Opinión
Por Mauricio Cabrera Galvis*.-El cambio de rey en Inglaterra, con todas las fastuosas, costosas e inútiles ceremonias de despedida a una reina amable y querida pero símbolo de una monarquía obsoleta, eclipsó un cambio mucho más importante para el Reino Unido: el reemplazo del desprestigiado primer ministro Boris Johnson por una política conservadora, Liz Truss, que quiere ser la heredera de la señora Tatcher aplicando un populismo de derecha que, según los expertos, pueden agravar la ya precaria situación económica y social de ese país.
La situación económica de Inglaterra es la de un enfermo grave y el diagnóstico es “estanflación”, es decir la mezcla de estancamiento con inflación: el Bank of England ha declarado oficialmente que el país está en recesión, pues lleva dos trimestres continuos de caída del PIB. Pero al mismo tiempo la inflación se ha acelerado hasta el 10%, una de la más altas en los países desarrollados, y el mismo Banco subió sus tasas de interés esta semana en 0.5% llevándola a los niveles más altos desde el principio de siglo.
A pesar de ser un productor y exportador de petróleo, la estanflación de Inglaterra es peor que la de otros países a causa del Brexit, su separación de la Unión Europea, que generó problemas en la oferta de alimentos y materias primas y afectó las exportaciones.
En las finanzas públicas, el déficit fiscal se ha reducido un poco hasta el 4% del PIB, pero la deuda pública equivale al 96% del PIB, casi el doble de lo que permitiría en Colombia la regla fiscal. En el frente externo, el déficit gemelo de la Balanza de Pagos es también peor que el de Colombia, llegando al 8.3% del PIB.
Ante esta situación se esperaría que un partido conservador siguiera la línea ortodoxa, pidiera al banco central que elevara más las tasas de interés y adoptara severas medidas de ajuste fiscal para reducir el déficit y la deuda pública. Sin embargo la señora Truss presentó esta semana un paquete de medidas para tratar de estimular el crecimiento aumentando el déficit fiscal bajando impuestos, sobre todo a los más ricos.
Por ejemplo, reversar la decisión del gobierno anterior de aumentar la tarifa a las empresas del 19% al 25%; bajar la tasa máxima de las personas naturales de 45% a 40% y el impuesto de timbre a las compras de venta raíz. Se estima que estos recortes van a aumentar en un 30% las necesidades de financiación del gobierno y, por supuesto, la deuda pública.
Este populismo de derecha revive las ideas nunca comprobadas de Reagan y la Tatcher de que la rebaja de impuestos crea crecimiento y empleo, y han sido recibidas con mucho escepticismo y fuertes críticas por la mayoría de los analistas que han llegado a calificarlas de ruinosas. Es tal la desconfianza de los mercados frente a este paquete que la libra esterlina se devaluó 5% en una semana, acercándose a la paridad con el dólar.
Bogotá, D. C. 25 de septiembre de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Gabriel Ortiz*.-Quienes habitamos en Colombia, desconocíamos que vivimos en un falso paraíso tan espeluznante como el que dibujó Petro ante un mundo expectante que, solo nos conocía como los primeros productores de café y droga.
Las mariposas amarillas y la magia de García Márquez son vulneradas por la “belleza ensangrentada de un país bello, pero violento”, del que se han apoderado las mafias dueñas del narcotráfico, la minería ilegal, la codicia por el dinero y, de paso, la destrucción de nuestra selva.
En esa estampida contra el medio ambiente juegan papel fundamental el petróleo y el carbón, que día a día devoran el oxígeno y contaminan todo por donde pasan.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un vehemente llamado al mundo, desde la tribuna que utilizan los líderes del planeta, para abrir los ojos de una humanidad que espera, sin lograrlo, a los defensores del planeta que va cada vez más, hacia el holocausto y el cataclismo.
Petro se refirió con la mayor preocupación al narcotráfico, que tiene a esta nación al borde del desastre. Advirtió que se requiere una lucha sin cuartel contra este flagelo, al que nos ingresaron los “pablos escobares”, los mexicanos y demás yerbas, al tiempo que se empieza a sentir la crisis climática.
Explicó el jefe de Estado cómo, en éste su país, la droga destruye la sociedad. Se asesina, se encarcela, se mantiene una guerra, se persigue a la gente, no se aplica justicia, mientras se deforestan nuestras selvas despiadadamente.
“El planeta ha perdido la lucha contra el narcotráfico”. Según él: ya no es la coca la que atenta contra la población mundial. Y explicó que existen productos opioides sintéticos como el fentanilo, especialmente en Estados Unidos y Europa, que se apoderan de la juventud.
La lucha actual es fallida e irracional, según Petro y pidió a las naciones luchar, mediante un frente común, contra este mal de la humanidad. Llamó a sus colegas de Latinoamérica para que, mediante una acción conjunta, eviten la destrucción de la Amazonia, si queremos que nuestros ríos, nuestra agua y el medio ambiente, desaparezcan.
Solicitó a los países ricos respaldo para sus propuestas, canjeando la deuda por agresivos programas para evitar la desforestación y de paso acabar con los cultivos ilícitos. “Si se quiere menos droga en el mundo, se debe pensar en menos adicción al dinero y más amor”.
Los 20 minutos de Petro cayeron bien en el Gran Foro Internacional, fue aplaudido y puso a pensar. Contrariamente sus adversarios, antes de terminar su discurso, lo estaban descalificando en el país de la “belleza ensangrentada”. Muchos creen que vivimos en una patria en paz, sin droga, sin selvas desforestadas, sin tierra “envenenada” con glifosato, sin cultivos ilícitos, ni minería ilegal. ¡Pónganse a pensar!
BLANCO: Poco a poco se van generando cambios en la reforma tributaria, que pueden llevarnos a un consenso.
NEGRO: Dicen que la gasolina solo la podrán comprar los narcos.
Bogotá D.C. 23 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia Serna*.- Petro afirmó ante la ONU esta semana que Colombia y el mundo deben dejar atrás la dependencia del petróleo y el carbón. Afirmó que son el mayor veneno del mundo. Y por supuesto, si se observa el fenómeno del calentamiento global -tal vez el más grande desafío que ha enfrentado la humanidad- podría creerse que los combustibles fósiles no nos han traído sino desgracias. Pero hace falta observar que los combustibles fósiles han sido el mayor y más importante aporte a nuestra vida.
Estas energías nos dieron movilidad no solo de vehículos, aviones, trenes, barcos. También nos trajo el concreto -material creado por el hombre- que es lo que más usamos después del agua y con el que hemos construido la civilización moderna, junto con el acero, que también logramos gracias a tecnologías basadas en combustibles fósiles. Y por supuesto, la numerosa humanidad, ha podido alimentarse por la existencia de la urea, un abono que permitió mayor productividad de la tierra; y la urea también viene de esos combustibles. Esas tecnologías, como la de hacer el plástico, son necesarias e infortunadamente hoy no existen tecnologías que nos permitan prescindir de los combustibles fósiles para fabricar concreto, acero, plástico o urea. Y es evidente que el mundo no puede prescindir de ellos aún.
Decidir que no exploraremos más petróleo ni gas es una mala decisión. No aporta como lo hemos dicho a reducir las emisiones. Colombia seguirá teniendo vehículos y transporte; en el mejor de los casos, nos limitaremos a importarlos, generando las emisiones de su producción en otra parte, pero perdiendo también los empleos que se generan, los recursos que aportan a las rentas nacionales.
La exploración y explotación de petróleo y gas solo produce el 3,74% de las emisiones de CO2 del país. Esto equivale a menos del 0,046% de las emisiones en el mundo. Tiene que ver con que nuestra energía es mayoritariamente hidráulica, 68%, que no emite GEI. Colombia tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo. Solo emitimos el 31% de nuestra energía con térmicas, de las cuales 43% viene del gas.
El gas ha sido considerado un combustible de la transición energética; pues para el mundo es claro que no podemos saltar de un solo salto a las energías limpias. El gas emite 40% menos emisiones de CO2 que el carbón y un 25 % menores que combustibles líquidos.
No se entiende entonces porque este Gobierno también busca estigmatizar el gas. Si Colombia se queda sin gas, para completar nuestra energía, había o que importar el gas -que lo encarece-, o construir hidroeléctricas -que toma mucho tiempo- o usar carbón o diésel -mucho más contaminantes-. Si la ciudadanía no tiene gas, muchos volverían a combustibles líquidos-más contaminantes e inseguros-, y muchos otros usarían la leña que es 506% más costosa, y causa mil muertes al año.
Colombia es un país autosostenible en gas y petróleo. Tenemos reservas potenciales de gas para 100 años. Si no producimos gas necesitaríamos 1.900 millones de dólares en importaciones en 2036, y si no producimos petróleo necesitaríamos otros 10.000 millones de dólares. ¿De dónde los vamos a importar?
Venezuela en los dos últimos años ha tenido un exceso de producción de gas. ¿Quiere Petro financiar la dictadura comprándole esa sobreproducción? Hay que recordar que Venezuela ya incumplió cuando debió vendernos gas. Y ni que decir de lo que está pasando en Europa. Varios gobiernos dejaron las exploraciones con el discurso ambiental y empezaron a depender energéticamente de otros países. Vino la guerra y los contratos fueron incumplidos; hoy enfrentan un reto muy alto cuando el invierno se acerca y no tienen capacidad de cubrir todas sus necesidades.
Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático
Paloma Valencia Laserna
Por José G. Hernández*.- El presidente Gustavo Petro viajó a Nueva York para participar, a nombre de Colombia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, en ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. Designó como ministra delegataria a la ministra de Trabajo, Dra. Gloria Inés Ramírez Ríos.
Con esa tendencia tan colombiana a pensar mal sin confirmar nada, algunos mostraron su extrañeza por el hecho de que el presidente no hubiera dejado encargada de la presidencia a la vicepresidenta Francia Márquez.
Digamos, ante todo, que el ministro delegatario para el ejercicio de funciones presidenciales no es encargado de la presidencia, ni adquiere el carácter de expresidente de la República, como sí ocurre con el vicepresidente. Las que dan lugar a uno y otro cargo son situaciones bien distintas: el vicepresidente de la República -quien, mientras el presidente está ejerciendo y no incurra en ninguna falta absoluta o temporal, permanece en la banca, como en el fútbol-, asume, ante la ocurrencia de una de tales ausencias, como verdadero presidente de la República, con todas las atribuciones, competencias y deberes, al paso que el ministro delegatario solamente recibe del presidente una delegación transitoria de unas funciones presidenciales; las que el presidente le delegue, mediante decreto, cuando se traslada a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, como jefe del Estado.
Dispone el artículo 196 de la Constitución: “Cuando el presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe del Gobierno. El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente". El artículo 202 establece: “El vicepresidente no podrá asumir funciones de ministro delegatario”. Salvo que el presidente lo haya nombrado ministro, caso en el cual sí puede ejercer como ministro delegatario.
Según dispone el artículo 17 de la Ley 1444/11, modificado por el artículo 20 de la Ley 2162/21 -que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), en la actualidad la denominación, orden y precedencia de los ministerios es: 1) Ministerio del Interior; 2) Ministerio de Relaciones Exteriores; 3) Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 4) Ministerio de Justicia y Del Derecho; 5) Ministerio de Defensa Nacional; 6) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 7) Ministerio de Salud y Protección Social; 8) Ministerio de Trabajo; 9) Ministerio de Minas y Energía; 10) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 11) Ministerio de Educación Nacional; 12) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 13) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 14) Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 15) Ministerio de Transporte; 16) Ministerio de Cultura; 17) Ministerio del Deporte; 18) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La señora ministra de Trabajo está en el octavo lugar en el orden de precedencia y seguramente pertenece al mismo partido político del presidente Petro, mientras quienes la anteceden en ese orden legal provienen de otros partidos o movimientos. Nada contra la vicepresidenta.
Bogotá, D. C, 21 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Juan Camilo Restrepo*.- Tanto Gustavo Petro como José Antonio Ocampo han dicho hasta la saciedad que cumplirán con la regla fiscal. Es un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, y reafirma que no se cometerán locuras fiscales.
Sin embargo, a medida que pasan los días y los foros, va quedando en claro que será muy difícil para el actual gobierno cumplir con la regla fiscal. No porque no lo quiera hacer, sino porque las circunstancias de las finanzas públicas están imponiendo alejarse un tanto de la ortodoxia fiscal.
Empiezan a aparecen, en efecto, indicios que hacen válido preguntar si se cumplirá rigurosamente la regla fiscal. O si se está preparando una moratoria de esta norma que, recuérdese, cuando estalló la pandemia se decretó una vacación de un año para el cumplimiento de sus directrices.
¿Cuáles son esos indicios que comienzan a verse?
En una de las audiencias que se están celebrando en el Congreso para analizar la reforma tributaria, el ministro de Hacienda dijo que el déficit con que se terminaría este año sería del 8% con relación al PIB. Lo mismo repitió el presidente Petro en su discurso en Santa Lucía, al analizar la situación del canal del Dique. Discurso donde, además, deslizó la posibilidad de decretar una emergencia económica.
Esto significa que el déficit fiscal en vez de disminuir, como se esperaba, va a aumentar. Y, por lo tanto, nos alejaremos todavía más de las metas requeridas para cumplir con la regla fiscal. Además: La premonición de que la reforma tributaria terminará recaudando bastante menos que los famosos $ 25,6 billones así lo confirman.
Otro indicio: el ministro Ocampo afirmó que este año no había recursos para incluir en el presupuesto $11,5 billones que aún faltan para cubrir el inmenso déficit que se ha venido acumulado el fondo de estabilización de combustibles. Esto significa que tan abultada cifra habrá que pagarla con más endeudamiento, lo que nos aleja todavía más de las metas de la regla fiscal.
Es de resaltar como muy positivo y valiente el anuncio hecho por el gobierno de que comenzará un ajuste gradual de los precios de los combustibles. Es una noticia que denota seriedad en el manejo macroeconómico y hay que celebrarla. Se trata de una medida urgente para que el déficit del fondo de estabilización no se incremente aún más, haciendo casi imposible el cumplimiento de la regla fiscal.
El ministro Ocampo ha dicho en repetidas ocasiones que el déficit de este fondo hay que corregirlo. Son entendibles las tribulaciones del gobierno para comenzar a actualizar los precios de los combustibles. Ciertamente no es el mejor momento. Pero en algún punto había que iniciar ese duro camino, así sea gradualmente.
De lo contrario, el déficit del fondo de estabilización que para este año se estimó en $31 billones, seguirá creciendo. Tenemos los precios más bajos de la gasolina y del diésel en América Latina, después de Bolivia y Venezuela. A lo anterior habría que sumarle ahora la explosión de las tarifas de la energía eléctrica.
Pero aún con el anuncio del ajuste de precios a partir de octubre, a razón de $ 400 por mes el precio del galón de gasolina (no el diésel que quedó excluido), es evidente que el atraso en tan grande que sigue válido el diagnóstico de que la “regla fiscal” comienza a mostrar síntomas de covid. Y que no se podrá seguir cumpliéndola a rajatabla como se había anunciado. Ojalá que el virus sea leve, y no haya que internarla en la sala de cuidados intensivos.
Postdata: Mientras la regla fiscal parece haber contraído el virus, el principio de autoridad muestra síntomas aún más inquietantes de debilidad. Tres ejemplos: 1- el gobierno nacional (y también el municipal) han permitido que rebrote el vandalismo agresivo en Bogotá; 2- A pesar de los anuncios en contrario, el gobierno y las fuerzas de policía toleran impasibles las invasiones ilegales de tierras por todas partes; y 3- Se permiten bloqueos que han conducido al cierre de varias turbinas en el Guavio por imposibilidad de mantenimientos, poniendo así en grave riesgo la seguridad eléctrica del país. Urgen menos anuncios y se impone más autoridad.
Bogotá, D. C, 20 de septiembre de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Humberto Tobón*.-La temporada de lluvias nunca se fue. Nos dijeron que julio sería seco, pero en realidad, estuvo pasado por lluvias, al igual que agosto. Y en el periodo septiembre – diciembre, las autoridades meteorológicas han señalado que las precipitaciones serán por lo menos un 30% más fuertes e intensas que en lo corrido del año. Muy malas noticias.
Y son malas noticias porque los niveles de lluvia han desencadenado una destrucción muy grande de la malla carreteable del país, afectando vías troncales e intermunicipales, pero especialmente terciarias, aquellas que conducen de las zonas rurales a los cascos urbanos.
Los campesinos han manifestado en todos los tonos, que requieren inversiones urgentes en la recuperación de estos caminos, para poder movilizarse ellos y sus mercancías y surtir de alimentos los mercados, para evitar que se sigan perdiendo las cosechas.
Es evidente que la modernización del campo comienza por dotar a las familias rurales de condiciones dignas de vida, entre ellas unas vías transitables y seguras, que los acerquen a los centros de distribución y les ayuden a obtener mejores ingresos económicos y, muy seguramente, a combatir la alta inflación alimenticia, que está llegando a nivel no vistos desde hace dos décadas.
Un año corrido de lluvias ha hecho que la producción agropecuaria disminuya. Uno de los sectores más perjudicados es el cafetero, que de acuerdo con la Federación Nacional, esta situación se debe esencialmente a condiciones climáticas adversas. La producción entre agosto de 2021 y julio de 2022, fue un 10% menor, al pasar de 13,4 millones de sacos cosechados a 12 millones. Y la tendencia parece no mejorar para el último trimestre del año.
Los departamentos de Sucre, Cesar, Córdoba y Antioquia, son los que más impactos negativos han tenido por las intensidad de las lluvias. Grandes extensiones de tierra se han inundado y miles de familias están afectadas, las mismas que claman ayudas, porque lo perdieron todo.
Los deslizamientos de tierra en la región andina, también destacan en el mapa de desastres que deja la ola invernal.
El gobierno nacional tiene la responsabilidad de liderar el plan de prevención de riesgos y colaborar con las autoridades locales en la atención de los desastres, que muy seguramente se multiplicarán en la parte final del año, si se cumplen las predicciones del IDEAM.
El fenómeno de la niña, que nos está acompañando en casi todo 2022, es un nuevo llamado que hace la naturaleza sobre los calamitosos efectos del cambio climático, y la necesidad de repensar el modelo de producción predatorio que estamos aplicando, y analizar, con responsabilidad política y técnica, si en efecto debemos morigerar el crecimiento, tal como se empezó a proponer hace 50 años en el Club de Roma, tema que por fortuna puso sobre el tapete la ministra de minas de Colombia.
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional
Septiembre 20 de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
Por Juan Manuel Galán*.-Para que la justicia sea pronta y cumplida como nos lo han ofrecido y que no se ha cumplido, debe ser independiente de las otras ramas y de los órganos de control. La reforma no es solo con leyes nuevas, inestables y cambiantes a todo momento, sino con inversión, profesionalización y ética. La solución no es cambiar algunas normas, sino hacer efectivas las que existen. Todo es susceptible de mejora, pero implica una actitud del Estado en la que deben colaborar todas las ramas del poder público. En esa discusión, bienvenida la participación de todos los sectores, sin que sea motivo de clientelismo y repartos burocráticos en la administración de justicia. Se requiere un elemento primordial que solucionaría de tajo los problemas que tienen sumida en un colapso sistemático a la justicia: inversión.
Es necesario estimar una inversión en el presupuesto que se dedica a la administración de justicia, con el fin de garantizar la seguridad de los derechos consagrados en la ley sustancial para cada una de las personas, y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política para todos los residentes en Colombia. Solo si hay pronta y cumplida justicia habrá garantía de derechos. No es un gasto simplemente, en el fondo es una inversión que trae como consecuencia la pacífica convivencia de los asociados.
El sistema judicial colombiano está en crisis desde hace mucho tiempo. Las causas del problema son múltiples. Una inversión seria es la garantía de despachos judiciales dignos en todos los municipios de Colombia, con suficientes salas de audiencia que no estén sometidas a turnos; transformación digital eficiente; robustas redes de internet, más allá de la conexión personal que deben utilizar muchos empleados y funcionarios judiciales desde sus propios computadores; edificios completos, modernos y dotados con apto mobiliario, verdaderos “palacios de justicia”, no vetustas edificaciones con múltiples limitaciones acondicionados para oficinas; y también es garantía de tener operadores de justicia con salarios dignos, permanente y periódicamente capacitados en los cambios legislativos y jurisprudenciales para que sean eficientes y se administre una mejor justicia.
Ese presupuesto es, además, la inversión para contribuir a la paz total, porque si no hay una justicia óptima y oportuna, se estimula el delito. A medida que crece la sociedad se incrementan los conflictos y ello demanda atención. Una justicia pronta, ágil, informada y capacitada evita la posibilidad de colusión entre partes o la venalidad de funcionarios judiciales, que es la corrupción y se combate con la aplicación de la ley en materia penal y disciplinaria a los funcionarios corruptos; y de la responsabilidad del estado por las deficiencias y omisiones en que se incurra en la administración de justicia cuando eso le ocasiona un perjuicio a la persona, pudiéndose llamar en garantía al funcionario responsable.
Solo así podrá darse una verdadera reforma judicial que garantice la actividad plena de la administración de justicia como función pública y el ejercicio del derecho fundamental para asegurar acceso ciudadano universal, de acuerdo con los artículos 228 y 229 de la Constitución Política. Esta es la única forma de lograr la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del sistema, como materialización del Estado Social de Derecho.
Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2022
*Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París y realizó una Maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Ocupó cargos diplomáticos en Londres, exsenador de Colombia.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.-Se volvió a alborotar el debate sobre las pensiones con el anuncio del presidente Petro de dar un bono mensual de $500.000 a 3 millones de ancianos, para lo cual es indispensable una reforma pensional que fortalezca a Colpensiones.
De inmediato arremetieron los críticos: que es una propuesta populista e irresponsable, que es el comienzo de las expropiaciones de un gobierno socialista, que le van a quitar la plata a los fondos privados y dejar a los trabajadores sin pensión, etc.
Aunque Petro hizo esta propuesta desde la campaña, Sergio Fajardo la había hecho antes y también Fedesarrollo ha respaldado un sistema de pilares, que debe tener “un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios que entregaría un auxilio mensual de $500.000 a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión...”. No parece pues una propuesta socialista ni irresponsable.
La pregunta clave es ¿de dónde sacar los $18 billones necesarios para financiarlo? La propuesta de Petro es que ese subsidio debe pagarse del presupuesto nacional, liberando recursos que se destinan al pago de pensiones.
Para entender el esquema financiero propuesto hay que señalar que Colpensiones debe desembolsar este año unos $36 billones para pagar las mesadas de 1.5 millones de pensionados; el gobierno aporta unos $14 billones, los ahorros de los pensionados que se han trasladado de los fondos privados otros $9 billones, y el saldo de $13 billones de las cotizaciones de los actuales trabajadores. En otras palabras, parte de las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los afiliados. El núcleo de la propuesta es que con el sistema de pilares pasarían a Colpensiones todos los trabajadores que ganen hasta 2 0 4 salarios mínimos con lo cual aumentaría el valor de las cotizaciones y Colpensiones no necesitaría recurrir al presupuesto nacional.
Es evidente que pagar las pensiones de hoy con las cotizaciones actuales es tirar el problema hacia adelante, pues habrá déficit cuando crezca el número de pensionados. Por eso es necesaria la reforma pensional que aumente el número de cotizantes de Colpensiones y reduzca el valor de los subsidios a las pensiones altas para que disminuya el déficit futuro.
Pero hay 20 o 30 años para resolver ese problema, mientras que el hambre de 3 millones ancianos no dan espera. $500.000 para un anciano que vive en la pobreza no es una fortuna pero si es una obligación ética de la sociedad que no puede abandonar a su suerte a sus ciudadanos más débiles y desprotegidos.
Bogotá, D. C, 18 de septiembre de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por José F. Lafaurie*.- Para escribir estas líneas me metí a husmear como comprador de tierra rural y de predios urbanos por internet, para ver cómo es eso de que los dueños de la tierra rural son los más ricos. Hoy mismo, alguien ofrece una finca productiva de 70 hectáreas y buena casa en Chaparral, Tolima, por 1.200 millones de pesos. Si logra venderla, esa plata no le alcanza para un apartamento de 138 metros en Santa Bárbara, en Bogotá, que vale 1.659 millones.
En el Virrey encontré un apartamento de 490 metros y excelente precio -para el vendedor-, apenas ¡9.000 millones de pesos!, que tampoco estaría al alcance del “terrateniente” que ofrece su finca de 500 hectáreas y buena casa en Ayapel, Córdoba, por 6.000 millones. Ni que decir del penthouse de 1.000 metros en el Parque de la 93, que vale la bicoca de ¡14.000 millones!, que podría comprar el ganadero que vende su finca en Ciénaga de Oro, Córdoba, con excelente casa, agua e infraestructura productiva, por 18.000 millones, solo que él está entregando ¡600 hectáreas! de la mejor tierra del país.
Era un decir que los ganaderos solo se volvían ricos cuando morían, aunque los ricos eran entonces sus herederos, o cuando vendían su tierra, pero hoy ni siquiera eso es cierto, pues “feriar” sus tierras tampoco les alcanza para mucho, una realidad que no se compadece con el estigma de “terratenientes”, con una riqueza y un poder que no tienen.
Que los dueños de la tierra eran los más ricos del país fue cierto quizás hasta comienzos del siglo pasado, cuando arrastrábamos todavía la concentración originaria que nos dejó el dominio español; cuando la tierra representaba poder económico y político; cuando gran parte de esa concentración originaria aún no se había convertido en el capital semilla que permitió el nacimiento de la industria, la banca y el gran comercio, los nuevos ricos; cuando todavía un personaje como don Pepe Sierra, cañero, ganadero y, claro, gran terrateniente, él sí, podía hasta ser prestamista del gobierno.
Pero hoy, sin decir tampoco que un ganadero grande o mediano sea pobre, hace mucho que no es allí donde están concentrados la riqueza y el poder político, algo que solo está en la cabeza del comunismo clásico, que le asigna a la propiedad privada de la tierra la condición de “pecado original”, responsable de la pobreza y de todos los males, mentira con la que incendiaron de violencia “revolucionaria” a América Latina durante décadas…, incendio que en Colombia aún no se apaga.
Ahora miremos otras comparaciones. El catastro urbano de Bogotá, con 2,7 millones de predios vale 729,3 billones de pesos; el catastro rural ¡de todo el país!, con 4,7 millones de predios, vale apenas 212 billones; es decir, que lo que vale toda la tierra rural del país no compra ni la tercera parte de los predios bogotanos.
Toda la tierra urbana y rural, según catastro, valdría 1.546 billones de pesos, equivalentes a unos 466.000 millones de dólares, algo más de los 416.000 millones que vale Amazon, o los 352.000 de Apple. Si estas dos empresas se unieran con Microsoft y Google, podrían comprar ¡tres veces! el territorio nacional.
Hasta el siglo XVIII, los fisiócratas aseguraban que solo la tierra generaba riqueza y despreciaban al comercio y la industria como ociosos. La Revolución Industrial desbarató esa teoría hace tres siglos, mientras nosotros seguimos en la discusión feudal sobre la tierra como paradigma de riqueza, hoy desplazada por los llamados sectores modernos de la economía.
¿Quiénes son los verdaderos ricos del mundo, quiénes los de Colombia? Miren a ver, pero entre los “ganaderos terratenientes” no los van a encontrar.
Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2022
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*.- La inflación galopante ha elevado el índice de precios al consumidor (IPC), con una variación anual hasta agosto del 10.84%, el más alto registrado desde 1999. La tarifa de los servicios públicos son los que han llevado la peor parte, con un incremento del 25.9%, más del doble, la del servicio de energía particularmente subió, en promedio, por encima del 30%, casi el triple (¡!). Las alzas en las tarifas de energía en la región Caribe son aún mayores, por decir lo menos escandalosas, desfasadas, superando el 40%, más de 14 puntos porcentuales con respecto al resto del país.
Y eso que el alza no ha sido mayor porque las empresas prestadoras del servicio han venido aplicando la llamada “opción tarifaria” desde el 2020, a raiz de la crisis pandémica, que consiste en diferir el pago de las alzas tarifarias, no su congelamiento como equivocadamente interpretaron muchos. Y, como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, las empresas están empezando a cobrar lo que se dejó de pagar en los años anteriores y el saldo por cobrar a los usuarios suma alrededor de los $4 billones (¡!).
A la pérdida de poder adquisitivo del ingreso de quienes lo tienen por cuenta de la inflación, se vinieron a sumar estas alzas desmesuradas que aboca a los usuarios, especialmente a los estratos 1, 2 y 3, a la disyuntiva de pagar la factura del servicio de energía o comer. Huelga decir que estas alzas desproporcionadas de las tarifas de energía no sólo afecta al mercado regulado (residencial) sino también al comercio y a la industria, frenando la reactivación en ciernes de la economía y menguando su competitividad.
Para un mejor entendimiento de las causas que han provocado esta hiperinflación de las tarifas de energía, me permito hacer un poco de pedagogía. Partamos de la base que en la factura que recibe el usuario mensualmente se le discriminan los cargos que por distintos conceptos determinan la tarifa aplicable, conocida como Costo unitario (CU), son ellos: generación (G) + transmisión (T) + distribución (D) + comercialización (C) + pérdidas reconocidas (PR) + restricciones (R).
De estos cargos el que tiene el mayor peso es la generación de la energía (G), que representa aproximadamente el 30%. Se trata del precio de la energía, ya sea en Bolsa, más conocido como mercado spot, 20% en promedio, o el precio fijado en los contratos bilaterales entre los comercializadores y los generadores, el 80% restante, caso en el cual se respetan y sostienen los precios transados. Inexplicablemente, en momentos en los que los embalses, a consecuencia del fenómeno de la Niña, están rebosados, con niveles que superan el 80%, los precios en Bolsa se han incrementado cerca del 200% en las últimas semanas. Ello es contraintuitivo, por ello no es sólo el Presidente de la República Gustavo Petro quien observa un “comportamiento extraño” de los precios de la energía.
Llama poderosamente la atención que concomitantemente con esta escalada alcista de los precios y las tarifas de energía al usuario final, las empresas generadoras de energía, especialmente las que operan las centrales de generación hídrica, han visto un crecimiento inusitado de sus utilidades operacionales en el último año y no es para menos dado que el precio de la energía en los contratos bilaterales entre enero de 2021 y julio de 2022 tuvo un incremento exorbitante del 28.6% (¡!). Y ello, obviamente, se refleja en sus resultados operacionales, los cuales crecieron para las tres principales de ellas (EPM, ENEL e ISAGEN), en promedio, el 27.71% (¡!)). Ello no se compadece con el drama y las afugias por las que atraviesan los usuarios del servicio de energía.
Si bien los precios en Bolsa sólo afectan el 20% de la energía que compran los distribuidores, que en el argot técnico se conocen como los operadores de red (OR), los contratos bilaterales han visto impactados sus precios en el último año, por el cambio de metodología de cálculo del Índice de precios al productor oferta interna (IPP - OI) que se le antojó al DANE, en un 22.75%. Y lo que es peor, desde febrero de 2021, justo cuando se dio dicho cambio, hasta la fecha su brusco crecimiento ha sido del 33.25%, que contrasta con el IPP que se venía aplicando con antelación que que tuvo una variación de sólo el 4.7% entre los años 2018 y 2019 (¡!), históricamente casi siempre por debajo del IPC. Hasta ahora no se conoce una explicación de este exabrupto porque el DANE calla como ostra.
Madrid, septiembre 17 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
