (¡!).
En el afán de frenar la inflación los bancos centrales dieron un viraje, pasando de una política monetaria expansiva a otra contraccionista, utilizando para ello el incremento de las tasas de interés de intervención. Todos ellos se han visto compelidos a emplearse a fondo, actuando con la rapidez del rayo y con gran contundencia. La Reserva federal (FED) de los EEUU marcó la pauta con sucesivos aumentos de sus tasas, siendo el del mes de junio el más agresivo, de 75 puntos básicos, el mayor en 28 años, hasta alcanzar el 8.6%, la más alta tasa en 41 años. Por su parte el Banco de la República elevó su tasa de interés de intervención desde el 4% en enero de este año hasta el 7.5% en junio, después que, por unanimidad la Junta del Emisor, con el propósito de “reanclar” las expectativas de inflación, decidió incrementarla en 150 puntos básicos (¡!).
Las medidas tomadas por la banca central aquí, allá y acullá le pusieron el freno de mano a la economía ralentizando su crecimiento, empujándola hacia una recesión y la expectativa de un menor crecimiento de la economía ha terminado por destorcer los precios de los commodities debido a que se espera una menor demanda por los mismos. De hecho el petróleo que había alcanzado precios superiores a los US $120 el barril, en estos momentos fluctúan alrededor de los US $100, que sigue siendo alto pero su tendencia es hacia la baja.
Cuando apenas se empezaban a ver los primeros retoños de la reactivación, cada vez es más inminente un estancamiento de la economía con inflación (estanflación), que sería el peor escenario al que nos veríamos abocados a nivel global. Como es bien sabido la economía de los EEUU se contrajo - 1.6 % en el primer trimestre de 2022, después de un robusto crecimiento de 6.9% en el último trimestre del año anterior. Ahora es la Reserva federal de Atlanta la que mediante su indicador GDPNow, que pronostica el comportamiento del PIB estadounidense en tiempo real, el que prevé una nueva contracción en el segundo trimestre de -2.1%. De darse esta proyección se cumpliría con la definición técnica de recesión, al crecer la economía dos trimestres consecutivos en terreno negativo. Por lo demás, la multinacional financiera estadounidense Morgan Stanley le augura una recesión a la Zona Euro a finales del 2022, al tiempo que el Gobierno chino se ha fijado un objetivo de crecimiento para este año “en torno al 5.5%”, el más bajo en tres décadas.
Las altas tasas de interés decretadas por la FED, que se trasladan al rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro, torna estos mucho más atractivos para los fondos de inversión, cuyos capitales como las golondrinas alzan vuelo desde los países emergentes hacia los Estados Unidos atraídos por la diferencia de tasas. A ello se viene a añadir que, ante la inminencia de una recesión en ciernes, debido a su nerviosismo dichos capitales buscan refugiarse en la divisa americana, que es considerada moneda - reserva. Ambos factores han influido en la apreciación del dólar frente a las demás monedas del resto mundo. Es de destacar que por primera vez desde que el Euro se estrenó como moneda de curso forzoso en la Unión Europea el dólar llegó a superar la cotización del Euro.
Adicionalmente, la cotización del dólar y el precio del petróleo que por décadas habían mantenido una correlación inversa, de tal suerte que si subía la cotización del uno bajaba la del otro, se divorciaron, pero nuevamente se ha vuelto a dar, así que con la reciente caída del precio del crudo concomitantemente se ha dado también la apreciación del dólar, especialmente en los países exportadores como Colombia que ven menguados sus ingresos de divisas por este concepto. Huelga decir que todos los commodities ven afectados sus precios habida cuenta que todos ellos están denominados en dólares.
Julio, 16 de 2022
Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas yEnergía
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.- “Algo muy grave va a pasar en este pueblo”, dijo esa calurosa tarde el presidente Duque, cuando aún le quedaban 22 días para cobrar su última quincena. Y recordando el cuento de García Márquez, nos ubicamos en la actitud pendenciera del presidente Duque, con quien lo sucederá. Todo lo que va a pasar será grave.
Sus últimos días, ejercerá el poder con histeria, arrogancia y revanchismo para cobrar la derrota, exprimiendo nóminas, presupuestos y comprometiendo cosas que corresponden al ganador.
Desaforadamente Duque, está aplicando un fast track publicitario para embaucar a sus partidarios con el slogan de “trabajamos y cumplimos”, cuando la realidad ha sido otra durante sus 4 años. Las vías -del cacao y del Llano- solo pueden usarse durante 4 o 10 días, antes de que les caiga el derrumbe invernal o surjan los defectos de construcción. Hidroituángo, no tendrá placa con su nombre. El dólar se le salió de las manos, por carencia de acción, para enfrentar la inflación.
Todo lo anterior es remediable, pero jugar con el nerviosismo de la gente, es una insensatez. Los dirigentes de todos los países tranquilizan a sus gobernados para impedir que se vayan a la ruina. Imprudentemente Duque actuando con infantilismo, ha culpado a Petro de cuanto sucede.
Hay que entender que el insomnio que atormenta, por sus fallas, lo sobresalta y tensiona. Debe explicar las trizas a las que llevó la paz; los dineros OCAD-PAZ esfumados, el desplazamiento interno de nuestros campesinos, el asesinato de líderes, el abandono del campo, el desbarajuste del PAE y centenares de cosas más, muestran lo que requiere Colombia, demostrado con maestría por la Comisión de la Verdad. ¿Por qué permitimos que esto nos pasara?
Casi 23 millones de colombianos votaron contra la corrupción y por un cambio. Sobre esto nada ha dicho Duque en sus alarmantes, imprudentes y desorbitadas críticas al hombre que lo sucederá. Estamos al borde del pánico económico.
El cambio por el que votaron Petristas y Antipetristas, está en marcha con gente de comprobada responsabilidad, manejo adecuado y compromiso para alcanzar una nación sin corrupción, economía sólida y tranquilidad, que impulsen al pueblo hacia la paz, concordia, democracia y equidad.
Durante estos 22 días, Duque debería atender lo que todos piden: optimismo y confianza, que aleje a los colombianos de los dólares caros, de la venta de sus bienes baratos y de irse de su país.
Debe cesar de atornillar a sus preferidos en cargos públicos del nuevo gobierno. Y de perpetuar las Juntas Directivas de Ecopetrol y otras entidades.
La consigna debe ser: tomar el camino que conduzca a la recuperación, el progreso y la satisfacción por que nada, nada “muy grave va a suceder en este pueblo”. ¡Oídos sordos a los profetas del desastre!
BLANCO: La designación de Luis Gilberto Murillo, en la Embajada en Washington. Otro gran acierto.
NEGRO: La sentencia absolutoria que el Fiscal profirió sobre la “ñeñé política”. Todos quedaron indultados. Nadie compro votos.
Bogotá, D. C, 17 de julio de 2022
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
